La tensa relación entre proyectos extractivos y comunidades indígenas tiene una larga trayectoria en América Latina y el Caribe. La historia de los pueblos originarios en el actual territorio latinoamericano se desenvuelve dialécticamente entre el saqueo y la negación de su identidad. En el caso de Argentina, eso es verificable especialmente en el genocidio indígena perpetrado durante el siglo XIX (^{Salinas, 2018}; ^{Escolar, Salomón Tarquini y Vezub, 2015}). Allí, como en toda América, la modernidad convirtió a la anulación de los pueblos indígenas en un fundamento del sistema capitalista (^{Tuhiwai Smith, 2016}).

La clausura de la última dictadura cívico-militar-eclesial en Argentina (1976-1983) funcionó como un catalizador de ciertas demandas históricas de las clases populares (Gamallo, 2020). Entre ellas, la reivindicación ancestral de los pueblos indígenas ganó presencia. En 1994, con motivo de la reforma constitucional, se otorgó al derecho indígena jerarquía constitucional a partir del reconocimiento expreso de 'la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos'. Anteriormente, en marzo de 1992, el Congreso nacional había aprobado el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) sobre ´Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes´, ratificado en el año 2000 mediante la Ley 24.071. Aquel convenio superó las omisiones y falencias del Convenio N° 107 de 1957 que había sido redactado sin la participación de representantes indígenas y no incorporaba el derecho a la libre determinación de los pueblos. Pese a ello, ese reconocimiento no implicó la traducción efectiva de un derecho real al territorio por parte de las comunidades indígenas.

Con todo, el proceso de reforma neoliberal del Estado aceleró las condiciones de la reemergencia política de las comunidades originarias en el país (^{Lazzari, 2018}; ^{Escolar, 2005}). En ese contexto, se sitúan los conflictos y acciones que tienen lugar al norte de la Patagonia argentina, justo donde comienza la región de Cuyo.¹ Este territorio escasamente estudiado aún, expone agencias sociales y prácticas etnopolíticas que describen parte de lo que sucede en todo el movimiento indígena latinoamericano. El recorrido por las luchas territoriales del universo indígena permite comprender la reconfiguración de las prácticas autónomas y su tensión con la estatalidad vigente: los espacios de autogobierno se complementan por una nueva subjetividad colectiva que genera la demanda de las comunidades indígenas. Esto es notorio particularmente en contextos de conflicto ambiental vinculado a los procesos de despojo, cercamiento de lo común y profundización del extractivismo (^{Svampa, 2015}).

Este artículo se divide en cinco secciones. En primer lugar, se explica el marco teórico de reemergencia indígena en contextos de avance neoliberal sobre los territorios rurales, a partir de las nociones de extractivismo y nuevos cercamientos. En segunda instancia, se lleva a cabo una caracterización del caso de estudio, para luego describir la metodología utilizada, que se basa en entrevistas y observaciones, así como también en la revisión de literatura pertinente. En el cuarto apartado se describen los dispositivos neoextractivistas sobre los que se asientan las iniciativas estatales y el surgimiento de articulaciones políticas integradas por comunidades mapuche-pehuenche en el sur de la provincia de Mendoza (Argentina). A lo largo de esta sección se describe la conflictividad que desencadena el neoextractivismo petrolero a partir del “fracking” como iniciativa oficial, sobre la cual emergen formas de autonomía territorial indígena en Malargüe y sus modalidades de auto-organización comunitaria. Finalmente se aportan las conclusiones que retoman los ejes de discusión propuestos.

Marco teórico: territorios y reemergencias indígenas, nuevos cercamientos y extractivismo

Existe un importante avance en la investigación científica respecto de la problemática indígena en el sur global (^{Guerrero, 2016}); tanto en el plano normativo, como en la implementación efectiva de los derechos indígenas (^{De Echave, 2010}). A su vez, en los últimos años se ha ampliado la indagación sobre las externalidades extractivistas clásicas de los gobiernos neoliberales, como las neoextractivistas de los gobiernos postneoliberales (^{Gudynas, 2018}; ^{Svampa, 2019}). Sin duda, los cambios políticos operados recientemente han permitido reelaborar las discusiones críticas respecto del desarrollo y la inserción dependiente del mercado global que deriva en la criminalización de vastas comunidades indígenas (^{Gudynas y Acosta, 2011}).

En el transcurso de los conflictos territoriales, las comunidades indígenas organizadas desarrollan estrategias de intervención social y política (^{Velasco, 2021}). Por ello, el impulso de formas autonómicas por parte de las identidades indígenas en los cimientos de una sociedad capitalista, resulta un eje central para comprender las actuales formas de extractivismo neoliberal (^{Harvey, 2007}; ^{López y Vértiz, 2015}). De esa manera, bajo el imperio del capital, las dinámicas socioespaciales y socioecológicas conforman macroprocesos interrelacionados entre sí, tanto en la reproducción de la estructura de poder, como en la dominación de las sociedades capitalistas actuales (^{Harvey, 2018}).

