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Mundo agrario

versión On-line ISSN 1515-5994

Mundo agrar. vol.20 no.43 La Plata abr. 2019

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.24215/15155994e105 

Artículos

Dos décadas de conflicto en torno al uso propio de semillas de soja genéticamente modificada en Argentina: fases del enfrentamiento, acumulación de capital, y actores sociales (1996-2018)

Two decades of conflict over seed saving of genetically modified soybeans in Argentina: conflict phases, capital accumulation, and social actors (1996-2018)

Nicolás Pérez Trento1 

1Universidad Nacional de Quilmes, CONICET, Argentina

Resumen

En este trabajo buscaremos analizar el contenido del conflicto suscitado en la Argentina en torno a las semillas de soja genéticamente modificada, que involucró a una multiplicidad de actores sociales. En efecto, si bien el reclamo por el pago de regalías fue liderado por Monsanto, los criaderos de variedades también exigirían lo propio, aliándose con aquélla. Estas pretensiones serían enfrentadas por distintas organizaciones, entre las que destacan la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina. Por su parte, también el gobierno kirchnerista enfrentaría estas exigencias, aunque con distinta vehemencia. Tras caracterizar brevemente la dinámica del conflicto, valiéndonos de documentos, notas periodísticas y entrevistas, procuraremos explicar su contenido a partir del análisis de la riqueza social en juego en el contexto de la especificidad que toma la acumulación de capital en la Argentina.

Palabras clave Terratenientes; Renta de la tierra; Regalías; Monsanto; Semillas de soja; Argentina

Abstract

In this paper we aim to analyze the content of the conflict that arose in Argentina over genetically modified soybeans, which involved a multiplicity of social actors. In fact, although the claim for the payment of royalties was led by Monsanto, the breeders made the same demands, allying with the firm. These pretensions would be confronted by different organizations, among which the Sociedad Rural Argentina and the Federación Agraria Argentina stand out. In turn, the Kirchnerist government would also face these claims, with changing vehemence. After briefly characterizing the dynamics of the conflict using documents, journalistic notes and interviews, we will try to explain its content based on an analysis of the social wealth at stake, in the context of the specificity of capital accumulation in Argentina.

Keywords Landlords; Land rent; Royalties; Monsanto; Soybean seeds; Argentina

Introducción

A más de dos décadas del momento en que las variedades de semillas genéticamente modificadas (GM) comenzaron a estar disponibles en el mercado, el número de discusiones disparadas por el uso de esta tecnología no ha hecho sino multiplicarse. En efecto, los cuestionamientos iniciales respecto de posibles efectos adversos sobre el consumo humano (directo o mediado por el consumo animal) y el medio ambiente (impulsados, en un gran número de casos, por organizaciones ecologistas) no lograron impedir la veloz expansión en su siembra, lo que dio lugar a la emergencia de nuevos debates (véanse, por ejemplo, Massieu Trigo, 2009 y Perelmuter, 2011). Entre éstos destaca la caracterización del “modelo agrícola” deseable para la Argentina, así como las consecuencias sociales y ambientales que emergen como consecuencia de la forma concreta que toma actualmente la acumulación de capital en la rama agraria1. Con el impulso a la producción que sucedió a la expansión en la siembra de semillas GM, estas discusiones han cobrado una nueva dimensión (Gras y Hernández, 2009)2.

Por otra parte, la aceleración del proceso de concentración y centralización del capital en algunas ramas de la producción resultó en la consolidación de un grupo relativamente pequeño de capitales biotecnológicos, que comenzaron a tomar en sus manos buena parte del proceso de investigación y desarrollo anteriormente impulsado por los Estados nacionales (Kloppenburg, 2004; Filomeno, 2013). Este hecho suscitó críticas respecto de la pérdida de la llamada “soberanía tecnológica”, así como de la expansión de los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre las semillas y sus componentes (Massieu Triggo, 2009; FAA, 2005; Perelmuter, 2011). Asimismo, estos capitales desarrollarían una creciente capacidad de presión sobre los Estados nacionales (Newell, 2009), lo que resultaría en una serie de enfrentamientos en una escala global, algunos de los cuales giran en torno a las regalías exigidas.

La Argentina es, en este último aspecto, un caso paradigmático. En efecto, se trata de un espacio nacional que fue pionero no sólo en autorizar la siembra de semillas GM, sino también en alumbrar un conflicto de alcance internacional por el cobro de regalías en el cual tomaría parte nada menos que Monsanto (hoy adquirida por Bayer), un capital históricamente vinculado al desarrollo de agroquímicos que en las últimas décadas se consolidó también en el sector de las biotecnologías agrarias[3]. No sería, sin embargo, el único capital en exigir el pago de un canon por los DPI sobre las semillas. A pesar de que, de manera general, Monsanto se convirtió en centro de la atención en buena parte de los análisis sobre la cuestión, también los criaderos de variedades vegetales reclamaban el pago de regalías por la reproducción para uso propio de las semillas, por lo que se constituyeron en aliados de aquélla.

Este enfrentamiento ha transitado por dos fases principales. La primera, que se extendió desde fines de la década de 1990 hasta principios de la actual, presenta algunos aspectos peculiares. En primer lugar, Monsanto fue incapaz de imponer sus pretensiones de cobro a lo largo de más de una década. Esta derrota, por otra parte, le fue infligida por una alianza sostenida por el gobierno nacional y las principales asociaciones agrarias, quienes al mismo tiempo no dejarían de enfrentarse entre ellos en relación a aspectos específicos de la política económica. Hacia principios de la presente década, no obstante, el conflicto inició una segunda fase en la que se evidencia una marcada transformación en el accionar del gobierno, que ya no fue capaz de contener los embates de Monsanto. Así, la empresa logró imponer un esquema de regalías adecuado a sus propósitos.

En este contexto, la propuesta del trabajo consiste en indagar sobre esta particular dinámica del conflicto, deteniéndonos sobre algunos de sus aspectos económicos y políticos, y tomando como marco la especificidad del proceso argentino de acumulación de capital. Así, tras referirnos al contexto en el que tuvo lugar la introducción y difusión de las semillas de soja GM en la Argentina, sintetizaremos algunos de los episodios más salientes del enfrentamiento, estructurándolo en las dos fases ya mencionadas y haciendo hincapié en el accionar de algunos sujetos sociales involucrados y sus estrategias. En particular, nos detendremos sobre las acciones de Monsanto y los criaderos, el gobierno nacional, y las asociaciones agrarias, que representan a buena parte de los actores sociales de la producción que utilizan estas tecnologías. En relación a estas últimas, nos centraremos específicamente en la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA). Sobre estas bases, indagaremos posteriormente en el contenido del enfrentamiento, a partir del cuestionamiento sobre el carácter de la riqueza social disputada.

Al respecto, plantearemos que las regalías que Monsanto no fue capaz de cobrar durante la primera fase del conflicto fueron apropiadas por una fracción de la clase terrateniente bajo la forma de renta de la tierra. Como veremos, sin embargo, debido a la forma específica de acumulación de capital en la Argentina, los terratenientes no son los únicos apropiadores de la renta que fluye hacía aquí: mediante distintos mecanismos a los que da curso el Estado, una porción de aquélla es apropiada por los capitales del sector industrial. Esto permite explicar que, a lo largo de la primera fase del conflicto, el gobierno procurara retener dicha masa de riqueza para el proceso nacional de acumulación, de forma de potenciar su capacidad de expandirse. El desarrollo de una nueva biotecnología por parte de Monsanto, no obstante, cambiaría la correlación de fuerzas en su favor, ya que su lanzamiento comercial constituyó una fuerte carta de negociación. Sin embargo, como veremos, el sistema de cobro que logró implementar se sostiene aún de manera precaria.

Para avanzar en este análisis, utilizaremos tanto notas de periódicos como documentos de las asociaciones, lo que nos permitirá reconstruir los principales aspectos del conflicto. Por otra parte, nos valdremos tanto del corpus legal como de bibliografía secundaria a la hora de referirnos al marco jurídico argentino y sus transformaciones a lo largo del período. Por último, hemos realizado entrevistas a miembros de las cámaras de obtentores y funcionarios del INASE.

1. El marco jurídico e institucional

Hacia principios de la década de 1990, la Argentina se convertiría en uno de los primeros países en regular el uso de biotecnologías agrícolas. Sucedió que, por una parte, los capitales aplicados a la producción de eventos biotecnológicos se hallaban en la necesidad de extender la brecha temporal durante la cual realizar ensayos de campo, hasta allí limitada a los meses de siembra del hemisferio norte. Por otra parte, en la Argentina existía una buena cantidad de instituciones que albergaban a científicos dedicados a la investigación en biología molecular y disciplinas afines (Burachnik & Traynor, 2002).

Así, a instancias de dichos capitales, en 1991 se crearía la Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola (CONABIA)4, como órgano principal de evaluación y consulta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPYA)5. Inmediatamente después de su creación se presentarían tres requerimientos para realizar ensayos de campo por parte de capitales extranjeros, que fueron rápidamente autorizados (Vara, 2005)6. En ese mismo año también se creó el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que gestiona el registro nacional de variedades de semilla y de sus propietarios, regula jurídicamente las cuestiones vinculadas a la LS, y detenta el poder de policía para hacer cumplir las reglamentaciones. Con la creación de esta agencia, el gobierno buscaba incrementar su control respecto de los derechos de propiedad sobre las nuevas variedades de semilla, y particularmente sobre las autógamas, de las cuales un 75 % circulaba de forma ilegal en el mercado (International Seed Federation, 2015)7.

Pero, a pesar de la instrumentación de una red institucional específicamente destinada a la regulación del comercio de semillas GM, pronto emergería un problema vinculado con la protección de los DPI8. Al respecto, cabe destacar en primer lugar que la legislación argentina en materia de patentes, condensada en la Ley de Patentes (LP) 24.481 y sus modificaciones, no contempla las variedades vegetales. Permite, sin embargo, el patentamiento de material biológico no preexistente en la naturaleza, y particularmente de los eventos biotecnológicos9 10.

