ARTICULO ORIGINAL

Expansión minera y politización de las identidades étnicas (2002-2012). Los casos de Abra Pampa (Jujuy-Argentina) y Espinar (Cusco-Perú)

(Mining expansion and politicization of ethnic identities (2002 - 2012). The cases of Abra Pampa (Jujuy-Argentina) and Espinar (Cusco-Peru))

Jorge Luis Duárez Mendoza
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú
jorgeluisduarez@gmail.com

Fecha de ingreso: 22/05/19
Fecha de aceptación: 07/09/2020

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Resumen

El presente artículo analiza los significados que orientaron las acciones colectivas que distintas organizaciones sociales y autoridades públicas de las localidades andinas de Abra Pampa y Espinar realizaron ante el auge inédito que experimentó la minería a gran escala durante el período 2002-2012. Sostenemos que estos significados influyeron en la politización de las identidades étnicas y en las características que asumieron los conflictos sociales generados por la expansión minera.     

Palabras claves: Identidades étnicas; Politización; Abra Pampa; Espinar; Minería a gran escala.

Abstract

This paper analyses the meanings that guided the collective actions that different social organizations and public authorities from the Andean locations of Abra Pampa and Espinar did to cope with the unprecedented large-scale mining boom during the period 2002-2012. We argue that theses senses influenced in the politicization of ethnic identities and in the characteristics assumed by the social conflicts caused by the mining expansion.     

Key words: Ethnic identities; Politicization; Abra Pampa; Espinar; Large-scale mining.   

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Introducción

Desde la segunda mitad de los años noventa, América Latina se fue convirtiendo en un territorio de atracción minera, experimentando un auge inédito durante el período 2002-2012. La liberalización de los marcos regulatorios, el incremento del precio internacional de los metales, las mayores exigencias ambientales en los países tradicionales de inversión y el desarrollo tecnológico, fueron factores que favorecieron la expansión de la minera a gran escala. La región se convirtió en el principal destino de las inversiones para exploración a nivel mundial. Entre los principales destinos se encontraron México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Se habló de un “nuevo ciclo minero para la región”¹. Ahora bien, la afectación a los ecosistemas fue un tema recurrente, especialmente para las poblaciones locales, generándose crecientemente conflictos sociales.      

Diversas organizaciones campesinas, indígenas, vecinos autoconvocados, entre otros, se vieron involucrados en los conflictos sociales generados por la expansión de la minería a gran escala. Enarbolando entre sus demandas la defensa de los bienes naturales, estos agentes locales plantearon básicamente dos alternativas: negociar los términos de convivencia con las empresas mineras o rechazar los proyectos. En ambas alternativas y en determinados casos, ciertas organizaciones sociales pusieron en práctica un conjunto de acciones colectivas apelando a identidades étnicas. De esta manera, estas organizaciones buscaron responder a las amenazas e incertidumbres que generó la expansión minera, tanto en los ecosistemas como en el tejido social.

El presente estudio pone su atención en la región andina, específicamente en las localidades de Abra Pampa y Espinar, ambas ubicadas en dos de los países más afectados por la expansión de la minería a gran escala entre los años 2002-2012: Argentina y Perú. Sostenemos que las acciones practicadas por los agentes locales, en el marco de los conflictos sociales, influyeron en la politización de identidades étnicas afectando las tramas de relaciones de poder locales. El artículo consta de tres apartados. El primero presenta los planteamientos teórico-metodológicos que guían nuestro análisis. El segundo desarrolla el caso de Abra Pampa y el tercero el caso de Espinar. Finalizamos presentando algunas conclusiones en clave comparada. 

Consideraciones teóricas y metodológicas de nuestro estudio

Al hablar de identidades étnicas no nos referimos a cualidades innatas que definirían a los grupos sociales, sino más bien a referentes colectivos que se construyen en las interacciones sociales de acuerdo con atributos que se reconocen y se fijan, conflictivamente, en las interacciones.² Cuando estas interacciones sociales adquieren una intensidad antagónica (lo cual ocurre cuando el actuar de un otro exterior es reconocido como una amenaza para la supervivencia del referente colectivo) capaz de cuestionar determinados sistemas de clasificación social hablamos de una politización de las identidades étnicas³. Esta politización implica significaciones compartidas en torno a asuntos públicos que orientan la acción colectiva⁴, las cuales incluso -como veremos en este estudio- son capaces de perturbar el sentido moderno de la política que excluye a los no humanos (montañas, ríos, lagunas, etc.) de la arena política⁵.

Dicho lo anterior, debemos agregar que todo proceso identitario es histórico, no se genera ex nihilo. Nuestros casos de estudio muestran cómo las acciones colectivas de organizaciones sociales y autoridades estatales locales influyeron en la politización de identidades étnicas, dotando de centralidad a la articulación de las demandas por el derecho a la tierra con las demandas por la defensa de los bienes de la naturaleza⁶ . Nos aproximamos a estos procesos apelando a la descripción etnográfica de luchas frente a la actividad minera.

Optamos por realizar un análisis comparado con la intención de reconocer las similitudes y diferencias de estos procesos identitarios. Partimos de reconocer la existencia de diferentes tipos de conflictos sociales. No existe un solo tipo de conflicto social frente a la actividad minera, lejos estamos de una sola “lógica del conflicto” que se manifiesta en los diferentes casos. En los conflictos sociales generados por la minería a gran escala en el período 2002-2012 encontramos básicamente dos tipos de conflictos: aquellos que podemos denominar de “Oposición” y otros de “Convivencia”⁷. Abra Pampa es ejemplo del primero y Espinar del segundo. Analizamos las identidades políticas teniendo en consideración los diferentes tipos de conflictos que se generaron.

Cabe destacar que otros análisis han enfatizado en la correlación entre diversificación económica y tipos de conflictos mineros⁸. El planteamiento es que mientras menor sea la diversificación económica mayor será la probabilidad de que los conflictos mineros sean de “Convivencia”. Sin desconocer la capacidad heurística de este análisis, consideramos relevante proponer otra aproximación analítica, en tanto Abra Pampa y Espinar presentan bajos niveles de diversificación económica y sin embargo, los agentes locales produjeron conflictos de diferente tipo. Consideramos que la clave puede estar en las características que adquieren las identidades políticas.

Para la selección de nuestros casos de estudio elaboramos una base de datos de los conflictos sociales que implicaron a empresas de minería a gran escala y demandas ambientales en Argentina y Perú durante el período 2002-2012. Registramos un total de treinta y tres conflictos en Argentina y setenta y tres en Perú⁹. Los criterios para la selección de los casos fueron: i) tomar en consideración diferentes tipos de conflictos mineros; y ii) estar ubicados en territorios en donde se puedan identificar ciertas similitudes socioculturales, políticas y económicas, en este caso la región andina. 

Para nuestro estudio utilizamos el análisis del discurso político. Consideramos que esta aproximación permitiría comprender los significados de las acciones de los propios agentes locales¹⁰. Decidimos rastrear en las acciones de los agentes locales las modalidades con que construyeron al destinatario y al contradestinatario de sus enunciados. Además, nos interesa llamar la atención en ciertos “lenguajes de valoración” que ensayaron los agentes locales. Estos lenguajes de valoración refieren al uso de repertorios culturales para apelar a los valores no económicos de los bienes naturales, tales como su carácter sagrado, su importancia para el equilibrio del ecosistema, la defensa de la identidad cultural, entre otros¹¹.

Las técnicas que utilizamos para acceder a la información fueron tres: la observación de actividades públicas (tales como mesas de diálogo, audiencias y actos públicos de organizaciones sociales), entrevistas semi estructuradas a integrantes de las organizaciones sociales y a autoridades públicas involucradas (diecisiete en Abra Pampa y quince en Espinar) y análisis documental (notas de prensa escrita, documentos y pronunciamientos de los agentes locales). La observación y las entrevistas semi estructuradas se realizaron en Espinar durante los meses de agosto-octubre de 2015 y en Abra Pampa durante los meses de mayo y septiembre del 2016.

El caso de Abra Pampa

Asentada entre los 3.500 y 4.500 m.s.n.m., Abra Pampa se ubica en Cochinoca, uno de los cinco departamentos que conforman la región Puna de la provincia de Jujuy, al norte de la República Argentina, cerca de la frontera con Bolivia (ver mapa Nº 01).

Mapa Nº 1: Mapa político de la Provincia de Jujuy

Fuente: Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina

Según el Censo del 2010, la localidad cuenta con una población de 42.541 habitantes, parte de la cual forma parte de comunidades indígenas que en su gran mayoría se identifican como “kollas”. La población se dedicada principalmente a la actividad ganadera.

La industria minera se encuentra presente en la Puna jujeña desde las primeras décadas del siglo XX. Esta actividad logró un importante desarrollo en la provincia entre las décadas del cuarenta y setenta, lo cual le valió para ser declarada en 1974 la “capital nacional de la minería”. Si bien Abra Pampa no fue el epicentro de la industria minera en Jujuy, esta localidad se vio incluida a este entramado productivo a través de la fundidora “Metal Huasi”, la cual procesaba minerales provenientes de “Mina Pirquitas”, un proyecto minero ubicado en el vecino departamento de Rinconada. A diferencia de ese período, el nuevo ciclo minero sí incluyó a Abra Pampa como posible destino de proyectos extractivos, al demostrarse a través de estudios de exploración la existencia de reservas de cobre y plomo en su territorio¹².

El “NO” a la megaminería en Abra Pampa

En Abra Pampa la consigna del “NO a la megaminería” fue enunciada por un conjunto de organizaciones sociales, refiriendo a experiencias que fueron presentadas como demostraciones de los efectos negativos de la minería a gran escala. Particular importancia tuvo la experiencia de Metal Huasi. La fundidora inició sus operaciones en 1955, a tan solo tres calles de la plaza principal de Abra Pampa. No escapando de la grave crisis que sufrió el sector minero jujeño en la década de los ochenta, Metal Huasi se declaró en quiebra en 1987. La fundidora dejó en Abra Pampa entre quince y veinte mil toneladas de desechos de materiales tóxicos, los cuales incluían altas concentraciones de plomo¹³. Si bien estos desechos se encontraban abandonados desde fines de los años ochenta, este hecho se convirtió en un asunto de preocupación pública recién en los años dos mil. A partir de la manifestación de problemas de salud en niños que vivían en un área cercana a donde estaban los desechos tóxicos, diferentes colectivos locales demandaron al gobierno de la provincia la remediación del daño ambiental generado por Metal Huasi.

