Introducción

El objetivo del presente trabajo es indagar los mecanismos discursivos a través de los cuales se naturalizan, se legitiman, se producen y reproducen ciertas miradas sobre el trabajo, las reformas laborales, la flexibilización y la precarización laboral desde los medios masivos, en particular, desde los diarios de mayor circulación nacional, Clarín y La Nación, en sus versiones digitales, actores mediáticos privilegiados en el sistema nacional de medios y con una importante influencia en la construcción de la agenda pública. Para ello, analizamos los modos en que se resaltan, en la superficie mediática, ciertas lecturas privilegiadas (Hall, 1981) sobre la instalación de una posible reforma laboral, a partir de 2017 en Argentina.

Consideramos que dar cuenta de las formas en que se van construyendo los modos de pensar, de visibilizar y de decir del neoliberalismo y las reformas laborales, nos permite reflexionar sobre cómo se va configurando una cierta hegemonía de lo pensable (Angenot, 2012) en cada momento histórico. Por tal motivo, proponemos la puesta en diálogo de dos campos disciplinares: los estudios en comunicación y cultura y los estudios relacionados con el mundo del trabajo en contextos neoliberales, escenario de ajustes, crisis y recortes. En tal intersección pensamos que existe una clave de lectura interesante para problematizar los modos en los que se construye un sentido común sobre las reformas laborales y, en consecuencia, sobre el trabajo, las y los trabajadores, la flexibilización y la precarización en la actualidad.

Nuestra hipótesis general es que los momentos de crisis, ajustes y conflicto resultan claves para identificar, en la esfera pública, significados y valores asociados al trabajo, a la flexibilización y a los derechos laborales que pueden ser análogos entre los medios masivos de comunicación de diferentes países.

Estudios previos en los que se articula el análisis de las representaciones mediáticas con el mundo del trabajo, en sus diferentes aristas, nos han permitido poner a prueba dicha hipótesis en cuanto a la visibilidad de la protesta, del actor sindical y de la autogestión de los trabajadores, entre otros aspectos, a nivel nacional y global (Coscia y Perbellini, 2014; Coscia, 2017).

Es importante destacar que desde finales de los 80, con el avance neoliberal a nivel mundial, los cambios legislativos y las reformas en el mercado de trabajo tendieron a flexibilizar y precarizar las condiciones laborales. Luego de la crisis internacional de 2008, con la reestructuración del capitalismo financiero, se asiste a una nueva oleada neoliberal que profundiza la desprotección y la inestabilidad de los empleos a nivel global. Esto se plasma en las nuevas reformas laborales que se sancionaron recientemente a nivel europeo (España, Italia, Grecia, Francia) y en América Latina (México, Brasil), y que se buscan imponer en otros países en crisis, tal como es el caso de Argentina, en los últimos años.

El discurso neoliberal es un discurso hegemónico con efectos omnipresentes en las maneras de pensar y en las prácticas político-económicas, hasta el punto de que forma parte del sentido común con el que interpretamos, vivimos y comprendemos el mundo (Harvey, 2008). El programa neoliberal de gobierno se posibilita a través de una política de desregulación financiera, instaurando el reino absoluto de la flexibilización, y cumple un inmenso trabajo político: un programa de destrucción sistemática de los derechos colectivos. El último fundamento de este orden político, cultural, económico y simbólico es, efectivamente, la violencia estructural del desempleo, de la precariedad y de la amenaza del despido que ella implica (Bourdieu, 1998).

En función de ello, conocer, analizar y articular las especificidades y características que plantean los proyectos de reforma laboral en Argentina, a partir de 2017, con los modos en que tales planteos se vehiculizan desde los medios masivos, nos aproxima a tener una mirada crítica sobre estas cuestiones. Las preguntas que guían el presente estudio son: ¿De qué modo son representados los intentos de cambios legislativos del mercado de trabajo en el escenario mediático? ¿Qué se visibiliza, qué se enfatiza y qué se omite sobre la temática? ¿Cómo se buscan sentar las bases ideológicas para crear un consenso social sobre la cuestión? ¿En qué marco de significación se destaca al trabajo, la flexibilización laboral, la precariedad? ¿Se enfatiza la pérdida de derechos laborales? ¿La voz de las y los trabajadores tiene espacio en las coberturas?

En una primera parte del estudio, damos cuenta del panorama global neoliberal, sus especificidades nacionales -en Argentina- en relación con el mundo del trabajo, niveles de empleo, flexibilización y precarización. Luego hacemos una caracterización general de los borradores y proyectos de reforma laboral que se redactaron hacia 2017 y que ingresaron en el Congreso Nacional, señalando algunos de sus aspectos más relevantes. A partir de ello, y después de unas precisiones conceptuales y metodológicas sobre el análisis de medios, presentamos los resultados analíticos de aquello que los medios masivos enfatizaron y/o desestimaron en las coberturas sobre la temática durante 2017 y 2018. Hacia el final, dejamos planteados algunos interrogantes para seguir aportando al debate sobre el lugar de poder que ocupan los holdings mediáticos en la estructura de medios de un país (Becerra, 2007) y a nivel global; y para dejar de concebirlos como simples plataformas “neutrales” por donde circulan discursos. En lugar de ello, pensarlos como actores sociales y políticos, con intereses empresariales e ideológicos en las temáticas que deciden publicar y los modos en que las representan.