Claro que esto no implica la inexistencia de un sistema de protección de propiedad intelectual en lo referente a variedades: en la legislación argentina, como en muchas otras, este papel lo juega el derecho de obtentor de variedades (DOV)11. Se trata de un sistema alternativo al de las patentes, destinado específicamente a cubrir las particularidades de la innovación en la industria semillera, que está regulado por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 (LS) sancionada en 1973, así como su reglamentación y sus posteriores modificaciones. El uso de un sistema de DOV, a su vez, está enmarcado en otro acuerdo de alcance global: el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), adoptado en 1961 y sujeto a sucesivas enmiendas, entre las que destacan las realizadas en 1978 y 1991. En 1994, la Argentina adhirió al convenio UPOV 197812, cuyas disposiciones armonizaban con la LS. Así, con la introducción de los desarrollos biotecnológicos la regulación del derecho de propiedad intelectual sobre semillas GM pasaría a estar dividida entre ambos sistemas: las variedades vegetales quedarían encuadradas bajo la LS, mientras que los eventos biotecnológicos podrían ser protegidos mediante patentes13.

Esta configuración jurídica tiene consecuencias relevantes a la hora de entender el conflicto desatado en torno a las regalías. En primer lugar, la LS establece para los agricultores la posibilidad de ejercer el llamado “derecho de uso propio”; esto es, de replicar semilla sin requerir autorización del obtentor ni pagarle un canon siempre que la acción no se realice con fines comerciales, es decir, que el producto de la cosecha no se venda como semilla, sino como grano. Dado que la ley no ofrece precisiones en torno a qué límites tiene este derecho o quiénes pueden hacer uso de él, esto será posteriormente objeto de disputa. Por otra parte, permite el uso experimental de las variedades protegidas para obtener otras nuevas sin el permiso del obtentor. Estas excepciones no están contempladas en la legislación sobre patentes, con lo cual la reproducción para uso propio de semillas que contengan componentes patentados constituiría, en principio, una violación a los DPI del titular (Witthaus, 2006; Gianni, 2010).

A esta cuestión se sumaría el volumen relativamente alto de semillas autógamas que circularon históricamente en el mercado. Aquél comenzaría a contraerse hacia principios de la década de 1990, con base tanto en los controles del INASE como en el accionar de los obtentores, que en 1990 se nuclearían en una nueva cámara: la Asociación Argentina de Protección a las Obtenciones Vegetales (ARPOV). Dicha entidad pondría en marcha un sistema de control sobre los semilleros que multiplicaban las variedades protegidas, lo que inicialmente redujo el tamaño del mercado ilegal de semillas (Gutiérrez, 1994). Con la aprobación del evento RR para semillas de soja, sin embargo, el escenario volvería a cambiar.

2. La tecnología RR en la Argentina: difusión, propiedad intelectual e inicio del conflicto

La tecnología RR para soja sería el primer evento en ser aprobado en la Argentina. Desarrollada por Monsanto, consiste en una secuencia genética que brinda a la planta resistencia al glifosato, un herbicida no selectivo creado y comercializado por la misma empresa desde 1970 bajo la marca Roundup (de ahí que el nombre comercial del evento sea RR, siglas de Roundup Ready). En marzo de 1996, y mediante un trámite sumamente irregular (Página/12, 26/04/2009), la SAGPYA aprobaría la comercialización de variedades que incorporasen este evento, cuyo uso Monsanto licenciaría a los criaderos para incorporarlo a sus variedades a cambio del pago de un canon. La empresa, sin embargo, no lograría obtener DPI sobre el evento: ya sea debido a una estrategia deliberada o a un error administrativo, solicitaría las patentes correspondientes cuando ya había expirado el plazo legal para hacerlo. Así, esta biotecnología acabaría pasando a dominio público14.

La siembra de las variedades RR se difundió rápidamente en la región pampeana: en la campaña 2000/1, a apenas cuatro años de su lanzamiento, éstas explicaban ya más del 90 % de la superficie sembrada con soja (Qaim & Traxler, 2005).. Distintas razones pesarían a la hora de explicar este veloz avance. En primer lugar, el uso del glifosato tiende a reducir los costos de producción, al reemplazar el paquete de herbicidas utilizado tradicionalmente (Alapin, 2008). Por otra parte, su costo había caído fuera de los EE.UU. En efecto, si bien allí lograría extender la patente de su fórmula hasta el año 2000, Monsanto había perdido los derechos de propiedad intelectual sobre el herbicida en la mayoría de los restantes países hacia 1991 (Székács & Darvas, 2012). Con la expansión en la siembra de soja RR y, consecuentemente, de la demanda de glifosato, la aparición de numerosos competidores haría caer su precio marcadamente (Alapin, 2008). La combinación de soja RR y glifosato permitió además la generalización de la producción mediante el sistema de siembra directa, cuyo principal problema radicaba precisamente en el control de las malezas. En esencia, se trata de una técnica por la cual se siembra sobre los rastrojos de la cosecha anterior, lo que ahorra el trabajo mecánico de labranza. De esta forma, no sólo se reduce el consumo de combustible y la utilización de fuerza de trabajo, sino que se logra un mayor aprovechamiento del agua y una menor erosión del suelo15. Por último, al reducir los ciclos de producción aumenta la posibilidad de realizar un doble cultivo (Caligaris, 2016)

Pero el avance en la siembra de variedades de soja RR tuvo también otro trasfondo, que constituiría el eje del conflicto. Por un lado, buena parte de las semillas sembradas había sido reproducida al amparo del derecho de uso propio; por el otro, una porción no menor del mercado estaba constituida por semillas de “bolsa blanca”, esto es, reproducidas ilegalmente para su venta, por lo que no pagaban regalías a los obtentores, ni tampoco, consecuentemente, a Monsanto16. Así, el uso de semillas no certificadas17 volvió a expandirse a partir de 1996: en el año 2001, la SAGPYA afirmó que sólo el 35 % de las semillas sembradas se hallaba fiscalizado y estimaba que otro 35 % se enmarcaba dentro del uso propio, con lo cual la venta ilegal de semillas ascendía a un 30 % (La Nación, 09/06/2001).

Sin embargo, las cosas no marchaban del todo mal para Monsanto. Por una parte, había logrado instalar el uso de una tecnología que, incluso antes de ser lanzada al mercado, había despertado polémica. Y no sólo se difundiría en la Argentina: antes de su aprobación oficial, la siembra de soja RR se extendería tanto a Brasil como a Paraguay por medio del contrabando. Por la otra, si bien la empresa ya no poseía el monopolio de la venta de glifosato, el Round Up conservaba aún una porción significativa del mercado argentino18. Esto significaba que, indistintamente del origen de las semillas sembradas, Monsanto había multiplicado las ganancias obtenidas por la venta del herbicida.

Resultaba evidente, no obstante, que Monsanto no se resignaría a aceptar este estado de cosas, e intentaría cobrar regalías tecnológicas sobre el evento, a pesar de no poseer las patentes19. Para ello, encontraría un aliado en los obtentores nucleados en ARPOV, con los que había logrado mantener los acuerdos de pago por el evento RR20, y que a su vez perseguían el cobro de regalías por el uso propio en concepto de desarrollo del germoplasma21. En 1999, dicha cámara lanzó formalmente el sistema de regalías extendidas. Éste consistía en un contrato por el cual los compradores de semillas se obligaban a pagar regalías por el uso propio. Por otra parte, el contrato facultaba a ARPOV a ingresar a las explotaciones para tomar muestras de granos con el objeto de fiscalizar su procedencia.

Se trataba del primer intento por parte de los obtentores de cobrar por el uso propio.22 Sin embargo, el sistema constituía también la forma de apropiar ganancias de Monsanto, ya que, en el caso de la reproducción de semillas que contuvieran el evento RR, las regalías exigidas por los obtentores ciertamente incluían el canon que se habían obligado a pagar a Monsanto por la inclusión de dicho evento en sus variedades. Esto desataría un conflicto en dos frentes simultáneos: por una parte, el pago de regalías a los obtentores por el desarrollo del germoplasma se estrellaba contra la LS, que permitía el uso propio; por la otra, el hecho de que Monsanto también buscara apropiar por ese medio regalías tecnológicas sobre el evento resultaba aún más chocante, puesto que no había podido patentarlo localmente.

Así, los esfuerzos por implementar el sistema desatarían inmediatamente el rechazo de un diverso arco de actores sociales. De manera general, sin embargo, el enfrentamiento contra Monsanto sería liderado por las cuatro asociaciones agrarias. Éstas no sólo representan a una fracción de los sujetos sociales vinculados a la producción de soja –los capitalistas y terratenientes agrícolas–, sino que suelen tener acceso fluido a los funcionarios gubernamentales23.

En particular, serían la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) las que, con distintas estrategias y posiciones políticas, tomarían las riendas de la oposición al pago de regalías. De este modo, la FAA denunciaría que

las empresas trasnacionales utilizan el problema de la semilla ilegal como una excusa para reformar la legislación de fondo de semillas y avanzar con la figura del patentamiento en vegetales, en detrimento de los derechos del agricultor al acceso y utilización de los recursos genéticos, particularmente el derecho del uso de semilla propia para la nueva siembra (FAA, 2005, p. 22).

Asimismo, apuntaba a distinguir la cuestión de la bolsa blanca del uso propio amparado por la Ley de Semillas, al mismo tiempo que rechazaba las atribuciones de fiscalización que se arrogaba ARPOV:

la “bolsa blanca” no es producto de la reserva y uso de semilla propia por los agricultores. La ley actual da las suficientes atribuciones al órgano de aplicación para controlar el comercio ilegal de semillas. No es admisible, tampoco, la privatización del poder de policía (p. 186).

