Los derechos humanos son reconocidos expresamente en numerosas declaraciones, pactos y tratados internacionales. Los estados que ratifican estos instrumentos asumen la obligación de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar progresivamente el goce pleno de los derechos por parte de toda la población, sin distinción de índole alguna, en un marco de respeto (es decir, sin interferir en el disfrute del derecho) y protección (evitando que terceras personas o instituciones interfieran con el disfrute de un derecho). Todo ello con la debida sensibilización de la sociedad para instalar una cultura basada en los derechos humanos, con conciencia pública al respecto, y en la cual las personas conozcan sus derechos y cuenten con mecanismos para su defensa.

Sobre la base de estos conceptos, Fabricio Andrés Laino Sanchis, en su trabajo “Activismo local, saberes globales. Abuelas de Plaza de Mayo y la invención del derecho a la identidad”, ofrece un recorrido historiográfico de la construcción del derecho a la identidad y su incorporación en laConvención sobre los Derechos del Niño, de 1989. En este proceso, resalta la intervención de la organización Abuelas de Plaza de Mayo a través de distintas redes y alianzas, motivada por el reclamo por la restitución de las personas apropiadas durante la vigencia de la última dictadura en Argentina (1976-1983). Es la misma Convención la que permite luego a Abuelas presionar sobre el gobierno nacional para la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo encargado de velar por la garantía del derecho en cuestión y reparar su violación en el pasado.

Independientemente de los avances vinculados al ejercicio de derechos, no puede negarse la existencia de situaciones de vulnerabilidad que atentan contra ellos. Estas afectan principalmente a grupos poblacionales que, en función sus características (edad, género, presencia de discapacidad y condición étnica, entre otras), son más propensos a sufrir discriminación. Estos grupos deben ser especialmente contemplados y priorizados desde las políticas públicas, en consonancia con la igualdad de oportunidades que postulan los instrumentos de derechos.

Cuatro de las investigaciones incluidas en este dossier ejemplifican las situaciones referidas al interior de los países de América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. La primera de ellas, de Sagrario Garay Villegas y María Concepción Arroyo Rueda, se titula “El cuidado de personas mayores en la agenda política de América Latina y el Caribe”. A partir de lineamientos establecidos en elPlan Internacional de Acción en Envejecimiento de Madrid(2002), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores(2015), entre otros documentos sobre derechos humanos, indagan acerca del tratamiento del tema del cuidado de las personas mayores en distintas reuniones regionales, con foco en el caso mexicano. Las conclusiones indican que, aunque se registran importantes progresos en los países de la región, persisten limitaciones para atender integralmente las necesidades de estas personas. Ello debido a que se mantiene una visión de los cuidados basada en la dependencia, que contrasta con el perfil epidemiológico de los países, con predominio de enfermedades crónico-degenerativas que requieren tratamiento, pero no suelen asociarse a la presencia de discapacidad o dependencia. Esto último invita a reflexión sobre el mismo concepto de cuidado, el cual debería ser entendido como problema político y no simplemente como asunto público.

A continuación, se encuentra el trabajo de Adriana Romano Athila, “Epidemias, protagonismos e direitos específicos de saúde: a criação do Distrito Sanitário Yanomami e a Política de Saúde Indígena no Brasil (1991-2021)”. A partir de considerar las desigualdades históricas que los pueblos indígenas padecen en sus diversas formas, y la repercusión de estas desigualdades en sus condiciones de vida y de salud, la autora analiza, desde una perspectiva etnográfica y con especial interés en el contexto histórico y sociopolítico, la trayectoria de movilizaciones indígenas e indigenistas en torno a la creación del primer distrito sanitario indígena de Brasil (el Distrito Sanitario Yanomami), en 1991, hacia la construcción de una política nacional de atención de la salud de los pueblos indígenas. El estudio da cuenta de una contradicción entre el despliegue de una sólida política nacional de salud indígena, y el escaso diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas respecto de este asunto. Ello impacta indefectiblemente en los resultados de las acciones de salud dirigidas a esta población, mayormente en el marco de la pandemia de Covid-19.