Neoliberalismo, mundo del trabajo y flexibilización

El programa neoliberal de gobierno cuenta con ciertas características globales que, como bien indica Bourdieu (1998), ponen el eje en la destrucción sistemática de los colectivos (laborales y gremiales, entre muchos otros), a partir de la instauración del reino absoluto de la flexibilización. Reclutamientos bajo contratos a término fijo, ocupaciones interinas, la promoción de la competencia entre trabajadores/as en el seno de las empresas, la individualización de la relación salarial, la fijación de objetivos particulares, alzas individuales de salario u otorgamiento de primas en función de la competencia y el mérito de cada persona, carreras individualizadas, estrategias de responsabilización tendientes a asegurar la autoexplotación, son algunas de sus características sobresalientes.

Es necesario tener en cuenta que esta institucionalización práctica de un “mundo darwiniano de la lucha de todos contra todos” no podría tener éxito si no encontrara la complicidad de las disposiciones precarizadas producidas por la inseguridad de la misma existencia (Bourdieu, 1998).

La “utopía neoliberal”, continúa Bourdieu, tiende a encarnarse en una suerte de maquinaria infernal que, por ejemplo, predica la subordinación de los estados nacionales a las exigencias de la libertad económica para los dueños de la economía, la supresión de todas las reglamentaciones sobre los mercados, bancos centrales independientes, la privatización generalizada de los servicios públicos, y la reducción de los gastos públicos y sociales, entre otros aspectos.

Este movimiento se posibilita a través de una política de desregulación financiera. Y parafraseando a Bourdieu (1998), en pos de proteger a las empresas extranjeras y a sus inversiones, se cuestionan las estructuras colectivas que pueden obstaculizar la lógica del “mercado puro”.

Este programa neoliberal cuenta con la fuerza de un discurso hegemónico que, como bien observa Murillo (2011), está centrado en la idea de la natural desigualdad de los seres humanos e impulsa la transformación de las y los ciudadanos en empresarios de sí mismos y la construcción de un complejo dispositivo denominado pobreza, que tiene entre sus rasgos fundamentales la criminalización de quienes “no han sabido administrar su capital humano”.

A su vez, como indica Harvey (2008), para que este sistema de pensamiento llegue a ser dominante, requiere la articulación de conceptos fundamentales que se arraiguen tan profundamente en entendimientos de sentido común que lleguen a ser tomados por dados e indiscutibles. Es una teoría de prácticas políticas económicas que propone que el bienestar humano puede ser logrado mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas y libre comercio.

Es interesante aquello que plantea Harvey (2008) respecto de que el neoliberalismo ha tenido un inmenso éxito desde el punto de vista de las clases altas, ya que ha restaurado la posición de clase de las élites gobernantes. Incluso países que sufrieron por la neoliberalización han presenciado el reordenamiento interno de las estructuras de clase, generando concentraciones de riqueza sin precedentes en las manos de unos pocos. La corporatización, conmodificación y privatización de activos públicos han sido características insignes del proyecto neoliberal. Todos estos procesos equivalen a una transferencia de activos de los campos público y popular a los dominios privados y de privilegios de clase.

A su vez, el neoliberalismo propaga el mito -amparado por los medios masivos de comunicación- de que ciertos sectores fracasan porque no son suficientemente competitivos. Si las condiciones entre las clases bajas se deterioran, es porque no mejoran su propio capital humano mediante la educación, la adquisición de una ética protestante de trabajo y su sumisión a la disciplina y flexibilidad laboral por defectos personales, culturales y políticos (Harvey, 2008).

El Estado, con su monopolio de la violencia y de las definiciones de legalidad, juega un rol crucial en el respaldo y la promoción de estos procesos. Su papel es crear y preservar un marco institucional apropiado para tales prácticas y, para llevarlas adelante, debe establecer funciones militares, de defensa, policía y judiciales para, así, continúa Harvey, poder asegurar los derechos de propiedad privada y apoyar mercados de libre funcionamiento.

En Argentina, el programa neoliberal de gobierno se impuso con fuerza en la década de 1990, al ponerse en práctica las políticas emanadas del Consenso de Washington. El cambio estructural más relevante fue el proceso de transferencia de capital que involucró a los consorcios privados que se apoderaron de las empresas estatales -las privatizaciones quedaron subordinadas a la valorización financiera. Otra de las medidas fue la apertura económica, con las modificaciones de la estructura de los aranceles a la importación y la remoción de las barreras para-arancelarias. Por otro lado, se dio apertura a los flujos financieros del exterior, afectando directamente el sector industrial. Estas medidas condujeron a un proceso de alta desocupación -la que se convirtió en elemento de presión sobre las y los trabajadores ocupados, que se vieron obligados a aceptar condiciones de trabajo cada vez más precarias-, acompañada por un fuerte crecimiento de los niveles de subocupación y de la informalidad.

