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La trama de la comunicación

versión impresa ISSN 1668-5628

Trama comun. vol.18 no.2 Rosario dic. 2014

 

ARTÍCULOS

Por la "dignidad Militar": la revista Cabildo y el levantamiento carapintada en la Semana Santa de 19871

 

Por Jorge Saborido - Marcelo Borrelli

jorge_saborido@hotmail.com / Universidad Nacional de La Pampa - Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina
marcebor@yahoo.com / Universidad Nacional de La Pampa - Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina

Jorge Saborido
Argentino. Profesor y Licenciado en Historia, Universidad de Buenos Aires. Diploma de Estudios avanzados, Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor Titular regular de Historia Social Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Historia del Siglo X X de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Areas de estudio: Historia contemporánea - Historia de los medios.
Correo electrónico: jorge_saborido@hotmail.com

Marcelo Borrelli
Argentino. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires. Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente en la materia "Historia Social General", Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Afiliación Institucional: CONICET y Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Area de especialidad: Historia de la prensa. Medios y política.
E-mail: marcebor@yahoo.com


Sumario:

Este artículo analiza el tratamiento editorial que la revista Cabildo, conspicua representante del pensamiento nacionalista católico en la Argentina, dio al levantamiento militar que un grupo de oficiales del Ejército argentino denominados "carapintadas" protagonizó durante la Semana Santa de abril de 1987. La rebelión tuvo como objetivo primordial presionar al gobierno democrático de Raúl Alfonsín para que se frenaran las investigaciones judiciales sobre los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante la represión ilegal en el periodo de la dictadura militar (1976-1983).
La revista Cabildo, acérrima opositora del gobierno radical y explícita defensora de la represión, celebrará el levantamiento castrense con argumentos vinculados a la reivindicación del "honor militar conculcado" y otros razonamientos asociados a su prédica nacionalista y promilitar, en el marco de una posición editorial que alentaba a las Fuerzas Armadas a "reivindicar y continuar la lucha antisubversiva".

Descriptores: Revista Cabildo; Nacionalismo católico argentino; Rebelión carapintada; Prensa argentina; Alfonsín

Summary:

This article analyzes the treatment that Cabildo magazine editorial, conspicuous representative of the Catholic nationalist thought in Argentina, gave the military uprising that a group of Argentine military officers called "Carapintada" starred during Holy Week April 1987. The rebellion was aimed at pressuring the government primary democratic Raul Alfonsin to that would deter criminal investigations into crimes committed by members of the Armed Forces during the illegal repression in the period of the military dictatorship (1976-1983).
The magazine Cabildo, staunch opponent of radical government and explicit repression advocate, will celebrate the military uprising with arguments relating to the claim of "military honor violated" and other arguments related to his preaching nationalist and pro-military, as part of an editorial position which encouraged the military to "claim and continue the fight against subversion".

Describers: Magazine Cabildo; Argentine Catholic nationalism; Rebellion carapintada; Press Argentina; Alfonsin


Introducción

La revista Cabildo fue el órgano de mayor difusión del nacionalismo católico argentino en las décadas de 1970 y 1980 en la Argentina, motivo por el cual ha sido objeto de estudio en los últimos años2, pero la vastedad de temas abordados por el grupo que la editaba nos obliga a profundizar en algunos aspectos que no han sido aún tratados. Es por ello que este artículo realiza un análisis sobre el tratamiento que la revista dio al levantamiento militar "carapintada" durante la Semana Santa de abril de 1987, acción que desembocará finalmente en la decisión del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) de sancionar la ley de "Obediencia Debida" por la cual la mayoría de los militares responsables de la represión clandestina durante la dictadura militar quedaron impunes hasta la declaración de inconstitucionalidad de esa norma por la Corte Suprema de la Nación en 2005.
La perspectiva analítica de este trabajo se funda en la posibilidad que el estudio de las publicaciones periódicas y sus posicionamientos ideológicos ofrecen para indagar el entrecruzamiento entre la historia de los medios de comunicación, la historia política y la historia de las ideas. Entendemos que las publicaciones no son meros soportes de ideologías que estarían por "detrás" de ellas, sino vehículos activos destinados a la conformación de espacios sociales, la construcción de públicos, la legitimación de corrientes de opinión y la influencia concreta en las decisiones políticas y otras de interés público y amplia incidencia social. Desde esta óptica analizaremos cómo la revista Cabildo se posicionó como un verdadero actor político (Borrat, 1989), en tanto intentó afectar los procesos políticos de tomas de decisiones a partir la influencia de su prédica en ciertos sectores de la sociedad argentina.

Cabildo: orígenes y línea editorial

Cabildo publicó su primer número en formato revista el 17 de mayo de 1973 bajo la dirección de Ricardo Curutchet -quien fue su director durante el periodo de estudio que abarca este artículo- y desde ese momento se posicionará como cabal expresión del nacionalismo católico en Argentina3. El tono antidemocrático de sus cuestionamientos, que se centraban prácticamente desde su aparición en la demanda continua a los militares para que tomaran el poder, llevó a que tras la muerte del general Juan Domingo Perón en julio de 1974, la revista fuera clausurada tres veces por el gobierno de su sucesora, María Estela (Isabel) Martínez de Perón. Una vez producido el golpe militar que derrocó a Isabel en marzo de 1976, reapareció en agosto de ese año con el lema "Por la Nación contra el Caos", enumerando su ejemplar con el 1 y señalando que se trataba de una "Segunda Época".  
Durante la dictadura militar, y hasta fines de los años 80, fue una publicación realizada en papel de buena calidad; contaba con una publicidad limitada casi totalmente al ámbito intelectual en la que aparecían librerías y  editoriales -como Librería Huemul o Editorial Teoría-, conocidas por su filiación nacionalista. Estaba compuesta por 36 páginas donde se destacaban su editorial en la primera página seguido de la sección "Crónica nacional" o "Actualidad", donde comentaba temas de actualidad y secciones fijas dedicadas a la economía local, política exterior, religión, asuntos internacionales, culturales y castrenses, un espacio fijo dedicado al comentario de libros de actualidad y un espacio que variaba de acuerdo a cuestiones coyunturales. La tirada no ha podido ser comprobada con exactitud por inexistencia en ese momento de estadísticas medianamente fiables; el testimonio de Antonio Caponnetto, uno de los más importantes partícipes en el proyecto editorial (secretario de Redacción de la revista durante el periodo que abarca este artículo y luego su director desde su reaparición en 1998 hasta la actualidad),  da cuenta de que el promedio mensual era de aproximadamente 5 mil ejemplares vendidos. Sus lectores pertenecían a ámbitos vinculados al mundo católico, sectores dirigentes y militares. En el periodo de análisis fue de publicación mensual.
En su plantel de colaboradores aparecen aportes puntuales como el del líder de la hispánica Fuerza Nueva, Blas Piñar; el general Acdel Edgardo Vilas4, o la presencia más regular de intelectuales de larga militancia en el nacionalismo como Julio Irazusta, Federico Ibarguren, el general Osiris Villegas, Ricardo Paz, Francisco Javier Vocos o el cuyano Rubén Calderón Bouchet. Además, una vez producido el retorno democrático a fines de 1983, la revista publicó varios artículos firmados por el general Ramón J. Camps, uno de los principales y más emblemáticos represores durante la dictadura militar.
Las concepciones de Cabildo se enraizaban en el nacionalismo católico que, si bien careció de una presencia masiva en el conjunto de la sociedad argentina, ejerció una fuerte influencia sobre determinados sectores de poder -funda­mentalmente los militares-. Desde fines del siglo XIX, ante la hegemonía política y cultural de la elite liberal y positivista, se habían ido formando corrientes de pensamiento nacionalistas que reivindicaron las raíces hispánicas en la conformación identitaria de la Argentina. En la década de 1920 el nacionalismo se fue consolidando, y en paralelo fue vigorizándose una corriente de pensamiento que demandaba recuperar para el catolicismo el lugar predominante que había tenido tradicionalmente en el país. Al calor de estas ideas, y con el apoyo de la Iglesia Católica argentina, se forjó un modelo alternativo al liberal que propuso reconstruir la "nación católica"; es decir, considerar a la religión católica como el elemento fundante de la identidad nacional. Una visión antiliberal y antidemocrática de la que Cabildo será un pertinaz defensor.
En forma muy resumida reseñaremos cuáles fueron los principales pilares ideológicos de Cabildo: a) reivindicación de la Edad Media como etapa de plenitud alcanzada por el hombre; b) crítica a la Modernidad en tanto periodo de autonomía de la razón y el hombre que rompe la ligazón "natural" de éste con Dios y lo desvía de su senda moral; c) crítica al liberalismo y la democracia como reflejos de la decadencia de la civilización occidental y exaltación de la dictadura encarnada en una personalidad central junto a un equipo de hombres destacados; d) defensa de la hispanidad como elemento constitutivo de la nación argentina en tanto sostén espiritual de la fe católica, y e) visión conspirativa de la historia contemporánea con base en la alianza "judeo-marxista", entre sus principales características (para ampliar, véase Saborido, 2011).

