A partir de las reformas impulsadas en el marco del paradigma neoliberal, los mundos rurales argentinos presenciaron profundas transformaciones. Las economías regionales –aquellas que tradicionalmente se orientaron al mercado interno y presentaban dinámicas diferenciales con los cultivos pampeanos cuyo destino combinaba la exportación con el consumo nacional– fueron muy afectadas por estos cambios. En ello tuvieron un rol nodal una serie de políticas públicas que, por un lado, desarticularon los marcos regulatorios que contenían a los productores rurales y, por el otro, favorecieron el avance de nuevos actores productivos. La extensión del nuevo paradigma rural conocido como agronegocio (Giarracca y Teubal, 2008) potenció la participación de grandes empresas en desmedro de los productores tradicionales asentándose en la utilización intensiva de tecnología de punta y una creciente presión sobre los recursos naturales, principalmente tierra y agua.

En este contexto, proponemos analizar las transformaciones productivas en el Valle de Famatina ubicado entre el cordón homónimo y el de Velasco en La Rioja, Argentina, y que incluye los departamentos de Chilecito y Famatina¹. Para ello, comenzaremos con un análisis de contenido de dos documentos de política pública (la Ley 22021 de Franquicias Tributarias y el Decreto presidencial 2284/91 de Desregulación Económica) que tuvieron un profundo impacto en la economía de la zona. La producción agrícola de la región se basa principalmente en tres cultivos típicos (nogal, oliva y vid) que, al tratarse de un ecosistema semidesértico, dependen del riego artificial para desarrollarse. Como estrategia argumentativa, reconstruiremos los elementos principales de los modelos productivos que pueden encontrarse en el Valle haciendo hincapié en la gestión del recurso hídrico que cada una propicia. El primer modelo lo identificaremos con los actores más concentrados surgidos a partir de los diferimientos impositivos que se establecieron para la zona desde finales de la década de 1970. El segundo responderá a las estrategias de los pequeños y medianos productores del Valle. Para abordar este trabajo recurriremos al análisis de datos estadísticos, estudios técnicos de la zona y a entrevistas realizadas a distintos productores entre 2009 y 2012.

1. La extensión del modelo del agronegocio en Argentina

El despliegue de los primeros elementos del modelo del agronegocio en Argentina puede rastrearse hasta la década de 1970. A partir de aquellos años, Giarracca y Teubal (2008) destacan una profunda transformación de las condiciones políticas y los arreglos institucionales que delineaban los esquemas de desarrollo de los años anteriores. Sin lugar a dudas, el punto de inflexión fue la última y más violenta dictadura militar que se instauró en Argentina en 1976. A partir de allí, se activaron mecanismos de disciplinamiento social que incluyeron la represión y desaparición de personas como política de debilitamiento de los sectores populares en pos de la reconcentración del poder por parte de los actores político-económicos que impulsaban el modelo neoliberal. Al terrorismo de Estado se sumó la violencia económica surgida tanto de las distintas medidas regresivas aplicadas por el gobierno de facto, como de la articulación entre los shocks económicos de los primeros años de democracia y las políticas públicas que, con el argumento de la estabilización, deterioraban cada vez más las condiciones de vida de la sociedad. En este contexto, la apertura de la economía al mercado mundial, el sobredimensionamiento del sector financiero y el aumento de la deuda externa se impusieron como axiomas del modelo económico. En paralelo, las políticas de ajuste estructural combinaron las privatizaciones de los bienes y espacios públicos con la flexibilización del mercado laboral.

En los mundos rurales, estos cambios se sumaron a diversos hitos tecnológicos. El primero de ellos se dio a mediados del siglo XX, cuando comenzó a difundirse la Revolución Verde que implicó la introducción y masificación de las semillas híbridas, principalmente de maíz, trigo y arroz; el deterioro de la diversificación productiva y el incremento del uso de insumos comerciales (fertilizantes químicos, plaguicidas, etc.). En nuestro país, este proceso de carácter global comenzó algunos años después e implicó la creciente transnacionalización de la industria de insumos y los desarrollos científicos, junto con una mayor dependencia tecnológica por parte de los productores directos. De esta manera, las grandes empresas adquirieron mayor autonomía y capacidad de decisión sobre qué, cómo y con qué producir. Asimismo, el requerimiento de maquinaria moderna para desarrollar las nuevas formas de producción llevó al fuerte endeudamiento de los actores agrarios, a punto tal que hacia la segunda mitad de los 90's había más de 12 millones de hectáreas hipotecadas por los bancos (Teubal, 2006, p. 19).

