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Introducción
En la actualidad, en la Argentina la interrupción del embarazo se encuentra enmarcada en la Ley Nº 27610, sancionada en diciembre de 2020 y vigente desde el 24 de enero de 2021.1Se trata de una conquista trascendental de derechos del colectivo de mujeres y personas con capacidad de gestar.
El primer protocolo de aborto no punible surgió en 2007, con escasa difusión y aceptación por parte de la población en general y de los equipos de salud. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación redactó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que luego fue actualizado en 2019.2,3Este documento contó con la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 2020. A finales de ese año, se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), luego de su rechazo en 2018 por parte de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina.
El objetivo de este estudio fue evaluar el conocimiento que tienen los trabajadores del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez (HGATA) y del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) Nº 34, acerca de la Ley Nacional de IVE, así como de su capacidad de dar una respuesta adecuada frente a la demanda de consultas acerca de la interrupción del embarazo.
En la literatura médica, al momento de la realización de este estudio, no se encontraron publicados trabajos que analizaran estas variables en poblaciones similares. En el año 2013 el servicio de tocoginecología del HGATA llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y de corte transversal, en el que se evaluó el conocimiento de los profesionales médicos de distintos efectores de la CABA acerca del aborto no punible y la objeción de conciencia. Dicha investigación concluyó que, si bien la mayor parte de la población encuestada refería conocer el marco legal de ese momento, un tercio de los participantes consideraron que podrían tener un problema legal en caso de realizar la práctica.4
Materiales y métodos
Diseño del estudio
Estudio descriptivo, observacional y transversal que incluyó a trabajadores del HGATA y del CeSAC Nº 34.
La recolección de datos se realizó a través de una encuesta anónima de carácter voluntario, enviada por e-mail o Whatsapp durante el período de septiembre de 2021 a abril de 2022.
Características de la muestra
Se analizó una muestra por conveniencia de trabajadores del HGATA y del CeSAC Nº 34, que dependieran directamente de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que durante el período de la recolección de datos se encontraran en actividad. Se excluyeron las personas que participaran directamente de equipos que garantizan el derecho al acceso a la IVE o ILE (por considerar que este grupo especializado tendría mayor conocimiento general sobre esta área en particular, ya que el interés de este estudio era conocer el nivel de conocimiento del trabajador general, no especializado).
Características de la encuesta
La recolección de la información se realizó a partir de una encuesta que diseñamos específicamente para este trabajo, la cual fue autoadministrada y voluntaria; se acompañó de un discurso protocolizado orientado a explicar los objetivos de la encuesta, sin especificar que el foco de interés del estudio era también evaluar la capacidad de dar una respuesta adecuada a los requerimientos de IVE por parte de las mujeres. Se utilizó un formulario de Google digital que se difundió durante 7 meses (de septiembre de 2021 a abril de 2022) a través de listas de correo electrónico y de
grupos de Whatsapp del personal de las instituciones efectoras de salud. Se realizaron visitas presenciales a distintos servicios con el fin de reclutar trabajadores que no tuvieran acceso a las vías de contacto previamente mencionadas, y se les proporcionó el enlace que los dirigía al cuestionario.
La encuesta consistía en 18 preguntas dirigidas, con el objetivo de recabar información sociodemográfica, acerca del conocimiento de la Ley Nº 27610 sobre la interrupción voluntaria y legal del embarazo, la objeción de conciencia y el deseo de recibir capacitación sobre el tema (Anexo 1).
Las preguntas presentaban respuestas de opción múltiple, con la indicación de marcar una sola respuesta, así como otras que ofrecían la posibilidad de seleccionar más de una. El tiempo estimado de realización de la totalidad de la encuesta era de 10 minutos.
Variables
Las variables analizadas fueron divididas en cinco categorías: a) datos generales; b) acerca de la IVE; c) acerca de la ILE; d) acerca de la objeción de conciencia; e) acerca de las necesidades de capacitación en materia de IVE/ILE.