Cabildo y el alfonsinismo

Es conocido el impacto que representó en la escena política del final de la dictadura militar la irrupción de Alfonsín y su sorprendente triunfo en los comicios del 30 de octubre de 1983. Mientras que para un amplio sector del electorado fue el vocero de la recuperación de los valores democráticos luego de la etapa oscura de la dictadura, desde las páginas de Cabildo se lo identificó rápidamente con la militancia de izquierda y con las ideas "modernas" que constituían el enemigo principal del nacionalismo católico. Ya en junio de 1983 en la tapa se lo ridiculizaba disfrazado de "El Chapulín Colorado" -popular personaje de la televisión-, con dos globos en las antenas, uno con el signo dólar y el otro con la hoz y el martillo que referían a la Unión Soviética. Al título "El Alfonsín Colorado" se agregaba en mayúscula la expresión ¡SIGANME LOS ZURDOS!5 (Fig. 1). En el editorial, la caracterización era demoledora, mostrando el núcleo duro de las ideas de Cabildo: "Alfonsín está a medio camino entre el izquierdista rabioso, que sospecha que algo hay que cambiar, y el izquierdista europeo, que sabe que entre Estados Unidos y Rusia y algunos elementos posconciliares se está edificando una nueva legitimidad, esa de los derechos humanos, de la permisividad, del destape y del pluralismo. Alfonsín, que reúne en sí lo peor de nuestra historia, nos traerá la civilización que a palos nos viene siendo impuesta desde Rivadavia hasta Frondizi, pasando por Roca; civilización que quiere decir modernización esto es: desacralización y desorden"6.
Para Cabildo, en el clima incierto de la transición, el peligro mayor residía en el triunfo de Alfonsín; la continua denuncia de sus vinculaciones con la socialdemocracia europea e incluso con los Estados Unidos7 daba cuenta de las dimensiones perturbadoras que le atribuían a un eventual gobierno radical. Si bien consideraban que el 30 de octubre, día de las elecciones, era de por sí un "salto al vacío" por el retorno de la odiada "partidocracia", el peronismo -favorito para triunfar en los comicios- no era objeto especial de la atención editorial de la revista, más concentrada en prevenir sobre el peligro de la victorial radical8. Sin matices, para Cabildo con las elecciones se haría cargo de la nación el "monstruo partidocrático" y "la democracia liberal, sufragista, numerolátrica y multipartidaria"9.


Figura 1

Producido efectivamente el triunfo del candidato de la Unión Cívica Radical (UCR)10, el juicio respecto de quienes van a ejercer el poder político no generó para los nacionalistas de Cabildo ninguna controversia: significaba un retorno a un  pasado que tendría que haber sido superado definitivamente como consecuencia del accionar de los militares y de la realización de su "revolución nacionalista". Pero, como ello no se había producido por la ineptitud de los dirigentes del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", el resultado era que: "con Alfonsín han tomado por asalto el Estado todos aquellos que fueron derrotados militar o policialmente y ahora vuelven para trocar esa derrota en victoria política primero y cultural después"11.
De manera tal que el nuevo gobierno radical era definido como una "tiranía democrática", y la misma no era ya "la prefiguración del marxismo, sino el marxismo mismo gobernando, bajo formalidades cautelosas a veces, pero con equipos, planes, hombres y engranajes que responden inequívocamente a la intrínseca perversidad comunista"12. En este sentido, la revista fue construyendo un perfil "revolucionario" del alfonsinismo: se trataba de una nueva forma de la "revolución" moderna, encarnada en la socialdemocracia, que en ese periodo se definía por ser "un socialismo que se preocuparía más bien de imponer sus pautas políticas y culturales más que un esquema económico y aún que una preocupación distribucionista"13.

Cabildo y la "cuestión militar"

