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La trama de la comunicación

versión impresa ISSN 1668-5628

Trama comun. vol.18 no.1 Rosario jun. 2014

 

ARTÍCULOS

Disputas hegemónicas y escena mediática. Los debates sobre las reformas y ajustes pro-mercado (1988-1993) *

 

Por Hernán Fair

hernanfair@conicet.gov.ar / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Hernán Fair
Argentino. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becario Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Universidad Nacional de Quilmes). Docente de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.
E-mail: herfair@hotmail.com / hernanfair@conicet.gov.ar


Sumario:

El trabajo efectúa un análisis comparado del discurso, que examina las transformaciones y continuidades en la visión de los principales actores políticos nacionales (empresariales, sindicales, político partidarios, mediáticos, eclesiásticos, economistas y miembros del establishment internacional), en relación a las reformas y ajustes pro-mercado, durante el período comprendido entre 1988 y 1993. En ese marco, tomando a los medios masivos como lugar de escenificación de la hegemonía, se examinan las construcciones y disputas discursivas en la etapa inmediatamente anterior a la formación de la hegemonía menemista y durante el período de sedimentación y consolidación de la misma.

Descriptores: Reformas y ajustes pro-mercado; Escena mediática; Análisis comparado del discurso; Menemismo; Argentina

Summary:

The paper makes a comparative analysis of the speech, which examines the changes and continuities in the perspective of the key political national agents (businessman, unionists, political leader, from the media, ecclesiastics, economists and from the international establishment), link to the pro-market reforms and adjustments during the period between 1988 and 1993. In this framework, taking the mass media as a place of public staging of hegemony, it investigates the discursive constructions in the stage that immediately precedes the emergence of Menem´s hegemony and during their sedimentation and consolidation phase.

Describers: Pro-market reforms and adjustments; Media scene; Discursive comparative analysis; Menemism; Argentina


1. Introducción

Durante los años ´90, al compás de los profundos cambios estructurales en la configuración del Estado regulador e integrador social de la segunda posguerra, el menemismo logró edificar un nuevo y exitoso sentido común en torno al paradigma neoliberal, que trastocó las identidades y tradiciones existentes. El presente trabajo se propone analizar algunos aspectos concernientes a la construcción y legitimación de esta hegemonía neoliberal que asumió el menemato. Para ello, se coloca el eje en un original análisis comparado del discurso, que examina las transformaciones y continuidades en la visión de los principales actores políticos (empresariales, sindicales, partidarios, mediáticos, economistas, miembros del establishment internacional), en relación a las reformas y ajustes de mercado. En ese contexto, tomando como lugar de escenificación privilegiado de las disputas por la hegemonía a los discursos público mediáticos, se analizan las discursividades del período inmediatamente previo a la emergencia de la hegemonía menemista y el giro al neoliberalismo (1988), para luego incluir una comparación con la etapa de sedimentación y consolidación de la misma (1993).

1.1. Marco teórico metodológico

El marco teórico-metodológico de esta investigación se basa en las contribuciones de la teoría del discurso de Ernesto Laclau (en parte, junto a Mouffe). En ese contexto, se asume que el discurso, incluyendo a sus componentes lingüísticos y extralingüísticos, construye y sobredetermina la realidad social (Laclau y Mouffe, 1987). Desde esta perspectiva, la configuración del orden social es entendido como una "lucha por la hegemonía" entre diversos agentes que buscan universalizar, a partir de una serie de significantes y cadenas equivalenciales en disputa, sus demandas particulares (Laclau, 2005). No obstante, esta perspectiva carece de una operacionalización de sus principales categorías, manteniéndose en un elevado nivel de abstracción (Balsa, 2011). En ese marco, el presente estudio se concentra en el análisis empírico de las cadenas de equivalencias y las fronteras políticas que se edifican en el discurso, buscando hallar ciertas regularidades1. Además, se incorpora el examen de lo que se define como los tópicos de debate, entendidos como aquellos temas de debate público que se replican con mayor frecuencia en determinada coyuntura2.
Para realizar esta tarea, el análisis toma en cuenta a los discursos en términos de "intertextualidad" (Fairclough, 2003), de manera tal de otorgar mayor capacidad de validación al estudio de la hegemonía menemista. Se asume, además, la relación de interconexión relacional o "interdiscursividad" (Sigal y Verón, 2003) entre los discursos, los cuales se constituyen de forma intersubjetiva y dialógica (Bajtín, 1982; Laclau y Mouffe, 1987). A partir de allí, se incorporan una serie de actores políticos clave (sindicales, empresariales, dirigentes políticos, mediáticos, economistas, etc.), siendo considerados clave, debido a que sus discursos son mencionados con mayor frecuencia en el análisis del corpus. Se incluyó el abordaje de estos agentes tanto en términos organizacionales, como por referentes individualizados.
En relación al recorte temporal, este trabajo toma como referencia inicial el momento inmediatamente previo a la emergencia de la hegemonía menemista, para lo cual se seleccionó el año 1988, dado el carácter dislocador que se produjo un año después, en el contexto del caos hiperinflacionario que condujo a la renuncia anticipada de Raúl Alfonsín (1983-1989). Luego, se efectúa una comparación con los discursos público mediáticos pertenecientes al año 1993, período seleccionado como momento de sedimentación y consolidación de la hegemonía menemista.
Las fuentes se basan en el análisis de la prensa gráfica nacional. Para ello, se recopiló un amplio corpus de declaraciones, documentos, notas y entrevistas sobre temas políticos, en sentido amplio, reproducidos en los principales medios de prensa escrita (Clarín, La Nación, Página 12) durante todo el año 1988 y los primeros siete meses de 19933. De este modo, los medios masivos fueron posicionados como espacios privilegiados en los que se construye la llamada opinión pública y en donde se escenifican las disputas por la hegemonía. Ello no impidió analizar el discurso de los propios medios gráficos, aunque no se efectuó un análisis crítico del discurso mediático, sino que se examinaron las editoriales y notas periodísticas, posicionando a estos agentes como sectores interpelados por el discurso menemista, sin desconocer por ello su poder de creación de subjetividad. La heterogeneidad de fuentes nos permitió ampliar el campo ideológico, ya que nos posibilitó incorporar discursos posicionados a la centroizquierda, centro y centroderecha del espectro político. En cuanto a la elección de la prensa gráfica por sobre otra fuente, radica en la posibilidad de examinar los discursos de una pluralidad de actores políticos.
La estrategia metodológica consiste en analizar con detenimiento las cadenas equivalenciales vinculadas específicamente a los ajustes y reformas estructurales, en la medida en que estos discursos sean reproducidos en los principales medios gráficos de circulación nacional, durante los años 1988 y 1993. A partir del análisis comparado de los discursos, se examinaron los cambios y continuidades que se producían en uno y otro período, colocando el eje en las transformaciones temporales de las discursividades, tanto en términos de organizaciones políticas, como por agentes-actores individualizados.

2. Las disputas público mediáticas por la hegemonía en la Argentina de finales de los años ´80

A fines de los años ´80, existía en la Argentina una fuerte disputa hegemónica por redefinir lo deseable, lo posible y lo realizable políticamente. En ese marco, se presentaban una serie de debates públicos que se replicaban con mucha frecuencia en la escena mediática. Estos debates se concentraban en torno al tema de la inflación, el rol del Estado, la legitimidad de los paros y movilizaciones del sector público y su relación con el accionar del sindicalismo, la cuestión del pago de la deuda externa y el déficit fiscal. Se perfilaban, a partir de esas disputas, dos paquetes de discursos, con ciertas regularidades. El primero de ellos, lo podemos denominar neoliberal, a partir de su énfasis en la reducción del Estado mediante los ajustes y reformas estructurales. El segundo, por su parte, se presentaba como antagónico al anterior y lo hemos definido como nacional popular, ya que asumía una concepción de nacionalismo popular, con fuertes críticas a las políticas de reducción del Estado Social, construido en la segunda posguerra. En una especie de punto intermedio entre el "estatismo" y el "privatismo", hallamos un tercer macrodiscurso, que definimos como neo-desarrollista o desarrollista-monetarista, ya que sus principales referentes defendían las privatizaciones mixtas, una apertura y desregulación gradual y un acuerdo de precios. De este modo, se diferenciaban de los discursos neoliberales, cuyos principales exponentes planteaban una reforma integral del Estado, que no aceptaba realizar cambios "parciales" o "graduales". Entre los actores políticos concretos, cabe destacar que, en muchos casos, se presentaba una mixtura entre dos o más macrodiscursos, de modo tal que algunos referentes asumían una lógica bidiscursiva, o incluso multidiscursiva, cuando integraban elementos de las tres principales discursividades en disputa (Fair, 2013).  

