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Introducción
El descubrimiento del ADN recombinante, en los años setenta, inició la fase “moderna” de la biotecnología, centrada en la ingeniería genética. Técnicas como la clonación o la transgénesis volvieron a esta disciplina objeto de fascinación, crítica y temor, y animaron imponentes promesas. En coincidencia con su vertiginoso despliegue, también el capitalismo atravesó un proceso de transformación, en el cual el conocimiento y el cambio tecnológico desplazaron la producción industrial del centro de los procesos de valorización del capital (Vercellone, 2011). Como afirma Lavarello, las “grandes promesas de la biotecnología radicaban en su potencial para aumentar la productividad de la Investigación y Desarrollo (I+D) y disminuir radicalmente los costos de los productos” (2018, p. 64), por lo que pronto se volvieron “un espacio privilegiado de expansión de la valorización financiera” (ibíd., p. 67). Así, la innovación biotecnológica se volvió un foco de interés para inversores, gobernantes y científicos: una herramienta y aliada clave para el crecimiento económico.
Las nuevas técnicas de mejoramiento (NBT, por sus siglas en inglés: New Breeding Techniques) (Whelan y Lema, 2019) utilizan nucleasas “de diseño” “dirigidas al sitio” (SDNs) para orientar la edición a los genes de interés (Wolt, Wang y Yang, 2016), lo que permite realizar diferentes intervenciones sobre los organismos.1 El descubrimiento de que Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) podía usarse para editar ADN, en 2013, revolucionó la biotecnología moderna. Esta nueva técnica es mucho más precisa, eficiente, versátil, económica y fácil de utilizar que las anteriores, y democratiza el campo de la edición genética, al permitir que más actores tengan acceso (Polcz y Lewis, 2016). Es posible adquirir un kit para editar genes por menos de 170 dólares, lo que torna la ingeniería genética posible para actores con reducidos presupuestos para I+D+i, como los países del sur (Martin et al., 2020).
Para la Argentina, representó una “ventana de oportunidad” única para mejorar su lugar en el mercado internacional de bienes y servicios biotecnológicos, y resolver los problemas generados por la extensión masiva de la agricultura con transgénicos. Pero lejos de un determinismo tecnológico, en el cual “la tecnología se desarrolla como único resultado de una dinámica interna y después, sin ninguna otra influencia, moldea a la sociedad para que ésta se ajuste a sus patrones” (Winner, 2008, p. 27), distintos condicionantes sociales habilitan o clausuran la posibilidad de hacer uso de las nuevas técnicas de ingeniería genética, y de disfrutar o padecer sus resultados.
Este trabajo reconstruye las prácticas de científicos-investigadores, funcionarios, empresarios y vinculadores que hacen posible la I+D+i con CRISPR en la Argentina, y sus principales aplicaciones, analizando los desafíos y potencialidades de esta “apuesta por el desarrollo”. Las alusiones a una “ventana de oportunidad” en la persecución del “desarrollo” aparecen con frecuencia en el relato de los actores. Ellas heredan de lo que se conoció como el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad la idea de que ciencia, tecnología e innovación debían servir al desarrollo nacional y permitirían dejar de ocupar un lugar periférico en la división del trabajo internacional y pasar a una instancia de desarrollo. Mientras este pensamiento, de mediados del siglo XX, creía que ello resultaría del proceso de industrialización, más recientemente comenzó a aparecer como resultado posible y deseable de la explotación de los recursos primarios y naturales, mediado por la creación y agregación de valor científico-tecnológico al sector agropecuario.
De este modo, la emergencia de CRISPR permite observar el cruce entre una nueva forma de concebir el desarrollo ‒debate reactivado en el país entrado el siglo XXI (Bilañski, 2022)‒, como ideal que orienta las políticas de Estado (De Angelis, 2015), y también la ciencia y su utilidad, y permite también iluminar las transformaciones en ambos campos. Mientras el discurso más hegemónico sobre el “modelo de desarrollo”, asociado al agronegocio (Liaudat, López Castro y Moreno, 2021), presenta los procesos biotecnológicos “como opciones neutras, disociadas de formas de poder y, lo que es aún más problemático, como un camino inexorable que nos conduciría a un mayor bienestar humano” (Merlinsky, 2021, pp. 14-15), otros autores apuntan a revalorizar las variables ecologistas y los saberes locales en estas discusiones, en las que prima una “mirada productivista y eficientista” (Svampa, 2013, p. 34).