Este proceso fue acompañado por las denominadas “leyes de flexibilización”, en 1991 y 1995, que se ocuparon de flexibilizar las modalidades laborales contractuales, poniendo el eje en la movilidad funcional, la jornada anualizada, la polivalencia, la capacitación y formación profesional, los períodos de prueba, la contratación por tiempo determinado y parcial, y la baja en las contribuciones patronales, entre otros puntos.

A partir de diciembre de 2015, con la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional, se volvieron a reeditar muchas de las políticas neoliberales de los 90: liberalización del comercio exterior, apertura del movimiento de capitales, desregulación del mercado financiero, aumento en las tarifas de servicios básicos, política monetaria a favor de la renta y la especulación financiera, baja en las retenciones al sector agroexportador y extractivista, habilitación al endeudamiento externo, y la vuelta al Fondo Monetario Internacional.

Los resultados más importantes de estas medidas, aplicadas con fuerza desde el principio del mandato, fueron la contracción del mercado interno; la baja en el consumo; el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas; un marcado proceso de estanflación; y, por ende, la suba en la tasa de desocupación y de pobreza/indigencia, así como elevadas tasas de empleo informal. Según datos del propio INDEC (EPH), la desocupación abierta en el cuarto trimestre de 2018 fue de 9,1 por ciento (siendo de 7,2 por ciento en el mismo trimestre del año anterior); por otro lado, el porcentaje de ocupantes demandantes de empleo llegó al 17,3 por ciento (siendo de 14,7 por ciento en mismo período de 2018), y la tasa de subocupación pasó de 10,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2017 a 12 por ciento en el mismo trimestre de 2018.

El aumento de la desocupación, indica el informe técnico del INDEC (cuarto trimestre de 2018), responde en mayor medida al incremento en la tasa de los varones más jóvenes (de 14 a 29 años), que equivale al 4 por ciento (de 11,4 a 15,4 por ciento). A su vez, se puede observar que la caída del empleo responde a una disminución del 1,2 por ciento en las ocupaciones plenas, que resulta en una menor participación de los ocupados plenos en la estructura ocupacional y en un aumento en el peso relativo de los subocupados. Del examen de la rama de actividad de la población ocupada, en términos de distribución, surge que la principal variación se registra en la industria manufacturera, que desciende de 11,5 por ciento a 10,9 por ciento. A su vez, hay que tener en cuenta que en el mes de febrero de 2019, el índice de producción industrial manufacturero registra una caída de 8,5 por ciento respecto a igual mes del año anterior.

Además, durante 2018, las denominadas “empresas de plataforma” como Uber, Rappi y Glovo, que crecieron y se desarrollaron tras la crisis internacional del 2008, desembarcaron en Argentina y comenzaron su expansión en el país, poniendo en agenda pública el debate sobre las relaciones laborales flexibles y la precarización de las condiciones de trabajo.

Los proyectos de reforma. Especificidades y fundamentos

En el presente apartado, destacamos los puntos más relevantes del borrador de proyecto de reforma laboral, presentado y consensuado con la CGT hacia noviembre de 2017¹, en base a diversos análisis realizados por especialistas en estudios laborales y en derecho del trabajo.

En primer lugar, respecto del título I del proyecto, denominado “Regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social y la registración laboral”, en su primer capítulo, en materia de beneficios para el sector empresarial, se planteaba condonar deudas y delitos tributarios y, paralelamente, se bajaban las contribuciones patronales. Como mencionó Marshall (1997) respecto de las reformas laborales en los 90, en aquel momento estos incentivos para aumentar el empleo no funcionaron.

Además, en el tercer capítulo, sobre la registración laboral, se planteaba la modificación del mecanismo indemnizatorio a favor del trabajador por uno “sancionatorio” (multas) para los empresarios que tuvieran trabajadores informales y que tendrían que pagar una multa al Estado (ya no al trabajador). En lo que se refiere a la indemnización por despido al trabajador, tal como se lee en el punto 9 del título II (Relaciones laborales), se excluían los aguinaldos, los “bonos extraordinarios”, los bonos por productividad (sin periodicidad mensual) y otros gastos pagados excepcionalmente que, hasta antes de este intento de modificación, entraban en el cálculo indemnizatorio por considerarse “normales” y “habituales”. Por otra parte, si la remuneración era variable, es decir, que una parte del sueldo del trabajador se calculaba a partir de comisiones, no se pagaría por el mejor sueldo o la mejor comisión sino que se calcularía el promedio salarial del último año (o del tiempo que hubiese durado la relación laboral). Por lo tanto, se asistía en todos los casos a una reducción de la indemnización por despido.

