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Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy

versión On-line ISSN 1668-8104

Cuad. Fac. Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy  n.13 San Salvador de Jujuy nov. 2000

 

ARTÍCULOS ORIGINALES

Acceso y permanencia de las elites en el poder político local. El cabildo de salta a fines del periodo colonial

Access of elates to the local political power and their permanence in it. The cabildo of Salta at the end of the colonial period

Marcelo Daniel Marchionni *

* CEPIHA - Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Salta.

RESUMEN

En este trabajo analizamos los cambios operados en la composición de la elite salteña a partir de las últimas décadas del siglo XVIII en relación con la nueva situación que ocupó la ciudad dentro de la región andino-meridional. La incorporación de comerciantes a Salta repercutió en el Cabildo, referente del poder político local, por cuanto el acceso a los cargos capitulares les permitió completar una suerte de «carrera» hacia la cúspide de la sociedad, donde se conjugaban status social, riqueza y cargos políticos, militares o. eclesiásticos.
Aún cuando los comerciantes hayan prácticamente monopolizado la composición del Cabildo hacia los últimos años de la colonia, no lograron desplazar totalmente a los miembros de las familias de hacendados y estancieros ya arraigadas en la elite, sino que más bien en muchos casos se incorporaron a ellas mediante matrimonios ventajosos. Estas familias tradicionales, sin embargo, también desplegaron ciertas estrategias para mantener el control sobre algunos de los resortes que le competían al Cabildo.
La vida política en el ayuntamiento no fue monocorde y pacífica, pues se manifestaron intereses contrapuestos, especialmente al instalarse la Intendencia ya que se complejizaron las alianzas entre algunos vecinos con las autoridades reales en oposición a otros grupos que lucharon sostenidamente por hacer valer la preeminencia que el Cabildo había sostenido antes de la reforma borbónica, decidida a reforzar el poder metropolitano y de las autoridades encargadas de ejecutar la política, sobre todo fiscal, en las colonias.

ABSTRACT

In this paper we analyze the changes undergone by the composition of the elite in Salta from last decades of the XVIIIth century in relation with the new situation the city had within the Andean-meridional region. The incorporation of merchants into the society of Salta affected the Cabildo as regards the political power, since the access to the capitular office allowed them to enter a sort of “race" towards the top of society where social status, wealth and political, military and clerical posts were combined.
Even when then merchants had nearly monopolized the composition of the Cabildo in the last years of the colony, they could not remove completely the members of the landowner families that had already put down roots in the elite. On the other hand, they frequently incorporated into those families by means of advantageous marriages. These traditional families, however, also deployed certain strategies to keep control over the matters the Cabildo was concerned with.
The political life in the city council was far from being quiet due to the conflicting interests when the Intendencia was established. From then on, the alliances between some neighbours and the real authorities became more complex in opposition to other groups that struggled steadily to defend the power the Cabildo had had before the Bourbon reforms, designed to reinforce the metropolitan power and the power of the authorities in charge of putting into practice especially the fiscal policies.

INTRODUCCIÓN

La historiografía reciente referente a la época colonial ha producido importantes trabajos que han desentrañado el complejo mundo de las relaciones sociales y de la organización económica de estas sociedades gestadas del contacto entre los conquistadores españoles y las masas indígenas, negras y mestizas que se encontraron subordinadas a su poder. Es así como se ha redescubierto el mundo de la política, en tanto relaciones de poder, sobre la base de los aportes de la historia social y la historia económica.
Considerando que los procesos políticos pueden explicarse como fenómenos que se suscitan dentro de las relaciones de poder en las sociedades humanas, el análisis del desenvolvimiento de las instituciones cobra sentido si tomamos en cuenta que los grupos que se apropian del ejercicio del poder político lo hacen en virtud de su posición dentro de la sociedad sustentada en su nivel económico y en el status que la misma le ha asignado. De esta manera se está superando una suerte de «crónica administrativa» que ha dominado la historiografía, donde se ha privilegiado el desenvolvimiento jurídico-administrativo de las instituciones de gobierno puestas en funcionamiento por las autoridades reales para las colonias americanas, y en la que los conflictos políticos generados entre los actores fueron explicados muchas veces por el genio personal de los involucrados, y otras tantas -en el caso de los conflictos existentes en el Cabildo- sólo aparecen como episodios menores de la vida de las ciudades.
Uno de los desafíos más importantes en este tipo de abordaje es el de poder considerar «lo político», dentro de «lo social», y lograr articular en el análisis lo propio de las estructuras sociales y económicas con lo de las coyunturas políticas. François Guerra ha resumido esta cuestión nodal al expresar que «el análisis estructural no gusta del acontecimiento -y, por lo tanto, de la política- y que la historia política no sabe qué hacer con las estructuras» (Guerra, 1989: 245). Es por ello que se impone realizar algunas consideraciones generales partiendo de la premisa de la incorporación de categorías conceptuales que permitan realizar esta articulación.
Nos apoyamos entonces en los conceptos proporcionados por otras disciplinas que también se han preocupado por responder a la problemática del poder, aunque sin el objetivo de comprender el proceso histórico. Mientras la sociología y la antropología política se han abocado a la construcción de modelos analíticos que permitan establecer ciertas categorías para el análisis social, tales como poder, Estado, sociedad, elite, red familiar, legitimidad, etc.; y la teoría política ha centrado su interés en el estudio de los escritos políticos a fin de sistematizar las corrientes de pensamiento que fueron dando origen a las doctrinas subyacentes a las sucesivas formas de organización estatal; la historia sólo ha tomado los acontecimientos políticos «perdiéndose en las delicias del juego de las elites en el curso de su competencia por el poder» (Idem: 243-244), y desvinculando en su descripción del proceso político los elementos «de fondo» que pueden contribuir a la comprensión de estos fenómenos.
Nuestro propósito es el de analizar los cambios operados en la composición de la elite salteña a partir de las últimas décadas del siglo XVIII en relación con la nueva situación que ocupó la ciudad dentro de la región andino-meridional. La incorporación de comerciantes a Salta repercutió en el Cabildo, referente del poder político local, por cuanto el acceso a los cargos capitulares les permitió completar una suerte de «carrera» hacia la cúspide de la sociedad, donde se conjugaban status social, riqueza y cargos políticos, militares o eclesiásticos, vinculándose de esta manera con los tradicionales grupos de hacendados y estancieros ya establecidos.

