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Mundo agrario

versión On-line ISSN 1515-5994

Mundo agrar. vol.16 no.31 La Plata abr. 2015

 

ARTÍCULO

Expansión hidroeléctrica, Estado y economías campesinas: el caso de la represa del Quimbo, Huila-Colombia1

Hydroelectric expantion, State and peasant economies: the case study of the Quimbo dam, Huila-Colombia

 

Camilo Andrés Salcedo Montero, Andrea Marcela Cely Forero

Investigador Grupo de Derecho y Política Ambiental (PODEA)
Universidad Nacional de Colombia Colombia
casalmonga@gmail.com
Joven Investigador – Colciencias
Grupo de Derecho y Política Ambiental (PODEA)
Universidad Nacional de Colombia Colombia
am.celyf@gmail.com

1 Este artículo es producto del proyecto "La Estructura de la propiedad de la tierra y sus impactos en el Medio Ambiente" financiado por el programa Jóvenes Investigadores e Innovadores año 2012 de Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá, dentro del grupo Derecho y Política Ambiental (PODEA). Agradecemos especialmente a Catalina Toro y Patricia Jaramillo, quienes apoyaron la realización del artículo.


Resumen

En el presente trabajo buscamos contextualizar la situación del sector hidroeléctrico en América Latina, los principales argumentos que se presentan por parte de diferentes actores para la implementación de estos proyectos y la realidad que esto ofrece para las economías locales impactadas. En primer lugar, se presenta la configuración en América Latina de las principales iniciativas de expansión del sector eléctrico, reflejada en la acción de empresas y gobiernos en esta región. Posteriormente, se delimita el artículo a partir del estudio de caso de la hidroeléctrica El Quimbo en Colombia, que muestra la forma de acción del Estado colombiano al impulsar estos proyectos de expansión. Dentro de los procedimientos legales para la implementación de estos proyectos, guarda especial importancia el análisis de la Licencia Ambiental, que refleja en su proceso de concesión diferentes disputas entre los actores relacionados: la empresa Endesa-Enel, los afectados que constituyen diferentes grupos, las diferentes instituciones del Estado y el movimiento social. Metodológicamente, el estudio se basa en una serie de autores que buscan rescatar las contradicciones y los intereses de los afectados por la implementación de este tipo de proyectos (Sigaud 1992, 1995, Vianna 2009, Borralho, 1988) a partir de una muestra de argumentación cualitativa. De este modo, el estudio se sustentó en una revisión bibliográfica y de prensa sobre el funcionamiento de la expansión eléctrica en América Latina y posteriormente sobre el contexto colombiano a partir de sus proyectos de expansión hidroeléctrica y la legislación acerca del funcionamiento de la Licencia Ambiental en este país. Finalmente, se sitúa en el caso concreto de El Quimbo, donde se realizaron diversos trabajos de campo con campesinos localizados en el área de afectación y se recolectó material de prensa y material emitido tanto por Emgesa como por la Asociación de Afectados por la hidroeléctrica El Quimbo-Asoquimbo. El trabajo investigativo refleja el panorama sobre la expansión de grandes proyectos de infraestructura y el consenso que existe sobre su implementación tanto por el sector privado como por los gobiernos nacionales, materializados a través de marcos legales del Estado y figuras como las licencias ambientales. A partir de este caso, se muestra cómo estas decisiones del Estado generan cambios en las condiciones previas de vida de poblaciones rurales, que reaccionan a partir de protestas y de la conformación de grupos con diferentes intereses y tiempos de resistencia y negociación.

Palabras clave: Expansión hidroeléctrica; Comunidades campesinas; Licencia ambiental; Cambios sociales; Hidroeléctrica El Quimbo.

Abstract

In this paper we research about the situation in the hydroelectric sector in Latin-American, the principal arguments that have the different actors for the implementation of big infrastructure projects and how the local economies are affected. First we worked about how the principals expansion´s initiatives in the hydroelectric sector are organized in Latin American, represented in the companies and government actions. Later, the study is delimited in the Colombian State action that promotes the expansion, at the same time that explores one important mechanism inside the State: the environmental license, that reflects disputes related with these projects. Third, we worked with the hydroelectric project Quimbo case, located in Huila-Colombia, this is one transnational private´s initiative (company ENDESA-ENEL) support by the national government. In this case we show how the State have made decisions product of forced relations and have created changes in the peasant population that live in that region. The study is based on a qualitative methodology (Sigaud, 1992, 1995, Vianna, 2009 and Borralho, 1988), with bibliographic and press review related with the hydroelectric expansion in Latin America, afterwards we work about the Colombian context we restore with official documents the expansion in the sector and approach about the environmental license, the principal mechanism to install these projects in this country. Last one, in the Quimbo dam case, we worked about his context based on press material, organizations material (Emgesa company and the social movements) and interviews with peasants stricken by that project. The research study shows the outlook of the hydroelectric expansion and the consensus about the implementation of those big projects by the different governments and the private sector. These interest are implemented by the State references where is important the environmental license, that decree the implementation of that projects. In the last part is showed how with one hydroelectric case, how the State decisions create changes in the local population, who reacts with social protest and non-conformism front the failure of their social life.     

Key words: Hydroelectric Expansion; Peasant Communities; Environmental Licence; Social Changes; Hydroelectric Project "El Quimbo".


 

Introducción

Este artículo busca contextualizar las principales iniciativas de expansión del sector hidroeléctrico en América Latina y los argumentos que se presentan en la escena pública para que ellas existan. A partir del estudio de caso de la hidroeléctrica El Quimbo, se muestra una serie de efectos sociales que resultan de la tensión derivada de las decisiones emitidas por el Estado colombiano y la alteración de las prácticas cotidianas y de las formas de organización de las poblaciones impactadas.
Para ello, la investigación de la que deriva el presente artículo tuvo un especial énfasis en el análisis de los conflictos derivados del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo localizado en el Departamento (provincia) de Huila en Colombia, debido a que muestra, por un lado, las disputas internas dentro del ámbito institucional y gubernamental alrededor del proceso de licenciamiento ambiental, y por otro lado, la forma como las decisiones emanadas desde el aparato institucional del Estado altera la cotidianidad de las poblaciones impactadas. Igualmente, dentro de estas decisiones del Estado, guarda especial importancia el proceso de licenciamiento ambiental, debido a que permitió ser un campo de disputa entre los diferentes actores relacionados con el proyecto (entre 2007-2009) y después de su expedición (en mayo de 2009) creó una serie de compensaciones diferenciadas por "grupos poblacionales" que generó nuevos grupos y nuevos conflictos con los habitantes del área afectada, predominantemente campesinos.
De este modo, se muestran las formas de organización previas a la llegada del proyecto hidroeléctrico y la forma como las compensaciones estipuladas en la Licencia Ambiental (Resolución 899, de mayo de 2009, del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT) incluyen a algunos grupos y excluyen a otros, lo que desató diferentes acciones de protesta por parte de grupos de impactados.
Metodológicamente, se trabajó con base en una de las tradiciones existente en Brasil sobre los estudios de los efectos de la implantación de grandes proyectos hidroeléctricos sobre poblaciones rurales, con una amplia bibliografía dentro de la que se destacan algunos autores como Sigaud (1992, 1995), Martins-Costa (1988), Lima Daou (1988), Vianna (2012) y Scott (2009). Estos estudios contribuyeron a pensar metodológicamente la construcción del articulo y sus objetivos, debido a que se basan en la importancia de trabajar los conflictos desde el sentido y las visiones de los afectados, las razones de sus movilizaciones y reacciones y los efectos de la intervención del Estado en la ruptura de representaciones, tiempos, prácticas y tradiciones existentes en las comunidades campesinas.
De esta forma, el artículo se organiza de la siguiente manera: 1) Explora de manera general el escenario actual de expansión del sector hidroeléctrico en América Latina a partir de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que prevé diversos proyectos de infraestructura impulsados por los gobiernos de Suramérica, y los proyectos impulsados por la principal multinacional del sector de generación eléctrica en el continente, Endesa-Enel. 2) Se trabaja a partir del caso de la hidroeléctrica El Quimbo, ubicada en el Departamento de Huila-Colombia, que muestra el escenario y las condiciones que ofrece el Estado colombiano para la realización de este tipo de proyectos y sus efectos sociales en un área de tradiciones campesinas.

1. La expansión eléctrica en América Latina: La IIRSA y las trasnacionales del sector

La expansión eléctrica en América Latina se sustenta en un discurso que muestra la importancia de la realización de hidroeléctricas a partir de una serie de encadenamientos que giran alrededor del crecimiento económico y su relación con el desarrollo, tal como ha afirmado el Banco Mundial (BM):

Sin la infraestructura que una economía demanda, ésta no puede seguir creciendo, y la falta de ella podría convertirse en un cuello de botella. De hecho, sin poder producir la energía suficiente para el país, es imposible poder desarrollar el potencial de crecimiento de la economía; ni permitir las condiciones para mejorar el nivel de vida de los habitantes, como se puede observar a nivel mundial (1994: 13).

En la afirmación anterior se pueden detectar presupuestos como: 1) la existencia de una relación directa entre infraestructura y crecimiento económico; 2) la falta de energía impide mayor infraestructura y afecta el crecimiento en la medida en que afecta la demanda económica (que se reduce al mayor consumo) y 3) que la falta de infraestructura impide el crecimiento de la economía y, por consiguiente, de las condiciones de vida de los habitantes.
Bajo estos supuestos, gobiernos de la región y multinacionales del sector han impulsado la expansión de la generación eléctrica en América Latina, en la cual se pueden identificar iniciativas como: 1) La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), desde donde se dinamizan distintos proyectos de infraestructura para la integración de los países de Suramérica, por medio de construcción de vías, intensificación de la explotación de los recursos naturales, construcción de hidroeléctricas e interconexión de ríos. El principal financiador e impulsor de estos proyectos es el Estado brasilero por medio del Banco Nacional de Desenvolvimiento (BNDES), que financia proyectos de infraestructura en el continente y en el mismo país. 2) Las transnacionales del sector eléctrico en la región, entre las cuales guarda especial importancia la multinacional Enel-Endesa, una compañía italo-española que tiene en varios países del continente proyectos de infraestructura y es la principal compañía privada del sector eléctrico en América latina; y 3) Las diferentes compañías nacionales que componen "núcleos dispersos", en la medida en que dependen de recursos de los Estados nacionales (en alianza con privados nacionales y extranjeros) e implementan principalmente proyectos dentro de sus países. Para el caso colombiano, un ejemplo de estos últimos es el grupo ISAGEN.
La financiación de estos proyectos de infraestructura no proviene de una misma fuente: cruza capitales nacionales, regionales y transnacionales, que tienen diferencias en elementos como su implementación o condicionamientos financieros, así como en la incidencia de los marcos regulatorios nacionales.
En América Latina, la incursión privada en el sector eléctrico se dio desde finales de los años ochenta, a partir de la privatización de empresas relacionadas con el sector eléctrico y que comprenden la generación, transmisión, distribución y comercialización2, ya sea por empresas privadas nacionales o extranjeras. Dentro de este proceso, ha tenido un papel importante el grupo trasnacional privado Endesa, que cuenta con inversiones en varios países del continente.
Esta multinacional empezó a realizar en los años ochenta negociaciones con diferentes gobiernos de la región (durante la presidencia de España de Felipe González: 1982-1996) y realizó su primera expansión en el continente en 1997, cuando compró a la chilena Enersis, que era la principal empresa generadora de energía en Chile. A partir de la compra de Energis, Endesa conformó la empresa Endesa-Chile, responsable de las diferentes inversiones y expansiones de generación y distribución de energía de este grupo económico en América Latina. En ese proceso, Endesa compró en Colombia el sector generación (es decir las hidroeléctricas) de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB); se constituyó, así, en el principal productor de energíaen este país.
En cuanto al plano internacional, después de la crisis del año 2008 Endesa, al igual que varias de las empresas del antiguo continente, se fusionaron formando grupos empresariales mayores. En el caso de Endesa, su principal matriz en España fue adquirida en un 92% por la estatal italiana Enel después de varios procesos de negociación3.
En 2011, este grupo económico generó 15.832,3 MW en América latina, de los cuales el 61,9% (8.674,8) provino de energía hidráulica, y sus capitales estaban distribuidos en los siguientes países del subcontinente (Endesa, 2014): México, los de Centroamérica4 (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), Brasil5, Chile, Colombia6, Argentina y Perú7. Además, cuenta con varios proyectos dirigidos a la expansión de generación de energía: en Colombia, El Quimbo (en construcción), en Perú Talara (en construcción) y Curibamba (en fase de desarrollo), y en Chile, Hidroaysén, Neltume y Los Cóndores (en fase de desarrollo).
Al mismo tiempo que la iniciativa privada ha hecho presencia en América Latina desde la década de 1990, existen desde la década del 2000 propuestas de expansión de la capacidad energética del continente dirigidas por los mismos Estados nacionales. En este sentido, la iniciativa IIRSA guarda especial importancia, en la medida en que cuenta con la participación de los diferentes gobiernos de Suramérica. Brasil es su principal impulsor (país que limita con 11 países de América del Sur y que viene impulsando dentro de sus fronteras los "Planos de Aceleração do Crescimento"-PAC I y II8), en los cuales la Amazonia se proyecta como un lugar estratégico de expansión9.
El impulso inicial para la construcción de la IIRSA se presentó en septiembre del 2000 en Brasilia (Brasil), donde doce presidentes de Estados nacionales de Suramérica lo ratificaron y reconocieron como el principal motor de desarrollo (crecimiento) para direccionar inversiones en la región, basados en la importancia de la construcción de infraestructura para la misma.
Esto ha hecho que el proceso cuente con la legitimidad que reside en las democracias representativas de estos países. De este modo, en julio de 2002 representantes del IIRSA se reunieron en Guayaquil (Ecuador) para decidir sobre proyectos de infraestructura y en diciembre de 2004 la IIRSA fue finalmente aprobada en la ciudad de Cuzco (Perú) como la principal estrategia de inversión en Suramérica. En este sentido, la IIRSA fue definida como una:

Estructura sistémica y de integración, cuya logística tiene por base el desarrollo de la telecomunicación, del transporte y de energía, a fin de crear las condiciones para su integración económica, política y social (IIRSA, 2004: 7).

Dentro de sus planteamientos, la IIRSA busca en un primer momento la mejora en vías de comunicación en Suramérica, con prioridad para las que dan salida del Pacífico a Brasil, realizando conexión de ríos y construcción de carreteras (en Perú y Bolivia).Con esto, busca la aceleración de los flujos en los que las mercancías se mueven (comodities: granos como arroz, soja, maíz, exportación de madera, de sector pecuario y de diversos minerales) hacia el Pacífico y Asia, por medio de la Amazonia. Así está proyectado el eje Brasil-Perú-Bolivia, que comprende una enorme extensión territorial con: siete departamentos de la región sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurimac, Cuzco, Puno y Madre de Dios), dos departamentos amazónicos bolivianos (Pando y Beni) y cuatro estados brasileños (Acre, Rondônia, Amazonas y Mato Grosso) (BRASIL, 2008a: 12).
En cuanto a proyectos energéticos, vía construcción de hidroeléctricas, se encuentran en el eje de la Amazonia dos proyectos en el río Madeira, Brasil (Jiaru y San Antonio), y en el mismo sentido están previstos dos hidroeléctricas en Bolivia y cuatro en Perú.
De este modo, en América Latina los diferentes proyectos de infraestructura que lleva a cabo tanto la IIRSA, que representa una iniciativa de los gobiernos del subcontinente, como Endesa, que es la mayor multinacional del sector en la región, muestran que el sector eléctrico se encuentra en una fase de expansión con nuevos y ambiciosos proyectos. Cada uno de ellos parte del principio de que su construcción es buena y necesaria para el desarrollo, en la medida en que posibilita una mayor generación de energía que siempre será consumida y fomenta con ello mayores niveles de crecimiento económico.
No obstante, siguiendo a Edna Castro (2009), estas iniciativas ignoran los diversos procesos de integración existentes desde hace siglos en las fronteras entre los diferentes Estados que componen la América del Sur, marcadas por poblaciones que viven allí y que tienen sus prácticas ancladas en un orden social y económico. Estas formas de integración locales vienen a ser desconocidas por estos proyectos, que impulsados por las políticas nacionales y exteriores de los gobiernos del subcontinente, modifican las nociones de tiempo y espacio de las poblaciones locales, así como la configuración y la organización de los territorios involucrados.

2. El caso de "El Quimbo": megaproyectos y conflictos sociales

El Estado colombiano impulsa en la actualidad numerosos proyectos para la expansión energética en el país10. Para ello, tiene una serie de procedimientos que permiten su adjudicación, como la subasta pública, la Declaratoria de Utilidad Pública y el licenciamiento ambiental. En el estudio de caso investigado, la hidroeléctrica de El Quimbo, en manos de la trasnacional Emgesa-Endesa-Enel; estos procedimientos se hicieron presentes.
A diferencia de algunos países de América Latina, en el caso colombiano pueden relacionarse dos aspectos del sector eléctrico con la acción del Estado: 1) que la construcción de hidroeléctricas y grandes proyectos de infraestructura ha sido apropiada por los sectores privados (nacional y extranjero) desde los años noventa, y el Estado termina siendo un intermediario que facilita la implementación; 2) que en los procesos de construcción de hidroeléctricas, se presentan diversas tensiones entre poblaciones locales , capitales globales, y prácticas locales asociadas con el trabajo sobre la tierra y/o de símbolos culturales que daban sentido a la vida social de comunidades campesinas que son rotas y cambian radicalmente junto con el territorio.
La hidroeléctrica de "El Quimbo" está localizada en jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Pital, Paicol y Tesalia, en el centro del Departamento de Huila, al sur de Colombia. En este proceso se inundan 8.250 hectáreas que, según el último censo de Emgesa (2009), cuentan con una "población residente" de 1.764 personas distribuidas en 458 familias y una "población no residente" de 1.577 personas, a la que se le adicionaron posteriormente 35 (comerciantes) y 189 (nuevos censados) para un total de 1.801 personas en la clasificación de "no residente con actividad económica" (Contraloría General de la Nación, 2012). Igualmente, siguiendo el censo realizado por Emgesa en 2007, fue contabilizada una población de 1.275 propietarios/ "poseedores" (EIA, 2008: 659).
Frente al resultado de los censos realizados por Emgesa y el avance del proyecto, han existido constantes disputas entre: la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo- Asoquimbo (organización social creada en junio de 2009), grupos de damnificados por el proyecto, el Estado y la empresa de energía. Una muestra de los conflictos sociales generados por la implementación del proyecto, se refleja, en que hasta el día 9 de julio de 2013 fueron realizadas a Emgesa 10.496 solicitaciones para la inclusión en el censo de afectados11. Frente a estas solicitaciones, la Corte Constitucional (máxima instancia judicial que protege los derechos constitucionales de los ciudadanos) dio la orden a la empresa de "abrir el censo"12, siendo recibidas por Emgesa más de 13.000 solicitudes, que están supeditadas a revisiones por la misma empresa para su inclusión en los censos13.En cuanto al proceso del llenado del embalse, se generaron sucesivos retrasos para la puesta en marcha de la hidroeléctrica, producto de: las protestas sociales generadas en el área a manera de bloqueos, las denuncias que grupos de afectados han interpuesto en instancias judiciales; y la permanencia en el territorio de familias que no se han desplazado. En el momento que fue concesionado el proyecto (2007), se planteó la inundación para el primer semestre del 2014 y su puesta en marcha para finales del mismo año14. Por las razones antes expresadas, "el momento de la inundación" se postergó primero para diciembre del 201415, luego para abril y junio del 201516, y finalmente para junio de 201517, fecha que se mantiene a pesar de demandas judiciales que lo podrían retrasar18.
En el área de afectación existían grandes propiedades tradicionales y pequeñas propiedades de dos orígenes: a) producto de la reforma agraria de los años 1970 (con trabajo familiar parcelado) y b) parceleros tradicionales (producto de constantes sucesiones). Los dos tipos de propiedades estaban localizados en las márgenes del Rio Magdalena (principal río del país), en los valles del Alto Magdalena, y nucleaban diferentes formas tradicionales de trabajo (familiar, por día de trabajo al "jornal" o salarial), desarrolladas en las propiedades de los patrones: mayordomos, partijeros, arrendatarios, mensualeros (formas de trabajo explicadas más adelante), que combinaban en los casos que fuera posible con el trabajo en las pequeñas propiedades existentes en sus familias y comunidades. Igualmente, dentro de las características de los campesinos del área, existía la posibilidad de dedicarse a la pesca (permanente o temporal) en diferentes puntos a lo largo del río Magdalena, cuya forma de vida estaba articulada con el consumo y la venta de pescado en las carreteras y municipios próximos.
En este territorio, el gobierno nacional impulsó el proyecto hidroeléctrico por medio del Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario19, y tal como lo estimó el ex presidente Uribe en septiembre de 2008, "todo al que quiera [sic] hacer una inversión en Colombia, hay que abrirle las puertas. La plata se va a poner muy escasa en el mundo. Nosotros no podemos rechazar la que quiere venir a Colombia" (Presidencia, 2008). Del mismo modo, su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, mantuvo la política anterior bajo lo que en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) se llamó "locomotora minero-energética", cuyo propósito fue mantener el crecimiento económico a partir de la intensificación de la explotación de minerales, recursos energéticos y construcción de hidroeléctricas. En el caso de la hidroeléctrica de El Quimbo, el presidente Juan Manual Santos inauguró sus obras en febrero de 201120.
En el proceso que se lleva a cabo en el caso de esta hidroeléctrica, ha incidido una diversidad enorme de actores del Estado, grupos de habitantes del área afectados y actores sociales de la región (como un grupo de profesores de esa parte del país de la Universidad Surcolombiana-USCO), que han generado estrategias, niveles de acción, coaliciones y mediaciones diferentes (locales, regionales, nacionales e internacionales).
De este modo, los diferentes actores podrían agruparse en cinco grandes grupos, caracterizados como resultado de la investigación realizada en campo y con base en recolección de prensa y documentos oficiales. Ellos son:

1. El Estado, que puede ser dividido en: a) los que dependen del Gobierno Nacional como las fuerzas militares (Batallón Energético N°12, ligado al Ministerio de Defensa), el Ministerio de Medio Ambiente21 (que emite las licencias ambientales) y el Ministerio de Minas y Energía (que emite las "declaraciones de utilidad pública", los "manuales de precios" por las tierras); b) Los organismos de control: la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación (CGN); c) Los organismos departamentales: la Corporación Autónoma Regional para el Alto Magdalena (CAM), la Asamblea Departamental del Huila, los Consejos Municipales y los alcaldes de los municipios afectados.

2. Los organismos informativos de prensa tanto local como nacional. Estos han hecho un cubrimiento de la problemática en los momentos en los que se ha presentado algún incidente o protesta social relacionada con el proyecto.

3. La empresa de energía Emgesa-Enel, que cuenta con capitales de Chile, España e Italia, y que en su composición interna cuenta con una gran cantidad de funcionarios, entre los que se destacan: abogados (que defienden a la empresa frente a posibles demandas), trabajadores sociales (que entablan relaciones con los habitantes del área y realizan "socializaciones del proyecto"), antropólogos, economistas (que realizan estudios socioeconómicos de los habitantes del área para hacer informes como un requisito legal, y los trabajadores de las obras del proyecto (dique, carreteras de sustitución por la inundación, puentes).

4. Los habitantes del área, entre los que se encuentran los campesinos del área afectada agrupados en pequeñas comunidades conformadas por pequeños propietarios, "poseedores", arrendatarios, mayordomos, mensualeros y jornaleros. Y los patrones que tienen medianas propiedades (entre 30 y 100 hectáreas) o grandes propiedades (más de 100 hectáreas).