El proyecto contemplaba también que organizaciones empresariales y sindicales podrían establecer en los convenios colectivos de actividad la creación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial, que implicara una especie de seguro de desempleo con aportes del asalariado, además del empresario, para costear los montos correspondientes a las indemnizaciones por la cobertura en materia de preaviso y de despido sin causa. También se acortaba de dos años a uno la posibilidad de iniciar demandas laborales.

Respecto del título II del proyecto denominado “Relaciones laborales”, en su primer punto, se creaba un nuevo sujeto laboral, “Los trabajadores profesionales autónomos”. Según el boletín de Reforma Laboral de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL, 2017), del proyecto no surgía tal “autonomía” y con esta figura se podía encubrir un trabajo normal, en relación de dependencia, que no superase las 22 horas semanales.

En el segundo punto del mismo título, también se hacía referencia a la modificación del principio de “irrenunciabilidad” y progresividad. Esto significaba que los acuerdos individuales podrían modificar en forma regresiva los derechos acordados por las partes en el contrato de trabajo. Por lo tanto, se violaba el principio de irrenunciabilidad, el cual supone que el trabajador debe renunciar a los derechos adquiridos previamente.

También se limitaban las opciones del trabajador frente al llamado ius variandi, que implica que el empleador puede modificar, unilateralmente, las condiciones y formas de trabajo. Con este proyecto, se lograba privar al trabajador de un procedimiento judicial rápido y efectivo para poder revertir las modificaciones introducidas por el empleador en ejercicio abusivo del ius variandi.

Sobre la tercerización laboral, en el tercer punto del título II del proyecto, se pretendía modificar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sobre “subcontratación y delegación. Solidaridad”. Esto implicaba la caída de la responsabilidad solidaria de la empresa madre en las actividades complementarias que se subcontratasen o tercerizaran, tales como limpieza, seguridad, servicios médicos, gastronomía e informática, entre otros². Según la AAS (2017: 15), esta modificación “fomenta todavía más la tercerización laboral y la irresponsabilidad del empresario principal frente a los incumplimientos laborales de los cesionarios, contratistas o subcontratistas”.

También se intentaba crear un sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo y producción de bienes y servicios, con tareas exclusivamente formativas y no de carácter productivo. Por lo tanto, tales prácticas no generarían relación laboral y se extenderían también al sector público, sustituyendo la ley 26.427 de pasantías educativas. Al respecto, la AAL (2017: 26) planteó que “se trata de la generación de mano de obra barata, mal remunerada, que ya ha generado un serio rechazo de la comunidad educativa”. Como se vio en un análisis previo, las leyes laborales de 1995, que habían incorporado la figura de las pasantías y del contrato de aprendizaje, significaron relaciones laborales encubiertas que, según Recalde (2011), se convirtieron en nuevos “contratos basura” que no generaban estabilidad, indemnización o protección contra el despido.

Respecto de la duración de la jornada de trabajo, el proyecto de reforma planteaba crear en los convenios colectivos los llamados “bancos de horas” que pondrían límites a las horas extras. Si bien estas horas tendrían un tope semanal, la jornada de un trabajador podría extenderse a más de 8 horas en un día, sin pago extra, según lo requirieran las necesidades productivas de la empresa (CIFRA, 2017).

En 2018, este borrador, que había tenido el consenso de la CGT, se desdobló en tres proyectos de ley que ingresaron en mayo al Congreso Nacional, sin modificar la base estructural e ideológica de las reformas que se intentaban llevar adelante. El primer proyecto se tituló “Regularización del empleo no registrado” y determinaba que los empresarios que registrasen trabajadores serían beneficiados con la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza. El segundo fue denominado “Capacitación laboral continua” y se propuso implementar un sistema de prácticas de formación, reemplazando el actual régimen de pasantías. El tercero estipulaba la creación de una “Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud”. Tales proyectos no pudieron conseguir consensos y, por lo tanto, no fueron tratados en el Congreso.

En abril de 2019, se presentó una nueva versión, también consensuada con la CGT, que eliminaba o modificaba algunos de los contenidos más recesivos de los proyectos anteriores, manteniendo para el sector empresario la exención impositiva por trabajadores no registrados; medida a la que se hacía referencia mediáticamente como “blanqueo laboral”. Sin embargo, este proyecto continuaba sosteniendo algunas de las falencias estructurales de la reforma:

“Persiste en la estrategia de utilizar un supuesto régimen de regularización del trabajo no registrado para ocultar la verdadera finalidad del proyecto que es rebajar en forma definitiva los importes indemnizatorios por trabajo no registrado o incorrectamente registrado y recargar en los trabajadores y las trabajadoras los efectos de la crisis económica”. (AAL, 2019: 2)

Además, tal exención del pago de las contribuciones patronales incidía también en el desfinanciamiento del régimen de seguridad social, aumentando así las condiciones de desprotección y de precarización.