EL ROL DE LAS CIUDADES Y LOS CABILDOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS COLONIAS

El Estado colonial español se caracterizó por un marcado carácter patrimonial-burocrático (Weber, 1992), siguiendo el proceso general de la época en que se desenvuelve, o sea la del absolutismo monárquico europeo. Aunque marchó hacia una paulatina centralización del poder generando los medios para afianzar la autoridad real con el manejo de los asuntos administrativos por una creciente burocracia, en la práctica el control de las colonias no pudo ser efectivo. Algunos rasgos del Estado permiten comprender las características que asumió la dominación estatal en los primeros siglos de la colonia: generalización de la venta de cargos, nombramientos en forma de prebendas en virtud del carácter patrimonial de la dominación monárquica por cuanto no estaba claramente definida la carrera burocrática, no diferenciación entre las esferas pública y privada, y sentido particularista de la legislación con ausencia de corpus legales orgánicos que apliquen las normas de manera general y uniforme, entre los más importantes.
Por otra parte, las unidades administrativas delimitadas -virreinatos, gobernaciones, capitanías- estuvieron lejos de constituirse en unidades cerradas y centralizadas para el ejercicio del poder, y no supusieron pirámides jerárquicas entre los funcionarios comprendidos en las unidades menores incluidas en éstas. En realidad, constituyeron agrupamientos espaciales de las ciudades principales con sus territorios y pueblos dependientes, convirtiéndose así éstas en la «estructura territorial de base de toda América española» (Guerra, 1993: 68). La complejidad del entramado político de las Indias se manifiesta en la coexistencia de las ciudades, las gobernaciones y los «reinos» (que definían las diferentes posesiones de los monarcas y que tenían conferidas igual status jurídico).
Las ciudades, por lo tanto, tuvieron vital importancia al momento de definir las jurisdicciones de las gobernaciones. En efecto, constituían el núcleo de la ocupación española y era el espacio desde el cual la sociedad de los conquistadores controlaba los territorios que la rodeaban. El entrelazamiento de las ciudades a partir de los vínculos comerciales y sociales que se establecían entre sus pobladores, perfiló unidades espaciales con cierta homogeneidad que coincidieron -por lo general- con los límites administrativos de las gobernaciones.
Jurídicamente, la ciudad colonial recibía el status de tal al contar con un Cabildo. Este era la institución encargada del gobierno de la ciudad y su jurisdicción, entendida como el espacio definido desde el momento de la fundación y que coincidía con el territorio efectivamente repartido entre los vecinos. El Cabildo era ciertamente un centro de poder en el ámbito local, pues, aunque existieran otros organismos de gobierno radicados en la ciudad que se ocuparan de diferentes asuntos -sobre todo si se trataba de aquellas que contaban con el rango de capital de gobernación o de virreinato-, en él residía la «única porción del aparato del Estado colonial que podía ser objeto de competencia al nivel de cada región» (Garavaglia, 1989: 8).
En cuanto institución de gobierno, podemos enumerar ocho cuestiones que estaban bajo la competencia del Cabildo (Zorraquín Becú, 1966): funciones electorales (nombramiento por parte de los cabildantes salientes de sus sucesores, sobre todo al desecharse paulatinamente la práctica de la venta de cargos); registro de títulos (de funcionarios de gobierno llegados a las ciudades); gobierno de la ciudad y su distrito (reparto de tierras, otorgamiento de licencias para desarrollar diferentes actividades, fijación de salarios, medidas de carácter edilicio y sanitario, protección de pobres y menores, organización de fiestas cívicas y religiosas, organización de la enseñanza primaria, etc.); funciones políticas (reemplazo de las autoridades cuando los cargos vacaban); funciones judiciales (era tribunal de apelación en primera instancia y tenía bajo su cargo la cárcel de la ciudad); funciones militares (organización de expediciones contra los indios); y, finalmente, funciones económicas y financieras (concentraba la regulación del mercado urbano y la administración de los recursos para el financiamiento de las obras públicas).
Hacia la segunda mitad del siglo XVIII los Cabildos vieron recortadas sus facultades al introducirse importantes reformas administrativas en el marco de la reorganización estatal encaradas por los Borbones. El fortalecimiento de la autoridad real a través de una política de centralización en el manejo de los asuntos administrativos y de Real Hacienda se materializó en las colonias en la instauración de las Intendencias. Esta reforma estuvo orientada por el objetivo de dotar de racionalidad y eficiencia a la administración; «su política estuvo encaminada a disolver las jerarquías emergentes del Nuevo Mundo y someter a sus componentes al control metropolitano» (Morse, 1990: 46).
Algunas de las atribuciones que poseían los Cabildos fueron asumidas desde entonces por los Gobernadores Intendentes, quienes atendieron los asuntos de guerra y hacienda. En el caso de la administración de los fondos municipales, se tomaron dos medidas que significaron una disminución del poder de los Cabildos: el traspaso del ramo de Sisa a la Real Hacienda y la erección de las Juntas de Propios y Arbitrios -bajo la supervisión de los Gobernadores Intendentes- que a partir de entonces entenderían en el manejo de los recursos financieros del Cabildo (Marchionni, 1997).
En el caso de Salta, el impacto de las reformas borbónicas tuvo amplios efectos, especialmente en lo referente al ya complejo entramado político. Al erigirse la ciudad como capital de Intendencia a partir de 1783, los conflictos y diferencias existentes entre los vecinos con participación en el Cabildo, y que frecuentemente habían entrado en disputas con los Gobernadores, se potenciaron al arribar a la ciudad los Intendentes y sus cuadros burocráticos, decididos a concretar su propósito de asumir la autoridad por sobre las existentes. En efecto, las nuevas autoridades reales -Intendentes y funcionarios de la Real Hacienda- debieron construir su propio espacio de poder, lo cual resultó una tarea dificultosa, sobre todo al recrudecer las diferencias con ciertos grupos de vecinos que no ocultaron su oposición al nuevo esquema de poder que buscaba implantarse y que en los hechos se traducía en la disminución de su influencia política.
Es por ello que en las últimas décadas del período colonial, encontramos sucesivos conflictos planteados entre las autoridades de la Intendencia y grupos de capitulares, originadas en los más diversos asuntos: ceremonial, cuestiones de jurisdicción, y -sobre todo-, confirmación de las elecciones anuales de cabildantes (Marchionni, 1996). No obstante, los cabildantes no constituyeron un grupo monolítico pues se evidencia la existencia de «camarillas» o grupos, algunos de los cuales aparecen apoyando decididamente a los Intendentes. Por otra parte, estos grupos no permanecieron inalterables a lo largo del período considerado, ya que podemos encontrarlos en diferentes alineaciones según los conflictos planteados.

