Legitimidad y percepciones generales de justicia de las autoridades legales de Córdoba (Argentina): Un abordaje desde las valoraciones de justicia procedimental

Legitimacy and general perceptions of judicial authorities from Córdoba (Argentina): An approach from procedural justice perceptions

 

Daniela R. Alonso* y Silvina A. Brussino**

*Licenciada en Psicología. Asistente de Investigación del Equipo de Psicología Política en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). E-Mail: daniela15_ve@hotmail.com
**Doctora en Psicología. Miembro de la Carrera del Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Directora del Equipo de Psicología Política de la Facultad de Psicología y Profesora Titular de la Cátedra de Psicología Social en la Escuela de Ciencias de la Información y del Seminario Psicología Política de la Facultad dePsicología en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). E-Mail: brussino@psyche.unc.edu.ar
Laboratorio de Psicología Cognitiva, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Enfermera Gordillo esquina Enrique Barros, Ciudad Universitaria, Córdoba (5000). República Argentina.

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Resumen

La justicia es uno de los principios básicos que se aplica a individuos e instituciones, siendo un facilitador social que posibilita la interacción entre personas y grupos (Tyler, 2000). Por esta razón, se ha convertido en un tema de gran interés para la investigación en Psicología Social. Distintos autores han examinado el impacto de las experiencias en las percepciones de legitimidad de las autoridades (Baird, 2001; De Cremer & Tyler, 2007; Hinds, 2007), así como la influencia de estas valoraciones de legitimidad, en el comportamiento de obediencia de normas (Murphy, 2005; Tyler, 1990). En el estudio que se informa se examinaron las percepciones de legitimidad de autoridades legales de Córdoba (Argentina), por parte de los ciudadanos. Asimismo, se estudió el impacto de las valoraciones de justicia procedimental sobre las valoraciones de legitimidad y justicia de las autoridades. Finalmente, se controló la influencia de variables socio-demográficas y situacionales. Para ello, se tomó una muestra no probabilística, cuotificada por edad, género y nivel socio-económico, de 300 personas de la ciudad de Córdoba que hubieran tenido contacto reciente con alguna de las autoridades en estudio (Policía, Policía Caminera, juzgados e inspectores municipales). Los resultados mostraron que las valoraciones de las autoridades locales son, en general, negativas. Además, las valoraciones de justicia procedimental realizaron un aporte significativo a la explicación de las valoraciones de legitimidad y justicia de las autoridades en general. Las variables de control no mostraron una influencia significativa.

Palabras clave: Legitimidad; Justicia procedimental; Autoridades legales; Apoyo a la autoridad; Psicología Socio-Cognitiva.

Abstract

Justice is a desirable principle in social interactions. At the same time, in the case of institutions, justice is a virtue that is manifested in its role of distributing goods and costs or rights and duties (distributive justice) and its corrective function topunish actions that violate social norms (justice sanctioning) (Garzón, 2004). The role of justice as the main regulator of social relations has become a topic of great interest to Social Psychology. The majority of recent studies in this perspective of justice have investigated perceptions of procedural justice, this is, justice based on the process used by an authority to make a decision. Most researchers found that procedural justice evaluations are an important predictor of the legitimacy of the authorities. However, these studies have been conducted mainly in the United States, and in our local area there is no previous research centered in this perspective of justice. Although there are some previous studies that recognize the problem of legitimacy in Latin America (Latinobarometro Corporation, 2010; Salles, 2010; Turner & Carballo, 2010), we have no knowledge of local research, conducted in the field of Social Psychology, that examines the origins of this lack of confidence in legal authorities. For this reason, the present study evaluates not only perceptions of legitimacy of legal authorities, but also their relationship with procedural justice values. According to that, we study the impact of citizens' procedural justice perceptions of a particular experience with a legal authority on perceptions of legitimacy and fairness of the authorities in general. In addition, we control for the influence of various socio-demographic variables (gender, age, educational level and socioeconomic status) and status (presence of a conflict, the voluntariness of the experience, the favorability of outcomes and the relevance of results and treatment) on this relationship. We used a retrospective ex post facto design in a nonrandom sample of 300 citizens (54.7% male) from the city of Córdoba (Argentina). We interviewed only those who had a personal experience with at least one of the authorities under study (police, traffic police, courts, and municipal inspectors) during the last year. Most of the situations involved contact with the police (52.9%) or traffic police (30.4%), whereas only 10% were with municipal inspectors, and the remaining 6.7% were situations related to court issues. Moreover, the vast majority of situations with the authorities involved a non-voluntary contact (71.7%) and only 9% included a dispute with another person. The descriptive results of the perceived legitimacy of the authorities were consistent with previous research: Most people did not have a positive valuation of legal authorities, and courts were the institutions worst valued, while the traffic police were among the best valued. It was also found that procedural justice is a significant predictor of perceptions of legitimacy (r = 52) and General Valuation of Justice (r = 61) of the legal authorities. Regarding the control variables, we found that the socio-demographic and situational variables have no significant effect on these two dependent variables, when procedural justice is taken into account. These results are important because they expose the relevance of authorities' performance during their contacts with citizens: those who believed that authorities had not acted in a fair way during their personal encounter, were more likely to assign less legitimacy to authorities in general. This results are relevant in Social Psychology field, taking into account that previous research has emphasized the relevance of legitimacy and justice perceptions for the support of the authorities and their effectiveness, that is, the maintenance of the social order.

