ARTICULO ORIGINAL

La agencia indígena en contexto. El primer parlamento indígena de los Valles Calchaquíes (Tucumán) 1973

(The indigenous agency in context. Notes on the first indigenous meeting of the Calchaquí Valleys (Tucumán) 1973)

Sandra Tolosa
Instituto de Ciencias Antropológicas
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
Argentina
cahsandra@gmail.com

Ingreso: 15/03/19
Aceptado: 30/03/20

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Resumen

En este trabajo reviso, a partir de documentos y testimonios, la organización indígena local como un proceso particular, inserto en una coyuntura política y económica determinada por la “crisis del azúcar” y la expectativa en la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. En este marco, consideraré cómo el crecimiento político, la concreción del Primer Parlamento de 1973 en Amaicha del Valle (Tucumán) y la definición de las reivindicaciones se vinculan con un entramado de relaciones y actores políticos diversos. Especialmente, ejemplificaré cómo la centralidad del reclamo territorial puede relacionarse con el estudio de una agencia estructuralmente antagónica a la organización indígena local, como el Consejo Federal de Inversiones. La complejidad de vinculaciones y retroalimentaciones presentes en este caso permiten comprender cómo, a pesar de su especificidad, la acción política indígena no puede analizarse aisladamente, sin considerar la compleja red en la que se inscribe y la potencialidad y alcance de su agencia como motor de transformación histórica.

Palabras claves: Agencia política; Parlamento Indígena; Territorio; Crisis; Violencia estatal

Abstract
In this work I review, from documents and testimonies, the local indigenous organization as a particular process inserted in a political and economic situation determined both, by the "sugar crisis" and expectations in the third presidency of Juan Domingo Perón. In this framework, I will consider how the political growth, the concretion of the First Parliament of 1973 in Amaicha del Valle (Tucumán) and the definition of the claims are linked to a network of relations and diverse political actors.  I will especially exemplify how the centrality of the territorial claim may be related to the study of an agency structurally antagonistic to the local indigenous organization, such as the Federal Investment Council. The complexity of linkages and feedbacks present in this case will allow us to understand how, in spite of its specificity, indigenous political action cannot be analyzed in isolation, without considering the complex network in which it is registered and the potential and scope of its agency as a way of historical transformation.

Keywords: Political agency; Indigenous Parliament; Territory; Crisis; State violence

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Introducción general

En este artículo¹ abordo la etapa de organización política indígena en el sector tucumano de los valles Calchaquíes en la década de 1970, que con el tiempo devino en las actuales comunidades de Amaicha y Quilmes. En 1973, la entonces Federación Indígena Regional llevó a cabo en la localidad de Amaicha del Valle el Primer Parlamento Indígena “Juan Calchaquí”, donde se expusieron públicamente una serie de reivindicaciones y reclamos de derechos, algunos de los cuales se siguen sosteniendo hasta la actualidad, especialmente los territoriales.

El principio de organización alcanzado en esa década puede considerarse como un proceso de ejercicio agentivo, en tanto trasformó aspectos concretos de las relaciones sociales locales. Dicho proceso se vio impulsado por problemáticas específicas, a la vez que se insertó e interactuó con otras dimensiones. Entre ellas, una coyuntura provincial de conflicto económico-social por impacto de la “crisis del azúcar” y un escenario político nacional definido por el retorno de Juan Domingo Perón a la presidencia. Al mismo tiempo, un escenario de organización indígena que, gestado a fines de la década de 1960, buscó en los años subsiguientes

confederarse a nivel nacional e internacional, retomando luchas de generaciones pasadas –especialmente las reivindicaciones territoriales- pero reformuladas en nuevas retóricas y formatos compatibles con los del sindicalismo y el cooperativismo; y comenzando a disputar al estado y a la academia la autoridad de enunciación sobre sus problemáticas². En este proceso, el diálogo con referentes de otros campos de acción política (popular, sindical, religioso) así como el intercambio con distintas organizaciones indígenas³ e instituciones, colaboraron con la movilización local y con el armado del Parlamento Juan Calchaquí, una de las reuniones que tuvieron lugar entonces en distintos puntos del país⁴.

Los procesos de organización y participación de los colectivos indígenas en distintos países de Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX han sido referidos con distintos términos. Lázzari⁵ diferencia “emergencia” y “reemergencia”, entendiendo que el primero define al empoderamiento de pueblos cuya  etnicidad y existencia contemporánea no estaba puesta en duda; mientras que el segundo refiere a aquellos considerados extintos, mestizados o aculturados. En estos casos, la constitución del grupo a partir de “restos sociomateriales y discursivos” dispersos, cuestiona la efectividad del proceso “civilizatorio”. Por su parte, el concepto de etnogénesis, utilizado por distintos autores⁶, plantearía  un marco de historicidad discontinua en el que se articulan distintos procesos: la configuración de colectividades, grupos e identidades étnicas como resultado de desplazamientos, conquistas y fusiones, así como de procesos de resistencia, adaptación y negociación.

El proceso de “reemergencia” indígena en los valles Calchaquíes tucumanos tuvo distintas etapas, incluyendo incipientes formas de organización a mediados del siglo XX que no prosperaron. Por otro lado, la toma de conciencia, el reconocimiento de una pertenencia étnica en muchos casos silenciada y su asunción como centro de la discursividad política y de la formulación de los reclamos, fue el resultado de un trabajo de reflexión y revisión por parte de los comuneros, coadyuvado por la interacción con distintos agentes.

En este sentido, me interesa focalizar este proceso desde la perspectiva de la agencia  como práctica transformadora, en términos de Grossberg⁷. Su enfoque parte de reubicar el problema conceptual de la identidad dentro del contexto general de las formaciones modernas de poder, problematizando las lógicas de la diferencia, la individualidad y la temporalidad que la constituyen.⁸ Si la modernidad constituye su propia identidad diferenciándose de otro, sus estructuras son producciones de diferencia y la identidad misma es un efecto del poder. A la vez, esa diferencia, construida en una “relación constitutiva de negatividad”⁹, ubica al término subordinado (el otro subalterno o marginado) como necesario para la existencia del dominante. Frente a esto, su propuesta de pensar lógicas alternativas de otredad, productividad y espacialidad supone la articulación de las nociones de subjetividad, “yo” social y agencia, entendida ésta como posibilidad de acción, intervención en los procesos y naturaleza del cambio.

Esta rearticulación de la identidad con la posibilidad de construir agencia histórica permite también “abandonar las nociones de la resistencia que suponen un sujeto situado íntegramente al margen de una estructura de poder bien establecida, y contrario a ella”¹⁰ superando así modelos de opresión que constriñen a los sujetos. En este sentido, el caso aquí planteado permite observar la relación entre una construcción positiva de identidad (resultado de un   trabajo de reflexión y reconocimiento) con la puesta en marcha de acciones políticas concretas, que intervinieron en la transformación de la realidad, en la reformulación de la propia historicidad y en el cuestionamiento de las formas tradicionales de ejercicio del poder local y de las territorializaciones impuestas por el estado desde la época colonial, basadas en el supuesto de extinción de los grupos nativos. En otras palabras, la organización indígena no se limitó sólo a denunciar situaciones históricas de opresión y despojo, sino que proyectó y realizó acciones propositivas de cara a un cambio de las condiciones de existencia, constituyendo a la vez a sus miembros en sujetos políticos que “hacen” su historia.

La posibilidad de construir agencia implica relaciones de participación y acceso, ocupación de sitios de actividad y de poder, práctica de  facultades, modos de pertenencia, emplazamientos, flujos de movilidad, emplazamientos temporarios. En este sentido, vale aclarar que la agencia no se fusiona mecánicamente con la identidad, la subjetividad o el “yo”, sino que se define por “las articulaciones de las posiciones e identidades subjetivas en lugares y espacios específicos de actividad, sobre territorios socialmente construidos”¹¹. En relación a esto, los documentos y testimonios aquí expuestos permiten observar distintas formas de esas articulaciones. Entre ellas, cómo la asunción de la identidad étnica como elemento central no inhibió la ocupación de otras  posiciones políticas (como las partidarias o las sindicales); o cómo la utilización de formatos propios de modalidades organizativas no indígenas de la época y la articulación con actores  de diversa procedencia nutrió a la construcción política indígena. Por último y siguiendo a Ortner,¹²también es posible observar cómo los modos en que los sujetos indígenas participan de la contienda política se vinculan con bases ideológicas puestas en juego y cómo la participación de diferentes sujetos y grupos las reproducen o las transforman¹³.

De este modo, en este trabajo revisaré, a través de documentos y testimonios, el proceso de reemergencia y organización indígena en los valles Calchaquíes tucumanos en 1970 y su expresión en el Parlamento, como el resultado de la agencia colectiva de los sujetos y en interacción con el contexto histórico macro, las cuestiones exógenas a la dinámica local y el entramado de relaciones sociales. Sostengo que estos procesos no pueden analizarse de manera aislada, en tanto los diferentes niveles planteados aportaron elementos que, reformulados, permitieron modelar formas de acción, producir discursividad y generar modificaciones en las condiciones de vida. En particular, me interesa enfatizar en la centralidad de la cuestión territorial, que además de comenzar a reclamarse de manera pública, invocando como aval la preexistencia en la zona y documentos históricos a modo de prueba, funcionó también como núcleo de las relaciones y modalidades organizativas del momento. 

En el primer apartado plantearé la situación de la zona a comienzos de la década de 1970 y su vinculación con el contexto provincial, que considero fueron parte del impulso de la organización local¹⁴; luego sumaré elementos presentes en los testimonios que plantean la toma de conciencia sobre el origen étnico y la reelaboración de los objetivos de la Federación, que se expresaron en el Parlamento, en sintonía con discursos vinculados a la política nacional. Luego focalizaré en la cuestión territorial planteada, para centrarme especialmente en el documento elaborado en forma paralela al evento por el Consejo Federal de Inversiones, que demuestra (pese a la diferencia de objetivos perseguidos por el organismo) una notable coincidencia entre sus conclusiones y las reivindicaciones territoriales que se comenzaban a plantear públicamente en el Parlamento. Por último, describo cómo la instancia política  posterior, definida por la llegada de la dictadura al poder, plantearon una recesión de la organización, que fue retomada luego de retornada la democracia.

El contexto

En diciembre de 1973 tuvo lugar en Amaicha del Valle (Tucumán) el Primer Parlamento Indígena de los Valles “Juan Calchaquí”. El mismo se inscribió en una coyuntura caracterizada a nivel político por una incipiente organización nacional de los pueblos indígenas y por la expectativa en la nueva presidencia de Juan Domingo Perón. A la vez, económicamente Tucumán sufría las consecuencias de la “crisis del azúcar” que asolaba a la provincia desde la década anterior.

Desde 1955 el gobierno nacional fue reduciendo los aportes hacia el sector azucarero. Los pocos subsidios que prosiguieron se derivaron a los ingenios de Salta y Jujuy, cuyo aumento de producción comenzó a contrastar con el estancamiento de Tucumán¹⁵. Entre 1959 y 1962 se produjo una fuerte contracción del cañaveral provincial como resultado de la superproducción alcanzada en la primera mitad del siglo. Esto, sumado a la concentración de capitales y la mecanización, produjo el reemplazo de pequeñas y medianas explotaciones por grandes fincas con mayor tecnología y una reducida y más calificada mano de obra¹⁶. Durante la presidencia de Arturo Illia (1963-1966) las dificultades económicas sumieron a la provincia, provocando intenso movimiento en los sectores obreros.

Durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970) la caída de la industria se precipitó, produciendo un profundo trance social. El Plan de Transformación del “Gobierno de la Revolución Argentina” pretendió ser estructural y promovió discursivamente la diversificación de la economía tucumana, fomentando la concentración de la producción en ingenios y zonas “eficientes”, sin considerar el impacto social de esas medidas. El objetivo principal -abaratar los costos del producto para competir en el mercado exterior- se desarrolló sobre el cierre de ingenios¹⁷, la “racionalización” de las restantes fábricas, el desempleo de 50.000 trabajadores¹⁸ y la drástica reducción de la molienda anual¹⁹ y de la superficie cultivada. A esto siguió la reducción de los adelantos de pago y la expropiación de cupos a los pequeños cañeros, que eliminó el 50% de los productores del mercado legal de la caña y creó un mercado negro donde los productores sin cupo se veían obligados a vender su producto hasta a un tercio del valor oficial a los ingenios con cupo, que dejaron de cultivar por resultarles más rentable este tipo de transacción²⁰. En paralelo, los ingenios de Jujuy y Salta ascendieron con fábricas modernas y extensas plantaciones propias, por lo tanto con menor costo de producción que la industria tucumana, con maquinarias anticuadas y dependiente de la materia prima de cañeros medios y pequeños²¹. La saturación del mercado interno e internacional tensionó cada vez más la situación. La brecha se amplió cuando el núcleo Salta-Jujuy y un pequeño sector tucumano se vincularon a capitales extranjeros y a beneficios estatales especiales, que determinaron el triunfo de la oligarquía azucarera de las grandes empresas (Patrón Costa, Arrieta, Leach, Nougués, Mignetti, Paz) sobre el cañaveral independiente y los ingenios sin tierra propia, además del crecimiento del monopolio Ledesma y subsidiarios, en estrecha relación con el Poder Ejecutivo Nacional²². Así, la economía tucumana, dependiente del monocultivo y procesamiento del azúcar desde el siglo XIX, colapsó ante la intervención estatal. Las fábricas fueron abandonadas, el cañaveral tucumano se redujo en 130.000 ha y cayeron los ramos asociados a las etapas de producción, procesamiento, distribución y comercio, afectando a toda la sociedad tucumana ²³ .

El sector más golpeado fue el zafrero, donde se ubicaban las capas más pobres, generándose un alto grado de marginalidad²⁴. La solución del estado fue la creación de un sistema de empleo transitorio²⁵ en obra pública que alcanzó a 5.000 obreros, muchos de los cuales fueron luego incorporados a la Administración provincial. Asimismo, la intervención militar a la Universidad impulsó la unidad del movimiento estudiantil y el obrero en una oposición activa al cierre de los ingenios. El clima de conflicto y movilización se manifestó en los “Tucumanazos” de 1970, eventos resultantes de la suma de fuerzas de sectores populares y medios que expusieron resistencia al régimen de facto. A la intensa conflictividad política popular se sumó la acción de grupos guerrilleros en el monte tucumano, que fue utilizada para legitimar la represión militar comenzada en 1975 con el “Operativo Independencia”²⁶.

Las características del mercado de trabajo estacional en la zafra tucumana fue distinta a la de los ingenios del norte (Salta y Jujuy), donde existía en algunos casos una mayor articulación entre el sistema de fincas y de ingenios y por lo tanto una obligatoriedad directa de los arrenderos y peones a movilizarse en las estaciones requeridas²⁷. En el caso de Tucumán, el inicio de la industria a fines del siglo XIX se topó con la dificultad del pasaje de sistemas libres de agricultura al régimen, por lo cual la cooptación de mano de obra combinó el pago de salario con el uso de métodos coactivos como leyes de conchabo, peonaje por deudas, vagancia, etc²⁸. Al mismo tiempo, zonas vecinas como las provincias de Catamarca y Santiago del Estero o los mismos valles Calchaquíes se transformaron en proveedoras de mano de obra “golondrina”, limitando aún más su productividad por el desplazamiento de la mano de obra. Ésta fuerza de trabajo, sin embargo, fue primero reducida  por la incorporación de trabajadores bolivianos, luego impactada por la progresiva mecanización y terminó reduciéndose drásticamente con las críticas condiciones de la industria posterior a 1966²⁹, afectando profundamente a las economías familiares.

