RESEÑA

Poder y gobierno local en México, 1808-1857
Salinas Sandoval, María del Carmen, Diana Birrichaga Gardida y
Antonio Escobar Ohmstede (Coords.),
El Colegio Mexiquense-El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma
del Estado de México, Zinacantepec, Estado de México, 2011, 424 páginas.

Este libro es fruto de un esfuerzo colectivo por comprender el poder como una construcción social, destacando los aportes de la historia local para una mejor comprensión de la historia nacional mexicana en su primer medio siglo de independencia. La compilación se compone de tres partes: "Del poder local al provincial y al nacional" en la que exploran las relaciones de poder entre las unidades administrativas menores y los gobiernos centrales, "La cultura política del poder local" con sólo dos capítulos que dan cuenta de las articulaciones entre ciudadanía y vecindad; y la tercera es la más extensa "Organización y práctica del gobierno local" con trabajos que se ocupan de las tensiones en la formación de los municipios. Desde el punto de vista geográfico, la mirada está puesta privilegiando el centro y sur del país, con la excepción de Sonora.

Los trabajos de la primera parte se concentran en períodos cortos, salvo el último que se extiende a todo el lapso temporal del libro. En esas coyunturas, los diferentes autores analizan las tensiones generadas por la crisis imperial entre los notables de Antequera, que trataron de restaurar los privilegios económicos que las reformas borbónicas les habían cercenado, y la intendencia oaxaqueña; sobre el período pos-independiente revisan minuciosamente el entramado de instituciones y sectores sociales en pugna en y entre los ayuntamientos más importantes de Chiapas, ante la disyuntiva de adherir a cualquiera de los poderes centrales emergentes o permanecer libre; así como también describen como funcionaron los ayuntamientos y la diputación provincial del Estado de México de acuerdo al nuevo sistema de representación basado en la constitución gaditana; finalmente, estudian el largo proceso de definición de las atribuciones de las autoridades en el Distrito Federal, las permanentes quejas de los integrantes de su gobierno y los recelos de las elites provinciales para otorgarles mayor autonomía.

En la segunda parte los dos trabajos presentados se enfocan en la cultura política. En el caso de San Luis Potosí, se hace una detallada relación de los problemas acuciantes, para los miembros de los ayuntamientos, en torno a la distribución, tenencia y uso de la tierra; las relaciones entre etnias, las jurisdicciones de la iglesia y las mejoras necesarias para el desarrollo económico del territorio, en definitiva, estos documentos están expresando unas formas de participación conocidas en el Antiguo Régimen. El segundo trabajo de esta parte realiza un profundo análisis de la transición en los gobiernos locales entre el Antiguo Régimen y el sistema republicano, indagando acerca del binomio vecindad-ciudadanía y su expresión en las prácticas políticas en el territorio de las Huastecas, en el que las comunidades indígenas no siempre tuvieron la posibilidad de alcanzar el estatus de ciudadanos, al tiempo que refleja claramente el proceso por el cual los pueblos iban incorporando los nuevos conceptos y modos de gobernar más lentamente que lo esperado por los gobiernos centrales.

Entre los siete artículos de la tercera parte predominan los que se ocupan del Estado de México en diferentes aspectos de la organización institucional y las prácticas políticas. Se analiza el corpus documental de la legislatura mexiquense y los debates de los diputados en los años 1820s en torno a la instauración de la burocracia local, apuntando a las controversias por el grado de autonomía política y económica que se les daría. Por otro lado se hace una ajustada ponderación de la intensidad con que los vecinos criollos mestizos vieron sus posiciones mejoradas en las nuevas instituciones locales, mientras los indígenas perdían espacios de representación, transformándose los auxiliares municipales y los jueces conciliadores en agentes integradores para los pueblos que no tenían autoridades propias. Pero, además, se estudia el modo en que la política centralista de la década 1825-1835 provocó que los pueblos que no alcanzaban el mínimo de habitantes para formar su propio gobierno intentaran conservar su autonomía, al tiempo que eran reluctantes a la intromisión del estado en sus antiguas prerrogativas. Por último, se profundiza en el microespacio de la municipalidad de Huixquilucan para argumentar que el estado nacional se fue consolidando durante el siglo XIX a partir de dos procesos, en una primera instancia, denominada "igualdad" en el que se deslegitimaron las concepciones de diferenciación a través de atributos étnicos que se utilizaban en el Antiguo Régimen y en un segundo momento llamado "privatización" en el que cambia el régimen de tenencia y propiedad de la tierra.