En relación a la venta de semillas no fiscalizadas, la posición de la entidad consistía en “fortalecer la capacidad de fiscalización del INASE” (p. 49).

Por su parte, la SRA también rechazaría el sistema de regalías extendidas con similares objeciones. En primer lugar, argumentaría la existencia de “cláusula predispuesta”, es decir que por más que las condiciones de compra hayan sido publicitadas mediante diversas vías, los compradores de semillas jamás firmaron contrato alguno ni mucho menos discutieron sus términos. Por otra parte, coincidían en que el sistema de regalías extendidas violaba el derecho de los agricultores a ejercer el uso propio, y que los obtentores “tratan de confundir a la gente con el tema de la bolsa blanca”. Al respecto, afirmaban que “la SRA siempre estuvo en contra de la bolsa blanca porque es un delito (…) pero no hay que confundir bolsa blanca con uso propio” (SRA, 2004, p. 15). De igual forma rechazaban que los obtentores nucleados en ARPOV se arrogaran el poder de policía, con el argumento de que dicha capacidad sólo podía ejercerla el Estado, y apelaban al accionar del INASE para enfrentar la venta de semilla no certificada: “para que quede demostrada la existencia de bolsa blanca los semilleros tienen que decirle al INASE que actúe y meta presos a los evasores. Y no que trate de confundir las cosas” (p. 15). La SRA se encargaría de abogar por estas posiciones incluso a nivel global. Lo haría en el seno de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA)24, que plantearía a Monsanto su oposición a que use los medios técnicos (semillas estériles) y legales (contratos), y le sugeriría “buscar soluciones económicas que le dieran un retorno de sus inversiones sin menoscabar el derecho de los productores a sembrar semilla guardada del año anterior” (SRA, 1999, p. 24)25.

En síntesis, si bien las entidades reconocían la existencia de un mercado ilegal de semillas, rechazaban el sistema implementado alegando que vulneraba el derecho de uso propio, así como el hecho de que ARPOV se arrogara el poder de policía que correspondía al INASE. Así, el sistema tuvo un éxito relativamente escaso a la hora de incrementar las regalías obtenidas. De momento, sin embargo, Monsanto no tomó parte directa en el conflicto, a pesar de haberse constituido como aliado de hecho de los obtentores en el cobro de regalías. Mientras tanto, la siembra de variedades RR seguía expandiéndose.

3. Mil intentos por un evento: Monsanto pierde la batalla inicial

Con la disputa planteada en estos términos, Néstor Kirchner iniciaría su mandato presidencial a mediados del 2003 nombrando a Miguel Campos como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPYA). El nuevo gobierno pareció buscar revertir este escenario a apenas dos meses de asumir, cuando a partir de la caída de la venta de semillas certificadas, la SAGPYA promulgó una resolución (n° 52/2003) que buscaba avanzar en la regulación del mercado de semillas. En ella se establecía que, si fuera requerido por el organismo, los agricultores tendrían que informar la cantidad de semilla sembrada y demostrar que había sido adquirida legalmente. A su vez, el organismo se reservaba la facultad de ingresar en las explotaciones e imponer multas ante infracciones. Todas estas cuestiones fueron rechazadas en duros términos por la FAA. Sin embargo, poco tiempo después, y ante una interpelación de esta entidad, la SAGPYA declaró que no iba a convalidar el sistema de regalías extendidas, tras lo cual la FAA comenzó a ofrecer asesoría jurídica a quienes hubieran sido afectados (FAA, 2005). El conflicto comenzaba así a endurecerse.

A mediados de octubre, Monsanto comenzó a presionar al Estado argentino. Lo hizo mediante el anuncio de la suspensión de una inversión de 40 millones de dólares, la cual se justificaba por la debilidad del sistema de DPI26. En este escenario, las cuatro organizaciones agrarias lograron introducir y aprobar en diciembre un comunicado en el Senado, en el que se requería al Poder Ejecutivo que se pronunciara oficialmente en contra del sistema de regalías extendidas (Curletti, 2003). Por su parte, en alianza con Monsanto, los obtentores seguían presionando por modificar la legislación en el seno de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE)27, de la cual emergería un proyecto de ley para adecuar la legislación argentina a los efectos de adherir al convenio UPOV 1991, que extendía los DPI. Esencialmente, la adecuación incluía no sólo mayores restricciones a la reproducción de semillas para uso propio (estableciendo una limitación a la superficie sembrada, presumiblemente a 50 ha), sino también el pago de regalías (FAA, 2005). Este proyecto, sin embargo, no prosperaría.

En enero del 2004, Monsanto anunció que debido a la caída de sus ganancias interrumpiría sus actividades en la Argentina vinculadas con el programa de mejoramiento de variedades de soja y dejaría de vender semillas (Clarín, 21/01/2004; La Nación, 24/01/2004). Ciertamente, su participación en el mercado local de semillas de soja, liderado por Nidera, era bastante reducida. Distinta era, por supuesto, la cuestión del evento RR, que a esta altura incorporaba casi el 100 % de las variedades sembradas. Al respecto, la empresa afirmó que consideraba la posibilidad de iniciar juicios en el exterior para cobrar regalías tecnológicas.

Estos anuncios fueron interpretados como una nueva presión al gobierno para establecer regulaciones más estrictas. Así, ante la falta de consenso para modificar la legislación existente, Campos anunció la decisión de elaborar un proyecto para implementar un nuevo sistema de regalías, bautizado regalías globales. En esencia, se trataba de un impuesto que se cobraría sobre la primera venta de granos en un monto inferior al 1 % de su valor; además se devolvería la tasa a los compradores de semillas fiscalizadas, y se destinaría un 95 % de lo recaudado al pago de DPI a los obtentores (el resto se reservaría para fomentar el mejoramiento de cultivos no rentables)28.

De esta forma, a diferencia del sistema de regalías extendidas –en el cual se perseguía cobrar sobre la siembra de semillas protegidas por DPI–, en esta propuesta se busca cobrar sobre la venta de granos. Consecuentemente, el pago se independiza de la cantidad de semilla sembrada, y pasa a regirse por la cantidad de grano cosechado. En este sistema, por otra parte, el cobro de regalías tecnológicas seguía unido al de regalías sobre el germoplasma, puesto que se consideraba realizar un único pago a los obtentores.

El proyecto, sin embargo, no conformó ni a éstos, ni a las organizaciones rurales, ni tampoco a Monsanto, que objetó el largo plazo que tomaría su aprobación en el Congreso. Paralelamente, tras amenazar con iniciar juicios en los países importadores de grano o de sus derivados (donde sí poseía la patente) para cobrar regalías, la empresa había iniciado conversaciones con las asociaciones agrarias, en las que se proponía modificar la forma de cobro: en lugar de cobrar por la reproducción de semillas para uso propio buscaba hacerlo en las terminales portuarias al momento de embarcar el grano. Esto hubiera diferido temporalmente, por otra parte, el pago correspondiente a las regalías sobre el germoplasma, en caso de que se realizara. La propuesta cosechó respuestas dispares, con rechazos por parte de la SRA y la FAA (La Nación, 25/09/2004).

En este escenario, la SAGPYA volvió a intervenir en el conflicto. Tras calificar las amenazas de Monsanto como una “extorsión”, Campos inició negociaciones con la empresa, y anunció haber acordado la implementación de un Fondo de Compensación Tecnológica, de carácter similar al fallido anteproyecto. A pesar de que esta nueva propuesta obtuvo consenso rápidamente, el secretario anunció que su implementación se postergaría hasta la siguiente campaña, esto es, 2005/6. Paralelamente, Monsanto volvió a proponer a las entidades agrarias el cobro de regalías tecnológicas sobre la venta de grano. La propuesta obtuvo el rechazo de los obtentores nucleados en ASA y ARPOV (La Nación, 19/02/2005). En cuanto a las asociaciones agrarias, las respuestas fueron dispares: la SRA la rechazaría de plano, mientras que la FAA no aceptó siquiera participar en las negociaciones; por su parte, CONINAGRO, CRA, AAPRESID y AACREA continuaron las conversaciones. Pero éstas no llegaron a buen puerto, y Monsanto advirtió en diciembre que, de no alcanzarse un acuerdo, a partir de marzo comenzaría a retener 3 US$/tn de soja al momento del embarque por medio de los capitales exportadores (La Nación, 25/09 y 17/12/2004; El Cronista, 22/12/2004).

Un nuevo anteproyecto de ley que, se alegaba, zanjaría definitivamente la cuestión fue presentado por Campos en enero del 2005. Allí se estipulaba un plazo de siete años para el cobro de regalías, se acotaba a 65 hectáreas la superficie sobre la cual se podía hacer uso propio de semillas, se establecía el pago de un máximo de 70 % de regalías sobre el valor de la primera compra para sembrar semilla de producción propia, y se imponía un sistema de penalidades a aplicar por el INASE en caso de detectar ilegalidades. Si bien regulaba restrictivamente el derecho de uso propio al limitarlo a explotaciones menores a 65 ha, se trataba de un sistema que distaba bastante de las exigencias de Monsanto: no sólo excluía la posibilidad de cobrar por la tecnología RR, sino que la limitación de los derechos a un plazo de siete años era sensiblemente inferior a los veinte que establecía la legislación en materia de DPI; por otra parte, reducía el monto a pagar a partir de la primera resiembra. Tanto distaba que, a excepción de la FAA, las restantes entidades agrarias manifestaron su conformidad con la propuesta (La Nación, 26/01/2005)29.

Como cabía esperarse, Monsanto rechazó los términos del proyecto. Con las negociaciones estancadas volvió a amenazar con iniciar acciones legales en países de la Unión Europea. Por su parte, Campos comenzó a buscar apoyo entre sus pares del Cono Sur para rechazar de manera conjunta el intento por cobrar sobre la venta de granos, cosa que logró en marzo (La Nación, 30/04/2005).