En cuanto al sur de los valles Calchaquíes, aparece como una zona productivamente “marginal” ya en las fuentes provinciales de fines del siglo XIX³⁰, lo que sumado a un sistema desigual de tenencia de la tierra y de acceso a los recursos, explica por qué fue impactada tempranamente por el mercado laboral de la zafra. Herrán³¹ indica que la apertura de la ruta a la capital en 1943, sumada a un cambio de los cultivos tradicionales hacia el tomate para proveer al mercado tucumano y hacia la producción de pimentón, especialmente en Catamarca, permitió en las siguientes décadas un relativo crecimiento económico.³² Sin embargo, esto no se tradujo “en una circulación de bienes que alcance a los sectores mayoritarios de la población” ³³ya que las elites locales centralizaron la comercialización. Estos sectores, a su vez, habían acaparado en las primeras décadas del siglo XX el reclutamiento de mano de obra para la zafra, que no sólo era necesitada como complemento económico, sino que además obligaba a las familias más dependientes a liquidar su producción para pagar deudas y poder ir a la zafra.

Para 1974, el problema ocupacional en Amaicha era registrado como un abandono general de las tareas agrícolas tradicionales, vinculado a dos motivos. Primero, una brusca disminución poblacional a partir de los 15 años, sobre todo en mujeres “posiblemente por la búsqueda de trabajo en servicio doméstico”; y en los varones, un “éxodo más gradual y más acentuado a partir de los 20 años como consecuencia fundamentalmente de su incorporación al servicio militar, que lo desvincula definitivamente de sus mayores”³⁴. Segundo, un gran porcentaje (40,5%) de personas ocupadas temporariamente, circunstancia atribuible

a la fuerte desocupación producida por el cierre de los ingenios azucareros, lo que obligó a organismos provinciales (Dirección de Vialidad y de Hidráulica) a absorber con carácter transitorio a los trabajadores, afectados por esta situación, en el “Operativo Tucumán”. La incorporación como personal permanente de gran parte del personal que integrara transitoriamente el Operativo Tucumán, cambió radicalmente no sólo el carácter de la ocupación, sino aun la naturaleza de la misma, dado que, las características del nuevo empleo que convergía casi exclusivamente sobre el sector industria y de servicios hizo que se redujeran las inquietudes por mantener en producción las tierras ocupadas, como lo era antes, puesto que por entonces la zafra mantenía siempre al poblador dentro de las tareas propias del sector agropecuario³⁵.

Según esta lectura, las ocupaciones estatales ofrecidas como paliativo -más regulares en ingreso- eran “preferidas” por los residentes, impidiéndoles mantener simultáneamente la explotación de sus tierras. Sin embargo, esto no problematiza la situación de las explotaciones, que Herrán³⁶ describe como de tendencia general a la mediería, transitoria o permanente; ni la desigualdad estructural entre las unidades de producción, que van desde pequeñas explotaciones familiares imposibilitadas del acceso a recursos como fertilizantes, plaguicidas, nivelación de terreno, alambrados y tecnología y agua (por escasez de agua en la zona  y por el alto costo de las perforaciones) hasta otras que pueden incluso contratar mano de obra. Este panorama indica que muchos grupos no  alcanzan la subsistencia doméstica y debían emplear parte de su fuerza de trabajo en trabajar para terceros o en migraciones temporarias. En el marco de la situación crítica provincial, esto obligó a muchos jóvenes a desplazarse hacia nuevos mercados de trabajo.

Por otro lado, la convivencia en la zona de distintas formas y extensiones de propiedad resultantes de procesos históricos específicos³⁷ plantea distintas situaciones de tenencia y explotación. En este sentido, el caso de Amaicha es particular porque tuvieron tempranamente posesión de tierras comunitarias³⁸. Distinto era para el contexto circundante, donde en algunos sectores las relaciones de dominación efectivas continuaban en manos de los patrones. He planteado³⁹ que este sistema que los comuneros actuales denominan terratenientismo, constituye una relación de dominación de recursos y fuerza de trabajo que puede enmarcarse en lo que primero Mariátegui⁴⁰ y después Quijano⁴¹ plantearon como un modelo particular de capitalismo americano, continuador de los procesos expropiatorios iniciados por la colonia y legitimado luego por el estado, fundamentado en la explotación racial de la población nativa. En la zona vallista es posible rastrear formas similares hasta fines del siglo XX⁴², lo que demuestra la continuidad de los poderes tradicionales, la falta de regulación de un derecho común y la legitimación tácita  de esta situación de desigualdad por parte del estado.

Relatos actuales coinciden en que los patrones compraban las tierras “con la gente adentro” que desprovista de derechos, debía aceptar pagar cánones de arriendo de la parcela, derecho de pastura o “yerbaje” para los animales o para sacar agua y leña; y cumplir con obligaciones de trabajo en la hacienda, cuyo incumplimiento determinaba la expulsión. Además, éstos cumplían funciones propias del estado, lo que los convertían en su expresión a nivel local⁴³, limitando a los arrenderos a acceder a una protección neutral. Distintos testimonios coinciden en señalar que la policía, el juez, la directora y maestra eran terratenientes (lo que tuvo un fuerte impacto en su separación de la identidad indígena); y que para las elecciones, la postulación al puesto de delegado comunal era reservada a los terratenientes, que ejercían coerción sobre sus arrenderos para que los votaran, bajo amenaza de expulsión. A esto se suman menciones sobre abusos físicos, sexuales y verbales por parte de los patrones.

Una vecina de Santa María, descendiente de una “familia fundadoras” cuestiona el concepto de riqueza para los terratenientes. Según ella, ésta consistía en una acumulación de tierras pero no de dinero, que sólo ingresaba al valle periódicamente por el trabajo en la zafra. Desde su perspectiva, en la vida cotidiana no existían grandes diferencias entre los sectores sociales, aunque reconoce la existencia de casos de explotación. Sin embargo, su mención a la zafra como vía de ingreso de efectivo permite comprender por qué los terratenientes controlaban las contrataciones y el pago a los peones⁴⁴. Como adelantamos, Herrán⁴⁵ plantea que los primeros contratistas de los propios ingenios a fines del siglo XIX, fueron sustituidos rápidamente por las figuras de las elites locales, que no sólo se vieron beneficiadas en términos económicos sino que utilizaron en términos políticos las relaciones clientelares que establecían en su nuevo rol de reclutadores o “enganchadores” de mano de obra para los ingenios, cuyos dueños constituían el poder provincial.

Para algunos comuneros actuales, el trabajo en la zafra es recordado como algo importante para sus economías familiares de subsistencia, pese a que se menciona que los patrones se apropiaban de una parte del salario por la “gestión”. Otros, sin embargo, la recuerdan como una obligación “a látigo” que se sostuvo hasta que la Comunidad Indígena se organizó. “Cuando venía la zafra los llevaban. Les guste o no les guste, contrataban y llevaban.” Especialmente a Campo Santo, Salta⁴⁶, donde los terratenientes tenían vinculaciones: “Campo Santo era el cementerio para muchos. Dicen que se escapaban y se iban al cerro, se escondían. Pero tenían que ir porque ellos estaban en las tierras de ellos, tenían que ir sí o sí. Era una obligación”⁴⁷. Un comunero anciano recuerda haber trabajado diecisiete años pelando caña en Ledesma, donde se jubiló:

Llevaban familias enteras a trabajar allá. Allá era como “lotes” le decían pero era como pueblos. Le daban piezas, le daban todo. Plata no nos daban. No nos daban plata. En la libreta de contrato, ahí iba anotando lo que usted trabajaba en el mes. Usted quería el pan, le daban un vale que se llamaba, pa´ que vaya a retirar el pan. Le daba otro vale pa´ que retire la carne,… Y todo era de la misma empresa, de Ledesma. Y cuando usted trabajaba mensual le iban descontando y lo que quedaba le iban anotando…Terminaba el contrato y le pagaban el saldo, lo que quedaba, al que le quedaba, porque algunos no le quedaba nada⁴⁸.

Según los relatos, la modalidad era la firma de una libreta de contrato donde cada zafrero aceptaba trabajar 4, 5 o 6 meses; luego de esto se trasladaba a los trabajadores al ingenio en camión. Las condiciones históricas de trabajo en la zafra eran pésimas: agua sucia, grandes calores, bichos y enfermedades como el paludismo. Se menciona que “en épocas de Perón” se introdujeron mejoras: se mejoró la limpieza, se cavaron pozos, dejó de morir gente “por las pestes” y se redujo la jornada laboral a ocho horas, haciéndola más soportable. No obstante, la mediación de los terratenientes en el contrato continuó hasta la década del ´70.

En relación a esto, Bisio y Forni agregan que la concurrencia a la zafra luego de 1945 se vuelve optativa y con la firma de un contrato, especialmente para los trabajadores jóvenes, mientras que Herrán⁴⁹ adjudica al peronismo la  modificación de  las condiciones de trabajo. Esto, sumado a la mayor movilidad individual posibilitada por la apertura de la ruta en 1943, habría permitido modificar también las relaciones de dependencia de los reclutadores de mano de obra, sistema que fue perdiendo vigencia a partir de allí; aunque continuó operando en los espacios más alejados hasta 1971, cuando se retira el principal reclutador del ingenio Ledesma. Por último, estos cambios permiten que los destinos laborales, que inicialmente eran determinados por las relaciones personales con los patrones “enganchadores” fueran dando paso a elecciones basadas en amistad, vecindad o parentesco, y mucho más fluctuantes.   

La organización indígena y el Parlamento “Juan Calchaquí”

Luego de un siglo de pervivencia de la estructura económica y de poder en el valle, la magnitud de la crisis, la ebullición social y la represión en la provincia permearon la frontera invisible que había permitido sostener una dinámica local autónoma. Esto no sólo afectó a los sectores más vulnerables sino que también impactó en las prácticas de los terratenientes, en tanto la percepción de los primeros sobre su propia situación planteó un escenario novedoso que trastocó las relaciones tradicionales. La crítica situación provincial fue así un motor que impulsó el cambio en la relación de fuerzas locales: allí comenzó la negativa de los campesinos a pagar cánones y obligaciones a los patrones, posiblemente por una mayor dificultad para afrontarlos. La rebeldía fue central en la primera plataforma de acción, más vinculada a una problemática campesina, que junto a los elementos aportados por el contexto provincial y nacional hicieron que la tensión latente y reprimida, producto de las condiciones históricas de existencia, finalmente estallara. A partir de allí, la población no sólo potenciaría una conciencia de clase sino que reconstruiría su propia identidad étnica, silenciada durante siglos, lo que permitió la generación de un sujeto político nuevo que, exponiendo las injusticias desde su propia especificidad, cuestionó la base misma de la estructura social y su silenciosa reproducción.

En un proceso que llevó años, los primeros roles organizativos fueron asumidos por la generación mayor⁵⁰, que encauzó demandas espontáneas a través de las modalidades políticas que conocían. Posiblemente, el contexto de conflictividad política y la alta movilización sindical en Tucumán pudo haber servido de referencia para los reclamos. Pero un factor importante fue que ciertos jóvenes forzados a migrar hacia mercados metropolitanos de trabajo-especialmente Buenos Aires- en condiciones muchas veces desfavorables, pudieron formarse políticamente en su especificidad indígena, al vincularse con organizaciones como la AIRA, fundada por Eulogio Frites, y con referentes de otros pueblos con quienes intercambiaron experiencias y trabajaron en el proyecto de una organización indígena nacional. Este es el caso del histórico cacique de la Comunidad India Quilmes (CIQ) Francisco Solano Chaile y de Delfín Gerónimo, actual representante de la Unión de las Naciones del Pueblo Diaguita de Tucumán (UNPDT).
Como hemos mencionado, el inicio de la historia de las organizaciones proviene de fin de la década anterior. Por ejemplo, en 1968 se formó el Centro Indígena de Buenos Aires, que en 1971 se convirtió en la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la Argentina (CCIIRA), que tuvo un rol importante en el impulso de las Federaciones Indígenas regionales y los Congresos Nacionales, y que luego se reestructuró en la Federación Indígena de Buenos Aires hasta su disolución en 1976⁵¹. Estos núcleos de actividad política e intercambio, llevados adelante por distintas figuras de la militancia indígena, permitieron la formación de los jóvenes referentes. En este sentido, la ciudad aparece como un espacio de contacto social y aprendizaje de la práctica política, que tenía como causa y destino el territorio de origen, donde al regresar los jóvenes prosiguieron lo iniciado por sus mayores.

Nosotros no sabíamos nada de nuestros derechos. Solamente pedíamos dejar de pagarle al patrón porque no podíamos más, a veces no alcanzaba para comer…Y después vino Santana y él nos decía “Ustedes no tienen que pedir eso, porque son indígenas y esta tierra es de sus abuelos, ustedes son los dueños de la tierra”. Y así fue, así nos hizo ver…pero nosotros no sabíamos que éramos indígenas, nos habían hecho olvidarnos⁵².

El fallecido dirigente al que se menciona en la cita, Pedro Pablo Santana Campos, es un ejemplo de cómo las relaciones trazadas durante este periodo atravesaron pertenencias a diferentes formas de organización política. El mismo fue un actor fundamental tanto en el trabajo de conciencia que realizaron los pobladores como en la organización indígena de la Federación Indígena Regional, de la que fue elegido presidente durante el Parlamento de 1973 y a la que representó en encuentros indígenas nacionales e internacionales⁵³. Figura controversial en el recuerdo de los comuneros actuales, se señala que provenía de la dirigencia sindical peronista, pero que su origen era incierto⁵⁴. Sostuvo una intensa militancia local hasta que fue apresado, primero durante el Operativo Independencia y luego durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) retomando su actividad política en democracia. El clima de época, las crecientes persecuciones y la indistinción general respecto de la posición de las personas parecen haber contribuido a ciertas opiniones contradictorias sobre el dirigente, lo que plantea una serie de opacidades alrededor de su figura, que se magnifican por el tiempo transcurrido.

Los elementos invocados en la actualidad a favor y en contra del dirigente⁵⁵ caracterizan la complejidad de las trayectorias personales y políticas de los actores que operaron en la coyuntura política indígena del momento, tal como ha señalado Lenton⁵⁶. Pero más allá de estas contradicciones, es necesario señalar la centralidad de la interacción con este tipo de actores en el proceso de refundación de la perspectiva local, que permitió transformar un reclamo inicial basado en las condiciones de subalternización del trabajo campesino, el sistema de arriendo y el poder de los patrones, en una reivindicación indígena por el derecho a su territorio y a sus recursos.

Esto implica un profundo trabajo de reconstrucción por parte de los sujetos sobre una historicidad clausurada por el discurso de la “extinción” (manifiesta en la expresión “nos habían hecho olvidarnos” de la cita anterior); de reconocimiento de la identidad invisibilizada y su vinculación con el territorio; y de organización política en la prosecución de una nueva agenda de reivindicaciones específicas, lo que devino -con mayores o menores éxitos- en cambios concretos en la vida de las personas. Esto se manifiesta en las memorias actuales, donde es contundente el recuerdo de cómo  el pasaje a “ser indígenas” cambió las condiciones de vida: “Hemos sido arrenderos de los terratenientes que nos explotaban y hemos dejado de pagar desde que somos indígenas. Ahora ellos tienen que respetarnos a nosotros, reconocernos lo que hemos trabajado y no como antes que nos corrían y se quedaban con lo que hacíamos”⁵⁷.

El resultado más importante de la organización local fue la realización del Primer Parlamento Indígena “Juan Calchaquí” en Amaicha del Valle, entre el 15 y el 19 de diciembre de 1973. Como hemos mencionado en la introducción, el evento se enmarcó en una serie más amplia de encuentros indígenas con formatos similares en otros puntos del país, coadyuvados por sindicalistas, militantes y miembros de la iglesia tercermundista⁵⁸, pertenencias que se interrelacionaron para colaborar con los indígenas en el clima de movilización política que caracterizó el inicio de la década de 1970.