Asimismo, en esta tercera parte queda claro que la diversidad del extenso territorio mexicano implicaba que las normas generales, dictadas desde el poder central, no siempre tuvieran ni el mismo efecto ni las mismas repuestas de los sectores sociales involucrados en las distintas regiones. Así, el caso de Sonora nos muestra que, desde el Antiguo Régimen, los indígenas en la frontera norte habían sido congregados en pueblos de misión, mientras los mesoamericanos en pueblos cabecera y pueblos sujetos. Los del norte no tributaban y no tenían jerarquías entre unos y otros pueblos, además, formaron compañías de milicianos y ejercían rangos militares para defender la frontera. De modo que, cuando se aplicaron los principios de la constitución gaditana, los pueblos mesoamericanos se vieron favorecidos pues se desprendieron de la sujeción con las cabeceras, mientras los sonorenses perdieron representatividad pues la constitución se aplicó en los pueblos mixtos y no en los que los indios eran mayoría. Esto implicó que hubiera levantamientos en contra del liberalismo y un intento de retorno al sistema anterior. En Yucatán, los pueblos mayas vieron decrecer sus posibilidades de participación en el gobierno local durante la vigencia de la Constitución de Cádiz, aunque pudieron mantener su preeminencia en las denominadas repúblicas de indios, situación que se empeoró durante la guerra de castas en la que no sólo perdieron representación, sino también fueron objeto de abusos por parte de los jueces de paz criollo mestizos. Por último, el caso de Oaxaca demuestra que entre los cabildos coloniales y los municipios del período independiente hubo continuidades en las prácticas políticas y en las formas de ejercer el gobierno.

Una muy útil conclusión, no solamente recupera las temáticas abordadas en términos comparativos, relacionando los resultados obtenidos para dar una visión de los matices regionales en la conformación de los poderes locales en México, sino también destaca los aportes de la historia para los debates actuales en torno a la gestión y la participación política comunal.

Destacamos, entonces, que esta obra colectiva explora tres vertientes de las formas de la política: 1) las tensiones entre los niveles de gobierno, 2) el problema de la ciudadanía y la vecindad en relación con la creación de instituciones representativas y 3) la conformación de los municipios modernos a partir del modelo gaditano y sus contradicciones sociales. Nos interesa señalar, en qué sentido esta obra aporta al conocimiento del poder local en la transición del imperio español a los estados nacionales, especialmente las similitudes y diferencias en los espacios locales.

Los planteos críticos en relación con los trabajos de Antonio Annino, son muestras de que el programa brindado por aquel autor- que ha señalado la necesidad de más monografías sobre los poderes locales y regionales- han tenido sus frutos en compilaciones de trabajos como esta. No obstante, se corroboran- como en otras partes de Hispanoamérica- tendencias generales señaladas también por A. Annino y F. X. Guerra. Por ejemplo, en San Luis Potosí los ayuntamientos expresan menos la voz de sectores populares que la de los sectores con mejor inserción política y económica en el lugar.

En los diversos capítulos del libro se trabajan las relaciones entre "hegemonía" y "distribución de poder", ya sea local, regional o nacional, que puede constatarse desde la crisis de orden colonial a partir de 1808. Así, se afirma que las nuevas propuestas de investigación sobre la cultura política de México durante el siglo XIX, dependen en gran medida de la comprensión de los poderes locales y regionales, puesto que los organismos políticos, así como los jurídico-administrativos encontraron tanto posibilidades de proyección como límites en los gobiernos locales. La aparición de las diputaciones provinciales e Intendencias plantearon, en los finales del siglo XVIII y a lo largo de la primera mitad del XIX, una "re-espacialización" y una reconfiguración del poder político. Los cambios producidos por el liberalismo en los marcos locales, en la cultura política de los pueblos, se ven también por la tensión que genera la carta gaditana a nivel regional. De modo que los ayuntamientos fueron expresando la emergencia de nuevos actores y los cambios del espacio político en que participaban.