Este trabajo retoma la categoría de lo ´rural´ para remitir a la territorialización del espacio mediante procesos de apropiación y organización que los mismos habitantes dan a su lugar en tanto identidad colectiva de la comunidad (^{Valenzuela, 2015}). En los espacios rurales de Sudamérica, durante las últimas dos décadas se ha dado una sostenida avanzada del capital sobre territorios comunitarios indígenas (^{Chacon y Mendoza, 2019}). Por su parte, la noción de ´extractivismo´ que aquí se recupera remite a la transformación de los bienes comunes en mercancías y a la utilización de las riquezas naturales a un ritmo que no es compatible con los tiempos de reposición impuestos por la naturaleza (^{Gómez-Lende, 2019}). En el proceso extractivista se incluyen actividades tales como la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio.

En la actualidad, el proyecto neoliberal renueva su embestida sobre espacios comunitarios consolidando nuevos cercamientos de los bienes comunes: el carácter predatorio emparenta estas explotaciones con los procesos de cercamiento y despojo propios de la llamada ´acumulación originaria´ que, lejos de ser un proceso histórico superado, se reactualiza mediante nuevos y más intensos mecanismos (^{De Angelis, 2012}). Varios autores han trabajado las condiciones que dan lugar a ´nuevos cercamientos´, tanto en el vínculo del laissez faire con la desposesión de la población de sus medios de producción y subsistencia (^{Perelman, 2012}), como en la destrucción interna y externa de los derechos tradicionales de subsistencia (^{Galafassi, 2012}; ^{De Angelis, 2012}). Aquí este concepto es entendido como un proceso político-económico de acaparamiento de tierras que tiene lugar en territorios de subsistencia indígena a partir de una renovada expansión del capital petrolero y minero. En Argentina, desde los años ´90 tuvo lugar una reestructuración del territorio rural que se produjo a múltiples escalas para facilitar la inversión, la venta y la exportación de los recursos naturales (^{Brent, 2015}). Esto se dio en paralelo a nuevos cercamientos de los territorios comunitarios campesinos e indígenas (^{Galafassi, 2012}).

En el caso del límite fronterizo entre la Patagonia y la región de Cuyo, existe escasa documentación acerca de los procesos de cercamiento y las respuestas surgidas desde la autonomía indígena y su dimensión económica. Para poder comprender la reorganización indígena en este territorio, recurrimos al concepto de “sustentabilidad” de Richard Stahler-Sholk (²⁰¹⁵). Esta noción es utilizada aquí como el emergente de un conjunto de prácticas productivas y reproductivas que las familias indígenas llevan a cabo para asegurar su vida material y cultural, con base en una economía de subsistencia y autoconsumo. Ello nos acerca a una mejor interpretación de las economías locales de subsistencia como formas de autonomía indígena. Finalmente, con base en esto, la idea de autonomía de carácter económico y territorial, es utilizada en este trabajo para indicar una modalidad de relaciones de producción comunitarias, ancladas ‒muchas de ellas‒ en el valor de uso, el intercambio y la cooperación, que eventualmente puede ser leída como una oposición a la lógica hegemónica del capital (^{Martínez Navarrete, 2017}).

Caracterización del universo de análisis

La provincia de Mendoza se encuentra situada en el centro-oeste de Argentina; allí la Cordillera de Los Andes es la frontera natural con Chile. Durante el período colonial Mendoza formó parte de la Capitanía General de Chile hasta la fundación del Virreinato de Buenos Aires. Históricamente, en esta provincia se han reconocido dos grandes grupos de poblaciones indígenas: los huarpes dedicados a la agricultura al norte de la misma, y al sur de la provincia los cazadores-recolectores reconocidos como mapuches, puelches y pehuenches.² En la actualidad, en toda la región de Cuyo persiste una amplia población indígena perteneciente a pueblos que habitaban la región, previo a la colonización. A partir de 1980, los procesos organizativos de las comunidades indígenas locales contribuyeron a rescatar distintos aspectos de su identidad y configuración territorial; esto acontece con notoriedad en el departamento de Malargüe, ubicado en el sur de la provincia de Mendoza.

Malargüe es la comarca más austral de la provincia, limitando al sur con la provincia de Neuquén. Allí las negociaciones sobre la extracción y los derechos sobre la tierra han sido condicionadas históricamente: desde el siglo XX sus tierras fueron la garantía para el endeudamiento público provincial, un ejemplo de ello fue la Ley Provincial de Venta de Tierras Fiscales N° 248 del año 1902, que entregó a bajo precio más de dos millones de hectáreas a manos de capitales extranjeros (^{Cepparo, 2014}). En la actualidad, por estar ubicado en los límites de la formación geológica denominada ´Vaca Muerta´,³ este territorio resulta un punto central de conflictividad entre empresas petroleras, comunidades indígenas mapuche, crianceros y diferentes niveles del Estado (^{Hadad, Palmisano y Wahren, 2021}).