5. Integrantes de la Universidad Surcolombiana (con sede en la capital del Departamento, Neiva) que han asesorado jurídicamente a los campesinos y ayudado a visibilizar la problemática. Ellos conformaron, junto con habitantes del área, la Asociación de afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo-Asoquimbo, un movimiento social creado para oponerse radicalmente a la construcción de la hidroeléctrica. Propone la construcción de una Zona de reserva Campesina22 (ZRC) en el área que construya una economía basada en pequeñas propiedades familiares (que es una figura legal que delimita un área geográfica del territorio nacional que sólo puede contener pequeñas propiedades familiares, para impedir la concentración de la tierra).

A partir de este agrupamiento sobre los diferentes actores que inciden en el proceso de la hidroeléctrica, se expone la problemática considerando tres bloques: 1) el pasado de los campesinos del área y la forma en que se organizaban las comunidades campesinas afectadas antes de la llegada de la hidroeléctrica; 2) los principales mecanismos que el Estado tiene para impulsar el proyecto hidroeléctrico. Dentro de ellos guarda especial importancia el proceso del licenciamiento que derivó en la expedición de la Licencia en mayo de 2009, la cual clasificó a los habitantes en diferentes "grupos poblacionales" de afectados para otorgar compensaciones diferenciadas; y 3) los efectos de las decisiones del Estado en las comunidades del área (como la declaratoria de utilidad pública en 2008 o la Licencia Ambiental en 2009 con sus compensaciones), que generaron unos tiempos de resistencia y negociación, en los que se presentaron diversas protestas por parte de diferentes grupos por la construcción de la hidroeléctrica.

2.1. La organización de los campesinos del área afectada antes del proyecto y sus formas de trabajo
Los habitantes que fueron objeto de la investigación por medio de trabajo de campo (en los años 2010, 2012 y 2013) estaban localizados en diferentes Veredas23, que son unidades administrativas adscritas a un municipio y que organizan en Colombia el espacio rural ("barrios rurales"). Estas Veredas pueden tener pequeños poblados y cuentan con Juntas de Acción Comunal (JAC), que es el órgano de representación de las poblaciones de las Veredas frente a las autoridades municipales o departamentales (provinciales); es decir, la forma como el Estado organiza políticamente las Veredas.
Igualmente, era común la existencia de familias extensas en estas Veredas. Sus habitantes tenían entre sí relaciones de amistad y vecindad; es decir, tomando el concepto de comunidad trabajado por Geertz (1965)24, estos campesinos estaban inmersos en un conjunto de relaciones configuradas a partir de valores, lugares, creencias, prácticas y lazos de solidaridad comunes, que los diferenciaba de otras comunidades o personas "de fuera", conformando así una unidad de relaciones sociales.
Dentro de esta población de las Veredas, algunos miembros de estas comunidades poseían pequeñas propiedades y, al mismo tiempo, estaban vinculados en diferentes grados de dependencia con formas de trabajo y jerarquías en las propiedades de los patrones. Además de esto, los diferentes núcleos familiares de campesinos contaban con una división interna de tareas según el sexo y la edad, así como espacios de autonomía entre sus miembros, de forma similar a como ha sido expuesto y trabajado por algunos autores sobre otras sociedades campesinas (Bourdieu, 1970 y Heredia, 1979).
Estas comunidades estaban compuestas por jornaleros, mayordomos, partijeros, que generaban sus formas de trabajo principalmente a partir de las relaciones con los patrones del área y que son hijos, familiares o amigos de pequeños propietarios. Los mayordomos eran quienes administraban junto con su núcleo familiar las propiedades de los patrones. Ellos llevaban la contabilidad de la productividad, cuidaban los pastos o los árboles que daban frutos e informaban al patrón cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en la propiedad. En contraprestación, el patrón les daba una mensualidad en dinero y compraba la "remesa", que es un mercado mensual y los insumos que se necesitan para el cuidado de los cultivos o animales que estaban en su propiedad. Las mujeres se dedicaban principalmente a las labores del hogar y al cuidado de pequeños animales como gallinas o cerdos, o a los frutales que estaban en los alrededores de la casa donde vivían, aunque también podían contar con ingresos propios en las épocas del año que el patrón les cedía en partija (descrita más adelante)una pequeña parcela de tierra .
Por otro lado, los jornaleros (hijos de pequeños propietarios o mayordomos) vendían su fuerza de trabajo a los patrones en los cultivos comerciales de la región como: el tabaco, el cacao y el arroz. De este modo, tienen un trabajo fluctuante de finca en finca y dependían del denominado "enganche", que era la práctica realizada principalmente por los mayordomos para conseguir jornaleros para las tierras de sus patrones. Igualmente, frente a la escasez de tierra en el área, era común que, pequeños propietarios se dedicaran en épocas del año a jornalear para poder complementar el ingreso familiar.
Del mismo modo, era común entre algunos grupos de campesinos nacidos y criados en el área la práctica de la partija, que consiste en un convenio entre el propietario de la tierra y el campesino por el cual, después que el campesino ha trabajado la tierra sobre algún cultivo, las ganancias son repartidas entre el partijero y el dueño de la tierra. Esta práctica era realizada en el área tanto entre el patrón y los campesinos (en cultivos como el cacao o el maíz), como dentro de las mismas comunidades. Por ello, en estas comunidades era común que entre hermanos o familiares que contaran con pequeñas propiedades se dividiesen la inversión y el trabajo de un cultivo, para al final dividir la ganancia entre las partes. De este modo, tal como en otras sociedades campesinas (Chayanov, 1966) y que constituyen sistemas "no capitalistas", frente a la escasez de tierra y la permanente división de estas pequeñas propiedades con las sucesiones, bajo una lógica campesina se busca la conservación del patrimonio familiar y la reproducción social del grupo, a partir de la constitución de este tipo de relaciones.
Otro de los grupos del área era el de los patrones, quienes podían poseer tanto medianas propiedades (efecto de los constantes procesos de sucesión de grandes propiedades) como grandes propiedades. Eran llamados hacendados y tenían tres usos principales de sus tierras: 1) arriendo, por el cual cedían por medio de un contrato escrito su tierra a un productor para que sembrara arroz o tabaco a cambio de un dinero mensual o anual, 2) sistema de partija, una práctica que también se conoce como aparcería y que consiste en la división de las ganancias entre el productor (campesino) y el patrón (que tiene sus orígenes en siglos pasados, tal como reseña Catherine Legrand (1988: 124) en otras regiones del país). Los hacendados dejaban partes de su propiedad para que campesinos, por medio de la partija, realizaran cultivos transitorios (como el maíz) para la renovación de la tierra después de varias cosechas de arroz o tabaco que necesitan para su producción de una alta cantidad de químicos). Y 3) explotación de la tierra por medio del ganado o la agricultura comercial. En el caso del ganado, contaba con el trabajo de un mayordomo y su familia, que se encargaba de cuidar la propiedad del patrón y su ganado (ordeñándolo, llevando contabilidad de las crías y de las ventas). En estas actividades, el mayordomo, tenía la ayuda de un mensualero, que frecuentemente vivía en los pequeños poblados y era soltero. Además, en caso de tener cultivos como el arroz y el tabaco, estas propiedades contaban con un administrador que dirigía el proceso productivo, que se basaba en contratar a grupos de jornaleros en algunas épocas del año (principalmente durante la cosecha y el sembrado).
Igualmente, la mayoría de las haciendas tradicionales del área se habían dividido con el tiempo, con lo cual los patrones contaban sólo con medianas propiedades, y se dedicaban a otras actividades, como el comercio o un cargo público en los municipios del área. Ellos podían tener una relación con la tierra y sus trabajadores más estrecha, debido a que era frecuente que vivieran en sus propiedades (a diferencia de los hacendados), administrándolas directamente, con la ayuda de una familia campesina de mayordomos, o también, en caso de que quisieran dejar de hacerse cargo de su mayordomo (a quien tenían que pagar su seguridad social y darle la "remesa"), podían convenir que la tierra fuera trabajada mediante una partija permanente, y el campesino y su familia podían vivir y cuidar la propiedad del patrón, y las ganancias se dividían en partes iguales en cultivos permanentes como el cacao. En este caso, y en la medida en que la productividad de la tierra lo permitiera, podía ser utilizado también el arriendo de tierras, que daba una renta de su propiedad, sin hacerse cargo de ella directamente.
Algunas de estas medianas propiedades se han modernizado, en ellas, patrones conformaron en el pasado empresas agrícolas, piscícolas, de cerdos o de madera. En este tipo de propiedades, su funcionamiento se daba básicamente a partir de relaciones salariales (sin concesión de tierras o vivienda a los trabajadores, como sucedía en la partija permanente o con los mayordomos).
Por otro lado, en el espacio de las comunidades, las pequeñas propiedades del área fueron resultado, por un lado, de concesiones que en el pasado (hace cuatro o cinco generaciones) dejaron los patrones a familias campesinas que trabajaban para ellos, y que en la actualidad se han conservado a partir de varias sucesionesy de casamientos entre habitantes de las mismas Veredas. Y por otro lado, existen pequeñas propiedades que fueron resultado de la reforma agraria, de los años 1970 y 1980, por la cual campesinos consiguieron adquirir tierra a partir de ocupaciones de tierras del área y de la ley 135 de 1961 de reforma agraria.
Igualmente, en esa época la organización impuesta por el Estado para la repartición de estas tierras de la reforma agraria fue por medio de las Empresas Comunitarias25, las cuales, en la región estudiada, están localizadas en los municipios de Gigante y el Agrado26. Ellas han tenido desarrollos e historias diferenciados, relacionados con los momentos en que se efectuaron las recuperaciones de tierras, los sistemas de riego, el nivel tecnológico, las formas de pago de las deudas, la rentabilidad de las empresas, las vías de comunicación, etc. No obstante, años después de la reforma agraria todas las empresas comunitarias de la región se dividieron entre los diferentes dueños fundadores. Delimitaron el trabajo de la tierra por parcela y núcleo familiar sucesor, y al día de hoy conservan el nombre, y en algunos casos el título colectivo; hijos de estos miembros se dedicaban, a la llegada del proyecto, al jornaleo en las propiedades de los patrones.
Otro de los grupos del área son los pescadores que vivían a las orillas del río Magdalena. A diferencia de los anteriores, no estaban sometidos a la dirección de un jefe directo (como sucede en las relaciones de jornaleros, mayordomos y partijeros) y contaban con libertad en cuanto al manejo de su tiempo, y se dedicaban a vender el pescado en las carreteras del departamento del Huila.
De este modo, las dinámicas de quienes llevan a cabo estas actividades estaban construidas a partir de las relaciones sociales que se constituían en sus comunidades y con su medio. Así, un jornalero no se limitaba a ser un vendedor de su fuerza de trabajo y podía mediante la partija producir alimentos de "subsistencia"27 en una parcela familiar o en un pedazo de tierra cedido por el gran propietario, con lo cual constituía sus ingresos familiares y sus dinámicas cotidianas a partir del trabajo individual y colectivo (Heredia, 1983). Del mismo modo, un campesino podía dedicarse por épocas a la pesca, y en caso de haber conformado su núcleo familiar y no tener tierra, podía ser un mayordomo de algún patrón. Entonces, cada una de estas actividades integraba un mundo de posibilidades que constituían divisiones, formas de organización y ciclos de vida de los campesinos del área.
A continuación, se exploran la forma en que fue formulado el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y las relaciones de fuerza que produjo la expedición de la Licencia Ambiental. Posteriormente, se profundiza el proceso en el que las poblaciones actuaron frente a la llegada de la hidroeléctrica y sus impactos, haciendo énfasis en las razones por las cuales se han generado protestas en el área frente al proyecto.