Ante la solicitud de un grupo de vecinos, en el año 2006 al Grupo de Investigación de Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy, realizó un estudio sobre los impactos de los metales tóxicos expuestos en el medio ambiente y la salud de la población infantil. El estudio reveló que como consecuencia de la escoria dejada por la fundidora Metal Huasi, el 81% de los niños de Abra Pampa registraba valores de plomo en la sangre capaces de generar daños en su salud. El caso Metal Huasi llegó a ser incluido en la agenda mediática, tanto medios provinciales como nacionales realizaron diversos reportajes sobre el drama de los niños y niñas con plomo en Abra Pampa, logrando con ello presencia en el debate público¹⁴.

Las denuncias de los daños ocasionados por Metal Huasi en el medio ambiente y en la salud de la población, fueron un hito importante en la construcción de la contaminación como problema público en Abra Pampa. Estas denuncias mostraron ante distintas audiencias los efectos negativos de la actividad minera. En tal sentido, la experiencia de Metal Huasi se convirtió en un elemento relevante en los discursos críticos de los agentes locales de Abra Pampa hacia la política gubernamental promotora de la minera a gran escala y los programas de responsabilidad social empresarial.

Junto a Metal Huasi se denunciaron otros casos de contaminación producto de la actividad minera en distintas localidades de la Puna de Jujuy. Entre estas denuncias se encuentran las realizadas por la Comunidad de Liviara en el departamento de Rinconada, la cual advirtió sobre la contaminación que sufría las aguas del río que surca sus tierras; y la comunidad de Cangrejillos en el departamento de Yavi, señalando la contaminación generada en el distrito de Pumahuasi por un antiguo proyecto minero. De esta manera, la contaminación se constituyó en un problema público que, para parte de la población de la Puna –comunidades indígenas incluidas-, tenía entre sus principales responsables a las empresas mineras. Además, durante el período de nuestro estudio, ocurrieron también las luchas de Esquel, de Famatina, entre otras, las cuales adquirieron relevancia en la opinión pública a nivel nacional¹⁵. Se difundió así en Abra Pampa un diagnóstico que advertía sobre las consecuencias negativas de promover indiscriminadamente la minería en la provincia, diagnóstico que apelaba a las “evidencias” dejadas por antiguos proyectos mineros y por las denuncias que se hacían en otras provincias del país.

La desconfianza que generaba la minería se tradujo progresivamente en la consigna del “NO a la megaminería”. La consigna del NO implicó una intervención discursiva metonímica que podemos plantearla de la siguiente manera: megaminería = no es desarrollo = no es trabajo = es muerte = cielos contaminados = agua contaminada = aire irrespirable. Los sentidos que sintetizaba la consigna del NO implicaban la intervención de diferentes enunciadores, entre ellos el “Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca” (en adelante el Consejo).

La forma en que la consigna del NO fue enunciada por el Consejo estuvo caracterizada por lo que podríamos denominar una “vocación universal”, es decir, apeló a un destinatario amplio y heterogéneo. Sin embargo, esto no negó que el discurso tuviera un destinatario preferencial: la población indígena de la Puna jujeña. La crítica desarrollada por el Consejo a la minería, además de referir a experiencias negativas como las de Metal Huasi, apeló también a la identidad étnica. Volveremos sobre este asunto más adelante.

El entramado de organizaciones en Abra Pampa

El “NO a la megaminería” fue enunciado por un conjunto de organizaciones sociales de diferentes trayectorias. Ya hemos hecho referencia del Consejo. Esta organización fue fundada en el año 2010 aglutinando a diecinueve comunidades indígenas de las jurisdicciones de Abra Pampa y Puesto del Marqués. Su principal antecedente fue el “Consejo Consultivo Rural” –creado en el 2006-, espacio que trabajaba temas productivos. Un grupo de dirigentes decidió refundar el espacio con el objetivo de ampliar los temas a trabajar, incluyendo la cuestión indígena. El Consejo incluye entre sus objetivos reafirmar y defender los derechos a la identidad, al territorio y a la tierra, así como proteger los bienes naturales y el medio ambiente¹⁶.

Otra organización que asumió la consigna del “NO a la megaminería” fue la Asociación “Warmi Sayajsunqo” (“Mujeres Perseverantes” en castellano). Con sede en Abra Pampa, esta asociación fue fundada en 1995 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las familias de la Puna. Entre las acciones que realizan “Las Warmi” (como coloquialmente las llaman en Abra Pampa) ha estado incluida la defensa de los territorios de las comunidades indígenas y el cuidado de los bienes naturales. La asociación participó en diversas acciones colectivas que se realizaron en contra de la minería a gran escala¹⁷. Uno de nuestros entrevistados describió así el rol cumplido por las Warmi:     

Había una interacción entre varios sectores, en ese tiempo las Warmi Sayajsunqo […] Comenzaron a trabajar con mujeres por el tema de cáncer al útero, por ejemplo. En ese espacio de las Warmi entre muchos temas se planteaba el derecho al ambiente sano, la participación, la consulta, muy incipiente para ese momento, 2005, 2006, muy incipiente en el sentido que no había mucha profundización de nuestros derechos y el empoderamiento de las comunidades¹⁸.

Según la información de la propia asociación, las Warmi aglutinan a través de los servicios que brindan a 3.000 familias habitantes de la Puna y los valles intermedios de Jujuy, entre las cuales se encuentran noventa comunidades indígenas. En sus propias palabras, aspiran a que “todos los coyas podamos vivir dignamente como lo hacían nuestros abuelos, vivir de nuestro propio trabajo”¹⁹.
Otra organización que asumió la consigna del “NO a la megaminería” fue el “Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy” (COAJ). Fundada en 1986, el COAJ es una organización pionera en la promoción de los derechos indígenas en la provincia. Su rol promoviendo oportunidades educativas para los habitantes de la Puna fue destacado por nuestros entrevistados. Uno de ellos destacó esta labor de la siguiente manera: 

Súper importante [el Instituto de Educación Superior Intercultural del COAJ]. Yo soy egresado del primer corte de la tecnicatura en desarrollo indígena. Muchos compañeros que hemos sido en ese momento o que han ido como estudiantes simplemente para aprender y ver qué onda hoy son dirigentes y han aportado un montón²⁰.

Según la información de la propia organización, el COAJ está integrado por más de 190 comunidades indígenas de los pueblos kollas, atacamas, ava guaraníes, tilianes, ocloyas, omaguacas y quechuas. El COAJ se ha planteado como misión la reconstitución de los pueblos indígenas de la provincia, la autogestión de las comunidades en el ejercicio de sus derechos y el desarrollo con identidad²¹. 

Por último, otra organización involucrada fue la “Red Puna y Quebrada”. Fundada en 1995, este colectivo está conformado por más de treinta organizaciones de comunidades indígenas, campesinos y artesanos. Entre sus apuestas se encuentra la lucha por la tierra y los territorios, así como la defensa de los bienes naturales²². La Red Puna y Quebrada participó en las acciones colectivas realizadas en rechazo a la expansión de la minería a gran escala y promovió la vinculación de organizaciones sociales de la Puna con colectivos de otras partes del país que también habían asumido la consigna del “NO a la megaminería”:

La Red Puna aportó un montón también. Ellos no se meten tanto en el tema indígena, más se meten en el tema de la producción, pero sí ha sido importante su aporte porque han laburado mucho el tema medio ambiente, impulsaron las escuelas de formación dirigencial con diferentes referentes. Con el tema minero aportó mucho más que la Warmi inclusive o que el COAJ, tuvo presencia en diferentes movilizaciones en defensa de los recursos naturales y también en las reivindicaciones de los territorios. Hay técnicos importantes en la Red Puna. Después contactos que ellos tienen, el contacto con la UAC fue vía Red Puna que se hizo el encuentro acá²³.

La politización de las identidades étnicas en Abra Pampa

Como podemos notar, más de una de las organizaciones sociales que asumieron la consigna del “NO a la megaminería” en Abra Pampa reivindicaba alguna identidad étnica. Esto es ejemplo del proceso de politización de las identidades étnicas ocurrido en las últimas décadas en América Latina. En Jujuy, particular relevancia tuvo la identidad “kolla”. Al respecto, la antropóloga Gabriela Karasik destacó lo siguiente:  

No es que la gente no se sintiera aborigen, ser nativo del lugar, no es que eso no estuviera y apareció después, eso estaba y ser kolla también era eso, pero la idea tiene que ver con que esa idea nunca fue el centro de una identidad política. Que la identidad kolla articule al sujeto político para mí era la novedad. […] hace diez años, no hace mucho más, se hablaba de si había invención, ‘estos se hacen los indios’, ‘antes no eran indios’ y en realidad no es que no eran, simplemente que eso no articulaba una identidad política. Acá en Jujuy no existía esa identidad política como indígena²⁴.

Se trató de un proceso de politización que desafiaba los límites que, se consideraba, se imponía a la identidad indígena. Las siguientes palabras de un integrante del Consejo son ilustrativas:

El tema es ¿qué es ser indígena? ¿Qué es ser originario? Porque es un embole acomodarse a lo que la sociedad quiere que tú seas, porque si el indígena tiene que ser lo que al otro le gusta tiene que saber sus danzas, su comida, cantar coplas, su vestimenta típica, sus ceremonias a la madre tierra, hasta ahí está todo bien, te aceptan y te aplauden. Pero si eres un indígena más propositivo, un indígena que cuestiona, que es crítico, que plantea agenda a los estados ya no les gusta²⁵.

La agenda planteada por las organizaciones sociales aquí analizadas en torno a la expansión de la minería a gran escala evidentemente ponía en cuestión la posibilidad de que el estado argentino trabaje bajo una estrategia de “cuerdas separadas” el reconocimiento de los derechos indígenas y la promoción de la actividad minera. Podríamos decir que implicó cuestionar lo que Millamán y Hale denominaron la figura del “indio permitido”²⁶.