Complementando la investigación anterior, la contribución de Pablo Ernesto Pezzoni, “Indicios de una interculturalidad pasiva (San Carlos de Bariloche, Argentina, 2015-2021)”, reafirma las dificultades que las personas integrantes de pueblos indígenas enfrentan para efectivizar sus derechos en un ámbito municipal. A través de experiencias concretas, se muestran, por un lado, las adaptaciones normativas que se han realizado en este ámbito en favor de los derechos de los pueblos referidos (en consonancia con requerimientos internacionales); y por otro lado, el vago acompañamiento y salvaguarda a las comunidades mapuche por parte de la dirigencia local. Aunque el autor reconoce que lo intercultural trasciende la relación pueblos originarios / Estado, proporciona una luz de alerta para quienes tienen (y tendrán) a su cargo la función pública, remarcando la importancia de reivindicar los derechos del pueblo mapuche desde su propia historia, territorio e identidad.

El cuarto trabajo al que aludimos es de Estefanía Slavin,¹ “Patrimonio arquitectónico, accesibilidad y Derechos Humanos. Lineamientos para una actualización del marco normativo de la ciudad de Mar del Plata, Argentina”, que recupera el valor del patrimonio arquitectónico como parte de la cultura, un derecho humano incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, fundamental para la identidad y el desarrollo de las comunidades. Mediante una profunda revisión de normas que atañen al binomio accesibilidad y patrimonio a escala internacional, nacional y local para el caso de Mar del Plata (Argentina), se destaca la necesidad de que el Estado garantice universalmente la accesibilidad física, sensorial, intelectual y comunicacional al patrimonio arquitectónico, a la vez que se señala la existencia de vacíos legales y políticas articuladas específicas. Por consiguiente, urge el despliegue de acciones de accesibilidad y conservación que incorporen el enfoque de derechos y, simultáneamente, las perspectivas de discapacidad y de géneros, a fin de asegurar el acceso universal a los derechos implicados.

Lograr avances sustanciales en materia de derechos humanos exige, además, que los estados se ocupen, entre otros asuntos, de cómo abordar a las poblaciones más vulnerables a sufrir situaciones de discriminación en el ejercicio de sus derechos. En referencia al tema, el artículo “Un nuevo abordaje para la discapacidad: el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo”, de Ana Argento Nasser y Juan Pablo Vega, proporciona una caracterización de los distintos modelos planteados para atender la discapacidad a lo largo del tiempo, poniendo de relieve sus aportes y limitaciones. Asimismo, incorpora una nueva propuesta, el Modelo de Comunicación y Reconocimiento Legítimo de la Discapacidad (MCRLD), centrado en el cambio de paradigma de la inclusión al reconocimiento; y con foco en los ámbitos donde se desenvuelven las personas con discapacidad y el rol del Estado como principal garante de derechos. El propósito de este modelo es empoderar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos integrantes de la diversidad social, reduciendo así brechas históricamente construidas y actualmente vigentes.

Finalmente, la ratificación de instrumentos de derechos humanos (y la concreción de logros en ese sentido) obliga a los países a establecer mecanismos de monitoreo, con indicadores susceptibles de revelar situaciones de progreso y de vulneración de derechos. Mediante una revisión crítica de las metodologías de inclusión de indicadores cualitativos propuestas desde las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, Solana María Yoma, en su trabajo “Evaluación en derechos humanos: análisis crítico de las propuestas cualitativas en los sistemas de monitoreo internacional e interamericano”, concluye que la elaboración de indicadores fijos, estandarizados y construidos a priori contradice las evaluaciones cualitativas ancladas en el paradigma interpretativo comprensivo. De allí la necesidad de recuperar la perspectiva de las personas situadas, mediante abordajes inductivos que vinculen los derechos consagrados en los instrumentos internacionales con las realidades, percepciones y sentidos emergentes de cada contexto socio-histórico. Dar respuesta a esta cuestión realzaría el potencial político emancipador de los derechos humanos, colocando a las personas en el centro de los procesos de monitoreo y resignificando su protagonismo como titulares de derechos.