El trabajo elaborado por las comisiones del Parlamento se plasmó en una serie de peticiones sobre necesidades fundamentales para el desarrollo comunitario, como la grave cuestión sanitaria, con enfermedades pulmonares, Chagas, desnutrición, falta de agua potable y problemas de parasitosis, falta de medicamentos, puestos, médicos y enfermeros, proponiéndose la creación de una política que contemplara la formación de los propios indígenas para las tareas sanitarias. Respecto de la educación, se denunció que la mayoría de las escuelas no tenían edificio propio o estaban en condiciones precarias. Se propusieron programas educativos adecuados a cada región, con respeto a la cultura e historia previa de las comunidades, que se impartieran “en lengua materna y castellana”, que priorizaran la formación de maestros indígenas y la participación de los representantes en el diseño de programas. Es interesante señalar aquí el rol político que desempeña la inclusión de la cuestión de la lengua materna en el argumento, teniendo en cuenta que la lengua kakana, propia de esta zona, se considera perdida hace mucho tiempo y no quedan miembros de la comunidad que conozcan más que algún vocablo suelto de la misma. No obstante, es destacable la función propositiva del documento, que supera a la mera denuncia de carencias.

En cuanto a la configuración política, la pretendida organización nacional se estructuraría en Federaciones -provinciales, regionales y nacionales- destinadas a solicitar personerías jurídicas y llevar a cabo con los funcionarios una búsqueda de soluciones reales. Este entramado expone la voluntad de diálogo con el estado, así como la importancia asignada al fortalecimiento de lazos entre los distintos pueblos y el deseo de participación, en la arena política y en el proyecto nacional, como actores indígenas. El sustento simbólico fue un ecléctico panteón que mancomunaba figuras de diversa procedencia histórica:

El primer Parlamento Regional Indígena “Juan Calchaquí” hace suyas las palabras de nuestra inmortal abanderada: “A llegado las horas de los pueblos, la hora en que todos los hombres y mujeres se sienten responsables del destino común y por ende de la Patria” (Eva Perón). Nuestras comunidades han echado a andar y no se  detendrán ya, vamos tras las banderas de justicia y liberación que nos señalan desde siempre nuestros héroes máximos Juan Callchaqui y TupacAmaruc y que hoy ha levantado nuevamente el General Perón. HERMANOS: EL PATRON NO COMERÁ YA MÁS DE NUESTRA POBREZA: TUPAC AMARUC. UNION Y ORGANIZACIÓN PARA LA RECONSTRUCCION NACIONAL⁵⁹

El texto es elocuente respecto de las influencias que atravesaban la coyuntura nacional y su impacto en la constitución de una identidad política que conjugaba elementos de la especificidad indígena local y americana con los de la lucha obrera (común a ellos como trabajadores agrarios) bajo la bandera peronista. Esta complejidad atravesaba los propósitos mismos del Parlamento, que a la vez que denunciaba la explotación indígena, ubicaba las reivindicaciones dentro del proyecto patriótico:

Bajo el lema “UNION Y ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACION EN LA RECONSTRUCCION NACIONAL”, [este Parlamento] hace oír su voz al país entero: autoridades y hermanos argentinos y quiera que esa voz sea un grito tan fuerte como para romper los oídos sordos y como una tacuara lanzada al corazón de los responsables. En momentos en que el Gral. Perón está en el gobierno. En momentos en que decimos estar en un gobierno popular, los indígenas decimos basta. No queremos seguir escuchando decir que no podemos educar a nuestros hijos o tener asistencia médica o que no podemos recuperar nuestras tierras. La injustica debe acabar en una patria que quiere ser justa, libre y soberana. LA INJUSTICIA CON LOS INDIGENAS DEBE TERMINAR, y nosotros estamos dispuestos a terminarla porque sabemos que, como lo dice nuestro líder “a nuestros derechos no se los mendiga, se los conquista”. Entendemos que estamos en momentos históricos para nuestro país y queremos participar en ese momento reconstruyendo lo que tres siglos de política liberal han tratado de destruir. Porque destruyéndonos a nuestra cultura, a nuestro ser, destruían mejor las raíces de América y la hacían mejor colonia de las potencias extranjeras. Anunciamos a la Patria toda, que no queremos quedar ajenos al proceso, por eso nos hemos reunido en este primer parlamento regional que se ha dado como objetivos: el de promover la organización de las comunidades (…) que excluya para siempre la marginación de nuestras comunidades, como así el paternalismo que se ha impuesto a nuestro pueblo⁶⁰.

Distintos pasajes repudian la colonialidad, el paternalismo y la explotación sobre los indígenas, invocando a Perón como fuente de cambio y a su presidencia como momento propicio para gestionar reivindicaciones. La esperanza se sustentaba, en parte, en el recuerdo de los dos primeros mandatos peronistas (1946-1955) que habían generado un apoyo generalizado en el valle, transgrediendo incluso fronteras de clase.

Algunos señalan que el peronismo no marcó diferencia para los indígenas, ya que representaba a otros sectores: “En el año 1900 y algo ¿quién habló de los indios? Nadie habló. Nadie se acordó. O sea que Perón también estaba con los terratenientes”⁶¹. Sin embargo, en general el sector de trabajadores rurales, beneficiado con el reordenamiento de las relaciones laborales que logró el Estatuto del Peón Rural⁶² sostuvo una percepción positiva, que llega hasta la actualidad⁶³. También se recuerda lo que significó el peronismo para las mujeres. “La mujer no figuraba en el registro. Mi abuela murió en 110 años, quizás con muchos más (…) Salía el sol por allá y tenía que trabajar hasta que entraba por el otro lado. Después entra Evita y hubo otro horario y fue creando leyes a favor de las mujeres”⁶⁴.

Respecto de las políticas indigenistas del primer peronismo⁶⁵ inferimos que pueden no haber sido asumidas en aquella época como propias por los vallistas, en parte porque aún no reivindicaban su indigenidad política y públicamente. No obstante, ciertos relatos refieren que los “viejos” ya se reunían “en los tiempos de Perón y Evita”, en un inicio de organización truncada por los terratenientes, quienes se burlaban del alcance de esos intentos que, si bien no prosperaron, sentaron bases que serían recogidas por las siguientes generaciones.

La problemática territorial, el Parlamento y el reconocimiento de los límites históricos

La toma de conciencia sobre los derechos indígenas sobre el territorio colocó esta problemática como un núcleo central en el Parlamento. En las conclusiones, el tema de la tierra aparece vinculado a distintas cuestiones, por ejemplo el problema del agua y de la productividad, proponiéndose para esto armar Cooperativas, dependientes de las Federaciones Provinciales, que actuasen como intermediarias para solicitar al estado la construcción de pozos, créditos para compra de maquinarias y semillas y asesoramiento técnico-científico para mejorar la siembra, a fin de “lograr un auténtico desarrollo y plena participación en el quehacer del país”⁶⁶. Para el problema de la vivienda, también vinculado al de la tierra, se proponía la creación de planes de construcción pagaderos a largo plazo y bajo interés. Respecto del problema de la tenencia, se denunciaba el desalojo histórico de comunidades indígenas y la inseguridad jurídica de quienes las poseían, como “los principales males en que el aborigen quedó sumergido (…) no sólo en lo económico, sino también en lo cultural”. Se mencionaban casos puntuales de comunidades despojadas (entre ellas San José, Anfama, La Ciénaga y Chasquivil) aunque sin especificar si se trataba de hechos históricos o contemporáneos. Como cierre, se concluyó exigir:

a- Recuperar las tierras perdidas en manos de intrusos amparados por leyes que han sido creadas por ellos para explotarnos.
b-Lograr títulos de propiedad definitivos, inembargables e intransferibles, de propiedad de las tierras que habitan desde siempre las comunidades indígenas, adaptadas a la modalidad de cada comunidad.
c- Que los organismos de tierras que corresponden, solucionen en primer término la cuestión de las tierras de las comunidades indígenas, porque ello es deber de justicia y que participen los delegados de cada una de las zonas en la determinación de los límites para las mensuras
d- Que aquellas comunidades que no posean tierras sean incluidas prioritariamente en los regímenes de colonización⁶⁷.

La administración y uso de la tierra debían ser determinados por cada comunidad y éstas los gestionaron a través de formatos modernos de organización, específicamente las cooperativas. Así, la Cooperativa Agropecuaria Comunidad Amaicha Ltda.⁶⁸, al contar con personería jurídica, tuvo como fin gestionar la escrituración del dominio de las tierras que ya poseían los comuneros de Amaicha, adjudicar títulos (previa expropiación del gobierno) y, junto al Consejo de la Comunidad, regularizar la situación jurídica de los ocupantes. Pero además, el Parlamento instaló públicamente el reclamo de cumplimiento general de la Cédula Real que en 1716 adjudicara tierras al cacique Chapufre y a sus indios del Bañado de Quilmes, San Francisco, Tio Punco, Encalilla y Amaicha⁶⁹, que si bien había sido reconocida en parte para los amaichas (por lo cual poseían las tierras mencionadas) no habían alcanzado a otros pueblos mencionados en el documento.

En este contexto, un episodio paralelo al Parlamento resulta relevante en dos aspectos. Por un lado, porque permite comprender que la confianza en el peronismo como aliciente de la organización comunal no sólo se sustentó en la memoria, sino que también existieron señales institucionales que colaboraron a solidificarla. Por el otro, porque permite identificar aspectos que coadyuvaron a la cimentación del reclamo territorial como epicentro de la política indígena local. Me refiero a la intervención del Consejo Federal de Inversiones (en adelante CFI) que convocado por el gobierno provincial para realizar un estudio diagnóstico sobre títulos comunales en la provincia⁷⁰ en el marco de un programa que se completaría posteriormente, trabajó en Amaicha entre diciembre de 1973 y enero de 1974 y produjo un informe⁷¹ que si bien respondía a fines instrumentales orientados por los objetivos económicos del gobierno, planteó en sus conclusiones coincidencias profundas con las demandas de reconocimiento de los límites históricos indígenas que el Parlamento comenzaba a hacer públicos. 

El contexto de este documento se vincula con el proyecto del peronismo de crear un orden estable que lograra limitar el creciente procesos de radicalización social⁷², para lo cual procuró plantear un pacto social en un contexto de conflicto, a través de la firma de distintas Actas y acuerdos entre el gobierno y entidades representativas como la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica.

La política económica quedó en manos del Ministro de Economía José Ver Gelbard⁷³, quien diseñó su Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional durante el breve mandato de Raúl Alberto Lastiri⁷⁴, el cual fue re-presentado por Perón el 21 de diciembre de 1973, luego de su asunción. Como su nombre indica, el Plan buscaba reconstruir las estructuras administrativas de planificación del primer peronismo, destruidas por los gobiernos posteriores. Sus metas estaban centradas en la promoción y reactivación de las actividades productivas, regionales, la expansión agropecuaria y forestal, la reorganización de las empresas del Estado, el  desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la organización del comercio de carnes y granos y del capital extranjero. El desarrollo agropecuario era planteado como un pilar de Plan, en tanto debía abastecer el mercado interno y generar excedentes para el externo, por lo cual uno de los objetivos era expandir la frontera agropecuaria con un nuevo “Régimen de la Tierra”:

Los productores se comprometen a realizar un aprovechamiento pleno y racional de toda la tierra, la que debe producir con eficiencia para  la comunidad; el Gobierno reafirma por su parte el ejercicio pacifico del derecho de propiedad privada en función social. Asimismo, se realizarán los mayores esfuerzos a fin de mejorar la estructura agraria que presenta desequilibrios profundos en algunas zonas del país⁷⁵

Uno de los intereses enunciados era que la tenencia de la tierra no fuera un bien de renta sino un instrumento de trabajo, de modo que el mejoramiento de la estructura se orientaba a erradicar el latifundio y el minufundio. Además, se proponían leyes específicas, como una Ley de Colonización para parcelar tierras fiscales en manos de un Consejo Agrario de productores;  una Ley de Transformación Agraria para promover el acceso a la propiedad de arrendatarios y aparceros mediante un sistema de créditos y exenciones impositivas; una Ley de tierras ociosas para integrarlas al sistema productivo; una Ley de Reconcentración parcelaria para convertir minifundios en unidades económicas; y un régimen jurídico general para la propiedad rural.

Según Lázzaro⁷⁶, ya a comienzos de 1973 se podía advertir en estos documentos programáticos el objetivo de generar una “reforma agraria integral”, cuyo propósito estaba basado en la eficiencia, buscaba elevar los niveles de productividad y superar las deficiencias de la estructura agraria; pero que no apuntaba hacia la ruptura del monopolio latifundista. Por ello buscaba operar en reformas superficiales, desviando la presión sobre la gran propiedad a través de operaciones como la colonización en regiones periféricas, la parcelación marginal de latifundios o los procesos de mejoramiento de tierras; conservando el statu quo de la estructura agraria. Sin embargo, al año siguiente, el Plan Sectorial Agropecuario 1974-1977, elaborado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación  a cargo del Ing. Horacio Giberti, sistematizaría más específicamente los enunciados presentes en el Plan Trienal y en otros acuerdos. Posteriormente, a mediados de 1974 y coincidiendo con la muerte de Perón,  se dio a conocer el anteproyecto de Ley Agraria elaborado por la Secretaría, que generó una serie de conflictos entre una burguesía agraria que se sentía “amenazada” y el gobierno, y que también alimentó conflictos entre los heterogéneos sectores del peronismo⁷⁷.

En este contexto, y en sintonía con la línea política y el plan del gobierno nacional, el gobierno tucumano de Amado Juri convocó en 1973  al CFI (entidad que articularía con las provincias para la cumplimentación de los objetivos del Plan Trienal) para estudiar un problema de índole productiva que, según el gobierno, motivaba el atraso de la provincia: las tierras de “comunidades” o “comunidades indivisas”. Éstas superaban los $25.000.000 de valuación fiscal y las 170.000 ha (7,7 % de la provincia). Gran parte correspondía a cerros, quebradas y monte (consideradas de poco valor productivo, salvo para alimentar ganado, por  madera y leña) pero el mayor interés estaba en las propiedades “productivas” (es decir, aptas para la caña) que constituían un potencial de riqueza si se solucionaran los problemas de registro y el inadecuado tamaño de las parcelas (minifundios o latifundios, no siempre cultivados). El objetivo del gobierno era el saneamiento de títulos, el reparcelamiento y la utilización “racional” de nuevas unidades económicas que incrementaran la producción. El revalúo luego de este proceso permitiría obtener mayores ingresos fiscales, en muchos casos adeudados por años.

El problema abordado por el CFI tenía una larga lista de antecedentes en estudios institucionales previos, que no habían logrado solucionar el “problema”. La  legislatura tucumana debatió diferentes proyectos entre 1945 y 1966⁷⁸, que buscaban una forma posible de intervención del estado para lograr una explotación “racional” de esas tierras. En general las soluciones planteadas implicaban el uso de mecanismos de expropiación que contemplaran a los ocupantes que justificaran “la posesión tranquila, treintañal, sin interrupción,” a quienes se les otorgaría escrituración. Sobre el resto de las tierras, se planteaba, por ejemplo, que fueran subdivididas en lotes

de 50 hectáreas cada uno y relatada públicamente en cada lugar, debiendo preferirse en la adjudicación a los ciudadanos argentinos nativos dedicados a la actividad campesina. (…) En momentos en que se habla de garantizar el techo y el arraigo al suelo de las poblaciones rurales, el gobierno no puede permanecer indiferente frente a este problema de fundamental importancia. Le corresponde pues, llevar tranquilidad a miles de familias argentinas que hasta hoy han vivido en el olvido de los gobernantes⁷⁹.