En esta línea, Gras (2012) afirma que el modelo del agribusiness o agronegocio se caracteriza por un mayor peso de las empresas industrializadoras y proveedoras de insumos y la creciente capacidad del capital agroindustrial para definir el tipo y la forma de producción a partir de nuevos esquemas como la agricultura de contrato. Asimismo, la autora señala otra serie de elementos vinculados a la agricultura globalizada:

a) modalidades novedosas de tenencia de la tierra y de arreglos financieros, comerciales y de organización para la producción; b) incremento de la concentración y transnacionalización del sector proveedor de insumos y de las empresas comercializadoras; c) intensificación en el uso de los distintos factores de la producción junto con cambios tecnológicos en la calidad de los insumos e innovaciones genéticas; d) importancia de las lógicas de valorización financiera - a diferencia de las formas de creación de valor clásicas –y sus consecuencias en términos del aumento de la velocidad de rotación del capital–; e) procesos de regionalización de las grandes empresas productoras que incluyen la participación de capitales no agrarios, nacionales y extranjeros; f) aumento de la concentración de la tierra, proceso acompañado por un incremento de su extranjerización; g) ampliación de la lógica del mercado en la asignación de recursos y políticas públicas que favorecen la expansión del agronegocio en detrimento de las políticas de apoyo a la agricultura familiar y campesina (Gras, 2012, p. 6).

Si entendemos al agronegocio como una configuración específica de la máquina social capitalista en el mundo rural, podemos considerar que las transformaciones que ha generado tienen diversas escalas explicativas. Si bien sus dinámicas tuvieron origen en tendencias globales del capitalismo de finales del siglo XX, las mismas se tradujeron, con sus particularidades, en los distintos ámbitos nacionales e incluso en las diversas regiones de nuestro país.

2. Abordaje metodológico

Para poder dar cuenta de la diversidad de impactos que puede haber tenido la extensión de una nueva lógica productiva, consideramos imprescindible recurrir a un "uso combinado" (Valles, 2002) de metodologías cualitativas y cuantitativas.

En relación con el primer grupo de técnicas, nos centraremos en el análisis del contenido de dos documentos de política pública (la Ley 22021 y el Decreto presidencial 2284/91). El objetivo de esto es reconstruir los alcances de dichas medidas sobre la economía del Valle de Famatina, principalmente en lo que remite al impulso de ciertos actores y técnicas productivas. Asimismo, el trabajo presenta el análisis y extractos de 18 entrevistas en profundidad realizadas a productores de los departamentos de Famatina y Chilecito. En las mismas, se rastrearon principalmente los sentidos y representaciones de dichos actores en torno a sus vivencias respecto de los cambios y continuidades en la producción agropecuaria en las últimas décadas, ahondando, además, en sus percepciones sobre la disponibilidad y el uso de los recursos hídricos.

En lo referido a las técnicas cuantitativas, el presente trabajo analiza un conjunto de fuentes estadísticas de diverso origen. Por un lado, se presenta el cruce de datos provinciales y departamentales de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2008, haciendo foco en el uso y control de la tierra, el tipo de producciones de la región y la utilización de agua para riego. Por otro lado, a fin de dar cuenta de los impactos de la extracción de agua subterránea se realizó el procesamiento de los datos parciales de un censo de pozos realizado por una dependencia regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Finalmente, se recuperaron los datos y avances de varios informes técnicos y bibliografía especializada de diversas fuentes.

3. Los actores del agronegocio en el Valle del Famatina. El caso de los diferimientos impositivos

3.1. Las condiciones de posibilidad a nivel institucional

La instauración y consolidación de los agronegocios requirió desmontar todo el andamiaje institucional que, desde la década de 1930, mantenía cierta estabilidad en los esquemas económicos gracias a subsidios, precios sostén y demás. Esta transformación de las condiciones político-institucionales permitió que los complejos agroalimentarios se extendieran, desplegando procesos de concentración horizontal y vertical, a la vez que las escalas de producción de los cultivos se incrementaban con la desaparición de explotaciones agropecuarias. Además, el incremento de la demanda de ciertos commodities agrarios impulsó un avance de la frontera agropecuaria que desplazó a comunidades campesinas, indígenas y productores chacareros, y se extendió a ecosistemas ricos en biodiversidad como las yungas y los montes nativos.

Como primer ejemplo de estos cambios institucionales puede considerarse la Ley 22021 de franquicias tributarias y sus modificaciones que permitieron la expansión de los diferimientos impositivos. La misma fue emitida por el entonces gobierno dictatorial y buscaba "estimular el desarrollo económico de la Provincia de la Rioja" (Ley 22021, 1979) a partir de un régimen de franquicias tributarias que incluyó desgravaciones, exenciones y diferimientos variables por un plazo de 15 años. Los impuestos nacionales alcanzados por la norma incluían el impuesto a las ganancias, al capital, al valor agregado, y derechos de importación sobre bienes de capital.

La ley incluía diversos sectores económicos y, en el caso de las actividades agropecuarias, procuraba impulsar la expansión de empresas ya existentes mediante la desgravación del impuesto a las ganancias –por las inversiones que las mismas realizaran–, y del impuesto al capital por 15 años. Esto implicaba un impulso a la modernización de las fincas existentes. Para el caso de las nuevas explotaciones, la norma preveía la exención por quince ejercicios del pago del impuesto a las ganancias, impuesto nacional de emergencia a la producción agropecuaria e impuesto al capital de las empresas, según una escala decreciente. Asimismo, estas nuevas explotaciones podían tener origen en el saneamiento de la propiedad rural indivisa y del minifundio o en la extensión de la frontera agropecuaria a partir de la incorporación de "tierras a la producción mediante la extracción de agua de subsuelo" (Ley 22201, 1979. El destacado es nuestro). A estas ventajas se sumaba –previa aprobación de la autoridad de aplicación– una desgravación del 50% en el impuesto a las ganancias de las sumas pagadas en concepto de mano de obra y servicios personales, incluidas las cargas sociales.