2.1. Las disputas en torno a la inflación

El tema de la inflación adquiría una posición central en la Argentina de finales de los años ´80, en el marco de un fuerte incremento de los precios. Podemos distinguir, a partir del análisis empírico de la prensa gráfica nacional, tres discursos diferenciales. El primero de ellos lo podemos definir como monetarista. Este discurso señalaba las causas monetarias de la inflación, asociándolas a la intervención del Estado en la economía y, específicamente, a la emisión o gasto público y su impacto en el déficit fiscal y la exacerbación de la propia inflación. Así, una editorial del diario La Nación afirmaba que "Es una verdad irrefutable la estrecha conexión existente entre la cantidad de dinero, la demanda monetaria y la evolución de los precios" ("Aspectos monetarios de la estabilización", editorial de La Nación, 22-08-88, p. 8). En ese marco, en la mayoría de los casos, la estabilización debía ser complementada con la implementación de reformas estructurales, asociadas a mayores "inversiones", "crecimiento", "eficiencia" y "modernización" de la economía. Se destacaban, en esas circunstancias, los discursos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y los grandes empresarios nucleados en los coloquios de IDEA. En algunos discursos, se exigía directamente un cambio total del sistema socioeconómico para terminar con la inflación. El titular de la Unión de Centro Democrático (UCEDÉ), Álvaro Alsogaray, afirmaba, en ese sentido, que la "emisión espuria de moneda" era "la causa fundamental del peor de los males sociales de la época moderna: la inflación", al tiempo que reclamaba "finalizar con un sistema dirigista que ya tiene casi 50 años" (La Nación, 04-03-88, p. 9 y 04-11-88, p. 25).
Un segundo discurso, en cambio, centraba sus críticas en la inflación, vinculándolo a los efectos regresivos del modelo económico en términos de "bajos salarios", "pobreza" y "desempleo". En contraposición, defendía el "aumento de los salarios", las "fuentes de trabajo" y la "producción nacional", vinculado a significantes típicamente nacional populares, como el resguardo de los "derechos sociales" y "humanos" de los "trabajadores" y del "pueblo", la "dignidad" y la "justicia social". Este discurso era muy frecuente dentro del sindicalismo de la CGT, por entonces liderado por Saúl Ubaldini, y también se hacía presente en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los gremios estatales y una parte de la estructura partidaria del Justicialismo. La CGT, por ejemplo, señalaba, en un documento de la organización, que "con esta inflación no se puede vivir", destacando que "lo que se está dibujando es la disminución de las fuentes de trabajo, desocupación y subocupación, insuficiencia del salario para alcanzar la canasta familiar y un incremento en las tarifas y en los precios". En ese marco, reclamaba "un definitivo giro en la política económica" (Clarín, 07-05-88, p. 4). No obstante, lo más interesante es que estos discursos críticos, en el marco del fracaso de los planes de estabilización heterodoxos iniciados en 1984, no brindaban una solución concreta para terminar con la creciente inflación, ni acusaban a los empresarios de provocar la misma, quedándose en un reclamo predominantemente defensivo (Fair, 2013).
Finalmente, un conjunto de discursos diferenciales compartían el objetivo de reducir la inflación para lograr la estabilización, a partir del achicamiento del gasto público. Sin embargo, estos discursos, cuyos principales exponentes eran los funcionarios del gobierno de Alfonsín, promovían, a su vez, un acuerdo de precios con el empresariado para evitar la propagación de la tasa de inflación. Además, proponían implementar una serie de políticas mixtas para lograr la estabilización económica y promover la exportación, mediante el ingreso de inversiones. Así, José Luis Machinea, Presidente del Banco Central, afirmaba que "la política monetaria será todo lo dura que deba ser" y que estaba "destinada a reducir drásticamente la inflación". Sin embargo, luego señalaba, en el contexto de la aplicación del denominado Plan Primavera, que "se ha instrumentado un acuerdo con organizaciones empresariales destinado a estabilizar los precios, en un marco de consenso y de responsabilidad" (La Nación, 12-11-88, p. 3).

2.2. Las disputas en torno a las privatizaciones

En el marco del proceso de privatización mixta de algunas empresas públicas, promovido por el Ministro Rodolfo Terragno (Thwaites Rey, 2003), a finales de los años ´80 se presentaba una fuerte disputa hegemónica. Por un lado, se hacía presente un discurso desarrollista-modernizador, en el que las privatizaciones debían realizarse con la suma de capitales públicos y privados. En ese marco, se asociaba el Plan Terragno al "crecimiento", la "modernización", el "progreso" o "avance", contra el modelo de economía "cerrada" y "aislada", y también a la "libertad económica", la "eficiencia" y la "estabilidad", frente a la "ineficiencia" de las empresas públicas, el "gasto público", la "corrupción", el "déficit fiscal" y el "corporativismo". Este discurso era asumido por Alfonsín, el Ministro de Economía, Juan Sourrouille y el propio Terragno. Este último, también hacía propio el objetivo de "desmonopolizar" las empresas públicas, pero subrayando que "sería trágico el monopolio privado en los servicios públicos". Incluso, señalaría que "existen razones para creer que sería peor que el estatal" (Página 12, 17-04-88, p. 6).
En otros casos, como en el discurso híbrido de Eduardo Angeloz, que mixturaba elementos neoliberales y neodesarrollistas, se vinculaba a las privatizaciones mixtas con la "eficiencia", el "progreso" y el "futuro", pero se lo adosaba también a la consolidación del régimen democrático (liberal). En ese marco, las empresas públicas eran asociadas a la "ineficiencia", pero también al "autoritarismo", el "corporativismo y la "violencia", relacionados a las protestas y movilizaciones sociales del sindicalismo y los trabajadores estatales, habituales en la Argentina de fines de los años ´80. Sin embargo, al mismo tiempo, rechazaba tanto el "estatismo" del discurso nacional popular, como el "privatismo" neoliberal. De lo que se trataba, entonces, para el Gobernador de Córdoba, era de "consolidar los mecanismos de asociación con capitales privados y extranjeros, en el marco de una economía abierta" (La Nación, 26-08-88, p. 7).
Los referentes neoliberales, por su parte, rechazaban fuertemente las reformas mixtas del Gobierno, reclamando privatizaciones globales, asociadas a una mayor "competitividad" y "libertad", en defensa de la iniciativa privada, para terminar, en el caso de los sectores empresariales nucleados en IDEA y de dirigentes del establishment internacional, con los "monopolios estatales". Para Alsogaray, el objetivo central era concluir con un sistema "dirigista", que incentivaba la "inflación". La SRA, por su parte, buscaba "desmonopolizar y privatizar", aunque "con la finalidad de superar la ineficiencia del sector público" (La Nación, 12-04-88, p. 24).
Los referentes políticos de los discursos nacional-populares, en cambio, se oponían fuertemente a las privatizaciones. Liderados por casi la totalidad de la CGT y una porción mayoritaria del PJ, estos actores vinculaban las privatizaciones a un proyecto contrario a los "intereses nacionales" y "populares" y favorable a los intereses "anti-nacionales" y "anti-populares" del "FMI" y la "banca internacional", encadenándolos con el "privilegio" al pago de la deuda externa a los acreedores. Ese proceso era caracterizado como una "desnacionalización", "entrega", o "achicamiento", que afectaba al "patrimonio nacional", la "soberanía política" y la "independencia económica". La CGT se refería, en ese marco, a la "desacreditación de las empresas públicas, cuya liquidación a manos de presta-nombres de la usura se persigue". Denunciaba, en ese sentido, el "plan de entrega que se encubre detrás de las privatizaciones de Terragno". Además, se oponía a la "política de presunta modernización que se argumenta para justificar las privatizaciones parciales de actividades que tradicionalmente estuvieron en manos del Estado", que eran equivalentes a "despojar al pueblo de su patrimonio y volver a someterlo a la tutela de intereses extranjeros". Para la central sindical, "ello no es modernizar la Nación, sino retroceder a épocas de dependencia y coloniaje, que el pueblo repudia y que rechazaremos siempre" (Página 12, 17-07-88, p. 5).