Key words: Legitimacy; Procedural justice; Legal authorities; Political support; Socio-cognitive Psychology.

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Introducción

La legitimidad es un concepto que ha jugado un rol prominente en la Filosofía Política y Social por más de 2000 años, sin embargo, su incorporación a la Psicología Sociales relativamente reciente (Jost & Major, 2001). Esto es particularmente llamativo, dada su aplicabilidad a numerosos aspectos de la vida social. En este sentido, Kelman (2001) sostiene que la legitimidad e ilegitimidad proveen los principios organizadores que explican muchos fenómenos sociales tales como el poder, la autoridad, los movimientos sociales y el cambio social.
Sin embargo, si bien existe un considerable cuerpo de investigación que examina los principios de la legitimidad y sus consecuencias políticas en contextos como el de Estados Unidos (e.g. De Cremer & Tyler, 2007; Gibson, 2007; Grimes, 2006; Tyler, 2009), son escasos los estudios en el contexto latinoamericano y, específicamente, en Argentina. No obstante, la cuestión de la legitimidad adquiere especial relevancia en este país, dado que Argentina

"presenta un estudio de caso por su baja legitimidad, tanto en términos mundiales como regionales" (Turner & Carballo, 2010, p. 276).

En este sentido, en el año 2006, si bien el 80% de las personas consideraba que la democracia es mejor que otros sistemas de gobierno, solo el 38% confiaba en el gobierno, el 20% en la justicia, el 28% en partidos políticos y funcionarios y solamente el 14% confiaba en el congreso (Turner & Carballo, 2010).
Siguiendo a Tyler (2006), entendemos a la legitimidad como la creencia que las autoridades, instituciones y convenciones sociales son apropiadas y justas. La legitimidad es un factor diferente del poder que beneficia a una autoridad y al sostenimiento de un orden social, ya que conduce a las personas a creer que esa autoridad o institución merece ser respetada y obedecida (Sunshine & Tyler, 2003). De esta manera, ser legítima es muy importante para que una autoridad pueda tener éxito dado que es difícil poder ejercer una influencia sobre otros sobre la única base de la posesión y uso del poder: poseer legitimidad incrementa la efectividad de las autoridades durante períodos de escasez, crisis y conflictos (Tyler, 2006). En relación a ello, existe un considerable cuerpo de investigación empírica que muestra que las visiones que las personas tienen acerca de la legitimidad de las autoridades con las que tratan, efectivamente tienen influencia en la disposición a aceptar sus decisiones y sus actitudes hacia ellas (Murphy, 2005; Tyler, 1990, 1997; Tyler & Huo, 2002).
En cuanto a los estudios que examinan los niveles de legitimidad de las autoridades, se encuentran dos perspectivas principales diferentes (Tyler, 1990).
Uno de los abordajes entiende a la legitimidad como la obligación percibida de obedecer a una autoridad, independientemente de las ganancias o pérdidas personales (Tyler, 1990). Las preguntas que se incluyen en este tipo de mediciones, en general implican un conflicto entre la demanda que realiza una autoridad y los intereses o convicciones de la persona, e indagan si la misma está dispuesta a cumplir una obligación externa con una autoridad aún en estos casos.
Una segunda aproximación a la legitimidad, más indirecta, evalúa el apoyo, lealtad o confianza hacia distintas autoridades o instituciones. En estos casos, se pide a los participantes que indiquen su orientación afectiva hacia las autoridades o instituciones, o se les hace responder a evaluaciones generales sobre las mismas (i.e. acerca de la honestidad o desempeño). Si bien la obligación percibida de obedecer representa una aproximación más directa a la legitimidad de una autoridad, el apoyo es la aproximación más utilizada en la investigación empírica en el área (i.e. Caldeira & Gibson, 1992; Mondak, 1993). En relación a lo anterior, Oceja, Fernández-Dols, González, Jiménez y Berenguer (2001) argumentan que las mediciones de obligación percibida de obedecer a una autoridad no indagarían tanto en la legitimidad de la misma, sino el grado de convencionalismo de la persona. Estos autores postulan que este tipo de mediciones frecuentemente plantean un dilema en el que las personas deben responder si acatarían una norma o decisión de la autoridad, aunque la misma no concuerde con sus creencias acerca de qué es correcto o incorrecto. Según estos autores, esta medición no permitiría diferenciar aquellas personas que obedecerían una regla / decisión de una autoridad por considerar que la misma legítimamente está capacitada para dictarla, de aquellas que la obedecerían por el sólo hecho de ser una norma. Sin embargo, muchos investigadores han optado por utilizar ambos tipos de medición combinados en una única escala de legitimidad (Murphy, 2005; Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 1990; Tyler & Rasinski, 1991). En el estudio realizado se adoptó este último enfoque, incorporando ambos aspectos de la legitimidad. Asimismo, teniendo en cuenta las consideraciones teóricas propuestas por Oceja y colaboradores (2001), se examinaron ambos componentes de la legitimidad de modo independiente.