LOS CABILDANTES DE SALTA A FINES DEL PERÍODO COLONIAL

Conforme a las ordenanzas reales contenidas en la Recopilación de Leyes de Indias(Nota 1)el número de miembros del Cabildo variaba de seis a doce regidores según las ciudades. En el caso de Salta los cabildantes no sobrepasaron los seis regidores y dos alcaldes, a los que se agregaban los oficios extracapitulares (De la Cuesta, 1982: 146). Las atribuciones de éstos estaban precisamente fijadas, como así también su jerarquía, pues ésta debía ser observada sobre todo en las reuniones y ceremonias ya que el lugar de preeminencia indicaba el rango del funcionario.
A los cargos capitulares se agregaron en Salta los alcaldes de barrio -a partir de 1785-, con la reglamentación del Intendente Mestre, cuyas atribuciones incluían el registro de los habitantes, el control de las conductas en cada uno de los barrios delimitados para tal fin, y la supervisión del aseo de las calles y del cumplimiento de las ordenanzas concernientes a la unión de los matrimonios (Mariluz Urquijo, 1949-50). Esta medida reviste importancia en el sentido de que significa un intento de las autoridades de acentuar el control sobre una población creciente y que debe ajustarse a las normas emanadas de la corona tendientes a reforzar la jerarquía social y el cumplimiento de las disposiciones para mantener la «moralidad» pública(Nota 2)
La cuestión de la «representatividad» que tuvo el Cabildo resulta fundamental al analizar la composición social de la institución. Aún cuando consideremos la realización de los llamados «Cabildos Abiertos» o extraordinarios y que significaron la ampliación de la participación a otros «vecinos» que no formaban parte ordinariamente de la institución, esta «fue casi siempre la representación de la clase o grupo dirigente económica y socialmente de la región» (Gelman, 1985: 14).
Las elecciones realizadas los 1 de enero de cada año debían recaer en «vecinos», es decir, moradores de la ciudad con casa poblada y por lo menos con cinco años de residencia; éstos no podían ser clérigos ni ejercer oficios viles (De la Cuesta: 132). Tampoco un cabildante debía ser

«deudor moroso a Real hacienda, fiador o deudor a los fondos públicos con no haber pagado el valor del oficio a plazo vencido (...) tener la ciudad por cárcel o estar suspenso por causa pendiente, y otros casos [de] esta irrefagable naturaleza»(Nota 3).

Fue dificultoso para algunos Cabildos poder cubrir todos los cargos conforme a derecho. Encontramos, por ejemplo, en un acta capitular de Salta de 1726 la orden de que la elección recaiga en los «vecinos, hijos de conquistadores, y Pobladores»; pero como

«no se puede elegir en el todo Personas desta calidad, ya porque muchos están pobres y retirados en sus haciendas de Campo, que dipen [sic] su precisa asistencia, y de hacer la Elección en ellos, seles siguen gravísimos perjuicios ó ya por estar en las Provincias del Perú» (Ojeda, 1784: 58-60).

Esta dificultad observada para el oficio de alcalde, que siempre fue un cargo electivo, no se encuentra para el caso de los regidores, pues en el ámbito de los Cabildos se realizó durante mucho tiempo la venta de cargos, lo cual significó en la práctica la continuidad en los empleos concejiles de ciertas familias que afianzaron así su preeminencia social y económica. Como ejemplo, en el caso de Buenos Aires observamos la hegemonía que los comerciantes, locales y vecinos de Potosí, tempranamente tuvieron en el poder político local, quienes accedieron principalmente por la compra del oficio, y que permitió su consolidación como grupo dirigente. Allí los llamados «beneméritos» -es decir, los descendientes de los primeros pobladores- fueron desplazados por los comerciantes, acentuando en la ciudad puerto una característica distintiva respecto de las demás ciudades coloniales (Gelman, 1985).
La venta también se realizaba con otros cargos de la administración real, lo cual puede comprenderse en función de las necesidades financieras de la Corona -que había sufrido sucesivas bancarrotas a lo largo del siglo XVII- y del carácter «patrimonial» que revestía la organización estatal, pues los cargos eran concebidos como prebendas otorgadas por los monarcas considerando que formaban parte de su patrimonio, con la consecuencia de que el beneficiario se apropiaba de la función confundiéndose las esferas pública y privada en el ejercicio del cargo. Sobre las consecuencias de la práctica de la venalidad los historiadores han coincidido en que fue una fuente generadora de corrupción administrativa por cuanto el que adquiría un cargo lo hacía con la perspectiva de resarcirse los fondos invertidos, que eran muy elevados. Visto desde otra perspectiva, podríamos decir que este fue un mecanismo de «negociación» entre la Corona y los particulares por cuanto ésta se aseguraba -aún tolerando la corrupción consecuente- la administración de la cosa pública, recaudaba fondos y evitaba el gasto en salarios (Pietschmann, 1982). Simultáneamente esta práctica permitió la inyección de recursos a la Corona y el acceso de sectores enriquecidos al cuerpo de funcionarios.
Obviamente, estas prácticas -cargos vendibles y elecciones realizadas por los mismos capitulares- sólo permitían el acceso de aquellos individuos considerados socialmente «aptos» y aseguraban el control de un importante resorte del aparato estatal a ciertas familias, que por lo general estaban vinculadas por parentesco o por intereses económicos similares.
La posibilidad de formar parte del Cabildo y el poder que ello confería a quienes efectivamente podían lograrlo, debe analizarse a partir de la consideración de las características que revestía la sociedad finicolonial. Por una parte existió una verdadera competencia entre las familias por los recursos materiales, competencia que encontró campo de lucha en el Cabildo, pues el control de las estructuras político- administrativas conllevaba la posibilidad de consolidar la posición económica (Saguier, 1992: 98-99); por otra, en una sociedad estamental cobraba vital importancia para los individuos el lugar que ocupaban en la sociedad, el status. La jerarquía social se manifestaba en elementos objetivos, como el color de la piel, la profesión, la riqueza; pero, sobre todo, en el status asignado, o sea, la representación que la sociedad hacía del lugar que cada grupo ocupaba, y que se manifestaba en símbolos como la etiqueta, la vestimenta, etc. y que estaba reglamentada por la costumbre. El acceso al poder político local significaba, en este sentido, el afianzamiento del status social alcanzado por el grupo (Guerra, 1989).
Debemos considerar las consecuencias que la venta de cargos tuvo en el Cabildo, ya que si bien hubo efectivamente un intento por suprimir esta práctica por parte de los Borbones desde la segunda mitad del siglo XVIII, esta medida no alcanzó a todos los niveles de la administración, conservándose para algunos cargos del Cabildo. Es por ello que, si bien en Salta se avanzó hacia la eliminación de los cargos vendibles y renunciables, algunos empleos concejiles continuaron en esta categoría hasta entrado el siglo XIX. Ellos fueron el de regidor fiel ejecutor, el de alguacil mayor y alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad.
A través de estos cargos, algunas familias lograron controlar funciones importantes dentro de la ciudad y su jurisdicción. En el caso de los alcaldes mayores provinciales, tenían a su cargo la supervisión de los alcaldes de la hermandad que ejercían la justicia en 1ª instancia en los diferentes partidos que comprendía la jurisdicción de la ciudad -en el casco urbano se encontraban los alcaldes ordinarios y los alcaldes de barrio-. En las últimas décadas del período colonial, fueron ejercidos por reconocidos estancieros y hacendados, muestra de su gravitación en el ámbito rural, sancionada políticamente a través del ejercicio de este cargo obtenido por compra.