Tres elementos destacan en la politización de la identidad kolla en Abra Pampa: (i) supuso un proceso de contra-estigmatización; (ii) implicó un cambio generacional; y (iii) incluyó lenguajes de valoración novedosos para el debate público local. Brevemente pasaremos a presentar cada uno de estos elementos. 

La contra-estigmatización supuso el cuestionamiento de aquellos estigmas que históricamente la élite argentina adscribió a lo indígena, situándolo en un estrato inferior frente a los otros miembros de la comunidad política²⁷. Estos estigmas fueron capaces de naturalizar formas específicas de explotación en el ámbito laboral y de marginación en la vida social. La contra-estigmatización es una reacción frente a la “formación nacional de la alteridad” que ocurrió en Argentina, específicamente, a la identificación/clasificación que se le dio a lo indígena dentro de la jerarquización sociocultural de la nación²⁸. 

Es oportuno traer a colación brevemente que en Argentina el centro del imaginario social en torno a la nación ha sido ocupado por “lo blanco” y la periferia por “lo mestizo”, mientras que lo indígena ha sido expulsado a la periferia de la periferia, una suerte de presencia-ausente según Gordillo y Hirsch²⁹. La dicotomía “Civilización o Barbarie” planteada por Sarmiento en 1845 nos revela cómo la élite argentina –influida por el positivismo racialista- respondió a la cuestión indígena en la formación de la nación, condenándola al exterminio o, en el mejor de los casos, a su marginación social. La élite argentina (asentada principalmente en la zona pampeana y en el puerto de Buenos Aires) buscó pensarse como descendiente de los barcos y, a la vez, como parte de un núcleo criollo³⁰. Fue así como lo indígena se volvió un estigma. Ya en el siglo XX esta estigmatización no cambió sustancialmente, a pesar del proceso democratizador que supuso el peronismo.

Por la densidad histórica de la estigmatización de lo indígena en Argentina, el proceso de contra-estigmatización sigue siendo sumamente complejo, apoyándose en la re-significación positiva de aquellos rasgos, creencias y costumbres por los cuales los indígenas han sido discriminados. Esto no ha significado un mero ejercicio racional, ha involucrado principalmente la dimensión afectiva de los agentes (tanto a nivel individual como comunitario), pudiendo incluso vincularse a una búsqueda de sentido existencial.

Con relación al segundo de estos tres elementos, la década de los noventa es presentada como un “antes y un después” en torno al protagonismo político de los kollas en Abra Pampa. Eran jóvenes que participaban en las aún pocas organizaciones indígenas que existían (el COAJ, por ejemplo) o que conformaban nuevas organizaciones o iniciativas culturales (la “Biblioteca andina” o el “Grupo Chasqui” en Abra Pampa por señalar algunos ejemplos). Algunos de estos jóvenes se constituyeron en una suerte de intelligentsia, aportando renovadas ideas para pensar la cuestión indígena. Ellos, al compararse con sus padres y abuelos, se presentaron destacando una actitud diferente frente a los asuntos públicos. Desde una mirada histórica de mediano plazo, nuestro entrevistado de la “Red Puna y Quebrada” explicó de la siguiente manera este cambio generacional en Abra Pampa y en la Puna jujeña en su conjunto: 

La gente más grande es la que se crió a someterse, ya sea para ir al ingenio, al tabaco, a la mina, agachar la cabeza, así es nuestro pueblo y así hemos sobrevivido más de 500 años. Aparecen los jóvenes con otras demandas, aparecen después de la dictadura, es un momento en donde la gente puede expresarse mucho más y a manifestar. […] la participación, la organización, todo eso se genera y los jóvenes se van prendiendo de eso, no quieren vivir la historia de los padres, esa historia de que se iban y dejaban a la familia para trabajar, para pagar a los supuestos dueños del campo³¹.

Esta reflexión nos ayuda a vincular este cambio generacional (y la politización de la identidad étnica en su conjunto) con otros procesos políticos y económicos, tal como el referido por nuestro entrevistado: el retorno a la democracia de 1983. En este contexto democratizador, surgieron en Jujuy diferentes iniciativas culturales de base local, las cuales constituyeron una suerte de movimiento de recuperación popular de los espacios públicos³². Parte de estos jóvenes promoverán años después la constitución de nuevas organizaciones indígenas, entre ellas el Consejo.

Por último, este proceso de politización de las identidades étnicas supuso también la expresión de novedosos lenguajes de valoración para el debate público local. Estos lenguajes incluyeron símbolos y apelaciones a una “mística andina” que se hicieron presentes no solo en rituales comunitarios, sino también en las narrativas con las que los agentes locales fundamentaron la razón de ser de sus organizaciones y las acciones colectivas que realizaron frente a la expansión de la minería a gran escala. La “wipala”, por ejemplo, fue uno de los símbolos comúnmente utilizados por los agentes locales en sus acciones colectivas³³.

La apelación a la “Pachamama” en los lenguajes de valoración de los agentes locales es ejemplo de la mística que referimos. En un documento de las Warmi Sayajsunqo se presenta con las siguientes palabras el vínculo que la organización entabla con la Puna: “Nuestra Madre Tierra, Pachamama, nos regala su bondad y generosidad, afecto hecho hierba, caricia hecho hilo, somos hijos de la tierra, hijos de la Puna”. Estos lenguajes no son exclusivos de Abra Pampa, los podemos encontrar también en otras localidades de Jujuy (y en otras localidades andinas en general), en diferentes actos públicos y en pronunciamientos escritos denunciando las actividades de las empresas mineras. La apelación a una cosmovisión diferente por parte de los agentes locales habilitó ciertas luchas con el Estado y las empresas mineras por el significado de las tierras, del agua y del territorio en su conjunto.

Lo novedoso de estos lenguajes de valoración se hace evidente si comparamos nuestra anterior cita con las siguientes líneas del legajo enviado por pobladores de Cochinoca a la Secretaría de Trabajo y Previsión en septiembre de 1945, denunciando el despojo de sus tierras:

Dicen ser dueños de las tierras; pero nosotros hignoramos en esta tierra, nosotros emos nacido y emos criado como umildes poseedores campecinos tristes pero somos ciudadanos Argentinos que tenemos igual y los mismos derechos que los que han nacido en la capital Federal, la Constitución Nacional nos acuerda el Art. 14 que los abitantes de la Nación gosan de todo derecho conforme a las leyes pero aquí es todo lo contrario en el rt. 15 de la misma que en la Nación Argentina no hay esclavos pero nosotros vivimos esclavisados por particulares que se dicen ser dueños de nuestras tierras³⁴.

Los pobladores de Cochinoca en 1945, al apelar a la ciudadanía argentina y a la Constitución Nacional vigente en aquel momento (que no reconocía la pre-existencia de los pueblos originarios), remitían a una gramática de la igualdad para legitimar una demanda que es histórica en este departamento: la propiedad de las tierras. La referencia a la identidad étnica como parte de la estrategia política aún no estaba presente en la década de los cuarenta.     

La politización de la identidad kolla en Abra Pampa estuvo condicionada por otros procesos políticos, jurídicos y sociales. Además del ya referido “retorno a la democracia de 1983”, resulta pertinente que hagamos referencia al desarrollo de una institucionalidad y normativa estatal referida a la cuestión indígena y a la generación de una migración de retorno a la Puna desde los años noventa. Veamos.

En 1985 el Gobierno de la Nación creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y siete años después, en 1992, adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado en el 2000 y entró en vigor en el 2001. Un acontecimiento relevante en este desarrollo de la institucionalidad estatal fue la reforma constitucional de 1994, a partir de la cual se reconoce la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Nueve provincias incorporaron los derechos de los pueblos indígenas en sus constituciones, entre ellas la Provincia de Jujuy. Si bien podemos señalar críticamente que este desarrollo institucional y normativo no vino acompañada de políticas públicas efectivas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, consideramos que sí significó una oportunidad para su participación política.      

de retorno a la Puna, por su parte, se explica por factores internos y externos. Entre los factores internos se encuentra la crisis de la actividad minera de los años ochenta. Entre los factores externos podemos señalar la menor demanda de mano de obra para la zafra, debido a la maquinización de la actividad agrícola y la crítica situación de la economía nacional, que hacia finales de los ochenta mostraba escasa capacidad para incorporar mano de obra. Ante las escasas oportunidades laborales, los pobladores ensayaron diferentes estrategias de subsistencia (refuncionalizando parcelas de tierra, apelando a subsidios, incursionando en el negocio del turismo) en la Puna³⁵. Con el inicio del nuevo ciclo minero, la defensa del territorio significó defender estas estrategias de subsistencia, apelando esta vez a gramáticas relacionadas con la politización de las identidades étnicas.  

La politización de la identidad kolla en el contexto de expansión de la minería a gran escala implicó la definición discursiva de dos principales contra-destinatarios: el estado argentino y la empresa minera. Desde esta perspectiva, ambos agentes amenazaban la propiedad comunitaria de las tierras y los bienes naturales, buscando legitimar la actividad extractiva a través de un discurso modernizador y programas de responsabilidad social empresarial. En este contexto, la lucha histórica en la Puna jujeña por la propiedad de las tierras se articuló a la defensa de los bienes naturales. De esta manera, las resistencias a la expansión de la minería a gran escala actualizaron los sentidos de la politización de la identidad kolla. En esta actualización el uso del derecho por parte de las organizaciones sociales cumplió un rol relevante. La novedad no se encontraba en el uso del derecho en sí mismo (la apelación al derecho para plantear las demandas de las poblaciones de abrapampeana, como hemos visto, es de larga data), sino en la apelación específicamente a los derechos indígenas y al derecho ambiental.

Las acciones colectivas en Abra Pampa

En Abra Pampa, el repertorio de acción colectiva de las organizaciones sociales incluyó acciones directas e institucionales. Las acciones directas más frecuentes fueron las movilizaciones y cortes de ruta no solo en Abra Pampa, sino también en otras localidades vecinas. Una de las acciones institucionales más destacadas fue la elaboración de una propuesta de Ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en la localidad, la cual posteriormente fue aprobada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Abra Pampa³⁶.