2.3. Las disputas en torno a la liberalización comercial

En el marco de Plan Terragno, en 1988 se llevó a cabo un proceso de liberalización comercial gradual, en áreas como el petróleo y la siderurgia. Desde el discurso neo-desarrollista, se trataba de una apertura "ponderada", que era vinculada a la "inserción" internacional. En ese marco, Sourrouille lo definía como "una nueva etapa en la integración de la Argentina con el mundo", agregando que "la discusión real no pasa por el nivel de los aranceles, sino por la forma de la integración con el mundo" (Página 12, 21-10-88, p. 7). Para otros, entre ellos dirigentes del Gobierno, sectores de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General de la Industria (CGI), las editoriales de Clarín y La Nación y algunos economistas locales, el proyecto oficial era equivalente a una mayor "eficiencia" y "competitividad", así como a una mayor "productividad", "inversiones" y "exportaciones". El eje, sin embargo, se ubicaba en la "estabilidad de precios en el largo plazo" (Adolfo Canitrot y Juan Sourrouille, La Nación, 16-10-88, p. 17). En otros casos, como en los discursos de Angeloz, se lo adosaba también a la "modernización", "desarrollo" y "progreso", asociados al incremento de la "competitividad" y las "exportaciones". La frontera de exclusión, en ese marco, se delimitaba frente al "atraso", la "decadencia" y la "ineficiencia" del Estado, significantes que eran vinculados al poder político de las "corporaciones" y la "burocratización" del sector público (La Nación, 11-05-88, p. 17, 04-07-88, p. 7 y 26-08-88, p. 7). Sin embargo, en ambos casos, se rechazaba todo tipo de apertura indiscriminada, que debía ser, en cambio, "ponderada" y "gradual", limitada al "mercado cambiario" (Eduardo Angeloz, Página 12, 13-10-88, p. 6). En la misma línea, el Secretario del Gobierno, Juan Ciminari, declaraba que "la apertura difiere sustancialmente de la que se aplicó en la década del setenta", ya que "no queremos una apertura que deje indefensa a nuestras industria" (La Nación, 08-09-88, p. 22). En cuanto a las políticas de desregulación comercial, Terragno las asociaba a la "desmonopolización del sector energético", planteando "la necesidad de acelerar la firma de los contratos con el sector privado, ya que hay "dos cosas por combatir: la corrupción y la irresponsabilidad" (Rodolfo Terragno, Clarín, 02-03-88, p. 2).
Un segundo discurso, de matriz neoliberal, promovía una apertura más profunda, "como forma de abrir la economía al mercado extranjero y hacerla más competitiva y libre" (Lindley Clark, "Wall Street Journal", Página 12, 16-06-88, p. 7). En ese marco, el proceso de "liberalización" debía ser más abarcador (Álvaro Alsogaray, La Nación, 05-07-88, p. 17), de modo tal de efectuar la "desregulación de todas las actividades", modificando "el sistema económico" en su conjunto (economista Edward Hudgins, La Nación, 17-09-88, p. 20). Posicionado dentro de este discurso "liberalizador", la SRA exigía profundizar las políticas de "desregulación", pero complementándolas con la "reducción del gasto público" y la "privatización de las empresas estatales". En ese marco, se oponía a un "esquema de economía cerrada", fuente de "privilegio", "ineficiencia" y "males económicos", que "ha impedido un desarrollo armónico". Finalmente, reafirmaba la necesidad de una "instrumentación definitiva de los grandes cambios", de modo tal de "remover los elementos negativos, como las regulaciones, el excesivo proteccionismo y los beneficios impositivos que gozan ciertos sectores ineficientes", lo que permitiría promover la "estabilidad", el "crecimiento" y una mayor "producción" (Documento "El tiempo de la producción", SRA, firmado por Guillermo Alchourón, La Nación, 30-09-88, p. 22).
Los exponentes del macrodiscurso nacional-popular, en cambio, expresaban un rechazo a la apertura comercial, a partir de la defensa del mercado interno, la producción y la pequeña y mediana industria nacional, frente al ingreso masivo de importaciones. Desde esta discursividad, el Consejo Argentino de la Industria (CAI) definía a la apertura comercial como "irracional, arbitraria e inconsulta" (Página 12, 21-10-88, p. 7). Rolando Pietrantrueno, Presidente de la entidad, afirmaba, por ejemplo, que "mientras el secretario de industria nos habla de las bondades de la apertura económica, el mercado interno enfrenta una abrupta caída, con aristas recesivas que perjudican directamente a las pymes, que tienen su destino atado a lo que le suceda al país" (La Nación, 04-09-88, p. 20). En ese marco, "la pequeña y la mediana industria conocen perfectamente las consecuencias de las modificaciones enunciadas, por haberse ya practicado sin error en el país y destruido buena parte del aparato productivo" (La Nación, 21-09-88, p. 18). De un modo similar, la Confederación General Económica (CGE) se oponía a la apertura, en el marco de la "defensa" de "los intereses de la pequeña y mediana empresa nacional" (Clarín, 02-04-88, p. 12). También se hacía presente este discurso crítico en los documentos de los Gobernadores del PJ, quienes afirmaban que "la apertura de la economía, mediante la eliminación de 2.400 posiciones arancelarias, habrá de perjudicar seriamente a la pequeña y mediana empresa de capital nacional" (séptima reunión de Gobernadores justicialistas, La Nación, 16-09-88, p. 10).
Desde los discursos de los periodistas de Página 12, se relacionaba el proceso de apertura con un plan económico más amplio, que se articulaba con las "privatizaciones" y "la cruzada contra el gasto del Estado", para beneficiar a "la banca acreedora" ("Los buenos negocios", Daniel Sosa, nota en Página 12, 09-04-88, p. 9). Para otros, la "apertura" beneficiaba tanto a los acreedores como a los grupos económicos. En ese marco, el pago de la deuda era considerado "una forma de saqueo y, a la vez, el medio central de reestructurar el aparato productivo al gusto de los acreedores, pero también, al gusto de los que fueron los mayores deudores del país (grandes empresas y bancos)" ("El nuevo contubernio", nota de Julián Lemoine, Página 12, 23-07-88, p. 7).
Finalmente, los discursos del sindicalismo coincidían en vincular la "apertura siderúrgica" con las "exigencias" del "FMI", oponiéndose a un proyecto "neoliberal" que buscaba "terminar con la siderurgia nacional", promoviendo la "destrucción del aparato productivo" ("Vuelve Martínez de Hoz", Solicitada, Clarín, 19-03-88, p. 13). Para la CGT, por su parte, los proyectos de "desregulación", junto a los de "desmonopolización", implicaban "una indiscriminada dilapidación del patrimonio nacional" (Página 12, 20-04-88, p, 6).