Cuadro 1. Empleos vendibles y renunciables en el Cabildo de Salta

Fuentes: ABHS. Carpetas de Gobierno, Protocolos Notariales.
Archivo General de la Nación: Tomas de razón de despachos militares, cédulas de premios, retiros, empleos civiles, etc. (1740-1821), Buenos Aires.

El cargo de alguacil mayor tenía a su cuidado las tareas que actualmente corresponden a la policía, es decir, el mantenimiento del orden público y el cuidado de la cárcel. En estos años, estuvo en manos de tres personajes que se encontraban emparentados por cuanto Calixto Ruiz Gauna era hijo de Juan Calixto, y a su vez era pariente de Roque Zerda(Nota 4), lo cual demuestra el interés por parte de un mismo grupo familiar de mantener este cargo en cuanto garante del orden en la ciudad.
Por su parte, fuera de estas funciones ligadas con el control social, particularmente importante fue la regulación del mercado urbano a través del abasto de la ciudad y la fiscalización de las pesas y medidas (Marchionni, 1997: 57-59), por lo que no es de extrañar que hubiera interés en mantener el oficio de regidor fiel ejecutor -precisamente encargado de cumplir estas funciones- como empleo vendible y renunciable.
En este puesto observamos la presencia de la familia Saravia, la que a lo largo de más de treinta años tendrá a su cargo esta tarea. Especialmente merece destacarse que Mateo Saravia tendrá una importante participación en los conflictos políticos de las décadas de 1790 y 1800, dirigiendo un grupo opositor a los intendentes. Su permanencia en el escenario político se debió fundamentalmente a la posibilidad que le abría el hecho de ser propietario de su cargo, y de poder conformar un grupo de partidarios a su alrededor y que le permitió tener un espacio de poder más allá de su presencia en el Cabildo que concluyó en 1804.
Por otra parte, entre las actividades de los Saravia estaba el comercio de efectos de la tierra, entre los cuales se destacaba la coca. Valiéndose de la influencia que tenía Mateo en el Cabildo, es que sus hermanos se presentan ante las autoridades pretendiendo se les conceda el monopolio de la introducción de coca en la ciudad y en el partido de la Puna a cambio de costear las obras de construcción de una fuente para la provisión de agua en Salta(Nota 5). Las abultadas ganancias que reportaría este monopolio provocan una resolución desfavorable finalmente, pero lo que interesa aquí es considerar que de ser admitida la propuesta, ya contaban con un resorte importante dentro de la administración del abasto de la ciudad, para poder concretar jugosos negocios.
Estos casos sólo constituyen una muestra del poder que algunas familias lograron conservar luego de la profunda transformación en la composición social de la elite, que a fines de la colonia, difiere notoriamente respecto de aquel grupo que se fue consolidando económica, social y políticamente desde la fundación de la ciudad. En efecto, en Salta podemos observar cómo los descendientes de los primeros conquistadores y propietarios de tierras en el valle de Lerma y en el Calchaquí - a partir de las mercedes otorgadas luego de la conquista efectiva del valle efectuada a mediados del siglo XVII-, monopolizaron la conformación del Cabildo, por medio de elecciones y de la compra de los empleos concejiles. A partir de los pocos datos de que disponemos sobre la composición del Cabildo en la segunda mitad del siglo XVII y primeras décadas del XVIII, podemos inferir la presencia continuada -en ciertos casos como cabildantes «propietarios»- de algunos apellidos como Villegas, Frías Sandoval, Lizondo, Díaz Zambrano, Medina Pomar, Pedroso, Vélez de Alcócer, Porcel de Peralta, Aguirre, los cuales desaparecerán paulatinamente de la escena política local(Nota 6).
Otros apellidos con presencia en el Cabildo a principios del siglo XVIII seguirán apareciendo en las listas posteriores, aunque con diferente frecuencia según los años y la participación que tendrán en algunos episodios de la vida política de la gobernación. Entre ellos merecen destacarse Arias Rengel, Escobar Castellanos y Martínez de Iriarte, aunque debamos considerar que en muchos casos su relativo desplazamiento encubra en realidad el hecho de que actúen ramas laterales de la familia que no siempre conservaron estos apellidos. En gran medida estos personajes aparecen con el apelativo «vecino feudatario» hasta entrado el siglo XVIII, lo cual sancionaba simbólicamente su legitimidad basada en el hecho de poseer o ser descendiente de poseedores de encomiendas. El carácter de «vecino» los alejaba de los «residentes» y «habitantes», quienes si bien podían poseer fortuna, carecían del derecho a cargos capitulares.
La riqueza proveniente de la posesión de tierras y -en algunos casos- de encomiendas de indios les posibilitaba adquirir un status social reconocido dentro de la sociedad, lo que sumado al linaje que podían certificar, los colocaba en posición de acceder al poder político. Así, de Don Agustín Escobar Castellanos a principios del siglo XVIII se decía que era

«vecino de esta ciudad de Salta (...) hijo legítimo del Sargento mayor Don Tomás de Escobar Castellanos y Doña María Luis de Cabrera: fue D. Tomás de Escobar Castellanos hijodalgo notorio, natural de Gibraleón en los reinos de España, y como tal casó con Doña María Luis de Cabrera en esta provincia de la primera nobleza, siendo descendiente por ambas líneas de los primeros y más principales conquistadores y pobladores de estas provincias»(Nota 7).