En términos productivos, la ley extendía, en la provincia de La Rioja, las exenciones del pago de impuesto a las ganancias a la adquisición de: ganado vacuno, porcino, caprino y ovino; maquinaria agrícola; instalaciones eléctricas; galpones y silos; aguadas; perforaciones e instalaciones para riego; implantación de pasturas permanentes; vivienda única para el productor; trabajos de desmonte; entre otras.

El alcance de esta ley se fue ampliando a lo largo de los años tanto desde el punto de vista geográfico, temporal y normativo al punto tal que la misma se articuló con más de 40 resoluciones, leyes y decretos. Dentro de esta miríada regulatoria se destacan:

* la prórroga del plazo de beneficios, primero mediante leyes especiales y luego a través de su inclusión en las leyes de Presupuesto General de la Administración Nacional;

* el reinicio periódico de los beneficios para poder incorporar nuevos proyectos;

* la inclusión en el régimen de beneficios tributarios de nuevas provincias o departamentos en Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones y Córdoba;

* el empadronamiento en 1996 de todos los proyectos productivos alcanzados por la norma;

* el establecimiento de regímenes optativos de cancelación anticipada parcial y/o total de las obligaciones fiscales diferidas;

* en 2003, a 24 años de promulgada la Ley 22021, se creó el Reglamento para la investigación de infracciones al régimen de promoción no industrial que incluía las modificaciones realizadas hasta ese momento.

Hacia mediados de la década de 2000, se produjo un cambio en la tendencia en torno a la política de diferimientos que se condensa en el Decreto 135/06 en el que se expresaba "que es voluntad política del Gobierno Nacional procurar una extinción ordenada del régimen de promoción no industrial instituido por la Ley Nº 22021 y sus modificatorias" (Decreto 135, 2006). Con ello se interrumpió la tendencia de renovación periódica de los beneficios, y se reemplazó por un sistema orientado al análisis de cada proyecto y a la aprobación para los mismos de los diferimientos impositivos. En 2010 se extendió por 2 años el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado "a fin de procurar la salvaguarda de los puestos de trabajo comprometidos en los proyectos promovidos" (Decreto 669, 2010). Esto amplió el periodo de beneficio de las empresas a 17 años, pero la falta de reglamentación de la norma impidió su cumplimiento (Pedraza, 26 de junio de 2013).

La Ley 22021 favoreció la instalación de proyectos productivos de diversa índole pero todos ellos compartían una escala mucho más grande que la de las tradicionales explotaciones del Valle. A ello se sumó una transformación en los cultivos, a raíz de los cambios en el mercado que fueron posibles a partir del otro gran ejemplo de la institucionalidad neoliberal: el Decreto 2284 de 1991, de Desregulación Económica.

Hacia comienzos de la década de 1990, el discurso neoliberal de la privatización y la desregulación se articulaba con el vaciamiento de las propias instituciones del Estado, lo que dificultaba aún más el desempeño correcto de las funciones estatales de regulación. En este proceso se redujo la planta de empleados de la Secretaría de Agricultura de la Nación y, a comienzos de 1991, se iniciaron los planes de reestructuración que despidieron una gran cantidad de empleados y redujeron los recursos para intervenir.

El Decreto 2284 de Desregulación Económica vio la luz el 31 de octubre de 1991 de manera bastante imprevista, incluso para algunos de los máximos afectados. Por su alcance y contexto adquirió el statu de hito de la institucionalidad pública neoliberal en diversas instancias de la economía. Gracias al estado de emergencia vigente desde 1989, se procedió a desregular el comercio interior y exterior de bienes y servicios a partir de la abolición o la redefinición de los entes reguladores, la estructura fiscal, el mercado de capitales, el sistema de seguridad social, y la institución de la negociación colectiva. Bajo el argumento de la construcción de una economía popular de mercado, el decreto reconfiguró el andamiaje institucional que regulaba diversos sectores de la economía. Según la letra y el espíritu de la norma, la existencia de los entes reguladores surgidos desde 1930 terminó generando una proliferación excesiva de instancias públicas que restringieron por mucho tiempo los derechos constitucionales de comerciar, trabajar y ejercer industria lícita. De manera similar a la que Polanyi (1957) describe en otros períodos históricos, la instauración del libre mercado requirió de la participación activa del Estado para ponerlo en funcionamiento, pero también para sostenerlo una vez que el mismo estaba más o menos desarrollado. Justamente, el Decreto 2284, junto a un paquete de medidas que incluía leyes, decretos y fallos judiciales, conformaban el contraandamiaje que se erigió para impulsar el libre mercado y a la vez desplazar las instituciones reguladoras de la producción y el comercio.