Intentos de reforma laboral en las coberturas de Clarín y La Nación

Algunas precisiones conceptuales y metodológicas. Conceptualmente, partimos de la premisa que los medios masivos son actores sociales y políticos, no simples plataforma neutrales por donde circulan discursos. En este sentido, se contemplan los desarrollos de Gramsci (1974) para reflexionar críticamente sobre el rol de los medios en tanto co-constructores de hegemonía cultural, social y política; los trabajos de Hall (1981), quien concibe a la cultura como una batalla por los sentidos sociales, donde no se obtienen victorias definitivas, sino que siempre hay posiciones que se conquistan y/o se pierden según el momento histórico; y los análisis de Barthes (1980) sobre la desnaturalización de creencias o mitos que se intentan instalar como verdades “universales”, cuando son producto de relaciones sociales.

En esta línea, concebimos a las representaciones mediáticas como conjuntos de discursos sociales e históricos que son atravesados por operaciones de selección, apropiación y síntesis, y se anclan en estructuras de sentidos sobre los imaginarios sociales (Rodríguez, 2014). Tales representaciones iluminan una determinada versión de la realidad, entre otras tantas posibles, y permiten visibilizar ciertos aspectos -y opacar otros- sobre una temática. Todo lo cual deriva en la producción de lecturas preferenciales (Hall, 1981) en la superficie mediática.

Metodológicamente, para analizar aquello que se enfatiza y/o se desestima en las coberturas mediáticas sobre los borradores de la reforma laboral redactados hacia octubre y noviembre 2017, desdoblados para su ingreso en el Congreso Nacional en mayo de 2018 y que proponían los cambios legislativos descritos en el apartado anterior, se seleccionaron un conjunto de noticias publicadas por los dos diarios nacionales de mayor circulación, en sus versiones digitales, durante 2017 y 2018: Clarín y La Nación³.

Para rastrear las noticias publicadas sobre la temática, se utilizaron una serie de palabras claves -“reforma laboral” y “proyectos de reforma laboral”- en los buscadores digitales de los respectivos portales digitales de los diarios de mayor circulación. Para la conformación del corpus, se relevaron 31 noticias en Clarín (17 durante 2017 y 14 durante 2018) y 52 noticias en La Nación (30 durante 2017 y 22 durante 2018) sobre la temática⁴.

Para abordar el análisis de estas 83 noticias, se utilizó una combinación de herramientas socio-semióticas que permitió dar cuenta de las interrelaciones discursivas y socio-comunicacionales en la superficie mediática. Dentro de este enfoque, se retomaron fundamentalmente los aportes de Eliseo Verón (1987), sobre la teoría de los discursos sociales, de Roland Barthes (1980) y de Armand y Michéle Mattelart (1997), sobre la construcción de mitos y la importancia de los “contenidos latentes”, es decir, de la relevancia de aquello que no se menciona o no se destaca en los discursos mediáticos⁵. En el análisis de cada noticia, se prestó especial atención a los elementos de construcción de la información y a los lugares que atraen la mayor atención de los lectores: primeras páginas; secciones duras (política, economía); titulares, volantas, bajadas, cintillos, fotos y gráficos; y voces de autoridad que selecciona el medio para informar sobre las reformas laborales (Martini, 2000; Tuchman, 1986; Albornoz, 2007). Para ello, se identificaron los elementos “formales” (de titulación, ubicación, enmarcado, diseño de la noticia), los elementos de “contenidos” de las notas (informaciones y jerarquías, énfasis explicitados y versiones ausentes), los “actores” de la noticia (fuentes incluidas y excluidas), poniéndolos en relación con los elementos “contextuales”, es decir, con aspectos relevantes del contexto social e histórico en el que estos discursos fueron construidos y se pusieron a circular.

El período de análisis seleccionado comienza al inicio de 2017, algunos meses antes de la redacción de los dos primeros borradores de reforma laboral (octubre y noviembre de 2017), y finaliza en diciembre de 2018, teniendo en cuenta que en mayo de 2018 ingresaron los tres proyectos de reforma laboral, desdoblados, al Congreso Nacional. Así nos fue posible analizar coberturas previas y posteriores, buscando identificar similitudes y/o virajes en las representaciones.

Sentidos y énfasis de las representaciones mediáticas. A partir del análisis de los elementos de construcción mediática que se identificaron en las coberturas de Clarín y La Nación, en relación con la visibilidad otorgada a los intentos de reforma laboral, durante 2017 y 2018, se pudieron agrupar las lecturas que se privilegiaron en la superficie mediática en tres ejes de análisis:

1) la reforma laboral presentada como solución al desempleo y al empleo en negro -en el caso específico de La Nación, se destacan además ejemplos positivos de reformas laborales en otros países, sancionadas en los últimos años.

2) el privilegio de la visión empresarial a través del énfasis en la “industria del juicio” y la necesidad de aumentar la flexibilización laboral.