Así, este trabajo recompone cómo la aplicación de las biotecnologías al sector agropecuario se vuelve “una apuesta por el desarrollo” y la importancia de CRISPR para reavivarla. Si bien existen proyectos de edición génica aplicada al área de salud humana, nos centramos en la orientada al sector agropecuario, dada su importancia macroeconómica en un país con abundantes recursos naturales. Luego presentaremos las principales líneas de I+D+i con la técnica, sus objetivos y el rol que desempeñan empresarios, vinculadores y oficinas de gobierno en su fomento. Finalmente, indagaremos en los límites y desafíos que deberán afrontan estos organismos editados con CRISPR para aprovechar la “ventana de oportunidad”.
Metodología y fuentes
Con una metodología cualitativa, para identificar a los actores y reconstruir qué, quiénes y para qué están trabajando con CRISPR, recurrimos a diversas fuentes y materiales. En ausencia de información centralizada y actualizada, dado lo reciente de la técnica al inicio de esta investigación, la búsqueda fue manual y artesanal. Para obtener datos sobre los proyectos de I+D, revisamos las publicaciones y páginas web de universidades, laboratorios, empresas y centros de investigación que realizan ingeniería genética,2 y de las instituciones que financian, evalúan y albergan proyectos científico-tecnológicos (CyT), como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). En sus bases de datos, buscamos quiénes trabajan con CRISPR, para luego indagar en sus currículos, la información disponible en redes sociales (LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook) y los artículos publicados en revistas académicas y de divulgación.3 En ellos observamos las referencias y menciones a colegas, hasta lograr reconstruir una red de relaciones saturada entre quienes trabajaban con CRISPR en la Argentina.4 Las notas en medios de comunicación resultaron útiles para complementar y actualizar los datos, dado el usual desfasaje entre los cambios que se producen en una investigación y su reflejo en las bases de datos institucionales. Por ello, examinamos las publicaciones etiquetadas como “CRISPR” o “edición genética” en los principales diarios digitales del país.5 Utilizamos también la información recolectada en 8 observaciones en eventos sobre edición génica entre 2018 y 2021.6
Identificados los actores de este ecosistema, realizamos 20 entrevistas semi-estructuradas entre marzo y noviembre de 2019 a científicos-investigadores que hacen I+D con CRISPR, empresarios, y encargados de la vinculación CyT (universidades, incubadoras de empresas y company builders), como se observa en la Tabla 2 del Anexo. Las referencias a las entrevistas serán citadas por su fecha de realización, que se encuentra en dicha Tabla. El criterio para la construcción de la muestra incluyó a integrantes de casi todos los equipos de investigación identificados, contempla instituciones del sector público y el privado, con fines de lucro y sin ellos, y distintos grupos etarios, lo que, en el caso de los científicos, se condice con la jerarquía en su trayectoria profesional. Si bien la muestra puede parecer pequeña, contiene a más de la mitad de los científicos y vinculadores relevados, por lo que resulta representativa del universo al momento de iniciar esta investigación. Por razones de acceso y presupuesto, limitamos la muestra a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, el núcleo más dinámico del país. A 2013, el 37 % de los grupos de investigación en biotecnología se desempeñaba en la provincia de Buenos Aires y el 26 % en la Ciudad Autónoma, con lo que concentraban más de la mitad de la actividad (MINCYT, 2014). Asimismo, el ecosistema para la I+D con CRISPR es análogo al identificado en otras grandes áreas, como la ciudad de Santa Fe.
Para entender el marco formal en que se desenvuelve la edición genética en la Argentina y el rol de las distintas agencias del Estado, estudiamos la legislación con competencia en la cuestión.7 La bibliografía jurídica permitió recomponer los ejes controvertidos y los cambios en las normativas, y tipificar los modelos de legislación de las biotecnologías vigentes en otros países, en tanto su formulación responde a una lógica de relaciones e intercambios que es global.
La emergencia de una apuesta por el desarrollo basado en la aplicación de la moderna biotecnología al sector agroexportador
En América Latina, desde el período de sustitución de importaciones forzado por las guerras mundiales, la apuesta por el desarrollo se centró en la industrialización. La explotación de los recursos naturales, asociada al atraso y a un rol subordinado en la economía global, debía proveer las divisas que permitieran expandir el desarrollo industrial (Barsky y Gelman, 2009) y modificar la estructura productiva. En los años setenta, las transformaciones tecnológicas de la “revolución verde”, las mejoras en los precios internacionales de la soja y el método de siembra directa consolidaron el dinamismo del sector agrícola, que incrementó enormemente su productividad y recuperó su lugar privilegiado en la canasta exportadora (Bisang, 2007).