Como mencionamos, el decreto versaba sobre varios puntos de la economía, pero es en el capítulo III en el que se encuentran los artículos que afectaron de manera más intensa el andamiaje institucional que regulaba la actividad agropecuaria y alimentaria. En el artículo 34 se disponía la disolución de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto Forestal Nacional, el Mercado de Concentración Pesquera, el Instituto Nacional de la Actividad Hípica, la Corporación Argentina de Productores de Carne, y el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Las funciones remanentes de estos organismos quedaron en manos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y algunos otros organismos. Lo mismo ocurrió con el personal que estaba afectado a ellos y no accedió al retiro voluntario. Seguidamente, el artículo 45 disolvía la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, el Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate y la Dirección Nacional del Azúcar.

En lo referente al sector vitivinícola –que por aquel entonces representaba una de las actividades más importantes del Valle de Famatina en La Rioja–, el decreto dispuso la liberación del cultivo, cosecha, implantación, industrialización y comercio de la vid. Por su parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura mantuvo su existencia pero sus prerrogativas se limitaron a la fiscalización de la genuinidad de los productos. La eliminación de las políticas comerciales y productivas del organismo se realizó bajo el argumento de

que la legislación regulatoria de la vitivinicultura estimuló desequilibrios en los mercados del vino, mosto y uva en fresco, alentando o desalentando el cultivo de acuerdo a distintas y contradictorias políticas, mediante cupificaciones, bloqueos, usos obligatorios de las uvas y vinos, e incluso de erradicación de viñedos (Decreto 2284, 1991).

Junto con los organismos se eliminó toda capacidad de intervención de las agencias estatales sobre los mercados agroalimentarios más importantes del país, en coincidencia con la voluntad de dejar que cada uno de los mercados se autoregule. Es paradójico que, tanto en los considerandos como en la parte resolutoria, las referencias a los productores que fueron afectados por la desaparición de los organismos fueron apenas escasas y oblicuas.

3.2. Las transformaciones productivas

Si consideramos a la Ley 22021 de franquicias tributarias de 1979 como un factor interviniente sobre la estructura agraria² de La Rioja en general y del Valle en particular, el primer periodo censal pasible de ser comparado es el que se extiende entre el CNA de 1969, y el de 1988. Sin embargo, durante estos años el impacto de la ley fue casi nulo a punto tal que para 1988 sólo había 6 proyectos promovidos en toda La Rioja, mientras que entre ese año y 2002 se iniciaron 129 explotaciones, lo que constituye un 85% del total de los proyectos promovidos entre 1981 y 2010 (Pedraza, 2014, p. 224).

Para abordar el período 1988-2002, proponemos analizar los cuadros 1 y 2 en los que se destaca la combinación de una reducción del total de las EAP del Valle con un aumento de la superficie agropecuaria del Valle de casi un 75%. Esto denota la incorporación de tierras que hasta el momento no estaban en producción, hecho que, en esta región, está inexorablemente atado a la extracción de agua subterránea. A partir de los datos aportados por informantes clave, la Dirección General de Estadística y Sistemas de Información de La Rioja (s.f.), y nuestro trabajo de campo consideramos que son pequeñas explotaciones aquellas que no exceden las 10 ha, medianas las que se encuentran entre las 10,1 y las 200 ha, y a partir de dicha extensión son grandes explotaciones. En el marco de esta estratificación, los cuadros muestran que el estrato de las grandes explotaciones agropecuarias (EAP) –en el que se encuentran los diferimientos impositivos– fue el más beneficiado. Tal es así que en términos absolutos, el área que corresponde a las explotaciones de más de 100 hectáreas casi se duplica, mientras su número crece un 70% al pasar de 49 a 83 EAP. Este proceso de concentración de la tierra se tradujo en un crecimiento del 105% de la superficie promedio de las EAP del Valle.

En lo que respecta al régimen de tenencia de la tierra, no hubo mayores modificaciones. Mientras en 1988 el 98,3% de la tierra del Valle de Famatina estaba en propiedad o sucesión indivisa, para 2002 este valor había alcanzado el 98,9%. Esto implicó que la expansión de la frontera productiva se diera a partir de la compra de tierras –seguramente a valores muy bajos–, pues la enorme mayoría de las mismas no contaban con riego tradicional y sólo podían incorporarse a la producción a través de fuertes inversiones en perforaciones y sistemas de irrigación. Lamentablemente la información publicada del CNA 2008 no permite reconstruir el régimen de tenencia de la tierra por departamentos pero, tras varios trabajos de campo en la zona, podemos afirmar que la situación no parece haberse modificado.