Entre las acciones directas que realizaron las organizaciones destacó el denominado “Segundo malón de la paz”, realizado en agosto del 2006³⁷. Desde diferentes departamentos de la provincia, miembros de 120 comunidades indígenas -con wipalas en mano- y organizaciones sociales se dirigieron a pie hacia la ciudad de Purmamarca (Departamento de Tumbaya), demandando al gobierno de la provincia el cumplimiento de un fallo judicial que obligaba a éste la entrega de 1.5 millones de hectáreas de tierra a las comunidades indígenas. Este fallo enfatizó además en la obligatoria participación de las comunidades indígenas en todo lo que pueda afectar sus territorios, incluida la actividad minera. La movilización incluyó el corte de las rutas nacionales 09 y 16 y tuvo una duración de aproximadamente tres días. Como resultado de este segundo malón, el gobierno de la provincia desistió de presentar una apelación al fallo judicial y se comprometió a entregar veintinueve títulos de propiedad a las comunidades indígenas antes de fin de año 2006.

La propuesta de Ordenanza en Abra Pampa, por su parte, se nutrió de las experiencias de otras localidades vecinas, tales como la Municipalidad de Tilcara, la Comisión Municipal de Huacalera y la Comisión Municipal de Cangrejillos, en donde ya se habían aprobado ordenanzas que prohibían la minería a gran escala. Las acciones directas realizadas en la localidad generaron un escenario propicio para la discusión de la propuesta. Uno de nuestros entrevistados señaló esta relación entre acciones directas y acción institucional de la siguiente manera:             

[El momento en que se promulga la ordenanza] fue justamente en ese tiempo en que hubo muchas movilizaciones y se hablaba de lo que era la minería a gran escala, a cielo abierto, había mucha difusión sobre ese tema y logramos que muchos concejales se sensibilicen, discutan entre ellos y diriman sobre qué política van a definir para la Intendencia de Abra Pampa³⁸.

A su vez, los hallazgos de contaminación continuaron en la Puna. Entre los meses de octubre del 2007 y febrero del 2008 la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, emitió un informe en donde señalaba indicios razonables de delitos ambientales generados por diferentes explotaciones mineras en la Puna. Con estos antecedentes, en julio del 2010 el Consejo conformó una comisión de trabajo, con el objetivo de elaborar un proyecto de Ordenanza que prohíba la minería a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas en el municipio de Abra Pampa.

Una vez consensuado el proyecto de Ordenanza, éste fue presentado ante el Concejo Deliberante de Abra Pampa en el mes de agosto de 2010. La iniciativa legislativa fue aprobada el treinta de noviembre por cinco de los seis votos del Concejo. Apelando a la Constitución Nacional, a la Ley General del Ambiente, así como a características culturales que definen la relación entre el pueblo kolla y la naturaleza, la ordenanza N° 51-CD-010 prohibió la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas. La ordenanza prohibía también el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, elaboración, producción, extracción y/o transporte de sustancias químicas destinadas a la actividad minera.   

Sin embargo, el veinte de diciembre del mismo año el Intendente de la Municipalidad de Abra Pampa vetó la Ordenanza a través de un decreto. El argumento legal esgrimido para el veto fue que el cuidado del medio ambiente no era competencia de la Municipalidad, sino del Gobierno de la Provincia. Frente al veto, comunidades indígenas y organizaciones sociales de la localidad realizaron nuevas acciones. Con el apoyo de tres ediles de la oposición, el Concejo solicitó una sesión extraordinaria al Concejo Deliberante para el trece de enero del 2011, con el objetivo de volver a votar la Ordenanza. Indignación fue lo que se generó entre la población presente aquel día al enterarse de la decisión de posponer por una semana la sesión del Concejo Deliberante, debido a la ausencia de tres concejales. Ante esta situación, los dirigentes decidieron realizar una movilización hacia la Intendencia y tomar el edificio municipal en señal de protesta, demandando al Intendente que derogue de inmediato el veto a la Ordenanza. Luego de que la autoridad fuera llevada a la fuerza a la puerta del edificio municipal transcurrieron tensas horas de debate. Finalmente, en horas de la tarde fue derogado el veto a través de un decreto firmado en ese mismo momento, entrando en vigor la Ordenanza³⁹.

Entre la exposición de motivos que los autores de la Ordenanza esgrimieron, se encuentra el siguiente que citamos en extenso:

Que, luego de muchos años de Explotación Minera a gran escala, como los yacimientos de minera El Aguilar S.A., Pirquitas, entre otras, que operaron y operan en un total estado de descontrol con probadas y sospechosas irregularidades en cuestiones de Contaminación Ambiental, sin significar para la Puna ningún crecimiento económico, social, cultural, etc., sino todo lo contrario observando las divisiones que provocan estos emprendimientos. Basta con ver los ganaderos y agricultores familiares, el estado actual de las rutas de los Departamentos de la Puna, el abandono total que nos permiten unirnos con nuestros hermanos de Rinconada, Santa Catalina, Yavi y Susques, el enorme porcentaje de ‘desempleados’, la ‘desnutrición’, el aumento de ‘enfermedades cancerígenas’ y ‘no cancerígenas’, el estado de ‘pobreza’ generalizado en nuestras Comunidades y Barrios de Abra Pampa, además de los pasivos ambientales, tales como Metalhuasi, Mina Pan de Azúcar, Mina Bélgica, Mina Pumahuasi, Mina La Pulpera, Orosmayo, Liviara, entre otras⁴⁰.       

Tres cuestiones de esta cita nos interesan destacar para finalizar el análisis de nuestro primer caso. Por un lado, el rechazo a la actividad minera en Abra Pampa está relacionado con la experiencia que habitantes de la puna jujeña han tenido con dicha actividad extractiva, la cual viene de larga data. Como hemos visto, a diferencia de otras localidades argentinas en donde la promoción de la actividad minera puede resultar algo novedosa, en la Puna jujeña se cuenta con una importante experiencia que permitió a los pobladores locales realizar determinados balances. En segundo lugar, si bien la norma prohíbe la minería a cielo abierto en un municipio en particular, la referencia territorial a la que se apela para referirse a los efectos perniciosos de la minería es la Puna en su conjunto. La Puna fue el territorio que los dirigentes de Abra Pampa anhelaron reorganizar, a través de su articulación, el desarrollo económico, el uso racional de sus bienes naturales, entre otros. Por último, esta cita nos permite mostrar cómo los pasivos ambientales dejados por diferentes emprendimientos en la Puna jujeña se convirtieron en emblemas de la desconfianza, en las pruebas de la contaminación que generaría la actividad minera. Esto sin duda condicionó la forma en que los agentes locales percibieron el nuevo ciclo minero en la provincia.   

El caso de Espinar

Espinar es una provincia altoandina del Cusco, al sur del Perú, ubicada entre los 3.849 y 5.175 m.s.n.m. (ver Mapa N° 02).

Mapa Nº 2: Mapa Político de la Provincia de Espinar

Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú

Yauri es la capital de la provincia (usualmente llamada Espinar por los pobladores locales), lugar en donde se localizan importantes proyectos mineros cupríferos. Según el Censo Nacional del año 2017, la población espinarense asciende a 57.582 habitantes, la mayoría asentada en el área urbana. En el año 2006 fuentes oficiales registraron en Espinar un total 67 comunidades campesinas.

Si bien ser campesino ha sido una identidad colectiva sumamente relevante entre la población espinarense, esta no ha ocluido el auto-reconocimiento étnico. Desde hace algunos años diferentes organizaciones sociales y políticas de la provincia identifican a la etnia “k’ana” como el origen del pueblo espinarense.

La minería adquirió carácter industrial en la localidad en los años ochenta del siglo XX, gracias al proyecto “Tintaya”. Progresivamente la minería adquirió un lugar central en la economía de Espinar, aportando importantes montos de dinero por erogaciones, principalmente por concepto de canon minero. A pesar de que el proyecto Tintaya entró en etapa de cierre en el año 2012, la minería a gran escala continuó contando con proyecciones positivas. Se anunció la ejecución de dos nuevos proyectos cupríferos: “Quechua” y “Antapaccay”, iniciando este último sus operaciones en el mes de noviembre del 2012, siendo titular la suiza “Xstrata Copper”, la misma que estuvo a cargo de mina Tintaya desde el año 2006⁴¹. Las perspectivas de la minería en Espinar siguen apuntando a un significativo crecimiento⁴².

Un conflicto de convivencia⁴³

En Espinar la consigna que articuló a las organizaciones no fue el “NO a la Megaminería”, sino lograr una “Convivencia en Armonía”. Minera Especial Tintaya inició la explotación de cobre en 1985. El desarrollo del proyecto minero implicó la expropiación de 2.368 hectáreas de tierras a Tintaya-Marquiri, anexo de la comunidad campesina “Antaycama”. Esta expropiación generó el reclamo de los campesinos, quienes expresaron su disconformidad con lo pagado por sus tierras y el no haberse considerado otros daños y perjuicios. Las relaciones entre la empresa minera y la población local fueron tensas desde un inicio, llegando a un estado crítico en mayo de 1990. A partir de un pliego que demandaba a la empresa dotar a Espinar de electrificación, realizar obras de infraestructura, dar empleo y apoyar a las comunidades campesinas, miles de espinarenses se movilizaron y tomaron las instalaciones de la empresa minera el 21 de mayo de 1990⁴⁴. Luego de días de negociación las organizaciones sociales lograron un acuerdo con la empresa.      

Con la privatización de la empresa minera en 1994, se inició un nuevo proceso de adquisiciones de tierras que tampoco estuvo exento de tensiones. Las preocupaciones por el impacto ambiental empezaron a ser expresadas por la población, específicamente la contaminación de fuentes de agua y áreas de pastoreo. Se fue generando así entre las comunidades campesinas y las organizaciones sociales la opinión de que era necesario iniciar un proceso de negociación con los nuevos dueños.

La elección de Oscar Mollohuanca del Movimiento de Integración K’ana (MINKA) como alcalde de Espinar en 1999, generó las condiciones para un trabajo conjunto entre el gobierno local y las organizaciones sociales para demandar a la empresa minera nuevos términos de convivencia. Se planteó a la empresa acordar un “Convenio Marco” que defina principalmente: el aporte económico de la empresa para la ejecución de obras públicas, el cuidado ambiental, la solución de pasivos mineros y la promoción del desarrollo sostenible para las comunidades campesinas. Las negociaciones –con marchas y contramarchas- se prolongaron hasta el año 2003, siendo firmado finalmente en el mes de septiembre de dicho año.