Poco tiempo después Monsanto cumpliría finalmente con su amenaza, logrando hacer incautar embarques argentinos en puertos europeos. El gobierno argentino reaccionó ante este escenario por partida triple: por una parte, se presentó como parte en la demanda, a la que consideró como “cosa de Estado”, en enero del 2006 (Página/12, 07/07/2010); por la otra, la SAGPYA contraatacó iniciando un pleito local (que acabaría perdiendo en el 2009) contra la empresa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, alegando que el reclamo planteado en la UE configuraba una conducta anticompetitiva (La Nación, 19/01/2009). Paralelamente, Campos nombró a un dirigente de la FAA, que ya se había constituido en la más intransigente de las entidades agrarias, como titular del INASE (La Nación, 06/03/2006). Al mismo tiempo, sin embargo, la Secretaría emitió una nueva resolución (n° 338/2006) que regulaba el uso propio, y que implicaba solicitar autorización al obtentor para sembrar semilla en una cantidad superior a la adquirida en la primera compra. La resolución fue inmediatamente cuestionada tanto por las entidades agrarias como por los obtentores, y no llegó a instrumentarse (Página/12, 15/04/2012; La Nación, 21/06/2006; TodoAgro, 26/06/2006).

A partir de ese año, el gobierno anunciaría en reiteradas ocasiones la discusión de proyectos para modificar la LS, en los que se eliminaba o restringía fuertemente el uso propio (La Nación, 08/09/2007). Sin embargo, ninguno de ellos llegaría a presentarse jamás en el Congreso, a pesar de las presiones ejercidas por la embajada estadounidense en nombre de Monsanto (Página/12, 03/03/2011).

Entre los años 2007 y 2010, los tribunales europeos se expidieron en favor de los argumentos argentinos30 y dejaron a la empresa con las manos vacías. Ya para ese momento, sin embargo, a las patentes del evento RR les quedaba poca vida: según la empresa, éstas vencían en los años 2011 y 2014, con lo cual su estrategia apuntaría, como veremos, hacia el cobro de los desarrollos tecnológicos venideros (Página/12, 07/07/2010). Monsanto había perdido esta batalla, pero la guerra estaba lejos de haber terminado.

4. Una batalla no es la guerra: el cambio en la correlación de fuerzas

Hasta aquí, como vimos, la acción del gobierno resultó clave para enfrentar las pretensiones de Monsanto. A partir de 2012, sin embargo, el escenario comenzaría a cambiar. En efecto, tras un encuentro auspiciado por el Council of Americas entre funcionarios del gobierno argentino y capitalistas extranjeros, celebrado en junio en New York, la presidenta Cristina Fernández, electa el año anterior para su segundo mandato, exclamaría que: “como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido en defensores de las patentes” (La Vaca, 24/09/2012). En el mismo sentido se expresaría posteriormente Norberto Yauhar, a cargo del recientemente restablecido Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agroindustrias (MINAGRI).

El saldo oficial de dicha reunión fue también anunciado allí por Fernández, que anticiparía la instalación de una planta de procesamiento en la provincia de Córdoba[31], lo que significaba que Monsanto volvería a invertir en el país. Apenas dos meses más tarde, por otra parte, y nuevamente sin realizar estudios propios ni divulgar los expedientes (La Vaca, 09/06/2015), el Ministro anunció la aprobación de una nueva biotecnología para la soja, denominada Intacta RR2Pro32, la cual ya había sido aprobada para su comercialización no sólo en los EE.UU., sino también en Brasil y Paraguay (La Política Online, 16/08/2012). Lo hizo junto a representantes de Monsanto, afirmando que “hay que respetar la propiedad intelectual (…). Si se paga por la semilla de maíz y la de girasol o se compran camionetas 4x4, no veo escollos para la soja”. Por su parte, desde la empresa reconocieron que “los mecanismos de consenso se están alcanzando, trabajamos con un gobierno que ha abierto el diálogo". Inmediatamente, volvieron a intentar instaurar un sistema de regalías, que pusieron a prueba con agricultores localizados al norte de la región pampeana. Al año siguiente, por otra parte, Monsanto volvería a vender sus propias semillas de soja, bajo la marca Asgrow. Mientras tanto, el MINAGRI preparaba un nuevo anteproyecto para modificar la LS (La Nación, 22/08/2012). Así, el gobierno parecía haber alcanzado, finalmente, un acuerdo con Monsanto.

En este contexto, el conflicto adquiriría una nueva dinámica. Una primera expresión de esto puede hallarse en el anteproyecto propuesto por el MINAGRI. Elaborado con el consenso de los obtentores, se trataba de una propuesta sumamente restrictiva, que limitaba el uso propio gratuito a un grupo de pequeños agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, mientras que para los restantes se creaba la figura del “uso propio oneroso”, limitado a la cantidad de semilla adquirida originalmente por la cual se pagarían DPI. Dicho registro, sin embargo, podría ser modificado posteriormente por el INASE. Como podía esperarse, la FAA se retiró de la mesa de negociaciones denunciando tanto que el anteproyecto daría lugar a una “pulverización” del uso propio, como que favorecía abiertamente a Monsanto. La SRA, por su parte, pareció resignarse a que el escenario había cambiado, y se conformó con que el anteproyecto permitía “preservar el uso gratuito aún con limitaciones”, y con que establecía que con una adecuada formulación legal se podría “evitar que en un futuro, no muy lejano, la Ley de Patentes anule el derecho del productor establecido por la Ley (de Semillas) vigente” (La Nación, 24 y 29/09/2012; Valor Soja, 04/10/2012).

Al igual que en ocasiones anteriores, no obstante, el anteproyecto jamás llegaría al Congreso. La oposición más tenaz provendría esta vez desde las entrañas del propio MINAGRI. Allí, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita (una de las agrupaciones que conformaban el kirchnerismo y se hallaba vinculada a organizaciones gremiales y piqueteras) y recientemente designado para conducir la Subsecretaria de Agricultura Familiar, se opuso tenazmente a cualquier tipo de modificación a la LS. Así, no sólo el propio gobierno había dejado de ser capaz de articular una posición unívoca, sino que el conjunto de organizaciones y movimientos vinculados a pequeños productores, cuya agenda política difería sustancialmente de la planteada por las entidades agrarias (y particularmente de la de la SRA), ganaba peso propio en la disputa33. La situación se repetiría, incluso bajo el mando de un nuevo ministro, en los años 2014 y 2015: con mayor o menor grado de aprobación por parte de los obtentores, nuevos borradores de anteproyecto de índole similar al anterior jamás trascenderían la órbita del Ministerio34.

Pero la expresión más clara de esta transformación en la dinámica del conflicto se evidenciaría no tanto en lo que haría el gobierno, sino en lo que dejaría de hacer. En efecto, mientras el primer anteproyecto aún se hallaba en discusión, Monsanto comenzaría a comercializar su tecnología Intacta, y afirmaría poseer, esta vez, las patentes correspondientes. Tras licenciar su uso a los criaderos de variedades, buscaría imponer su propio sistema de regalías mediante contratos privados con los capitalistas agrícolas. Sólo que, en esta ocasión, lo conseguiría.

Dichos contratos incluían, en efecto, la llamada “cláusula Monsanto”, que consistía en la firma de una licencia de uso por parte de los agricultores en la que estos se comprometían a pagar regalías por el uso propio de variedades protegidas durante 20 años, y facultaban a acopiadores y exportadores a realizar controles en su nombre sobre la circulación de granos y, en caso de encontrar infractores, a descontar compulsivamente un canon de mayor valor. El sistema fue generalizado a partir de la campaña 2014/15, lo que desató las esperadas réplicas por parte de la SRA y la FAA, e incluso de los acopiadores, quienes denunciaban que la empresa los utilizaba gratuitamente como cobradores (Clarín, 22/02/2013; El Cronista, 03/09/2014; Página/12, 01/09/2014; La Nación, 01/04 y 14/10/2015). El gobierno, sin embargo, se abstuvo esta vez de accionar, limitándose a reunir a las partes para intentar llegar a algún tipo de consenso, que preferentemente incluyera la marcha atrás de Monsanto con su polémica cláusula (La Política Online, 08/04/2015). Vista la falta de acuerdo, optó por no intervenir, dejando en pie el sistema. Así, la situación comenzaba a revertirse para Monsanto: si bien la legislación permanecía aún inalterada, había logrado algo incluso mejor: imponer sus propias condiciones de cobro, independizándose al mismo tiempo de la suerte de los obtentores.

Tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, la balanza siguió inclinándose hacia su lado. En efecto, ante la multiplicación de las protestas por la imposición de la “cláusula Monsanto”, la empresa decidió aceptar un nuevo método de cobro propuesto en el ámbito de la Bolsa de Cereales, llamado Bolsatech. Éste eliminaba el cobro compulsivo en nombre de la empresa por parte del acopiador o exportador, y establecía que en el caso de detectarse la presencia no declarada del evento Intacta se notificaría a aquélla entregándole un certificado que le permitiría iniciar la demanda correspondiente en la cámara arbitral de la Bolsa35. Ya bajo el mando de Ricardo Buyaille (miembro de la clase terrateniente y expresidente de la CRA), el Ministerio emitió una resolución que daba de baja ambos sistemas de cobro sólo para implementar posteriormente el sistema Bolsatech de manera oficial, y declaró que el mecanismo se sostendría hasta la aprobación de una nueva LS en el Congreso36. Así, el nuevo gobierno terciaría en la disputa en favor de la empresa, oficializando lo que hasta allí era un sistema paraestatal de control y cobro.