Queda aún considerar el Censo Agropecuario de 2008. Antes de trabajar con dicho relevamiento es necesario recordar que el mismo tuvo problemas al momento de la recolección de los datos que afectaron principalmente a la región pampeana (Giarracca, 21 de septiembre de 2009 e Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC, 2009b). Sin embargo, en la provincia de La Rioja se cubrió el 96,6% de la superficie relevada en 2002 (INDEC, 2009a). Esto nos permite utilizar los datos para esbozar hipótesis fidedignas sobre el comportamiento de las variables examinadas en este trabajo. Así, vemos que la tendencia a la retracción en el número de EAP continuó afectando en términos absolutos a todos los estratos. En términos relativos, la cantidad de pequeñas y grandes explotaciones se retrajo a favor de las medianas. La superficie agropecuaria del Valle se contrajo casi un 30% lo que afectó congruentemente a todos los niveles y, en términos relativos, más intensamente a las EAP de más de 100,1 ha. La tendencia hacia una reducción de las explotaciones se mantuvo, pero la novedad en este caso fue la retracción de las grandes explotaciones.

Cuadro 1: Cantidad y superficie de las EAP por estratos en el Valle de Famatina

Fuente: INDEC.

Cuadro 2: Cantidad y superficie de las EAP por estratos en el Valle de Famatina (%)

Fuente: INDEC.

Podríamos suponer que los problemas del relevamiento explican una parte de la desaparición de las 26 empresas mayores de 100,1 ha entre 2002 y 2008, sin embargo, pueden ensayarse otras hipótesis explicativas. Una de ellas podría conectarse a la inestabilidad o volatilidad de los diferimientos en el impulso de la producción debido a su propio carácter accesorio, pues muchas empresas utilizaban estos emprendimientos para acceder a facilidades impositivas. Ello podría haber permitido el abandono de algunas grandes explotaciones tras el vencimiento de los beneficios, sin embargo, en el cuadro 3 se observa que la superficie implantada en el Valle se mantuvo estable. Por ello, en caso de existir abandono de proyectos entre 2002 y 2008, serían aquellos que aún no habían sido implantados.

Cuadro 3: Superficie implantada por cultivo (Ha)

Fuente: INDEC.

Otro elemento a considerar es la transformación de la fisonomía productiva del Valle: el avance de la olivicultura. Cáceres, Novello y Robert (2009, p. 53) aportan datos que permiten afirmar que el 80,21% de la superficie olivícola del Valle (ubicada en su totalidad en el departamento de Chilecito) es concentrada por 16 explotaciones de más de 100 ha que representan el 7,51% de la EAP con olivo en la región. Esto implica que una parte importante de dicho cultivo se realiza en grandes explotaciones a lo que se suma que el olivo ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas a partir de los beneficios impositivos. Tal es así, que de las 25.602 ha provinciales cultivadas bajo la promoción de la 22.021, 19.738 (77%) se dedicaron al olivo, seguido por la jojoba (11%), la vid (7%) y otros cultivos (Pedraza, 2014, p. 227). Asimismo, mientras en 1988 este cultivo representaba el 2,65% de la superficie implantada del Valle de Famatina, para 2008 era el más importante y cubría el 42,79%: pasó de 209 ha implantadas en 1988 a 6.401 ha en 2008. Si bien esto no quiere decir que toda producción olivícola se inscriba dentro de la lógica del agronegocio, podemos afirmar que cumple con alguna de sus cualidades, principalmente aquella que se conecta con el crecimiento de la escala productiva.

3.3. La gestión del agua en las grandes explotaciones

Giarracca y Hadad (2010) plantean que en los últimos años hubo una proliferación indiscriminada de perforaciones orientadas a satisfacer la demanda de cultivos olivícolas iniciados en la década de 1990 con el apoyo de la Ley 22021. En línea con lo expresado anteriormente, las autoras destacan que:

Se trata de un cultivo mucho más intensivo, con mayor densidad de plantas por hectárea y menores distancias de plantación, que usa riego artificial por goteo o microaspersión y cuenta con fertilización asistida. Por último, la poda y la cosecha se realizan de forma mecánica, lo que abarata el costo de la fuerza de trabajo (Giarracca y Hadad, 2010, p. 234).

En lo referente al riego, sólo están disponibles los registros realizados en los relevamientos de 1988 y 2002 que presentamos en el cuadro 4. Allí se observa que la mencionada expansión de la frontera agraria en el Valle tuvo como correlato el aumento del área regada. En el ámbito provincial, el total de hectáreas regadas se extendió un 140,44%, mientras que en el Valle de Famatina dicho valor creció un 68,76%. Como advertimos en el cuadro, los datos no son directamente cotejables, pero puede verse cómo el área irrigada con fuentes subterráneas motorizó la expansión en ambas regiones a un ritmo provincial de más del 550%, y especialmente en la región estudiada, a un ritmo del 155% aproximadamente.

Vale la pena decir que el Valle siempre representó una magnitud muy importante del total de hectáreas irrigadas en la provincia. Sin embargo, la extensión del riego en la provincia hizo que su importancia se redujera relativamente pasando de concentrar el 50,5% de las hectáreas regadas en 1988, al 35,5% en 2002. Este cambio se explica principalmente por la expansión del riego subterráneo en el resto de La Rioja, pero no debe desestimarse su extensión también en el Valle del Famatina. El monto de inversión para las perforaciones, articulado con las ventajas que proveyó el régimen de franquicias tributarias, aumentó la concentración del recurso hídrico en las grandes explotaciones. Para 2002, el 71,3% de la superficie provincial irrigada correspondía a grandes explotaciones de más de 100 ha y el 18,2% a producciones de entre 10,1 y 100 ha. Asimismo, debe aclararse que estas explotaciones con fuerte inversión de capital aplican riego presurizado, lo cual les permite un alto aprovechamiento del recurso hídrico en la finca.