En ese marco, a mediados de los noventa, la Argentina fue pionera en aprobar la comercialización y producción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM); y comenzó a sembrar la primera variedad de soja GM resistente al glifosato, la Roundup Ready (RR) de la empresa Monsanto (Bilañski, 2022). Esta modificación permitía utilizar un único pesticida (glifosato) que, ahora, no podría dañar la planta. La adopción del “paquete tecnológico” de OGM y herbicida se articuló con la siembra directa y transformó la práctica agrícola, pues expandió las tierras cultivables y redujo sustantivamente los tiempos, costos de personal y gastos fijos dedicados a cada campaña (Hernández, 2007). En tanto los commodities representan el 76,5 % de las exportaciones (Ottaviano, Domingo Sánchez, Portillo, Galván y Senra, 2021), el sector agroexportador comenzó a volverse el depositario de las promesas de desarrollo. Sus ganancias fueron clave para la recuperación económica de un país en crisis (Córdoba, 2019), ya que entre 2007 y 2011 la transferencia desde los productores al Estado representó alrededor del 46 % del total de las ventas, con un promedio de 4,7 mil millones de dólares anuales (Freytes y O’Farrell, 2017). De este modo, la combinación entre la biotecnología y las transformaciones del capitalismo (financierización, neoliberalismo, auge del emprendedorismo) convergieron para modificar la estructura productiva argentina hasta la actualidad (Bilañski, 2022).
Comenzó así una estrecha relación entre los OGM o transgénicos y el sector agropecuario. El Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000 destacaba la importancia estratégica de la biotecnología aduciendo que “su desarrollo representa una parte significativa de las posibilidades de crecimiento económico del país” (GACTEC, 1997, p. 199). Esto conjugaba el auge de la disciplina biotecnológica y la conciencia de que podía desarrollarse en el país, principalmente por la existencia de los recursos, la infraestructura, y las capacidades técnicas. Estas fueron consideradas similares a las de los países avanzados, de modo “que el gap tecnológico, infranqueable en otras oportunidades, aquí no lo es” (ídem).
Pero el éxito económico de simplificar el proceso de producción mediante la adopción de los paquetes tecnológicos tuvo su contracara negativa: no sólo generó graves problemas sobre el medioambiente y la salud,8 sino que además acabó concentrando en este tipo de modificación la innovación fundamental en semillas. De los 62 eventos transgénicos aprobados para su comercialización en la Argentina a junio de 2021, al menos dos tercios son resistentes al glifosato, y casi todos los restantes, al glufosinato de amonio (Argentina.gob.ar, s/f). Por ello, a pesar de las variadas modificaciones que puede introducirse en un OGM –para volverlo, por ejemplo, más nutritivo–, en la práctica estas se concentraron en dos: otorgarle tolerancia a herbicidas y resistencia al ataque de insectos. Casi el 70 % de las semillas OGM tiene uno o ambos rasgos (Sztulwark y Girard, 2020). Por otra parte, los paquetes tecnológicos transgénicos orientaron las prácticas en favor de cultivos con gran inserción comercial global, que generan mayor rentabilidad. De este modo, las modificaciones se concentraron en pocos cultivos (soja, sorgo, maíz, algodón) y en otorgar resistencia a plagas y malezas, lo que condujo al desinterés por las variedades locales y perjudicó a las economías regionales.
Así, esta estrategia productiva consolidó la dependencia de los productores agrarios respecto del paquete tecnológico de los proveedores oligopólicos, que concentraron la innovación fundamental en semillas transgénicas. Esto se debe fundamentalmente a los altos costos y largos tiempos que demandan las distintas instancias evaluatorias establecidas por los organismos reguladores del Estado para que un OGM obtenga autorización comercial. Estas encarecen el producto hasta volverlo inaccesible para casi cualquiera que no sea una gran empresa multinacional (Pellegrini, 2014). De este modo, los transgénicos se volvieron un núcleo central de la estructura económica y redistributiva argentina, mientras consolidaban la dependencia respecto de los proveedores de los paquetes tecnológicos.
Como señala Cáceres, la “eficiencia del modelo productivo ocurre a expensas de la dilapidación del capital natural y de los costos que internalizan otros actores sociales […] o a través de la socialización y el diferimiento temporal de sus externalidades negativas” (2015, p. 21). Frente a un escenario de suspicacia, crítica y conflicto creciente, la edición genética apareció como una oportunidad única para mejorar los beneficios y resolver algunos de estos problemas de la estructura productiva del sector agrícola, y creó las condiciones para que surjan “nuevos actores, estrategias y prácticas productivas que tienen el potencial de cuestionar la inmovilidad de las posiciones adquiridas” (Sztulwark y Girard, 2020, p. 14) y revertir los “signos de agotamiento en la trayectoria innovativa asociada a la transgénesis vegetal y los cultivos transgénicos” (ibíd., p. 13). Al demandar escasos recursos y especialización, las ventajas técnicas de CRISPR habilitaron a los laboratorios argentinos a incorporar líneas de I+D con edición genética, con lo que se abrió una “ventana de oportunidad” para alcanzar el desarrollo.