De manera simultánea a las negociaciones del Convenio Marco, un conjunto de comunidades campesinas -con el apoyo de diferentes instituciones, entre ellas la Organización No Gubernamental (ONG) “CooperAcción”- propusieron a la empresa minera instalar una mesa de diálogo. Este proceso tuvo como objetivo dar respuesta a una serie de demandas de las comunidades campesinas en torno a la propiedad de tierras comunales, la problemática ambiental, la defensa de derechos humanos y el desarrollo sostenible. Los acuerdos logrados con la empresa a partir de este proceso de diálogo se firmaron a finales del 2004.

Las dificultades encontradas para la puesta en marcha del Convenio Marco, así como denuncias de comunidades campesinas de incumplimiento de una serie de compromisos asumidos por la empresa minera, volvieron a tensionar la relación entre un sector de la población local y la empresa. El anuncio de la empresa de que daría inicio al proyecto “Antapaccay”, avivó entre las organizaciones sociales la necesidad de discutir la reformulación del Convenio Marco. El retorno de Oscar Mollohuanca al gobierno local en el 2011 generó nuevamente las condiciones para un trabajo conjunto entre el gobierno local y las organizaciones sociales para cumplir este propósito⁴⁵. Sin embargo, dicho contexto resultaba más complejo que el del 2003, debido a que:

La empresa había avanzado bastante en la subordinación, en el control de la sociedad de tal forma que se manejaban dos realidades, una realidad cruel que se expresaba en una situación de bastante conflictividad social, contaminación ambiental, daños a la salud humana que sufrían las comunidades del entorno de la empresa, esa situación no se visibilizaba y la empresa hacía todo lo posible para mantenerlo oculto⁴⁶.

El retorno de Mollohuanca a la alcaldía generó un proceso complejo de articulación entre el gobierno local y las principales organizaciones sociales de Espinar, entre ellas la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE) y el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE). Un ex asesor de Oscar Mollohuanca recuerda así el resultado de este proceso: “se llega a mayo del 2012 [fecha en que se vuelve a activar el conflicto] con una organización fuerte, un municipio fuerte, legitimado y con mucho respaldo de todas las organizaciones sociales”⁴⁷.

Organizaciones sociales y gobierno local –a través de Mollohuanca y su círculo más cercano- enunciaron un discurso que tuvo como destinatario a aquel elusivo sujeto de la política moderna: el pueblo, específicamente el pueblo espinarense. En declaraciones y pronunciamientos públicos se presentó a un pueblo dañado por las irresponsabilidades de la empresa minera y la inacción del gobierno nacional. A su vez, se destacó como parte de este pueblo dañado a las comunidades campesinas, las cuales eran presentadas como las víctimas directas de los estragos ambientales generados por la actividad extractiva. Con el apoyo del gobierno local, las organizaciones sociales elaboraron en el 2011 una propuesta de reformulación del Convenio Marco y solicitaron a la empresa iniciar un proceso de negociación, solicitud que fue rechazada.

El entramado de organizaciones en Espinar

En Espinar un importante tejido organizacional dio sostén a las demandas planteadas a las empresas mineras en diferentes momentos⁴⁸. Entre estas organizaciones destaca la FUCAE. Fundada en 1987 como resultado de la unificación de la “Federación Intercomunal de Campesinos de la Provincia de Espinar” y la “Liga Agraria de la Provincia de Espinar”, la FUCAE es la organización que agrupa a la mayor cantidad de comunidades campesinas de Espinar, varias de ellas directamente afectadas por la actividad minera. Desde su fundación, la FUCAE experimentó una importante influencia de organizaciones políticas de la izquierda marxista. Sin embargo, en los últimos años las referencias a la identidad étnica “k’ana” han ganado mayor preponderancia. En la actualidad la organización entiende que su principal objetivo es defender los derechos del “pueblo k’ana”⁴⁹.      

Otra organización relevante en las disputas con la empresa minera en la localidad es el FUDIE. Esta organización fue fundada en 1988, es decir, ya en el período en que la minería a gran escala había llegado y empezado a desarrollarse en la localidad. Cumplió un rol protagónico en la primera toma de la mina Tintaya en 1990, lo cual le ha permitido tener un lugar preponderante en la historia política reciente de Espinar. El FUDIE aglutina a importantes y heterogéneas organizaciones sociales de la localidad, entre ellas a la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar (organización que ha ganado protagonismo a raíz del intenso proceso de urbanización que la localidad ha experimentado en los últimos años) y al gremio docente organizado a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, el cual cuenta con una larga trayectoria de luchas gremiales. Al igual que la FUCAE, el FUDIE ha estado vinculado desde su origen a organizaciones de izquierda. A diferencia de la FUCAE, el FUDIE tiene mayor presencia en el área urbana y no apela a la identidad K’ana para caracterizarse (lo cual no implica que no reconozca la presencia de esta identidad étnica en la localidad). Su accionar ha estado marcado por las disputas con la empresa minera de turno⁵⁰.       

Otra organización relevante ha sido la “Vicaría de la Solidaridad” de la Prelatura de Sicuani. La Vicaría de la Solidaridad es una institución de la Iglesia Católica que, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado estrechamente con las comunidades campesinas espinarenses. A partir de las transformaciones que ha generado la actividad minera en la localidad, la Vicaría inició una serie de acciones vinculadas a la promoción del derecho ambiental e indígena. En el 2011 la Vicaría realizó un “Monitoreo Ambiental Participativo”, en el área de influencia del proyecto Tintaya. Un ex asesor municipal se refiere de la siguiente manera al rol que cumplió la Vicaría:

Ahí ha estado la Iglesia, la Vicaría de Sicuani, que les ha enseñado qué es contaminación, ya eso forma parte de su discurso. “Somos k’anas y nos están contaminando, somos una cultura milenaria y nos están contaminando”, me entiendes cómo se empiezan a utilizar los discursos, los conocimientos, la identidad cultural fuerte y la utilizan para defenderse, atacar y negocia⁵¹.

La Vicaría forma parte de lo que se conoce como la “Iglesia del Sur Andino”. Este sector de la Iglesia Católica se caracteriza por la centralidad en su quehacer pastoral de la Doctrina Social de la Iglesia y de la influencia recibida de la Teología de la Liberación.

Por último, CooperAcción es otra institución clave para comprender las respuestas dadas por la población espinarse a la expansión de la actividad minera. Desde finales de los noventa esta ONG ha promovido la inclusión de la cuestión ambiental en la agenda pública de Espinar. Además, ha acompañado procesos de articulación de diferentes comunidades campesinas, posibilitando procesos de negociación colectiva con la empresa minera. Uno de los resultados de este trabajo fue la ya referida “Mesa de Diálogo” que arribó a una serie de acuerdos y compromisos firmados en el 2004, en la cual participaron comunidades vecinas al proyecto minero, la empresa minera y organizaciones internacionales, como OXFAM América y OXFAM Community Aid Abroad. CooperAcción ha promovido también la articulación de comunidades campesinas afectadas por la actividad minera a nivel nacional, lo cual abonó a la constitución en 1999 de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). Además, CooperAcción ha realizado y difundido diferentes estudios sobre el caso de Espinar a nivel nacional, evidenciando los efectos negativos generados por la expansión de la minería a gran escala.  

Las identidades campesina y étnica en Espinar

En Espinar las demandas que las organizaciones sociales plantearon a la empresa minera durante el período aquí estudiado fueron enunciadas apelando a distintas identidades colectivas, dos de ellas sumamente relacionadas entre sí: las identidades campesina y k’ana. En términos históricos ambas identidades nos remiten a formas distintas (no necesariamente excluyentes) y a momentos distintos de incorporación de la población indígena a la nación.      

Debemos tener en consideración que la cuestión indígena en la formación de la nación en el Perú durante el siglo XIX y bien entrado el siglo XX fue respondida de manera muy distinta si se la compara con la experiencia argentina. A diferencia de esta última, la manera en que las élites en el Perú buscaron responder a la cuestión indígena fue apelando a particulares propuestas de mestizaje que suponían procesos de “desindianización”⁵². Las élites sostenían que era posible superar la supuesta situación de atraso de la “raza indígena” a través de un adecuado sistema educativo, el cual permitiría regenerarla. En tal sentido, el mestizaje permitiría subsumir progresivamente la identidad indígena en una nueva identidad nacional. En la ciudad del Cusco el discurso del mestizaje estigmatizó toda referencia a lo indio, pero paradójicamente habilitó a su vez cierta revalorización cultural, al distinguir entre una “cultura indígena” (legado de un pasado prehispánico glorioso) y la indianidad, relacionada ésta última con la pobreza y la inferioridad sociocultural⁵³.  

Otra forma de incorporación de la población indígena a la nación fue la campesinización, la cual adquirió progresivamente importancia en el siglo XX. Dos hitos de este proceso son las tomas de tierras de hacendados por parte de organizaciones campesinas desde finales de los años cincuenta y el gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975), el cual realizó una profunda reforma agraria y promovió la constitución de organizaciones campesinas (la Liga Agraria de la Provincia de Espinar fue resultado de ello)⁵⁴.

Otros agentes relevantes en el desarrollo de la organización campesina en los andes peruanos –incluido Espinar- fueron los partidos de inspiración marxista, quienes influyeron también en el desarrollo de una discursividad contestataria, crítica a las relaciones de dominación. Ahora bien, el lenguaje clasista de la campesinización subsumió las referencias étnicas, sin eliminar los contenidos denigratorios asociados al término “indio”⁵⁵.

En Espinar la organización campesina ha logrado mantener un rol político importante frente a la expansión de la minería a gran escala. Planteando procesos de negociación a la empresa minera, han buscado obtener ciertos beneficios de la actividad extractiva. La FUCAE ha resultado ser un importante respaldo, en un escenario complejo y cambiante en términos políticos. A la defensa de la propiedad comunitaria de las tierras se sumó la demanda por el cuidado de los bienes naturales frente a los impactos ambientales negativos generados por la minería. Sin embargo, la identidad campesina en Espinar no ha estado ajena a las dislocaciones que la actividad minera ha generado desde su llegada. Los cambios socioeconómicos, tales como la aparición de nuevas opciones laborales vinculadas a la progresiva urbanización de Espinar, así como la fragmentación y en algunos casos incluso disolución de comunidades campesinas, han afectado los lazos de solidaridad generadas por esta identidad colectiva⁵⁶.