¿Qué entendía el estado provincial por “comunidades”? El informe del Senado provincial de 1961 intentaba definir un conjunto de atributos o cualidades que debían converger para que una propiedad (generalmente rural) pudiera ser considerada una “comunidad de tierra”, concepto basado en la propiedad, no necesariamente ligado a la existencia contemporánea de lazos sociales. Por su parte, el padrón catastral designaba como “comunidades” a propiedades indivisas de distinta extensión, fraccionadas por sus ocupantes. Algunas llevaban el nombre de una estancia o lugar, otras el nombre pluralizado de un apellido (como Los Sosa o Los Morales) que con el tiempo incluso se transformaron en topónimos. En estos casos, el nombre derivado de un apellido común permitía inferir la existencia de “un origen unificado y tal vez un título o derecho ancestral”, mención poco común en la legislación provincial del siglo XX. Un hecho notorio es que a pesar de las dificultades de la definición, se coincidía en que, en rigor:

la verdadera y única comunidad que existe es la de Amaicha, porque allí se conserva una centralización de administración de la cosa común y aparentemente no existen mayores conflictos entre los comuneros. Esto mismo impone que a esta comunidad se le dedique una consideración especial, para determinar si verdaderamente es conveniente que el Estado tome intervención. Asimismo, debemos señalar que los atributos comunes y particulares que se fijarán no es necesario que se presenten en este caso⁸⁰.

Respecto de Amaicha, el estudio sociográfico de Figueroa y Mulet⁸¹ -el antecedente más importante- indicaba no era discutible su “propiedad privada”, ya que el estado percibía contribuciones fiscales de sus propietarios y que “la indivisión, está perfectamente reglamentada por la Ley Civil con el título de condominio, y puede cesar cuando los interesados lo consideren conveniente”⁸². La propiedad también se demostraba con la donación hecha a la Iglesia Católica de las catorce manzanas del casco urbano y con otras transferencias de lotes adquiridos por comerciantes y otras personas establecidas en la villa, cuyos derechos legítimamente adquiridos resultaban indiscutibles. Inclusive, “hasta el superior Gobierno Provincial es sucesor de la comunidad en los derechos de propiedad de un inmueble adquirido para la construcción del centro comunal, edificio destinado a las oficinas públicas”⁸³. También se destacaba que las “desmembraciones de la comunidad originaria, formadas por familias que cercando zonas determinadas de la extensa donación primitiva, han regularizado la situación jurídica de sus fracciones produciendo las correspondientes informaciones posesorias e inscribiéndolas”⁸⁴ y que esto podía ser realizado por quienes conservaban derechos sobre el resto del inmueble. Para los sociógrafos, la falta de inscripción de títulos en el Registro era una deficiencia menor, subsanable con “información treintaria.”

Según este reconocimiento de la propiedad en Amaicha, la expropiación y explotación planeada por el gobierno con la Ley de Creación del Organismo de Fomento de Empresas Mixtas Privado Estatal no era aplicable. La solución propuesta en ese momento fue formar una “Sociedad Anónima” para regularizar la “sociedad de hecho existente”, tramitar la información posesoria y registrar los títulos de propiedad. Posteriormente, el proyecto de Ley de Eximición de gastos de juicio, sellado, oficina e impuestos a la Sociedad Comunidad de Amaicha del Valle, presentado el 30 de septiembre de 1950 por los diputados Zarlenga y González, eximía a la futura Sociedad de los gastos de trámite. Pero pese a estos antecedentes y como para 1973 el problema general de las “comunidades de tierra” continuaba sin resolución, la Subsecretaría de Estado de Obras Públicas provincial solicitó la cooperación al CFI para lograr el ansiado saneamiento de títulos, incluyendo a Amaicha entre los objetivos.

El estudio permitió profundizar en la especificación de los atributos necesarios para definir a las comunidades. Se concluyó que esta denominación genérica surgida de la tenencia común de la tierra incluía situaciones de diversa índole y origen (que en muchos casos no podía determinarse, pudiendo corresponder incluso a mercedes coloniales). Por lo tanto, fueron catalogadas por su situación jurídica de tenencia como “comunidades indivisas” y se definió como comuneros a quienes detentasen algún derecho de propiedad común sobre las mismas. Así se reconocieron más de veinte comunidades⁸⁵ que ocupaban un total de 168.754 ha⁸⁶.

En el departamento de Tafí⁸⁷ se reconocieron tres: Los Morales (una antigua sucesión familiar) con 1.878 ha; Amaicha (comunidad indígena de 157 familias ó 629 personas, según Censo de 1970) con 52.817 ha valuadas en $ 238.527, es decir el 58% de toda la superficie comunal de la provincia pero con un valor fiscal de sólo el 6% (Figura 1); y Aráoz Hermanos (una sociedad anónima con socios de mayor y menor concurrencia) con 7.430 ha valuadas en $83.593(Figura 2)⁸⁸. última limitaba con la propiedad de la familia Chico, que ocupaba las tierras hacia el sudeste, incluyendo la localidad de Quilmes y hasta los cerros que limitan con Catamarca y a otros terratenientes, como la familia Cano, que según refiere un comunero tenían “casi la mitad del pueblo” y juntaban “a la gente humillada, humilde y decían que teníamos que votar por ellos. Tenían la política, y cada político que entraba, más se hacían dueños”⁸⁹. Otro vecino del lugar relata:

De los Chico hacia el límite con Salta estaba la Comunidad Aráoz Hermanos. Todo el cerro para arriba, todo, todo, era de la Comunidad. Eran 9 hermanos, un tal Pilar Aráoz creo que era el padre, blanco, español. Yo he conocido al nieto de él. En El Pichao han cerrado las mejores tierras. Cuando había ley de gobierno han sabido hacerse de escrituración y así han logrado hacerse de las mejores estancias, los mejores terrenos con escrituras, todo completo. Terrenos, los mejores terrenos de El Pichao. Y bueno, después ellos ordenaban…Y han ido los mismos originarios a comprarle a ellos, porque ¿cómo decir?…éramos como accionistas de la Comunidad. Y si no eras accionista nos corrían!⁹⁰

La inclusión de pequeños propietarios como “socios” minoritarios permitió que muchas familias de varias generaciones de arrenderos pudieran adquirir su lote, aunque algunos relatos indican que la delimitación de los terrenos -y su modificación- era potestad de los señores. La ampliación del grupo de accionistas (que llegó a ser de sesenta miembros) es señalada como una de las causas por las que nunca se logró frenar los abusos de los Aráoz⁹¹, ya que se considera que se transformaron en “seguidores” y que confrontaban con quienes no lo eran. Por otro lado, se menciona que aquellos socios que adscribieron a la organización indígena sufrieron represalias e incluso desalojos, efectuados por la policía y el juez. Hasta la actualidad, vecinos que dicen poseer títulos de propiedad como socios de Aráoz, tienen una reacción negativa hacia las acciones de recuperación territorial de las comunidades. Algunos incluso niegan su propia condición indígena: “yo no soy indio”, “a mí nadie me está quitando nada” o “yo vivo en mi terreno”, son algunas de sus expresiones. Un vecino admite haber participado en los ´70 en la Federación, pero que luego lo reconsideró: “yo no tengo necesidad de participar porque yo soy propietario aquí, yo he comprado a duras penas, esta finca es mía, entonces yo la tengo bien escriturada, estoy dando beneficio a la provincia, estoy pagando impuestos”⁹². Según un referente de esa época, la organización indígena siempre les fue ajena porque “esa gente no sufrió discriminación” y que esto determinó su falta de apoyo a proyectos comunales que podrían haberles resultado beneficiosos.

Figura 1: Comunidad de Amaicha del Valle según telas Catastrales
Fuente: CFI, 1974, Ob. Cit, Tomo II,  Anexo 14.
Retocado por la autora.

Se observa así un antagonismo entre la propiedad privada y la adscripción indígena, asociada a la desposesión territorial. Algunos sin embargo dudan de la legalidad de las propiedades de estos pequeños socios: “Han comprado su terrenito con la boletita esa, pero no han pedido ni siquiera para escriturar…Con las boletitas del juez han hecho todas las compras”⁹³. Según esta comunera, mucha gente no sabe la situación jurídica de su lote, o no han podido escriturarlo. No obstante, las personas defienden la idea de que poseen su propiedad privada y (en parte por miedo a perderla) la exponen como un factor de diferenciación social que determina además una posición antagónica respecto del reclamo territorial indígena.

Agregaremos aquí que la Comunidad Aráoz está separada de la Comunidad Indígena de Amaicha por la finca de El Bañado, propiedad de la familia Chico, sede geográfica del sitio arqueológico de Quilmes y territorio que los quilmes comenzaron a reclamar en el Parlamento. Los quilmes tienen percepciones opuestas con cada una de las comunidades, en relación a sus reclamos territoriales. Mientras Amaicha representa al sector indígena que logró que se le respetaran las tierras otorgadas por Cédula Real en 1716 (a diferencia de otros grupos que no fueron incluidos aunque estuvieran enunciados en el escrito, como ellos)⁹⁴ Aráoz representa la persistencia del poder terrateniente en la zona, con familias de propietarios que conforman su núcleo duro y operan contra los reclamos indígenas a través de su cercanía con los jueces y la policía local.

Figura 2: Comunidad Araoz Hermanos según Telas Catastrales
Fuente: CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo II,  Anexo 78.
Retocado por la autora

Volviendo al CFI, ya adelantamos que pese a responder a una demanda eficientista del estado, su análisis sobre los límites del territorio indígena puede leerse como una confirmación institucional de lo que la organización indígena, especialmente los comuneros de “fuera” de Amaicha⁹⁵ comenzaban a reclamar públicamente en el Parlamento: sus derechos históricos sobre un territorio más amplio que el reconocido para un grupo de descendientes de los amaichas. El estudio jurídico se centró en el Testimonio de 6 de mayo de 1753⁹⁶ que ratificaba la Cédula de 1716 y en su protocolización de 1892. Los facsímiles y transcripciones de éstos y otros documentos constituyeron el respaldo de esa investigación⁹⁷.Aunque es claro que fueron aportados por los lugareños, debe destacarse que no siempre se expresa cómo los funcionarios del CFI obtuvieron acceso a los mismos, ni en base a qué fuentes esa información fue ampliada. A modo de ejemplo, donde la Cédula decía 

reunidos en el paraje de Encalilla para dar la posesión real al Cacique de los Pueblos del Bañado de Quilmes, San Francisco, Tio-punco, Encalilla y Amaicha Don Francisco Chapurfe (…) bajo cuyos límites damos la posesión real temporal y corporal al susodicho cacique para él, su indiada, sus herederos y sucesores, y ordenamos al Gral. Sánchez que está a siete leguas del Tucumán  abajo deje venir a los indios que se le encomendaron por el referido tiempo de diez años, para que instruidos volviesen todos a sus casas, como dueños legítimos de aquellas tierras para que las posean ellos y sus descendientes⁹⁸.

El informe agregaba precisiones respecto del lugar del que provenían los indios encomendados a Sánchez, además de otros que se incorporarían a los territorios. Más aún, se clarificaban detalles respecto de cuáles eran específicamente los indios “extintos” (los quilmes reducidos en Buenos Aires) y cuáles habían sido repartidos por diferentes lugares:

A esos indios, que ingresan en las tierras comandados por el cacique Chapurfe, se incorporan los que estaban encomendados al Gral. Sánchez, “siete leguas más debajo de Tucumán” (lugar Pala-Pala”, como así se le ordenó a todos los que tenían la encomienda de indios en Choramajo, Esteco, Santiago del Estero, etc., que los dejaran en libertad para que pudiesen volver y ocupar estas tierras en forma pacífica, con excepción de los residentes en el lugar denominado “La Cruz” (hoy Quilmes, en la Pcia. De Buenos Aires), donde una peste los exterminó. Esta adjudicación señala el término de las reiteradas luchas por el sometimiento de estas tribus que se resistían a entregar sus posesiones, y que sólo en parte se habían logrado dispersar⁹⁹.

¿De dónde surgieron los datos que se sumaban a los documentos? En este caso, el informe no precisa fuentes escritas ni orales, ni de qué modo accedieron los recopiladores a la información. En otros pasajes, sin embargo (por ejemplo respecto de lugares mencionados en la Cédula) sí se explicita haber recibido colaboración de pobladores descendientes de los primeros ocupantes “que mantienen latente por tradición oral la historia de sus orígenes”¹⁰⁰, especialmente en los casos de transferencias de tierras documentadas; incluso se indica que algunos documentos, transcriptos por los lugareños, tienen el sello de autoridad de haber sido “vistos” por directivos de la Comunidad, como los de la ocupación del área “Los Cardones”.

La comparación de la Cedula¹⁰¹ con la información de Catastro permitió concluir que los límites originarios (vinculados a accidentes naturales) diferían de los consignados en el registro catastral, que delimitaba “una superficie sensiblemente menor a la que correspondería a la Cédula Real”¹⁰² según la cual el territorio indígena

por el sur, el oeste, y presumiblemente también por el norte, lindaba con los actuales límites territoriales de la provincia de Tucumán, y por el este con el “cordón que vota las aguas para Tafin hasta llegar a la abra que forma el camino que va por ese punto y de allí se mira el cerro que esta entre nor-este hasta dar con el cordón que vota las aguas para el Tucumán”. Esta primera propiedad incorporaba unas 90.000 ha de superficie que no puede precisarse con mayor exactitud dado que resulta imprecisa la descripción del límite norte, en virtud de la referencia a la “línea recta al Poniente, al Cerro Grande que esta frente a Colalao, quedando este punto y Tolombón por el tiempo de seis años en poder de Dn. Pedro Dias Doria”. El texto no permite deducir si estas tierras se excluyen del área de la propiedad total, o incluidas en ellas, quedaban en explotación por seis años en poder de Dias Doria¹⁰³.

Con el fin expreso de hacer más comprensible la diferencia de los límites históricos y actuales, fueron expresados gráficamente (Figura 3) evidenciando la merma del territorio indígena.

Figura 3: Plano de la superficie de territorio de la Comunidad de Amaicha con las diferencias entre las tierras consideraras por la Cédula y las que efectivamente tenía la Comunidad en 1974.
Fuente: CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo II, Anexo 10.
Modificado por la autora

Otra importante conclusión del estudio fue que tanto las comunidades de Los Morales y Aráoz figuraban en Catastro de la provincia registrados “dentro de los limites primitivos de Amaicha del Valle”, destacando así su emplazamiento posterior, en tierras indígenas. Para el caso de Los Morales la información era escasa, ya que el único antecedente jurídico era un relevamiento catastral de 1916 -replanteado en 1935- donde también se encontraron las primeras referencias a la Comunidad Aráoz, “cuyas tierras se extienden por el poniente del Rio Santa María, desde la localidad de Colalao del Valle hasta lo alto del cerro”¹⁰⁴. En síntesis, el diagnóstico indicaba que ambas comunidades eran recientes y se habían fundado dentro del territorio devuelto por la Cédula a los indígenas. Esto es aplicable también a la finca de El Bañado, confirmando que esas tierras tomadas por particulares y que pasaron de manos por transacciones privadas, originariamente pertenecían a los grupos indígenas consignados en la Cédula, coincidiendo con los estudiosos de principios de siglo que conocieron el contenido de la Cédula como Lafone Quevedo, quien indicó tempranamente que las tierras pertenecían a los “Hamaichas”¹⁰⁵ o Quiroga, quien señalaba:

Por título otorgado en Buenos Aires, que posee en copia Timoteo Ayala de mayo de 1753; ante escribano de cabildo, hacienda y guerra, vése que los dominios del cacique Francisco Chapurfe se extendían mucho, comprendiendo los siguientes pueblos, de los que se le da posesión: Bañado de Quilmes, San Francisco, Tiopounco, Encalilla y Amaycha, de acuerdo con la cédula de abril de 1716¹⁰⁶.