Tras la derrota en la guerra de Malvinas en junio de 1982, la actitud de Cabildo respecto de los militares del "Proceso" se caracterizó por una distinción tajante: por una parte se encontraban los altos mandos, quiénes eran duramente cuestionados por haber tenido la responsabilidad de decidir la ocupación y el posterior enfrentamiento y para quienes se reclamaba que pagaran sus culpas sin miramientos. El castigo era considerado como una posibilidad regeneradora, un componente purificador de aquellos sectores enfermos y corrompidos que debían ser separados del "cuerpo sano" que las Fuerzas Armadas representaban en su totalidad. Pero, por otra parte, la revista realizaba una enérgica defensa de los oficiales de rango medio y bajo que habían combatido en las islas Malvinas pese "A los jefes que temblaron ante el deber y, sobre todo, al régimen que los entregó y que hizo inútil en lo inmediato su cruento sacrificio"14.
La distinción entre el guerrero y la conducción, entre quienes habían cumplido con su deber en el campo de batalla y la jerarquía castrense que los había traicionado, respondía a la necesidad de la revista de destacar la "pureza" de las Fuerzas Armadas y su función imprescindible para la sociedad pese a los errores cometidos por sus máximos jefes. En este sentido, eran definidas positivamente como "una aristocracia con clara conciencia histórica y con claro sentido de su deber político y cultural"15, mientras que los que habían ejercido el poder durante la dictadura habían "olvidado su función, han olvidado sus obligaciones y han repudiado su destino....solo su esencia las preserva de su existencia"16.
Con la llegada de la democracia Cabildo advirtió tempranamente que "la socialdemocracia está a punto de concretar su venganza contra las Fuerzas Armadas Argentinas"17. Esa "venganza" se canalizaría de diversas formas: la drástica reducción del presupuesto militar, el establecimiento de pautas políticas que se asentaban en el pacifismo y, sobre todo, el accionar "demasiado inquietante"18 de la justicia en el tema de los derechos humanos.
A partir de este análisis de la situación, Cabildo pasó a expresar en sus páginas la opinión de los grupos militares que cuestionaron desde mediados de 1982 el comportamiento de las cúpulas militares pero que al mismo tiempo rechazaban el reverdecer de la democracia, y mucho más una democracia que, aunque de manera dubitativa y crecientemente claudicante, estaba comenzando a avanzar en un tema tan ríspido como el de la represión ilegal llevada a cabo durante la dictadura militar.
El final de la dictadura militar trajo como consecuencia que los militares, fuertemente desprestigiados luego de la derrota en Malvinas, se retiraran de la intervención política directa, en un clima social caracterizado por una expectativa favorable respecto de las posibilidades del nuevo tiempo democrático. Al fracaso político de las Fuerzas Armadas se sumó la difusión pública de las atrocidades cometidas por sus integrantes en la represión ilegal, prácticas que ahora eran rechazadas por una ciudadanía que en los años del terror mayoritariamente no había objetado el discurso de la "lucha antisubversiva" (Novaro y Palermo, 2003). Desde 1982 se habían ido difundiendo detalles escabrosos de los mecanismos de funcionamiento del terrorismo del Estado, por lo que el tema de los derechos humanos fue calando hondo en la opinión pública19. Alfonsín se hizo eco en la campaña electoral de estos reclamos de la sociedad, al tiempo que reivindicaba con fuerza los valores democráticos, tantas veces despreciados en las décadas anteriores.
Luego de asumir la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín decidió poner en marcha el juzgamiento de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que habían ejercido el poder durante los años de la dictadura y a siete jefes guerrilleros20. Abonaba así el terreno de la "teoría de los dos demonios", que igualaba las responsabilidades de ambos limitándola a sus cúpulas y excusaba de ellas a la sociedad civil en relación a la violencia política del pasado reciente, mientras que explicaba a la violencia de Estado, aunque no a sus procedimientos, a causa de la violencia guerrillera (Crenzel, 2008: 58). Para el caso del juzgamiento de los militares el presidente planteó la idea de que habían existido "tres niveles de responsabilidad" en la represión: en el primero se situaban quienes habían dado las órdenes -las Juntas Militares y algunos represores "emblemáticos"-, éstos debían ser considerados "culpables" y ser sometidos a la Justicia civil o militar como los máximos responsables de la represión buscando así un "castigo ejemplar";  en el segundo aparecían quienes se habían "excedido" en el cumplimiento de esas órdenes; y por último se situaban los oficiales que habían "acatado órdenes" -que en su mayoría se encontraban en actividad al llegar Alfonsín al poder-, quienes debían ser considerados "inocentes" para de esa manera no afrontar a la Justicia -siempre y cuando no hubieran cometido "hechos atroces y aberrantes"- y, en cambio, ser disciplinados para ser incorporados a la institucionalidad democrática. Así, el gobierno intentaba contener a la corporación militar y satisfacer a la ciudadanía democrática: mostraba ante la opinión pública a unas Fuerzas Armadas dispuestas a aceptar algunas condenas, pero evitaba el inconveniente político que significaría iniciar un llamado masivo de oficiales a declarar ante la Justicia. El problema, como bien quedaría expuesto en el informe "Nunca Más" de la CONADEP presentado al presidente el 25 de septiembre de 1984, era que los "hechos atroces y aberrantes" habían sido organizados desde el poder estatal y practicados sistemáticamente por todos los oficiales involucrados en la represión (Canelo, 2006: 95).
La decisión sobre el juzgamiento de las tres primeras Juntas fue objeto de una descalificación rotunda por parte de Cabildo, de manera que su postura se fue aproximando cada vez más a la de quienes, si bien desde una posición inicial de debilidad, intentaban insuflarle a las Fuerzas Armadas un renovado vigor enfrentando a los que querían avanzar en el enjuiciamiento de su accionar.
Cuando finalmente en abril de 1985 la Cámara Federal de la Capital Federal inició el juicio a los integrantes de las Juntas, el editorial de Cabildo dejó sentada con absoluta transparencia su posición. Tras señalar los errores cometidos por los militares en el ejercicio del poder, destacaba que el principal de ellos había sido que se había librado "una guerra antisubversiva en lugar de una guerra contrarrevolucionaria"21; por lo tanto, el prolongado juicio oral fue descalificado al considerarlo parte fundamental de la agresión que se estaba realizando hacia las Fuerzas Armadas impulsando su desintegración. De esta manera, pasaba a segundo plano las críticas a Videla y al resto de los militares que habían ejercido el poder durante la dictadura; en el nuevo marco democrático de lo que se trataba era de destacar ese carácter del juicio: "No se puede seguir manteniendo la ficción (...) de que lo que hace la Cámara Federal es juzgar a los nueve individuos que integraron en su momento las tres primeras Juntas de Gobierno del Proceso; son las Fuerzas Armadas de la patria las que han sido arrastradas al banco de los acusados y expuestas a un escarnio público y colectivo con el que se procura no la aplicación de una justicia purificadora sino una derrota espiritual y, por lo tanto, política, de esos soldados que tomaron a su cargo la empresa de acabar con la revolución"22.
Por otra parte, los problemas experimentados por el gobierno de la Unión Cívica Radical se fueron incrementando durante 1986 luego del éxito temporal que significó la implementación del Plan Austral a mediados de 1985 (por el cual momentáneamente la inflación se mantuvo bajo control y la actividad económica tuvo un cierto incremento)23. Este mejoramiento de la situación creó las condiciones para que el radicalismo se impusiera en las elecciones legislativas que se realizaron en noviembre de 1985.
Sin embargo, las dificultades insalvables que encontraron para estabilizar de manera definida las variables económicas, las contradicciones que se manifestaban en el mismo gobierno respecto del rumbo a seguir, el creciente vigor de la oposición desarrollada por el Partido Justicialista y el sindicalismo, así como también los problemas derivados de la "cuestión militar", determinaron que los embates antidemocráticos adquirieran renovada fuerza y que, en ese contexto, el discurso y el accionar del nacionalismo católico se vinculara con el de quienes, desde ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, aspiraban a recuperar posiciones políticas tras la debacle que había significado el fin de la dictadura.