2.2. El proceso de concesión del proyecto, la Licencia Ambiental y las compensaciones
El Estado colombiano cuenta con diferentes herramientas y mecanismos para la designación de los proyectos de infraestructura energética. De estos mecanismos, es importante resaltar tres: 1) los procesos de subasta pública para la generación de energía, 2) la declaratoria de utilidad pública de un área delimitada del territorio nacional, que es concesionada al proyecto para facilitar su realización, a partir de la presión de los productores del área y la negociación de predios; y 3) la Licencia Ambiental, que estima diferentes medidas para mitigar los impactos que genere el proyecto sobre un área del territorio nacional y sus habitantes.
En este proceso, la actuación y la convicción del gobierno hicieron que se superaran antecedentes como la negativa de la Licencia Ambiental en 1997 por medio del Auto 517 de 31 de julio de 1997 del Ministerio de Medio Ambiente, en la que argumentaba la imposibilidad de mitigar sus impactos sociales y ambientales28. En ese entonces, la Licencia había sido solicitada por la empresa del Estado Central Hidroeléctrica de Betania (CHB)29 (comprada por Emgesa en los años noventa).
Así, en el nuevo intento para construir la hidroeléctrica, el gobierno nacionalcreó en el año 2007 la llamada "subasta de cargo por confiabilidad"30. Este mecanismo consiste en que las compañías generadoras de energía se inscriben en un proceso en el que es subastado un precio base de la energía pagado por el Estado y llamado "cargo por disponibilidad". Así, el Estado paga a la empresa un cargo fijo cada año desde el momento en que esta tenga instalada y disponible la capacidad, esté o no generando energía. Bajo este mecanismo fueron entregados en 2008 diversos proyectos a varias empresas para generación de energía. Entre ellos se encuentra el proyecto hidroeléctrico "El Quimbo", que sería el primer proyecto construido en su totalidad por una empresa privada en Colombia. Frente a este nuevo mecanismo, el presidente de la empresa Emgesa en Colombia, el español Lucio Rubio, declaró en 2008 que

[…] hay que destacar que el sistema de subastas mediante el cual fue adjudicado es bastante novedoso y en eso el Gobierno hizo una excelente labor. En otros países no existe, lo que hace que los inversionistas no se le midan [sic] (no se arriesguen) a hacer esta clase de proyectos (El Tiempo, 15 de junio de 2008).

De forma paralela a la concesión del proyecto por medio de la subasta pública, el gobierno nacional expidió la Resolución 321, por medio del Ministerio de Minas y Energía, que declaró, en septiembre de 2008, de utilidad pública los terrenos de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo (8.250 hectáreas). Mediante esta Resolución, los productores de cultivos comerciales que dependían de los préstamos de entidades financieras quedaron imposibilitados de su renovación, lo que afectó los ciclos productivos del arroz, el cacao y los peces criados en los lagos artificiales. Esto condujo a que tanto productores como trabajadores perdieran una importante parte de sus ingresos, y fue uno de los motivos para que se presentaran las primeras protestas sociales encabezadas por productores agrícolas contra la construcción del proyecto, quienes posteriormente, frente a la constitución de Asoquimbo (en junio de 2009) entraron a participar en esta organización, pero posteriormente negociaron con la empresa Emgesa sus compensaciones (en 2012 y 2013).
De este modo, tanto la subasta pública como la declaratoria de utilidad pública son potestades del gobierno central. Estos son mecanismos en los que las poblaciones afectadas no pueden intervenir debido a una imposibilidad jurídica. No obstante, existe el proceso de licenciamiento ambiental, que aunque impone la construcción del proyecto, permite un campo (en términos de Boudieu (2014)) donde los diferentes actores implicados pudieron incidir en su expedición. La Licencia Ambiental es definida según la ley colombiana, como un aval que

[ …] otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuci ón de un proyecto obra o actividad, que de acuerdo con la ley pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada (Art. 3°, Decreto 1220 de 21/04/2005).

Después de su solicitud formal31, las licencias ambientales necesitan de dos mecanismos previos para su aprobación, las Audiencias Públicas y Mesas de Concertación, en las cuales se busca acercar a los diferentes actores que integran del proyecto para construir "políticas compensatorias" que mitiguen sus efectos sobre las poblaciones afectadas. Estos espacios son de carácter consultivo y legitiman el proceso de construcción del proyecto. Así, en este proceso fue posible observar la acción social de los diferentes grupos e intereses en disputa.
Del mismo modo, el proceso de concesión de la Licencia Ambiental a la empresa Emgesa tuvo un componente "técnico": el Estudio de Impacto Ambiental (EIA, 2008) realizado en los años 2007 y 2008 por la empresa INGETEC, contratada por Emgesa. Este estudio se basó en trabajos de campo por parte de antropólogos y biólogos, para medir los diferentes impactos sociales y ambientales. Así, las categorías construidas por la Licencia Ambiental plantearon conflictos que se reflejan en la forma como el orden impuesto por las compensaciones altera la organización previa existente en el área (Salcedo, 2014).
En el componente social, el EIA (2008) creó la clasificación de nueve diferentes "grupos poblacionales" de afectados: 1) campesinos beneficiados del programa de reforma agraria, 2) campesinos minifundistas propietarios y no propietarios, 3) campesinos invasores resientes, 4) finqueros, 5) hacendados, 6) "jornaleros"32, 7) "partijeros", 8) "pescadores artesanales", y 9) "mayordomos" (Ibíd.: 129). Después de esto, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó a Emgesa información adicional a través del Auto nº512 de 2 de marzo de 2009. Ello, con las Audiencias Públicas realizadas y las mesas de concertación, resultó en que la Licencia Ambiental definiera finalmente trece "grupos poblacionales" que merecían compensación: 1) areneros, paleros; 2) "mayordomos"; 3) "jornaleros"; 4) transportadores; 5) arrendatarios de propiedades; 6) grandes arrendatarios de propiedades con vinculación de mano de obra; 7) "partijeros"; 8) contratistas; 9) comerciantes o productores que integran las cadenas productivas; 10) pescadores artesanales y piscicultores; 11) población receptora; 12) madres cabeza de familia; 12) adultos mayores jefes de familia; 13) población ubicada alrededor de la represa; y 14) otros grupos poblacionales de afectados (Resolución nº899 de 2009, p. 235). En este sentido, en el proceso de la Licencia Ambiental entraron a participar nuevos grupos que fueron considerados como afectados.
De este modo, el proceso de expedición de licenciamiento ambiental del proyecto y la definición de las compensaciones para los diferentes grupos de afectados contaron con Audiencias Públicas33 (efectuadas el 4 de julio de 2008, 16 de diciembre de 2008, 21 de enero de 2009 y 12 de febrero de 2009) y mesas de concertación (realizadas el 22 de diciembre de 2008, 14 y 22 de enero y 4 de febrero de 2009). Las primeras fueron reuniones abiertas, en las que cualquier persona que presentara una ponencia podía hablar. Las segundas se realizaron a partir de la selección de un grupo cerrado de actores, 14 miembros34 (y sus invitados), de los que ninguno era miembro de las JAC de las Veredas del área. Así, los miembros de las JAC (órgano de representación de las comunidades) y sus comunidades solo podían tener conocimiento a posteriori de lo que era acordado en estas reuniones cerradas.
En las Audiencias Públicas, la tensión para la realización del proyecto era evidente. A la última Audiencia Pública, realizada en Gigante el 12 de febrero de 2009, asistieron más de 1.500 personas y fueron presentadas 170 ponencias, con una fuerte presencia de la fuerza pública. En esta audiencia, según relata el diario LaNación, sus asistentes "evidenciaron un claro desacuerdo con el proyecto, por las consecuencias sociales, económicas y ambientales" (La Nación, 13/02/2009)35.
Sin embargo, a partir de las reuniones cerradas de las Mesas de Concertación, las autoridades locales firmaron el 16 de marzo de 2009 el "Documento de Cooperación Celebrado entre La Gobernación Del Departamento del Huila, Los Municipios Del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante36, Paicol y Tesalia, El Ministerio de Minas y Energía, De Agricultura y Emgesa S.A ESP". En él, todos los alcaldes del área afectada y el gobernador del departamento se comprometieron con Emgesa a la realización del proyecto, lo cual quebró en lo local la resistencia al mismo y posibilitó la expedición de la Licencia.
La firma de este documento permitió que Emgesa pudiera legitimar ante el Ministerio de Medio Ambiente el proyecto, en la medida en que lo concertaba con las autoridades locales. Dentro del documento, se destaca el compromiso adquirido entre las partes de comprar y adecuar, con sistemas de riego por gravedad, 5.200 hectáreas de tierra, de las que Emgesa se haría responsable de comprar 2,500 para programas de reubicaciones37. No obstante, con el pasar de los años esta tierra nunca se compró y las expectativas que tenía parte de la población afectada para adquirir tierra (campesinos sin tierra como jornaleros, mayordomos, partijeros, arrendatarios) se ha ido diluyendo con el tiempo.
Así, en medio de la oposición en las Audiencias Públicas por parte de grupos de afectados, las declaraciones realizadas por la Asamblea Departamental del Huila38 en 2008 contra el Estudio de Impacto Ambiental (EIA, 2008) y la declaración de la Procuraduría General de la Nación (PGN, 2009), que estimó la construcción de la hidroeléctrica "inconveniente para la economía de la región por cuanto inundará unas de las mejores tierras con aptitud agrícola, en un departamento con escasez de terrenos productivos, lo que hace difícil su restitución" (9 de mayo de 2009), el gobierno expidió la Licencia Ambiental por medio de la Resolución 899 de mayo de 2009 del Ministerio de Medio Ambiente y reafirmada por medio de la Resolución 1.628 de agosto de 2009. De este modo, se mostró que las Audiencias Públicas y las declaraciones emitidas por otras entidades son de carácter consultivo, empleadas principalmente para adicionar nuevos requerimientos a las Licencias Ambientales.
Expedida la Licencia Ambiental, las compensaciones para los diferentes "grupos poblacionales" fueron divididas de la siguiente forma: 1) los propietarios, divididos en "grupos familiares", que en su conjunto (a partir de los censos realizados en 2007, 2008 y 2009) reciben una compensación única, como: i) propietarios que poseen más de 50 hectáreas, que no cuentan con derecho a reubicación y tienen que vender obligatoriamente para Emgesa (este grupo vendió entre 2010 y 2011); ii) propietarios de 5 a 50 hectáreas, que tienen derecho a reubicación como primera opción o compensación en dinero (con una alta resistencia a la venta, pues muchos pertenecen a las antiguas empresas comunitarias producto de la reforma agraria en la región de los años 1970); y iii) propietarios de un predio de menos de 5 hectáreas o que lograron comprobar el derecho a "posesión" con recibos públicos (es decir, que la casa construida tiene 5 años antes de la Declaratoria de Utilidad Pública en septiembre de 2008, condición difícil en las comunidades del área por la falta de papeles que comprueben ducha posesión), que tienen derecho a compensación de 5 hectáreas de tierra y una casa; y 2) los "no propietarios" agrupados en mayordomos, partijeros, jornaleros, pescadores, etc., a quienes se les asignó una compensación en dinero por medio de un curso y un "capital semilla" calculado a partir del dinero que ganaban al momento de la realización de los censos de afectados en 2007, 2008 y 2009.
No obstante, después de otorgada y ratificada la Licencia Ambiental, Emgesa, por medio de su gerente general, manifestó su preocupación por "los costos adicionales que lo hacen financieramente inviable y la inversión que debe ejecutarse no sería recuperable en el mediano plazo" (La Nación, 28/04/2010)39. En medio de esto, el presidente Uribe declaró que:

[...] me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un diálogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. [...]. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio. (Ciudad de Neiva, 8 de marzo de 2010).

Así, el gobierno nacional expidió para este y todos los proyectos que se llevan a cabo en el país, el Decreto nº 2.820 del 5 de agosto de 2010, por medio del cual se permite la modificación indefinida y directa de las licencias ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente –cuando antes las modificaciones de las licencias ambientales debían pasar por una serie de instituciones judiciales y procesos de concertación–. A través de este decreto, el proyecto hidroeléctrico ha tenido 14 modificaciones desde su expedición hasta mayo de 2013, lo que presentó reducción de costos para la empresa40 y lo tornó "financieramente viable".
Por último, frente al avance del proyecto y sus nuevas necesidades, el día 20 de enero de 2012 el gobierno decretó, por medio de la Resolución nº003 del Ministerio de Minas y Energía, de utilidad pública más de 23.125 hectáreas, "necesarias para el programa de reasentamiento y reactivación económica de las familias afectadas con el proyecto". Esto generó nuevos afectados por el proyecto, que no fueron reconocidos de la misma forma como aquellos situados en el área inundada.