Como se reflejó en los distintos eventos a los que asistimos, los promotores de incorporar las nuevas técnicas de edición genética al sector agropecuario sostienen que esto permitirá: (1) desarrollar actividades productivas más sustentables, es decir, con menor impacto negativo sobre el medioambiente (como las que demandan menos agua y otros recursos naturales); (2) elaborar nuevas variedades de interés local, y/o (3) que incorporen modificaciones distintas de la resistencia a plagas y malezas; por ejemplo, destinadas a mejorar la calidad nutricional de los organismos. Además, (4) que más actores participen de la cadena productiva, especialmente los laboratorios públicos y pequeñas empresas de capitales nacionales.
Prácticas: La I+D+i en edición genética y su regulación
Los científicos-investigadores
En el país se están realizando investigaciones en edición genética, con variados objetivos, sintetizados en la Tabla 1. Aunque con propósitos diversos, la investigación orientada al sector agropecuario se concentra en los principales cultivos utilizados en el país (soja, alfalfa, trigo, papa), por su extensión y potencial impacto comercial, pero también porque los laboratorios tienen más experiencia trabajando con ellos.
Tabla 1 Líneas de investigación con CRISPR en la Argentina según objetivo y distinguiendo gran área de aplicación
Fuente: Elaboración propia.
Uno de los objetivos de la edición en vegetales es modificar su composición química y/o nutricional; por ejemplo, disminuyendo la presencia de anti-nutrientes o aumentando la de antioxidantes (Feingold et al., 2018). Si bien estos rasgos son de interés agrícola, también benefician al consumidor (ídem). Hay investigaciones en curso que intentan reducir el pardeamiento oxidativo de algunos cultivos, como la papa, la caña de azúcar y los champiñones, para que tengan mejor sabor, sean más saludables y haya menos descarte por parte de la industria alimentaria (González et al., 2020; Feingold, 2018). También, para disminuir la presencia de compuestos anti-nutricionales en granos de soja y tubérculos de papa, o mejorar los caracteres morfo-agronómicos de plantas de cultivo y variedades criollas de tomate.
Además, esto permite mejorar el almacenamiento y el procesamiento de la materia prima (calidad industrial), lo que impacta positivamente en la industria y la sostenibilidad de los sistemas, mediante una mayor eficiencia en el uso de recursos (Feingold et al., 2018). En pos de la sostenibilidad ambiental, se está intentando mejorar la eficiencia en el uso del agua y en el incremento de la resistencia genética frente a enfermedades fúngicas, para disminuir el uso de fungicidas (ídem). Estas ediciones permitirían disminuir el requerimiento de agroquímicos (ídem) o generar procedimientos alternativos para el control de plagas. Hay equipos trabajando en tolerancia a enfermedades, sequía y resistencia a herbicidas en diferentes cultivos, como la alfalfa (Massa, González y Feingold, 2020). CRISPR también se está utilizando para aumentar la producción de ciertas características de interés, como el color, sabor y olor de los vegetales.
En lo que respecta al sector ganadero, los proyectos con edición genética se proponen especialmente reducir los costos y tiempos de producción. Un caso son las vacas y toros editados para inhibir la expresión de la miostatina, que regula el crecimiento de la masa muscular. Con la miostatina “bloqueada”, la expectativa es que las vacas produzcan un 20 % más de carne; llegando al peso ideal para faena en menor tiempo, pero consumiendo la misma cantidad de alimento, lo que reduciría la inversión y los plazos de producción para la industria cárnica (entrevista realizada a CEO de la empresa a cargo, el día 10/07/2019). También se trabaja en vacas Angus a las que se les “rompe” su receptor de prolactina para que no exprese esa proteína, lo que da como resultado una vaca de pelo corto (es una especie de pelo largo), para criarlas en regiones cálidas sin que sufran de estrés térmico (ídem). Esto permitiría que esta raza, una de las más valoradas en el país, pueda criarse en climas más tropicales, como el del norte argentino.