El último episodio del conflicto tuvo lugar a mediados del 2016, cuando el gobierno de Macri envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la LS, a partir de la regulación de dos aspectos principales. Por una parte, el pago de la propiedad intelectual se agotaría en la semilla (esto es, en su compra o reproducción) y sería efectuado únicamente a los obtentores. Esto implica que las patentes tendrían validez sólo frente a éstos, mas no frente a los agricultores, con lo cual su titular no estaría autorizado a reclamar ningún tipo de pago que la ley propuesta no contemplara. Las reglamentaciones del proyecto, por otra parte, permitían reproducir semilla para uso propio al 80 % del total de agricultores, lo que significaba que hasta el 60 % de la producción podría pagar regalías. En particular, se establecía que si durante tres campañas no se superara la superficie original, el agricultor debería pagar regalías sólo durante ese lapso, a menos que superara posteriormente dicha superficie. Por último, quedaría excluido del derecho de uso propio quien guardara más semilla que la que compró, por lo que se vería obligado a realizar un pago por cada nueva siembra (bastaría, sin embargo, comprar otra variedad para evitar caer en el caso) (La Nación, 20/08/2016). Cabe destacar, asimismo, que el proyecto establecía que el pago de regalías sobre la semilla sería de “orden público”. Esto impediría la puesta en funcionamiento de sistemas más gravosos de cobro mediante contratos privados. Esto se tornaría el aspecto más resistido del proyecto por parte de los obtentores, que buscaban dejar abierta la posibilidad de establecer sistemas de cobro mediante contratos (Valor Soja, 16/10/2016). Por su parte, si bien desde Monsanto afirmaron que “no podemos pronunciarnos sobre el proyecto porque eso le corresponde de ASA”, dejaron trascender su rechazo (iProfesional, 04/10/2016).

Se trata de un proyecto mucho menos restrictivo respecto del que había sido formulado en el 2012. Tanto es así que la CRA lo calificó como “interesante”, mientras que desde FAA se limitaron a señalar que “el uso propio es más acotado de lo que proponemos”, sin rechazarlo de plano (La Nación, 20/08/2016). Por su parte, los obtentores nucleados en la otra cámara del sector, la Asociación de Semilleros Argentinos, no lograron modificar el proyecto acorde a sus propuestas, y acabaron por rechazarlo con críticas al gobierno, argumentando tanto su carácter “inconstitucional” como el hecho de que no promovería la venta legal de semillas ni mecanismos fiables de control (La Política Online, 08/09/2016; La Nación, 20/09 y 12/10/2016). Si bien este proyecto fue presentado en el Congreso a mediados de octubre de 2016, ni éste ni otros introducidos en fecha similar llegaron a ser discutidos37.

5. El contenido del conflicto en el marco de la acumulación de capital en la Argentina

Repasemos lo visto hasta aquí. Comenzaremos por sintetizar el escenario en el que se produce la disputa. Tras la aprobación comercial del evento RR, que en la Argentina quedaría librado al dominio público, su uso se difundió rápidamente sobre la base del uso propio y la venta de semillas no fiscalizadas. Hacia finales de la década, cuando las variedades RR ya explicaban casi la totalidad de la superficie sembrada con soja, y a pesar de no contar con la protección legal de su desarrollo, Monsanto intentaría imponer el sistema de regalías extendidas de manera conjunta con los obtentores nucleados en ARPOV.

Las exigencias de aquélla acabaron por desatar, como vimos, un conflicto de alcance internacional que involucró a una multiplicidad de actores. Entre ellos, serían las organizaciones agrarias las que liderarían, con distinta vehemencia, el enfrentamiento contra el pago de regalías. Y a partir de una alianza de hecho con esas organizaciones, el gobierno actuaría medio de la SAGPYA. Su acción sería determinante a la hora de preservar el statu quo, al menos durante el primer período.

5.1. La derrota de Monsanto durante la primera fase del conflicto

El primer intento de cobro consistió en el sistema de regalías extendidas, lanzado por ARPOV. Allí se buscaba cobrar las regalías sobre el germoplasma y sobre el evento RR de manera simultánea y por medio de los obtentores, que incrementarían el valor exigido sobre la venta y reproducción de variedades de soja RR de forma que se incluyera el canon que les había licenciado Monsanto. El punto débil de dicho sistema estaba constituido tanto por la venta ilegal de semillas como por la posibilidad de reproducir variedades para uso propio. Y si bien la legislación impide esta práctica respecto de los eventos patentados, Monsanto no había logrado proteger su tecnología RR. En este contexto, su estrategia inicial fue mantener el sistema en pie, dado que al no poseer DPI sobre su invención, los intentos de cobro de regalías de manera diferenciada carecerían de sustento legal, con lo cual el cobro a través de contratos privados con los obtentores se constituyó en su opción preferencial. De este modo, quedaba determinada una coincidencia objetiva de intereses entre aquéllos y Monsanto para el cobro conjunto: para los primeros, constituía la posibilidad de aliarse a un capital que, a priori, parecía tener más potencia que ellos a la hora de imponer el reclamo; para la segunda, se trataba del modo de cobrar por una tecnología sobre la cual no poseía patente.

Ante el fracaso de este sistema y la imposibilidad de modificar la LS, Monsanto buscó diferenciar el cobro de regalías tecnológicas estableciéndolo sobre la venta del grano, dejando así a los obtentores librados a su suerte. Carente de todo tipo de base legal para hacerlo, el intento fue infructuoso, y la empresa decidió jugar el último as que le quedaba bajo la manga, el recurso a las cortes europeas de justicia, sin embargo no tuvo mejor suerte.

Así, y a pesar de la variedad de recursos que puso en juego, Monsanto no logró doblegar al gobierno que, aliado a las organizaciones agrarias, impidió tanto la consolidación de un sistema efectivo de pago de regalías como que se modificara sustancialmente la LS. En efecto, en primer lugar no convalidó el sistema de regalías extendidas; por otra parte, si bien promulgó resoluciones que regulaban restrictivamente el derecho de uso propio, no se esforzó por hacerlas cumplir. Asimismo, tras haber acordado con las cámaras de obtentores un sistema alternativo, anunció que postergaría su implementación para después no hacerlo jamás, y cuando finalmente se anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso, éste no sólo excluía del pago a la tecnología RR, sino que establecía un plazo de pago de regalías significativamente menor al contemplado internacional y localmente. Por último, ante el inicio de un litigio en los tribunales europeos, el gobierno tomó parte y acabó venciendo a Monsanto, además de iniciarle una demanda en la justicia local por competencia desleal. Posteriormente, y a pesar de reiterados anuncios, no envió al Congreso ningún proyecto para modificar la legislación.

Por su parte, las organizaciones agrarias jugaron el papel de enfrentar cada intento de avance de Monsanto y de los obtentores. Lo hicieron denunciando vez tras vez el avasallamiento de los derechos de los agricultores, tras lo cual el gobierno permitía que algunas de sus propias disposiciones quedaran en letra muerta bajo el argumento de que no era necesario modificar la legislación, sino simplemente exigir al INASE mayor rigor a la hora de fiscalizar la venta de semillas. Éste, sin embargo, no sólo no vio incrementada su capacidad de fiscalización, sino que la SAGPYA llegaría a poner a su cargo a un dirigente de FAA, precisamente la entidad que se había opuesto a todo tipo de modificación de la situación existente.

Resulta evidente, en este sentido, que al amparo del hecho de que Monsanto carecía de derechos de propiedad sobre el evento RR, la acción del gobierno fue clave para reproducir el statu quo tal como reclamaban las organizaciones rurales. Para dar cuenta de por qué su acción tomó esta dirección, detengámonos en el contenido de la alianza entablada con aquéllas, y en el carácter de la riqueza social disputada.

5.2 Los actores sociales del conflicto y la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina: en torno a la riqueza social en disputa

La alianza entablada entre las organizaciones agrarias y el gobierno kirchnerista resulta uno de los aspectos más llamativos del enfrentamiento. En efecto, no se trató de una coalición habitual bajo este período, sino más bien lo contrario: a lo largo del mandato presidencial de Néstor Kirchner, el vínculo con aquéllas se resentiría rápidamente debido a la implementación de políticas económicas aplicadas sobre la circulación interna de mercancías agrarias, entre las que destacan los acuerdos de precios, la sanción de precios máximos, el cierre temporal de exportaciones y, especialmente, el alza de los impuestos a la exportación. De hecho, en el año 2006 las entidades enfrentaron al gobierno mediante dos paros, los primeros que sufriría el kirchnerismo: el primero sería realizado exclusivamente por la CRA, mientras que al segundo se sumarían tanto la SRA como la FAA, que hasta allí había procurado mantener un buen vínculo con el gobierno. Dos años más tarde, ya con Cristina Fernández en la presidencia, las cuatro asociaciones actuarían coordinadamente para enfrentar la sanción de la Resolución 125, lo que dio lugar a uno de los conflictos agrarios más trascendentes de toda la historia argentina (Pérez Trento, 2017)38. Cabe preguntarse entonces cuál era el carácter de esta alianza que durante la primera fase del conflicto había tenido potencia suficiente para detener los embates de un capital de la talla de Monsanto.

Comencemos por dar cuenta del carácter de la riqueza social disputada. Aquí entra en juego, en primer lugar, la autogamia de la planta de soja, esto es, su capacidad para reproducirse conservando prácticamente inalterada su carga genética39. De esta forma, los agricultores tienen la posibilidad de obtener una segunda generación de semillas con iguales características que la anterior (lo que incluye, ciertamente, las modificaciones genéticas) sin tener que volver a comprarlas ante cada reinicio del proceso de producción. Sucede, sin embargo, que la realización de la ganancia normal40 de los capitales aplicados al desarrollo de eventos biotecnológicos resulta incompatible con el volumen de ventas que hasta épocas recientes estaba asociado a la producción de semillas autógamas41. En efecto, dado que la posibilidad de reproducir semillas para uso propio tiende a contraer el tamaño del mercado, dicha ganancia debería estar portada en una cantidad de mercancías relativamente pequeña, lo que llevaría su precio a niveles que no encontrarían demanda social solvente. Por lo tanto, dichos capitales sólo pueden realizar su ganancia normal a través de un número determinado de ventas repetidas en el tiempo, o, en su defecto, del pago de regalías tecnológicas ante la reproducción para uso propio.