Sobre este amplio espacio rural abocado a la ganadería caprina, desde el año 2007 comienzan a organizarse una serie de comunidades indígenas. En un primer momento las familias que habitaban la costa del río Malargüe conformaron la comunidad Malal Pincheira, en tanto las que habitaban el paraje La Matansilla, el Lof Kupan Kupalme. En 2008 se hicieron públicas las demandas de estas comunidades y se conformó la Organización Identidad Territorial Malalweche. Conforme los datos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI, 2022), la provincia de Mendoza cuenta con 30 comunidades indígenas inscriptas, pertenecientes a los pueblos Huarpe, Mapuche, Mapuche-Pehuenche, Kolla y Ranquel. En los últimos años, en Malargüe “suman decenas los grupos mapuches y pehuenches institucionalizados e inscriptos, a su vez, en espacios supracomunitarios con dinámicas cambiantes: más de veinte comunidades mapuches y mapuche-pehuenche se nuclean en la Organización Identidad Territorial Malalweche” (^{Magallanes, 2020}, p. 15).

Desde entonces, Malalweche ha desarrollado una serie de estrategias organizativas de visibilización: tanto la Cooperativa Ganadera Las Vegas, el Frigorífico La Lagunita, como la Cooperativa de Trabajo Kiyen, consolidan espacios autónomos de la economía popular dedicada a la producción de carne caprina de forma tradicional, comunitaria, extensiva y trashumante, vinculados a la Federación de Trabajadores de la Economía Social –FETRAES- (^{Molina Guiñazú, Polti y Soto, 2021}).

La organización ha procurado erigir autonomías indígenas en el marco del reconocimiento formal estatal, a partir de amplios marcos legales de reafirmación de sus derechos que no han tenido condiciones materiales de realización. La calidad de vida en las zonas rurales de Malargüe está directamente vinculada a sus vivienda y servicios básicos. Con relación a ello, se identificaron tres espacios/territorios en los que se desenvuelve la cotidianeidad autónoma de las comunidades de Malalweche:

En este sentido, se considera que las autonomías no pueden ser entendidas como un punto de llegada o una formalización institucional histórica. El concepto de autonomía funge como una categoría nativa con un uso relativo y reciente, ligada al desarrollo de las estrategias de subsistencia de las familias campesinas e indígenas del lugar. En todo caso, dada la complejidad del despojo territorial de estas comunidades, la autonomía es primero que todo un proceso prolongado de auto-organización comunitaria tal como lo propone uno de los integrantes de la organización:

Estamos cumpliendo con el mandato de los ancestros… que nos guían desde el Wenu Mapu. Nos organizamos en grupos de familias dedicadas a la producción caprina como una forma de vida de nuestros crianceros, para el autoconsumo y también para la venta… En invierno, los productores están en las zonas bajas, mientras que en verano se los puede ver por las zonas altas de la cordillera (Nahuel, comunicación personal, enero 2019).

El territorio centro-oeste de Argentina no es uniforme, sino que presenta en su formación socio-histórica una diversidad constitutiva no necesariamente absorbida por la forma estatal en sus pretensiones de homogeneización. Como consecuencia de ello es que cobra importancia una forma autónoma etnopolítica que tiene lugar en un espacio con fuertes conflictos por el uso y el acceso a la tierra. Ello da lugar a ejercicios de resistencia indígena por parte de estos grupos etnopolíticos. El Estado actúa como garante de la relación capital-trabajo. Esto solo es posible por su labor en la reproducción de la asimetría que está en la base de la relación social del capital (^{Thwaites Rey y Ouviña, 2019}). Dicho de otra manera: la debilidad de los Estados nación se debe a esta diversidad de formas de sociedad y persistencia de sus formas de autogobierno. En los espacios rurales donde se organiza la resistencia indígena de Malalweche, se construyen asambleas de comunidad o red de comunidades que demandan y exigen a la estatalidad neoliberal su autogobierno; así lo expresa una de sus integrantes: “Queremos tomar nuestras decisiones, que nuestras comunidades sigan produciendo… por eso exigimos que se cumpla la ley: queremos tener nuestra tierra para que los hijos vivan aquí” (Rosario, comunicación personal, junio 2020).

Por otra parte, la persistencia de mecanismos de la acumulación originaria ha dado sustento a la reproducción ampliada del capital. En la actualidad, el avance sobre los bienes comunes y territorios campesinos e indígenas devino un requisito para que la acumulación neoliberal pueda llevarse a cabo. Esto explica que las políticas de reconocimiento indígena y desregulación territorial conformen procesos de cercamiento propios de la acumulación originaria. Tal como argumenta Guido Galafassi (²⁰¹²), un movimiento análogo al de la resistencia campesina a los cercamientos de tierras durante la transición del feudalismo al capitalismo, puede ser vinculado a lo que sucede actualmente en el centro-oeste de Argentina. El werken (vocero) de esta organización relata ejemplos de ello:

Durante los años 2016 a 2020, nuestra organización enfrentó intentos de desalojo a la Comunidad Lof Suyai Levfv, Lof Suyay Leufu de las familias López y Garro, así como el Lof Laguna Ibera, de la familia Méndez… a pesar de que tenemos personería jurídica otorgada por el INAI, y relevamiento técnico jurídico catastral exigido por la ley 26.160 (Nahuel, comunicación personal, setiembre 2021).