Cuadro 4. Superficie regada de las EAP por fuente de agua³

Fuente: INDEC.

En contraste con la eficiencia en la utilización del recurso a nivel finca, se detecta una falta de preocupación en torno a la disponibilidad del agua subterránea que tiene como correlato la apertura indiscriminada de pozos. A través de contactos con la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito del INTA hemos accedido a los datos brutos de un relevamiento de pozos del departamento de Chilecito. Vale aclarar que este trabajo no incluye todas las perforaciones de la zona pero tiene la particularidad de proporcionar el nivel del agua de 107 pozos al momento de su apertura, y una medición realizada por los técnicos entre noviembre de 2005 y junio de 2006. Para poder procesar adecuadamente los datos, los dividimos entre aquellos pozos que databan de los años 60's y 70's por un lado, y aquellos abiertos de 1980 a la actualidad. El resultado de la comparación entre el nivel de agua al momento de la apertura y el relevamiento arrojó los siguientes valores: en el 94,2% de las perforaciones anteriores a 1980, el nivel de agua había bajado, mientras que para aquellos pozos construidos posteriormente, el agua se encontraba a mayor profundidad en el 76,2% de los casos.

Según un inventario de recursos naturales presentado por la Secretaría de Minería de la Nación (s.f.a) no existen registros oficiales de los volúmenes de agua extraídos por medio de perforaciones. La última estimación fidedigna que menciona el citado trabajo es de 1971, cuando se calculaba una extracción del 37% de la recarga anual. El informe concluye:

El complejo acuífero del valle es el resultado del almacenamiento de aguas de muchos años, y por la forma como se está procediendo, realizando perforaciones sin un estudio previo de evaluación del recurso, se llegará a extraer más agua de la que se acumula anualmente. Si no se toman medidas preventivas, los niveles hídricos descenderán y las aguas se contaminarán con aportes de aguas salinizadas de los terrenos terciarios (Secretaría de Minería de la Nación, s.f.a).

En síntesis, el agua tiene –para los grandes emprendimientos surgidos en los últimos años gracias a la Ley de franquicias tributarias– el status de un insumo más cuya posibilidad de acceso está directamente reglada por los mecanismos de mercado: aquellos que tengan el capital y consideren que la tasa de retorno es suficiente avanzarán en la apertura de nuevos pozos para ampliar sus escalas productivas. Todo ello se realiza en un contexto de fuerte amparo estatal para la extracción de agua, lo cual queda en evidencia en el citado párrafo de la Ley 22021 –que pone como requisito para la apertura de nuevas explotaciones la extracción de agua subterránea– y en el hecho de que el gobierno provincial subsidia, mediante una tarifa especial, la energía utilizada en las bombas de extracción de agua.

4. Los productores locales. Entre las prácticas tradicionales y la reconversión productiva

4.1. El impacto del modelo neoliberal sobre los pequeños productores: la contracara de los diferimientos

Al recuperar los datos estadísticos de los cuadros 1 y 2 vemos que, en paralelo con el avance de la frontera agrícola, se produjo en el Valle de Famatina una reducción en la cantidad total de explotaciones entre 1988 y 2002, que afecta exclusivamente a las que tienen menos de 10 ha⁴. Las mismas sufrieron una retracción en términos absolutos de 297 explotaciones (un 25,25% menos), lo cual implicó una merma de su participación porcentual de un 6,32% que se distribuyó entre las otras dos escalas. En paralelo, la superficie total del estrato se mantuvo casi estable (cayó 9,7 ha). En el siguiente período (2002/2008), la tendencia continúa y la cantidad de pequeñas EAP se reduce un 19,12%, a lo que se suma una retracción de casi el 10% de la superficie de este estrato.

En términos productivos, este estrato se caracteriza por una importante diversidad que combina alguno de los frutales típicos del Valle (nogal, vid y olivo) con hortalizas, pequeña ganadería, frutales para dulce, etc. En términos específicos podemos afirmar que el nogal es uno de los cultivos típicos del estrato pues, según datos que elaboramos a partir del CNA 2002, el 40,3% de la superficie provincial sembrada con este frutal corresponde a explotaciones de menos de 10 ha, seguido por un 36,7% trabajado por medianos productores. Si a ello sumamos que el 85,1% del área nogalera de La Rioja corresponde al Valle de Famatina –sumado a nuestras observaciones de campo–, podemos inferir que esta relación se mantiene en el territorio descripto, principalmente en el departamento de Famatina donde se concentra esta producción. En lo referido a la vid, los pequeños y medianos productores del Valle también ocupan un lugar importante pues controlan más del 40% del área implantada. Finalmente, en el olivo la participación de estos productores es mínima pues para 2002 les correspondía menos del 20% del área cultivada, de la cual el estrato medio (10,1 a 100 ha) controlaba el 16,13% (Cáceres et al., 2009, p. 53). En los tres frutales existe un proceso paulatino –que se da más acuciadamente en los medianos productores– de reconversión de los varietales criollos hacia otros que tienen techos de producción por hectárea mucho más altos.