Por otro lado, desde la Psicología Social, diferentes perspectivas teóricas han abordado el tema del origen de la legitimidad de las autoridades. En este sentido, los enfoques teóricos instrumentales sostenían que la legitimidad de una autoridad se relaciona con evaluaciones relativas a tres elementos: el desempeño de la misma, el riesgo de ser sancionado por quebrantar una ley / norma impuesta por la autoridad y las valoraciones de justicia distributiva (Sunshine & Tyler, 2003). Por otra parte, las perspectivas de tipo normativa sostienen que las valoraciones de legitimidad no se basan exclusivamente en aspectos relativos a los resultados que brinda una autoridad, sino que examinan otros factores, siendo la justicia procedimental el más importante de ellos (Murphy, 2009). En este sentido, Baird (2001) sostiene que si la legitimidad de una autoridad o institución, sólo se sostuviese en la calidad de las decisiones tomadas por la mismas, las instituciones o autoridades nuevas serían especialmente vulnerables porque no han tenido oportunidad de ganar el apoyo de las personas a través de una serie de decisiones favorables o correctas. En consecuencia, Baird (2001) examina la importancia que tienen los procedimientos usados para la toma de esas decisiones en la obtención del apoyo por parte de las autoridades.
De este modo, los antecedentes sostienen que las valoraciones de justicia procedimental de una autoridad podrían ser relevantes para la explicación de la legitimidad de las autoridades. En este sentido, Kazemi y Törnblom (2008) entienden a la justicia procedimental como la percepción de justicia basada en el proceso de decisión por medio del cual se determina un resultado. Los estudios en justicia procedimental sostienen que la justicia de los procedimientos utilizados por las autoridades, tienen una importancia independiente de los resultados a los que se arribe a través de ellos. De esta manera, se sostiene que las valoraciones de justicia procedimental tendrán un impacto en las actitudes y comportamientos con respecto a las autoridades: las personas estarán más satisfechas con autoridades que actúan de manera justa, aún cuando sus decisiones no reporten un beneficio propio (Grimes, 2006; Hinds, 2007; Tyler, 1990). En este sentido, uno de los primeros estudios en el área, desarrollado por Tyler (1990), en la ciudad de Chicago, encontró que la satisfacción con las decisiones tomadas por una autoridad, así como la legitimidad de la misma estaban relacionadas a la justicia de los procedimientos que utilizó, más que a lo favorable o desfavorable de los resultados. Asimismo, Hinds y Murphy (2007) estudiaron la influencia de factores normativos en la satisfacción con la policía y el rol de la justicia procedimental en la construcción de la legitimidad, en una muestra de ciudadanos australianos. Los resultados sugieren que las personas que creen que la policía utiliza procedimientos justos, es más probable que también la vean como más legítima y, a su vez, estén más satisfechos con su desempeño.
Además, Murphy (2005) argumenta que, no sólo las estrategias coercitivas suelen ser inefectivas en muchos casos, sino que, también pueden minar la legitimidad de algunas autoridades. Respecto de esto, Murphy (2005) examina la influencia de las estrategias coercitivas aplicadas por autoridades de regulación de pago de impuestos en Australia, en las actitudes y comportamientos de los ciudadanos con respecto a las mismas. Los resultados mostraron que las personas que habían sido castigadas por la oficina de pago de impuestos, tendían a realizar valoraciones negativas de estas autoridades, y que estas valoraciones eran aún más negativas cuando los participantes creían que las autoridades habían utilizado procedimientos injustos. Además en este contexto, las preocupaciones económicas (de resultados) tuvieron una influencia sobre las valoraciones de legitimidad de las autoridades; sin embargo, esta influencia fue menor que la de las valoraciones de justicia procedimental.
En conjunto, estos resultados sostienen la importancia de aspectos relacionados con la justicia procedimental, en relación a la legitimidad o ilegitimidad de las autoridades. Sin embargo, algunos autores (Baird, 2001; Gibson, 1989, 1991; Mondak, 1993) han cuestionado el orden causal de esta relación. En este sentido, Gibson (1989) y Mondak (1993) sostienen que, dado que las personas frecuentemente no conocen los procedimientos que las autoridades utilizan o deberían utilizar, son propensas a inferir sus percepciones de justicia (procedimental) basados en sus valoraciones previas acerca de esa autoridad (legitimidad). De este modo, la legitimidad de una autoridad influiría sobre las valoraciones de justicia procedimental y no de modo contrario. En el mismo sentido, Baird (2001) examina la dirección causal de esta relación en un estudio de encuestas realizado en Alemania, del que participaron 505 personas (307 en Alemania del Este y 198 en el Oeste). Utilizando un modelo de ecuaciones estructurales, Baird pudo examinar las relaciones recíprocas entre el apoyo difuso (legitimidad) y las percepciones de justicia procedimental. Los resultados sugieren que las personas basan sus evaluaciones de justicia procedimental en función de la legitimidad que otorgan a una autoridad (ver también Gibson, 1991).
Sin embargo, la mayoría de los estudios en el área sostienen que la relación causal entre estas variables es inversa: las valoraciones de justicia procedimental tienen una influencia significativa en las percepciones de legitimidad de las autoridades. En relación a esto, Hinds y Murphy (2007) examinaron el rol de la justicia procedimental, la justicia distributiva, las evaluaciones de desempeño y satisfacción con el desempeño de la policía, en las percepciones de legitimidad de la misma, en una muestra de 2.611 ciudadanos australianos. A través de un modelo de ecuaciones estructurales, concluyen que la justicia procedimental es el principal predictor de la legitimidad de la policía, aunque también tuvo un rol significativo la evaluación de desempeño de esta autoridad (una variable de tipo instrumental). De este modo, la evidencia del orden causal de esta relación no es concluyente.