Cabildo y la rebelión "carapintada" de Semana Santa

El 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal de la Capital dio a conocer su sentencia de condena hacia los ex comandantes de las Juntas Militares durante la dictadura24, pero en el punto 30 los magistrados tomaron una decisión de máxima relevancia para comprender las acciones posteriores, allí demandaban "el enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa, durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones" (Sancinetti, 1988: 227; cit. por Canelo, 2006: 100, destacado de la autora). Así, el poder judicial se independizaba del político y estropeaba sus planes de conciliación con el actor militar, ya que hasta ese momento el gobierno había logrado cierta alianza con la cúpula de las Fuerzas Armadas -encabezada por Héctor Ríos Ereñú, al frente el Estado Mayor General del Ejército (EMGE)-, sobre la base de "condenas para los que mandaron" y "amnistía para los que obedecieron" (Canelo, 2006: 98). Como bien señala Novaro (2009: 148), pese a la gran impronta política, jurídica y cultural del juicio a las Juntas, en el momento muchos perdieron de vista que se estaba juzgando a militares que ya habían perdido el poder, y que no sería lo mismo juzgar a militares en actividad que aún mantenían al menos parcialmente una cuota de poder y contaban con la solidaridad de sus pares.
Cumpliendo con la orden de la Cámara, la justicia civil amplió sus actuaciones contra los militares implicados directamente en la represión, incluyendo a generales, jefes, oficiales, suboficiales y policías; muchos de ellos se encontraban en actividad. Al mismo tiempo, los altos mandos de las Fuerzas Armadas comenzaron a presionar al gobierno radical para que ofreciera una solución política a largo plazo que asegurara la impunidad de la oficialidad.
La nueva etapa inaugurada con la decisión de la Cámara, llevó al gobierno a comprometerse secretamente con las autoridades militares a que se aseguraría la impunidad para la mayor cantidad de oficiales, a cambio que los jefes militares contuvieran a sus subordinados. Los términos inconfesables del acuerdo hacían perder capital político al gobierno, que de la "ética democrática" reivindicada desde antes de acceder al poder pasaba al "pragmatismo político" (Canelo, 2006: 101)25.
Cediendo ante las presiones de la corporación militar, y en el contexto de los problemas ocasionados por el deterioro de la situación económica, el gobierno anunció en diciembre de 1986 el envío al Congreso del proyecto de ley de "Punto Final", por el cual se ponía un límite de sesenta días para presentar las denuncias y evidencias sobre (supuestas) violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares. El anuncio fue celebrado por las cúpulas de las Fuerzas Armadas, y rechazado rotundamente por los organismos de derechos humanos, miembros de la UCR y el peronismo renovador. La norma parecía presentar una "ventaja" para el gobierno en tanto la condición de inimputable de un acusado de violación de los derechos humanos no dependía ahora de la controvertida figura de los "excesos" o del "error insalvable" (véase los problemas de esta definición en Novaro, 2009: 32-3), sino de la extinción temporal de la acción penal (Acuña y Smulovitz, 1993; Pion-Berlin, 1997; cit. por Canelo, 2006: 104).
El 23 de diciembre se aprobó en el Parlamento la ley 23.492 de "Punto Final", pero prontamente se mostró ineficaz, cuando los juzgados civiles comenzaron a acelerar las citaciones y la tramitación de las causas,  incluso suspendiendo la feria judicial que se iniciaba en enero y que el gobierno supuso que iba a jugar en su favor para acortar el tiempo de presentación. Finalizado el plazo perentorio, el 23 de febrero de 1987, habían quedado procesados 300 oficiales de alta graduación (Acuña y Smulovitz, 1993: 61) -quince veces más de lo que había previsto el gobierno-, entre los cuales se encontraban 40 miembros de la cúpula militar procesista y varios oficiales que ocupaban o habían ocupado altos cargos en la estructura militar designada por Alfonsín (Canelo, 2006: 105).
Esta nueva situación rompió definitivamente la estabilidad precaria que se había mantenido entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, y mientras Alfonsín perdía capital político, la oficialidad del Ejército y la Armada se inclinaba hacia un virtual estado de insubordinación, no sólo contra el gobierno sino también contra los jefes del Estado Mayor, indignados por la efectiva ampliación del "círculo de culpables" que supuso la Ley de "Punto Final".
Lejos de saludar la sanción de la ley, Cabildo descalificó en forma irónica la medida, y al explicar el proyecto, graficaba: "se traza una suerte de raya; quien logre llegar invicto hasta ella será salvo; quien no, caerá inexorablemente en las garras de la justicia alfoncínica"26. Para la revista la única razón de esta nueva ley residía en que el presidente Alfonsín, ante la dimensión de las dificultades socioeconómicas que se le estaban presentando, estaba tratando simplemente de "cerrar un frente conflictivo" y de elaborar "una cierta alianza con el poder militar, en los más crudos términos de supervivencia política"27. Sin embargo, reconocía, que la "peligrosidad potencial" del proyecto residía en su capacidad de separar o hasta enfrentar a los militares entre los de "sables sucios" y los de "sables blancos": "Unos, purgando sus 'delitos'; otros, gozando de su libertad"28. Y dejaba un interrogante inquietante: "¿Se harán solidarios con los condenados quienes queden libres de culpa y cargo?"29. Preanunciando los sucesos posteriores daba a entender que el apoyo a la "lucha antisubversiva" -y a quienes la habían emprendido- era total en las fuerzas, y lo ejemplificaba al mencionar que hacía escasos días el hijo del general y jefe represivo durante la dictadura Ramón Camps30, había sido "estruendosamente ovacionado" al egresar en el Colegio Militar, lo que había ocurrido frente al propio Alfonsín que se encontraba en la ceremonia.
La alianza coyuntural que buscaba el gobierno a través del "Punto Final" con los jefes castrenses también suscitó la crítica acerba de Cabildo hacia los máximos responsables de las Fuerzas Armadas: "las cúpulas castrenses asumieron la actitud de Judas: traicionaron y abandonaron no solamente a unos hombres determinados, sino -y esto es lo inusitadamente grave- traicionaron en esos hombres el honor de las Armas"31. En esta orientación, el avance de la Justicia Civil era interpretado directamente como: "LA ESTRATEGIA DEL RETORNO DE LA GUERRILLA BAJO OTRA FORMA Y OTRO METODO. Y equivalen a la reversión de la derrota militar sufrida a lo largo de una década"32. La "Guerra Revolucionaria" ahora sumaba la nueva "etapa judicial", que para los militares era la de la "humillación, la del aislamiento, la de la condena total, la de la marginación". Si en una primera etapa las Fuerzas Armadas habían pagado "un tributo de sangre para salvar a la Nación y a la República", en esta segunda se les requería "su honor y su prestigio", lo cual era "nefasto" porque equivalía a una "rendición". Por eso colegía en forma premonitoria que: "a esto nadie está obligado sino que además, tiene el deber de resistirse"33. Posicionado como un actor político, la revista realizaba un evidente llamado a la acción hacia dentro de la corporación militar.
Como lo dejaba entrever Cabildo, la situación se estaba agravando en el ámbito castrense y hacía cada vez más improbable la posibilidad de un acuerdo estable entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Frente los llamados a declaratoria que estaba realizando la Justicia, Cabildo mencionaba ciertos acontecimientos que mostraban la solidaridad de la "familia militar" con los imputados, para concluir con estilo predictivo34: "creemos que en el mundo castrense crece la idea de que o se salvan todos o ninguno. Quizás, por ahora, las aviesas intenciones alfoncínicas del punto final se vean obstaculizadas gracias a un espíritu de cuerpo que comienza a configurarse"35.
En efecto, la revuelta "carapintada" estaba en marcha.         