La Organización Identidad Territorial Malalweche reúne 27 comunidades mapuches. De ese total, 10 tienen el trámite de la personería jurídica,⁴ las 17 restantes están en trámite. Cada comunidad tiene entre 5 y 20 familias dependiendo del tamaño del territorio ocupado. Su proceso organizativo comenzó hace 14 años, ocupan unas 800.000 hectáreas y su principal actividad económica está vinculada a la cría de ganado menor, especialmente cabras y chivos. De modo secundario se emprende la actividad agrícola y pecuaria vacuna. La organización productiva es predominantemente familiar; además de promover circuitos de comercialización, sin intermediarios, de sus producciones derivadas de la carne. Por otro lado, llevan adelante una serie de programas sanitarios y comunitarios con familias mapuches, inclusive algunos proyectos turísticos que incluyen el rescate cultural del territorio. Sus principales reclamos tienen que ver con el acceso a la tierra y el agua. Malalweche⁵ trabaja por el acceso a la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por cada comunidad mapuche que no controlan ni detentan legalmente. Pese a que esto es un derecho que les otorga la Constitución Nacional por tratarse de un pueblo preexistente al Estado. La organización busca recuperar la identidad del pueblo mapuche y su relación con el Wajmapu-Territorio Ancestral, su Ixofijmongen-Biodiversidad, y contribuir al desarrollo con identidad de los jóvenes y miembros de los Lof-comunidades.⁶

Metodología

La hipótesis central de este trabajo es que la actual avanzada sobre territorios indígenas en el Puel Mapu, ⁷ está vinculada a nuevos cercamientos y despojos que impulsan formas económico-territoriales de autonomía etnopolítica por parte de las organizaciones indígenas. Esto se debe principalmente al hecho de que, en Argentina, la reestructuración neoliberal se acelera sobre los espacios rurales campesinos e indígenas (^{Cáceres, 2015}; ^{Cáceres y Gras, 2020}). Se considera aquí que la economía local de subsistencia dedicada a la actividad caprina, es el resultado de un tipo de organización política que busca fortalecer la autonomía indígena del territorio estudiado.

Los objetivos planteados están relacionados, en primer lugar, con comprender la reproducción de los mecanismos de apropiación en territorios indígenas del centro-oeste de Argentina a partir del análisis del proceso de desposesión que tiene lugar en ese espacio rural. En segundo lugar, se busca describir la heterogeneidad de la resistencia autónoma indígena que emerge de los procesos de reorganización etnopolítica en el sur de Mendoza, en contextos de conflictividad dados por el avance de emprendimientos hidrocarburíferos.

El presente texto parte de una estrategia metodológica cualitativa, cuya capacidad adaptativa y su diseño flexible posibilita abordar la temporalidad y la espacialidad de la investigación en cuestión.⁸ Se llevó a cabo un enfoque cualitativo que buscó comprender los sentidos de la acción social desde la perspectiva de sus protagonistas. Siguiendo a Vasilachis de Gialdino (²⁰⁰⁶) se ha privilegiado “la captación del significado y del sentido interno, subjetivo, antes que la observación exterior de presuntas regularidades objetivas” (p. 49). Según este enfoque, se trata de un proceso interactivo entre sujetos, en el que se prioriza la palabra y los comportamientos, pero además es un proceso flexible que permite advertir situaciones emergentes de la realidad social indagada. En nuestro caso, el acceso a las significaciones de los actores sociales en torno del conflicto socio-territorial deviene un aspecto central a los fines propuestos.

Las técnicas de recolección de datos fueron definidas a la luz del enfoque propuesto, teniendo como prioridad un trabajo etnográfico en zonas rurales que permita una narrativa de organización territorial recreada por el conjunto de comunidades mapuche y mapuche-pehuenche del territorio ancestral Fvta Eln Mapu Malalwe. Las instancias de observación se realizaron en dos momentos distintos: en primer lugar. un acercamiento exploratorio al territorio en estudio, realizado durante los meses de enero a marzo de 2019; y un segundo momento de entrevistas a integrantes de la Organización Malalweche a lo largo de los años 2020 y 2021. Los momentos del trabajo de campo consistieron en la participación en dos Futa Trawunes (encuentros asamblearios) de la organización previos a la pandemia de COVID-19. De ambos momentos se derivaron un total de 15 entrevistas con mujeres y hombres identificados en esta articulación etnopolítica.

Las entrevistas fueron del tipo semiestructuradas, siguiendo una guía de pautas establecida por: a) antecedentes y surgimiento de la organización, b) formas de organización comunitaria, c) conflictos territoriales vigentes y d) intervenciones políticas de la organización en los últimos años. El criterio de selección muestral fue intencional o por propósitos, teniendo en cuenta las condiciones de heterogeneidad y accesibilidad (^{Valles, 2003}); esto es: se seleccionaron entrevistados habitantes de parajes rurales al igual que una proporción de los mismos que viven en barrios periféricos del casco urbano, integrantes todos de dicha organización. Se tomó la decisión de conservar el anonimato de los y las entrevistadas, interponiendo otras identificaciones no necesariamente coincidentes con el nombre original de los informantes.