Objetivos e hipótesis

En función de los antecedentes teóricos y empíricos expuestos, el estudio que se informa se propuso examinar los niveles de legitimidad de las autoridades estudiadas, con el objetivo de conocer las percepciones que los ciudadanos cordobeses tienen de las mismas. Para ello, se estudiaron las valoraciones de los ciudadanos con respecto a la policía de la Provincia de Córdoba, la Policía Caminera, los inspectores municipales y los juzgados. Además, se examinó el aporte realizado por las valoraciones de justicia procedimental a la explicación de las percepciones de legitimidad y justicia de autoridades del ámbito legal; posteriormente se examinó si esta influencia ocurre independientemente de la medida en que la decisión tomada por la autoridad favorezca o no al participante (variable instrumental). También se controlaron una serie de variables situacionales y características personales que podrían modificar estos resultados.
En consecuencia, según estos objetivos y en función de los antecedentes teóricos y empíricos desarrollados, se plantearon las siguientes hipótesis:

a.- Las personas atribuirán bajos niveles de legitimidad a las autoridades legales locales.

b.- Las valoraciones de la justicia de los procedimientos tendrán una influencia significativa y positiva sobre la legitimidad de esas autoridades y sobre las percepciones generales de justicia de las mismas. Si bien no existen estudios locales que sustenten esta hipótesis, y si bien la relación entre ambas variables puede modificarse en función de características situacionales y culturales, existe evidencia de distintos contextos políticos que sostiene esta posibilidad.

c.- La influencia de las valoraciones de justicia procedimental sobre la legitimidad de las autoridades y las percepciones generales de justicia de las autoridades, se mantienen aún cuando las decisiones tomadas por la autoridad a través de dichos procedimientos, no sean beneficiosas para el participante.

Método

Se utilizó un diseño de investigación ex post facto retrospectivo simple, este diseño es apropiado cuando las

"limitaciones para el contraste de las relaciones causales vienen dadas por la imposibilidad de manipular la variable independiente" (Montero & León, 2007, p. 853).

Además, se utilizó la técnica de encuestas, aplicando el instrumento de forma oral, individual y anónima en aproximadamente 30 minutos, a aquellos participantes que habían manifestado su consentimiento, en universidades, espacios públicos y puntos estratégicos de la Ciudad de Córdoba a los cuales asisten gran número de personas (plazas, parques, áreas comerciales, etc.).
Esta administración estuvo a cargo de los miembros del equipo de investigación del Laboratorio de Psicología Cognitiva de la Universidad Nacional de Córdoba, debidamente entrenados.

Participantes

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico, por cuotas de género, edad y nivel socioeconómico, conformadas a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del año 2010.
La muestra quedó compuesta por 300 ciudadanos cordobeses, entre 18 y 65 años de edad (18 a 24 años: 21.7%, 25 a 29 años:13.7%, 30 a 39 años: 22%, 40 a 49 años: 19.7% y 50 a 65 años: 23%) que habían tenido una experiencia reciente con una autoridad local del ámbito legal (Policía Provincial, Policía Caminera Provincial¹, inspectores municipales o juzgados). El 54.7% de los participantes fueron hombres y el 45.3%, mujeres. El 5.3% de los participantes pertenecía a un nivel socioeconómico alto y medio-alto, el 41% a niveles medio y medio-bajo, el 49,6% a niveles bajo superior y bajo inferior y el 4% de la muestra correspondía a un nivel socioeconómico marginal.
Con respecto al nivel educativo, el 11.7% de los participantes tenía nivel primario, el 43.7% nivel secundario, el 28.3% nivel terciario / universitario incompleto y, finalmente, el 16.3% de los participantes tenía estudios superiores completos.
En relación al tipo de experiencias con autoridades consideradas, en el 71.66% no había sido voluntaria y sólo el 9% implicaba una disputa con otra persona. Además, el 52.9% de los contactos involucró a la Policía Provincial, el 30.4% a la Policía Caminera, el 10% a los inspectores municipales y sólo el 6.7%, a los juzgados.