En este contexto de dislocaciones, otra identidad colectiva -que responde a un período más reciente en comparación a la identidad campesina- cumplió un rol clave para la cohesión social y la acción política. Nos referimos a la identidad K’ana. Nuestros hallazgos nos permiten sostener que, a contracorriente del debilitamiento de las comunidades campesinas en Espinar, diferentes organizaciones sociales han buscado “afirmar una identidad indígena que permita cohesionar las resistencias”⁵⁷.

Si comparamos el documento del Convenio Marco refrendado en el año 2003 con la propuesta de reformulación que los agentes locales elaboraron durante los primeros meses del año 2012, encontraremos que una de las diferencias es la referencia explícita a la identidad k'ana. Así, por ejemplo, en dicho documento se plantea lo siguiente:

XSTRATA TINTAYA se compromete a respetar irrestrictamente la intangibilidad del patrimonio cultural, histórico y arqueológico de Espinar y contribuir en la preservación de la cultura K’ana dado que en treinta años de minería se ha desestructurado la cultura de la provincia⁵⁸.

Nótese en esta cita no solo la referencia que las organizaciones hacen de la “cultura k’ana”, sino también al daño que en ella habría causado la actividad minera. Ahora bien, ¿qué características adscriben las organizaciones a esta cultura k’ana?:

Estos grupos consideran que la población de las provincias altas es heredera de la antigua civilización K’ana, que dominaba gran parte de ese territorio antes de ser integrada al imperio incaico. Esta identidad pretende dar valor a la capacidad que tuvo esa civilización para desarrollarse en un medio sumamente agreste, resaltando su fortaleza y combatividad. Al ser parte de la cultura K’ana se percibe una fuerza sinérgica denominada ‘sentimiento K’ana’⁵⁹.

Dos primeras características podemos destacar a partir de esta cita: el íntimo vínculo del hombre y la mujer k’ana con su territorio y la combatividad de su carácter. Estas dos características fueron reiteradamente referidas por nuestros entrevistados, así como en artículos que al respecto se han publicado en revistas cusqueñas y en documentos oficiales⁶⁰. La referencia territorial es un elemento clave en la identidad k’ana. "Las provincias altas" es un término de uso coloquial en el Cusco, el cual remite a los territorios en donde se encuentra Espinar, territorios agrestes, típicos de la Puna. En el caso de los k’ana este íntimo vínculo con el territorio tendría una doble connotación: por un lado, explicaría el carácter valiente del hombre y la mujer k’ana al haber logrado habitar un territorio tan difícil como lo es la Puna y, por otro, referiría al respeto que se le tiene a la naturaleza como fuente de alimento, como fuente de vida.

La referencia a la combatividad del K’ana nos descubre el carácter político de esta identidad. Las imágenes que los agentes locales construyen de la nación k’ana enfatizan en la fortaleza y combatividad de ésta. Así, por ejemplo, una de nuestras entrevistadas, al recordar cómo diferentes organizaciones se fueron sumando a las acciones de protesta contra la empresa minera, comentó lo siguiente:

Hasta que un día la organización del pueblo ya estaba más fuerte porque nosotros somos k’anas, nosotros siempre decíamos que si uno no es suficientemente k’ana entonces no es valiente y como nuestros abuelos nos han legado la tierra para hacerla respetar no para vender, no para que se lleven nuestras propias riquezas las empresas mineras y que a cambio no nos deje nada⁶¹.

El recuerdo de nuestra entrevistada nos remite también a las “luchas de los abuelos” que dejaron como legado la propiedad de las tierras. Este es un elemento importante en tanto nos permite reconocer la latencia en la memoria local de las luchas campesinas, las cuales son vinculadas con las contemporáneas disputas con la empresa minera. Ser campesino y ser k’ana, por tanto, confluyen en este imaginario en la actitud virtuosa de –parafraseando a nuestra entrevistada- “ser valiente y hacerse respetar”.

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿cómo esta identidad k’ana, asentada en la combatividad, no ha obturado la posibilidad de negociación entre las organizaciones campesinas y la empresa minera? Indagar en las características socioculturales de la población local nos puede dar una respuesta. En Espinar las prácticas comerciales, por ejemplo, son desde larga data relevantes para asegurar las condiciones de subsistencia de la población. Al localizarse en la Puna, los pueblos asentados en la actual Espinar debieron intercambiar desde la época colonial productos con pueblos ubicados en otros pisos ecológicos.  No es extraño, por lo tanto, que nuestros entrevistados evocaran una imagen de los k’anas como un pueblo comerciante⁶².

Encontramos tres características en la identidad K’ana: la importancia del territorio, la combatividad y la negociación. Como podemos notar, en Espinar también encontramos un ejemplo de los procesos de politización de las identidades étnicas ocurridos en América Latina, lo cual relativiza la hipótesis de la “excepcionalidad del caso peruano”, la cual postula que el Perú representa un caso de ausencia de movimientos indígenas⁶³.

Respondiendo a las dislocaciones generadas por la actividad minera en las comunidades campesinas, la identificación k’ana permitió cohesionar a diferentes organizaciones que buscaban cambiar las asimétricas relaciones de poder planteadas por la empresa minera. Esta identidad colectiva permitió ampliar la gramática campesina, centrada en la cuestión agropecuaria, incluyendo la defensa de los bienes naturales a través de lenguajes de valoración que apelaron al respeto a la naturaleza. Desde la defensa de los bienes naturales, las comunidades campesinas se articularon a las organizaciones sociales urbanas de Espinar para plantear sus demandas a la empresa minera.

La identidad k’ana implicaría una forma de politización de la identidad étnica diferente a lo que De la Cadena encontró al analizar el proceso de desindianización practicado por intelectuales populares cusqueños. Según la autora, la redefinición de la cultura indígena que estos intelectuales propusieron, si bien posibilitó formas de ascenso social, no cuestionó la condición subalterna y discriminadora que las élites adscribieron a la indianidad⁶⁴. A diferencia de esto, la identidad k’ana, como podemos notar, sí cuestiona el lugar subalterno que los grupos de poder le quieren asignan a la indianidad, reivindicando su legado histórico y sus cualidades como “nación”, evitando -quizás estratégicamente- utilizar los significantes “indígenas” o “indios”, los cuales aún connotan cierta estigmatización en el Perú.        

Las acciones colectivas en Espinar⁶⁵

Al igual que en Abra Pampa, las organizaciones de Espinar combinaron acciones directas con acciones institucionales en su repertorio de acción colectiva. La realización de acciones directas fue justificada por las organizaciones apelando a los infructuosos resultados de los procesos de diálogo. Entre las acciones directas realizadas estuvieron los paros provinciales, los cortes de rutas, las movilizaciones e incluso la toma de las instalaciones mineras. Como un efecto expansivo, algunas de estas acciones colectivas tuvieron la capacidad de congregar progresivamente a diversos agentes locales.

Mención aparte amerita la toma de las instalaciones mineras como parte del repertorio de acción de las organizaciones espinarenses. Como se ha dicho, la primera toma de las instalaciones de la empresa minera se realizó el 21 de mayo de 1990 y, desde aquella fecha, cada 21 de mayo ha servido como referencia para la realización de posteriores acciones de protesta contra la minera.   

Las acciones institucionales de los agentes locales por su parte incluyeron la promoción de espacios de diálogo y concertación con la empresa minera y la elaboración de propuestas para definir acuerdos y compromisos entre las partes. Ejemplifican estas acciones de diálogo y elaboración de propuestas los ya referidos Convenio Marco (firmado por la Municipalidad de Espinar y la empresa minera) y la Mesa de diálogo (promovida con apoyo de la ONG CooperAcción).

Las organizaciones sociales al incluir en sus discursos ciertos significantes enunciados también por el Estado y la empresa minera posibilitaron los procesos de negociación. Ejemplo de esto fue la apelación al concepto de “sostenibilidad”, el cual les permitió definir cierto criterio de acercamiento con el Estado y la empresa minera, así como denunciar en determinadas circunstancias el incumplimiento de acuerdos. Sostenibilidad o “desarrollo sostenible” fueron términos que permitieron el sostenimiento de un –parafraseando a Gramsci- consenso inestable en torno a la presencia de la empresa minera en Espinar. En este sentido, los hechos ocurridos entre los meses de agosto del 2011 y mayo del 2012 llevaron al límite este consenso.  

En agosto de 2011 se llevó a cabo el primer congreso de reformulación del Convenio Marco. El retraso en la ejecución de proyectos, las nuevas denuncias de contaminación, el hecho de que la empresa tenga una mayor influencia en el manejo del fondo económico de contribución estipulado por el convenio, fueron algunos de los argumentos esgrimidos por las organizaciones sociales y el gobierno local para demandar una reformulación. Entre quienes participaron en el congreso estuvieron el FUDIE y la FUCAE, así como autoridades locales y nacionales. Referir a algunas de las exigencias y propuestas que se plantearon en este evento nos puede dar una idea de los términos con los cuales se planteaba la reformulación: cumplimiento de la cláusula que establece la capacitación y generación de empleo; adecuación de los estándares internacionales de protección ambiental y fiscalización estricta del Estado; incrementar el aporte anual de las utilidades de la empresa antes del pago de impuestos para la ejecución de proyectos de desarrollo; y realizar una referencia explícita sobre el agua como un derecho humano irrenunciable.

En noviembre del 2011 la Municipalidad de Espinar entregó la propuesta de reformulación del Convenio Marco a la empresa minera. Este hecho inició una serie de negociaciones entre las partes. En ese contexto, el Frente Único de Transportistas y Choferes de Espinar inició un bloqueo de carretera, aduciendo que la empresa se negaba a contratar sus servicios de acuerdo con lo estipulado en el Convenio Marco. La respuesta a esta medida de fuerza fue una violenta acción por parte de las Fuerzas del Orden, la cual contribuyó a generalizar el malestar en la localidad. A pesar de ello, el gobierno local de Espinar no renunció a continuar con el proceso de negociación que se había iniciado y remitió una nueva propuesta de reformulación a la empresa. Las partes no lograron arribar a un acuerdo. Para la empresa no existían razones por las cuales reformular el Convenio Marco. Para el gobierno local y las organizaciones sociales, el incumplimiento de los compromisos y el inicio de operaciones del nuevo proyecto Antapaccay demandaban un nuevo Convenio Marco.       