En este último caso, la apropiación de ganancias por el desarrollo de variedades autógamas y de eventos biotecnológicos se diferencia de lo que sucede con la generalidad de las mercancías. Por tanto, la forma jurídica bajo la cual se realiza necesariamente dicha apropiación excede, como destacan Starosta y Caligaris (2017) respecto de las llamadas “mercancías cognitivas”42, la simple codificación de su posesión como propiedad legal, ya que debe extenderse para regular las condiciones específicas de apropiación de su valor de uso, a partir del establecimiento, en este caso concreto, de las condiciones de su consumo productivo43.

Como vimos, esto requirió el desarrollo de un marco jurídico destinado específicamente a regular los parámetros de su reproducción y circulación. En este sentido, la creación y extensión del sistema de DOV establecido por los convenios UPOV constituyó un intento a escala global por establecer y expandir los DPI sobre variedades. En el caso de los eventos biotecnológicos, encuadrados en el sistema de patentes, el control sobre la reproducción de semillas protegidas se ha extendido considerablemente más allá de los límites fijados por los DOV. El ejemplo más evidente lo constituyen los EE.UU., en los que la reproducción para uso propio de semillas de soja RR está prohibida por el sistema contractual implementado por Monsanto, así como por la posibilidad de obtener patentes sobre variedades.

Es precisamente la capacidad adquirida por los capitales biotecnológicos para regular la reproducción de estas mercancías lo que, en buena medida, determinó el eje del enfrentamiento. En efecto, las pretensiones de cobro de Monsanto, que se sumaron a las de los criaderos, enfrentaron una fuerte resistencia, que impidió virtualmente el cobro de regalías de todo tipo. ¿Quién se convirtió en beneficiario de esta situación? Habíamos planteado que la masa de plusvalía disputada constituye la ganancia de Monsanto. Pero en la medida en que el no pago de regalías se conviertiera, como lo hizo, en una condición normal de la producción, esta caída en los costos de producción redundaba en una ganancia extraordinaria para los capitalistas agrícolas. Y en cuanto tal, dicha ganancia extraordinaria acabó siendo apropiada por los terratenientes bajo la forma de renta diferencial de la tierra (Marx, 2009 [1894], pp. 823-833)44. En este sentido, la alianza entablada entre el gobierno y las organizaciones agrarias tuvo como objetivo inmediato la reproducción de este statu quo originario.

Surge entonces la pregunta por el contenido de la acción política realizada por el Estado, que a pesar de enfrentarse sistemáticamente a las asociaciones agrarias entabló con ellas una alianza para enfrentar las pretensiones de Monsanto y los obtentores. La respuesta se halla en la forma específica bajo la que se acumula el capital en la Argentina.

De acuerdo al análisis desarrollado originalmente por Iñigo Carrera (1998; 2007; 2013 [2003]), uno de los rasgos más destacados de la economía argentina lo constituye la apropiación de fracciones de renta de la tierra por los capitales del sector industrial45. En efecto, además de un gran número de pequeños capitales de origen nacional, en dicho sector operan filiales de los capitales más concentrados del mundo, que aquí producen casi exclusivamente para un mercado interno de pequeño tamaño. La reducida escala a la que operan determina la puesta en marcha de una productividad del trabajo marcadamente menor a la normal y, consecuentemente, de una tasa de ganancia igualmente inferior. En este sentido, una de las formas en que estos capitales se resarcen está dada por la apropiación de porciones de renta diferencial de la tierra mediante distintos mecanismos a los que da curso el Estado en calidad de representante político general del proceso nacional de acumulación de capital46.

Desde esta perspectiva, no resulta sorprendente la relación entablada entre el gobierno kirchnerista y las asociaciones agrarias. Por una parte, en la medida en que éstas representan a la clase terrateniente, el vínculo en cuestión estuvo caracterizado por el conflicto, cuyo eje principal estuvo relacionado con las políticas económicas bajo las que discurrió la apropiación de renta (y en particular, de las retenciones a la exportación de mercancías agrarias). Por la otra, no obstante, tanto el gobierno como aquéllas están igualmente interesados en expandir la masa de renta de la tierra que fluye hacia el proceso nacional de acumulación de capital, indistintamente de la forma en que ésta acabe apropiándose. Así, al actuar de forma tal de incrementar dicha masa, el gobierno no hizo sino afirmarse como representante político de este proceso en procura de potenciar su expansión.

Durante la primera fase del conflicto, como vimos, la potencia de esta alianza fue suficiente para impedir tanto una transformación jurídica que regulara más estrictamente el uso propio, permitiendo tanto a los criaderos como a Monsanto cobrar algún tipo de regalías, como el establecimiento de un sistema de cobro sui generis por parte de esta última. Al menos para Monsanto, no obstante, este escenario cambiaría marcadamente a partir del 2012.

5.3 El desarrollo de un nuevo evento biotecnológico y el cambio en la relación de fuerzas

La relación de fuerzas comenzaría a invertirse con el desarrollo de un nuevo evento para la soja, tras lo cual el conflicto iniciaría una segunda etapa. En efecto, tras batallar frontalmente contra la empresa, el gobierno kirchnerista modificaría significativamente su posición. Por una parte, el ministro de Agricultura consensuaría con las cámaras de obtentores un anteproyecto de ley sumamente restrictivo, distanciándose así de la política ejecutada anteriormente por Campos. Si bien ni éste ni los que lo siguieron lograron atravesar su camino hacia el Congreso, debido a que fueron torpedeados desde adentro por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, él permitió que Monsanto implementara un sistema de cobro de regalías. Se trata de un método que brinda a la empresa mejores condiciones de las que podría reconocerle cualquier modificación legislativa, puesto que en este caso impuso ella misma los términos de cobro47. Así, por primera vez, comenzaría a apropiar regalías tecnológicas sobre casi la totalidad de las variedades que incorporan el evento Intacta. En este sentido, si bien el conflicto se mantendría aún irresuelto cuando el gobierno kirchnerista se retirara del poder hacia el final del 2015, su potencia a la hora de enfrentar a Monsanto había mermado fuertemente. Este proceso siguió su curso tras la asunción del gobierno de Macri, que oficializó el sistema Bolsatech, el cual le dio una pátina de legitimidad a esta forma de cobro y garantizó su reproducción hasta tanto se modifique la LS.

¿De dónde brotó esta renovada fortaleza exhibida por Monsanto a la hora de imponer sus exigencias? Como vimos, el momento en que el kirchnerismo comenzó a virar su posición coincide con la aprobación de una nueva biotecnología para la soja, sobre cuya propiedad intelectual Monsanto parece haber obtenido algún grado de control. La cuestión, sin embargo, no se reduce simplemente a la obtención de DPI:

…si Monsanto tuviera la patente [sobre la tecnología RR] en el país el conflicto no sería muy diferente al actual, porque lo que no se terminó de acordar es cuál es el mecanismo más eficiente para restringir el uso propio gratuito que realizan los productores locales amparados en la ley de semillas (Página/12, 19/02/2006).

Esto había sido afirmado desde la SRA ya en el año 2006, y era una posición que compartía el propio Campos.

En efecto, si la dinámica del conflicto comenzó a transformarse con la irrupción de una nueva biotecnología, no se debió simplemente a que Monsanto poseyera patentes. Esto no fue más que la condición para que la empresa pudiera poner en marcha una estrategia extremadamente simple, que le permitió colocarse en una posición mucho más favorable: la amenaza de no comercializar localmente el evento, lo que acabaría por dejar a la Argentina rezagada en la competencia por la exportación de granos y derivados de soja. Asimismo, este rezago implicaría la contracción en la magnitud de renta de la tierra que fluye hacia aquí. De aquí que tanto la representación de la fracción más concentrada de la clase terrateniente, encarnada en la SRA, como la cabeza del propio gobierno nacional hayan comenzado a mostrarse más dispuestos que antes a hacer concesiones.

Es sobre estas bases que la empresa cobraría suficiente fuerza para variar su estrategia, y lograría así imponer un efectivo sistema de cobro sobre la venta de granos. De forma contrapuesta, los obtentores perderían, al menos momentáneamente, un aliado clave.

Conclusiones y palabras finales

En este trabajo hemos procurado dar cuenta del contenido del enfrentamiento desarrollado en la Argentina en torno al pago de regalías, en el cual toman parte una diversidad de actores sociales. En particular, mientras Monsanto y los criaderos reclaman el pago de regalías por el uso propio de las semillas, tanto las asociaciones agrarias como el gobierno enfrentaron estas demandas.

Desde nuestro punto de vista, el cambiante desarrollo del conflicto está vinculado con la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina, caracterizado por la apropiación de fracciones de renta de la tierra por parte de los capitales más concentrados del sector industrial. En efecto, la imposibilidad de cobrar regalías por el uso propio tiene como resultado la expansión en la masa de renta diferencial de la tierra, parte de la cual alimentó la valorización de dichos capitales mediante distintas políticas económicas a las que dio curso el gobierno nacional. Es sobre esta base que se conformó una alianza de hecho, limitada a la disputa por las regalías, entre las asociaciones agrarias y el gobierno nacional.

Como señalamos, esta alianza demostró tener la suficiente potencia como para impedir virtualmente la apropiación de todo tipo de regalías, al menos durante la primera fase del conflicto. En buena medida, esto se debió a que Monsanto jamás logró obtener DPI sobre el evento RR. Con el desarrollo de un nuevo evento para variedades de soja, sin embargo, dicha empresa incrementó su capacidad de presión, ya que pudo comenzar a utilizar el marco jurídico en su favor. Esto resultó en que logró implementar su propio mecanismo de cobro.