Instrumentos

En primer lugar, para evaluar las variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo) utilizadas para la elaboración de la muestra, se construyó un cuestionario de preguntas cerradas de alternativa fija².
El nivel socioeconómico se midió a través de un índice que contempla la relación entre aportantes y miembros del hogar, el nivel educativo del principal sostén del hogar, su ocupación, cobertura de salud e indicadores de indigencia (Comisión de Enlace Institucional, AAM-SAIMO-CEIM, 2006). También se evaluó el tipo de contacto con la autoridad (voluntario / no voluntario; resultado favorable / desfavorable; presencia / ausencia de disputa con un tercero e importancia del trato y del resultado).
Para medir la legitimidad de las autoridades, las evaluaciones generales de justicia de las autoridades y las valoraciones de justicia procedimental, se tradujeron y adaptaron las escalas desarrolladas por Tyler (1990). Además, y siguiendo la propuesta de Tyler (1990), se desarrollaron ítemes específicos para la medición de la legitimidad de autoridades que no fueron examinadas en su estudio original (Policía Caminera e inspectores municipales).
Para la adaptación de estas escalas se realizó un procedimiento de traducción inversa (Werner & Campbell, 1970; ver Vergara & Balluerka, 2000), que requiere que un experto realice la traducción al español de la versión original del instrumento, y luego una traducción al inglés realizada por otro experto. Luego, se contrastaron la primera (original) y la última versión y se determinó la traducción definitiva. Finalmente, se realizó un ajuste de la versión traducida para procurar la similitud lingüística con la población bajo estudio. Para ello se siguieron una serie de normas propuestas por Brislin (1986, citado en Vergara & Balluerka, 2000), que se refieren al uso de

"frases cortas de la voz activa, de sustantivos en lugar de pronombres, de frases que contextualicen las ideas principales y de términos específicos en lugar de generales" (p. 558).

La fase final de la adaptación se completó con la prueba del instrumento en una muestra reducida para lograr la adecuada comprensión y ajuste del mismo.
La Escala de Legitimidad de las Autoridades³ consta de dos sub-escalas: Apoyo a las Autoridades y Obligación Percibida de obedecer a las autoridades. La sub-escala Apoyo a las Autoridades ( .86) consta de 12 ítemes que miden el grado de apoyo a las distintas autoridades en consideración (por ejemplo: "Me siento orgulloso de la Policía de Córdoba") y sus opciones de respuesta son: 1: totalmente en desacuerdo, 2: algo en desacuerdo, 3: algo de acuerdo y 4: totalmente de acuerdo. La sub-escala de Obligación Percibida de obedecer (= .80) consta de 8 afirmaciones acerca de la importancia que tiene para el participante la obediencia de las normas y de la autoridad (por ejemplo: "las personas deben respetar las leyes, incluso si consideran que no son correctas"). Las opciones de respuesta son iguales que en la sub-escala de Apoyo a las Autoridades.
La consistencia interna de la Escala de Legitimidad de las Autoridades en este estudio, fue satisfactoria, con un coeficiente Alpha de Cronbach igual a .89.
También se aplicó la Escala de Evaluación General de Justicia de las Autoridades³ que consta de 13 ítemes e indaga cuán justo cree el participante que es el trato de las distintas autoridades hacia los ciudadanos (1: muy injusto, 2: algo injusto, 3: algo justo, 4: muy justo), con qué frecuencia cree que brindan un trato justo (1: raramente, 2: ocasionalmente, 3: a veces y 4: siempre) y con qué nivel de justicia cree que sería tratado en un posible contacto futuro (1: muy injusto, 2: algo injusto, 3: algo justo, 4: muy justo). El coeficiente de confiabilidad de esta escala fue satisfactorio ( .80).
Finalmente, para la medición de las valoraciones de justicia procedimental de la experiencia, se utilizaron los siguientes ítemes:"¿Con cuánta justicia fue tratado por la autoridad?" y "¿Cuán justos fueron los procedimientos usados por la autoridad para manejar su situación?". Las opciones de respuesta fueron también 4: 1: nada, 2: poco, 3: algo, 4: mucho. La relación entre los ítemes fue de .84 (.001).

Procedimiento y análisis de datos

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó en primera instancia, una serie de análisis descriptivos con el fin de examinar la distribución de los datos en la muestra (frecuencias, puntuaciones medias) y evaluar los niveles de legitimidad de las autoridades. Además, se realizaron análisis de regresión simple, para calcular el aporte que realiza la justicia procedimental a la explicación de las valoraciones de legitimidad y justicia de las autoridades. Finalmente, se desarrollaron análisis de regresión múltiple, utilizando el método stepwise con el objetivo de controlar si el aporte de la justicia procedimental se mantiene cuando se incorporan variables de control y determinar en qué medida se modifica.

Resultados

Con el objetivo de examinar los niveles de legitimidad de las autoridades, así como las percepciones generales acerca de las mismas, se realizaron análisis de frecuencia según el tipo de autoridad y según los distintos aspectos examinados (respeto, orgullo, desempeño). En la Tabla 1 se muestran resumidamente los resultados de estos análisis, consignando los porcentajes de respuestas positivas (algo de acuerdo y totalmente de acuerdo) para cada ítem. Estos resultados indican que, en un nivel general, los participantes no mostraron un gran apoyo hacia las autoridades legales locales. En el caso de la policía, si bien los participantes fueron permisivos con respecto a la libertad de acción de la misma (el 71.3% de las personas estuvo algo o totalmente de acuerdo con que la policía pueda parar a las personas en la calle y pedirles que se identifiquen), sólo el .7% estuvo totalmente de acuerdo con que la policía de Córdoba es honesta y el 24%, algo de acuerdo con esa afirmación. Además, sólo el 4.3% de los participantes estuvo fuertemente de acuerdo con la afirmación "me siento orgulloso de la policía de Córdoba" y el 27.3% estuvo algo de acuerdo; asimismo, casi el 40% de las personas estuvo fuertemente en desacuerdo con estas afirmaciones.