Algunos de los proyectos de I+D también optimizan la actividad ganadera al simplificar la labor humana, lo que en paralelo minimiza la crueldad hacia los animales. Aquí podemos mencionar desarrollos como las vacas Holando a las que se les “noquea” un gen para que ya nazcan descornadas, con lo que se evitan la logística, el gasto y el sufrimiento de sacarles los cuernos (Mucci, 2018). Según explican los entrevistados, este es un ganado muy agresivo al que es necesario descornar, y hacerlo “a la vieja usanza” es doloroso para el animal, conlleva riesgo de infección y complejiza el trabajo humano. El mismo procedimiento se usa en vacas para obtener leche hipoalergénica, “noqueando” la producción de beta-lactoglobulina (entrevista realizada al investigador a cargo, el día 22/04/2019). También se investiga sobre sexado de embriones, buscando métodos para la detección temprana del sexo, en la etapa de diseño del embrión (entrevista realizada al investigador a cargo, el día 25/04/2019). Esto, porque algunas industrias prefieren un animal de sexo específico; así, al conocer el sexo con anticipación, si no es el deseado, se lo “descarta” o se induce el aborto (en animales complejos como los equinos), proceso descrito como costoso y cruel.
Algunas líneas de investigación buscan garantizar la presencia o ausencia de genes específicos en la descendencia de un ejemplar, y para ello editan los embriones para anular las características no deseadas, especialmente en equinos de alto rendimiento. También hay proyectos que utilizan CRISPR para desarrollar vacunas. Aunque tienen como horizonte tratar enfermedades humanas, en principio se orientan al mercado de los animales domésticos, que es regulatoriamente más accesible. Por ejemplo, buscan prevenir cierto tipo de cánceres induciendo virus que generen muerte tumoral, y prueban terapias en instancia de ensayo in vitro (entrevista realizada al investigador a cargo, el día 10/05/2019).
Algunas veces, como vemos, la salud animal y el interés ganadero van de la mano, porque este sector es el principal destinatario de los desarrollos de vacunas y dispositivos para, entre otras cuestiones, facilitar la inducción al celo y la preñez o el diagnóstico de enfermedades. Por ello se busca generar productos de uso simple, de forma que un peón de campo pueda utilizarlos directamente, sin requerir la presencia de un experto o la instalación de un laboratorio (entrevista realizada al investigador a cargo, el día 25/04/2019). Así, el proceso de adopción de una nueva tecnología se vuelve una propuesta más atractiva para el productor, que abriría el mercado y facilitaría su incorporación a la producción agropecuaria. Se destacan también las ediciones que buscan eliminar los genes que dan susceptibilidad a enfermedades, como la encefalopatía espongiforme bovina (Bevacqua et al., 2016), que podrían venderse a países cuya industria ganadera se vio enormemente afectada por la enfermedad (entrevista realizada al investigador a cargo, el día 12/04/2019).
Los empresarios y vinculadores científico-tecnológicos
Desde los noventa, bajo el influjo de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), las políticas referidas a la ciencia y la tecnología pasaron de centrarse en el desarrollo industrial a adoptar un enfoque de carácter sistémico (Crespi y Dutrénit, 2013) centrado en el proceso de innovación. Entendido “como la efectiva incorporación del conocimiento científico y tecnológico a las actividades de las empresas” (Albornoz, 2007, p. 61), la investigación reorientó sus prácticas y comenzó a producir conocimientos para el mercado. Muchas instituciones públicas comenzaron a crear oficinas de vinculación CyT para mediar entre el conocimiento producido por sus científicos y el interés de las empresas. Progresivamente, también comenzaron a desarrollar sus propias incubadoras de empresas, para facilitar y promover “la utilización productiva del conocimiento generado en el ámbito académico a través del apoyo que brindan para la creación de pequeñas empresas innovadoras” (Versino, 2000, p. 151).
Hay alrededor de 500 incubadoras inscriptas en el Registro Nacional de Incubadoras, que ofrecen asesoramiento, espacio físico, capacitación y asistencia financiera. Es decir, ayudan a los científicos a identificar potenciales públicos interesados, a calcular costos de producción y distribución, y a conocer y cumplir con los requerimientos, evaluaciones y aprobaciones que necesitan para “salir al mercado”, entre otras acciones que permitan estimar mejor la viabilidad técnica, financiera y de mercado de su proyecto. Pero los recursos humanos y materiales son limitados, y no alcanzan para financiar todos los ensayos necesarios para desarrollar un producto comercializable, y allí nuevos actores comienzan a ganar espacio en la innovación CyT en el país.