Los entrevistados fueron contactados durante el trabajo de campo en el sur rural del departamento. El acceso a los mismos durante el contexto pandémico presentó dificultades y retrasos en el desarrollo macro de la investigación de la cual se desprende este artículo. Durante este periodo se accedió a las entrevistas presenciales una vez levantadas las medidas de aislamiento obligatorio. Los datos que permitieron construir estas técnicas empleadas contribuyeron a una sistematización de los elementos políticos y las modalidades de organización de las comunidades mapuches en territorio malargüino, surgidos de la conflictividad territorial de las últimas décadas. Además de entrevistas con familias campesinas e indígenas integrantes de la Organización Identidad Territorial Malalweche, se expone una sistematización de fuentes secundarias y la revisión de la literatura sobre el caso.

Nuevos cercamientos y reemergencias indígenas

Como parte de un proceso de reemergencia indígena desde la década de 1990, distintos grupos rurales y urbanos reivindicaron públicamente su identidad mapuche, mapuche-pehuenche y pehuenche (^{Escolar y Magallanes, 2016}). Allí, en los últimos años emergió un fuerte cuestionamiento a la narrativa del Estado nación, tendiente a naturalizar la desaparición indígena. A partir de acciones de participación política local y agrupamientos en asociaciones civiles de reivindicación cultural indígena, surgieron articulaciones políticas integradas por comunidades mapuche-pehuenche, entre las que se encuentran además de la Organización Identidad Territorial Malalweche, la Organización Pewel Katuwe y la Asociación Pehuenche. En términos objetivos, la discriminación estructural por razón de su etnia derivó en el rechazo a las políticas públicas monoculturales aplicadas a esos pueblos. Desde una mirada subjetiva, la reestructuración de memorias, recuerdos y saberes por parte de las familias de este territorio norpatagónico y cuyano, habilitaron la reconfiguración de subjetividades colectivas⁹ y la rearticulación de vínculos afectivos y políticos (^{Magallanes, 2020}). Así lo reafirman los miembros de comunidades mapuche-pehuenche:

Nos fuimos dando cuenta de que nuestros abuelos eran indios… no lo habíamos querido ver antes. Nos ayudó mucho todo ese grupo de personas que se fueron organizando con asociaciones, agrupamientos… venían siempre al campo y muchos vecinos empezaron a ir a las reuniones de las organizaciones… (Ayelén, comunicación personal, diciembre 2020)

Este proceso ha sido atravesado por la re-generación de vínculos concretos que garantizaron y ampliaron las posibilidades de existencia colectiva en la ruralidad indígena (^{Gutiérrez y Salazar, 2015}). Malalweche es una estructura política representativa de las comunidades originarias de la provincia de Mendoza. Este reagrupamiento etnopolítico debe su nombre a un intento colectivo de recuperación identitaria por parte de las comunidades mapuche, mapuche–pehuenche del territorio “Fvta Eln Mapu Malalwe”. Así lo describían en contextos de celebración de una asamblea territorial de las comunidades:

Es en base a nuestra esencia mapuche que es nuestro Tuwun (origen territorial) y el Kvpan (origen familiar) … de allí vienen nuestro nombre como organización. El Fvta Eln Mapu Malalwe es el territorio donde se encuentran los Malal… ¿Qué son los malales? Y bueno… podríamos decir que son corrales¹⁰ naturales que se forman con piedras. Esto fue por más de trescientos años una “zona de frontera” para nuestros ancestros… el pueblo mapuche celebró tratados de paz y grandes encuentros políticos, un ejemplo de esos son los parajes que conocemos y donde viven nuestros hermanos indígenas: La Consulta y Los Parlamentos, por ejemplo… (Nahuel, comunicación personal, enero 2019).

Conflictividad socioespacial en Mendoza y Malargüe: neoextractivismo, fracking y defensa del agua

Si bien Mendoza es un territorio abocado a la producción agrícola (especialmente vitivinícola) y ganadera, en Malargüe existe un intenso trabajo extractivo. Allí, en los últimos años han aumentado las concesiones otorgadas por el gobierno provincial a empresas trasnacionales con grandes emprendimientos megamineros, turísticos y petroleros. Estos proyectos colocan a las comunidades bajo amenazas de desalojo de sus viviendas y sus campos trashumantes¹¹ (^{Soto y Ramires, 2022}). Sin embargo, desde la reemergencia de organizaciones campesinas e indígenas en el lugar, las protestas locales han signado el vínculo del movimiento indígena con el Estado. En la lucha contra el extractivismo se han dado ciclos sucesivos que pueden resumirse en tres momentos: 1) conocimiento público sobre los proyectos, 2) acciones de resistencia y 3) respuesta gubernamental que incide en la suspensión de proyectos extractivos (^{Wagner, 2018}).