3) las atribuciones negativas asignadas a la negociación colectiva centralizada (por rama de actividad) y la construcción del actor sindical como anacrónico y fracturado, similar a los 90.

Respecto del primer eje analítico, es decir, la presentación de la reforma laboral como una solución al desempleo en Argentina y a la formalización del empleo en negro, ambos medios lo destacaron atribuyendo un carácter “positivo” y “resolutivo” a la reforma:

“Reforma laboral: las propuestas que duermen en el Congreso [...] A pesar de la urgencia que existe para crear puestos de trabajo registrados”. (La Nación, titular y bajada, Economía, Empleos, 28/10/2018.)

“El empleo privado creció poco en 2017 y el Gobierno reimpulsa la reforma laboral”. (La Nación, titular, Economía, 1/03/2018.)

“Cae la actividad [...] Desde la UIA insisten con una reforma laboral: «El empresario tiene miedo a contratar». (Clarín, volanta y titular, Política, 20/12/2018.)

De este modo, a la reforma laboral se le atribuye la capacidad de crear empleo, de bajar el empleo no registrado y de redinamizar la actividad económica. Estas atribuciones positivas asignadas a la reforma son acompañadas, en el caso de La Nación, con la puesta en serie de otras reformas del exterior, destacando los ejemplos del “Primer Mundo” que debiera seguir Argentina:

“Italia y España, los modelos de régimen laboral que sigue Macri [...] En el Coloquio de IDEA mencionó a esos países como sistemas que mejor se adaptan para generar nuevos puestos”. (La Nación, titular y bajada, Política, Empleo, 21/10/2018.)

“Dinamarca suprimió la indemnización privada por despido y la tasa de desempleo se redujo al 4,1%. Austria y Bélgica han avanzado en el mismo sentido con positivos efectos sobre la ocupación [...] La superación de las dificultades que atraviesa nuestra economía debería apoyarse, como mínimo, en la observación de políticas exitosas de otros países. (La Nación, El Mundo, domingo, 14/10/2018.)

Estas atribuciones positivas asignadas a la reformas laborales en otros países, desde titulares, gráficos o noticias de análisis ubicadas en día domingo, buscan resaltar los éxitos y los efectos positivos que, siguiendo tales ejemplos, pueden generarse también en Argentina, aun reduciendo o eliminando las indemnizaciones por despido. Sin embargo, teniendo en cuenta también los contenidos latentes (Verón, 1971) o las ausencias, es decir, aquellos elementos que no se mencionan en las coberturas mediáticas, es necesario destacar que aquí no se profundiza sobre las particularidades de estas reformas laborales internacionales y aun menos se menciona que en los casos de la reforma española de 2012, ni las de Italia en 2012 y 2014, lograron solucionar los problemas de empleo en dichos países, después de la crisis de 2008.

El hincapié en reforzar las atribuciones positivas de las reformas laborales, en momentos de crisis y como “receta” para afrontarla y salir de ella, se puede articular con el segundo eje mencionado: el privilegio de la visión empresarial por sobre la posición de los trabajadores y/o los efectos perjudiciales que provocaría sobre ellos la posible reforma.

“Las condiciones actuales «desmotivan» a los empresarios para tomar gente por los altos costos laborales no salariales, impuestos distorsivos y la litigiosidad, entre otras razones, que llevan a que no piensen en expandir su negocio”. (La Nación, Economía, Empleos, 28/10/2018.)

Tal como se lee en esta última cita, este privilegio de la visión empresarial se puede marcar en, al menos, dos sentidos. El primero, a través de la llamada mediáticamente “industria del juicio”, en referencia al derecho del trabajador de realizar demandas judiciales a sus empleadores⁶:

“Así, el orden jurídico argentino está hoy compuesto por un enjambre de «estatutos» ad hoc, contradictorios unos de otros, que plantan privilegios por actividad que aumentan los costos y que impactan de modo directo en los bolsillos de los ciudadanos”. (La Nación, Opinión, 9/10/2017.)

“El titular de la Cámara de Productos Alimenticios -Copal- señaló a «los convenios colectivos de trabajo y a la industria del juicio» como algunas de las razones por las cuales los empresarios «tienen miedo a contratar»”. (Clarín, Política, 20/12/2018.)

Como se ve en estas noticias, desde la propia voz de La Nación o desde las fuentes empresarias (que, a diferencia de los trabajadores, tienen voz, en primera persona, en los diarios nacionales), se resalta este énfasis en la “alta” cantidad de juicios laborales que perjudican, directamente, al sector empresario. De este modo, en el nivel discursivo, se trastocan las diferencias estructurales entre empleado/empleador, colocando al empleador como “víctima” del trabajador que le puede hacer juicio.