La pendiente hacia los llamados "sucesos de Semana Santa" se fue produciendo de manera progresiva, mientras las reiteradas citaciones de los jueces eran resistidas o desatendidas por los implicados a comparecer, con el apoyo tácito o explícito de sus superiores castrenses. Frente a esta situación, un sector rebelde del Ejército se decidió a actuar con el objeto de evitar cualquier tipo de enjuiciamiento de su accionar desde fuera de la esfera militar. La creciente indisciplina tuvo su punto culmine el 14 abril de 1987 cuando el mayor de Infantería Ernesto Barreiro36 rechazó comparecer ante la Justicia, se refugió en su unidad militar -el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada de Córdoba- y lideró su sublevación. El  conflicto tomaría mayores proporciones cuando al anochecer del Jueves Santo -17 de abril- el teniente coronel Aldo Rico -ex combatiente de la guerra de Malvinas, quien no estaba sometido a requerimiento judicial en relación a la represión- se sublevó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo (provincia de Buenos Aires) al frente de numerosos jefes y oficiales. Rico había agrupado tras suyo a los oficiales más agresivos en su oposición al gobierno radical y a la jefatura del Ejército encabezada por Ríos Ereñú.  La metodología elegida fue la de "proceder militarmente", es decir, tomar unidades militares y desplegar armamento pesado; si bien formalmente se acataba la Constitución no se cedería hasta conseguir los objetivos planteados (Pucciarelli, 2006: 120). Los rebeldes exigían dos condiciones básicas para deponer su actitud: en primer lugar, el cese inmediato de las comparecencias de los militares acusados de delitos vinculados con la represión, para lo que se exigía una plena amnistía; en segunda lugar, la destitución del Jefe del Estado Mayor, general Ríos Ereñú, quien era considerado "oficialista" por sus posiciones más politicistas y tendientes a la negociación con el gobierno. Todo ello, en el marco de la reivindicación de lo actuado en la "lucha antisubversiva", triunfo que para este grupo había sido dilapidado por "la cúpula procesista" y lo que la oficialidad de rango medio denominaba despectivamente como "el generalato" (Pucciarelli, 2006: 121).
La rebeldía, que surgió a la luz pública en los medios de comunicación protagonizada por oficiales y soldados con la cara pintada con betún como expresión de su situación de combatientes (de allí el nombre de "carapintadas") y para diferenciarse de los denominados "generales de escritorio", contó con el apoyo implícito de sectores más amplios del Ejército. Esto se hizo visible en la negativa de las unidades cercanas a Campo de Mayo a reprimir a los sublevados, y en la manifiesta lentitud que mostraron las tropas del general Ernesto Alais, apostadas en la provincia de Corrientes, cuando el Poder Ejecutivo logró que se pusieran en marcha hacia la Capital Federal para cumplir la orden presidencial de reprimir a los rebeldes.  La renuencia de la mayoría de la oficialidad a combatir a los amotinados -además de compartir sus demandas de impunidad- hacía que formaran parte implícita de la rebelión y fueran responsables del desgaste del poder político. Esta neutralidad cómplice había dejado en los hechos a la república "sin Ejército", como bien lo menciona Pucciarelli (2006: 127), situación que el gobierno trató de ocultar a la ciudadanía, aunque era evidente para muchos que no contaba con esas fuerzas.
En un principio, el gobierno radical optó por una estrategia doble: el aislamiento político y la represión de los amotinados con las fuerzas leales, pero prontamente tuvo que afrontar la fractura de la cadena de mandos al no contar con tales fuerzas. Por su parte, ante el temor de un nuevo golpe de Estado, la ciudadanía se movilizó espontánea y organizadamente en defensa de la democracia; los partidos políticos y diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su repudio a la rebelión, aumentando así el aislamiento de los amotinados. Sin embargo, hacia el fin de semana la gran movilización popular comenzaba a aparecer como incontrolable y crecían los peores temores para el gobierno sobre un "enfrentamiento" directo entre civiles y militares. El domingo, cuando ya las negociaciones secretas entre gobierno y rebeldes estaban avanzadas, una multitud colmó la Plaza de Mayo en el centro de la ciudad de Buenos Aires y miles de ciudadanos se convocaron en Campo de Mayo, presionando para que los rebeldes depusieran su actitud. A contramarcha de esta resistencia civil, Alfonsín se dirigió hacia Campo de Mayo el 19 de abril para rubricar las negociaciones con los sublevados -justamente, Rico había puesto como una de sus condiciones un diálogo directo con el presidente-, lo que implicaba un menoscabo visible a su autoridad, aunque fue presentado por Alfonsín como un último acto de valentía para dar por terminada la sedición. El resultado inicial pareció ser favorable al gobierno con la capitulación de los hombres que comandaba Rico y un recordado discurso de Alfonsín ante la multitud expectante en Plaza de Mayo que, luego de omitir y tergiversar las informaciones más importantes sobre la resolución del conflicto, afirmaba que la "casa está en orden y no hay sangre en la Argentina", demandando la desmovilización pacífica de la ciudadanía. Sin embargo, en ese mismo discurso llamó "héroes de Malvinas" a alguno de los carapintadas, dejando una estela de incertidumbre sobre lo verdaderamente ocurrido en Campo de Mayo. Pronto se confirmaría que Alfonsín había aceptado algunas de las exigencias de los amotinados: primero, cuando se conoció la destitución de Ríos Ereñú en las horas siguientes37 y, principalmente, cuando a menos de un mes de la asonada el gobierno presentó un proyecto de ley de "Obediencia Debida", que liberaba de responsabilidad a los oficiales y suboficiales subalternos en la represión por haberse limitado a cumplir órdenes superiores. Esto último fue la prueba de que efectivamente se habían producido negociaciones, las cuales, para una gran mayoría de la sociedad civil, fueron una claudicación del poder político ante la corporación militar.
La posición de Cabildo respondió coherentemente a lo que venía sosteniendo desde la instauración de la democracia, de allí que en su edición de mayo de 1987 saludara con alborozo la reacción de quienes reclamaban por su honor en la nota titulada "Operativo Dignidad Militar"38: "el Ejército Argentino, hostigado, asediado, vilipendiado, en vías de disolución, traicionado por sus comandantes, mostró que, a Dios gracias, aún no está muerto y es capaz de generar una reacción"39.
Las causas de la crisis eran explicadas en un párrafo de su editorial, que no se refería principalmente a lo sucedido sino a las versiones sobre el proyecto de ley de Obediencia Debida que ya circulaban en ese momento. Como se observará, eran todos argumentos justificatorios de la acción de los rebeldes: "Una política militar torpe y perversa, un clima acosador, una marginación virtual de las Fuerzas Armadas, a las que se les negó el más mínimo espacio en el sistema, una postergación que las llevó a la carencia más completa de operatividad, una disfunción mortal, el confeso propósito de inocularles todos los virus socialdemócratas a través de sus institutos y academias, en fin, la más atroz persecución judicial que por sus dimensiones y cuidadosa metodología no reconoce antecedentes y que sirvió para lo que decíamos, humillar a los vencedores, forzarlos a aceptarse como culpables y como merecedores de castigo, a disolver la derrota militar de la izquierda subversiva en un triunfo político, psicológico y moral, en definitiva, separar a las FF.AA. del resto de la Nación"40.
Aunque la ruptura en la cadena de mandos que implicaba la operación "carapintada" podía ser cuestionable para los hombres de Cabildo -en tanto defensores a ultranza de la obediencia a la autoridad-, en este caso se exculpaba porque se estaba frente a una situación excepcional que la había convertido en "la única vía posible" para ejercer "el legítimo derecho de resistencia a una autoridad meramente formal y vacía"41. De allí que se manifestaba explícitamente el apoyo a quienes, desde rangos medios de la oficialidad, estaban dispuestos a "recuperar el alma militar y levantarla sobre sí misma" y quienes habían reivindicado la "bandera incuestionable del honor militar"42. De esta manera, quienes mostraron su rebeldía habían puesto de manifiesto la fractura existente en el Ejército: "si se sostiene que Rico y sus hombres han fracturado el ejército se dice una verdad, pero no la verdad completa. El Ejército ya estaba fracturado43. En todo caso, el episodio de la Escuela de Infantería no hizo sino sacar a la superficie lo que existía en la profundidad"44. Crisis que, como se ha visto, para la revista ya había empezado a despuntar en Malvinas y ahora se confirmaba.  
En cuanto a la actitud del gobierno, la evaluación era que éste conocía de antemano lo que iba a  ocurrir en Córdoba -en referencia al amotinamiento de Barreiro- y había buscado usufructuarlo en su beneficio: la rebeldía de un oficial de baja graduación iba a ser como "el tejerazo45 de la Democracia Argentina"46, una ocasión de oro para armar una movilización "espontánea" de las masas en defensa de la democracia  y "llegar con mayor o menor suspenso al 'happy end' del cuento: un Alfonsín victorioso, la purga de oficiales indeseables y el seguro triunfo electoral de septiembre"47. Pero cuando todo el escenario estaba preparado para montar el "show alfonsinista" y consolidar la posición del presidente con una presencia multitudinaria, la revista aseguraba que la operación iniciada por Rico había tomado "por sorpresa" al gobierno y había estropeado los planes de Alfonsín, siendo obligado por las circunstancias a reconocer un "nuevo poder militar", quedando con una "muy mala herida abierta en el costado"48. La nota concluía contundente: "A los hombres del Ejército (…) dirigimos estas reflexiones a caballo de la crisis. Estamos, estuvimos y estaremos siempre con los soldados (…) porque nuestra opción es la Nación. Y la Nación tiene una encarnadura. Y esa encarnadura es el Ejército.
"Al gobierno no le decimos nada. El es el enemigo. Y con el enemigo no hay diálogo posible"49.   