En la categoría “Datos Generales”, la variable “ocupación” se analizó según el sector de trabajo. Para el caso en el que no se hubiera mencionado la respuesta correspondiente en la lista de opciones múltiples, se podía seleccionar una respuesta libre. Luego, se categorizaron según la profesión o el oficio que las nucleara. En concordancia con nuestra postura de propiciar el respeto a la identidad de género, definimos que en el ítem “género”, quien respondiera a la encuesta debía poder verse reflejado en alguna de las opciones. Para ello, incluimos las variables “varón”, “mujer” y “otro”, facilitando al encuestado la opción de responder en forma no binaria.
Asuntos estadísticos
El análisis de los datos fue llevado a cabo por un analista independiente, mediante el lenguaje Python. Con la finalidad de estudiar la relación entre el conocimiento del marco teórico-legal y la capacidad de brindar una respuesta efectiva ante un posible escenario de la práctica diaria, definimos a los encuestados en dos grupos según su conocimiento de la Ley Nº 27610. Asignamos el carácter de “conocedores” a quienes hubieran contestado correctamente el 100% de las preguntas relacionadas con el conocimiento de dicha ley, y “no conocedores” al resto de los encuestados. Estas preguntas hacían referencia a las semanas de gestación para IVE, los motivos y causales de interrupción enmarcados en la ley, la necesidad de denuncia en caso de violación, los ámbitos en los que se puede realizar y las condiciones vinculadas con la objeción de conciencia (preguntas 8, 9, 10, 11, 12 y 17 del Anexo 1). Además, se incluyeron preguntas acerca de las respuestas brindadas a las personas que habían solicitado información sobre cómo acceder a una interrupción del embarazo, clasificando a los participantes como capaces de brindar una respuesta adecuada si contestaron la opción “Orienté para sacar turno con servicio especializado”, o incapaces de brindar una respuesta adecuada si respondieron “No supe qué decirle”, “Le dije que no se puede interrumpir un embarazo” o “No sabe/no contesta”.
Estimación del tamaño muestral
A partir de una población de 1561 trabajadores del HGATA y del CeSAC Nº 34, calculamos que un tamaño muestral de 309 personas sería adecuado para realizar nuestras estimaciones, con un intervalo de confianza del 95%, un error del 5% y una heterogeneidad del 50%.
Consideraciones éticas
El estudio se llevó a cabo según los principios de la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del HGATA. La encuesta fue anónima y se encontraba precedida de un consentimiento informado que debía aceptarse para acceder al resto de las preguntas. En caso de no dar su consentimiento, se daba por finalizada la encuesta. Con respecto a las garantías para asegurar la confidencialidad de los datos de las personas participantes (Ley Nº 25326), la encuesta autoadministrada no solicitaba información filiatoria de los participantes. El resto de los datos personales recabados o la información no serán publicados en ningún momento.
Resultados
Se compartió la encuesta de manera presencial y a través de correo electrónico y por Whatsapp a los trabajadores del HGATA y del CeSAC Nº 34. Esta fue contestada por un total de 378 personas, de las cuales se excluyeron 8 por no dar su consentimiento informado, y a otras 60 porque, al momento de realizar la encuesta, participaban de un equipo de IVE. Finalmente, quedaron un total de 310 personas incluidas en el estudio. De este total, la mayoría fueron mujeres (72.9%) y pertenecían al rango etario de 26-35 años (39.4%). Las ocupaciones referidas en mayor medida fueron residentes (31.3%) y médicos de planta/suplentes (24.8%). A partir de las respuestas a las preguntas relacionadas con el conocimiento de la ley, observamos que el 8.7% era “conocedor” y el 91.3% era “no conocedor” (Tabla 1).