Pero lo más importante es que el informe coincidía con los contemporáneos reclamos territoriales de los sectores indígenas no alcanzados por el reconocimiento del estado hacia la Cédula, al mismo tiempo que atribuía un valor de reconocimiento institucional a la misma, validando su centralidad y reafirmando su importancia documental.

No obstante, se señalaba críticamente la imposibilidad de trazar completamente los límites indicados en la Cédula por falta de documentos. Se mencionaba por ejemplo que sólo pudo reconocerse un deslinde del año 1858 del vértice sudeste en el paraje de Los Cardones, realizado cuando el Prior Fray Nazario de Jesús Frías del Convento de Predicadores de Tucumán vendió terrenos de los potreros de Los Cardones y del Infiernillo a José Gregorio Domínguez¹⁰⁷. Además, la situación contemporánea de la propiedad para 1974 era evaluada como una mezcla de situaciones de propiedad y tenencia diversas, complejizada por litigios históricos, ventas, la edificación de la Capilla de San Ramón o la donación de 16 ha de la Villa a la Diócesis de Tucumán, entre otras. Por ello, si bien en la Dirección de Catastro había empadronadas 52.817 ha de toda la Comunidad de Amaicha, sólo poseía registros de las parcelas interiores por una superficie de 12.637 ha, de las cuales 17 correspondían a la Villa. Asimismo, la situación jurídica de la tierra comunal incluía:

a) pocos titulares regularizados por juicio de prescripción adquisitiva; b) descendientes de antiguos titulares radicados, sin tramite de sucesión entre generaciones; c) nuevos ocupantes adquirentes de bienes de explotación agropecuaria y derechos frente al juez de paz; d) simples ocupantes instalados en el área con anuencia de los residentes pero sin documento que convalide su ocupación. Esta disimilitud impedía a los comuneros acceder a créditos bancarios (sólo obtenibles con títulos “saneados”, ya que la administración y financiación pública no admitían la posesión comunal) y era “inorgánica” a los intereses del progreso provincial, ya que congelaba los valores inmobiliarios (problema señalado en 1949 por Figueroa Román y Mulet) impulsando además la migración de jóvenes en busca de trabajo fijo y no de una economía de subsistencia.
Por otro lado, al mismo tiempo que estudiaba la situación de tierras, el CFI informó sobre los acontecimientos políticos que sucedían en Amaicha, considerándolos

piezas claves, como para pulsar las expectativas vigentes en territorio de la Comunidad. Por un lado la Comunidad de Amaicha despierta con el llamado a la “Asamblea de Indígenas del Norte Argentino”. Por intermedio de la Unión Indígena, filial Tucumán, y con el asesoramiento de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, se realiza en Amaicha, entre el 15 y el 19 de diciembre, el “Primer Parlamento Regional Indígena, Juan Calchaquí” (…) Posteriormente, en el mes de enero se produce la renuncia del Presidente del Consejo de la Comunidad, Sr. Silva, y se intenta formar una nueva Comisión. (…) El otro organismo, la Cooperativa Agropecuaria de Amaicha recibe en estos mismos meses a Delegados del Instituto Nacional de Cooperativas, quienes procuran revitalizar la Cooperativa y disponerla para sus fines específicos¹⁰⁸

Respecto del Parlamento, se destacaba el pedido de devolución de tierras “usurpadas” volcado en las conclusiones del Parlamento, como una “mención por querer reivindicar los derechos sobre las áreas que pertenecieron en un principio a la Comunidad”; volviendo a reconocer este hecho. Al mismo tiempo, se ponderaban estas acciones políticas en tanto colaboraban con la superación del aislamiento del “hábitat de montaña” sufrido por estas comunidades “de ascendencia indígena, directamente emparentada con los pobladores originarios de las tierras”¹⁰⁹. No obstante, estos aspectos positivos confrontaban con una serie de cuestionamientos hacia las formas de organización contemporáneas, por ejemplo cómo la Cooperativa definía quiénes eran legítimos adjudicatarios de tierras. El CFI consideraba que definir el “ser comunero” en base al árbol genealógico trazado en 1947 a partir de la Cédula de 1716, contradecía al conjunto de ventas, cesiones y títulos originados hasta allí. Y que ese listado de cuarenta nombres y sus descendientes consignaba sólo “ascendientes hasta la segunda o tercera generación de pobladores que en 1947 residían en las tierras, según recuerdan los que intervinieron en su elaboración”¹¹⁰. En otras palabras, este ejercicio de memoria local resultaba poco fiable a los ojos institucionales. Otro punto polémico consignado en el Art. 9° del Estatuto de la Comunidad, era que permitía “incorporar como socios a quienes demostrando su ascendencia indígena no residiera actualmente en las tierras”, criterio utilizado “para admitir últimamente como socios a los residentes de áreas vecinas integrando la comisión (el protesorero y dos vocales son residentes de Quilmes).”¹¹¹Esta apertura se consideraba negativa porque habría provocado un desmesurado e interesado aumento de miembros de la Cooperativa, que hasta diciembre contaba sólo con setenta socios, pero que ya en enero,

a raíz de las expectativas despertadas por el Congreso Indígena respecto a la posibilidad de obtener las tierras adyacentes (Quilmes, EL Bañado, Los Chañares, La Cañada, Talampaso, Anjuana, El Paso, etc.) que pertenecieron a la comunidad, se realizó un reclutamiento masivo de socios, incorporando ahora a residentes de esas áreas”, ascendiendo el número a 600 socios. Y elegido a Luis Filemón Mamani, presidentes de la Comunidad entre 1965 y 1967 (…) se programaron tareas de efectivización de las mensuras, se pidieron presupuestos para planos fotogramétricos y colaboración a la Universidad de Tucumán para realizar los trabajos, pero no se obtuvo respuesta y las gestiones no prosperaron”¹¹²

Se observa así como el organismo osciló entre avalar los documentos territoriales históricos de los indígenas -sustento de su reclamo- pero al mismo tiempo cuestionar sus prácticas organizativas contemporáneas. Del mismo modo, si bien no planteaba diferencias entre los grupos territoriales históricos, a los cuales reconocía como beneficiarios de la Cédula, sí lo hacía con los colectivos actuales al cuestionar la incorporación de los comuneros de localidades “externas” a Amaicha, como los quilmes. Por último, pero no menos importante, planteaba una mirada negativa sobre el manejo de dinero por parte de los indígenas¹¹³. Todo esto tenía como corolario una desvalorización expresa sobre la eficacia de la organización y la acción política indígena en la gestión territorial:

Los reiterados fracasos experimentados por los organismos locales (como es el caso del Consejo de la Comunidad y la Cooperativa Agropecuaria, en Amaicha), que asumieron la responsabilidad y el manejo de la situación, obliga a ser cautelosos en la creación o convalidación de organismos que, como los mencionados, absorben responsabilidades que están por encima de sus posibilidades y consecuentemente sufren un desgaste, indisponiendo y disgregando a la población toda¹¹⁴.

Después del Parlamento

Durante los años subsiguientes al Parlamento –y a pesar de los augurios del CFI- las gestiones comunales continuaron con intensidad. Sosteniendo la esperanza en el gobierno, en 1974 y con recursos propios, algunos representantes indígenas¹¹⁵ viajaron a Buenos Aires con la intención de reunirse con Perón, pero no fueron recibidos. Por otro lado, la pretendida titularización en escrituras individuales para Amaicha fue concretada en 1976,¹¹⁶ mediante la ley 4.400, que facultó al Poder Ejecutivo para que (según su derecho de dominio sobre las tierras fiscales provinciales) transfiriera

el derecho de nuda propiedad sobre todas aquellas fracciones o lotes de terrenos con ubicación dentro de los límites de la Comunidad de Amaicha del Valle, departamento de Tafí de esta Provincia de Tucumán, a favor de los usufructuarios a título de dueños, en forma pública, pacifica e ininterrumpidamente por quienes la poseen materialmente y que las recibieron a través de la primitiva posesión real dada mediante acta formal por los Gobernadores Francisco de Nieva y Gerónimo Luis de Cabrera a favor del Cacique Chapurfe, hijo y heredero del Cacique de la ciudad de Quilmes, don Diego Utibaitina, haciéndose extensivo el derecho de posesión real a favor de sus descendientes o herederos y/o cesionarios para que gocen como legítimos dueños¹¹⁷.

Dichas fracciones debían estar mensuradas por relevamiento topográfico¹¹⁸ y complementarse con la información jurídica del registro o con un padrón de comuneros depurado y actualizado. La operación se extendía al terreno común de pastoreo, cuya transferencia de propiedad se haría en condominio. Así, la reglamentación de la ley 4.400¹¹⁹ autorizó al PE provincial a solucionar el antiguo problema de esta Comunidad”¹²⁰.

En cuanto a los sectores rurales de “fuera” de Amaicha, la unión entre los comuneros se fue fortaleciendo, solidificando la lucha en base a una adscripción étnica por sobre la condición campesina que inicialmente los convocaba. Respecto de las tierras, aparecen ciertas inconsistencias en los relatos respecto de bajo qué régimen eran reclamadas, ya que se indica que hasta que llegó Santana y orientó el reclamo hacia la descendencia indígena, se acudía a la ley veinteañal, aunque si bien las ocupaciones en general superaban ampliamente los 20 años de arriendo, la gente nunca había pagado impuestos ni sabía cómo hacerlo. En un momento se habría confiado la gestión a unos abogados de la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo discurso era muy convincente, en un contexto de temor a los influyentes terratenientes. Dichos abogados “iban y llevaban agrimensores, comían asado y la gente les daba sus pocos pesitos para la mensura,  pero los han estafado. Nunca inscribieron las agrimensuras en la provincia”¹²¹. En efecto, nunca se pudo avanzar con los títulos de Quilmes; en 1978 se creó el Centro Unión y Progreso de la Zona de Quilmes, con el fin de mensurar parcelas e iniciar juicios de prescripción adquisitiva para lograr títulos individuales, siguiendo el modelo de Amaicha. Esto solucionaría el problema sólo en parte, ya que los campos que concentraban recursos para la subsistencia (pastos, leña y agua) seguían en manos de los terratenientes. Si bien el plan de mensura no prosperó, el Centro fue reconocido como Asociación Civil con su personería jurídica provincial¹²² y con Delfín Gerónimo como presidente. Una década después, Santana seguía denunciando:

En Tucumán las comunidades indígenas, hasta 1974 en que se crea la Federación éramos 55.000 indígenas en los Valles Calchaquíes, empezando por El Mollar, Tafí del Valle, Los Cuartos, Encaliya, Amaicha, Inquerniyu, las ruinas de Quilmes, Acuala, El Bañado, Colalao, Las Mojarras, Anjuama, Los Zasos, otras localidades como el departamento de Pichao, Tafi del Valle como Tafí Viejo; ahora somos un departamento aparte, aborigen. La población más numerosa está entre Amaicha y Los Zasos, donde está la comunidad, que celebran actualmente la Pachamama. La comunidad en sí tiene 98.000 hectáreas que no dejaron. Se pagan todos los impuestos pero no somos los dueños. En anteriores gobiernos nos dieron simbólicamente a titulo precario, que éramos dueños, pero legalmente  saben que ninguno es dueño, pero sí otra gente que no es de los valles pero que la usa para la parte turística, son dueños de los títulos de propiedad. Yo en ese terreno, eso es claro, la parte jurídica, no entiendo, no la manejo, pero sí entiendo que las leyes no son para nosotros, en Colalao del Valle, la misma Cedula real dice que todo es nuestro, pero ahí divide el Rio Santa María por la ruta 40 que agarra Santa María y termina en Cafayate, divide, ya tiene todo dueño, o sea, que hay patrones. No nos dan absolutamente ninguna solución y nosotros habíamos dicho que no tenían ellos realmente los títulos…Cuando se crea la Federación, ahí se crea con el único fin de recuperarlas. Pero no hemos ido realmente a buscar, no hemos ido al choque, no hemos ido a quitarles. Hemos hecho las comunidades un anteproyecto para que paguemos si no nos reconocen la Cedula Real para que les entreguen las tierras a la gente, en cada lugar. Se hizo el anteproyecto, por supuesto el golpe militar lo volvió a guardar. Quedó como anteproyecto. Ellos mismos ahora siguen persiguiendo a la gente¹²³

Luego de la etapa de gran movilización social y política de los primeros años de la década, la tensión fue creciendo, más aun luego de la muerte de Perón, con el accionar de los grupos armados y la respuesta represiva del estado. La presencia de los guerrilleros en el valle es referida en algunos relatos como amenazante por el uso de armas, mientras que otros no recuerdan hostilidad para con los pobladores: “andaban por ahí, por ahí paraban un micro, hacían bajar a la gente y le explicaban su lucha. Andaban armados pero no hacían nada a nadie.”¹²⁴ Para otros incluso su lucha tenía un cierto viso de ejemplo: “La gente tenía problemas, les quitaban los animales, había que pelear, era como hacen los guerrilleros…”¹²⁵.

Distinta es la percepción sobre las fuerzas represivas, ya que su control fue mermando la capacidad de organización, transformándose luego en una persecución directa sobre los referentes, que fueron caracterizados también como “subversivos”. Desde el punto de vista actual, esto fue una respuesta a “las demandas legítimas de los trabajadores tucumanos (muchos de ellos zafreros que bajaban de los Valles Calchaquíes” que respaldaron la estrategia de la guerrilla en la provincia, dando excusa a los terratenientes de la zona para denunciar como extremistas a los dirigentes que buscaban soluciones¹²⁶.

Instalado el Operativo Independencia, el control del ejército en la zona se intensificó. El 3 de febrero de 1975, Santana fue secuestrado por Gendarmería Nacional en una casa familiar en Quilmes y trasladado a un CCD en El Mollar, donde permaneció aproximadamente un mes. Su pareja, embarazada de siete meses, fue secuestrada por un camión de Gendarmería que la trasladó a El Mollar donde fue torturada frente al dirigente. Permaneció en cautiverio aproximadamente cuatro días y fue puesta en libertad (F.22 y23)¹²⁷. Santana fue llevado al CCD “La Escuelita” en Famaillá durante un mes y medio, hasta que lo trasladaron al CCD de Jefatura de Policía. Las sucesivas torturas le provocaron daños renales. Según un informe militar, fue ingresado a disposición del PEN el 19 de marzo de 1975¹²⁸ en la unidad penitenciaria de Villa Urquiza, desde donde fue liberado.

El camión que se llevó a la pareja de Santana secuestró también al dirigente Jesús Costilla, quien sufrió el mismo tratamiento violento. Costilla fue además una víctima del uso interesado de los mecanismos judiciales en favor del poder terrateniente, modalidad represiva que se volvería recurrente para criminalizar e inmovilizar los reclamos territoriales indígenas hasta la actualidad. El juicio de desalojo que se le inició en 1976 se extendió casi una década y persiguió una finalidad ejemplificadora para los arrenderos rebeldes. Según sus palabras,

He tenido un juicio que ha durado 9 años. El juicio mío ha terminado por el juez federal, no provincial, federal. La tierra era mía y ellos me querían quitar, los terratenientes. No pudieron, primero he tenido un buen abogado que a los cuatro años me ha ganado la posesión y me han seguido persiguiendo por guerrillero, y me han hecho la querella pero he ganado¹²⁹.