El avance del ´neoextractivismo´ ha supuesto la obligación de atender a otras actividades más allá de las tradicionalmente consideradas como extractivas. Entre ellas se cuentan el monocultivo, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética ‒a través de técnicas como el fracking‒, la construcción de grandes represas hidroeléctricas, y la expansión de la frontera pesquera y forestal, entre otras (^{Svampa y Viale, 2014}).

Una vez iniciado el siglo XXI, especialmente el neoextractivismo, minero y petrolero, golpeó negativamente a campesinos e indígenas en Malargüe. Los factores causales de este proceso deben buscarse en las nuevas normativas que regularon al sector minero e hidrocarburífero (muy favorables al capital) y en la evolución de los precios internacionales de los commodities (especialmente, oro, plata, cobre y petróleo) entre los años 2003 y 2012; además de los subsidios a la exploración hidrocarburífera. Esto trajo como consecuencia un crecimiento histórico en el número de minas en operación y un mayor número de provincias con explotaciones petroleras efectivas, pasando de 6 a 10 jurisdicciones, mientras que las restantes quedaron inmersas en alguna de las etapas previas a la radicación definitiva de la industria (^{Frechero, 2013}). Este avance neoextractivista aceleró el desplazamiento de las comunidades indígenas de sus territorios en el centro-oeste nacional, principalmente por la fragmentación en el uso del suelo y la amplitud de espacios vacíos de población e infraestructura.

En la zona aquí estudiada, durante estos años las resistencias a la megaminería basadas en la defensa del agua fueron trascendentes a nivel nacional (^{Walter y Wagner, 2021}). Sin embargo, con el fracking hubo una vertiginosa autorización gubernamental, acompañada por la flexibilización de la legislación ambiental y un duro cuestionamiento a las voces críticas de la sociedad civil provincial. Al igual que en otros países, las autoridades locales denegaron inicialmente el permiso para el fracking y luego las decisiones para aprobar la actividad fueron tomadas a nivel nacional (^{Wagner, 2021}; ^{Aczel, Makuch y Chibane, 2018}). Durante la presidencia de Macri (2015-2019), la apertura a la extranjerización de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas (^{Féliz, 2019}; ^{Gamillo, 2020}) propagaron los proyectos mineros y petroleros. Dado que en la zona de Malargüe se produce el 95 % del gas y el 75 % del petróleo de la provincia de Mendoza, allí se concentraron nuevos cercamientos.

Para comprender la naturaleza y la historia contemporánea del extractivismo en la zona, es necesario introducir la discusión en torno al agua. Mendoza sufre desde hace más de diez años una intensa sequía. Fruto de ello es que en 2007 se sancionó la Ley N° 7722, llamada la ´Guardiana del Agua´, encargada de regular la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas. En diciembre de 2019, ante la intención del gobierno provincial de modificar la Ley N° 7722, se dio un fenómeno de enorme resistencia social en las calles. Sin embargo, tal como describe Lucrecia Wagner (²⁰¹⁹; ²⁰²¹), para avanzar con el fracking, el gobierno provincial presentó esta actividad como la continuidad de explotaciones convencionales existentes. Este argumento se utilizó para evadir la evaluación obligatoria de impacto ambiental. De esta manera tuvo lugar una avanzada oficial para que la Suprema Corte declare inconstitucionales las ordenanzas municipales que prohibieron el fracking en varios departamentos,¹² entre ellos Malargüe.

Estrategias de reproducción y resistencia de las comunidades mapuche-pehuenche ante los nuevos cercamientos: fracking y organización indígena

En las últimas tres décadas (1990-2021), en Argentina se aceleraron los aspectos privatistas sobre los que se sustenta la propiedad de la tierra en el país. Pero es a partir de 2016, que una serie de decisiones políticas profundizan los dispositivos de exclusión social sobre los que se asienta el Estado argentino, con especial interés en la anulación de todo tipo de regulación económica en favor de los pueblos originarios. En ese camino, tuvo lugar la emergencia de nuevas formas de despojo territorial, ahora complementadas con modalidades novedosas de extracción económica y devastación territorial. Para las familias crianceras, no hay dudas de esto: “Un ejemplo de ello fue cuando nos quisieron sacar la ´ley de los desalojos´ [Ley Nacional 26.160 de noviembre de 2006]…” (Analía, comunicación personal, enero 2020).

La ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, a la vez que suspendía los desalojos y ordenaba la realización de un ´Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral´ por un período de cuatro años, que por incumplimiento fue prorrogado hasta 2017. Esto es relevante, ya que históricamente para Mendoza las dinámicas de ocupación territorial y el desplazamiento de las comunidades originarias se habían dado de manera violenta (^{Escolar, 2005}).

El tratamiento de las autonomías indígenas ha estado fuertemente orientado a describir las formas en que los pueblos originarios se relacionan con los Estados nacionales. Resulta evidente que en los últimos años las autonomías nacen como formas defensivas, sin embargo, las comunidades indígenas no sólo dan a conocer modos de resistencia para asegurar la vida, sino proyectos políticos de transformación del mundo (^{García Guerreiro y Monasterio Mercado, 2022}). En el caso de la Organización Malalweche, el territorio de resistencia está caracterizado por la exclusión espacial y el despojo como una constante, siendo el cercamiento y la desarticulación de esa economía comunitaria por parte del capital, lo que genera desarraigo.