Al preguntar si se les había solicitado información sobre cómo acceder a una interrupción del embarazo, se puso en evidencia mayor capacidad de brindar una respuesta adecuada en el grupo de “conocedores” (100%), en comparación con los “no conocedores” (82.7%) (Tabla 2). El 17.3% del grupo de “no conocedores” contestaron correctamente las preguntas relacionadas con las causales enmarcadas en la ley, y el 97.1% respondió correctamente hasta qué semana del embarazo solo se necesita la voluntad de la persona gestante para realizar la interrupción. Dentro de este mismo grupo, el 4.6% expresó de manera incorrecta que es necesaria una denuncia para interrumpir el embarazo en caso de violación. Por su parte, el 80.9% no tuvo capacitación sobre el abordaje integral de la interrupción del embarazo, y el 85.5% consideró útil recibir capacitación y actualización sobre esta temática.
Tabla 1 Características de la muestra de trabajadores del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez (HGATA) y del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 34 (CeSAC Nº 34), entre agosto de 2021 y abril de 2022.
Tabla 2 Relación con la solicitud de información acerca del acceso a una interrupción del embarazo realizada a trabajadores del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez (HGATA) y del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 34 (CeSAC Nº 34), entre agosto de 2021 y abril de 2022.
Dentro del grupo de “conocedores”, por otro lado, el 18.5% manifestó no saber que se realizaran interrupciones del embarazo en la institución, mientras que el 14.8% refirió considerar que realizar una interrupción podría conllevar problemas legales.
Discusión
Los resultados de este estudio observacional, descriptivo y de corte transversal muestran que la mayoría de los trabajadores del HGATA y del CeSAC Nº 34 desconocen el marco teórico-legal bajo el cual está reglamentada la interrupción del embarazo. El número reducido de encuestados que fueron considerados como “conocedores” brindaron información adecuada al momento de ser consultados acerca de cómo acceder a la interrupción de un embarazo. En contraposición, no todos los “no conocedores” pudieron brindar una respuesta apropiada. Además, la mayoría de los encuestados refirió que le parecería útil recibir capacitación y actualización sobre esta temática.
Como fortalezas, destacamos que nuestro estudio es el primero, desde la implementación de la Ley de IVE, en indagar sobre el conocimiento de los trabajadores de la salud acerca de dicha ley. En este grupo de encuestados contemplamos a médicos, enfermeros, técnicos, licenciados y administrativos, ya que creemos que todos ellos son actores en el proceso de orientación de las personas en el sistema de salud.
En relación con las limitaciones de esta investigación, debemos mencionar que, dado que se realizó en el ámbito laboral asistencial, esto podría haber tenido alguna influencia en las respuestas obtenidas. Por ejemplo, algunos de los trabajadores manifestaron su oposición a participar en el estudio debido a la conflictividad que les representaba su temática. Otros refirieron incomodidad en brindar sus opiniones dentro de su espacio de trabajo. En segundo lugar, dado que se trata de una muestra por conveniencia (y no una muestra aleatorizada y representativa), podría haber dificultades en su generalización a la totalidad de los trabajadores del HGATA y del CeSAC Nº 34. Por último, debido a los problemas presentados en el momento del diseño del estudio en evaluar el acceso a la práctica de IVE, analizamos únicamente la capacidad de dar una respuesta adecuada frente a la solicitud de interrupción del embarazo. En este sentido, desconocemos si la respuesta adecuada brindada por parte de los “conocedores” se traduce en un efecto real sobre el acceso a la práctica de quienes consultan.
Conclusiones
Consideramos que los resultados de este estudio son valiosos en cuanto a la identificación del amplio déficit formativo que existe en relación con el nuevo marco teórico-legal sobre la reglamentación de la interrupción del embarazo entre los trabajadores de la salud del HGATA y del CeSAC Nº 34. Asimismo, esta investigación permitió detectar que existe la voluntad de suplir dicha carencia mediante capacitación y actualización sobre esta temática. Esta información abriría posibilidades para la identificación tanto de barreras como de facilitadores de acceso a la IVE en el futuro.