 

Tabla 1. Porcentajes de apoyo a las autoridades

¹ El porcentaje expuesto incluye las respuestas "algo de acuerdo" y "totalmente de acuerdo" a cada una de las afirmaciones.

 

En relación a los juzgados, los resultados son similares a los de la policía y además, fue la autoridad peor valorada: la mayoría de las personas no sienten que sus derechos estén protegidos por los juzgados (74.3% de los participantes estuvo algo o totalmente en desacuerdo con dicha afirmación), que los jueces cordobeses sean honestos (66.6%) ni que sus decisiones sean justas (65.6%).
La Policía Caminera, por su parte, es la autoridad que mayor apoyo recibe, el 73.3% de las personas manifiesta algo o mucho respeto por la misma y el 51% cree que los agentes de la Policía Caminera son algo o muy honestos. Si bien queda un 49% que piensa lo contrario, si se compara con la honestidad percibida de la Policía Local, la diferencia es considerable (sólo el 27.7% manifestó que esta última era algo o muy honesta).
Finalmente, en el caso de los inspectores municipales, el 58% de los participantes estuvo algo o totalmente de acuerdo con que los inspectores puedan clausurar un negocio por irregularidades y el 52.7% manifestó estar algo o fuertemente de acuerdo con que realizan un trabajo importante para los cordobeses.
Sin embargo, a pesar de los bajos niveles de legitimidad atribuidos a las distintas autoridades en estudio, los participantes mostraron una fuerte disposición a obedecerlas.
Los resultados expuestos en la Tabla 2, que indican los porcentajes de respuestas positivas a los ítemes relativos a la obligación percibida de obedecer a las autoridades, muestran una disposición a respetar sus decisiones, aún cuando las mismas fuesen contrarias a lo que ellos mismos consideraban correcto.

 

Tabla 2. Obligación percibida de obedecer

¹ El porcentaje expuesto incluye las respuestas "algo de acuerdo" y "totalmente de acuerdo" a cada una de las afirmaciones.

 

Por otro lado, se estudió la relación de las valoraciones de Justicia Procedimental acerca de una experiencia con una autoridad, y las evaluaciones generales de justicia de las autoridades (Legitimidad de las Autoridades y Percepción General de Justicia de las Autoridades). En primera instancia, se realizaron análisis de correlación entre las Valoraciones de Justicia Procedimental y las Valoraciones de Justicia y Legitimidad de las Autoridades y se obtuvieron correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre dichas variables (ver Tabla 3).

 

Tabla 3. Resultado de los análisis de correlación y regresión simple de las valoraciones de justicia procedimental, sobre las percepciones respecto de las autoridades

***p < .001.
r ^a: coef. de correlación de Pearson

 

En segundo lugar, con el objetivo de examinar el aporte que hace la justicia procedimental sobre los distintos indicadores referidos a valoraciones de las autoridades, se realizaron análisis de regresión simple. Los resultados (ver Tabla 3) mostraron, a un nivel más general, que las percepciones acerca de la justicia procedimental de una experiencia tuvieron una influencia sobre las percepciones generales de las autoridades. Específicamente, la justicia procedimental explicó el 37% de la variancia en la evaluación general de justicia de las autoridades y el 27.3% de la variancia en la variable Legitimidad de las Autoridades. Además, al analizar ambos componentes de la legitimidad de manera independiente, los resultados muestran que la justicia procedimental tiene mayor impacto sobre el apoyo a las autoridades ( .55) que sobre la obligación per-cibida de obedecer ( .36).
Finalmente y con el objetivo de examinar si esta influencia de la justicia procedimental se modificaba en función de las características personales y/o situacionales de los participantes del estudio, se repitieron estos análisis de regresión controlando la influencia de algunas variables situacionales (tipo de experiencia, tipo de autoridad, importancia del problema, del trato y de los resultados y favorabilidad de los resultados) y personales (edad, género, nivel socioeconómico, nivel educativo). Para ello, se realizó un análisis de regresión múltiple utilizando el método step-wise. En un primer paso se ingresaron todas las variables de control, sobre las variables dependientes en estudio. Los resultados obtenidos a partir del primer paso del análisis (ver Tabla 4) indicaron que en conjunto, las variables situacionales y personales explicaron un 23% de la variancia en las Percepciones Generales de Justicia de las Autoridades y un 29% de la variancia en Legitimidad de las Autoridades (21% de la variancia en Apoyo a la Autoridad y 33% en Obligación percibida de obedecer). En relación a las percepciones generales de justicia de las autoridades, solo la edad y el tipo de experiencia (voluntaria / involuntaria y disputa / no disputa) tuvieron una influencia significativa. Por otra parte, las variables sociodemográficas (edad, género y nivel educativo) así como el resultado de la experiencia tuvieron influencia significativa sobre la legitimidad de las autoridades.