El acercamiento entre el capitalismo financiero y las transformaciones en la gestión empresarial (Boltanski y Chiapello, 2010) habilitó también una particular relación de beneficio mutuo entre emprendedores e inversionistas. La proliferación de startups desde la década del noventa es una de sus manifestaciones. El término designa a empresas emergentes, diseñadas para crecer rápido y asociadas a sectores intensivos en conocimiento con objetivos innovadores (Anokhin y Wincent, 2012). Desarrollan sus productos con menores inversiones y costos, y con mayor rapidez que las grandes empresas, en ciclos de innovación más cortos. Para ello, necesitan constantes inyecciones de dinero, por lo que su desarrollo fue en paralelo al de las inversiones de capital de riesgo o capital emprendedor (venture capital), su principal fuente de ingresos. Con frecuencia, los científicos, ingenieros o tecnólogos que conforman una startup tienen como único capital inicial una idea promisoria, y eventualmente una patente. La única garantía que pueden ofrecer para esa promesa de valor es el conocimiento del equipo que la llevará adelante, lo que dificulta el acceso a vías más tradicionales de financiamiento. Por ello, para llevar adelante ensayos y evaluaciones, necesitan inversores dispuestos a correr el riesgo de apostar por un proyecto con mucho potencial, pero pocas certezas.
En la Argentina proliferan nuevas instituciones (como las aceleradoras de empresas y company buildings) que buscan acercar científicos, empresarios e inversores, y le enseñan a cada uno el lenguaje, los intereses y necesidades del otro, para que puedan trabajar juntos en el desarrollo de un producto o servicio, pero permitiendo que cada uno mantenga su rol. De este modo, juegan un papel clave en un país donde entre el 75 % y el 80 % de la inversión en I+D proviene del Estado (Britto y Lugones, 2020), pero a la vez resultan insuficientes, especialmente para afrontar costosos ensayos y evaluaciones comerciales. Así, múltiples actores clásicos (como las vinculadoras CyT) y novedosos, forman un “ecosistema” que constituye una “espacio intermedio” entre el ámbito científico y el empresario (Eyal, 2012). Sin ser reductible ni a uno ni a otro, dicho espacio permite y reproduce su diferenciación (ídem).
En ese contexto, al menos cuatro startups argentinas están utilizando CRISPR. Michroma la incorporó para aumentar la producción de color de hongos filamentosos para elaborar colorantes alimenticios naturales; BioHeuris está utilizando metodologías de edición génica múltiple para desarrollar cultivos resistentes a combinaciones de herbicidas, con distintos mecanismos de acción y menores concentraciones de cada principio activo; CASPR utiliza CRISPR en sus kits de diagnóstico de enfermedades, en formato de tira reactiva, para que sean más rápidos, económicos y portátiles que los métodos actuales; y New Organs trabaja en la posibilidad de utilizar órganos de cerdo en humanos (xenotrasplantes). Tres de ellas tienen patrocinio y financiación de GridX, dedicada exclusivamente a proyectos biotecnológicos, y la otra, de Aceleradora Litoral (Bilañski, 2022).
Dada la fuerte presencia material y simbólica del Estado en la I+D científico-tecnológica, y la centralidad que el desarrollo de las biotecnologías tiene en su agenda, los nuevos actores del “espacio intermedio” trabajan en estrecha relación con el sector público, del que provienen las ideas y conocimientos que capitalizan y los recursos humanos que lo hacen posible. A la vez, brindan a estos proyectos los conocimientos en “habilidades blandas”, el respaldo y la financiación –o el asesoramiento para acceder a ella– que necesitan para convertir la investigación en desarrollo (Bilañski, 2022). La Ley de Capital Emprendedor de 2017 refleja algunos de estos acercamientos. Creó el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), que otorga créditos y/o asistencia financiera a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor. Ofrece “fondos semillas” y “fondos de aceleradoras”, mediante los cuales el Estado co-financia algunas startups que han sido seleccionadas por las aceleradoras.
Los funcionarios de gobierno
Más allá del incipiente respaldo al emprendedorismo, la principal política estatal de fomento para aprovechar la “ventana de oportunidad” habilitada por CRISPR consistió en plasmar en la legislación que los organismos editados no están alcanzados por la normativa vigente para los OGM (Dederer y Hamburger, 2019). La Argentina fue el primer país del mundo en tomar esta decisión. Lo hizo mediante la Resolución N° 173 de 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP),10 que estableció el procedimiento por el cual la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) debe definir caso por caso si un producto estará alcanzado o no por la normativa para los OGM. Observando el tipo de transformación realizada en el organismo y no la técnica utilizada (Whelan y Lema, 2019), si resuelve que no está alcanzado, el organismo será considerado análogo a la variedad “convencional” y estará “desregulada”. Esto se basa en la premisa de que un organismo editado no difiere sustantivamente de uno que pudo obtenerse mediante otras técnicas convencionales de cría o cultivo (Duensing et al., 2018).