De este modo, la posibilidad de modificar la LS comenzó a operar en sentido contrario. En efecto, hasta ese momento, esto constituía una de las formas posibles bajo las cuales Monsanto podría cobrar regalías tecnológicas, ya que hubiera permitido a los criaderos cobrar regalías sobre el germoplasma e incluir en esa suma el canon correspondiente a Monsanto. La instauración de un nuevo sistema de cobro de regalías sobre el evento Intacta, sin embargo, invirtió la cuestión, al menos en lo que refiere a esta empresa.

En efecto, en el escenario abierto actualmente, las modificaciones de la LS tendrían efectos desiguales sobre los capitales aplicados al desarrollo tanto de variedades de semilla como de eventos biotecnológicos. Por una parte, una nueva regulación del uso propio forzaría a dar de baja al sistema Bolsatech, planteado como alternativa de cobro temporaria, y retrotraería la situación a su fase inicial al convertir nuevamente a Monsanto en aliado objetivo de los obtentores, en cuyas manos volvería a concentrarse el cobro de todo tipo de regalías. Dado que la venta de semillas certificadas y el cobro de regalías extendidas no se ha incrementado significativamente a lo largo de estos años (International Seed Federation, 2015), esta posibilidad afectaría negativamente a Monsanto. Por otra parte, al menos hasta aquí, las distintas propuestas de modificación de la LS no anulaban el derecho de uso propio gratuito, sino que lo restringían en distinto grado. Esto también afectaría a Monsanto, que con el sistema impuesto ha logrado cobrar sobre la venta de prácticamente la totalidad del grano que incorpora el evento Intacta. De esta forma, la sanción de una nueva LS se convertiría en la forma bajo la cual el Estado podría regular el cobro de regalías, restringiendo la capacidad de maniobra de Monsanto a la hora de establecer sus condiciones de cobro. En contraposición, los obtentores saldrían fortalecidos, puesto que volverían a encontrar en aquélla a un aliado de peso a la hora de presionar para incrementar la proporción de semilla sembrada sobre la que se pagan regalías. Por último, resulta evidente que, en vista de que el conflicto sigue abierto, tanto el gobierno como los terratenientes necesitan seguir enfrentando los avances de Monsanto.

Por lo demás, resulta evidente que tampoco el gobierno actual tiene la voluntad de modificar la ley complaciendo todos los requerimientos de la empresa y los criaderos. Así, a dos décadas de haberse iniciado, el conflicto permanece abierto.

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Notas

1 La forma concreta que adoptó la expansión en la producción agrícola, particularmente en lo que refiere al desarrollo de nuevas tecnologías, el incremento en la escala de capital necesaria para poner en marcha los procesos de producción, y las consecuentes transformaciones en la estructura social vinculadas con estos procesos es frecuentemente referida por la literatura especializada como agronegocios o agribusiness. Al respecto, pueden consultarse los trabajos de Gras y Hernández (por ejemplo, 2009 y 2013), Giarracca y Teubal (2008), y Reboratti (2010), entre muchos otros.

2 A su vez, el desarrollo de biotecnologías se inserta en una fase de veloz desarrollo de las tecnologías de producción agrícolas, usualmente referida como “revolución verde” (Perelmuter, 2011).

3 Como señalan Delvenne et al. (2013), esta empresa condensa además una gran cantidad de representaciones: además de constituirse como la quintaesencia de la corporación multinacional, se la suele asociar también al paradigma de la expansión económica como único indicador de bienestar, las prácticas colonialistas de las potencias mundiales, y la explotación de los recursos naturales de Latinoamérica por parte de aquéllas.

4 En relación a la composición de los miembros de la CONABIA, que representan tanto al sector público como al privado, y a sus vínculos con los principales capitales de las distintas ramas de la producción agrícola, véase Newell (2009), y especialmente Pellegrini (2013) y Aranda (2017). Respecto de esta última cuestión, resulta notorio que un gran número de sus integrantes representa a los capitales que producen los eventos transgénicos, particularmente tras la reforma del 2017.

5Si bien la CONABIA quedó a cargo de la investigación de posibles riesgos ambientales asociados a la biotecnología, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA), creado en 1996, sería la institución encargada de dar cuenta de riesgos asociados al consumo humano de los productos que la incorporan. Por último, la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios (DNMA) tendría a su cargo el análisis de riesgos comerciales (Trigo, Chudnovsky, Cap y López, 2002). Esta tarea sería iniciada en 1997, momento en que la UE comenzaría a endurecer sus posiciones respecto de la importación de este tipo de grano (Pellegrini, 2013). Todos estos organismos, por otra parte, dependen de la SAGPYA.

6 Cabe destacar que la creación de una red institucional destinada a la regulación del uso y experimentación con biotecnologías se produjo poco tiempo después de un incidente sucedido hacia finales de la década de 1980, cuando se descubrió que laboratorios extranjeros estaban probando secretamente una vacuna recombinante contra la rabia en el ganado local. El episodio dejó a la vista la existencia de un vacío legal en torno a la investigación biotecnológica en la Argentina (Kloppenburg, 2004; Pellegrini, 2013).

7 No sorprende, en este sentido, que la creación del INASE esté vinculada, al menos parcialmente, a presiones de las cámaras semilleras (Domingo, 2003). Respecto de sus capacidades de acción, sin embargo, cabe destacar que en primer lugar que se trata de un organismo que debió siempre autofinanciarse, y que, en segundo lugar, hacia 1994 apenas lograba gestionar un personal de 70 empleados, de los cuales 20 eran inspectores (Gutiérrez, 1994). En este sentido, la contracción del mercado negro de semillas probablemente deba ser atribuida en mayor medida, como veremos, a la conformación y accionar de ARPOV.

8 Un análisis pormenorizado del marco jurídico en torno a los derechos de propiedad intelectual sobre biotecnología puede hallarse en el documento de Basso y Genovesi (2016).

9 Por evento se entiende la colección de genes o secuencias genéticas que, al ser introducidas en el genoma vegetal de una variedad, le confieren una propiedad distintiva.

10 El organismo encargado de analizar y expedirse sobre los requerimientos de patentes es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).

11 Los obtentores, por lo tanto, son aquellos que han desarrollado y registrado una variedad vegetal. De manera general, comprenden tanto a los criaderos como a las instituciones públicas, entre las que destaca el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

12 En buena medida, la adecuación a esta forma jurídica de regular la propiedad intelectual respondió a presiones de los gobiernos de países como los EE.UU. En efecto, la escala global que alcanza esta armonización jurídica permite a los capitales que operan a escala transnacional poseer una mayor potencia a la hora de apropiar ganancias. Al respecto, véase el trabajo de Perelmuter (2011).

13 Lo cual, por otra parte, es consistente con versión de 1978 del convenio UPOV, que prohíbe la doble protección de variedades (esto es, mediante patentes y derechos de obtentor).

14 Ante la denegación de la patente, Monsanto inició un pleito legal que se resolvería en el año 2000 mediante una sentencia de la Corte Suprema que tendría el efecto de hacer caer todas las reivindicaciones amparadas en la figura legal de patente de reválida, de la cual se había valido la empresa. Véase, al respecto, el Caso “Unilever NV c. INPI”, fallo del 24/10/2000.

15 Se ha señalado, no obstante, que a pesar de la generalización de la siembra directa, la expansión agrícola sigue poniendo en riesgo la sustentabilidad de las tierras. Véase, por ejemplo, Pengue (2009).

16 La expansión del mercado ilegal de semillas tendría sin embargo una consecuencia notable: el menor precio de éstas arrastraría hacia la baja el de las semillas certificadas. En efecto, si en 1997 el precio de la bolsa de 50 libras de las variedades que incorporaban la tecnología RR promediaba los 25 dólares, hacia 1999 su valor había caído a un promedio de 9 US$, en torno al cual oscilaba la venta de semillas de bolsa blanca. En contraste, el precio se mantuvo entre 20 y 23 US$ en los Estados Unidos durante dicho período (United States General Accounting Office, 2000).

17 El INASE obliga a todo vendedor de semillas a inscribirlas en alguna de las categorías determinadas por la LS. Así, mientras que las semillas que no poseen propiedad intelectual deben estar registradas como identificadas, la categoría de semillas certificadas es expedida a aquellas que, luego de ser inscriptas para su comercialización en el registro oficial, son multiplicaciones de semillas originales provistas por el obtentor y destinadas a su venta para siembra. En este sentido, tanto la producción de la semilla original como su multiplicación requieren de fiscalización por parte del INASE para poder ingresar al mercado.

18 Probablemente oscilaba en torno al 50 % hacia finales de la década (Vara, 2005).

19 E incluso, a sabiendas de que no tenía forma legal de hacerlo, como reconocieron sus dirigentes ante funcionarios comisionados por el Congreso estadounidense para la elaboración de un informe sobre la disparidad en los precios de las semillas en EE.UU. y Argentina: “according to Monsanto, it is not feasible to charge a technology fee on soybean seeds in Argentina without patent protection” (United States General Accounting Office, 2000, p. 14).

20 Tras la denegatoria de patentes, los obtentores no necesitarían ya de licencia alguna para incorporar el evento, y por tanto no estaban forzados a pagarle un canon a Monsanto, aunque no hacerlo probablemente los hubiera excluido de acceder a tecnologías futuras.

21 Se trata del material genético que contiene las características heredadas por cada variedad vegetal, y que les confiere su carácter específico.

22 De hecho, el primer intento de cobrar regalías se realizó sobre una variedad de trigo (Baguette 10) desarrollada por Nidera (FAA, 2005), y que no portaba evento biotecnológico alguno.