Es justamente el reverso de esos procesos el que ha visto montarse nuevas estrategias políticas de ocupación de los territorios por parte de esta organización indígena. En esa dirección unas 100 familias mapuches potencian el modo de producción trashumante. A través de la comercialización de la carne caprina las comunidades articuladas a Malalweche crearon la marca Kume Matrü, que en lengua mapuche significa “buen chivo”, dando relevancia a la reciprocidad y la soberanía alimentaria (^{INTA, 2017}). En las palabras de sus integrantes el proceso implica una tarea económica central: “No sólo nos capacitamos en hacer queso de cabra, también queremos integrar todo lo que los animales del campo nos dan… eso le sirve al campo y a la ciudad” (Antonia, comunicación personal, diciembre 2021).

El concepto de ´sustentabilidad´ propuesto por Stahler-Sholk (2015), contribuye a interpretar estas respuestas campesinas e indígenas a la urgencia económica y territorial, específicamente en lo que respecta a un tipo de economía local de subsistencia dedicada a la actividad caprina, que se vale de su organización política para fortalecer estrategias diversificadas de reproducción ampliada. Se observa la búsqueda de alternativas a la lógica de producción mercantil capitalista en momentos en que sus territorios corren peligro. Esta idea de lo sustentable, adquiere relieve al colocarse en contraposición a los ´cercamientos´ de bienes y territorios que el capital promueve desde criterios desarrollistas, neoextractivistas y financieros. De esta manera lo resaltaba en una entrevista un activista de la organización:

Es por toda esta situación que venimos pasando en los campos… que estamos intentando organizarnos con el resto de nuestros hermanos y hermanas … hemos apostado a nuestra producción porque no queremos caer en los servicios turísticos solicitados por las actividades de las grandes empresas… la minería y el petróleo siempre nos ponen en ese lugar…o directamente nos expulsan (Ismael, comunicación personal, abril 2021).

Para comprender mejor la pulsión autónoma en forma de resistencia, se destaca a continuación un momento central de amenaza reciente a las comunidades, con el objeto de observar la dinámica de los nuevos cercamientos antes mencionados. Durante los años de pandemia del COVID-19 (2020-2021) la organización Malalweche realizó un pedido de inconstitucionalidad sobre el Decreto Provincial 248/2018 que reglamentó la práctica de explotación petrolera con fractura hidráulica conocida como “fracking” (^{Malalweche, 2021}). Esta actividad había avanzado violando diferentes derechos, entre ellos los derechos indígenas. Este intento por incorporar el ´Derecho a la consulta Libre Previa e Informada´ establecida por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo ‒que es normativa nacional en Argentina mediante la ley 24.071‒ no fue acogido por el Estado provincial en su acometida extractiva.

Desde finales del siglo XX, la perforación horizontal se ha combinado con la fractura hidráulica de gran volumen para extraer petróleo y gas natural dispersos que, de otro modo, no llegaría a la superficie. Las técnicas de extracción de gas y petróleo, que en otro momento fueron conocidas como ´no convencional´, son ahora una práctica habitual para generar electricidad a escala de servicios públicos y, gracias a la fractura hidráulica, el gas natural se promueve más allá del carbón como fuente de electricidad del país (^{Bertinat, D´Elia, Ochandio, Svampa y Viale, 2014}). Sobre este contexto, las comunidades mapuches en el sur de Mendoza grafican sus reclamos y advierten sobre este avance:

El caso de Lof Limay Kurref que sufrió con la realización de dos pozos en los que se aplica la técnica de fracking para extraer petróleo no convencional … ahí se negó el Derecho a la consulta y el consentimiento… o los casos del Lof Malal Pincheira y Lof El Morro, donde la acción del gobierno provincial no cumplió con los procedimientos… No hay controles y hay desconocimiento de nuestros derechos constitucionales…. (Nahuel, comunicación personal, setiembre 2021).

En la misma línea de acción de estas nuevas formas de desposesión es que en el año 2021, Grecoil S. A., empresa adquirida por el grupo económico Vila-Manzano en 2011, avanzó sobre el territorio denominado La Brea, Malargüe (^{Explícito, 2021}). Esto llevó a la denuncia judicial por parte de Malalweche para frenar la explotación de fracking allí hasta que no se realizase un estudio de impacto ambiental y se consultase a los pueblos originarios como exige la ley. Dicho en voz de una mujer puestera, las consecuencias se dimensionan así: “lo que sucede es que esos proyectos contaminan el agua que tomamos…el agua para nuestros animales viene de la Cordillera y es un bien escaso para nuestro trabajo” (Raquel, comunicación personal, febrero 2020).