Figura 2

Como ya lo habían demandado en otras ocasiones históricas -por ejemplo, en los golpes militares que se produjeron desde 1930 en la Argentina-, los nacionalistas en su vertiente católica llamaban nuevamente a la defensa de la Nación -por supuesto, lo que ellos entendían como tal- por la vía de la espada. La ocasión lo justificaba, ya que en su visión estaba planteada una situación de guerra civil, ¿entre quiénes?: "dos Argentinas irreconciliables se enfrentan. Irreconciliables -y corregimos la frase- porque no son dos Argentinas, sino una sola: la Patria Real e Histórica, contra todas las fuerzas de la antipatria y de la subversión integral"50.  Avanzaban en la misma dirección que lo hicieron aquéllos que en la Península Ibérica plantearon la lucha en los años 30 como un enfrentamiento entre "las dos Españas"; su intolerancia los llevaba a reivindicar la exclusividad en cuanto a la visión de la Patria, todo lo demás era parte de la estrategia "revolucionaria" destinada a acabar con la Argentina.
Por lo tanto, no se trataba, de ninguna manera, que la situación generada en Semana Santa hubiera hecho saltar sus alarmas; era la continuidad de una situación caracterizada por los avances de la "Revolución Socialdemócrata". Lo nuevo era que ahora percibían la posibilidad de que sectores de las Fuerzas Armadas estuvieran dispuestos a actuar para cerrarle el paso a quienes, a través de la "agresión" a los militares, querían consolidar su postura a expensas de "los valores permanentes de la Patria". El teniente coronel Rico resumía con sus gestos y su discurso todo lo que Cabildo esperaba de los hombres de armas. 
Por último, el intento de Alfonsín de enfrentar el problema generado en Semana Santa por medio de la promulgación de la llamada "Ley de Obediencia Debida" no fue interpretado por la revista como una claudicación del gobierno, sino por el contrario como un transitorio "paso atrás" en el camino de la consumación de objetivos más trascendentales, como los que se observaban en la promulgación de la "Ley de Divorcio"51 y en el proyecto del Poder Ejecutivo para avanzar en la reforma de las Fuerzas Armadas, considerados por Cabildo como "dos pasos adelante" que compensaban la concesión de la Obediencia Debida52. Luego de los sucesos de Semana Santa, en la edición de mayo de 1987 que hacía eje en los rumores sobre el proyecto de ley de Obediencia Debida, ya desde la tapa se menospreciaba lo que aún era un proyecto: "1973 A LA SUBVERSION: AMNISTIA TOTAL. 1987 A LAS FF.AA.: PSEUDO-JUSTICIA" (Fig. 4)53. Esto era refrendado en su editorial "No a la Falsa Justicia", donde afirmaba: "no habrá justicia verdadera sin un explícito reconocimiento de que las FF.AA. han tenido que librar una guerra, y que ésta fue justa (…). Recién entonces -cuando la Nación reconozca quiénes han sido sus agresores y quiénes sus defensores- podrá encontrarse una auténtica fórmula legal que implique una solución política plena y duradera"54.
 