2.4. Las disputas en torno a las reformas en el mercado laboral

Hacia fines de los años ´80, el debate sobre las reformas en el mercado laboral comenzaba a instalarse en la agenda público mediática. El discurso neoliberal, habitual en los coloquios empresariales de IDEA, destacaba la necesidad de efectuar "un nuevo análisis de la legislación laboral" (Página 12, 19-04-88, p. 4). Este proceso era legitimado en base a los significantes "competencia", "desarrollo", "cambio", "evolución", "adecuación", "eficiencia", "productividad" y "reducción de costos", contra la "rigidez", "ineficiencia", "burocracia" y el "excesivo poder sindical", asociado a "intereses políticos" e "ideológicos" meramente "particulares" (Fair, 2012). En otros casos, se mencionaba la necesidad de "tender a una sociedad flexible, con posibilidad de cambio, que aliente la iniciativa y sea solidaria con el sistema" (Coloquio de IDEA, Clarín, 11-11-88, p. 20). La Asociación de Bancos (ADEBA), a través de su titular, Roque Maccarone, coincidía en la necesidad de modificar el régimen laboral vigente, promoviendo una "evolución", frente a un "sistema anclado en ideas, conceptos, y a veces prejuicios, formulados hace ya medio siglo" (La Nación, 30-08-88, p. 8). En otros casos, como en los discursos de Angeloz y de La Nación, entre otros, se apoyaban las reformas neoliberales, criticando los paros de trabajadores y vinculando el régimen vigente con el "corporativismo" del sindicalismo, aunque sin referirse a la reducción de los costos laborales para el sector privado (Fair, 2012).
  En los discursos de los actores políticos de tradición nacional popular, entre los que se destacaban los gobernadores justicialistas y los gremios de la CGT, estatales y la UOM de Lorenzo Miguel, se asumía una firme defensa de la legitimidad de los paros y protestas de trabajadores y de los convenios colectivos de trabajo, relacionándolos con un derecho "constitucional" y un reclamo social "legítimo" y "democrático" (Fair, 2012, 2013).

3. Las disputas ideológicas en el período de sedimentación de la hegemonía menemista: Cambios y continuidades en relación a los discursos de finales de los años ´80

A partir de su llegada al poder, en julio de 1989, el presidente Menem aplicaría un drástico programa de reformas pro-mercado, al tiempo que construiría un novedoso discurso de mixtura peronista-neoliberal, que instaba a que la sociedad se "actualizara" y "modernizara" a los "nuevos tiempos" de interconexión global, transformación del Estado y apoyo irrestricto a la democracia liberal. Hacia 1993, período de sedimentación de la hegemonía menemista, los significantes, cadenas de significantes y  tópicos de debate, se habían modificado en gran medida, en relación a las discursividades que predominaban a finales de los años ´80, e incluso en relación al período 1989-1991 (Fair, 2013).
Sintéticamente, podemos decir que, en primer lugar, el discurso neoliberal-peronista del menemismo ganará influencia y extensión, colonizando fuertemente a casi la totalidad de la CGT, y a una porción mayoritaria de la estructura partidaria del PJ. En menor medida, obtendrá eficacia en los discursos de algunos actores clave, entre ellos los dirigentes políticos Antonio Cafiero y José Bordón, las editoriales de Clarín y La Nación y algunos periodistas de Página 12. También se observará un giro hacia el neoliberalismo en los discursos de una porción importante del radicalismo y en la UIA. En el caso de los discursos típicamente neoliberales, sus exponentes asumirán varias de las premisas de la "transformación" menemista, en particular entre la dirigencia de la UCEDé y en diversos sectores del establishment local e internacional. En ese marco, incluso, se profundizarán las críticas puntuales "por derecha", colocando el eje en las deficiencias institucionales de las reformas de mercado ya realizadas, o bien en la necesidad de profundizar el ajuste monetario y las reformas pendientes (entre ellas, la desregulación de las Obras Sociales) (Fair, 2013). En ese contexto, que incluía a economistas ortodoxos y a editoriales de La Nación, Fernando De la Rúa afirmaba que "pese a la disminución del tamaño del Estado y de su participación en la economía, por las privatizaciones, el gasto público alcanza en 1993 un nivel con escasos antecedentes en las últimas décadas, con un aumento del 48%, respecto del nivel de 1990". En esas circunstancias, el gasto público se convertía en "una de las mayores asignaturas pendientes que quedará como herencia al futuro Gobierno en 1995" (Clarín, 11-06-93, p. 13).
La segunda transformación central será el desvanecimiento tendencial del macro-discurso nacional popular. En ese marco, prácticamente desaparecerá de la escena pública la concepción más estructurada, vinculada a la defensa del mercadointernismo, el nacionalismo anti-imperialista y la concepción movimientista-populista en lo social. En su lugar, durante el período de sedimentación de la hegemonía menemista, se destacará un amplio paquete de discursos con eje en el productivismo nacional. Estas discursividad se centraba en la defensa de la industria nacional, la producción y el trabajo, presentando críticas a aspectos puntuales del modelo, y mediante una lógica de predominio de la negatividad. En esas circunstancias, lo interesante es que no formulaba una alternativa antagónica al neoliberalismo menemista, manteniéndose en una posición defensiva. En algunos discursos marginales, se rememoraban elementos residuales del discurso nacional popular más radicalizado. Sin embargo, predominaba ampliamente una posición de negatividad hacia las reformas pro-mercado, sin estructurar una contra-hegemonía discursiva en el plano de las políticas públicas concretas (Fair, 2013). De este modo, prevalecía la estrategia defensiva, por sobre la elaboración de una "estrategia de positividad", condición de base para articular una hegemonía exitosa (Laclau y Mouffe, 1987)
Finalmente, una tercera transformación estructural se vinculará a la ubicación en el centro de la escena pública de un macrodiscurso liberal-republicano, que colocará el eje en la crítica neoinstitucionalista a la concentración de poder del Ejecutivo (a partir de los vetos y decretos del Presidente y el control del Poder Judicial) y el rechazo moralista-republicano a la corrupción menemista. Esta discursividad, liderada por los dirigentes de la UCR y, a partir de mayo de 1993, del partido Frente Grande, edificará un antagonismo centrado en el plano institucional (con eje en la defensa de la honestidad y la división de poderes), sin plantear una alternativa a los fundamentos del modelo, que serán aceptados, o al menos, no cuestionados públicamente (Fair, 2013). En ocasiones, como en los discursos de Alfonsín y algunos sectores eclesiásticos, se asumirá un tono sensibilista, con críticas que mixturaban lo institucional con las diatribas a los costos sociales, pero sin plantear una alternativa al modelo de país del menemismo. En ese marco, el ex Presidente destacaba que "se avanza sobre la Justicia y el Congreso, se eliminan controles republicanos, se generaliza la corrupción y se pierde la ejemplaridad, entre escándalos, silencios cómplices y justificaciones insólitas" ("La segunda transición", nota en Clarín, 02-03-93, p. 1). Al mismo tiempo, se refería a la necesidad de alcanzar una "democracia social", basada en el "crecimiento" con "equidad social" (Clarín, 02-05-93, p. 16 y 09-07-93, p. 13). Sin embargo, subordinaba la construcción de una propuesta alternativa al modelo.
En relación a las transformaciones en los tópicos centrales, los debates de finales de los 80s en torno al pago o no de la deuda externa, la democracia y la legitimidad de la protesta social y las disputas sobre la inflación y el papel del Estado, se reducirán notablemente. En cambio, prevalecerán los discursos de "emprolijamiento" institucional y social del modelo. En ese marco, el desvanecimiento de la formación nacional popular, del que sólo quedarán residuos, se observará, en el caso de la CGT, la UOM y la estructura del PJ, en la práctica disolución de significantes como la defensa de la "soberanía política", la "independencia económica", el "patrimonio nacional", así como las habituales críticas a la "especulación financiera", el pago de la deuda externa y el privilegio hacia los "intereses" del "FMI". También mermará notablemente la crítica a la democracia "formal" del Gobierno y la defensa de una democracia "real", vinculada al resguardo a los "derechos humanos" y "sociales" de los "trabajadores" y del "pueblo". En ese contexto, la concepción liberal logrará triunfar sobre la visión movimientista-populista de la democracia, lo que se observará también en la reducción de apelaciones a la democracia como equivalente a lo "nacional", lo "popular" y lo "movimientista" o participativo, típico de los discursos sindicales de finales de los años ´80 (Fair, 2013)4.
En cuanto a las continuidades históricas, podemos mencionar el apoyo general al régimen democrático, extendido a la estabilidad en 1993. Además, mientras que los exponentes neoliberales mantendrán su defensa de los ajustes y reformas estructurales, ahora absorbidos por el menemismo, los sectores de tradición nacional popular conservarán los ejes centrales del productivismo nacional, así como la mención a significantes como la "justicia social" y los "trabajadores" (discursos de la UOM, las 62 Organizaciones, una porción de la estructura del PJ y la mayor parte de los gremios de la CGT) (Fair, 2013).