En medio de estos intentos infructuosos por lograr acuerdos, aparecieron nuevas denuncias de contaminación de los ríos y daños en la salud de la población local. En febrero de 2012 se difundió en Espinar los resultados de un estudio de riesgos a la salud por exposición a metales pesados, realizado por el Ministerio de Salud. Los resultados arrojaron valores superiores al límite referencial de arsénico, mercurio y cadmio en las personas, así como concentraciones de arsénico y mercurio por encima de los estándares de calidad ambiental en las muestras de agua de los ríos Salado, Cañipia y Huayllumayo. Estos resultados confirmaban lo que meses atrás otro estudio realizado por la Vicaría de la Solidaridad había demostrado: presencia de metales pesados en aguas y suelos por encima de los límites máximos permisibles. Estos hallazgos hicieron eco en los reclamos de las organizaciones sociales y el gobierno local.

Sin visos de un acuerdo para la reformulación del Convenio Marco y con las nuevas denuncias de contaminación, el veintiuno de mayo de 2012, bajo el liderazgo del FUDIE, se inició un paro indefinido en Espinar. El paro fue duramente reprimido, generándose enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas policiales, así como ataques a la propiedad pública y privada. Estos enfrentamientos no sucedieron únicamente en la zona urbana, sino también en los terrenos de las comunidades campesinas de Alto Huancané y Tintaya Marquiri. El saldo de la represión fue personas fallecidas, numerosos heridos y detenidos. Entre los detenidos se encontraba el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca. El veintiocho de mayo se decretó el Estado de Emergencia en Espinar, poniendo el Gobierno Nacional de esta manera punto final al paro.           

Con el objetivo de encontrar una solución al conflicto desatado, el alcalde Oscar Mollohuanca fue puesto en libertad y el gobierno nacional decidió generar una nueva mesa de diálogo. En esta mesa participaron representantes de diferentes Ministerios del Estado, entidades del Gobierno Regional de Cusco, el gobierno local de Espinar, la empresa Xstrata Tintaya, así como organizaciones sociales tales como el FUDIE y la FUCAE. La Mesa se instaló en junio de 2012 con la finalidad de “promover el proceso de diálogo entre los diversos agentes de los sectores público y privado sobre la problemática socioambiental de la Provincia de Espinar y analizar las alternativas viables de solución a la misma”⁶⁶. La Mesa funcionó hasta el mes de diciembre del 2013, logrando una serie de acuerdos y dejando un conjunto de temas importantes en suspenso, entre ellos, el definir las causas de la contaminación y la definición de un nuevo Convenio Marco.

Conclusiones

El “nuevo ciclo minero” que experimentó América Latina durante el período 2002-2012 supuso la expansión de la minería a gran escala, tanto en sus etapas de exploración como de explotación, en diversos territorios, entre ellos la región andina. Esta expansión generó diferentes reacciones entre las poblaciones locales, entre las cuales se encontraron aquellas que interpretaron dicha expansión como una amenaza. Se generó así una creciente conflictividad social, sobre todo en los países que fueron los principales destinos de las nuevas inversiones mineras, entre ellos Argentina y Perú. Las demandas de los pobladores locales revelaron básicamente dos tipos de conflictos: de oposición y de convivencia.     

Los casos de Abra Pampa (Jujuy – Argentina) y Espinar (Cusco – Perú) demuestran que, en la región andina, un conjunto de organizaciones sociales y autoridades locales que interpretaron la expansión de la minería a gran escala como una amenaza para sus estilos de vida, cohesionaron su accionar colectivo apelando a identidades étnicas. Si bien estas identidades (kolla en Abra Pampa y k’ana en Espinar) se habían politizado antes de iniciarse el nuevo ciclo minero, experimentaron re-actualizaciones en los contextos de conflictividad social que este ciclo generó. Estas re-actualizaciones implicaron básicamente una mayor centralidad de la articulación entre las históricas demandas en torno a la propiedad de la tierra y la defensa de los bienes naturales frente a la contaminación ambiental generada por la actividad minera.

En ambos casos de estudio, las organizaciones sociales involucradas contaban con una destacada trayectoria de trabajo organizativo y/o reivindicativo con las poblaciones locales. Esto resulta relevante, ya que estas organizaciones hicieron posible la difusión y circulación de diferentes gramáticas (jurídicas, teológicas, éticas, científicas, indigenistas) que influyeron tanto en la significación que se le dio a la expansión de la minería a gran escala como en la re-actualización de la politización de las identidades étnicas.

Nuestra descripción de las características que los agentes locales adscribieron a las identidades kolla y k’ana permite comprender por qué los conflictos sociales que se generaron en Abra Pampa y Espinar fueron diferentes. Mientras la representación que las organizaciones sociales hicieron de la identidad kolla en Abra Pampa acentuó su carácter reivindicativo a través de lenguajes de valoración que obturaron la alternativa de la negociación, la identidad k’ana en Espinar fue representada incluyendo su capacidad negociadora, apropiándose de manera crítica del discurso de la “sostenibilidad” que era enarbolado por el estado peruano y la empresa minera. Estas representaciones (imaginarias) de las identidades étnicas guardan relación con el hecho de que en Abra Pampa las organizaciones sociales plantearan el “NO a la megaminería” y en Espinar la “Convivencia en Armonía”. Ahora bien, a pesar de estas diferencias, ambos casos pueden ser interpretados como formas de transgresión de las jerarquías socioculturales impuestas en cada país a los pueblos indígenas, en tanto reivindicaron derechos colectivos para participar en las decisiones que afectaban sus territorios.

Citas y Notas:

1. Ver: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Auge de la minería en América Latina, FDCL, Berlín, 2015.         [ Links ] 

2. Nuestro concepto de identidades étnicas se basa en: De la Cadena, Marisol, “Las mujeres son más indias: Etnicidad y género en una comunidad del Cusco”, Revista Andina, Nº 1, 1992, pp. 7-24. 

3. Sobre el concepto de antagonismo ver: Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal,  Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización de la democracia, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2004,  pp. 164-170.         [ Links ]

4. Ver: Aboy Carlés, Gerardo, Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem, Argentina, Editorial Homo Sapiens, 2001, pp. 32-43.         [ Links ]

5. Sobre la inclusión de lo no humano en la arena política como característica de la práctica política de los movimientos indígenas actuales en los Andes ver: De la Cadena, Marisol “Cosmopolítica indígena en los Andes: reflexiones conceptuales más allá de la política”, Tabula Rasa, Nº 33, 2020, pp. 273-311. 

6. Sobre la politización de las identidades étnicas en América Latina ver: Bengoa, José ,“¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?”, Cuadernos de Antropología Social, N° 29, 2009,  pp. 7-22.  

7. Para profundizar en los tipos de conflictos mineros ver: Arellano, Javier, ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú, IEP, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y PUCP, Lima, 2011, pp. 142-144.         [ Links ]

8. Ver: Arce, Moisés, La extracción de los recursos naturales y la protesta social en el Perú, Lima, Fondo Editorial, 2015.         [ Links ]

9. Las principales fuentes de la información consultadas para la elaboración de la base de datos fueron: el Observatorio Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); el Mapa de Conflictos Mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina, elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL); el “Mapa de conflictos mineros” elaborado por la Plataforma Argentina de Diálogo minería, democracia y desarrollo sustentable; y los reportes de conflictividad social elaborados por la Defensoría del Pueblo de Perú.

10. Para el análisis del discurso nos basamos en los aportes de Eliseo Verón. Ver: Sigal, Silvia y Verón, Eliseo, Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, Argentina, Eudeba, Argentina, 2010;         [ Links ] y Verón, Eliseo, “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política” en AA.VV, El discurso político. Lenguajes y acontecimientos, Hachette, Buenos Aires, 1987.

11. Ver: Martínez Alier, Joan, “El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración”, Revista Ecología Política, Nº 26,  2003, pp. 165-167.

12. Sobre la reactivación de la actividad minera en Jujuy ver: Bernal, Gabriel; Martínez, Ricardo y Medina, Fernando, Impacto económico de las actividades mineras en Jujuy, Santiago de Chile, CEPAL y FUJUDES, 2011, pp. 1-74.         [ Links ] Sobre los estudios geológicos en Abra Pampa ver: Coira, Beatriz y Zappettini, Eduardo (Ed.), Geología y recursos naturales de la provincia de Jujuy, Buenos Aires, Asociación Geológica Argentina, 2008.         [ Links ]

13. Para profundizar en el caso Metal Huasi ver: Human Rights Clinic Abra Pampa: pueblo contaminado, pueblo olvidado. La lucha por los derechos a la salud y a un ambiente sano en Argentina, Texas, Universidad de Texas, 2009.         [ Links ]

14. Puede verse el reportaje completo titulado “Metal Huasi, la cruz de un pueblo” en: https://www.youtube.com/watch?v=m5zveZARVQM

15. Las luchas de Esquel surgen a raíz de un proyecto minero promovido por la empresa Meridian Gold, a tan solo unos pocos kilómetros de la localidad de Esquel. A raíz de difundirse la noticia del proyecto a finales del año 2002, la población local comenzó a informarse y movilizarse activamente en contra de la instalación del proyecto, conformando la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina”. Producto de las constantes acciones de protesta se llevó a cabo una consulta popular en torno a la instalación o no del proyecto, en el cual la gran mayoría se manifestó por el no. Luego de este plebiscito la provincia de Chubut sancionó, en el año 2003, una ley de prohibición a la actividad minera metalífera para su territorio. Sobre el caso Esquel ver: Svampa, Maristella; Sola, Marian y Bottaro, Lorena  “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el ‘efecto Esquel’ y el ‘efecto La Alumbrera’ en Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (Eds.), Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2009.

16. Agradezco a José Sajama, dirigente del Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca por haberme brindado esta información.

17. Así lo destaca el documento institucional “Asociación Warmi Sayajsunqo (Mujeres Perseverantes). Nuestro sueño en marcha”.

18. Entrevista a Jorge Mamani, vecino de Abra Pampa, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de mayo de 2016, dirigido por el Dr. Aboy Carlés. 