La consecuencia inmediata de esta decisión normativa fue la drástica reducción de los tiempos y costos que los organismos editados y sus derivados deben afrontar para llegar al mercado comercial, en contraste con los transgénicos, que se vuelven posibles para los laboratorios locales (Bilañski, 2023). En simultáneo, también se incorporó la Instancia de Consulta Previa (ICP), que permite someter el producto a la evaluación de CONABIA, aunque aún está en fase de diseño.
La distinción entre editados y modificados también representó una diferenciación terminológica que los funcionarios, empresarios y científicos aprovecharon para “limpiar la fachada” de la ingeniería genética, despegando a los editados de los OGM y el creciente rechazo social que despiertan. Así se evidenció en los eventos de divulgación científica organizados por diversos organismos estatales sobre CRISPR, en los que se enfatizó la diferencia. Uno de los científicos que participó de estos encuentros dijo, respecto del gobierno, que “lo que ellos quieren claramente es que no gane mala fama” (entrevista realizada al investigador, el día 10/06/2019).
Los desafíos (geo)políticos y regulatorios
Como sostenían los entonces funcionarios de la Dirección de Biotecnología, aún está en discusión si los editados “representan o no una promesa para el desarrollo de la biotecnología agrícola en países donde hoy en día la puerta está cerrada al desarrollo y/o cultivo de cultivos transgénicos” (Whelan y Lema, 2017, p. 79). Esta ventana de oportunidad está condicionada por varios factores, como las restricciones que impongan los “inventores” para acceder a las técnicas, la existencia de un sistema científico-tecnológico medianamente desarrollado y con dominio de la genómica, y el aprovechamiento de la reducción de tiempos y de los mínimos de inversión que se derivan de estas nuevas técnicas (Sztulwark y Girard, 2020).
Hasta el momento, los “inventores” no lograron consolidar barreras para el acceso a las nuevas técnicas (ídem). Pese a que el patrimonio de las patentes de CRISPR aún está en disputa entre la Universidad de California y el Broad Institute, ambas instituciones concedieron licencias para desarrolladores académicos e industriales, y acordaron con más de 700 instituciones que las construcciones CRISPR que realicen y su propiedad intelectual estarán disponibles en AddGene, un repositorio sin fines de lucro (Sherkow, 2018). Sin embargo, el futuro es incierto porque el poder de la tecnología plantea cuestiones legales difíciles de resolver (ídem), lo que implica riesgos para emprendedores e inversionistas. Como nos explicaban desde una startup argentina, “las empresas que empiezan a usar la tecnología licencian del que creen que puede llegar a ganar la patente” (entrevista realizada a la CEO, el día 15/11/2019).
La Argentina cuenta con los recursos humanos y materiales para innovar en genómica (Bilañski, 2022; O’Farrell, Pizzo, Freytes, Aneise y Demeco, 2022), en tanto mantiene un sistema universitario y científico con nivel de excelencia (Stefani, 2018). La principal limitación para su competitividad internacional consiste en deficiencias organizativas y presupuestarias (ídem). Lo mismo ocurre con las startups: los informes coinciden en que el principal problema para desarrollar el potencial de ese ecosistema es financiero. De Torres Carbonell (2012) identifica como obstáculos la falta de disponibilidad de financiamiento para nuevos emprendimientos, la ausencia de un activo mercado de capital de riesgo, la falta de una cultura inversora en la población y la desconfianza del emprendedor hacia el inversor financiero.
El principal desafío, entonces, está dado por el aprovechamiento de la reducción de tiempos y de los mínimos de inversión, cuestión que excede los aspectos técnicos y corresponde a decisiones de índole geopolítica y regulatoria. Es que, si bien CRISPR achica los costos de investigación, el verdadero freno a la comercialización de los bienes y servicios biotecnológicos y sus derivados lo constituyen los costos de evaluación, y estos no dependen de la técnica sino de su legislación. En ese sentido, la rápida y deliberada decisión del Estado argentino de no legislar los editados como OGM operó como un fomento para los desarrollos locales. Los eventos basados en estas nuevas técnicas que ya recurrieron a la ICP respaldan la tendencia: el 59 % fue presentado por instituciones públicas nacionales, como INTA y CONICET. Estas representan solo el 8 % del total de las solicitudes para OGM que se aprobaron en el país (Whelan, Gutti y Lema, 2020), lo que confirma que la “desregulación” de los editados fomenta que los laboratorios públicos accedan al mercado comercial con ingeniería genética.