A principios del año 2021, el gobierno de Mendoza, a través de un plan de zonificación minera del territorio rural, buscó impulsar el fracking y la minería convencional para aprovechar el enorme caudal del Río Grande, e impulsar la conectividad con los puertos y Vaca Muerta a través de rutas que pasan por Malargüe. Las comunidades de Malalweche enfrentaron de manera directa los desalojos que se dieron como consecuencia, interponiendo cautelares y reclamos ante las instancias judiciales existentes. Sobre esto, la organización apuntó al sesgo colonial y racista de los organismos estatales, pese a ello la lucha se ha sostenido por el esfuerzo comunitario:

… con tres intentos de desalojo y una amenaza con constante hostigamiento que se encuentra latente […] una familia de esta comunidad viene resistiendo y esperando que la justicia de los ricos herederos de las familias acomodadas y coloniales de Mendoza, decida sobre lo irrefutable de las pruebas que vamos a incorporar en este comunicado. Desde hace ya más de 6 años intentan desalojarnos con el argumento de ser propietarios, cuando tenemos pruebas y el informe de un perito catastral que han indicado que ese terreno donde está la familia es de propiedad del Estado, por ende, fiscal (^{Malalweche, 2022}, párr. 4).

La incorporación formal de las comunidades indígenas a la estructura del Estado trae el riesgo de la pérdida de las particularidades políticas e históricas de esas comunidades (^{Weinberg, 2017}), sin embargo, la disputa contra la mercantilización del territorio ha hecho que la autonomía económica y territorial de estas organizaciones, reinvente la discusión sobre la estatalidad vigente en sus territorios. Esto, en buena medida responde a la ambigüedad que asumen los poderes públicos frente a este marcado avance neoextractivo (petrolero y minero) que requiere de la apropiación de territorios indígenas ubicados en los márgenes geoespaciales del espacio rural (^{Soto, 2023}).

Conclusiones

La dinámica extractivista en contextos neoliberales ha tenido como saldo un nuevo avance del capital sobre territorios indígenas en América Latina. En el caso de Malargüe, la aceleración del extractivismo desde los años 90 a la actualidad, vio surgir movimientos etnopolíticos en defensa del territorio. La Organización Identidad Territorial Malalweche es una expresión de la resistencia originaria ante los nuevos cercamientos que tienen lugar en espacios rurales periféricos del Puel Mapu. Tanto el carácter predatorio de la fractura hidráulica (fracking), como los continuos desalojos comunitarios, emparentan estas apropiaciones con los procesos de cercamiento y despojo propios de la llamada ´acumulación originaria´. A partir del análisis propuesto se ratifica que la avanzada sobre los territorios indígenas está vinculada a nuevos cercamientos y despojos que, de la mano de la reestructuración neoliberal, impulsan paradójicamente formas novedosas de autonomía etnopolítica por parte de las organizaciones indígenas.

Si bien, se podría sostener que en Malargüe tiene lugar una forma de autonomía económica y territorial, dado que se trata de un espacio que conserva una relativa capacidad de acción por fuera de pretensiones de homogeneización estatal, los recientes intentos de desalojo dados en el marco de nuevos emprendimientos extractivistas como el fracking, han reforzado el ejercicio transversal en la toma de decisiones, la sustentabilidad y un proceso prolongado de auto-organización comunitaria en el sur de Mendoza.

Situaciones vividas por las comunidades que habitan el Lof El Morro, Lof Suyai Levfv, así como el Lof Laguna Ibera, evidencian la tensión respecto de la legalidad de la ley 26.160 y la acción estatal en el territorio indígena. A partir de estos nuevos cercamientos, surgen diversas formas de autonomía indígena como instancias de defensa territorial. Sin embargo, además de lo defensivo, es posible visibilizar proyectos (etno)políticos que se oponen a la expansión los espacios alcanzados por la propiedad privada, a partir de nuevas estrategias de acción como la comercialización, el trabajo trashumante y la articulación asamblearia de las comunidades.

Las categorías de extractivismo y nuevos cercamientos, sumadas al proceso de contradicción capital-naturaleza, configuran elementos sustantivos para comprender los rumbos actuales del proceso de acumulación por desposesión en el sur de Mendoza. Dado que las (auto) adscripciones indígenas, como las que expresa la Organización Malalweche, han crecido durante las últimas décadas por parte de familias que crían sus animales caprinos desde varias generaciones en la ruralidad malargüina, es posible encontrar en los nuevos cercamientos y los emprendimientos extractivos como el fracking, las razones por las cuales han crecido la criminalización y la negación de las comunidades mapuche-pehuenche.

Se concluye reforzando la idea de que América Latina es un reservorio de lucha indígena y campesina en buena medida porque el neoliberalismo avanza en la desposesión del territorio ancestral. Por otra parte, se infiere que en los últimos años las categorías neoextractivismo y nuevos cercamientos, adquieren una actualidad evidente.

Agradecimientos

El autor desea agradecer a las familias puesteras, campesinas e indígenas, y en especial a la Organización Identidad Territorial Malalweche por la recepción y el tiempo brindado. Asimismo, al CONICET por posibilitar este trabajo.