En términos generales, es necesario aclarar las diferencias técnicas entre los pequeños y medianos productores. Si bien ambos suelen utilizar mano de obra familiar, los primeros la tienen como fuente exclusiva, con excepción de los momentos de poda y cosecha en los que se recurre a unos pocos jornaleros. Asimismo, utilizan poca cantidad de agroquímicos y servicios de maquinarias de organismos oficiales, lo cual se va modificando a medida que la escala crece y se sofistican las tareas. En este último punto también debemos incluir el acceso al agua, pues los medianos productores suelen recurrir a perforaciones para uso particular o colectivo cuando la extensión e intensificación de su producción lo ameritan.

4.2. La gestión del agua de los pequeños y medianos productores

En contraste con las grandes explotaciones, en 2002 las EAP de menos de 10 ha contaban con apenas el 10,5% del área regada en La Rioja, mientras a los medianos les correspondía el 18,2%. La mayoría de esta superficie se riega por medio de aguas superficiales cuyo caudal medio no llega a totalizar los 2.000 l/s y es totalmente captado para irrigación (Secretaría de Minería de la Nación, s.f.b). La administración del agua para riego pasó por muchos derroteros y tras los procesos de descentralización de la década de 1990 fue transferida completamente a la provincia, la cual propuso la creación de Consorcios de usuarios de agua para desarrollar el manejo participativo del recurso (Torres, 2006)

En términos generales, el sistema funciona a partir de la combinación de la acción de un grupo de personas contratadas por el consorcio –que realizan las tareas en los canales principales– y los dueños de las fincas, que se encargan de distribuir el agua en sus parcelas. Cada terreno tiene asignado un turno de riego en días prefijados, el cual no presenta relación alguna con el tipo ni el estado de los cultivos que posea el terreno. De hecho, cuando las fincas se abandonan por problemas productivos, la gente deja de regar y el agua pasa los siguientes productores. Eso implica la construcción de lazos de profunda confianza, pues los controles no son exhaustivos y cada productor es responsable del agua que toma, y debe evitar extralimitarse a sabiendas de los perjuicios que les puede ocasionar a sus vecinos.

En las entrevistas realizadas a pequeños productores, todos ellos coincidieron en que el agua con que cuentan es escasa y ello ha impactado sobre el régimen de riego. Según un entrevistado, la forma de organizar la distribución cambió en los últimos años: "antes había turno simple, caudal simple con el doble de horas, ahora se fue a caudal doble con la mitad de horas" (O.F., Famatina, agosto 2009). Algo similar plantea otro productor, quien dice: "De mi época recuerdo tener finca de pequeña 2 ha que trabajaba la familia (…), llegábamos a estar 9 días de espera, y estaba bien, hoy en día están 35, 40 días y es muy difícil" (M.G., Chilecito, agosto de 2009). Suponemos que estos cambios datan de la década de 1990, cuando se modificó la administración del recurso. Los productores conectan el origen de la escasez con dos grandes problemas: uno de índole climático caracterizado por una seguidilla de años secos, y otro vinculado al deterioro de la infraestructura que afecta principalmente a aquellos que se encuentran en los tramos finales del sistema de canales. En palabras de un entrevistado: "están feas las compuertas, los canales están malos, las compuertas rotas, entonces un poquito que vas perdiendo en cada lado, el último que llega tiene un hilo de agua" (C.T., Famatina, agosto de 2009).

A ello debe sumarse que los productores que han iniciado la reconversión de las plantas criollas a varietales intensivos se encuentran frente a la imposibilidad de elevar la cantidad de árboles por hectárea que requiere dicha producción, pues la cantidad de agua que recibe la parcela no es suficiente. Sin embargo, es interesante el testimonio de uno de los trabajadores del Consorcio de agua de Campanas, quien plantea que agua hay, sólo que "está mal distribuida, ese es uno de los graves problemas que tenemos, la distribución, porque no hay compuertas, los canales están en muy mal estado, no llega lo óptimo al lugar que tiene que llegar, mucha pérdida hay" (M.C., Famatina, agosto de 2009). A la antigüedad (algunas azudes y canales datan de principios de siglo XX y no han tenido mejoras) y deterioro de la infraestructura existente se suma el mal funcionamiento de las más nuevas, algunas de las cuales fueron ubicadas inadecuadamente, a pesar de las recomendaciones de los vecinos de la zona, y no logran captar el agua necesaria para su correcto funcionamiento. El reclamo por una mejora en la infraestructura es una respuesta propia de los productores que utilizan agua superficial y consideran que la mejora de sus cultivos puede darse sin aumentar la presión de los recursos hídricos, principalmente a través de perforaciones. Esta posición implica la combinación de la mejora de los canales, azudes y acequias, a partir de obras que son responsabilidad del Estado con la adopción de nuevas formas de riego que optimicen el aprovechamiento del agua, ambos elementos no alteran el delicado balance que hasta el momento han mantenido estos actores productivos con su entorno.