2.3. Las negociaciones y las protestas sociales
La llegada de la hidroeléctrica en la región del centro del Huila produjo diversos conflictos y modificaciones en la organización de la vida de las comunidades afectadas por el proyecto. El cambio en las condiciones a las cuales fueron sometidas las comunidades campesinas estudiadas rompió con una serie de prácticas, valores y reglas que las unían y conformaban lo que Thomson (1998) denomina "de economía moral". Los diversos conflictos se expresaban en la participación o en la organización de protestas que tenían como finalidad manifestar los intereses de los afectados.
Así, como resultado de la investigación, se pudo determinar la existencia de tres momentos que causaron conflictos en las comunidades por la llegada del proyecto: primero, con la declaratoria de utilidad pública en septiembre de 2008, que impidió que propietarios y productores pudieran renovar los créditos para poder cultivar los cultivos comerciales (arroz, cacao, tabaco). Segundo, con la compra por parte de Emgesa de las propiedades de los patrones en 2010, 2011 y 2012, que dejó sin trabajo a los jornaleros, mayordomos y partijeros o los sujetó a que la empresa Emgesa les entregara tierras a los patrones en comodato (esta figura se explicará más adelante). Y por último, la aplicación de las compensaciones, que impone un nuevo ordenamiento de los recursos dentro de las comunidades, simplificando en dos grandes grupos a las comunidades: por un lado, propietarios o "poseedores", que tienen derecho a tierra (o su valor catastral), y por otro lado, "no propietarios", que incluye tanto a habitantes nacidos y criados que cuentan con una larga trayectoria de vida en esta área (siendo en muchas ocasiones hijos o nietos de propietarios o "poseedores"), como a quienes desarrollaban actividades económicas transitorias en el área y recibieron una compensación económica igual que los anteriores.
Desde la llegada del proyecto al área estudiada, grupos de campesinos y habitantes inconformes que participaron en las Audiencias Públicas se conocieron con un grupo de la Universidad Surcolombiana (USCO), cuyos miembros, oponiéndose a la construcción del proyecto, fundarían posteriormente Asoquimbo (en junio de 2009). Esta organización tuvo como presidenta a una de las campesinas del área que era una pequeña propietaria y tenía relaciones familiares con los integrantes de la JAC de su Vereda. Ella renunció a la organización en 2012, con lo que miembros de su familia de pequeños propietarios, comenzaron a negociar sus compensaciones con Emgesa, y tomaron el control de la organización los miembros de la USCO.
Profesores de la USCO y profesionales de comunicación social generaron un permanente debate público (con la participación en las Audiencias públicas y en la prensa y la difusión de videos) sobre la ejecución de la hidroeléctrica y su inviabilidad a causa de sus impactos, y a su vez promovieron y difundieron "acciones de resistencia" por parte de campesinos, y visibilizaron sus problemáticas sociales. Sin embargo, la relación de Asoquimbo con los campesinos del área ha variado con el tiempo, debido a las condiciones a las que se han visto sometidos los diferentes líderes de las Veredas respecto de las compensaciones acorde al "grupo poblacional" al que pertenezcan. Ellos ha generado que unos negocien más rápido que otros, con lo que se constituyeron diferentes tiempos de resistencia y de negociación.
El proceso de negociación de Emgesa se dio después de expedido el Manual de precios por parte del Ministerio de Minas y Energía. Desde el inicio del proceso, los grandes propietarios se mostraron favorables al proyecto, por lo que Emgesa comenzó a comprarles sus tierras entre los años 2010 y 2011. En muchos de los casos, parte de sus tierras eran improductivas o participaban de otros negocios, teniendo la tierra como un medio de renta y no como medio de vida. Sin embargo, esto generó que los trabajadores de esas tierras, jornaleros, mayordomos, arrendatarios y partijeros que vivían de ellas, se vieran afectados ante una situación en la cual perdían el lugar donde desarrollaban sus relaciones sociales en la cercanía de sus comunidades.
Por otro lado, grupos de patrones "medianos propietarios" (entre 5 y 50 hectáreas según la Licencia Ambiental) se resistieron fuertemente al proceso, pues muchos de ellos tenían actividades productivas rentables en sus terrenos, como la cría de peces o fincas de producción de maderas; o en el caso de campesinos con "medianas propiedades", era común que desarrollaran más actividades en el área (como pescadores y jornaleros), siendo solamente reconocida una de sus actividades bajo un solo "grupo poblacional".
Igualmente, la declaratoria de utilidad pública en 2008 contribuyó a la presión sobre los productores para que vendieran más rápido sus tierras. Así, algunos patrones contribuyeron en un inicio con dinero para las manifestaciones (para comida e infraestructura básica) convocadas por Asoquimbo. Sin embargo, ante las insistentes ofertas de Emgesa terminaron aceptando la compra de sus predios.
Frente a la venta de las propiedades, grupos de campesinos de esas tierras empezaron a protestar por el cambio de sus actividades y la obligatoriedad que les imponía la Licencia Ambiental, aplicada por Emgesa a quienes estaban censados como "no propietarios", respecto de aceptar la compensación en dinero (en "capital semilla") o, en su defecto, un empleo en las obras del proyecto, tal como lo comentó uno de los campesinos jornaleros del área:

Han llegado los grandes terratenientes dueños de la tierra y la han vendido a la empresa. Inmediatamente Emgesa ¿qué les exige?, entrégueme las fincas. ¿Y el personal?, ahí los necesitamos en el túnel (de las obras del proyecto) para que trabajen. Pero ¿Qué pasa? Nosotros no somos constructores, somos agricultores y nos han dejado sin el sustento, porque es que aquí no vivimos construyendo ("Don José" campesino jornalero, residente en la vereda de San José de Belén, entrevista realizada en junio de 2011, contenida en el documental "El Gigante").

Dentro de los grupos que tuvieron derecho a compensación en tierra, unos aceptaron la compra directa de sus propiedades saliendo del área, mientras otros eligieron el reasentamiento individual o colectivo. De estas opciones, las últimas permiten, dentro de la imposición, la reproducción de parte de sus condiciones de vida previas; y en el caso del reasentamiento colectivo, permite la restitución parcial de circuitos de vecindad entre los afectados. Igualmente, existen campesinos que sienten que fueron beneficiados por el proyecto, como aquellos que contaban con una casa en el área y lograron comprobar su derecho a "posesión", y así obtuvieron el derecho a 5 hectáreas más una casa.
Así, de la totalidad de las propiedades o "posesiones" (1.275), quedaban en enero de 2014 "150 a 160 propietarios con los que no ha sido posible negociar", lo cual, de acuerdo con un funcionario de Emgesa, era resultado de que ellos "no quieren negociar o piden montos muy altos" (La Nación, 19/01/201441).
Por otro lado, los clasificados como "no propietarios", partijeros, arrendatarios, propietarios, jornaleros, y mayordomos, se han visto afectados, primero, por la declaratoria de utilidad pública que imposibilitó que continuaran trabajando en las propiedades de los patrones con la misma intensidad, y posteriormente con la venta de dichas propiedades. Al mismo tiempo, los pescadores, también clasificados como "residentes no propietarios", son afectados en sus prácticas tradicionales relacionadas con la pesca en el río Magdalena y se les ofrece un "capital semilla como compensación".
De ellos, unos han aceptado las compensaciones y se han ido de la región, como campesinos censados que jornaleaban por temporadas en el área, o transportadores censados. Según cifras de Emgesa existen, para agosto de 2013, 1.078 compensados que aceptaron el "capital semilla" (EMGESA-ICA, n° 8, 2013).
Por otro lado, existen grupos que se han resistido a aceptar las compensaciones ofrecidas o exigen estar incluidos en los censos de afectados, por lo que han realizado diversas protestas. Entre ellas, cabría resaltar:

1. la ocupación de las orillas del río Magdalena, al lado de las obras (entre junio de 2011 y febrero de 2012), por los pescadores de Puerto Seco, en la Vereda de Domingo Arias (Gigante), con lo que impidieron su desarrollo previsto;

2. la acción en la Vereda La Honda (Gigante), comandada por mayordomos, partijeros y familias de jornaleros, los cuales se resistieron a salir de las propiedades vendidas por sus antiguos patrones hasta que fueron expulsados en noviembre de 2013;

3. las protestas realizadas por grupos de campesinos que compartían alguna de las siguientes características: "residentes no propietarios" cuyo derecho de "posesión" no fue reconocido, campesinos que no fueron compensados porque fueron incluidos en "grupos familiares", campesinos que no fueron incluidos en los censos de afectados o campesinos que eran menores de edad en el momento de la realización de los censos. Esas manifestaciones tuvieron diferentes efectos y fueron realizados en diferentes Veredas del área, como en la Escalereta entre julio y marzo de 2012 (impidiendo la entrada de funcionarios de Emgesa), en Rioloro-Veracruz entre agosto y noviembre de 2013 (impidiendo la entrada de funcionarios de Emgesa) y en San José de Belén entre abril y mayo de 2013, y después entre agosto y octubre de 2013 (bloqueando las obras del viaducto que necesita realizar la empresa antes de la inundación);

4. la ocupación de tierras en el transcurso de 2012 y 2013 por parte de los campesinos afectados por la compra de tierras para reasentamiento, quienes no fueron reconocidos como afectados en los censos de Emgesa y se mantuvieron en estas tierras hasta su expulsión entre octubre y diciembre de 2013.