23 Esto no significa, ciertamente, que organizaciones ecologistas o vinculadas a campesinos, comunidades de pueblos originarios y pequeños productores, entre otros, no enfrentaran también las pretensiones de Monsanto. Respecto de los casos de Greenpeace y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, puede consultarse el trabajo de Poth (2010). Resulta evidente, sin embargo, que la agenda política de estas organizaciones (muchas de las cuales acabarían confluyendo posteriormente en la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas) era marcadamente distinta, ya que tendían a impugnar el llamado “modelo agrícola” en su generalidad.

24 Se trata de una organización que reunió a asociaciones agrarias de distintos países del mundo. Su objetivo declarado consistía en oficiar de foro en el cual los líderes de éstas pudieran definir sus intereses y adoptar una acción coordinada para promoverlos, así como oficiar de portavoz reconocido de los agricultores a nivel mundial, expresando sus preocupaciones ante reuniones internacionales de gobiernos y otros organismos (Boletín informativo del CNA de México, 2006). Fue creada en 1946 y, antes de disolverse en 2010 por falta de fondos, llegó a agrupar a 120 entidades pertenecientes a 79 países.

25 Asimismo, la FIPA se haría eco de las preocupaciones que comenzaban a aparecer en relación a las biotecnologías. En efecto, en las memorias de su reunión con las autoridades de Monsanto se evidenciaría el temor por la “excesiva dependencia de un número reducido de empresas proveedoras de semillas en un contexto internacional de liberalización económica” y en el que “los desarrollos científicos más avanzados están pasando a ser privados y a estar protegidos por patentes”.

26 Como señala Vara (2005), el anuncio estuvo también vinculado a la desestimación del caso presentado por Monsanto ante Defensa de la Competencia por la importación de glifosato chino a precios de dumping.

27 La CONASE es el organismo encargado de asesorar al INASE en materia de semillas. Está compuesta por 10 miembros, de los cuales 5 representan al sector público y los otros 5 al sector privado. Esta segunda mitad suele estar integrada tanto por miembros de las cámaras de obtentores como de las asociaciones agrarias.

28 Inicialmente, el proyecto había sido impulsado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que proponía cobrar un porcentaje de 4 % (Clarín, 22/11/2004).

29 En estos términos, no sólo los obtentores hubieran dejado de percibir regalías por el germoplasma de variedades registradas hacía más de siete años, sino que tampoco lo hubiera hecho Monsanto por el evento RR incorporado a ellas.

30 El gobierno plantearía que la legislación del bloque sólo reconoce la vigencia de la patente del evento RR en aquellos productos en los que éste exprese su función genética, esto es, la tolerancia al glifosato. Y para que ello suceda, la semilla debe utilizarse con fines de siembra y propagación. Y dado que la UE no importa granos de soja, sino productos derivados (principalmente harina), Monsanto carece de todo tipo de derecho sobre éstos.

31 Esto desataría un intenso conflicto que articularía a los pobladores locales con organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda, que lograrían impedir la puesta en funcionamiento de la planta. Un análisis del conflicto puede encontrarse en el trabajo de Barros (2016).

32 Se trata de una tecnología que apila dos eventos: el RR2Y, que permite incrementar el rendimiento potencial de la RR tradicional al introducir el gen en otra región del ADN, y el BT, consistente en una resistencia contra insectos lepidópteros que ya se utilizaba en variedades de maíz y algodón (de ahí que también se conozca esta tecnología como RR2BT). Ninguno de estos dos eventos es en sí mismo novedoso, lo que daría lugar a impugnaciones sobre la validez de las patentes reclamadas por Monsanto. A ello se sumó un informe del INPI (2015) en el que se señalaba que Monsanto sólo contaba con patentes sobre “partes de los eventos”.

33 Lo harían no sólo a través de dicha Subsecretaría de Agricultura Familiar (posteriormente devenida secretaría), sino también mediante su convergencia en la llamada Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. La campaña contra la modificación de la Ley de Semillas llegó incluso a articularse en la realización de unas jornadas de debate público realizadas en el Congreso Nacional hacia fines del 2014, en la que participaron también diputados de la oposición (Notas - Periodismo popular, 20/11/2014).

34 Ya bajo el mando de Casamiquela, el MINAGRI volvería a elaborar un anteproyecto de ley, excluyendo esta vez a las cámaras de obtentores de la redacción final. Sus principales lineamientos serían presentados en mayo del 2014, junto a representantes de movimientos campesinos y de la agricultura familiar (Perfil, 16/05/2014). A mediados del 2015, ante un nuevo momento álgido del conflicto, el jefe de Gabinete anunciaría que la cuestión iba a resolverse mediante la sanción de un decreto, para afirmar tres semanas después que se estaba trabajando en un nuevo anteproyecto (Telam, 10/06/2015).

35 Por supuesto, el consenso no sería absoluto en el interior del Consejo Directivo: los representantes de SRA y CRA votaron en contra, mientras que los de la FAA ni siquiera acudieron a votar. Monsanto, por su parte, manifestó inmediatamente su conformidad (La Nación, 21/12/2015).

36 La efectividad del mecanismo implementado fue particularmente elevada: durante la campaña 2016/17, un 94 % de la cosecha de soja sería analizada, y dicho análisis arrojó que un 15 % incorporaba la tecnología Intacta (Bichos de Campo, 30/09/2017).

37 Un esquema comparativo de los proyectos puede verse en La Nación, 01/11/2016.

38 Notoriamente, la irrupción de este conflicto no tuvo consecuencias respecto del accionar del gobierno y de las corporaciones agrarias en torno al conflicto por las regalías. Distintos análisis sobre este conflicto pueden hallarse tanto en el trabajo citado de Pérez Trento como en los que fueron recopilados en el volumen editado por Giarrracca y Teubal (2010), entre muchos otros. Por otra parte, como destacan Perelmuter y Poth (2009), el conflicto permitió la emergencia de algunos de los debates vinculados con la forma concreta que toma actualmente la producción agrícola.

39 En contraposición, las plantas alógamas (entre las que destaca el maíz en cuanto al volumen global de producción) se reproducen mediante fertilización cruzada. Esto facilita la creación de variedades híbridas, en las que a partir de la cruza de dos líneas parentales distintas se obtiene una variedad superior. Y a diferencia de las plantas autógamas, la descendencia de éstas no reproduce los caracteres genéticos de la semilla sembrada, por lo que pierde el llamado vigor híbrido, y obliga a los agricultores a volver a comprar semillas cada temporada. De ahí que suela afirmarse que poseen una especie de “protección natural” contra la violación de los DPI.

40 Se trata de la tasa de ganancia apropiada por los capitales normales, esto es, los que se hallan concentrados en la magnitud necesaria para participar activamente en el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social.

41 Lo mismo sucede, a pesar de su menor magnitud, con los capitales aplicados al desarrollo de variedades.

42 Véase el trabajo referido para una crítica de estos desarrollos teóricos.

43 El paralelismo entre la reproducción de semillas y la de software protegidos por derechos de propiedad intelectual es presentada por Rapela (2006a). Más allá de las similitudes, resulta evidente que existen marcadas diferencias entre las semillas y las mercancías constituidas como paradigmas del “capitalismo cognitivo”.

44 En este sentido, cabe preguntarse si la relativamente baja apropiación de regalías sobre las variedades desarrolladas por los criaderos también constituye actualmente una fuente de apropiación de renta diferencial. En efecto, si bien el uso propio de semillas de soja viene decreciendo marcadamente en los EE.UU. desde la década de 1960, la irrupción de las variedades RR duplicó la velocidad de reducción, cosa que no puede sorprender si se considera la veloz generalización en la siembra de estas variedades y la imposibilidad de hacer uso propio establecida en los contratos de licencia de Monsanto (Mascarenhas & Busch, 2006). Así, los agricultores se ven forzados a volver a comprar semillas ante cada reinicio del ciclo de producción. Y, como señala Rapela respecto de este mercado, “bolsa vendida equivale a regalía cobrada” (2006b, p. 544).

45 De manera general, esta característica se presenta también en buena parte de los restantes países de América Latina. Para un análisis de algunos de ellos sobre estas mismas bases, véanse (entre otros) los trabajos de Grinberg (2010), Starosta & Grinberg (2014), Kornblihtt, Seiffer, & Mussi (2016), Caligaris, (2017), Fitzsimons & Starosta (2017), y Dachevsky y Kornbhlitt (2017).

46 Entre ellos destacan, por su magnitud, los impuestos a la exportación de mercancías agrarias y la sobrevaluación de la moneda. La primera afecta una porción del precio de dichas mercancías constituido por la renta de la tierra, y sigue su curso hacia sus destinatarios finales mediante distintas políticas (como el pago de subsidios, el préstamo de fondos públicos a una tasa de interés real negativa, la generación de la capacidad de compra para las mercancías producidas por los capitales en cuestión, etc.). La segunda lo hace de forma indirecta, al retener en la mediación cambiaria una fracción de la renta que luego apropian los capitales industriales al importar medios de producción abaratados. Ambos mecanismos, por otra parte, abaratan también el valor de la fuerza de trabajo que pagan estos capitales, sin afectar las condiciones materiales en las que ésta se reproduce. Lo hacen como consecuencia de la competencia entre los capitales agrarios por vender sus mercancías, lo que resulta en que también la porción de éstas destinada al consumo interno circula por debajo de su precio de producción, y abarata así los medios de vida en cuya producción aquéllas entran directa o indirectamente.

47 En este nuevo escenario, una modificación de la LS operaría ahora más bien en sentido contrario, esto es, restringiendo la capacidad de maniobra de Monsanto a la hora de establecer sus condiciones de cobro. Respecto de los criaderos, sin embargo, tal modificación seguiría constituyendo la única forma en que pueden apropiar regalías.

Recibido: 19 de Junio de 2018; Aprobado: 03 de Diciembre de 2018

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