A lo largo del siglo XVIII se verifica en toda América colonial una aceleración del proceso de mercantilización y la llegada de comerciantes peninsulares que vieron en las colonias la posibilidad de un rápido ascenso económico y de establecer vínculos importantes con las elites de las ciudades (Socolow, 1987; Mata,1994). Salta no escapó a este proceso, que respondió en alguna medida a la coyuntura en que se encontraba la ciudad a partir de la década de 1760 aproximadamente, en que se revitalizan los vínculos que mantenía con el Alto Perú como centro redistribuidor entre el espacio surandino y el espacio rioplatense, en donde Buenos Aires adquiere mayor importancia como puerto -primero privilegiado con la autorización de los asientos de esclavos y la llegada de los navíos de registro, y luego como puerto legalizado a partir de 1778-.
Es por ello que también en la ciudad se instalan comerciantes provenientes de España y de otros puntos de América colonial, quienes se volcaron hacia dos importantes rubros mercantiles: el de mulas -el de mayor peso dentro del comercio local- y el de efectos de castilla. El comercio y el crecimiento demográfico que experimentó la ciudad posibilitaron su afianzamiento y diferenciación dentro del espacio del Tucumán, proceso que fue acompañado por la reforma política que le permitió colocar bajo su jurisdicción a las demás ciudades de la región cuando fue instalada en ella la capital de la Intendencia en 1784 (Mata et alt., 1997).
Este proceso no escapa a quienes se encuentran insertos en la realidad de la ciudad en este momento, pues es evidente que se ha complejizado la composición de la elite con el ingreso de los comerciantes. La posesión de tierras ya no es la única base material para establecer el status dentro de la sociedad. Resultaba evidente, a los ojos del obispo Abad Illana - en 1768- que se estaban acabando

«aquellos conquistadores a quienes, en pago de sus buenos servicio, se daban feudos. Hoy se suele dar una encomienda a un español que acaso no ha servido sino de pulpero. Muy raro nieto se conoce de aquellos que ayudaron a conquistar este reino; casi todos son recién venidos de España»(Nota 8).

Acompañando este proceso, es que las disposiciones para la admisión de los cabildantes fueron flexibilizadas permitiéndose de esta manera el acceso de los comerciantes, que estaba prohibida en las Leyes de Indias. En Salta podemos observar que la presencia de comerciantes en el Cabildo se incrementa a partir de las décadas de 1770 y 1780, siendo más acentuada en la de 1800 (Marchionni, 1997: 32-34), cuando se afianzan los comerciantes vinculados al tráfico mular revitalizado entonces luego de unos años de depresión (Sánchez Albornoz, 1968). Un proceso similar se puede observar en Córdoba, donde también se encumbran los comerciantes de mulas en el Cabildo, a quienes se suman los de efectos de castilla hacia las décadas de 1780-90 (Punta, 1997).

En el Cuadro 2 podemos visualizar la presencia de los comerciantes en el Cabildo. Aún cuando no siempre hubo especialización en el comercio por cuanto muchos hacendados y estancieros incursionaron en esta actividad comercializando parte de la producción de sus propiedades o mercancías ingresadas de otros espacios -como es el caso de las mulas invernadas en sus potreros-, podemos individualizar al grupo de comerciantes partiendo de la mención que explícitamente hacen las fuentes al identificarlos como tales y teniendo en cuenta que su modo de operación y patrones de inversión difieren sustancialmente entre unos y otros. La individualización de los comerciantes de efectos de castilla dentro del cuadro resulta interesante por cuanto es posible observar su creciente presencia en el Cabildo y la conformación, en cierta medida, de un sector diferenciado dentro de la elite.

Cuadro 2. Presencia de los comerciantes en el Cabildo de Salta entre 1770 y 1810

* En cursiva los años para los que no disponemos de la lista completa de cabildantes.
** El número de cabildantes asciende a 8 integrantes, sin incluir procurador y mayordomo de Propios y Arbitrios.
*** Año en que se conformaron dos cabildos por pleitos con la intendencia.
( ) Entre paréntesis, número de comerciantes de efectos de castilla.
Fuentes: ABHS. Carpetas de Gobierno, Protocolos Notariales 1770-1810.

El acceso a los cargos capitulares, aseguraba a los comerciantes la participación en la elite, completando -en ciertos casos- una ascendente carrera que comprendía el éxito en los negocios, el avecindamiento por medio de un matrimonio ventajoso y el reconocimiento de un status social que les posibilitara encumbrarse en la consideración social.
Algunos comerciantes completaron una brillante carrera de ascenso económico y social a través de estrategias matrimoniales convenientes que a su vez les permitió una continuada presencia en los cargos capitulares a través de ellos mismos o de sus parientes. Este sería el caso de Antonio de Figueroa, importante comerciante de mulas llegado a Salta procedente de Córdoba hacia 1760, quien logró vincularse con una familia propietaria en el valle de Lerma, y colocar a su numerosa prole: mediante ventajosos matrimonios con otras familias ya establecidas; incorporando a nuevos comerciantes llegados a Salta; ocupando puestos claves en la Iglesia y estrechando vínculos con los burócratas reales.

Cuadro 3. Comerciantes de Salta (1804) (1)

(1) Sólo se incluyen los comerciantes que ocuparon cargos en el Cabildo. En esta lista
faltan algunos nombres de comerciantes que tuvieron destacada presencia en el Cabildo,
pero que al momento de relevar la lista no son incluidos, probablemente porque ya
habían fallecido hacia esa fecha.
(2) Esta es la clasificación con que figuran los comerciantes en la matrícula levantada
en 1804; pocos de ellos se especializaron en un solo rubro comercial, pues fue frecuente
la incursión en varios. De todas maneras el cuadro es ilustrativo de quienes se dedicaban
al comercio en Salta. Entre los que figuran como comerciantes de mulas se incluyen a
propietarios de tierras que comercian mulas por su cuenta (Saravia, Arias, Castellanos,
Carbajal).
(3) Incluye los cargos de mayordomo de propios y procurador de la ciudad.
Fuente: AGN. Sala IX. 4-6-7. Informe del diputado Pedro José de Ibazeta al Consulado.
Salta, 5 de mayo de 1804. Cit. en Acevedo, 1965: 333.