4. Cambios y permanencias temporales en los discursos de los actores políticos clave en torno a las reformas y ajustes estructurales

4.1. Las disputas en torno a las privatizaciones
A diferencia de los discursos de 1988, y del período comprendido entre 1989 y 1991, caracterizado por un fuerte antagonismo, en la etapa de sedimentación de la hegemonía menemista las críticas a las reformas de mercado, pese a su radicalización, se presentarán de un modo puntual y con un antagonismo ponderado (Fair, 2013). En relación a las privatizaciones, a partir de 1989 el menemismo trasladará casi la totalidad de las empresas públicas al sector privado, fomentando una creciente concentración del ingreso y centralización del capital (Basualdo, 2000).
En las alocuciones de los actores políticos clave de 1993 se presentará un primer paquete de discursos, de matriz neoliberal, que apoyará el proceso realizado, asociado a una mayor "eficiencia". En ese marco, Enrique Bour, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), afirmaba que "las inversiones gerenciadas por manos privadas son más productivas que las que se hicieron bajo la administración estatal, que produjeron un despilfarro superior a los 30 mil millones de dólares en los últimos 20 años" (Página 12, 08-06-93, p. 10). El economista Roberto Alemann, por su parte, lo asociaba a la "confianza" del sector privado y el ingreso de "inversiones" (nota en Clarín, 04-07-93, p. 23), mientras que La Nación lo vinculaba a un "capitalismo moderno" ("La exitosa privatización de YPF", editorial de La Nación, 03-07-93, p. 8).
En algunos casos, junto al apoyo general al proceso, se criticaban aspectos puntuales concernientes a las "irregularidades" en el modo de instrumentación de las privatizaciones5 (economistas ortodoxos locales y miembros del establishment internacional). En ese contexto, se destacaba la necesidad de incorporar "marcos regulatorios" para evitar la formación o permanencia de "monopolios" y para favorecer la "competencia", garantizando, de este modo, mayor "seguridad jurídica" al sector privado, factor de "certidumbre". En esa sintonía, De la Rúa afirmaba que "los ciudadanos reclaman una política de servicios públicos seria que proteja al usuario, fortaleciendo los mecanismos de control público, y que suplan la falta de competencia en servicios de naturaleza monopólica". Sin embargo, luego agregaba que "la seguridad jurídica es fundamental", reafirmando que no se debían "alterar las bases legales y contractuales en que se desenvolvieron los actos públicos, con las privatizaciones". En efecto, "los actos jurídicos válidos deben respetarse, aunque hayamos discrepado con los modos de su instrumentación", ya que "los ciudadanos están por la certidumbre de la seguridad jurídica" ("La dirigencia cuestionada", nota en La Nación, 15-07-93, p. 9. Véase también Fernando De la Rúa y Eduardo Angeloz, La Nación, 30-06-93, p. 8). En otros casos, se reclamaba la realización de las privatizaciones pendientes, para atraer "inversiones" y garantizar la "estabilidad" (economistas internacionales). En ese marco, desde una concepción monetarista, asumida por La Nación y las fundaciones ortodoxas, se reclamaba un ajuste más radical en el gasto público, de modo tal de evitar el "peligro" del déficit fiscal y comercial6.
En el contexto de la profunda transformación identitaria del gremialismo hacia el "sindicalismo de negocios" (Murillo, 1997), el por entonces titular de la CGT, Carlos Alderete, legitimará su apoyo a la privatización del sistema previsional (concluida en 1993) en base a la idea de beneficiar a los "afiliados", destacando la necesidad de "adaptación" a la nueva organización "comercial" y "empresarial" y el abandono de las "reivindicaciones salariales". Ello no implicaba, sin embargo, abandonar su aspecto "social", debido a que la nueva función del gremio se dirigía, precisamente, a brindar "servicios de calidad" a sus afiliados, en una "adecuación" del sindicalismo a favor de los "trabajadores" (entrevista en Página 12, 07-02-93, Suplemento "Cash", p. 2). No obstante, el cambio más pronunciado se observará en los discursos del dirigente ferroviario José Pedraza, quien en 1988 criticaba fuertemente las privatizaciones, ya que "atentan contra la fuente de trabajo" (Clarín, 09-04-88, p. 4). En ese entonces, Pedraza reclamaba "cesar con la política de privatización, que rechazan los trabajadores y que no tiene sentido" (Página 12, 20-04-88, p. 6). En ese marco, exigía el "inmediato cambio de política y el reemplazo total del equipo económico" (La Nación, 30-08-88, p. 5). Además, en sintonía con el resto de la CGT, el dirigente ferroviario defendía la legitimidad de los paros de trabajadores, ya que "sabemos que nuestros paros golpean al usuario, pero el usuario es un trabajador". En el mismo sentido, afirmaba que "nosotros no tenemos otra herramienta para apoyar nuestros reclamos que apoyar los paros" (La Nación, 26-09-88, p. 6). De hecho, en alguna oportunidad, el dirigente cegetista llegaría a destacar que "el paro persigue el objetivo de voltear al equipo económico y lograr el reemplazo de (el Ministro) Juan Sourrouille", ya que "resulta impensable que la actual conducción pueda, desde su ligazón con el Fondo Monetario Internacional, llevar adelante una política en beneficio para los sectores populares" (Página 12, 30-08-88, p. 7). En los discursos de 1993, en cambio, el proceso de privatizaciones, mucho más radicalizado que la propuesta de economía mixta de Terragno, era vinculado al "logro" de haber alcanzado, desde 1990, "la reducción de 40 mil agentes sin complicaciones". En ese marco, frente al despido de 5.000 empleados del sector, Pedraza afirmará que "ahora estamos  trabajando para lograr algo similar" (Clarín, 01-03-93, p. 17). En la misma línea, frente a las protestas y paros de trabajadores ferroviarios disidentes7, quienes expresarán su oposición a la privatización, ya que genera una "desarticulación total del sistema ferroviario de pasajeros" (Clarín, 11-03-93, p. 18), el dirigente menemista destacará que "los problemas en la Argentina no se arreglan con paros o marchas" (Clarín, 07-04-93, p. 8) y que "la medida de fuerza es una medida final que se debe adoptar cuando ya no queda nada por hacer" (Página 12, 30-04-93, p. 7).
En otros casos, se respaldarán las privatizaciones mediante algunos elementos típicamente nacional-populares, como mayor "trabajo" y "distribución equitativa de la riqueza", aunque mixturados a la defensa de la "rentabilidad", en una muestra de la colonización parcial de la discursividad neoliberal-peronista del menemismo (Propaganda "Hoy es tiempo de decidir", Bloque de Diputados del PJ, Página 12, 24-03-93, p. 10). O bien, se expresará un apoyo general, que sólo presentaba críticas particulares a las "desprolijidades" del proceso, articuladas con la mención a la ausencia de una política que tomara en cuenta la cuestión "social", y no sólo el objetivo del ordenamiento "fiscal" (José Bordón, Página 12, 18-05-93, p. 4).
En cuanto a los discursos opositores a las privatizaciones, mermarán notablemente su frecuencia, sobre todo dentro de la CGT. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), nucleados desde 1992 en la Central de Trabajadores Argentinos8 (CTA), y en las notas periodísticas de Página 12, se hará presente una crítica  a la "entrega" del "patrimonio nacional" y a los "negociados" del sector "concentrado", que representaban, en palabras del periodista Pasquini Durán, una "subordinación del Estado a los planes privados de expansión" (José Pasquini Durán, "Olas que pasarán", Página 12, 13-02-93, p. 2; Víctor Zarate, ATE, Página 12, 13-03-93, p. 7. Véanse también "¿Mercado o Nación?", nota de Horacio Verbitsky, Página 12, 14-03-93, pp. 10-11, "Cuestión de dogma", Marcelo Zlotogwiazda, Página 12, 01-06-93, p. 3). Para el titular de la CTA, Víctor de Gennaro, la privatización previsional era un "robo al movimiento obrero" (Página 12, 31-02-93, p. 2).
Por su parte, desde la dirigencia política, la crítica radicalizada sólo se hacía presente en Fernando "Pino" Solanas, quien señalaba que la venta de la petrolera estatal de YPF (efectuada en 1993) representaba el "despojo del siglo", criticando el "jolgorio de la venta de acciones, frente a los sueldos de miseria de los docentes y los millones de argentinos sin trabajo". En ese marco, concluía que "la política de privatizaciones es una entrega del patrimonio nacional", oponiéndose al "imperialismo" y defendiendo, en contraposición, la "liberación nacional y social" (Clarín, 04-07-93, p. 9). Sin embargo, lo más interesante es que, pese a las críticas radicalizadas, ningún actor reclamaba públicamente la necesidad de re-estatizar o renacionalizar las empresas públicas, transformando a este significante en "tabú" (Foucault, 1973) o prohibido (Fair, 2013).