Figura 3


Figura 4

Conclusiones

La lectura de las posiciones de Cabildo nos permite observar que los que conformaron el grupo "carapintada" encontraron en el nacionalismo católico un "corpus" de ideas con el que se podía contar para fundamentar su actitud frente a una opinión pública que comenzaba a manifestar una creciente disconformidad con el rumbo de la democracia reinstaurada en 1983. Aunque la rebelión militar tenía objetivos vinculados a cuestiones pragmáticas y no a la concreción de grandes ideales, no caben dudas respecto a  que el nacionalismo católico le aportó una fundamentación ideológica que, no por conocida, resultaba menos eficaz en determinados ámbitos. Las apelaciones al "honor", las reivindicaciones del papel central del Ejército en la conformación de la Nación o la defensa a ultranza de la "lucha antisubversiva" como acontecimiento "heroico" que había salvado a la Nación de las "garras" del marxismo, constituían elementos constantes del discurso de Cabildo, pero que en la coyuntura que hemos analizado resultaron útiles como argumentación para quienes, dentro del ámbito militar, la democracia era el régimen que no solo no reconocía su "gesta", sino que quería enviarlos a la cárcel por violar los derechos humanos.
En forma esquemática, podríamos resumir que para Cabildo la crisis de Semana Santa fue evaluada según las consecuencias que supuso para dos de los grandes actores en juego, el Ejército y el gobierno. Y en este punto vale destacar que lo ocurrido en torno a la movilización espontánea de la ciudadanía no ocupó un lugar relevante en las reflexiones de la revista; entre otros motivos, porque para Cabildo la población había sido "manipulada" por el "show alfonsinista", por los medios de comunicación que lo habían promovido y por la acción de la "cohorte de pequeños gramscianos"55 que dotaba de legitimidad a la prédica de Alfonsín.
En relación al Ejército, para Cabildo la crisis mostró en forma descarnada la fractura interna que había entre los oficiales de baja y media graduación y su conducción, siendo los primeros quienes aparecían como los "verdaderos soldados", los "guerreros" que estaban defendiendo el "honor mancillado", mientras que los comandantes corroían su prestigio y el de la institución en espurias negociaciones con el poder político. Todo ello pese a la evidente presión que las cúpulas hicieron sobre el gobierno alfonsinista para beneficiar a los oficiales implicados en la represión y la evidente falta de voluntad para ejercer la represión una vez declarada la rebelión. Pero para Cabildo toda negociación con un gobierno que consideraba un "enemigo" y era tildado despectivamente de "izquierdista", "socialdemócrata" o pretendidamente "moderno" era motivo de desprecio y se igualaba directamente a una capitulación. Aún con lo que implicaba la fractura de la cadena de mandos, la sublevación estaba por demás justificada por el hostigamiento que sufrían las Fuerzas Armadas desde la recuperación democrática y la acción cobarde de los jefes militares. En este sentido, la revista celebró con brío la irrupción pública del grupo sedicioso, tanto como acción que sacudiría a la opinión pública como a la interna castrense.
En relación al gobierno, como venía siendo una invariante editorial, la posición de Cabildo fue de una crítica furibunda. En primera medida, el principal responsable de esta crisis era la administración Alfonsín y su política hacia las fuerzas militares que había dejado sin opciones a los oficiales medios del Ejército, obligados así a "proceder militarmente" para defender su "honor" ante la situación injusta a la que habían sido llevados. Pero vale destacar que hubo cierta interpretación ambigua en relación a cómo el gobierno se posicionó ante la crisis. En un principio se lo mostró como dominador de la situación, en tanto había montado un "show" para aprovechar las circunstancias y relegitimarse ante la opinión pública como defensor de la democracia en contra del autoritarismo militar. Pero luego, -ante la intervención de Rico y el involucramiento tácito de todo el Ejército en el conflicto- Cabildo lo presentó como sobrepasado por las circunstancias, abandonado por sus propias fuerzas de "izquierda" e incapaz de conducir los acontecimientos. Esta nueva realidad que supuso la sublevación de Campo de Mayo para la revista había puesto de relieve la farsa del gobierno, sus intenciones mezquinas y el juego político que intentaba hacer el alfonsinismo. De todas maneras, no deja de ser llamativa esta ambivalencia, por la cual el gobierno en un principio apareció como un hábil estratega para luego ser presentado como inexperto y avasallado por las propias circunstancias que él había generado.
En esta línea, lo que para muchos fue una evidente resolución claudicante del conflicto por parte del gobierno -a partir de la presentación del proyecto de ley de "Obediencia Debida"- no lo fue en absoluto en la interpretación de Cabildo, que nuevamente lo presentó como un hábil ejecutor de sus políticas bajo la lógica de "un paso atrás" compensado por los "dos adelante" que representaban el proyecto de reforma militar y la sanción de la ley de divorcio. Nuevamente el gobierno, que era vilipendiado y menospreciado por Cabildo, sin embargo aparecía sacando rédito de una situación política en apariencia desfavorable.
Por último, la acérrima oposición de Cabildo al gobierno alfonsinista no le permitió siquiera valorar lo que, en términos concretos, el Poder Ejecutivo ofreció a favor de la impunidad de los militares involucrados en la represión, una de las demandas de los rebeldes compartida, a su manera, por Cabildo. Principalmente, porque para la revista no sólo no había que juzgar a estos oficiales, sino que había que reivindicar lo actuado y celebrar su intervención salvadora para la Nación, algo que desde ya el gobierno nunca estuvo dispuesto a conceder. Solo a partir de esa reivindicación es que para Cabildo se podría encontrar una solución política duradera a las secuelas del terrorismo de Estado, posición que se daba de bruces con uno de los pocos consensos que la democracia recuperada supo edificar en esos años.

Notas:

1 Los autores desean agradecer el apoyo del Proyecto UBACyT  20020100100608 Del juicio al indulto: derechos humanos y memoria de la dictadura en la gran prensa nacional (1983-1990) (Universidad de Buenos Aires).

2 Tanto su corpus ideológico como su actuación política concreta merecieron nuestra atención, dando lugar a varios trabajos: Borrelli y Lanfranco (2012); Saborido (2003, 2004, 2005, 2007, 2011); Porta y Saborido (2012). Otros aportes de significación son los de Orbe (2008, 2009, 2011) y Rodríguez (2011).

3  Sobre el nacionalismo en general hay una amplia bibliografía: Zuleta Alvarez (1975); Buchrucker (1987); Rock (1993); Devoto (2002). En cuanto al nacionalismo católico, sin duda el texto más importante es Zanatta (1996).

4 Primer responsable del "Operativo Independencia" que lideró el Ejército argentino desde febrero de 1975 en Tucumán contra la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

5 Cabildo, Tapa, año VII, Nº65. Buenos Aires, junio de 1983, p. 1.

6 Cabildo, "Los 'rebusques' de la izquierda criolla", año VII, Nº65. Buenos Aires, junio de 1983, p. 4.

7 Cabildo, "Los Guiños de Shlaudeman Son para Alfonsín", año VII, N°68. Buenos Aires, septiembre de 1983, pp. 4-9.

8 Cabildo, "30 de Octubre: El Salto al Vacío",año VII, N°69. Buenos Aires, octubre de 1983, pp. 4-9.

9 Caponnetto, A., "El Monstruo Partidocrático", en Cabildo, año VII, N°67. Buenos Aires, agosto de 1983, p. 10. Para Cabildo la democracia socavaba los cimientos de la autoridad, en tanto significaba "la desacralización del poder político, el reemplazo del fundamento teológico de la autoridad por la razón numérica" (Caponnetto, A., "La Gracia y los Desgraciados", en Cabildo, año XI, N°110. Buenos Aires, abril de 1987, p. 7). También era "el sistema más insuficiente para asegurar el Bien Común y, como lo enseñan los mismos teóricos marxistas, la vía más próxima para acceder al Comunismo" (Cabildo, "A Nueve Años del Operativo Independencia", año VIII, N°73. Buenos Aires, febrero de 1984, p. 16). 

10 Alfonsín ganó la elección con el 51,7 % de los votos, mientras que el peronismo lo secundó con el 40,16 % (Tow, Andy, Atlas de elecciones en Argentina, disponible en http://towsa.com/andy/, consultado el 1 de julio de 2013).

11 Cabildo, "El Enemigo en la Ciudadela", año VII, N°71. Buenos Aires, diciembre de 1983, p. 7.

12 Caponnetto, A. "Argentina Hispano Católica o esto....", en Cabildo, año XI, N°106. Buenos Aires, noviembre de 1986, p. 20.  

13 Cabildo, "La Revolución Socialdemócrata", año VIII, Nº 72. Buenos Aires, enero de 1984, p. 6.

14 Cabildo, "El Gesto de la Gesta Pendiente", año VIII,  N°62.Buenos Aires, marzo de 1983, p. 3.

15 Riva, A., "Las Fuerzas Armadas y la Nación", en Cabildo, año VIII, N° 68.Buenos Aires, septiembre de 1983, p. 24.

16 Ibidem.

17 Riva, A., "La Social democracia contra las FF.AA", en Cabildo, año VIII, N°76. Buenos Aires, mayo de 1984, p. 13.

18 Ibidem.

19 La acción de los organismos de derechos humanos fue sin duda un factor decisivo para que el tema cobrara notoriedad pública.

20 Lo hizo a través de los decretos 157, 158 y 187, al ordenar, respectivamente, la persecución penal de distintos jefes guerrilleros, el procesamiento de las tres primeras Juntas Militares por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) -que finalmente no las juzgaría, siendo la Cámara Federal de la Capital la que llevó adelante el juicio- y la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) (Canelo, 2006: 89). Al ser originalmente el CONSUFA quien debía juzgar a las cúpulas Alfonsín apostó por una "autodepuración" del estamento militar que, ante la negación de sus integrantes de llevar adelante el juzgamiento de sus pares, mostró prontamente los límites de esta estrategia.