El segundo sentido a destacar, que también privilegia la posición empresarial, también hace hincapié en la necesidad de aumentar o profundizar la flexibilización laboral en el país y se destaca la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos del mundo del trabajo:

“Patrice Lucas, titular de Peugeot Citroën [...] «Argentina es el único país del mundo sin flexibilidad laboral» [...] «Es casi el único país del mundo donde no se pueden aplicar horarios flexibles para adaptarse a las variaciones de la economía», dijo”. (Clarín, volanta, titular y destacado del diario, Economía, 1/08/2018.)

“«Si uno mira la legislación laboral argentina, corresponde a la primera y segunda revolución industrial. Es fordista. Hace a una rigidez del sistema de relaciones laborales individuales y a una fuerte concentración del sistema colectivo», aseveró Funes de Rioja”. (La Nación, textual del titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios -Copal-, Economía, 25/08/2017.)

Nuevamente, desde los textuales de las voces empresarias que eligen reponer estos diarios, se destaca la “rigidez” y la “obsolescencia” del sistema de relaciones laborales argentino. A esto se suman las voces académicas que funcionan en el mismo sentido, como fuentes autorizadas que otorgan aún más credibilidad y legitimidad a la temática:

“La clase obrera irá al paraíso sólo si se automatiza”. (Clarín, Revista Ñ, Ideas, titular, Rubén Lo Vuolo, director académico del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, 12/10/2018.)

No obstante este privilegio de la visión hegemónica-empresarial, se debe destacar que, durante 2017 aunque de modo muy menor, los principales diarios incluyeron también “otras” voces, más críticas a los proyectos. Así, La Nación incorporó testimonios de economistas como Luis Beccaria, sobre la prioridad de mejorar la eficiencia global de la economía por sobre la modificación de la normativa laboral (24/9/2017), o de Claudio Lozano, sobre la necesidad de discutir la matriz productiva y el cambio tecnológico en lugar de hacer eje en la reducción de los costos laborales (17/09/2017); y Clarín, al abogado Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), que destacó que esta posible reforma laboral era “a medida de los empresarios” (10/12/2017).

En relación con el tercer eje mencionado, es decir, la atribución negativa asignada a la negociación colectiva centralizada y a los acuerdos sindicales por rama de actividad, se pueden encontrar los siguientes ejemplos:

“La manera de lograr precios competitivos [...] es terminar con los costos agregados inventados por los estatutos por rama de actividad”. (La Nación, Opinión, 9/10/2017.)

“Hay un anacronismo inmovilizador y convenios que no se cambian desde hace 40 años, salvo en las escalas salariales. Los eterniza la cláusula de ultraactividad que garantiza que los convenios sigan vigentes aunque no se renueven”. (Clarín, Editorial, “Del Editor al Lector” firmada por Ricardo Roa, 17/11/2017.)

Estas construcciones noticiosas, desde las voces propias del diario (notas de opinión, editoriales, etc.), atacan los acuerdos centralizados por rama, a través de adjetivos como “anacrónicos”, “inmóviles”, e intentan construir un consenso social sobre la idea de que tales acuerdos, e incluso los mismos sindicatos, son instituciones “obsoletas”, “anacrónicas” y “pasadas de moda”. De este modo, desde el nivel discursivo, se busca construir al sindicalismo argentino como obsoleto y fracturado, intentando debilitar su poder.

Esto se relaciona, a su vez, con la retórica de cambio, que se destaca desde ambos matutinos, no sólo desde las voces empresarias sino también desde la sección “cartas de lectores”, es decir, desde los propios lectores del diario.

“Tenemos un sistema laboral que fue diseñado en el contexto de la segunda revolución industrial y, con los últimos cambios tecnológicos, ya vamos por la cuarta”. (Clarín, textual de Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, Política, 20/12/2018.)

“En la Argentina, con el lema de «justicia social», tenemos un sistema laboral anacrónico, de hace 70 años, en donde cada vez se hace más difícil, costoso y riesgoso tomar un empleado nuevo”. (La Nación, Opinión/Carta de lectores, 5/8/2018.)

Por otro lado, a los adjetivos de anacronismo y de obsolescencia, se le suman los de fractura o fragmentación, reforzando las disputas políticas entre las diversas líneas sindicales. Uno de los elementos multimedia, recurso del periodismo digital para atraer la atención del lector y ampliar la información, es la inclusión de videos en sus portales digitales (Albornoz, 2007). A través del canal La Nación+, homónimo del diario, se incluye un video de 13 minutos en el que el periodista Morales Solá, entrevistado por Juan Micheli, resalta la fractura del sindicalismo, del personalismo de alguno de sus referentes, destacando las disputas históricas entre los actores sindicales:

“Esto muestra claramente la fractura del sindicalismo y del peronismo [...] los secretarios generales de la CGT estaban de acuerdo con la reforma laboral [...] ¿Qué pasa entonces entre los Moyano y el gobierno?”. (La Nación, “Diferencias en el Gobierno en torno a la reforma laboral”, fragmento de entrevista a Morales Solá, Análisis PM, La Nación+, 7/01/2018.)