4.2. Las disputas en torno a las reformas en el mercado laboral
El tema de las reformas en el mercado laboral ocupará un lugar central a partir de la llegada al poder de Menem, con los cambios fácticos que, a partir de 1991, logrará implementar el menemismo (Alonso, 2000). En la etapa de sedimentación de la hegemonía menemista, la mayoría de los sectores empresariales, economistas de las fundaciones liberales y miembros del establishment internacional, apoyaban las reformas. En ese marco, se sumaban nuevos actores que antes no se pronunciaban sobre el tema, como la UIA, cuyos referentes centrales asociaban los proyectos de "flexibilización de las leyes laborales" al "futuro" (Jorge Blanco Villegas, Presidente de la UIA, Página 12, 01-06-93, p. 11), a la reducción de los "costos de la industria" (Diego Videla, UIA, 03-05-93, p. 3), a la "eficiencia", el ingreso de "inversiones", el "crecimiento" económico" y del nivel de "empleo" (Murat Eurnekián, UIA, Clarín, 09-06-93, p. 4. Véase también Rolando Petriantrueno, Presidente de CAI, Clarín, 03-05-93, p. 3).
También en las editoriales y notas de La Nación se apoyaban los proyectos de flexibilización, aunque reclamando, a su vez, una efectiva desregulación de las Obras Sociales, de modo tal de "aumentar la eficiencia" y las "inversiones", "reducir costos", "liberar de trabas la vida económica" y "asegurar la estabilidad" (Editorial "Que dos años no es nada", La Nación, 02-04-93, p. 8), o bien para "cerrar el ciclo de las grandes reformas estructurales" ("La pelea del siglo", nota de Eduardo Bonelli, La Nación 21-06-93, p. 6. Véase también "El ocaso de las conducciones tutelares", nota de Oscar Lescano, La Nación, "Economía", 12-05-93, p. 3 y "¿Política económica vs. Política electoral?, nota de Eduardo Bonelli, La Nación, "Económico", 28-02-93, p. 2).
En cuanto a los discursos críticos, eran liderados por la UOM y las 62 Organizaciones, que se oponían a las reformas, desde un discurso nacional popular defensivo y residual, en nombre de la "inconstitucionalidad" de las medidas, y en defensa de la "dignidad" y los "derechos" de los "trabajadores" y del "pueblo" (las 62 Organizaciones, Página 12, 19-03-93, p. 9). Este discurso, compartido por algunos economistas heterodoxos, se hacía presente con fuerza en el dirigente metalúrgico Naldo Brunelli, aunque agregando que la reforma sólo favorecía las demandas de la UIA, que "le escribe los libretos" al Gobierno (Clarín, 03-05-93, p. 3 y 04-05-93, p. 2). En el caso de Lorenzo Miguel, lo asociaba directamente a una "traición" al peronismo de posguerra (Clarín, 05-05-93, p. 4). No obstante, el discurso más radicalizado era el de la CTA, que criticaba sus efectos regresivos sobre la industria y sobre la reducción de los "salarios", vinculando las reformas a un proyecto que "precariza" y afecta a los "trabajadores", promueve la "fragmentación" social y favorece la "transferencia de ingresos". De un modo similar, desde el socialismo se presentaban críticas a la "aniquilación del derecho laboral" y la "disminución a ultranza de los costos empresariales", que sólo buscaban "aumentar la ganancia del capital, a expensas de un retroceso inédito en las condiciones de vida y de trabajo del pueblo" (Alfredo Bravo, Unidad Socialista, Clarín, 04-05-93, p. 3. Véase también Jorge Mera, Movimiento al Socialismo, Clarín, 15-05-93, p. 12).
En el caso de los dirigentes del PJ, se presentaban críticas puntuales, con diverso grado de magnitud. En ese marco, Cafiero criticaba una reforma laboral, afirmando que "no es apta" (Clarín, 11-05-93, p. 11), mientras que Bordón se refería al "avasallamiento de las conquistas sociales" (Página 12, 16-05-93, pp. 6-7), destacando que "la flexibilidad es necesaria, pero no puede estar basada en la disminución de la mano de obra" (Clarín, 04-04-93, p. 3).
Finalmente, desde el sindicalismo menemista, nucleado en el Club de Amigos, se presentaban algunas ambigüedades, con críticas a sus posibles efectos sobre los trabajadores (Clarín, 03-05-93, p. 3), pero, al mismo tiempo, destacando la ausencia de "prejuicios respecto de la flexibilización", de modo tal de "rescatar los costados positivos de la misma, como son la necesidad de inversión y un adecuado reentrenamiento de los trabajadores" (Andrés Rodríguez, Unión de Personal Civil de la Nación, Clarín, 04-05-93, p. 2).