El número de participantes de estas protestas ha sido variable y no ha sido un factor determinante, como sí lo fue la presión realizada sobre alguna de las obras del proyecto, lo cual ha permitido abrir canales de interlocución tanto con Emgesa como con el Estado. De igual forma, se pudo observar en la investigación, a través de los trabajos de campo, que en general solamente una parte de los afectados participaba activamente de los bloqueos, debido a que los demás miembros de las comunidades se mantenían en sus trabajos y actividades cotidianas.
Esta diversidad de protestas registradas tuvo tiempos, espacios y sentidos diferentes. Por un lado, se generaron protestas locales (como las de Rioloro-Veracruz, la Escalereta y San José de Belén) que no tuvieron la vocería de organizaciones como Asoquimbo y que buscaron la solución de los conflictos derivados de las compensaciones en sus familias, grupos y comunidades, con lo que su objetivo fue ejercer alguna presión sobre el proyecto para entablar diálogos con Emgesa. De estas protestas, solamente la realizada en San José de Belén consiguió entablar estos espacios de interlocución a partir de la presión sobre las obras del viaducto que comunicará los municipios de Garzón y El Agrado (en proceso de finalización en abril de 2015): la empresa Emgesa aclaró la situación en relación con las compensaciones y sus clasificaciones para cada uno de los afectados que participaron en ella y la protesta se desintegró.
Por otro lado, hubo otras protestas que, aunque locales, fueron exteriorizadas por Asoquimbo, y consiguieron abrir espacios de disputa con el Estado. Este fue el caso de los pescadores que bloquearon por siete meses una parte de las obras del proyecto o de campesinos que ocuparon las propiedades de sus antiguos patrones (tanto los que vivían en el área inundada como los afectados por la compra de predios para reasentamiento).
Estas últimas protestas encabezadas por Asoquimbo consiguieron modificar algunas de las condiciones impuestas por el proyecto a las poblaciones del área, como la creación de los comodatos (ceder por un período la tierra comprada por Emgesa a un productor, con la finalidad de no expulsar a los trabajadores; en septiembre 2011), y la apertura de canales de dialogo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Asoquimbo (enero de 2012). Esto ocurrió de manera similar a como lo analizó en el sur de Brasil Vianna (2012)42 frente a la construcción de la hidroeléctrica de Machadinho.
Dentro de las numerosas acciones realizadas por Asoquimbo se destacan: asambleas para la participación de los afectados, marchas y paros que han bloqueado las carreteras del área de influencia, eventos en la USCO, apoyo a paros locales (como los pescadores en la Vereda de Domingo Arias y mayordomos y partijeros en la Vereda La Honda), envío de cartas al Ministerio de Medio Ambiente, impulso a las jornadas de "recuperación de tierras" con los campesinos afectados por la compra de tierras y que buscaban ser incluidos en los censos,y presiones al Estado y a Emgesa para la construcción de una Zona de Reserva Campesina (ZRC). Esta organización ha difundido la problemática y ha abierto una disputa jurídica para defender a los afectados y demandar a la Licencia Ambiental, proceso apoyado temporalmente por la ONG Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo ILSA43, por medio de uno de sus abogados44.
Dentro de la modificación de algunas condiciones del proyecto, cabe destacar el origen de los comodatos en el área estudiada, producto de la acción permanente de Asoquimbo, que por medio de comunicados y numerosos requerimientos de información y cartas denunciaba al Ministerio de Medio Ambiente la expulsión de los campesinos del área por la venta de las propiedades.
Así, en medio de la protesta de los pescadores que se concentraron45 desde el 7 de junio de 2011 (hasta febrero de 2012) a las orillas del río y que denunciaban el vertimiento de materiales tóxicos (desde el inicio de las obras en febrero de 2011) que dañaba el medio ambiente y a la vez la pesca de la cual derivaban su sustento, el Ministerio de Medio Ambiente expidió la Resolución 1.096 de junio de 2011 que paralizó las obras y reconoció los "impactos no previstos por el proyecto". Esta resolución determinó congelar la negociación de predios y paralizar parcialmente las obras, para frenar el impacto que el avance del proyecto estaba teniendo sobre los pescadores artesanales y sobre las personas que fueron desplazadas por la compra de predios, sin ser reconocidas como afectadas o reconocidas por Emgesa como "residentes no propietarios".
El congelamiento de las obras y de las negociaciones de predios generó el inconformismo tanto de Emgesa, preocupada por continuar con la negociación de predios y con las obras, como de grupos de algunos propietarios que habían empezado el proceso de negociación. En algunos casos, patrones que se habíanopuesto a la realización del proyecto en un primer momento y habían apoyado a Asoquimbo estaban en un momento posterior negociando sus compensaciones con Emgesa, y defendiendo por ello la posibilidad de vender su predio, buscando evitar "mayores prejuicios"46.
Frente a las presiones el Ministerio de Medio Ambiente decidió "levantar las medidas preventivas" por medio de la Resolución 1.826 de septiembre de 2011 que dejó sin efecto la resolución anterior. Con ello, se inició nuevamente la negociación de predios, continuó la expulsión de campesinos por estas compras y se presionó para la expulsión de los pescadores que se mantenían en las orillas del río frente al avance de las obras del muro de la represa. Ante la situación, se expidió la Resolución 123 del 29 de noviembre de 2011, cuya principal medida para mitigar los impactos fue la creación de los "comodatos reestructurados", que trataron de frenar el despido masivo de trabajadores.
Después de estos hechos, Asoquimbo buscó la creación de espacios de interlocución directa con el Gobierno Nacional para que este convocara a una nueva "Audiencia Publica Ambiental" por los nuevos impactos del proyecto. La organización convocó a un "paro cívico regional" el 2 de enero de 2012, en medio de la asunción (ver página siguiente) de cargos públicos de las autoridades locales y departamentales, que bloqueó la carretera de acceso a las obras de la hidroeléctrica en la vía que comunica Hobo con La Plata y el Departamento de Cauca al occidente del departamento del Huila. Al mismo tiempo, los pescadores se mantenían en las márgenes del río y obstaculizaban una parte de las obras.
Entre los campesinos del área, participaron campesinos de las Veredas de la Honda con mayordomos, partijeros, familias de jornaleros, y de las Veredas de Rioloro y Vecracruz, el Balseadero, la Escalereta, San José de Belén, con integrantes de las empresas comunitarias la Libertad (Veracruz), la Escalereta (productores de arroz), Los Cocos y Remolinos, así como los "residentes no propietarios", y familias preocupadas por la inclusión en "grupos familiares". Igualmente, estuvieron aquellos que habían sido impactados por la compra de predios para reasentamiento, que "invadieron" las tierras compradas por el proyecto y se dedicaron a trabajarlas a partir de la propuesta de Asoquimbo. De estos grupos, algunos campesinos coincidieron con los propósitos de Asoquimbo y siguieron la propuesta de la construcción de una Zona de Reserva Campesina en el área.
En medio de la asunción de las autoridades regionales, no fue ordenada en primera instancia la represión de la policía y la recién asumida gobernadora accedió a apoyar la petición de Asoquimbo al Ministerio de Medio Ambiente, para convocar a una "Audiencia Pública" por los "impactos no previstos" del proyecto, en la que podían participar públicamente todos los afectados. Después de 15 días de paro bloqueando la entrada a las obras, y con la petición realizada por la autoridad departamental, se realizó una reunión el 17 de enero de 2012 entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la presidenta de Asoquimbo, el profesor de la USCO Miller Dussan, la abogada del ILSA, la Gobernadora del Huila, el senador del Polo Democrático Alexander López y un representante de los jornaleros.
En esta reunión se firmó el acuerdo de convocar una nueva Audiencia Pública. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente no la convocó. Los campesinos que bloqueaban las vías de acceso decidieron levantar la protesta y retornar a sus Veredas, mientras los pescadores se mantenían a orillas del río Magdalena y, en medio de la imposibilidad de negociación, fueron desalojados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD el 14 y 15 de febrero de 201247. El río fue desviado en marzo de ese año para la construcción de las obras del dique y varios de los pescadores que se encontraban allí se refugiaron con familiares; unos fueron compensados con dinero y otros fueron desconocidos en los censos como afectados48.
Asoquimbo difundió un video sobre el desalojo violento por parte del ESMAD, que recibió una difusión importante por internet49 y movilizó sectores de la opinión pública. No obstante, frente a la evidencia del exceso de la fuerza el Presidente de la republica declaró: "Que quede claro que el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo. No vamos a permitir que unos pocos impidan que el interés general predomine"50.
De este modo, tal como fue descripto, existieron grupos con posiciones y condiciones diferenciadas con respecto a la implementación del proyecto, que generaron diferentes formas de acción y negociación. Ellas dependieron de los tiempos del impacto, así como, de las alianzas y las negociaciones que cada uno de los grupos tomó frente al proyecto. En varios casos, los obstáculos interpuestos por los campesinos consiguieron crear espacios de negociación; no obstante, en aquellos casos que obstaculizaban alguna obra importante del proyecto (viaducto, construcción de vías sustitutivas o del dique) y no se llegó a su expulsión por medios pacíficos, se recurrió a la violencia (ver página siguiente)

Conclusiones

El presente artículo buscó poner en cuestión el presupuesto de que la construcción de hidroeléctricas es un mecanismo necesario para generar desarrollo y bienestar social. Se mostró que existen en la actualidad diversos proyectos de expansión hidroeléctrica en América Latina bajo iniciativas gubernamentales de integración energética, como la IIRSA, y de apoyo a iniciativas privadas, como las encabezadas por la principal multinacional del sector como Endesa-Enel. Esta expansión, dada en diferentes frentes, se fundamenta discursivamente en la necesidad de los países para generar un mayor crecimiento económico a partir de la "infraestructura que la economía demanda".
Sin embargo, las consecuencias de la implementación de estos proyectos son complejas y el tema merece por ello un análisis detallado, en la medida en que en la construcción de este tipo de proyectos intervienen una multiplicidad de grupos e intereses en disputa. .
La expansión de estos proyectos hidroeléctricos necesita de la intermediación del Estado por la vía de mecanismos legales para su implementación. Tal como se mostró, en el caso colombiano existen mecanismos como la declaratoria de utilidad pública o las "subastas públicas" de energía que pueden ser decretadas por el gobierno nacional. Por otro lado, se encuentra la Licencia Ambiental, que es el mecanismo que permite una mayor interacción de los actores que se ven involucrados en el proceso.
La Licencia Ambiental permite un grado de intervención de las poblaciones afectadas, así como de instituciones que no componen el gobierno central, lo que plantea debates consultivos para su expedición. Por ello, el proceso de licenciamiento ambiental se convierte en el principal legitimador del proceso de construcción de un megaproyecto, debido a que necesita de audiencias públicas y mesas de concertación.
Así, el realizar audiencias públicas, junto con otra serie de requisitos, demuestra cómo se generan disputas asimétricas entre los diferentes actores involucrados. Se trata de una asimetría acentuada por la parcialidad que puede darse por los organismos del gobierno, que en el caso colombiano se ha encargado de impulsar la "seguridad jurídica" para los inversionistas, con el objetivo de que puedan gozar de la menor cantidad de obstáculos para implementar sus proyectos.
En el caso de la hidroeléctrica El Quimbo, un estudio técnico (el EIA, 2008) fue la base para clasificar en diferentes "grupos poblacionales" las compensaciones contenidas en la Licencia Ambiental (después de estudios complementarios, las audiencias públicas y mesas de concertación). Estas compensaciones tuvieron como resultado la fractura de las comunidades del área en diferentes grupos, dependiendo de si fueron o no censados y su condición o no de propietarios/"poseedores" de tierra. Así, se generaron diferentes protestas frente a la implementación del proyecto.
Igualmente, respecto de a las protestas generadas por la construcción del proyecto, algunas lograron modificaciones parciales del mismo (como la construcción de los comodatos), y en el caso de que la negociación con los diferentes grupos que obstaculizaban el normal desarrollo del proyecto no llegara a un acuerdo, el Estado utilizó la violencia o la amenaza de violencia por medio del ESMAD.
Por último, en medio de un contexto de expansión de estos megaproyectos en América Latina, el artículo busca abrir posibilidades de reflexión entorno de la forma, como estos proyectos son implementados, sus principales presupuestos, acciones y mecanismos dentro del Estado y las comunidades afectadas; también, sobre cómo estas últimas generan diferentes formas de resistencia.
Queda así reflejado que, bajo el discurso de la "necesidad" de la expansión energética, el Estado termina siendo un colaborador para la construcción de grandes proyectos por parte de conglomerados internacionales y nacionales (estatales y/o privados), facilitando las relaciones entre lo local y lo global; y por otro lado, se muestra que en los procesos de construcción de hidroeléctricas se presentan diversas tensiones entre poblaciones locales y capitales externos. Es así, que los sistemas sociales articulados por el trabajo sobre la tierra y/o de símbolos culturales que organizan la vida social de comunidades son rotos y cambian radicalmente junto con el territorio, rompiéndose cadenas productivas y culturales construidas social e históricamente.

Notas

2 Igualmente, la privatización que se ha realizado en América Latina se ha dado sobre empresas que controlan los cuatro subsectores que componen el sector: 1) la generación de energía, que es la hidroeléctrica propiamente dicha; 2) la transmisión, que es el transporte de la electricidad desde las centrales en que ha sido generada hasta las proximidades de las ciudades, y que son las encargadas de las redes eléctricas; 3) la distribución, que lleva la electricidad desde los puntos en que termina la fase de transporte hasta los puntos de consumo; y 4) la comercialización, que es la venta final al ciudadano. En ocasiones una misma empresa puede cumplir más de una de estas funciones, en otras ocasiones son divididas.

3 Cf. "La italiana Enel toma el control de Endesa" (21/02/2009) Recuperado de: <http://elpais.com/diario/2009/02/21/economia/1235170802_850215.html>. Acceso el 18 nov. 2013.

4 En Centroamérica participa en el "Proyecto Siepac", que busca la construcción de interconexión eléctrica de 1.800 km entre seis países centroamericanos y además pretende incrementar la transferencia de potencia de 50 MW a 600 MW. En este proyecto, se creó la Empresa Propietaria de la Red (EPR), con participación de Endesa en un 11,1 por ciento con el manejo de su gerencia ejecutiva.

5 En Brasil tiene diferentes filiales: Cachoeira de 665MW y Fortaleza con 322 MW, y controla la distribución Ampla para 2,4 millones de personas y Coelce con 2,8 millones de personas, así como es la propietaria de la empresa de transmisión "Cien" entre Argentina y Brasil, con 1.000 km de red con 2.100 MW de energía.

6 En Chile y Colombia, la empresa Endesa-Enel es la principal generadora de energía y cuenta actualmente con proyectos de expansión. En Colombia, su incursión se presentó a partir de la compra de la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB) y del control de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) (EMGESA, 2009). La capacidad instalada de esta empresa en Colombia es de 2,895 MW (Empres Emgesa) y su distribución es de 2,4 millones de personas (Empresa Codensa). En Chile, tiene una capacidad instalada de 4,893 MW (Empresa Endesa Chile) y la distribución es a 1,5 millones de personas (Empresa Chilectra).