Su actividad comercial se extiende prácticamente por el lapso de cuarenta años, en los que no solo logra amasar una considerable fortuna producto del comercio y que le permite alcanzar la posesión de tierras -algunas de ellas que habían pertenecido a la Compañía de Jesús-, sino también la acumulación de cargos militares y políticos. Así, es Coronel de Milicias, Comandante General de la Frontera y Gobernador de Armas. En 1780, además, ostenta los cargos de Teniente de Gobernador, Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades y Síndico Ecónomo del Convento San Francisco (Mata, 1991; 1994).
En el Cabildo, es alcalde de 2º voto en 1766; justicia mayor en 1778 y alcalde de 1º voto en 1773, 1784 y 1795. No obstante, si consideramos las vinculaciones familiares establecidas por Figueroa a través de sus hijos e hijas, vemos que estos matrimonios le permitieron consolidar la empresa familiar y asegurar el acceso a los cargos públicos. De esta manera, encontramos a los Figueroa vinculados con familias establecidas como los Toledo Pimentel y los Fernández Cornejo (propietarios en el valle de Lerma y la Frontera Este respectivamente); e incorporando a los comerciantes establecidos recientemente en Salta: Ibazeta, Usandivaras, Aráoz, González San Millán. También establecieron vínculos con la Iglesia al ingresar uno de sus miembros a la carrera eclesiástica ocupando en ella importantes cargos, y con la burocracia de la Intendencia al relacionarse con la familia de Gabriel de Güemes Montero, tesorero de la Real Hacienda desde la década de 1780.
En efecto, el parentesco posibilitó la permanencia de la elite dentro del Cabildo logrando de esta manera consolidarse por medio de verdaderas redes familiares. Los comerciantes pudieron a través de los vínculos parentales posicionarse y acceder a la propiedad de la tierra y a los cargos, pero resulta evidente que no siempre el establecimiento en la ciudad y el «avecindamiento» por medio del matrimonio fue un requisito exigido para integrar el selecto grupo de los cabildantes; bastaba en ciertos casos con alcanzar el éxito en los negocios y cierto prestigio. Este es el caso de Francisco Maurín, peninsular que residió en Salta durante casi treinta años participando en el comercio de efectos de castilla y yerba desde Buenos Aires al Alto Perú (Mata, 1994: 200). A pesar de su condición de residente -no forma familia- su fortuna le permite acceder al Cabildo ocupando los cargos de alcalde de 2º voto en 1789; de 1º voto al año siguiente y el de regidor en 1793(Nota 9).
Otros casos ilustrativos de esta inserción social de los recién establecidos son los de los comerciantes Pedro José de Otero y José de Hormaechea, quienes se casan con dos hijas de Gabriel de Torres -propietario de tierras en el valle de Lerma-; y el de Manuel Antonio Tejada y Juan Antonio Moldes, casados con dos miembros de la familia Fernández de Loria -tradicionales propietarios también del valle de Lerma-(Nota 10). No obstante, el ascenso social y en el nivel de riqueza proveniente de los negocios, no siempre se acompañó con el acceso al poder político: José de Hormaechea, por ejemplo, no ocupó cargos en el Cabildo.
La presencia de comerciantes en el Cabildo se intensifica en las décadas de 1790 y 1800, observándose en algunos años que éstos logran prácticamente el control de los cargos. A partir de 1800 advertimos que nuevos comerciantes llegados a Salta han logrado incorporarse a la elite siguiendo -en general- la misma «carrera» en su vinculación social y en los negocios. Entre ellos encontramos a Antonio de Aguela, Francisco Aráoz, Francisco de Nevares, José Uriburu, dedicados en su mayor parte al comercio de efectos de castilla.
A partir de 1795 aproximadamente y durante la última década de la colonia, crece el comercio mular y adquieren importancia en esta actividad quienes habilitan las tropas remitidas al Perú y al Alto Perú. Son efectivamente estos últimos comerciantes, en su mayoría dedicados al comercio de efectos de castilla, quienes aparecen en los registros como los más fuertes habilitadores de tropas, controlando además -en cierta manera- la producción local al ser los fiadores en los remates de diezmos de la jurisdicción (Mata, 1994: 201). La posibilidad de pertenecer a la elite vinculados a los comerciantes de mulas ya establecidos posibilitó su éxito en los negocios y formar parte del Cabildo. Así, en la década de 1800 logran prácticamente controlar los cargos capitulares.
De entre estos últimos Antonio de Aguela podría considerarse como un caso paradigmático de ascenso político vinculado con el proceso de crecimiento del comercio mular del cual participa, aunque indirectamente como habilitador de tropas, ya que es uno de los principales en la década de 1800 (Mata, 1994: 206). El primer escalón en su «carrera» dentro del Cabildo fue como Mayordomo de Propios (encargado de llevar las cuentas de gastos e ingresos de la Junta de Propios creada en 1783) entre los años 1792 y 1793, cargo que durante el período en que funcionó la Junta no revistió importancia respecto de los demás cargos capitulares, pues mayoritariamente fue ocupado por pequeños comerciantes o bien por pulperos, vinculados sí con algunos capitulares ya sea a través de relaciones comerciales o de padrinazgos(Nota 11).
Llegado de España a fines del siglo XVIII, Aguela se avecinda en 1781 al casarse con María del Carmen Rodríguez Peñalba, instalando una pulpería que funciona entre 1780 y 1785. Su ascenso económico tuvo su correlato dentro del Cabildo, pues a su cargo de mayordomo le sucedieron los de procurador de la ciudad en 1798 y de regidor en 1805 encargándosele la función de alférez real. Si consideramos que el de mayordomo de Propios no constituye un puesto importante y el de alférez real representa el mayor cargo honorífico (pues aunque no cumpla una función específica en el plano político, sí en lo simbólico como encargado de portar el estandarte real en las fiestas y funciones públicas), podemos apreciar la creciente gravitación que este personaje tuvo dentro de la elite salteña. No obstante, no podemos inferir que las vinculaciones sociales logradas por vía matrimonial hayan gravitado en este ascenso, ya que su esposa pertenecía a una familia que sólo lateralmente estaba vinculada con los Arias Velázquez, descendientes de una de las familias fundadoras de la ciudad(Nota 12).
El caso de Francisco Antonio González San Millán nos permite visualizar un claro ejemplo de ascenso social mediante vinculaciones familiares, éxito en los negocios, permanencia en el poder y fuerte gravitación política. En efecto, casado con una hija de Antonio de Figueroa (cuadro 4), este peninsular se avecinda en 1784, se convierte en uno de los principales comerciantes y accede a diversos cargos dentro del Cabildo entre 1786 y 1808: regidor en cuatro oportunidades; alcalde de 1º voto en dos; alcalde del barrio de San Bernardo en 1785 y alférez real en 1803. Su presencia política quedó evidenciada en su participación en diferentes conflictos que se suscitaron entre el Cabildo y las autoridades de la Intendencia.

Cuadro 4. Vinculaciones familiares de los hijos de Antonio de Figueroa. Participación de la familia en el Cabildo.

* Fecha del matrimonio.
Fuente: Cornejo, Atilio (1945: 445).
ABHS. Carpetas de Gobierno 1770-1810
AAS. Parroquia de La Merced. Libro de Matrimonios 2, 3 y 4.