4.3. Las disputas en torno a la liberalización comercial
La profundización del proceso de apertura, a partir de 1989, generó fuertes críticas del sector industrial. Sin embargo, con las protecciones especiales aplicadas a partir de marzo de 1991, que fijaron un esquema de apertura "administrada" (Viguera, 1998), una serie de sectores políticos de origen industrial, liderados por la UIA, junto a la Cámara Argentina del Comercio (CAC), quienes habían apoyado el proceso de liberalización parcial a fines de los años ´80, ahora respaldarían la "protección dirigida" y "temporaria" del menemismo. Lo harán en nombre de la "competitividad", la "eficiencia", la defensa de la "producción", la "industria nacional" y el "trabajo", sumado al objetivo del "crecimiento" y la necesidad de realizar la "reconversión" del sector (Jorge Di Fiori, CAC, Clarín, 31-07-93, p. 19; Jorge Blanco Villegas, Presidente de la UIA, La Nación, 09-07-93, p. 1 y Clarín, 25-07-93, "Económico", pp. 2-3). En otros casos, como en las editoriales de La Nación, se observará un giro desde el apoyo a las reformas ponderadas de 1988, a una crítica neoliberal "por derecha", frente a las políticas de protección parcial de la industria nacional, asociadas a un "sistema que traba las importaciones en nombre de un anacrónico proteccionismo", e impide "seguir avanzando hacia una inserción cada vez más profunda en la economía mundial" ("Cuotas y cupos de importación", editorial de La Nación, 15-07-93, p. 8)
Entre los discursos críticos de la apertura, liderados por las editoriales de Clarín, se presentará una primera modulación, de orientación neodesarrollista, que criticará sus efectos sobre la "producción" y la "industria" nacional, aunque con la mira puesta en el aumento del "déficit comercial" ("Un debate necesario sobre la industria", editorial de Clarín, 19-05-88, p. 18; "Dificultades de la industria textil", editorial de Clarín, 21-05-93, p. 18). Por su parte, desde algunos sectores industriales marginales, no favorecidos por la liberalización asimétrica, se criticará la "apertura lapidaria", que es "sólo para los elegidos", destacando su impacto regresivo sobre el "mercado interno", a partir del auge de las importaciones (César Tortorella, titular de la CGI, Clarín, "Económico", 09-05-93, p. 10; Jaime Goldeman, titular de APYME, Clarín, "Económico", 09-05-93, p. 10). Finalmente, la CTA se referirá a sus efectos sociales regresivos, vinculados a la reducción de los "salarios" y el empeoramiento de las "condiciones de trabajo" (Página 12, 14-02-93, p. 5). En ese marco, como elemento a ser destacado, tanto la CGT, como la UOM y los Gobernadores del PJ, no se referirán al tema de la apertura comercial, de modo tal que abandonarán las típicas vinculaciones de finales de los ´80s, entre la apertura comercial y el privilegio del pago de la deuda al FMI, asociado a una crítica radicalizada al modelo económico en su conjunto, en nombre de la defensa de la "soberanía nacional". En segundo lugar, debemos destacar que, pese a la presencia de discursos críticos, predominará una estrategia de negatividad con el orden vigente, sin edificar una alternativa de positividad en defensa del mercado interno y los derechos sociolaborales de los trabajadores.

4.4. Las disputas en torno a la inflación
En el contexto de estabilización monetaria garantizada por la Convertibilidad, en 1993 el tema de la inflación prácticamente desaparecerá como problema-demanda. En ese marco, se destacará el valor de la Convertibilidad en la estabilización de los precios, haciendo intercambiables ambos significantes. La Convertibilidad, a su vez, será vinculada, en una pluralidad de discursos de economistas ortodoxos, empresarios locales, banqueros, miembros del establishment internacional y editoriales y notas de Clarín y La Nación, a la presencia de una "moneda sana" y "estable", que otorgaba "certezas" al capital privado y lograba el "equilibrio fiscal", la estabilización "monetaria" y el "control de los precios" (Fair, 2013). Sólo en ocasiones, enfatizando la relevancia de la estabilidad, se criticarán los "excesos" en el gasto público, por su posible efecto propulsor de la inflación, promoviendo una mayor "austeridad" monetaria (Fernando De la Rúa, Clarín, 11-06-93, p. 13; José Luis Espert, Centro de Estudios Macroeconómicos, La Nación, "Económico", 07-04-93, p. 1), o se reclamará la profundización de las reformas pendientes, de modo tal de garantizar la estabilidad monetaria y fiscal (Editorial "Que dos años no es nada", La Nación, 02-04-93, p. 8).
Entre los referentes de tradición nacional popular, se dejará de hacer hincapié en los efectos de la inflación sobre los salarios, abandonando la asociación equivalencial que articulaba el modelo económico con los efectos de la inflación sobre los salarios de los trabajadores y el aumento de la pobreza. Estas críticas eran reemplazadas por un apoyo generalizado (o al menos, un no cuestionamiento público) a la estabilidad, que, en todo caso, debía ser complementada con elementos adicionales de "emprolijamiento" económico, institucional y social del modelo. En ocasiones, se presentaba una crítica a la Convertibilidad. Sin embargo, en ningún caso se extendía esta crítica al valor de la estabilidad, ni se pedía públicamente devaluar la moneda, por lo que no se planteaba una estrategia alternativa en el plano de las políticas públicas (Fair, 2013).
 