19. Asociación Warmi Sayajsunqo, Ob. Cit.  

20. Entrevista a José Sajama, dirigente del Consejo, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante setiembre de 2016, dirigido por el Dr. Aboy Carlés. El COAJ en el 2009 fundó una tecnicatura en educación intercultural, la cual en el 2012 se convirtió en el Instituto de Educación Superior Intercultural “Campinta Guazu Gloria Pérez”, nombre de una lideresa guaraní. 

21. Ver: http://www.centrodocumentacion-iesi.org/?q=node/1

22. Ver: https://redpuna.jimdofree.com/

23. Entrevista a José Sajama, dirigente del Consejo, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante setiembre de 2016, dirigido por el Dr. Aboy Carlés. En julio de 2009 se realizó el décimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en las ciudades jujeñas de San Salvador y Libertador General San Martin.

24. Entrevista a Gabriela Karasik, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de mayo de 2016, dirigido por el Dr. Aboy Carlés. Para profundizar en este análisis ver: Karasik, Gabriela “Cultura popular e identidad”,en Teruel, Ana y Lagos, Marcelo (dir.), Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX, Jujuy, EDIUNJu, 2006.

25. Entrevista a Luis Aguayo, realizada en el marco de la investigación de tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de setiembre de 2016, dirigido por el Dr. Aboy Carlés.

26. Recordemos que el estado argentino inició el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los años ochenta. Nos detendremos sobre este proceso brevemente más adelante. Sobre la noción del “indio permitido” Ver: Hale, Charles, “El protagonismo indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del ‘indio permitido’”, en MINUGUA y Fundación Propaz (ed.) Paz y democracia en Guatemala: desafíos pendientes, Fundación Propaz, Ciudad de Guatemala, 2005, pp. 51-66.

27. Tomamos esta idea de: Yudi, Raúl, Kollas de nuevo. Etnicidades, trabajo y clasificaciones socials en los Andes de la Argentina, Argentina, Purmamarka Ediciones, 2015.         [ Links ]

28. Sobre el concepto de “formaciones nacionales de alteridad” ver: Briones, Claudia “Formaciones de alteridad. Contextos globales, procesos nacionales y provinciales” en Briones, Claudia (Ed.), Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de la alteridad, Buenos Aires, Antropofagia, 2008, pp. 9-36.         [ Links ]

29. Gordillo, Gastón y Hirsch, Silvia (comp.) Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina, Buenos Aires, ICRJ-La Crujía, 2010, p. 16.         [ Links ]

30. Al respecto ver: Svampa, Maristella, El dilema argentino: civilización o barbarie, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1994.         [ Links ]

31. Entrevista a Carlos Redín, realizada en el marco de la investigación de tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de mayo de 2016, dirigido por el Dr. Aboy Carlés.

32. Al respecto ver: Karasik, Gabriela, 2006, Ob. Cit.

33. La wipala es una bandera cuadrangular de siete colores que actualmente es utilizada por diferentes pueblos indígenas de la Cordillera de los Andes.

34. En: Valko, Marcelo Los indios invisibles del Malón de la Paz. De la apoteosis al confinamiento, secuestro y destierro, Argentina, Ediciones Continente, 2012, p. 52.         [ Links ]

35. Gil, Raquel, “La puna: población, recursos y estrategias”, en Teruel, Ana y Lagos, Marcelo (dir.) Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX, Jujuy,EDIUNJu, 2006.

36. El Concejo Deliberante es el poder legislativo de los municipios en Argentina, el cual está conformado por un cuerpo de Concejales.

37. El malón es una táctica militar empleada por pueblos indígenas de los actuales territorios del sur argentino y chileno. Consistía en un ataque rápido y sorpresivo. El “segundo malón de la paz” evocó la gesta realizada en 1946 también por pobladores de Abra Pampa que, junto a pobladores de Salta, se dirigieron hacia la ciudad de Buenos Aires demandando la entrega de tierras. Sobre el Malón de la Paz de 1946 ver: Belli, Elena; Slavutsky, Ricardo y Rueda, Pantaleón (Ed.) Malón de la Paz, una historia, un camino, Buenos Aires, Instituto Interdisciplinario de Tilcara,2007.         [ Links ]

38. Entrevista a Jorge Mamani, vecino de Abra Pampa, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de mayo de 2016, dirigido por el Dr. Gerardo Aboy Carlés.

39. Ver: Jujuyonline, 02/12/2011 (https://www.jujuyonlinenoticias.com.ar/jujuy/2010/12/2/abra-pampa-prohiben-mineria-cielo-abierto-11855.html); Primera fuente, 14/01/2011 (http://miningpress.com/nota/54274/jujuy-vuelta-atras-sigue-la-prohibicion-minera-en-abra-pampa); y Página 12, 16/01/2011 (https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-160565-2011-01-16.html).

40. Concejo Deliberante de Abra Pampa, Ordenanza N° 51-CD-010.

41. En la actualidad el titular del proyecto Antapaccay es la empresa suiza Glencore.

42. Por ejemplo, actualmente se viene negociando el inicio del proyecto Coroccohuayco.

43. Este apartado se basa principalmente en: de Echave et al “El caso Tintaya: entre el diálogo y la protesta” en Minería y conflicto social, Lima, IEP, CIPCA, CBC y CIES, 2009, pp. 125-147.

44.  Borda, Jaime, “Espinar y la minería: entre movilizaciones, procesos de diálogo y lecciones de resistencia social” en Hoetmer, Rafael et al. (Ed.), Minería y movimientos sociales en el Perú, Lima, PDTG, CooperAcción, AcSur Las Segovias y EntrePueblos, 2013, p. 321

45. Oscar Mollohuanca ha sido alcalde de Espinar en dos oportunidades. La primera vez asumió la alcaldía durante los años 1999-2002 y la segunda vez durante el período 2011-2014

46. Entrevista a Oscar Mollohuanca, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de setiembre de 2015, dirigido por el Dr. Aboy Carlés..   .

47. Entrevista a Sergio Sullca, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de octubre de 2015, dirigido por el Dr. Aboy Carlés.

48. Con relación a las organizaciones sociales en Espinar, el ex alcalde Oscar Mollohuanca señaló lo siguiente en una entrevista: “En Espinar siempre han existido organizaciones sociales institucionalizadas. […] Ese fue un factor importante para mantener las banderas reivindicativas no solo frente a la mina, sino frente al Estado, frente al gobierno, frente a los gobiernos locales” La entrevista completa se encuentra en Hoetmer, Rafael, 2013, Ob. Cit., pp. 471-478.  

49. Sobre la FUCAE ver: Banda, José “Siempre de pie, nunca de rodillas”, construcción, enunciación y reproducción de la identidad k’ana en Espinar. Tesis para optar el grado académico de magíster en Antropología con mención en Estudios Andinos, PUCP, Lima, 2018, pp. 89-105.

50. Para profundizar en el FUDIE ver: Banda, José, 2018, Ob. Cit., pp. 106-111.

51. Entrevista a Sergio Sullca, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de octubre de 2015, dirigido por el Dr. Aboy Carlés.

52. Sobre el concepto de desindianización ver: De la Cadena, Marisol, Indígenas mestizos. Raza y cultura en el Cusco, Lima, IEP, 2004, pp. 19-29.         [ Links ]

53. En torno a los debates sobre el mestizaje en el Perú de finales del XIX ver: Svampa, Maristella, Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia, populismo, Argentina, Edhasa, , 2016,  pp. 47-53.         [ Links ]

54. Sobre la campesinización ver: Pajuelo, Ramón,  Participación política indígena en la sierra peruana. Una aproximación desde las dinámicas nacionales y locales, Lima, Instituto de Estudios Peruanos y Fundación Konrad Adenauer, 2006, pp. 32-33        [ Links ]

55. Manrique, Nelson (s/f), Territorio y Nación. La difícil construcción de la comunidad nacional, p. 07.

56. Los procesos de división de comunidades y de parcelación al interior de éstas tienen antecedentes en la década de los 60, intensificándose a inicios de los 80 debido a la crisis del modelo asociativo promovido por la Reforma Agraria. Sin embargo, la minería imprimió nuevas dimensiones a estos proceso de división. Al respecto ver: Cáceres, Eduardo, “De corredor minero a proyecto regional: Espinar y las provincias altas del Cusco”, en Cáceres, Eduardo y Rojas, Jaime, Minería, desarrollo y gestión municipal en Espinar, Lima, OXFAM y SER, 2013, p. 53.

57. Borda, Jaime, 2013, Ob. Cit., p. 316.

58. FUDIE (s/f), “Convenio Marco por la protección del medio ambiente y el desarrollo de la provincia de Espinar”.

59. Borda, Jaime, 2013, Ob. Cit., p. 317.

60. Ejemplos de esto son el artículo escrito por Germán Zecenarro titulado “La Nación K’ana”, publicado en el año 2000 en el número cinco de la revista cusqueña “Inka Rimay” y el documento “Plan maestro y estrategias de desarrollo provincial” elaborado por la Municipalidad Provincial de Espinar en el 2002. 

61. Entrevista a Elsa Merma, comunera de Espinar, realizada en el marco de la tesis doctoral “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, durante el mes de setiembre de 2015, dirigido por el Dr. Aboy Carlés.

62. Nuestros hallazgos presentan coincidencias con el ya citado trabajo de José Banda, quien propone tres campos semánticos asociados a lo k’ana: la rebeldía; su proximidad con la tierra y la naturaleza; y su capacidad de negociación.

63. Ya García y Lucero han cuestionado esta hipótesis. Al respecto ver: García, María Elena y Lucero, José (s/f) “Sobre indígenas y movimientos: reflexiones sobre la autenticidad indígena, los movimientos sociales y el trabajo de campo en el Perú contemporáneo” en De la Cadena, Marisol (Ed.) Formaciones de la indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina,  Colombia, Envión, 2007, pp. 319-346. 

64. Ver: De la Cadena, 2004, Op. Cit. p. 23.

65. Este aparato se basa en los trabajos de: de Echave, 2009; Cáceres, 2013; y Zeisser, 2015.

66.   Resolución Ministerial Nº 164-2012 de la Presidencia del Consejo de Ministros.           

 

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