Algunos hacendados y estancieros también desplegaron estrategias tendientes a controlar los cargos por sí o a través de sus parientes, integrados por medio de amplias redes familiares. Nicolás Severo de Isasmendi fue, sin duda, el personaje de la elite salteña con mayor prestigio y poder (Mata, 1997: 225-229), pero que se vinculó con el Cabildo preferentemente a través de los miembros de su familia, ya que él mismo sólo ocupó cargos en unos pocos años. La coronación de su carrera política la alcanzó en 1809 cuando se convirtió en el único vecino designado como Intendente interino, fruto de una estrecha relación tejida a lo largo de muchos años con la Corona.

Cuadro 5. Presencia de Nicolás Severo de Isasmendi y sus familiares en el Cabildo

Fuentes: ABHS. Carpetas de Gobierno; Protocolos Notariales 1770-1810.
AAS. Parroquia de La Merced. Libros de Matrimonios 2, 3 y 4.

Hubo también otras familias que se consolidaron políticamente a partir de las buenas relaciones que establecieron con la Corona, y que les permitió acceder a los cargos capitulares, y mantener cierta presencia a partir del parentesco. Los Fernández Cornejo, oriundos del Perú y llegados a Salta a mediados del siglo XVIII, comienzan su ascendente carrera política con la activa participación que Juan Adrián Fernández Cornejo tuvo en las entradas al Chaco realizadas con el fin de consolidar la frontera este y «pacificar» la región, lo cual le proporcionó el acceso a tierras en esta zona (Mata, 1997), y el apoyo brindado al gobernador Campero al efectuarse la expulsión de los jesuitas en 1767. A partir de ese momento vemos cómo los Fernández Cornejo mantienen una presencia continua en el Cabildo a lo largo del período que se extiende hasta el fin de la colonia, que se verá fortalecida a través de las buenas relaciones que luego mantendrán con los Intendentes y algunos de sus funcionarios, incluyendo la unión matrimonial como estrategia(Nota 13).

Cuadro 6. Presencia de la familia Fernández Cornejo en los cargos capitulares

Fuentes: ABHS. Carpetas de Gobierno; Protocolos Notariales.

Las modificaciones observadas en la permanencia o desplazamiento de familias dentro del Cabildo, producidas en relación con el ingreso de los comerciantes pueden explicarse además, por la dinámica propia que caracterizó al accionar político y las alianzas que se tejieron entre los miembros de la elite. Un acontecimiento fundamental en la definición del posicionamiento dentro del escenario político fue la expulsión de la Compañía de Jesús, pues supuso un pase a segundo plano de las familias más vinculadas a éstos. La década de 1760 estuvo signada por la agitación política que hizo eclosión en la llamada «rebelión de 1767» -que involucró a personajes de Salta, Córdoba y Jujuy- en la que se enfrentaron con el gobernador Campero (Acevedo, 1969). En estos acontecimientos participaron amigos y partidarios de los jesuitas «porque es innegable que tanto en Córdoba como Salta o Jujuy, las vinculaciones comerciales de los jesuitas habían anudado fuertes lazos de grupos que, de ellas y por ellas sacaban todo tipo de ventajas» (Acevedo, 1965: 214).
Estos hechos constituyen una suerte de «divisoria de aguas» dentro de la elite, por cuanto quienes estaban vinculados a los jesuitas -y que en opinión de Acevedo son quienes comandan el movimiento contra el Gobernador- pasan a un segundo plano. No obstante, no podríamos afirmar -como lo señala Saguier- que se haya producido un «recambio» de familias al ser desplazados los Arias Rengel y los Saravia, por los Fernández Cornejo, vinculados al Gobernador Campero (Saguier, 1992: 92). Si bien la presencia de éstos últimos será creciente en el Cabildo, no desaparecen completamente de la escena política los representantes de las otras familias aludidas. Es el caso -por ejemplo- de apellidos como Toledo Pimentel, pues uno de sus miembros, Francisco que fue uno de los protagonistas de la sublevación de 1767, actuó sucesivamente en el Cabildo directamente o bien a través de sus parientes.
Si bien, como llevamos dicho, el Cabildo finicolonial salteño se caracterizó por la presencia de comerciantes, éstos no conformaron un grupo monolítico. Las «camarillas» o “pandillas" de partidarios de que da cuenta la documentación no fueron siempre las mismas, y se advierten ciertos reposicionamientos; más bien las alianzas fueron cambiando a lo largo del período considerado a partir de las cuestiones que enfrentaron a los grupos.
Uno de los que más continuidad tuvo dentro del Cabildo de Salta, fue el conformado en torno a la figura de Mateo Saravia, abogado que ejerció el cargo de regidor fiel ejecutor, por compra, entre 1791 y 1801. Este personaje tuvo destacada participación en los pleitos y conflictos que enfrentaron a los cabildantes con los Intendentes en las elecciones capitulares de 1792, 1795 y 1805; aunque también lo encontramos promoviendo pleitos dentro del mismo Cabildo, como por ejemplo en 1799 contra José Antonio Castellanos, miembro de una familia contra la que los Saravia mantenían un antiguo pleito por cuestiones de tierras(Nota 14).
El teniente asesor de la Intendencia Fernández Dávila da cuenta de la existencia de este grupo comandado por Saravia cuando realiza una presentación en descargo por una acusación promovida por los cabildantes en 1793. Para el teniente asesor el Cabildo era

una gavilla de espíritus complexionados (...) Todos los habitadores saben que don Mateo Saravia es el caudillo y director de los actuales capitulares. Todos saben que, desde fines del año de noventa y uno, que compró y entró en posesión del oficio de regidor fiel ejecutor, puso el más desmedido empeño para que sus parciales ocuparan los empleos concegiles(Nota 15).