7 En Perú, tiene una capacidad instalada de 1,467 MW (Edelgel) y distribuye energía a 1 millón de personas a través de la empresa Edelnor; en Argentina, tiene una capacidad instalada por medio de dos empresas: El Chocón, con 1,328 MW, y Endesa Costanera,con 2,324. Igualmente, distribuye energía a 2,3 millones de personas a través de Edesur.

8 Como prueba de la importancia del Estado brasileño en este proceso se encuentran los "Planos de Aceleração do Crescimento" (PAC I e II),que tienen un carácter nacional y funcionan como una iniciativa de modernización y desarrollo del Brasil articulado al resto del subcontinente. Al PAC I están asociados: la Política de Desenvolvimiento Productivo (PDP), la Política Nacional de Logística de Transporte (PNLT), la Política Nacional de Transporte Hidroviário (PNTH), el Plano nacional de Viação, el Plano Nacional de Energía 2030 y la Matriz Energética Nacional 2030, la Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), el Plano Hidroviário Estratégico, el Plano Nacional de Mineraçãoy el Plano de Ordenamiento Territorial. Todos estos dispositivos se vinculan a los mismos ejes de desarrollo y a la misma visión estratégica, uniendo macro-políticas, las políticas sectoriales, regionales y territoriales. Así, la estructura del PAC I (2007-2010) se dividía en tres ejes: Logística, Energética y Social y Urbana. En el PAC 2, son seis ejes: PAC Ciudad Mejor (enfrentar los principales desafíos de las grandes aglomeraciones urbanas, propiciando mejor calidad de vida); PAC Comunidad Ciudadana (garantizar la presencia del Estado en los barrios populares, aumentando la cobertura de servicios); PAC Minha Casa Minha Vida (reducir el déficit habitacional, dinamizando el sector de construcción civil y generando trabajo y renta); PAC Agua y Luz para todos (universalizar el acceso a agua y a energía eléctrica); PAC transportes (consolidar y ampliar la red logística, interconectando los diversos modales, garantizando calidad y seguridad); PAC Energía (garantizar la seguridad del suplemento a partir de una matriz energética y desarrollar los descubrimientos en el Pré-Sal (Brasil, 2011, p.31). En la actualidad, el Plano de Aceleração ao Crescimento, PAC, busca la construcción de decenas de hidroeléctricas para los principales ríos de la Amazonia sobre las afluentes de los ríos Amazonas y Tocantis.

9 En la Amazonia brasileña hay proyectadas 41 iniciativas enfocadas en el sector del transporte (Brasil. 2011, p.37).

10 En Colombia, está proyectada, para el período 2010-2018, una expansión de 4,242 MW de energía, de los cuales 3729 MW serían producto de energía hidráulica (ACOLGEN; 2009). Estas hidroeléctricas son: Ponce III (Antioquia), con una proyección de 660 MW, a cargo de EPM (2011); Ponce IV (Antioquia), con una capacidad de 400 MW, a cargo de EPM; Amoyá (Tolima), con una capacidad de 78MW, a cargo de ISAGEN (2012); Sogamoso (Santander), con una proyección de 800MW, a cargo de ISAGEN (2014); El Quimbo (Huila) con una proyección de 396 MW a cargo de EMGESA (2014); y Pescadero Ituango (norte de Antioquia), con una capacidad de 1200 MW, a cargo de EPM y la sociedad Hidroeléctrica Pescadero Ituango (2018); Miel II (Caldas), con una capacidad de 135 MW, a cargo de EPSA-GENSA; y finalmente, Cucuana (Tolima), con una capacidad de 60 MW, a cargo de EPSA (2014). De igual forma, existe el interés en la construcción de otras hidroeléctricas, como en el páramo de Sumapaz por parte de Emgesa (EL ESPECTADOR; 2012), donde se tiene el proyecto de ocho minicentrales con capacidad total de 156 megavatios. Y en el Huila, donde se encuentran en estudios preliminares tres represas: Oporapa, Isnos y Chillurco. Hydrochina ha mostrado interés en impulsar estos proyectos con el "Plan de Aprovechamiento del río Magdalena".

11 Cf. "Contraloría se reunió con Asoquimbo y tierra digna" (16/02/2014). Recuperado de <http://millerdussan.blogia.com/2014/021601-contraloria-se-reunio-con-asoquimbo-y-tierra-digna.php>. Acceso el 20 de marzo de 2014.

12 Cf. "Sentencia T-135/13 Corte Constitucional colombiana", Bogotá, D.C. (13/03/2013). Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-135-13.htm>. Acceso el 20 de marzo de. 2014.

13 Cf. "Emgesa recibió 13.000 solicitudes para el censo" (jornal La Nación, 18/07/2014). Recuperado de: <http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/huila/item/238126-emgesa-recibio-13->. Acceso el 20 de marzo de 2014.

14 Cf. "Obras en El Quimbo avanzan en un 42%" (28/05/2013). Recuperado de http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/218421-obras-en-el-quimbo-avanzan-en-un-42>. Acceso el 20 de marzo de 2015.

15 Cf. "En 16 meses estará listo El Quimbo" (30/08/2013). Recuperado de: <http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/221743-en-16-meses-estara-listo-el-quimbo>. Acceso el 20 de marzo de 2015.

16 Cf. "Las pujas en el embalse" (12/02/2015). Recuperado de <http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/247992-las-pujas-en-el-embalse>. Acceso el 20 de marzo de 2015.

17 Cf. "En junio empieza llenado del Quimbo" (08/01/2015). Recuperado de<http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/246532-el-junio-empieza-llenado-del-quimbo>. Acceso el 20 de marzo de 2015.

18 Cf. "Minminas pide al Tribunal Administrativo que permita el llenado de El Quimbo" (24/03/2015). <http://diariodelhuila.com/economia/minminas-pide-al-tribunal-administrativo-que-permita-el-llenado-de-el-quimbo-cdgint20150324082827184>. Acceso el 24 de marzo de 2015

19 Este se impuso a partir de planes del Estado como el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, creado bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010) y que se basó en ocho estrategias: "a) consolidar una estrategia de crecimiento; b) afianzar la consistencia macroeconómica; c) desarrollar un modelo empresarial competitivo; d) aprovechar las potencialidades del campo; e) aprovechar los recursos marítimos; f) generar una infraestructura adecuada para el desarrollo; g) asegurar una estrategia de desarrollo sostenible; y h) fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico".

20 Cf. "Presidente Santos pone la primera piedra de hidroeléctrica El Quimbo", El Tiempo (08/02/2011). Recuperado de: <http://m.eltiempo.com/colombia/otraszonas/presidente-santos-pone-la-primera-piedra-de-hidroelctrica-el-quimbo/8915780>. Acceso en mayo de 2014.

21 En el presente texto se trabajará con la denominación general de Ministerio de Medio Ambiente (a menos que se haga referencia a una resolución del mismo), esto debido a que en el periodo del desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Quimbo (2007-2015) han existido dos denominaciones diferentes para este Ministerio. La primera que se enmarca en el periodo de la presidencia de Álvaro Uribe que comprende el periodo de 2002 hasta 2011 cuando el Ministerio de Medio Ambiente fue fusionado con el Ministerio de Vivienda, fundándose el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). En 2011 una reforma del Estado impulsada por el presidente Juan Manuel Santos volvió a separar estos ministerios, quedando como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MSDS).

22 Zona de Reserva Campesina (ZRC), figura legal (ley nº160, de 1994) que consiste en garantizar el acceso a la tierra al campesino, a partir de ser una: "[…] área delimitada geográficamente donde no exista la posibilidad legal de que un propietario tenga más de dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) –de extensión variable, según la calidad del suelo y la proximidad de mercados –que podría vender a otro campesino, sin que este pueda comprar una adicional. La idea es frenar, en algunas regiones campesinas y de colonización el avance del latifundio y defender así la media y pequeña propiedad" (Bravo, 2010). En Colombia existen siete ZRC en diferentes partes del país: Cabrera (Cundinamarca, centro del país), El Pato-Balsillas (Caquetá, en la frontera con el Departamento de Huila), Calamar (Guaviare, inicio de la Amazonia colombiana), Bajo Cuembí y Comandante (Puerto Asís-Putumayo, en la frontera con Ecuador), Arenal y Morales (sur de Bolívar, en el norte del país próximo al Caribe colombiano) y el Valle del Río Cimitarra (nordeste antioqueño y sur de Bolívar, interior del noroeste del país).

23 El área de inundación del proyecto abarca "28 unidades territoriales que corresponden a 19 Veredas, ocho empresas comunitarias y dos centros poblados" (EIA, 2008, p. 144).

24 En su artículo "Form and variation in Balinese Village Structure", Geertz (1965) busca encontrar los menores denominadores comunes que organizan la vida de las personas que habitaban las aldeas donde se realizó su investigación. Las unidades analizadas por el autor son: el templo, donde eran compartidos los rituales y las adoraciones; el lugar común de residencia, las costumbres que existían acerca del cultivo de la tierra en sociedades de irrigación, la comunidad adscripta a un estatus social o de castas, lazos de consanguineidad o de afinidad, miembros comunes en otra organización "voluntaria" y la subordinación a un gobierno administrativo oficial.

25 Siguiendo a Zamocs (1986), "económicamente, las empresas comunitarias fueron pensadas como cooperativas de producción de alta escala que proveían de un uso del trabajo y de otros recursos más racional, y así expandían la absorción de innovaciones tecnológicas, y facilitaban el acceso a crédito y otros servicios, mejoraban la posición de los campesinos en el mercado y simulaban un proceso de capitalización que generaría un crecimiento auto-sostenido"(p. 174. Traducción propia). Igualmente, el título dentro de las empresas comunitarias permanecería indivisible por un número de años y posteriormente podría ser diluida en pedazos de tierra por núcleo familiar.

26 En el municipio de Gigante están las empresas La Libertad, Los Cocos, Remolino y Las Peñas; en cambio, en el municipio de El Agrado están las empresas La Escalereta, Los Lagos, El Triunfo y La Cañada, que cubren un área de 3.444 hectáreas (EIA, 2008).

27 Respecto de lo que se conoce como "producción de subsistencia", es importante observar que en la organización de la vida económica familiar campesina la unidad de producción y la unidad de consumo pertenecen a dos esferas diferentes de la vida económica, esto desvirtuando afirmaciones de algunos autores que creen que estas comunidades "producen lo mismo que consumen". Así, las relaciones entre las esferas de la producción, la comercialización y el consumo están presentes en estas sociedades, y guardan una importante complejidad, tal como lo muestran autores como Heredia (1979) con el estudio de una comunidad rural del nordeste de Brasil.

28 Igualmente, otro de los motivos por los que no fue expedida la Licencia Ambiental en el año 1997 fueron las masivas protestas campesinas del paro nacional del año 1996, donde participaron principalmente cafeteros y cocaleros a nivel regional. Ello generó un clima de inestabilidad del entonces gobierno nacional, que estuvo acosado fuertemente por problemas internos de legitimidad (en lo que se llamó el Proceso 8000). Así, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció en el Auto 517 de 1997 que "conviene no desestimar esta fuerza organizativa [de los campesinos], ni las implicaciones políticas que el proceso de reubicación puede generar, en el contexto de la actual situación social del país".

29 El primer intento de construir la hidroeléctrica se inició en el año 1995 con la empresa Central Hidroeléctrica de Betania (CHB), empresa estatal que estaba sufriendo un proceso de compra por parte de Endesa-Chile. La compra fue materializada en el año 1997 y su estructura interna cambió a partir de la fundación de Emgesa, empresa nacida de la privatización de la EEB, de la cual hizo parte posteriormente la CHB. Esto generó una nueva estructura organizativa que articulaba el sector de generación de energía con capitales internacionales, apoyada por el gobierno nacional, lo cual incidió notablemente en la expedición de la Licencia Ambiental en 2009.