El juicio fue un hito, ya que a pesar de que las opiniones sobre su resultado estaban divididas, gran parte de la comunidad se negó desde allí a pagar cánones, amparándose en ese caso. Más allá de esto, el referente señala a Antonio Bussi (gobernador entre 1976 y1978) como responsable de su persecución y del contexto violento, que fue aprovechado por los terratenientes para desarticular la organización, utilizando sus vinculaciones con el poder. En efecto, con el golpe de 1976 las cosas empeoraron: “Ya no nos podíamos reunir en una casa. Nos reuníamos debajo de un árbol y la policía preguntaba de qué habíamos hablado. (…) aunque con perfil bajo hemos seguido haciendo cosas”¹³⁰. Costilla relata que se comunicaban a través de un chasqui, un “chango corajudo” que llevaba los mensajes sin que se enteren los terratenientes, quienes enviaban policías cada vez que sospechaban de algún encuentro.

El golpe militar significó un gran retroceso para la organización que venía creciendo sostenidamente. Algunas personas volvieron a pagar a los patrones por temor, ya que éstos notificaban inmediatamente al juez o a la policía. Según el cacique costó que la gente volviera a ganar confianza. Las asambleas continuaron esporádicamente, con menos gente. La persecución creció, exponiendo la solidaridad de los comuneros entre sí. Algunas mujeres se trasladaban al llano pidiendo la liberación de los detenidos. Santana fue nuevamente encarcelado el 13 de enero de 1977 en Laguna de Robles, Salta y trasladado a la Jefatura de Policía de Tucumán, donde fue sometido a torturas hasta que en junio de 1977 fue liberado, figurando en una lista elaborada por la Policía provincial titulada “Índice de declaraciones de Delincuentes Subversivos” con el número de orden 267 y al lado, la sigla “Libertad”, decidida por la “Comunidad Informativa de Inteligencia”¹³¹.

Así, el Operativo Independencia y el Proceso plantearon la continuidad del terror militar que, iniciado en el llano, sobrepasó el cordón del Aconquija¹³².Las reuniones locales fueron finalmente suspendidas y las redes nacionales que habían comenzado a tenderse entre diferentes pueblos indígenas al inicio de la década fueron cortadas y sus dirigentes perseguidos en diferentes puntos del país. La actividad sería retomada con renovada fuerza una vez retornada la democracia.

A modo de cierre

En este trabajo hemos revisado formas específicas en las que la organización indígena vallista se relacionó con cuestiones exógenas a las propias dinámicas locales, que nutrieron su desarrollo en diversas formas. El primer atravesamiento provino de la intervención del gobierno de facto nacional a la provincia, que aceleró la crisis económica impactando en todos los sectores por la reducción del empleo, lo que motivó tanto la migración forzosa hacia otros mercados laborales como el desplazamiento de las tareas agrícolas por puestos en el sector estatal, produciendo una reducción de las capas más jóvenes de la población. Asimismo, la crisis permeó las fronteras invisibles que habían conservado a través del tiempo las dinámicas de poder local terrateniente, manifestándose en las primeras negativas de los arrenderos a seguir pagando cánones a los patrones.

Esto fue el inicio de un proceso que devino en el reconocimiento positivo de la propia identidad étnica y de sus consecuentes derechos territoriales. Este proceso de indigenización fue coadyuvado por el intercambio con referentes indígenas y otros de pertenencias diversas, que permitieron ampliar el aprendizaje y fortalecer la lucha por los derechos, a través de formas de organización propias de la época, influidas además por el clima político del momento. En este marco, el discurso indígena reivindicó su lugar específico en la arena política nacional y propuso apropiarse de la gestión de sus problemáticas con el fin de resolver sus necesidades estructurales.

La cuestión territorial adquirió rápidamente centralidad, haciéndose foco en el reclamo de reconocimiento y devolución del extenso territorio consignado a distintos grupos por Cédula Real en 1716, pero sólo efectivizado parcialmente para los descendientes de los amaichas. En este punto, hemos establecido la importancia de la simultaneidad entre la celebración del Parlamento y el Estudio Diagnóstico realizado por el CFI. El intercambio de información y el estudio exhaustivo sobre los documentos facilitados por la Comunidad Amaicha permiten no sólo vislumbrar una colaboración entre ésta y el organismo estatal, sino también preguntarse si la elaboración producida por los técnicos sobre la situación territorial histórica pudo haberse retroalimentado y dado mayor peso al reclamo territorial, tanto en el Parlamento como posteriormente. Asimismo, es posible identificar la concordancia entre la intensa actividad política local y la gestión del organismo, que aunque respondía a intereses gubernamentales, planteó resultados que pudieron haberse percibido como un respaldo institucional hacia el derecho histórico sobre el territorio.

También es posible plantear una articulación entre el reclamo indígena, su encauzamiento en el Parlamento, las sugerencias institucionales y las formas de “solución” estatales, como la expropiación o los títulos de propiedad. Mediando dicha articulación, la Cooperativa aparece como una forma de organización aceptada por las distintas agencias. Al cumplimentar el requisito de personería jurídica se inscribía dentro de las prácticas  asociativas legitimadas por el estado, aun cuando su fin era gestionar las propias tierras indígenas¹³³. En este sentido, estas formas externas fueron incorporadas, valoradas y reproducidas por los indígenas como vía de solución, aunque paradójicamente el resultado contrariara el espíritu del reclamo, ya que su objeto era transformar la posesión comunitaria en títulos individuales, de acuerdo con el concepto de propiedad privada y los intereses de ordenamiento del estado.

Desde otro punto de vista, si bien la organización indígena cuestionó las bases del sistema de arriendo y la paralela intervención de los gobiernos nacionales sobre la provincia alteraron la autonomía del poder local, los terratenientes lograron reubicarse en el nuevo panorama, mostrando colaboración con el gobierno de facto en contra del “enemigo común” de la guerrilla. Mermados sus ingresos económicos y frente al crecimiento de la rebeldía indígena, esta alianza les resultó funcional, especialmente al asimilar a los referentes de la organización indígena a la subversión y controlarlos a partir de su relativo manejo de las fuerzas policiales, gracias a sus funciones históricas en los cargos públicos locales. A la vez, comenzaron a utilizar interesadamente el aparato legal en contra de los comuneros, uso que continúa hasta la actualidad. Finalmente, el creciente monopolio de la violencia física por parte de las fuerzas armadas terminó de reprimir cualquier intento de organización indígena, tanto local como nacional, que fue retomada recién cuando volvió la democracia.

Lo señalado indica la indisociabilidad analítica entre los procesos particulares de reemergencia y organización indígena y los contextos históricos en los que se insertan. El entramado de relaciones que articula estas órbitas modela formas de acción, produce discursos y aporta elementos que -luego de someterse a un trabajo de reelaboración por parte de los grupos-retornan al contexto produciendo modificaciones específicas. Al mismo tiempo, siguiendo a Grossberg (1996), el caso permite considerar las articulaciones positivas entre identidad y agencia en los procesos de transformación de la realidad y del ejercicio del poder. Como hemos señalado, si bien las condiciones históricas de explotación y la crisis propiciaron una inicial resistencia por parte de los arrenderos, la construcción de la identidad étnica fue un proceso construido positivamente sobre la base de los derechos, especialmente territoriales. Por otro lado, la urdimbre de relaciones en las que se insertó el nacimiento de la organización indígena permite comprender la complejidad de los vectores que atraviesan la construcción de la agencia política, entendida como una conjunción de lugares de emplazamiento estratégicos, temporarios y móviles; y como una articulación ente posiciones subjetivas, alianzas e influencias que crean posibilidades y actividades definidas contextualmente. Asimismo, las relaciones interpolíticas, espaciales, temporales y territoriales que hemos destacado demuestran su importancia constitutiva en el proceso de organización.

A partir del recorte histórico planteado es posible señalar cómo la acción indígena logró capitalizar a su favor las dificultades del contexto para transformarlo, planteando un límite a los abusos del  sistema terrateniente tradicional y cimentando sus bases políticas, que sobrevivieron a la dictadura para retomarse una vez retornada la democracia. Así, los cambios producidos a principios de la década de 1970 demuestran (pese a los retrocesos impuestos por la violencia estatal) el valor y la eficacia de la agencia indígena en la transformación de su propia historia.

 

Citas y Notas:

1. El presente artículo surge de mi tesis doctoral: Tolosa, Sandra, Los Antiguos y el Estado. Historia de la construcción material del patrimonio arqueológico, sur de los valles Calchaquíes (1877-2008), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2018.         [ Links ] Allí he combinado datos relevados en trabajo de campo etnográfico y en trabajo de archivo. Algunos testimonios aquí mencionados fueron parte de esa investigación, mientras que otros fueron tomados en el marco de un proyecto grupal previo radicado en la misma Facultad, tal como se especifica en cada caso.

2. Lenton, Diana, “De genocidio en genocidio, Notas sobre el registro de la represión a la militancia indígena”, Revista de estudios sobre genocidio, Vol. 13, 2018, pp. 47-61.

3. Respecto de las organizaciones indígenas de ese momento, ver Serbín, Andrés, “Las organizaciones indígenas en Argentina”, América Indígena,  Vol.  XLI, Nº 3, 1981, pp. 407-433.

4. Como  el Primer Parlamento Indígena Futa Traun en Neuquén, en 1972; el Congreso Indígena Regional de Cabá Ñaró en Chaco, en 1972 y el II Parlamento Indígena Eva Perón en Buenos Aires, en 1973. Lenton, Diana, 2019, Ob. Cit.

5. Lázzari, Axel, 2017, “Reemergencia indígena en los países del Plata: el caso de Argentina”, ponencia presentada  en  II Simposio Sección de Estudios del Cono Sur, Latin American Studies Association (LASA): Modernidades (In)Dependencias (Neo)Colonialismos, Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR), 19-22 de julio de 2017.

6. Boccara, Guillaume (ed.) Colonización, resistencia y mestizaje en las Américas (Siglos XVI-XX), Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002;         [ Links ] Bartolomé, Miguel, “Los pobladores del ‘Desierto’: genocidio, etnocidio y etnogénesis en Argentina”, Cuadernos de Antropología Social, Nº17, 2003, pp. 162-189; Escolar, Diego, Los dones étnicos de la Nación. Identidades huarpe y modos de producción de soberanía en Argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2007.         [ Links ]

7. Grossberg, Lawrence, “Identity and Cultural Studies: Is That All There Is?”, en Hall, Stuart. y Du Gay, Paul (eds.), Questions of Cultural Identity, Sage Publications, London, 1996, pp. 148-180. Para un análisis de su planteo ver  Briones, Claudia, “Teorías performativas de la identidad y performatividad de las teorías”, Tábula Rasa, Nº 6, 2007, pp. 55-83. 

8. Para un panorama introductorio sobre las posiciones teóricas sobre identidad en las que se inserta este debate ver Hall, Stuart, “Introducción: ¿quién necesita identidad?”, en Hall, Stuart y Du Gay, Paul (eds.) Questions of Cultural Identity, Sage Publications, London, 1996, pp. 13-39.         [ Links ]

9. Grossberg, Lawrence, 1996, Ob. Cit., p. 154.

10. Grossberg, Lawrence, 1996, Ob. Cit., p. 150.

11. Grossberg, Lawrence, 1996, Ob. Cit., p. 174.

12. Ortner, Sherry, Antropología y teoría social: Cultura, poder y agencia, Buenos Aires, UNSAM Edita, 2016.         [ Links ]

13. Distintos trabajos han abordado procesos de organización política comunitaria y lucha territorial en contextos de reemergencia o de reafirmación identitaria, en distintos puntos del país, aunque en general refieren a casos  posteriores al que aquí se presenta.  A modo de ejemplo, para el caso mapuche tehuelche ver Ramos, Ana y Delrio, Walter, “Trayectorias de oposición. Los mapuches y tehuelches frente a la hegemonía en Chubut”, en  Briones, C. (editora) Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad, Buenos Aires, Antropofagia, 2005, pp. 79-119; para el caso colla Espósito, Guillermina, La polis colla. Tierras, comunidades y política en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2017;         [ Links ] para el caso diaguita en Salta ver Sabio Collado, María Victoria y Milana, María Paula, “El devenir de la “lucha”. La política colectiva de organizaciones indígenas en perspectiva (Salta, Argentina)”, Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, Vol. 26, Nº 2, 2018, pp. 125-142; entre otros. Respecto de ejemplos que retoman las sugerencias de Grossberg para Argentina ver Briones, Claudia, “Nuestra lucha recién comienza. Vivencias de Pertenencia y Formaciones Mapuche de Sí Mismo”, Avá, Nº 10, 2007, pp. 23-46; Briones, Claudia, “Formaciones de alteridad: Contextos globales, procesos nacionales y provinciales”, en  Briones, Claudia (ed.), Cartografías Argentinas. Políticas Indigenistas y Formaciones Provinciales de Alteridad, Buenos Aires, Antropofagia, 2005, pp. 11-43;  Ramos, Ana, Comunidad, Hegemonía y Discurso: el Pueblo Mapuche y los Estados Nacionales a fines del siglo XX, Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2005;         [ Links ] Delrio, Walter, Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943), Bernal,Universidad Nacional de Quilmes, 2005,         [ Links ] entre otros.

14. Tolosa, Sandra,  “La relación con el Estado en la constitución de la agencia comunal indígena. Aspectos para su análisis en la Comunidad India de Quilmes, Tucumán” en Actas de las XIV Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia. 2 al 5 de octubre de 2013. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

15. La expansión de los ingenios de Salta y Jujuy comienza en la primera mitad del siglo XX y a partir de 1935 crece en forma constante. Para 1965, Tucumán aportaba  el 65% de la producción y Salta y Jujuy el 35%. En 1970,  Tucumán se redujo al 57% y el norte incrementó al 43%. Bisio, Raúl y Floreal Forni, “Economía de enclave y satelización del mercado de trabajo rural. El caso de los trabajadores con empleo precario de un ingenio azucarero del Noroeste Argentino”, Desarrollo Económico, Vol. 16, N° 61, 1976, pp. 3-56.

16. Vessuri, Hebe, “La explotación agrícola familiar en el contexto de un sistema de plantación: un caso de la Provincia de Tucumán”, Desarrollo Económico, Vol. 15, Nº 58, 1975, pp. 215-238.

17. La ley 16.926 de 1966 dispuso la intervención de las fábricas Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera, Santa Ana y San Antonio (en quiebra) que no produjeron ese año, y sólo tres pudieron recomponerse al siguiente. En 1967, las leyes 17.134 y 17.222 comprometieron a los ingenios San José, Los Ralos, Amalia, Santa Lucia, Mercedes y San Ramón a cesar la actividad y reajustar sus estructuras. Finalmente fueron desmantelados.

18. Según datos de la UNT citados en Fontán, Marcelino. “El Noroeste Argentino: Tucumán”, Antropología Tercer Mundo. Revista de Ciencias Sociales, N° 1, 1968, pp. 34-49. Asimismo, la mecanización del corte de caña implicó la suspensión de muchos trabajadores. A esto se sumó el incumplimiento de los convenios por las patronales: de $786 la tonelada de caña pelada, se pagaba a los trabajadores sólo $400. Hasta 1970 siguió descendiendo el número de obreros, sólo quedaron funcionando dieciséis ingenios y el salario real cayó entre 1965 y 1969 en más de un 30%. Alba, Roberto. “Tucumán y el plan de transformación agroindustrial”, Todo es historia, N° 230, 1986, pp. 57-62.

19. De 568.000 t en 1962-65 se paso a 526.000 t en 1966-67, para terminar en 403.000 t en 1968. Datos de “Carta a Tucumán” elaborada por la FOTIA, citados en Fontán, Marcelino, 1968, Ob. Cit, p. 47.