Pero como en muchos países sigue creciendo el rechazo de consumidores y productores a ciertas aplicaciones biotecnológicas (Kuzma, 2018), no todos están abiertos a desregular los editados. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Unión Europea resolvió adoptar un enfoque que analiza el proceso de elaboración de los organismos y no sólo su resultado, por lo que cualquiera que se logre con NBT, como CRISPR, estará alcanzado por la legislación de OGM (Vives-Vallés y Collonnier, 2020), aunque no incorpore ADN de otra especie. Muchos de los países que sostienen esta diferenciación amenazan con dejar de comprar productos argentinos, si se continúa avanzando con las técnicas de edición. Buen ejemplo de esto es lo que pasó con una línea de investigación que había obtenido embriones de equino editados con CRISPR. El CEO de la empresa argentina que llevó adelante este proyecto relató que los embriones no fueron transferidos porque “dimos a conocer un poco la noticia, nosotros, y se armó como un revuelo muy grande” (entrevista realizada el día 10/07/2019); “llamaron desde otros países también, al Ministerio de Agricultura de Argentina, preguntando si nosotros teníamos caballos modificados genéticamente; bueno, un lío” (ídem). Alertados por la posibilidad de adquirir un ejemplar editado sin saberlo, los importadores amenazaron con dejar de comprarlos, frente a lo que el Ministerio de Agricultura y la CONABIA pidieron a la empresa una “presentación espontánea” en la que constara que los embriones no habían sido transferidos. Un investigador que colaboraba con la empresa lo relató así:
“CONABIA espantada, [quería] una citación jurada, diciendo `venga a darme explicaciones de por qué salió esta noticia… [...] Firmar una declaración jurada de que no hay ningún embrión transferido, y con abogado, y con el dueño de la empresa, firmando que no hay ningún embrión transferido, porque esto de Europa me lo piden. Porque si no, no me dejan mandar más caballos´” (entrevista realizada el día 19/03/2019).
Así, más allá de las facilidades técnicas, el éxito comercial de estos desarrollos dependerá de la aceptación social de la edición génica en los países que demandan nuestros bienes y servicios, y de la armonización con la normativa internacional (Marchant y Allenby, 2017). En los últimos años se produjeron algunas transformaciones en el comercio internacional que hacen estallar la concentración de poder que anteriormente ejercían los centros (europeos, occidentales, del norte), como ocurrió durante los noventa con la UE y su prohibición de los OGM. El incremento de la demanda de productos agropecuarios argentinos por parte de potencias emergentes (China) y grandes mercados del sur (África y Latinoamérica) multiplicó los importadores, que pasan a ser países periféricos y/o en vías de desarrollo, con legislaciones sobre biotecnología más parecidas a la nuestra. Esto presiona a la UE, en la que algunos argumentan que la imposibilidad de distinguir eficazmente los organismos editados de las variedades convencionales llevará a que aquellos acaben siendo consumidos más tarde o más temprano, por lo que retrasar su aceptación sólo perjudica a las propias iniciativas de I+D, ya que los entornos regulatorios restrictivos pueden ralentizar o detener la I+D, desincentivar la inversión e incluso impulsarla hacia otros países (Lemarié y Marette, 2022).
En línea con estas reconfiguraciones, los funcionarios de gobierno argentinos llevaron adelante diversas acciones destinadas a formar un bloque entre países de Asia, África y Latinoamérica, para presionar a la UE a adoptar un marco normativo similar al nuestro para los organismos editados (Bilañski, 2022) y evitar obstáculos comerciales (Lema, 2019). Por lo tanto, la capacidad de influencia de los dirigentes en las negociaciones internacionales será decisiva para el destino de CRISPR.
Conclusiones
Las características técnicas de CRISPR simplifican y abaratan la I+D en ingeniería genética, ya que reducen los costos y tiempos de producción de bienes y servicios. Pero la posibilidad de que ello se traduzca en mejoras en la rentabilidad de los commodities de exportación, mayores ingresos de divisas y aumento de los actores que innovan en semillas –especialmente pequeñas y medianas empresas nacionales y laboratorios públicos–, y genere cierta autonomía tecnológica respecto de las grandes multinacionales que actualmente concentran el mercado de semillas OGM, excede las determinaciones técnicas. Descansa, en última instancia, en una serie de decisiones legales y políticas. Dicho de otro modo, el principal desafío para la apuesta por el desarrollo con las innovaciones en curso reside en el modo en que se configure el marco regulatorio de otros países. A su vez, dependerá de una serie de mecanismos de estímulo al interior del país para evitar que las ediciones inducidas acaben nuevamente concentrándose en los tipos de edición y de organismos que generan mayor rentabilidad (soja, sorgo, maíz, resistentes a plagas y pesticidas), en detrimento de otras variedades locales y mejoras en términos de nutrición y sustentabilidad que, si bien se están investigando, no cuentan con el mismo interés y financiación para desarrollarse a gran escala del que gozan los commodities.