En tensión con ello, debe destacarse la voluntad de algunos productores de organizarse colectivamente para abrir pozos que permitan mejorar el riego, repartiendo el agua entre los que aporten capital. Sin embargo, existe un fuerte prejuicio en torno a la organización cooperativa a raíz de experiencias fallidas en el pasado. Este tipo de iniciativas surge entre aquellos que avanzan en el proceso de capitalización para quienes el agua superficial se muestra insuficiente: "lo que pasa es que no hay mucha alternativa de crecimiento que no sea por pozo" (M.G., Chilecito, agosto de 2009). Sin embargo, el mismo productor plantea que

hay que tener cuidado de hasta dónde llegan perforando, ¿no? a ver qué capacidad tenemos de extracción, es una preocupación que tenemos porque por ahí hay años que es más baja y tenemos algunas complicaciones, y por otro lado lo importante es conocer qué hay abajo (M.G., Chilecito agosto de 2009).

Allí se hace presente la tensión entre las presiones productivistas y el sentido común construido por los pequeños productores que consideran el agua como un recurso escaso que debe administrarse muy balanceadamente.

Estos testimonios dan cuenta de las dificultades que presenta mantener una seguridad hídrica –entendida como "la capacidad de aprovechar el potencial productivo del agua y limitar su potencial destructivo" (Sadoff y Muller, 2010, p. 4) – en contextos en los que las transformaciones productivas introducen continuas presiones por la ampliación de la frontera agrícola o la intensificación de los cultivos sin los adecuados diagnósticos.

Reflexiones finales

A lo largo del presente trabajo relevamos las transformaciones en los marcos normativos y los procesos de reconfiguración del control de la tierra y el agua en el Valle del Famatina. La persistente influencia del paradigma neoliberal, la tendencia a la concentración de recursos, la extensión de explotaciones más dependientes de tecnologías e insumos industriales son marcas de la extensión de la lógica del agronegocio en la región.

Las particularidades propias de los oasis agropecuarios en regiones semiáridas le imprimen al caso analizado una serie de características que complejizan –a la vez que enriquecen– la reflexión en torno a las transformaciones agrarias recientes. Tal es así que el corrimiento de la frontera agrícola obliga a estar atento al otro recurso vital para la región que es el agua para riego. En este sentido, el incremento del área irrigada fue acompañado por un mayor número de perforaciones para extraer el recurso hídrico, cuya inversión fue francamente impulsada por el régimen de franquicias tributarias. Este proceso intensificó la concentración del recurso en las grandes explotaciones que han extraído el agua subterránea sin mayores reparos, lo que pone en evidencia una ilusoria creencia en la infinitud del elemento, o un comportamiento claramente extractivo. Así, el control del agua queda supeditado al control de la masa de capital necesaria para su extracción sin poner en relieve la creciente presión sobre el acuífero del que abreva el Valle. Los alcances de este problema no pueden delinearse rotundamente debido a la fragmentación de los datos acerca del estado del acuífero, pero el citado relevamiento del nivel de agua en los pozos del departamento de Chilecito deja en evidencia la disminución del mismo.

Frente al rol de estos nuevos actores que despliegan un uso irrestricto y extractivo del agua, se contrapone el tradicional sistema de acequias controlados por las juntas o consorcios de regantes. A pesar de los considerables problemas de infraestructura, su funcionamiento deja en evidencia la posibilidad sostener una gestión del agua que no sólo sea sustentable a lo largo del tiempo, sino también que busque responder a los desafíos de la producción contemporánea sin afectar el delicado balance hídrico.

Notas

1 Algunos de los ejes analizados fueron presentados en Palmisano, 2015.

2 En términos generales entenderemos por estructura agraria a las "relaciones que se establecen en el proceso de producción de bienes primarios, más específicamente agropecuarios y que se materializan en el proceso de trabajo, en el cual intervienen los hombres con su energía y aptitud para desarrollar dicha actividad –fuera de trabajo-, y los medios de producción" (Arroyo, 1990, p. 141). Dentro estos elementos nosotros nos concentraremos en el nivel de las explotaciones agropecuarias y los productores.

3 Los datos de este cuadro fueron reconstruidos para poder viabilizar una comparación pues la forma de relevamiento entre ambos difiere. En 1988 se presentan la cantidad de hectáreas regadas de acuerdo a la fuente de agua (superficial, subterránea o mixta) pero este dato no está disponible en 2002. Para reconstruirlo consideramos que toda el agua utilizada en el sistema gravitacional se abastecía de agua superficial mientras el resto de los sistemas los hacía con agua subterránea. Advertimos que este método puede haber sobredimensionado la columna correspondiente a fuente de agua subterránea en 2002.

4 Vale la pena destacar que en el mismo período la cantidad de EAP de toda la provincia creció casi un 9%, principalmente aquellas de más de 10 ha.

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Fecha de recibido: 24 de mayo de 2016
Fecha de aceptado: 9 de agosto de 2016
Fecha de publicado: 15 de diciembre de 2016