30 Bajo este mecanismo, fueron concesionadas en 2008, el 6 de mayo, tres plantas de generación de energía: Gecelca III (carbón-150 MW), Amoyá (Hidráulica-78 MW) y Termocol (Gas-200 MW). Y el 13 de junio, seis plantas: Pescadero Ituango (Hidráulica-1,200 MW); Sogamoso (Hidráulica-800 MW); Quimbo (Hidráulica-396 MW); Ponce IV (Hidráulica-400 MW); Miel II (hidráulica-135 MW); y Cucuana (Hidráulica-60 MW).

31 Formalmente, el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia se inicia con una solicitud frente a la autoridad competente, ya sea frente al Ministerio de Medio Ambiente o con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). El proceso con una u otra autoridad ambiental depende de la magnitud del proyecto. Así, los grandes proyectos van para el Ministerio (igual o más de 100 MW de capacidad) y los menores, para las CAR (menos de 100 MW) (Decreto 1220 de 2005).

32 En el artículo se realiza una diferencia entre las categorías expuestas por la empresa Emgesa plasmadas en la Licencia ambiental y las categorías surgidas a partir del trabajo de investigación realizado en el área. De este modo, las categorías expuestas por la empresa y la institucionalidad se realizaran entre comillas como "jornalero", "mayordomo", "partijero", mientras las que son construidas por medio del trabajo investigativo se realizarán en cursiva, esto para demostrar en el texto la existencia de una disputa clasificatoria.

33 Las Audiencias públicas se pueden realizar siguiendo lo que dice la ley (art. 72 de la ley 99 de 1993, y su reglamento contenido en el Decreto 330 del 8 de febrero de 2007). Pueden ser solicitadas por "el Procurador General de la Nación o el delegado para asuntos ambientales, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los Gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro (…)",. De la misma forma, establece que "en la audiencia pública se podrán recibir las informaciones y pruebas que se consideran conducentes. La decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas colectadas durante la audiencia".

34 Los 14 miembros de las Mesas de Concertación fueron los siguientes: 1) el presidente de la Mesa de Concertación, El Gobernador; 2) el vice-ministro de Minas; 3) el representante del Ministerio de Agricultura; 4) la representante del Ministerio de Medio Ambiente, Diana Marcela Zapata, directora de licencias ambientales; 5) el representante de la Asamblea del Huila; 6) el representante de los grandes propietarios de tierra; 7) el representante de los medianos propietarios de tierra; 8) el representante de los pequeños propietarios de tierra; 9) el representante del Congreso de la República; 10) el representante del gremio de los productores, el Director del Comité de Cafeteros de Huila; 11) dos representantes de Emgesa el Gerente General Lucio Rubio, y el Director del proyecto, Julio Santafé; 12) los Alcaldes de los municipios del área de influencia del proyecto; 13) el rector de la Universidad Surcolombiana (USCO); 14) el representante de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM). En: "Continúa concertación sobre el Quimbo en Neiva" (febrero de 2009), Gobernación del Huila. Recuperado de: <http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7534&Itemid=16>. Acceso el 18 de diciembre de 2013.

35 "Quimbo alcanzó la máxima cota".Diario La Nación, Neiva, 13 de febrero de 2009.

36 En una entrevista realizada en el año 2010, un habitante de la región afectada afirmó sobre el alcalde de Gigante, Julián David Díaz: "Aquí el que nos hizo una jugada dura fue el Julián. Ahora fue que se volvió y se metió al cuento, él en una reunión con la gente se comprometió a no firmar nada con Emgesa mientras no consultara y estuvieran de acuerdo las comunidades, era un bloque. Y lo llamaron a Neiva y ¿qué hizo? ¡Firmó! Y estuvo encima del gerente de Emgesa y después, cuando vino, le dijeron: `Julián ¿qué pasó?´ Y dijo: `No, allá me acorralaron, me hicieron gavilla´ (acción realizada bajo presión) y firmó".

37 Otro de los compromisos firmados fue el aporte por una sola vez de $16.500 millones de pesos destinados a la ejecución de proyectos previstos en los planes de desarrollo municipales. Fueron distribuidos así: $1.200 millones para cada uno de los municipios –Paicol, Tesalia y Altamira-; $5.100 millones para El Agrado y $3.900 millones para cada una de las localidades de Garzón y Gigante. Los recursos serán girados a una fiducia que se fondeará por parte de Emgesa S.A. en la medida que sean requeridos para la ejecución de los proyectos identificados por los municipios.

38 La Asamblea departamental del Huila, el 30 de octubre de 2008, declaró por unanimidad "Oponerse radicalmente a la construcción de la represa El Quimbo hasta tanto las consideraciones y conclusiones obtenidas de dicho debate al igual que las consideraciones de las comunidades, de las administraciones municipales y departamental y de los parlamentarios de la región sean incluidas en el estudio de impacto ambiental" (Archivo 4090 del MAVDT, consultado en 2010).

39 Cf. "Quimbo sería inviable, diario La Nación (28/04/2010). Recuperado de: <http://www.lanacion.com.co/2010/04/28/%E2%80%98quimbo-seria-inviable%E2%80%99/>. Acceso el 20 de febrero de. 2014.

40 Una de las modificaciones acerca de las compensaciones que constaban en la Licencia Ambiental (Resolución nº899 de mayo de 2009) se refirió al "grupo poblacional", clasificado como "ocupantes", definidos en la Licencia como la "persona que ocupa con o sin vivienda y con actividad agropecuaria, espacios de uso público con restricciones legales para su adquisición, o propiedades comprobadas, siempre que haya ostentado tal condición por un tiempo mayor a cinco años de anterioridad a la Resolución nº321 de septiembre de 2008 del Ministerio de Minas e Energía". Esa condición iba a permitir a todas esas personas contempladas a recibir una compensación de 5 hectáreas, tuvieran o no los "papeles en regla". No obstante, Emgesa demandó y consiguió modificar esta parte de la resolución, haciendo que ese grupo pasara a definirse por la Licencia como "ocupantes en situación irregular" por la Resolución nº1628 de agosto 2009, que anuló la obligación de la empresa de dar tierra a esas personas, y sujetó sus compensaciones a un "estudio de vulnerabilidad" (Resolución nº1814 de septiembre de 2010). El estudio de vulnerabilidad fue realizado por la misma empresa en 2011, pero los "vulnerables" fueron clasificados como "residentes no propietarios", y se los forzó a aceptar una compensación en dinero, lo que redujo los costos de las compensaciones sociales de Emgesa.

41 Cf. "Crece malestar por expropiación de tierras en el Quimbo", La Nación (19/01/2014). Recuperado de: <http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/huila/item/228781-crece-malestar-por-expropiacion-de-tierras-en-el-quimbo>. Acceso el 20 de marzo de 2014.

42 En este sentido, es una importante referencia el trabajo realizado por Vianna (2012) sobre la aprehensión de un funcionario de la empresa ELECTROSUL, en Lajeado Pepino, un pequeño poblado que sería impactado por la represa de Machadinho (sur de Brasil). En su análisis, muestra las diversas motivaciones que pobladores tuvieron para realizar la aprehensión y como este hecho constituyó una acción social que abrió espacios de negociación. Así a partir de la confluencia de diferentes actores con creencias e intereses diferenciados, se firmó un acuerdo entre el movimiento social Comissão de Barragens (CRAB) y la empresa de energía, que paralizó parte de las obras de ese proyecto.

43 El sitio de internet de la ONG es http://ilsa.org.co:81/node/2

44 Dificultades de orden económico y de formación de personal en Derecho en los movimientos que se oponen a la construcción de este tipo de proyectos, ha hecho que muchas de las disposiciones legales no hayan sido utilizadas para actuar a favor de los afectados. Un ejemplo de ello ha sido el Decreto 1.277 del Ministerio de Agricultura de junio de 2013, "Por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras" que estima que se deben entregar tierras a las personas vulnerables por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo, como son los "residentes no propietarios. No obstante, esta disposición legal es en la actualidad "letra muerta".

45 Según Miller Dussan, líder y académico de Asoquimbo en relación con este momento expuso en una entrevista: "con los pescadores, una vez me dijeron que se iban a tomar las obras. Y a veces el sector externo me decía `¿Qué va a hacer, profesor? ¿Va a autoriza o no?´. Eso es un riesgo. Algunos decían, dentro de la lógica del estudiante: `Eso es como anarquismo, eso no se ha organizado bien´. Y yo les preguntaba: ` ¿Ustedes están seguros de lo que van a hacer?´ Y me dijeron: `Sí, estamos seguros´. Entonces les decía: `Listo, entonces háganlo: yo los apoyo´. Hasta el mismo equipo me decía, profesor no lo apoye, y esa resistencia duró 7 meses" (Entrevista Miller Dussan, noviembre 2013).

46 En una de las cartas enviadas al Ministerio de Medio Ambiente, uno de los patrones, en junio de 2011, estimaba: "Las negociaciones que venían adelantándose con Emgesa, estaban en su recta final, veníamos encontrando soluciones a las objeciones interpuestas por las partes. Siempre ha quedado como exigencia el continuar haciendo uso de los predios hasta que el desarrollo de las obras del proyecto nos lo permitan. En paralelo debíamos haber no solamente ya cerrado el negocio de adquisición de tierras como iniciado las obras que nos permitan continuar con un proceso productivo que como lo dice el ministerio en su resolución mitigue los efectos negativos del desarrollo del proyecto en nuestra actividad productiva. Sin embargo, es precisamente su decisión de suspender las negociaciones las que en este momento generan nuevamente una incertidumbre, daños, prejuicios y ponen nuevamente en peligro nuestro interés y derecho constitucional de desarrollar empresa. Pues está claro que entre más tarde el proceso de negociación más tardaremos nosotros también en reubicarnos y reconstruir nuestra empresa, lo que generaría un lapso de tiempo improductivo entre la fecha que tengamos que entregar y la fecha en que podamos reiniciar actividades productivas en otra parte, perjudicando así todos los trabajadores de la sociedad y aumentando el lucro cesante al no tener ingresos por producción y desde luego utilidades" (Carta de Agropeces Lda. al Ministerio de Medio Ambiente. Garzón, 23 de junio de 2011. En: ANLA, Arch.4090, carpeta 34, p. 7271).

47 "Los días 14 y 15 de febrero el ESMAD realizó, de manera violenta e innecesaria, un desalojo de las más de 600 personas que estaban legalmente habitando las orillas del río (ley 1.242 de 2008). Este desalojo resultó en 3 personas heridas incluyendo a Luis Carlos Trujillo Obregón quien perdió su ojo derecho. ¿De dónde era el origen de la orden de desalojo del segundo día de la Honda, Gigante ya que se sabe que l] orden de desalojo del primer día fue por el alcalde de Paicol y el alcalde de Gigante negó que él hubiera firmado un acto de desalojo? El presidente de CODENSA es José Antonio Vargas Lleras, hermano del entonces ministro del interior German Vargas Lleras" (Miami, 29 de febrero de 2012. ANLA, Archivo 4090, folio 11766).

48 Así, después del desalojo violento, la representación de Asoquimbo sobre los pescadores desapareció. No obstante, grupos de pescadores han encabezado nuevas manifestaciones, bloqueando vías o impidiendo que funcionarios de Emgesa ingresen por periodos de tiempo a sus Veredas, sin que estas manifestaciones tuvieran los mismos efectos que el bloqueo de las obras realizados entre 2011 y 2012. Ver: "Pescadores taponan vía a El Quimbo" (26/03/2014). Recuperado de: <http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/232383-pescadores-taponan-via-a-el-quimbo>. Acceso el 20 de marzo de 2013

49 Cf. "¡ÉL VÍDEO QUE EL GOBIERNO COLOMBIANO NO QUIERE QUE VEAMOS! (20/02/2012) Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=BFv4HG8ALeA>. Acceso el 20 de marzo de 2013

50 Cf. "Presidente asegura que en el desalojo de El Quimbo no hubo exceso de fuerza" (27/02/2012). Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/presidente-asegura-desalojo-el-quimbo-no-hubo-exceso-fuerza/254105-3>. Acceso el 20 de marzo de 2013

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Fecha de recibido: 4 de octubre de 2013
Fecha de aceptado: 31 de diciembre de 2014
Fecha de publicado: 1 de abril de 2015

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