Una de las ideas más difundidas en el contexto de la disolución del poder español en Hispanoamérica era que los nuevos gobiernos "nacionales" socavaron los poderes locales a partir de las nuevas legislaciones, pero desde los pueblos se ve con qué habilidad se negoció ese poder, siendo los beneficios, en algunos casos, recíprocos. Hubo una tendencia de los notables de los pueblos a imponer una "dominación y subordinación sobre componentes socio-étnicos". En la disputa entre los poderes nacionales y locales existía un botín: la extracción de excedente de las comunidades indígenas. Por lo que una de las grandes tensiones que muestran los artículos de este libro está puesta en que la distribución de poder local, regional y nacional, definió la relación de dominio entre estas esferas de poder.

Se ha creído que la herencia española había sido superada por la experiencia liberal pero estos estudios tratan de mostrar cómo interactuó el ayuntamiento constitucional con la república de indios heredada. Un punto clave en estos trabajos ha sido la Constitución de Cádiz, que aparentemente habría atacado privilegios del Antiguo Régimen, pero que no los eliminaba del todo y vedaba el acceso a la política a vastos sectores de esta sociedad. Por ejemplo, las elites oaxaqueñas, según los autores, siempre apostaron sus recursos en la vida política local, para recibir prebendas y facilidades en diversos campos de la economía, monopolizaron la actividad económica de pueblos, villas y ciudades de las provincias. Oaxaca era mayoritariamente indígena y una pequeña elite comercial se apoyó en los cargos políticos para extraer riqueza indígena. El repartimiento forzoso de mercancía, prohibido en 1783, habría provocado un enfrentamiento del ayuntamiento con la Intendencia utilizando la fidelidad a Fernando VII como bandera con el propósito de restaurar el antiguo orden colonial. Pero la situación habría de modificarse en 1812 con la entrada de Morelos en Antequera impidiendo tal regresión. Las tensiones entre los poderes locales y la Intendencia se vieron interrumpidas por el proceso revolucionario. ¿Pero cuanto podría cambiar la situación en la era pos revolucionaria e independentista respecto al poder local?

El caso de Chiapas muestra que la unanimidad por la independencia de Guatemala no era discutida aunque los tres ayuntamientos que la componían eran interdependientes y ninguno por sí solo podía imponerse a los demás. El efecto que se había logrado en el marco gaditano era que algunas ciudades fueran capaces de ponerse a la cabeza de un movimiento, reclamando su preeminencia jerárquica. Sin embargo, Chiapas logro su autonomía, en un principio, nombrando a sus autoridades locales sin intervención del gobierno de México, reemplazado al intendente por autoridades locales entre 1821-1822. Pero esta experiencia autonómica terminó en el periodo 1824-26 y la intervención de gobierno en una nueva división jurisdiccional de Chiapas así como el desarme militar de los ayuntamientos. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo es mostrarnos como se reacomodó la elite regional en este nuevo marco. El periodo de gran autonomía de los ayuntamientos chiapanecos plantea dos momentos, uno en que se independizaron de Guatemala y reclamaron la incorporación a México y otro en que el gobierno mexicano intentó imponer algunas medidas arbitrarias. En el proceso, la elite se aseguró lugares legislativos a cambio de la autonomía ganada en 1822.

Los trabajos sobre la cultura política en las Huastecas y el pueblo de Huixquilucan (Estado de México) nos permiten, con las precauciones del caso, interesantes comparaciones con el caso argentino. Algunas de las principales diferencias que se suele nombrar en torno a los casos argentino y mexicano son las características de la población y su estructura socioeconómica, sin embargo no está suficientemente estudiado si las fórmulas políticas adoptadas por los gobiernos en la era pos independiente fueron tan diferentes como su formación social y económica, si los "modelos" políticos antiguos, las fórmulas conocidas por las elites dirigentes siguieron vigentes en ambos espacios hasta mediados del siglo XIX. Esto es, cabe preguntarse si los procesos de articulación entre poderes locales y centrales fueron análogos en este periodo, siendo la búsqueda de soluciones políticas "comunes denominadores" tanto en el Río de la Plata como en algunas regiones de México.

Fabricio Salvatto y Guillermo Banzato
Centro de Historia Argentina y Americana
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de La Plata-CONICET