5. Conclusiones

Hemos desarrollado en este trabajo un análisis comparado del discurso público mediático de los actores políticos clave de la Argentina, en la etapa de pre-emergencia y sedimentación de la hegemonía neoliberal. Colocamos el eje en los significados asociados a las reformas y ajustes pro-mercado en el conjunto de las discursividades, de modo tal de observar algunos aspectos concernientes a la eficacia de la hegemonía menemista para edificar un nuevo y exitoso sentido común en torno a los valores del neoliberalismo. A partir del análisis comparado, pudimos observar una creciente colonización del discurso neoliberal entre los agentes clave que a fines de los años ´80 defendían un discurso posicionado dentro de la tradición nacional popular, en ocasiones mixturado con elementos neodesarrollistas. Esta colonización se expresaba en un cambio en la visión sobre las políticas públicas centrales que debía implementar el Estado, que giraba, en consonancia con las propias transformaciones en el discurso de Menem, hacia construcciones y articulaciones típicamente ortodoxas. En primer lugar, frente a los discursos que en 1988 criticaban a la inflación por sus efectos regresivos sobre los salarios de los trabajadores, o bien defendían el acuerdo de precios con el empresariado, en 1993, en el marco de la estabilización económica, prácticamente no se mencionaba el tema de la inflación, al tiempo que mermaban las demandas salariales y en defensa del incremento del gasto público. Además, como lo hemos analizado en otro lugar, se aceptaba como crucial la estabilidad monetaria y fiscal, o al menos no se lo cuestionaba públicamente como valor per se. De este modo, se expresaba el triunfo hegemónico de la concepción neoliberal monetarista, con eje en la articulación orgánica entre la estabilidad y la convertibilidad.
En cuanto a las reformas estructurales, observamos una creciente aceptación del discurso menemista de transformación y modernización del Estado. En ese marco, en la escena mediática, se desvanecía el discurso nacional popular y sus vinculaciones con la defensa del mercadointernismo, el nacionalismo anti-imperialista y la visión movimientista-popular. Este desvanecimiento, del que sólo quedaría residuos, se observaba en el giro, en los actores políticos clave, desde los discursos de oposición irrestricta, y mediante un fuerte antagonismo, a las políticas de reforma mixta del gobierno de Alfonsín, a finales de los años ´80, hacia un discurso que, en la etapa de sedimentación de la hegemonía menemista, o bien adhería explícitamente los ejes nodales de la mixtura neoliberal-peronista de Menem (como en el caso de gran parte de los discursos de la CGT y una porción mayoritaria de la estructura del PJ), o bien criticaba sólo aspectos puntuales de las reformas, con un grado de antagonismo más atemperado. En ese marco, sectores como la UOM, las editoriales y notas de Clarín, algunos dirigentes del PJ (como Cafiero y Bordón) y gremios marginales de la CGT, criticaban las privatizaciones, la apertura comercial y/o los planes de flexibilización laboral, por sus efectos regresivos sobre la producción y la industria nacional, así como por sus efectos regresivos en términos de pobreza y desempleo. En sectores más radicalizados, como la CTA, la mayoría de los periodistas de Página 12, las 62 Organizaciones, dirigentes como "Pino" Solanas y Apyme, se criticaban más fuertemente las reformas por sus efectos negativos sobre el mercado interno y los derechos sociolaborales de los trabajadores. Sin embargo, en todos los casos, estos actores presentaban una crítica al modelo económico que se reducía a aspectos puntuales, sin edificar un antagonismo irrestricto. En segundo lugar, la crítica se concentraba en una estrategia de negatividad con el orden vigente. Finalmente, como derivación de los puntos anteriores, no lograban edificar una propuesta alternativa. De este modo, pese a que podían criticar fuertemente al neoliberalismo, su posición era centralmente defensiva.
En ese contexto, el análisis comparado del discurso nos permitió observar, durante 1993, la presencia de una serie de significantes tabú o prohibidos, como la renacionalización o re-estatización de las empresas públicas, el proteccionismo comercial, la renegociación o no pago de la deuda externa, el aumento del gasto público, así como el relegamiento de las demandas salariales y de una serie de significantes y articulaciones típicamente nacional populares, como la defensa del mercado interno, las empresas públicas y la industria nacional, en tanto símbolos de soberanía política, independencia económica y defensa del patrimonio nacional, frente a la desnacionalización, la enajenación del patrimonio público y el predominio hacia intereses anti-nacionales y anti-populares, vinculados al pago de la deuda externa al FMI y la lógica de la especulación financiera.
De modo tal que, entre 1988 y 1993, al compás de la profundización de las reformas y ajustes pro-mercado, pocos elementos quedaban de la concepción mercado-internista, de nacionalismo anti-imperialista y movimientista-populista. En cambio, predominaba un macro-discurso productivista nacional, en defensa de la producción, la industria nacional y el empleo, asociados a la justicia social y a la defensa de los trabajadores. Un discurso en el que predominaba la negatividad, sin poder edificar un proyecto alternativo a la hegemonía neoliberal. ¿Cómo se explica, en ese marco, este éxito político y cultural de la hegemonía menemista? Desde un análisis del plano de la textualidad, debemos tener en cuenta que la presente investigación sólo se centró en el estudio de las discursividades en torno a las políticas de reforma y ajuste estructural. Sin embargo, el éxito ideológico y sociopolítico de la hegemonía neoliberal se comprende mejor, y en mucho mayor medida, si se incluye el análisis de lo que definimos como el núcleo nodal de la hegemonía menemista. Sintéticamente, a partir del análisis empírico de la prensa gráfica nacional, hallamos que, en el conjunto de los actores políticos, durante la etapa de sedimentación de la nueva hegemonía, la estabilidad era situada como un elemento positivo, similar al papel que asumía la democracia a fines de los años ´80, por lo que existía un consenso general en torno a la defensa de este significante. En segundo término, observamos que la Convertibilidad se hallaba ligada fuertemente a la estabilidad, en tanto había permitido estabilizar los precios y concluir con el déficit fiscal, garantizando, a su vez, una estabilidad institucional y social. En ese marco, pese a que algunos discursos criticaban la paridad cambiaria, en ningún caso reclamaban públicamente la devaluación de la moneda. De este modo, la devaluación se convertía en el principal de los significantes tabú. Finalmente, el menemismo había tenido éxito en articular la estabilidad con las reformas neoliberales, a partir de su articulación equivalencial con significantes legitimadores como modernización, desarrollo, progreso y avance. En ese contexto, se podían expresar críticas puntuales las políticas neoliberales, pero no se construía una alternativa, ya que se aceptaba como indiscutible a la estabilidad y, por lo tanto, a la Convertibilidad, lo que incluía, necesariamente, comprar el "combo" completo de las reformas.
A partir de estos descubrimientos, que se articulan con el análisis de los aspectos extra-lingüísticos del discurso (Fair, 2013), podemos destacar que la hegemonía menemista representaba una hegemonía neoliberal, conformada por un núcleo nodal indiscutido que articulaba equivalencialmente a la estabilidad, la Convertibilidad y el consenso sobre la no devaluación, acoplado, a su vez, a las reformas de mercado y a sus significados adosados. Este mínimo común denominador no cuestionado, que, en la mayoría de los casos, era aceptado explícitamente, nos permite explicar, junto a una serie de condicionamientos institucionales, económicos y socio-históricos, que actuaron como sus condiciones de posibilidad, tanto el éxito de la hegemonía menemista (y su profundización gatopardista entre 1999 y el 2001), como la ausencia de una contra-hegemonía efectiva que cuestionara los fundamentos del modelo neoliberal, planteando una alternativa netamente antagónica.
Será recién en los caóticos meses de finales del 2001 y comienzos del 2002, con la repentina devaluación de la moneda y el fin de diez años de Convertibilidad y estabilidad monetaria, que la hegemonía neoliberal estallaría por los aires, reiniciando una nueva disputa hegemónica. Poco después, con la emergencia del kirchnerismo, una novedosa discursividad pos-neoliberal lograría recuperar, desde el plano material de las políticas públicas y desde el discurso verbal, no pocos de los significantes, articulaciones y tópicos del nacionalismo popular radicalizado, los mismos que la hegemonía menemista había logrado convertir en tabú.

Notas:

* El presente trabajo resume una serie de hallazgos empíricos de mi Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (Fair, 2013). Una versión preliminar fue presentada en las IV Jornadas de Estudios Políticos "¿Qué democracia para el siglo XXI? Actores, conflictos y expectativas", Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Los Polvorines, Buenos Aires, 22 al 24 de agosto de 2012. Agradezco especialmente a Javier Balsa, Sebastián Barros, Paula Biglieri, María Eugenia Conturzi y Santiago Leiras, por sus lecturas, sus críticas, sugerencias y comentarios. A todos ellos los excluyo, no obstante, de posibles errores u omisiones, que son de mi absoluta responsabilidad.

1 Se toman como referencia, en ese sentido, los aportes de la arqueología de Foucault (1970) y su "método" de buscar las "regularidades en la dispersión de los objetos", aunque rechazando su distinción entre prácticas "discursivas" y "no discursivas", una distinción que es criticada por el propio Laclau (Laclau y Mouffe, 1987).

2 Estos tópicos de debate no dejan de pertenecer al orden significante, pero pueden ser analíticamente diferenciados.

3 Se recopilaron y analizaron un total cercano a los 3.000 discursos, correspondientes a los años 1988 y 1993.

4 Aunque la UOM y las 62 Organizaciones en ocasiones recuperarán esta lógica movimientista, dejarán de criticar la especulación financiera, el pago de la deuda externa y la democracia formal, además de no plantear un antagonismo concreto, más allá de la negatividad verbal a aspectos puntuales del modelo (véase Fair, 2013).

5 Sobre dichas irregularidades, véase Thwaites Rey (2003).

6 Entre 1991 y 1995, el gasto público se incrementó, aunque el social se redujo (véase Dirección Nacional de Programación del Gasto Social, 1999).

7 En efecto, no todo el gremio ferroviario apoyaría las privatizaciones. Al igual que en Luz y Fuerza, habrá diferencias internas, si bien, en la disputa hegemónica, vencerá el discurso empresarial neoliberal (Fair, 2013).

8 La Central de Trabajadores de Argentina (CTA), fue creada a fines de 1992 para oponerse a las reformas de mercado del menemismo. Nucleaba, básicamente, a los gremios estatales de ATE y CTERA (véase Armelino, 2005).

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Discursos oficiales del presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, Dirección General de Difusión, Secretaría de Medios de Comunicación, Presidencia de la Nación, República Argentina (varios tomos).

Registro bibliográfico:

Fair, Hernán. "Disputas hegemónicas y escena mediática. Los debates sobre las reformas y ajustes pro-mercado (1988-1993)" en La Trama de la Comunicación, Volumen 18, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina. UNR Editora, enero a diciembre de 2014, p. 095-113. ISSN 1668-5628 - ISSN digital 2314-2634.

Fecha de recepción: 28-06-2013.
Fecha de aceptación: 30-09-2013.

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