21 Curutchet. R., "Ante el Juicio a las Juntas Militares", en Cabildo, año IX, N°87. Buenos Aires, abril de1985, p. 3.

22 Cabildo, "Juicio y Guerra Revolucionaria", año X, N°91. Buenos Aires, agosto de 1985, p. 3.

23 Algunos de los anuncios del Plan Austral -cuyo principal objetivo declamado por el gobierno era el de la "lucha contra la inflación"- fueron el congelamiento de los salarios y la mayoría de los precios, la reducción de las tasas de interés para los depósitos y los créditos, la reducción del déficit fiscal, la aplicación de una nueva moneda (el Austral) y la desindexación de la economía (Tedesco, 2011: 104-5).

24 Videla y Masera a reclusión perpetua y destitución; Viola a diecisiete años de cárcel y destitución; Lambruschini a ocho años de prisión y destitución, Agosti a cuatro años y medio de prisión y destitución. Fueron absueltos Galtieri, Graffigna, Anaya y Lami Dozo.

25 La primera medida evidente sobre el nuevo compromiso de impunidad asumido por el gobierno fueron la instrucciones a los fiscales militares del CONSUFA, que permitían eximir de culpas a los acusados de tortura, secuestro y asesinato en los casos que pudiera demostrarse que se había actuado bajo órdenes impartidas. Y el principio de culpabilidad de quienes hubieran cometido "hechos atroces y aberrantes" fue limitado a aquellos hechos que hubieran sido realizados "por fuera" de las órdenes impartidas; es decir, como "excesos" (Canelo, 2006: 102). La difusión pública de estas "instrucciones" generó el duro rechazo de los organismos de derechos humanos, los miembros de la Cámara Federal y los propios integrantes del partido radical, que se encontraba dividido en relación a cuál debía ser la solución política para la "cuestión militar" (Acuña y Smulovitz, 1993: 60-1; Novaro, 2009: 210-1).

26 Tucídides, "Punto Final. El Parto de los Montes", en Cabildo, año XI, N°107. Buenos Aires, diciembre de 1986, p. 25.

27 Ibidem.

28 Ibidem.

29 Ibidem, p. 26.

30 Como se mencionó, Camps era uno de los represores "emblemáticos" de la dictadura, que tuvo una particular visibilidad pública por su intervención en casos resonantes, como el secuestro del periodista Jacobo Timerman o de los integrantes del grupo económico vinculado a la familia Graiver.

31 Cabildo, "La Hora de los Judas", año XI, N°109. Buenos Aires, febrero de 1987.

32 Mayúsculas en el original.

33 Cabildo, "El Golpe contra las Fuerzas Armadas", año XI, Nº 109. Buenos Aires, marzo de 1987, p. 3.

34 Que diagnostica resultados de tipo social y político utilizando el método de interpretación causal determinista (Castelli, 1991: 195-6; retomando categorías de Rivadaneira Prada).

35 Ibidem, p. 24.

36 Quien había realizado tareas represivas en el centro clandestino "La Perla", en la provincia de Córdoba.

37 Su reemplazante fue el general José Caridi, quien no contaba con la simpatía de los "carapintadas". La designación mostraba que el gobierno no estaba dispuesto a amparar el crecimiento político de este grupo dentro del Ejército (Acuña y Smulovitz, 1993: 67).

38 Según Cabildo, a partir de "informaciones muy confiables", nada menos que el nuevo titular del Ejército, Caridi, había definido a los episodios de Campo de Mayo como "Operativo Dignidad Militar" (Rótula, T. "Operativo Dignidad Militar", en Cabildo, año XI, N°111.Buenos Aires, mayo de 1987, p. 7).

39 Ibidem.

40 Cabildo, "No a la Falsa Justicia", año XI, N°111. Buenos Aires, mayo de 1987, p. 3.

41 Rótula, T. "Operativo Dignidad Militar", en Cabildo, año XI, N°111.Buenos Aires, mayo de 1987, p. 8.

42 Ibidem. Destacado en el original.

43 Destacado en el original.

44 Rótula, T. "Operativo Dignidad Militar", en Cabildo, año XI, N°111.Buenos Aires, mayo de 1987, p. 9.

45 En relación al fallido intento de golpe de Estado encabezado por Antonio Tejero en España en febrero de 1981, que abroqueló a la España posfranquista en defensa de la joven democracia del país ibérico.

46 Rótula, T. "Operativo Dignidad Militar", en Cabildo, año XI, N°111.Buenos Aires, mayo de 1987, p. 7.

47 Ibidem. Debido a que en septiembre de 1987 se realizarían las elecciones legislativas.

48 Rótula, T. "Operativo Dignidad Militar", en Cabildo, año XI, N°111.Buenos Aires, mayo de 1987, pp. 7-8. La interpretación sobre esta "escenificación" del gobierno ante la crisis era revalidada por la nota en la sección "Actualidad" firmada por Eduardo Viale (Viale, E. "Sobre la Crisis", en Cabildo, año XI, N°111. Buenos Aires, mayo de 1987, p. 4) y en el cartoon que la acompañaba (véase Fig. 2).

49 Rótula, T. "Operativo Dignidad Militar", en Cabildo, año XI, N°111.Buenos Aires, mayo de 1987, p. 9.

50 Caponnetto, A., "Los 14 Años de Cabildo", en Cabildo, año XI, Nº111. Buenos Aires, mayo de 1987, p. 16.

51 La ley Nº 23.515 de matrimonio civil, aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de junio de 1987, incluía la posibilidad que un cónyuge divorciado volviera a casarse mientras el otro estuviera vivo.

52 La tapa de Cabildo en su edición Nº 112 de junio de 1987 mostraba una foto en primerísimo plano de Alfonsín impresa con el título "UN PASO ATRÁS: LEY DE OBEDIENCIA DEBIDA. DOS ADELANTE: DIVORCIO Y REFORMA MILITAR" (Fig. 3).

53 El 25 de mayo de 1973 el flamante presidente peronista Héctor Cámpora había ordenado la libertad de los presos políticos a través de un decreto, refrendado al día siguiente por las dos cámaras del Congreso a través de una ley de amnistía. Esta decisión fue presentada por la dictadura militar de 1976-1983 y sus defensores como la causa del reverdecer de la "acción subversiva" en el periodo 1973-1976.

54 Cabildo, "No a la Falsa Justicia", año XI, N°111. Buenos Aires, mayo de 1987, p. 3. Destacado en el original.

55 Rótula, T. "Operativo Dignidad Militar", en Cabildo, año XI, N°111.Buenos Aires, mayo de 1987, p. 9.

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Saborido, Jorge y Borrelli, Marcelo. "Por la 'dignidad Militar': la revista Cabildo y el levantamiento carapintada en la Semana Santa de 1987" en La Trama de la Comunicación, Volumen 18, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina. UNR Editora, enero a diciembre de 2014, p. 293-311. ISSN 1668-5628 - ISSN digital 2314-2634.

Fecha de recepción: 24-07-2013.
Fecha de aceptación: 20-11-2013.

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