 

Tabla 4. Análisis de regresión de la justicia procedimental sobre la percepción general de justicia de las autoridades y la legitimidad de las autoridades y sus componentes

*p <.05
**p < .01
***p < .001

 

Sin embargo, cuando se introduce la justicia procedimental en un segundo paso, la mayoría de las variables pierden su significación estadística y, en general, realizan aporte marginales en la explicación de las variables dependientes. Específicamente, las variables de control no tienen una influencia significativa sobre el apoyo a las autoridades y sobre las valoraciones de la justicia de las autoridades; mientras que la justicia procedimental sí la tiene ( .51 y .56, respectivamente). Por otra parte, las variables personales tales como edad, género y nivel educativo, sí tuvieron una influencia significativa sobre la obligación percibida de obedecer y sobre la legitimidad de la autoridad. Es preciso recordar que la Escala de Legitimidad incluye las mediciones correspondientes al apoyo a las autoridades y la obligación de obedecer, por lo cual puede pensarse que la influencia significativa de las características personales sobre la legitimidad, ocurre a través del componente obligación percibida de obedecer, pero no a través del apoyo. En relación a esta última variable, los resultados indicarían que fueron las personas de mayor edad, las de menor nivel educativo y las mujeres quienes mostraron una mayor obligación percibida de obedecer a las autoridades.
Por otra parte, las variables de control situacionales no mostraron influencia significativa sobre los indicadores ni sobre valoraciones de la autoridad, cuando se incluye la justicia procedimental en la ecuación; a excepción del caso de la importancia del resultado de la experiencia, que realizó un aporte menor, aunque estadísticamente significativo, a la explicación del apoyo a la autoridad.
Finalmente, en los casos en que lo favorable o desfavorable del resultado tenía alguna influencia (sobre la legitimidad de las autoridades y sobre la obligación percibida de obedecer), esta influencia deja de ser significativa cuando se incorporan las valoraciones de justicia procedimental en la ecuación. De este modo se reconoce que el resultado no es una variable de control que ejerza influencia significativa sobre las variables en estudio.