20. Alba, Roberto 1986, Ob. Cit., p. 58.

21. El 80% de las 50.000 ha del llano se dividía en fincas menores a 10 ha; de éstas, 20 % eran menores a 2 ha.

22. Alba indica que el objetivo de destruir o modernizar al sector minifundista no se consiguió. En 1971 no se registraba ni una disminución en la cantidad de fundos ni una mayor eficiencia en el sector, que había logrado acomodarse a las dinámicas del mercado negro. Sobre la diversificación agrícola, algunas parcelas fueron destinadas a otros cultivos - sorgo y en menor medida otros cereales, forrajeras y oleaginosas- que por su escaso valor agregado no impactaron en la economía. En cuanto a las Cooperativas planteadas para la diversificación, sólo funcionaron aquellas que, como la de Campo Herrera, tuvieron apoyo del INTA, y no las que se autonomizaron del estado, donde se combinó la caña con cultivos como maíz, trigo y batata, integrando productores que habían quedado marginalizados. Alba, Roberto 1986, Ob .Cit., p. 59.

23. Para un desarrollo completo sobre el tema, ver: Pucci, Roberto, Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966, Buenos Aires, Ediciones del Pago Chico, 2007.         [ Links ]

24. Para 1968 la disminución de ingresos para los trabajadores era de $ 4.720.000, el aumento de la mortalidad infantil de 80%; la deserción escolar del 73%; además de un considerable aumento de los índices de tuberculosis, Chagas y sífilis. Fontán, Marcelino, 1968, Ob. Cit, p. 48.

25. Que sería reconocida luego con el nombre de Bolsa de Trabajo y finalmente como Régimen de Trabajos Transitorios (RTT) con fondos del gobierno nacional. Alba, Roberto 1986, Ob. Cit., p. 62.

26. Sobre este tema ver: Crenzel, Emilio, El Tucumanazo, Tucumán, UNT, 1997;         [ Links ] Kotler, Rubén, “El Tucumanazo, los Tucumanazos 1969–1972. Entre el recuerdo individual y la memoria colectiva”, Revista Testimonios, N° 2, 2010; Ramírez, Ana, "Tucumán 1965-1969: movimiento azucarero y radicalización política", Nuevo Mundo. Mundos Nuevos, París, 2008,  http://journals.openedition.org/nuevomundo/38892 [Consulta 27/05/2018]; Taire, Marcos, El último grito. 1974: Crónica de la huelga de los obreros azucareros tucumanos de la FOTIA, Buenos Aires, Ediciones Del Pago Chico, 2008;         [ Links ] entre otros.

27. Gatti plantea el caso de la finca de Luracatao, en los valles Calchaquíes salteños, en el marco de una creciente pauperización de los valles durante el siglo XX. Gatti, Luis María, “Plantación, campesinado y manufactura: un caso de análisis diacrónico de la articulación de clases en el Noroeste argentino”, en Cathedra II,  pp. 133-179 (1979). Otra  situación de satelización del mercado de trabajo entre un ingenio y una “finca cautiva”, alejada pero propiedad de los mismos dueños, es descripta por Bisio, Raúl, y Forni, Floreal "Economía de enclave y satelización del mercado de trabajo rural. El caso de los trabajadores con empleo precario de un ingenio azucarero del Noroeste argentino", Desarrollo Económico, Vol. 16, N° 61, 1976,  pp. 3-56         [ Links ]

28. Respecto de la cuestión del mercado del trabajo en la industria azucarera, ver entre otros: Campi, Daniel, “Captación y retención de mano de obra por endeudamiento, el caso de Tucumán en la segunda mitad del siglo XIX”, Ciclos en la historia, la economía y la sociedad,  Vol. I,Nº 1, 1991, pp.149-167; Campi, Daniel,  “Auge azucarero, coacción y mercado de trabajo. Tucumán (Argentina) en el último cuarto del siglo XIX”, en A. Malpica (Ed.) Agua, trabajo y azúcar, Granada, Diputación Provincial, 1996; Campi, Daniel  y Marcelo Lagos, “Auge azucarero y mercado de trabajo en el Noroeste argentino (1850-1930)”, en Circuitos mercantiles y mercados en Latinoamérica, México, UNAM.

29. Bisio, Raúl, y Forni, Floreal, 1976, Ob. Cit.

30. Tolosa, Sandra, “El valle calchaquí tucumano a fines del siglo XIX. Apuntes sobre el contexto productivo y las condiciones de existencia de los sectores indígenas subalternos”, Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Vol. 20, N° 44, 2019. [en línea]  https://doi.org/10.24215/15155994e116

31. Herrán, Carlos, “Migraciones temporales y articulación social”, Desarrollo Económico, Vol. 19, N° 74, 1979, pp. 161-187.

32. Para 1974 el autor señala un mantenimiento en las cifras relativas al cultivo de forrajeras y un mantenimiento de las cabezas de ganado, con un número similar al de fines de siglo XIX. Herrán, Carlos, 1979, Ob. Cit., p. 171.

33. Herrán, Carlos, 1979, Ob. Cit., p. 178.

34. Consejo Federal de Inversiones (En adelante CFI). Diagnóstico expeditivo de la situación jurídica, económica y social de las áreas en situación de comunidades indivisas de la provincia de Tucumán, CFI, Buenos Aires, 1974, Tomo I, p.29.

35. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 30.

36. Herrán, Carlos, 1979, Ob. Cit.

37. Al respecto, ver Meister, Albert, Petruzzi Susana y Élida Sonzogni, Tradicionalismo y cambo social. Estudio de área en el Valle de Santa María, Rosario, FFyL-UNL, 1963;         [ Links ] Herrán, Carlos, 1979, Ob. Cit; Fandos, Cecilia, “Estructura y transferencia de la propiedad comunal de Colalao y Tolombón (provincia de Tucumán) en la segunda mitad del siglo XIX”, Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Nº 7(14), 2007  [en línea]  http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar [Consulta 20/06/2019]; Mata, Sara,  Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independencia, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2000;         [ Links ] Medina, María Clara, Landless women, powerful men. Land, gender and identity in NW Argentina (Colalao – ElPichao, 1850-1910), Göteborg, Göteborg University, 2002; Tolosa, Sandra, 2019. Ob. Cit.

38. Sobre los reclamos y derechos territoriales de Amaicha ver, entre otros: Isla, Alejandro, Los usos políticos de la identidad. Indigenismo y Estado, Buenos Aires, De las Ciencias, 2002: Rodrí         [ Links ]guez, Lorena, “Los usos del sistema judicial, la retórica y la violencia en torno a un reclamo sobre tierras comunales. Amaicha del Valle, siglo XIX”, Runa, 30 (2), 2009, pp. 135-150; Sosa, Jorge Amaycha, la identidad persistente: Desterritorialización y reterritorialización de una comunidad tricentenaria (XVIII a XXI) (Tesis Doctoral inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015.         [ Links ]

39. "El diálogo incesante. Comunidad india de Quilmes, construcción política y poder del estado.” Revista Colombiana de Antropología. Vol. 50, N° 1, 2014, pp. 55-81 [en línea]  https://doi.org/10.22380/2539472X56

40. Mariátegui, José Carlos, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2009 [1928]        [ Links ]

41. Quijano, Aníbal, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Lander, Eduardo (ed.) Colonialidad del saber y eurocentrismo, Buenos Aires, UNESCO-CLACSO, 2000, pp. 201-246.

42. Meister y Petruzzi, 1963, Ob. Cit.

43. Tolosa, Sandra, 2014, Ob. Cit.

44. Comunidad India Quilmes (CIQ), Los Quilmes contamos nuestra historia, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas, Tucumán, 2006, p. 20.

45. Herrán, Carlos, 1979, Ob. Cit.

46. Es posible que se refiera al Ingenio San Isidro, primer ingenio azucarero del país, fundado en 1760 por A. Fernández Cornejo, activo hasta la actualidad en esa localidad del departamento de Gral. Güemes.

47. Entrevista comunera de Colalao del Valle. Realizada en el marco del Programa de Reconocimiento Institucional a Equipos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA (En adelante PRI) “Sobre alteridades, pasados y presentes: procesos de constitución de la memoria y la identidad en poblaciones indígenas del Noroeste argentino y la región Patagónica desde el siglo XIX al presente”, 2008-2010, dirigido por Lorena Rodríguez y Carolina Crespo.

48. Entrevista a comunero anciano de Quilmes. Realizado en el marco del PRI citado, 2008-2010.

49. Herrán, Carlos, 1979, Ob. Cit, p. 184

50. Entre otros Tomás Chaile, Jesús Costilla, Candelario Gerónimo, Felisa Balderrama, Rosa Astorga.

51. Serbín, Andres, 1981, Ob. Cit.

52. Entrevista a comunera anciana de El Arbolar. Realizado en el marco del trabajo de campo de mi proyecto de investigación doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2010-2015. Subrayado de la autora.

53. En  1974 Santana viajaría al Primer Parlamento Indio de América del Sud en San Bernardino, Paraguay, como representante calchaquí en el “Consejo de Amautas” en el marco del Proyecto Marandú organizado por el Centro de Estudios Antropológicos de Paraguay, donde se presentaron 32 representantes de once naciones: Maguiritare, Quechua, Aymara, Guaraní, Chulupí, Toba, Kolla, Mapuche, Pai Tavvytera, Parixi y Mataca. Los ponentes argentinos fueron Eulogio Frites, Fausto Durán y Pedro Santana Campos.

54. Se dice que era oriundo del límite entre Santiago y Tucumán, aunque él decía “soy Quilmes, yo soy uno de la comunidad, hemos quedado muy pocos en las ruinas de Quilmes pero existen actualmente, existe la gente, soy descendiente; diaguita lo decimos porque abarca todo el valle.” “Testimonios indígenas. II parte de las Primeras Jornadas de la Indianidad”, en Huaico 23, Año 5, 1984, p. 13.

55. Para un mayor desarrollo sobre este tema ver Tolosa, Sandra, 2018, Ob. Cit.

56. Lenton, Diana, “Notas para una recuperación de la memoria de las organizaciones de militancia indígena”, en Identidades, Revista del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, Nº 8, 2015, pp. 117-154.

57. Entrevista a comunero anciana de Quilmes. Realizada en el marco del proyecto doctoral citado, 2010-2015. Subrayado de la autora.

58. Para un estudio detallado de fases de la organización política indígena ver Lenton, Diana, 2015, Ob. Cit.

59. Memorándum a presentar a las autoridades provinciales con las conclusiones del I° Parlamento Regional Indígena “Juan Calchaquí”. Amaicha del Valle, Tucumán, 15-19/12 de 1973. Mayúsculas en el original.

60. Memorándum Cit., 1973. Mayúsculas en original

61. Entrevista a comunero anciano de Quilmes. Realizado en el marco del PRI citado, 2008-2010.

62. Decreto 28.169 del 08/10/1944.

63. Pierini, Victoria, “La Comunidad India de Quilmes en la década de 1970. Reflexiones iniciales sobre la historia de su organización política y comunitaria”, en Rodríguez Lorena (comp.) Resistencias, conflictos y negociaciones. El Valle Calchaquí desde el período prehispánico hasta la actualidad, Buenos Aires, Prohistoria, 2011, pp. 197-209.

64. Entrevista a comunero anciano de Quilmes. Realizada en el marco del proyecto doctoral citado, 2010-2015.

65. Entre ellas, la creación en 1946 de la Dirección Nacional de Protección Aborigen (por decreto de Farrel) y del Instituto Étnico Nacional (Lenton, Diana, “Aboriginality, Memory and Struggle: TheMalón de la Paz and the Genesis of Indigenous Militancy in Argentina”, en Matthew Karush y Oscar Chamosa (ed.) The New Cultural History of Peronism: Power and Identity in Mid-Twentieth-Century Argentina, Durham, 2010, 314-348); en 1949 la reglamentación de trabajo indígena en el Art. 50 de la ley 13560 y la corrección de la Constitución, cuyo texto original enunciaba “proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo” del cual se quitó lo posterior al punto y coma por anacrónico (Martínez Sarasola, Carlos, Nuestros paisanos los indios. Vida, Historia y destino de las comunidades indígenas en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1993, pp. 410-411);         [ Links ] la inclusión en el programa del 2° Plan Quinquenal de la protección e incorporación progresiva de la población indígena al ritmo y nivel de vida de la Nación -que pasa de considerarse “el primer proletario de América” a ser “un argentino más, con iguales obligaciones y derechos” (2° Plan Quinquenal, 1953); la inscripción en el registro Civil como acceso a la vida ciudadana, la provincialización de territorios nacionales y la expropiación y devolución aislada de algunas tierras, como el caso de Humahuaca. (Zamudio, Teodora, “Perón y los aborígenes en Argentina”, Derechos de los Pueblos indígenas, 2010, [en línea] http://www.indigenas.bioetica.org [Consulta: 16/06/ 2017]

66. Memorándum Cit., 1973.

67. Memorándum Cit., 1973.

68. Organización paralela al Consejo de la Comunidad formada en junio de 1970, con personería jurídica y estatutos aprobados en provincia y nación. Su Comisión Directiva fue presidida por Carlos Tayre, hasta 1973.

69. El contenido del documento es de vital importancia para la construcción de la memoria de las comunidades de Amaicha y Quilmes y su contenido se ha transmitido entre generaciones (Isla, Alejandro, “Los usos políticos de la memoria y la identidad”, Estudios Atacameños, N°26, 2003, pp. 35-44). Se dice que el original está celosamente guardado, luego de haber sido motivo histórico de disputas y algunos dicen haberla visto. Una copia se encuentra en el Archivo Histórico de Tucumán.

70 CFI, 1974, Ob. Cit.

71. El informe fue ejecutado por el Grupo de Registros Inmobiliarios del Área de Financiamiento del CFI. La recopilación de antecedentes, documentos oficiales y datos de las distintas comunidades, así como el procesamiento de la información estuvo a cargo del Profesor Ricardo E. Doro, y la Supervisión y Coordinación General, del Escribano Luis C. Marinelli. Parte de las fuentes fueron tomadas de las DGC (Cédulas Parcelarias) y de relevamientos efectuados en 1916 y 1943

72. De Riz, Liliana, Retorno y Derrumbe. El último gobierno peronista, Buenos Aires,  Hispamérica, 1987.         [ Links ]

73. El Plan fue creado por el Comité del Plan Trienal, creado por Decreto N° 185/73

74. Lastiri gobernó entre el 13/07/1973 y el  12/10/1973, por renuncia de Héctor José Cámpora, presidente entre el 25/05/1973 y el 12/06/1973.

75. Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, Buenos Aires, Editorial Codex, 1974, p. 112.

76. Lázzaro, Silvia, “La reforma agraria en la propuesta del peronismo durante la década de 1970”, Revista de Estudios del ISHIR, Año 3, N° 6, 2013, pp. 111-131  [en línea] http://www.revista.ishir-conicet.gov.ar/index.php/revistaISHIR [Consultado el 18/10/2019]

77. Lázzaro, Silvia,  Op. Cit., p. 123.

78. Se categorizaron los proyectos de acuerdo al periodo político en que se gestaron: los “de saneamiento de comunidades en particular” (1946-1950) y las que contaron con estudios previos para la “solución conjunta de todas las tierras en situación de Comunidades Indivisas” (1953-1964)” (CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 14).

79. Proyecto de Isafas Juan Nougués, Cámara de Diputados, Abril 14/1961, Tomo VIII: 5708-9.

80. Informe de Comisión para el estudio de las Comunidades 1961, en CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo II, Anexo 13.