El énfasis mediático en la fragmentación y en las disputas entre ciertos referentes sindicales se pone también en serie discursiva con las posturas sindicales adoptadas en los 90, ante las reformas laborales de 1991 y 1995:

“La CGT, en el espejo de los 90: flexibilización y ajuste”. (La Nación, titular, Política, 1/11/2017.)

“Una vez más sobrevuela clima de ruptura en la CGT: ¿Acaso Moyano reedite el MTA?”. (Clarín, Política, 26/11/2017.)

En estos casos, en los que se hace referencia a los 90, se destaca la fragmentación sindical pero no se resalta que aquellas reformas que también prometían aumento del empleo e inversiones tampoco tuvieron éxito en aquél momento.

De este modo, se va configurando una cierta narrativa mediática que intenta deslegitimar al actor sindical, al tiempo que no destaca u omite el retroceso sobre los derechos laborales adquiridos que suponen estas reformas para los y las trabajadoras, como se lee en la cita de un abogado, incluido como fuente de autoridad, en las noticias de La Nación:

“Se necesita una reforma laboral que sea posible [...] No necesitamos un proyecto antipático que parezca que restringe los derechos del trabajador”. (La Nación, Economía, 16/09/2018, nota firmada por un abogado, socio del estudio AMZ & Asociados)

Presentar el proyecto de reforma laboral como “simpático”, y como solución a los problemas del empleo, sumado a los ejemplos internacionales como modelos a seguir; privilegiar la visión empresarial; mostrar la flexibilización laboral como un camino necesario para “ser parte” de la tendencia global (como también se la presentaba en los 90), y no como un modo de seguir restringiendo derechos laborales; atacar la negociación colectiva; y representar al actor sindical como obsoleto y fracturado, son algunas de las lecturas preferenciales destacadas por los principales medios argentinos en el período 2017-2018.

Conclusiones

En base al análisis realizado, es posible afirmar que los medios masivos, en particular aquellos diarios de mayor circulación de cada país, se constituyen en actores privilegiados al intentar imponer en la agenda pública no sólo qué pensar sino de qué modo enmarcar y significar estas temáticas, buscando generar consensos sobre ciertas miradas y visiones, y a la vez, disensos sobre otras, omitiendo o desjerarquizando diversos elementos en sus coberturas. Como menciona Bourdieu (1990: 271), “pensar de modo estructural nos obliga a percibir la importancia de las ausencias”. Por tal motivo, no sólo fue objetivo de este estudio analizar de qué modo fue presentada la posible reforma laboral que se busca sancionar en Argentina, desde 2017, sino identificar aquello que se oculta o no se destaca en las coberturas de los principales medios. Esto supuso haber indagado en los mecanismos discursivos a través de los cuales se otorga visibilidad, y se intentan legitimar, a ciertas miradas o versiones sobre la flexibilización laboral o las reformas por sobre otras.

Sobre la puesta en serie con los ejemplos internacionales del llamado “Primer Mundo” que Argentina debiera imitar, no se profundiza en los efectos que tales reformas provocaron en los respectivos mercados de trabajo y tampoco se destaca si efectivamente solucionaron los problemas de crisis y de desempleo. Además, al privilegiar la visión empresarial y presentar a los empresarios como doblemente “´víctimas” -por un lado, de la situación económica delicada, y por otro, de los trabajadores (a través de la llamada “industria del juicio”)- se trastocan, en el plano discursivo, los lugares que empresarios y trabajadores ocupan en la estructura social y sus desigualdades. Y mientras que la voz de los empresarios se resalta a través de textuales en titulares y destacados de las coberturas mediáticas, los trabajadores no tienen espacio en primera persona y son nominados por otros que, en algunos casos, los mencionan sólo como costos laborales que deben reducirse. Esta lectura, que no privilegia la perspectiva de los trabajadores, también se extiende a los sindicatos que, si bien son fuentes consultadas y publicadas por los diarios y su voz se repone desde textuales, videos y testimonios, suelen ser presentados como instituciones con disputas internas, fragmentadas, pasadas de moda e incluso anacrónicas.

Por ello, es posible resumir que los cambios que traen prosperidad y permiten “afrontar las crisis”, las leyes laborales rígidas y “pasadas de moda”, los derechos anacrónicos y las instituciones sindicales fragmentadas y obsoletas, son algunas de las construcciones mediáticas privilegiadas en estos intentos por sentar las bases ideológicas para la imposición de una posible reforma laboral en el país, en desmedro de la estabilidad y la seguridad de los y las trabajadores.

En próximas investigaciones se buscará comparar si estos modos de presentar mediáticamente las reformas laborales, la flexibilización laboral y los actores privilegiados (empresarios, sindicatos) en contextos de crisis, se reproducen en otros países, como Brasil, con su reciente reforma laboral en 2017, o México, con sus modificaciones legislativas en 2012, y con qué características en cada caso.