Discusión

Los resultados obtenidos permitieron examinar las percepciones que los ciudadanos de Córdoba tienen sobre las autoridades del ámbito legal con las que poseen contactos relativamente cotidianos. Asimismo, estos datos permitieron aportar evidencia a favor de algunas discusiones teóricas que aún persisten con respecto a la legitimidad y la justicia procedimental.
En primera instancia, de acuerdo a lo postulado en la primera hipótesis del estudio, los resultados revelan que las autoridades locales en consideración, no poseen en términos generales una valoración positiva por parte de los cordobeses. En particular, son los juzgados locales los que son evaluados más negativamente; esto coincide con otros datos de la región (Corporación Latinobarómetro, 2010), dónde sólo el 30% de las personas manifestó una valoración positiva de los mismos. En el caso del presente estudio, la valoración particularmente negativa de estas autoridades, podría deberse al escaso conocimiento directo de las mismas, ya que las experiencias con los juzgados representaron un porcentaje notablemente menor de la muestra, en comparación con otras autoridades, como la policía o la Policía Caminera. Además, la escala de evaluación de los juzgados fue la que suscitó una mayor dificultad de respuesta: un alto porcentaje de los encuestados manifestó explícitamente que su conocimiento de los juzgados era exclusivamente mediático.
En relación a lo anterior, Gibson (2007) sostiene que el conocimiento de las cortes o juzgados es uno de los elementos claves de la legitimidad de los mismos. De este modo, desde la teoría del sesgo positivo, Gibson, Caldeira y Baird (1998, ver Gibson, 2007) sos tienen que cuando las personas están más atentas a los símbolos jurídicos (por ejemplo, en un entorno de controversias o en una experiencia directa) que refuerzan la diferenciación de las cortes de otras instituciones (principalmente políticas) se fortalece la legitimidad de las mismas. En consecuencia, sería relevante en estudios posteriores, poder controlar el conocimiento político y su influencia en la legitimidad de esta autoridad en particular para poder probar esta posibilidad.
Por otra parte, la Policía Caminera fue la autoridad mejor valorada, tanto con respecto a las percepciones generales de justicia, como con respecto a la honestidad de sus agentes y el respeto por la misma (componentes de Apoyo a la Autoridad).
Los resultados más llamativos surgen del análisis de las evaluaciones que las personas realizan con respecto a la policía local dado que si bien la visión general fue negativa, principalmente con respecto a la honestidad de sus agentes y el orgullo por la misma, los participantes fueron muy permisivos con respecto a las atribuciones que le correspondían (parar a la gente en la calle y pedir el documento nacional de identidad (DNI), retener aun sospechoso de un crimen grave sin evidencias). Es decir, aún a pesar de considerar que la policía no es una autoridad confiable que merece respeto, las personas estaban dispuestas a otorgarle la suficiente libertad de acción.
En un nivel más general, la legitimidad de todas las autoridades fue baja en lo que respecta al apoyo a las mismas; sin embargo, el sentido de deber obedecerla fue notablemente alto. Las personas sintieron que debían obedecer a las autoridades, aún cuando no las respetaran. De acuerdo a Oceja y colaboradores (2001) estos resultados se deben a que el componente de la legitimidad correspondiente a la obligación percibida de obedecer podría estar examinando la orientación legalista y conformista con respecto a las normas en general (convencionalismo), más que a la valoración de legitimidad de las autoridades en particular. De esta manera, es factible pensar que algunas personas puedan considerar que las normas deben ser respetadas más allá del apoyo a la autoridad que las imponga.
Por otra parte, otros autores también han cuestionado este aspecto de la legitimidad, dado que una interpretación inversa puede resultar válida (Gibson, Caldeira & Spence, 2003). Así, una persona puede no obedecer o no tener la intención de obedecer una norma concreta, simplemente por creer que esa norma no es adecuada; lo cual implica una valoración concreta hacia la legitimidad de una norma, pero no una valoración de la autoridad que la impone o el sistema que la dicta. En este sentido, sería importante revisar este componente de la legitimidad y es por esto que, en el estudio realizado se examinó de forma independiente al apoyo hacia las autoridades.
De acuerdo a los antecedentes teóricos y de investigaciones empíricas en el área (Garzón, 2004; Tyler, 1990), se entiende que, si bien las valoraciones sobre legitimidad y justicia de las autoridades están determinadas por múltiples factores culturales, históricos y políticos, las experiencias concretas que las personas tienen con dichas autoridades también pueden tener un impacto en estas valoraciones (Tyler & Rasinski, 1991). En el caso de la muestra cordobesa, se replican estos hallazgos de acuerdo a lo postulado en la segunda hipótesis de investigación. Los mismos indican que la justicia procedimental mantuvo una correlación positiva y estadísticamente significativa tanto con la legitimidad de las autoridades, como con las evaluaciones acerca de la justicia de las mismas. Sin embargo, la determinación del orden causal de estas variables es problemática, ya que si bien algunos autores (i.e. Hinds & Murphy, 2007; Tyler, 2006) sugieren que, tal como postulamos, las experiencias concretas tienen un impacto en la percepción de la autoridad y en la obediencia a las mismas, otros autores (Baird, 2001; Gibson, 1989; Mondak,1993) sostienen lo inverso: es probable que las personas infieran sus percepciones acerca de qué es o no justo basadas en si apoyan o no a una institución o autoridad, principalmente en los casos en que no tienen mucho conocimiento acerca de los procedimientos específicos que dichas autoridades utilizan. De esta manera, es posible que en el contexto local se dé este último caso, ya que la mayoría de los participantes no conocían los procedimientos específicos que las autoridades habían realizado o debían realizar. No obstante, es necesaria mayor evidencia empírica, de estudios longitudinales o experimentales, para aportar mayor evidencia respecto de esta hipótesis.
Sin embargo, también se encontró evidencia que sustenta la importancia que la justicia procedimental tiene para las personas,dado que su relación con las variables estudiadas es fuerte y estadísticamente significativa. Esto implicaría que la legitimidad de las autoridades en el ámbito legal, no es independiente de la percepción del desempeño de las mismas.
Por otra parte, los resultados de los análisis que controlaron la influencia de terceras variables en esta relación, mostraron que esta relación permanece, aún cuando se examinan también otros aspectos de la experiencia. Por ejemplo, en algunos estudios anteriores, el resultado de la experiencia (favorable o desfavorable), había tenido un impacto en las valoraciones de legitimidad de las autoridades, de modo que quienes habían recibido resultados que consideraban negativos, tendían a realizar evaluaciones de legitimidad más pobres (Murphy, 2009). En este estudio, la favorabilidad de los resultados tuvo una influencia significativa sobre la legitimidad de las autoridades (concretamente a través del componente de Obligación percibida de Obedecer), pero ésta desapareció cuando se incluyó en la ecuación a la justicia procedimental. De este modo, confirma la tercera hipótesis de investigación. Además, es coincidente con las teorías normativas de la legitimidad que sostienen que las personas no evalúan a las autoridades con las que tratan a través de un cálculo racional de costos y beneficios, sino que toman en consideración aspectos del trato recibido por parte de las autoridades.
Por otra parte, es preciso destacar que estos datos deben ser tenidos en cuenta en el marco de las limitaciones metodológicas del estudio. El muestreo de tipo no probabilístico dificulta la generalización de los datos a la población; sin embargo, la cuotificación de la muestra garantiza que en los mismos se encuentren presentes las proporciones relativas a las distintas características demográficas de la población. Además, la determinación del orden causal de la relación entre las variables es problemática y se sustenta en los antecedentes de investigación, dado que este es un estudio transversal, no experimental que no permite la manipulación de las variables.
Finalmente, estos resultados son relevantes ya que exponen la importancia que tiene el desempeño de las autoridades y los procedimientos utilizados, en las valoraciones generales sobre las mismas. En el caso de la legitimidad, específicamente, los antecedentes teóricos y empíricos dan cuenta de la relevancia que tienen estas valoraciones para el sostenimiento de las autoridades y la eficacia de las mismas. En este estudio no se contemplaron las consecuencias de la legitimidad en el mantenimiento del sistema, pero sí se dio cuenta tanto de los bajos niveles de justicia procedimental percibida, como de una de las posibles causas de estas percepciones.

Notas:

¹ La Dirección de Policía Caminera es un cuerpo especial de la Policía de la Provincia de Córdoba (Argentina) que trabaja para la prevención de accidentes de tránsito en rutas nacionales y provinciales. Para ello realiza controles vehiculares a través de puestos de observación fijos y móviles en rutas provinciales y tiene la facultad de imponer multas por faltas de tránsito.

² El cuestinario puede ser solicitado a las autoras.

³ Los protocolos de las escalas adaptadas pueden ser solicitados a las autoras.

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Laboratorio de Psicología Cognitiva
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Córdoba - República Argentina

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2012
Fecha de aceptación: 17 de octubre de 2012