81. Figueroa Román, Miguel y Francisco Mulet, Planificación Jurídica de Amaicha del Valle, Tucumán, Instituto de Sociografía, Colegio Libre de Estudios Superiores de Tucumán, 1949, p. 32         [ Links ]

82. Figueroa y Mulet, 1949, Ob. Cit., p. 32

83. Figueroa y Mulet, 1949, Ob. Cit., p. 32

84. Figueroa y Mulet, 1949, Ob. Cit., p. 33

85. Amaicha, Los Britos, Los Sosa, La Calera, El Corralito, Los Fernández, Los Albornoz, Villa Pupio, Las Huertas, Araoz Hnos., Los Morales, Sud de Lazarte, Seg. De Lazarte, Los Díaz I, Los Fernández, Los Gómez, Yánima, Los Herrera y Los Díaz II, Los Gramajo y Los Romano, Britos II, Las Palmitas.

86. Fueron agrupadas en tres conjuntos. El primero incluía las propiedades rurales que 1) constituyeran sucesiones indivisas desde antes de 1920, sin unidad administrativa, 2) poseyeran superficie mayor de 300 ha en la zona apta para la caña de azúcar, o mayor de 1000 ha fuera de esta zona y 3) contuvieran parcelamientos realizados por ocupantes de cualquier naturaleza. El segundo incluía propiedades que: 1) estuvieran inscriptas en el Registro Inmobiliario a nombre de persona física o jurídica a título de acciones y derechos pero sin especificación de parte o proporción; 2) contuvieran parcelamientos realizados por ocupantes a títulos diversos; 3) poseyeran las superficies enunciadas en el primer grupo. El tercero lo formaban las propiedades que 1) contuvieran ocupantes que no pagaran arriendos ni tuvieran vinculación con el propietario; 2) no se encontrasen racionalmente explotadas por sus dueños o estuvieran abandonadas; 3) se encontraran en mora impositiva desde 1947. La localización de toda propiedad rural con alguno de estos atributos era sumamente difícil y sólo fue posible estudiarlas a partir de los expedientes catastrales, para luego verificar datos en el campo, con los títulos existentes. La nómina lograda fue escasa, ya que del Catastro se desprendía que muchas comunidades eran “sucesiones indivisas”, de modo que se incluyeron las registradas en Catastro y aquellas con atributos equiparables.

87. El total de tierras comunales en Tafí sumaba 62.125 ha, casi 16% de las 409.500 del departamento.

88. La primera y la última entrarían en las “conocidas por el nombre de un supuesto titular, o administrador que las representa o identificadas por el apellido de antiguas familias residentes” (CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 11).

89. Entrevista a comunero anciano de Colalao del Valle. Realizada en el marco del PRI citado, 2008-2010.

90. Entrevista a comunero mayor de Colalao del Valle. Realizado en el marco del PRI citado, 2008-2010.

91. Según una miembro actual de Aráoz Hnos. , esta comunidad nació en 1858 con la compra de Pilar Aráoz de 7400 ha a Aurora Arce, que desde allí esas tierras tienen dueños por compra o herencia y que la Comunidad ha velado por el progreso y bienestar social, donando tierras para Escuelas, Clubes, Comunidades religiosas, Cementerio, Plazas, Centros vecinales, Pozo, etc. “Andhes es denunciado ante el Colegio de Abogados” [en línea] http://pueblooriginario.com.ar/andhes-es-denunciado-ante-el-colegio-de-abogados/ [consulta 14/ 6/2018]

92. Entrevista a comunero mayor de El Pichao. Realizado en el marco del PRI citado, 2008-2010

93. Entrevista a comunera mayor de Colalao del Valle. Realizado en el marco del PRI citado, 2008-2010

94. El historiador amaicheño Rodolfo Cruz explica que a diferencia del resto, los amaichas fueron favorecidos por merced real para volver a su territorio 50 años después de desnaturalizados. Francisco Abreu y Figueroa, en un litigio con otro terrateniente, habría tratado de probar que los amaichas no habían participado de las guerras para que no los trasladen y dejarlos como mano de obra en su estancia de Lules, a donde los amaichas irían a servir  “voluntariamente” luego de haber aprovechado el litigio para  permanecer en los valles. (Citado en Isla, Alejandro, Los usos políticos de la identidad. Indigenismo y Estado, Buenos Aires, De las Ciencias, 2002, pp. 50-51).         [ Links ]

95. El antecedente más importante sobre Amaicha indicaba no era discutible su “propiedad privada”, ya que el estado percibía contribuciones fiscales de sus propietarios y que “la indivisión, está perfectamente reglamentada por la Ley Civil con el título de condominio, y puede cesar cuando los interesados lo consideren conveniente”. La propiedad también se demostraba con la transferencia hecha a la Iglesia Católica con “la donación de las catorce manzanas (…) que constituyen el casco urbano de la población” y con otras transferencias de lotes “adquiridos por comerciantes y otras personas que se han establecido en la villa inscribiendo sus títulos, edificando y mejorando sus fincas, sin que en ningún momento se haya pensado discutirles derechos legítimamente adquiridos. Hasta el superior Gobierno Provincial es sucesor de la comunidad en los derechos de propiedad de un inmueble adquirido para la construcción del centro comunal, edificio destinado a las oficinas públicas” (Figueroa Román, Miguel y Francisco Mulet, Planificación Jurídica de Amaicha del Valle, Tucumán, Instituto de Sociografía, Colegio Libre de Estudios Superiores de Tucumán, 1949, p. 32). También se destacaba que las “desmembraciones de la comunidad originaria, formadas por familias que cercando zonas determinadas de la extensa donación primitiva, han regularizado la situación jurídica de sus fracciones produciendo las correspondientes informaciones posesorias e inscribiéndolas”, y que esto podía ser también realizado por los que conservan sus derechos sobre el resto del inmueble. Para los sociógrafos, la falta de inscripción de títulos en el Registro era una deficiencia sin mayor importancia, fácilmente subsanada con una “información treintaria.”Así, estos antecedentes demostraban el reconocimiento de hecho de la propiedad comunitaria y por lo tanto, la expropiación y explotación planeada por el gobierno con la Ley de Creación del Organismo de Fomento de Empresas Mixtas Privado Estatal no era aplicable al caso. La solución propuesta fue formar una “Sociedad Anónima” para regularizar la “sociedad de hecho existente”, tramitar la información posesoria y registrar los títulos de propiedad (Figueroa y Mulet, 1949, Ob. Cit., p. 33). Posteriormente, el proyecto de Ley de Eximición de gastos de juicio, sellado, oficina e impuestos a la Sociedad Comunidad de Amaicha del Valle, presentado el 30/09/1950 por los diputados Zarlenga y González, eximía a la futura Sociedad de los gastos de trámites.

96. Facsímil de la copia y transcripción de la protocolización  rubricada en 1892 por Martín Rodríguez, Escribano de Hacienda. En CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo II, Anexo 8.2

97. Sosa indica que el documento sería una de las copias solicitadas por el representante de los amaichas Juan Solís de Ovando una vez incorporado el testimonio al acto protocolar de la provincia, copias que fueron a manos del entonces cacique Timoteo Ayala y sirvieron años después para ilustrar folletos de las comunidades (Sosa, Jorge, 2015, Ob. Cit., p. 114). Según el autor, el librillo Amaicha: ceremonia de vida, de 1996, sería la “primera transcripción oficial de la Cédula Real” (Sosa, Jorge, 2015, Ob. Cit., p.27). No obstante, el CFI había publicado en su estudio el facsímil y la transcripción del texto de la Cédula a partir de la protocolización de 1892, junto a los facsímiles de la gestión de Ovando, y de la demanda de la Comunidad contra Filemón Palavecino “sobre exhibición de una Cédula real”.

98. Transcripción del texto de la Cédula. En CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo II, Anexo 9.

99. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 20.  Subrayado de la autora.

100. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo  I,  p.19.

101. La Cédula  indica “Que son desde el algarrobo sellado línea recta al Naciente hasta dar con una loma picaza en el punto del Maseo y de allí por la cuchilla del Águila Guaci hasta dar con la cima de Los Lampazos y de allí tomando para el Sud el cordón que vota las aguas para el Valle hasta dar con el nevado y se vuelve para el Norte por el cordón que vota las aguas para Tafín hasta llegar a la abra que forma el camino que va por este punto; y de allí se mira el cerro que está entre N.E. hasta dar con el cordón que vota las aguas para el Tucumán y volviendo para este rumbo, para el Poniente; se toma la línea del algarrobo escrito a la abra del Sud del morro de San Francisco que mira directamente a la puerta del Chiflón del Rio de Bocamaca; y por el Norte hasta el Neayacocach y de allí línea recta al Naciente  a un morro alto y siguiendo la línea hasta el cordón que vota las aguas para el Tucumán y volviendo a Neaycocach huye arriba al campo del Moyar en donde plantamos una cruz grande, y de allí se tira línea recta al Poniente al Cerro Grande que esta frente a Colalao, quedando este punto y Tolombón y el paraje  del Sud de estos pueblos llamado “El Puesto” prestado por el tiempo de seis años en poder de Don Pedro Díaz Doria para hacer pastar e invernar tropas de mulas del ejercito real (…) y el paraje de Tafín arrendado a don Francisco Lamercado y Villacorta para hacer pacer cabras y ovejas de Castilla (…)” Transcripción del texto de la Cédula. En CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo II, Anexo 9.

102. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p.19.

103. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 8. Destacado en negrita de la autora.

104. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 9.

105. Lafone Quevedo, Samuel, “Viaje a los Menhires e Intihuatana de Tafí y Santa María en octubre de 1898”, en Revista del Museo de La Plata XI, 1899, pp. 123-128.

106. Quiroga, Adán, Monografías arqueológicas. El número 4 y Amaycha”, Anales de la Sociedad Científica Argentina, Tomo 74, 1912 [1900], p. 156. Citado en Sosa, 2015, Ob. Cit., p. 151.

107. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 20.

108. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 38

109. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 11

110. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 35

111. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 35

112. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 33.

113. Se mencionaba especialmente que los 70 socios iniciales tenían acciones fijas por valor de $5,00 y un capital total de menos de $400, pero que para el inicio de las tareas de mensura se le habrían adjudicado $ 60.000, que “finalmente no fueron utilizados.” CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 31.

114. CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo I, p. 81.

115. Entre otros, Pedro Santana, Jesús Costilla y Delfín Palacios de Quilmes; Ramón Soria de El Bañado; Reinaldo Morales de Anjuana; Ramona Balderrama de El Arbolar; Candelario Gerónimo de Los Chañares; Manuel Reyes de El Carmen; Feliciano Condori de Colalao del Valle; Felisa de Balderrama, Rosa Astorga de Amaicha.

116. Sosa Jorge, 2015, Ob. Cit., p. 14.

117. Ley 4.400, sancionada el 12/12/1975.

118 Ordenado por Decreto N° 4508/14 (SSG, 16/09/1974).

119. Decreto 451/21 que reglamenta la ley 4.400 del 10/02/1976, durante la gobernación de Amado Juri. No obstante, el Decreto 80/14 que autorizó al gobierno de la provincia a confeccionar la escritura traslativa de los terrenos adjudicados por ley 4.400 y su modificatoria 5.758 fue firmado recién el 13 de enero de 1995, en la gobernación de Ramón Ortega. de acuerdo a lo dictaminado por la Fiscalía de Estado (dictamen 2.886). La superficie del terreno es de 52.812 ha, 4373 mts.2.

120. Posteriormente la ley 5758 (sancionada el 25/04/1986) facultaría al PE a transferir el derecho sobre las tierras que “sin estar adjudicadas o reservadas por aplicación del artículo 1° de la presente ley para residencia familiar de los comuneros, se encuentren dentro de los limites determinados por la cesión real a favor de la Asociación Civil “Comunidad de Amaicha del Valle”, como entidad representativa de los herederos y/o continuadores de los primeros beneficiarios´”. Asimismo, se eximió a la Asociación Civil, comuneros y poseedores animus dominis de los gastos en actuaciones (mensuras, escrituras) que quedarían a cargo del gobierno.

121. Entrevista a vecino de Santa María. Realizada en el marco del proyecto doctoral citado, 2010-2015.

122. Personería N° 34/90, otorgada por la Inspección General de Personería Jurídica de Tucumán (IGPJ) durante el Segundo Congreso Indígena realizado en San Miguel de Tucumán en 1984 (CIQ, 2006, Ob. Cit., p. 28). Sería suplantada años después como Comunidad India de Quilmes en el registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) con la personería jurídica N° 441 otorgada el 30/7/2001.

123. Testimonio de Santana, transcripto en “Testimonios indígenas. II parte de las Primeras Jornadas de la Indianidad”, Huaico, Año 5, Nº 2,1984, p. 13.

124. Entrevista a comunero mayor de Quilmes. Realizada en el marco del proyecto doctoral citado, 2010-2015.

125. Entrevista al Cacique Francisco Solano Chaile. Realizada en el marco del proyecto doctoral citado, 2010-2015.

126. Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UNPDT), Del I al IV Parlamento Regional Indígena Juan Calchaquí. 4 décadas de construcción y resistencia, Tucumán, Caja Popular de Ahorros, 2015, p. 5.

127. Causa: “Maita Felipa Isabel s/su denuncia” Expte. N° 1.372/08.

128. La actuación de Santana (fallecido durante el juicio) se inscribió como CASO 8 “Santana Campos Pedro Pablo s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad y torturas” en la “megacausa” compuesta por las causas “Operativo Independencia, Primer Período (Intervención de Acder Vilas)” Expte.40.1015/2004 y “Operativo Independencia 2do Período (Intervención Antonio Bussi)” Expediente 40.1016/2004 y conexas.

129. Entrevista a Jesús Costilla. Realizada en el marco del PRI mencionado, 2008-2009.Es interesante destacar que a pesar de haber ganado el juicio, Costilla dice no tener el título; éste estaría en poder de la Comunidad.

130. Entrevista al Cacique Francisco Solano Chaile. Realizada en el marco del trabajo de campo del proyecto doctoral citado, 2010-2015.

131. Esta lista de 293 personas fue aportada como prueba ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán por el testigo Juan Carlos Clemente en la investigación sobre un CCD en la ex Jefatura de Policía. La mayoría de los nombres tenían consignados al lado la sigla DF (Disposición Final) es decir la muerte. En pocos casos se consignaba el destino “Libertad”. “Peritan firmas en papeles que aportó un testigo”, en La Gaceta, Tucumán, 25 de junio de 2010 [en línea] https://www.lagaceta.com.ar/nota/385441/politica/peritan-firmas-papeles-aporto-testigo.html [consulta 10/11/2018].

132. Por su preocupación  sobre el control de la población rural, el gobierno creó un organismo ad hoc, dependiente de la gobernación, que tendría a cargo la relocalización de cuatro poblaciones rurales de la provincia. Para ello se construirían las localidades de Caspinchango, Los Sosa, Yacuychina y Colonia 5. Ley 4.530, sancionada el 16/08/1976, modificada por ley 4.547.

133. Se planificaron políticas concretas para las Cooperativas. El 30/03/1973 se firmó un convenio entre el PE de la provincia y el Banco Nación (ratificado por Ley 4.065, 18/01/1974) que otorgaba “facilidades crediticias a los productores, asociaciones de productores o sociedades cooperativas, de los valles calchaquíes de ese Estado Provincial, con el objeto de promocionar la implantación o transformación de aquellas producciones de la agricultura consideradas de fundamental interés para la economía de dicha región”. Las condiciones serían preferenciales y no se exigiría la propiedad de las parcelas, pero sí cumplir un plan ajustado a “pautas tecnológicas aceptables para el Banco”. La Provincia se comprometía a prestar apoyo técnico y supervisar los planes de explotación, la aptitud de los terrenos, la factibilidad de las producciones y la metodología.

 

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