Así, el ayuntamiento estaba formado por «parientes, (...) parciales y (...) clientes suyos, por razón de [ser] abogado». Estos incluían -prosigue Dávila sin ahorrar tremendos epítetos al referirse a cada uno de ellos- a Agustín de Erquicia, Roque de la Zerda, Fernando Torres, Francisco Ansede y Graña, José Gavino Blanco, José Royo Carrillo y Antonio Pardo(Nota 16). La continuidad de este grupo se evidenciará cuando se realicen las elecciones capitulares de 1805 y se produzca un nuevo conflicto con el Gobernador Intendente, y encontremos nuevamente a Mateo Saravia dirigiendo la acción de los capitulares. Entre los cabildantes que aparecen sucesivamente en conflicto con los Intendentes se encuentran, además del propio Saravia, Francisco Antonio González San Millán, Agustín de Erquicia, Roque Zerda, Francisco Ansede y Graña, José Gavino Blanco y Lino Rosales. No obstante, no todos los miembros de esta “pandilla" eran comerciantes, lo cual es indicativo de que desarrollar actividades económicas similares no era un elemento excluyente al conformarse los grupos políticos.
Al realizarse las elecciones anuales de los capitulares se hacían más evidentes las divisiones dentro de la institución, pues al ser necesaria la aprobación de lo actuado por el Cabildo por parte del Gobernador Intendente, surgían diferencias y conflictos cuando éste confirmaba en los cargos a quienes consideraba “más aptos" -léase más afines a su autoridad- para esos cargos. Los argumentos que se esgrimen en favor de una u otra posición en torno a las elecciones variaron en consideraciones de tipo jurídico (la remisión a lo establecido por las leyes o las costumbres; o alegando las inhibiciones que pesaban sobre los deudores a la Real Hacienda), jurisdiccional (la potestad del Intendente sobre el Cabildo por ser el Presidente natural del cuerpo y representante del rey), o personal (descalificando las aptitudes “morales" de los electores o de los electos) (Marchionni, 1996).
De todas maneras, el complejo entramado que envuelve a estos conflictos pone en evidencia la confrontación de dos posiciones básicas: por un lado, la de ciertos capitulares -en este caso que responderían a las directivas de Mateo Saravia- deseosos de consolidar su situación en el Cabildo y como grupos de elite que pretenden seguir legitimando su preeminencia al frente del poder político local, y que hacia fines del siglo XVIII se ve amenazado por la presencia de los Intendentes al ser declarada la ciudad capital de la Intendencia; por el otro, la de las autoridades reales, con el Intendente a la cabeza, que buscan imponer su autoridad por sobre las prerrogativas del Cabildo y de otras antiguas instituciones, como referentes de la reforma administrativa, y que en definitiva es el esfuerzo por construir su propio espacio de poder por encima de los existentes.
Para ello, no obstante, necesitaron los Intendentes del apoyo de ciertos grupos de elite. Estos aparecen como más afines a las autoridades reales, pues en estos conflictos o bien son los que cuentan con la confirmación de los Intendentes para los cargos capitulares aún cuando no posean el mayor número de votos, o son llamados a dar testimonios sobre asuntos que pueden reforzar los argumentos presentados por los Gobernadores en sus pleitos con los demás cabildantes. Entre estos podríamos citar a Miguel Francisco Gómez -uno de los miembros del Cabildo con mayor permanencia en la institución-, Nicolás Severo de Isasmendi, Manuel Frías, Antonio Cornejo, Antonio de Nevares, Sinforoso Josef de Rioja, Juan Nadal y Guarda, entre otros.

CONCLUSIONES

Recapitulando lo expuesto debemos volver sobre la particular situación que ocupó Salta en las últimas décadas de la dominación española. Incorporada tempranamente al espacio económico peruano, a lo largo de los años se consolidó como plaza comercial y de producción ganadera principalmente, posición que en la segunda mitad del siglo XVIII se vio favorecida por el empuje ascendente del crecimiento de la población, la creciente mercantilización del espacio colonial y el alza de la producción altoperuana, entre otros factores. Esto atrajo a numerosos comerciantes provenientes de España y de otras ciudades del espacio colonial, quienes se instalaron en Salta y desplegaron sus actividades comerciales, en los rubros de mulas, de efectos de castilla o de efectos de la tierra; aunque no siempre especializándose en alguno de ellos, pues los vemos actuar simultáneamente en el comercio de varios productos.
Lo que sí cabe considerar como proceso general para estos nuevos integrantes de la sociedad salteña, es su pronta vinculación con la elite ya establecida desde los inicios de la vida de la ciudad, y que habían legitimado su posición principalmente al haber accedido a mercedes de tierras y encomiendas. El encumbramiento de los comerciantes se verificó mediante matrimonios ventajosos y el acceso, en algunos casos, a la propiedad de la tierra que de esta manera no solo legitimaba su posición, sino también constituía una base económica fundamental para el desenvolvimiento de sus negocios.
Pero la riqueza y el status social no bastaban para integrar la elite, se hacía necesario el acceso al poder, o sea, la posibilidad de ejercerlo detentando cargos. Estos pudieron ser cargos militares -adquiridos en la participación en las sucesivas campañas dirigidas a expandir y consolidar la frontera este con el Chaco- o -quizá lo fundamental en este caso- cargos en el Cabildo. Integrar la institución capitular, confería la posibilidad de ser distinguido dentro de la sociedad que se regía por estrictos cánones de jerarquías y status diferenciados, y además la de consolidar sus posiciones económicas por cuanto el Cabildo tenía jurisdicción sobre amplias facultades de la vida local: control del mercado urbano, concesión de licencias, administración de los fondos municipales, ejercicio de la justicia en primera instancia, etc.
Es así que encontramos que los sucesivos Cabildos de fines del período colonial estuvieron conformados en su mayor parte por comerciantes, que lograron pasar a un primer plano, y desplazaron -de alguna manera- a los antiguos propietarios de tierras y representantes de las familias más antiguas. No obstante, la continuidad en el poder estuvo vinculada además a los múltiples vínculos de parentesco que se tejieron entre las familias, y que permitió el control de los cargos aún cuando no se estuviera directamente integrando el cuerpo capitular.
La institución de las Intendencias significó una mayor racionalización en el manejo de los asuntos financieros y administrativos, pues se partió de la base de un modelo estatal que privilegió la centralización y la burocratización. Los anteriores cuadros reclutados mediante prebendas y compra de cargos fueron paulatinamente reemplazados por funcionarios asalariados, lo que supuso la instalación de una carrera burocrática en la que se privilegiaba la eficiencia, la lealtad al rey y la subordinación a los intereses del Estado.
Los conflictos suscitados entre el Cabildo y la Intendencia evidenciaban profundas diferencias en la concepción del derecho y -en definitiva- en la pugna por abrir y consolidar espacios de poder, además de desnudar alianzas en el ya de por sí complejo entramado de relaciones. Por otra parte, no eran una novedad en el ámbito de Salta -y de las demás ciudades del Tucumán- los pleitos y enfrentamientos entre los cabildantes y las autoridades reales, por cuanto los anteriores gobernadores debieron litigar en diversas oportunidades con las elites.
Quizás el momento de las elecciones anuales muestra con mayor claridad estos conflictos, pues allí se ponían al descubierto los alineamientos dentro del Cabildo, y las adhesiones y oposiciones que despertaban los Intendentes. Valiéndose de su potestad para confirmar las elecciones realizadas por los cabildantes salientes, éstos apelaban a diferentes recursos para asegurarse que el Cabildo no cayera bajo el control de sus adversarios. Si bien los argumentos de unos y de otros pudieron variar en las distintas oportunidades en que se suscitaron estos problemas, resulta evidente que nos encontramos frente a una clara lucha por el control del poder: los cabildantes decididos a conservar las preeminencias y privilegios que habían adquirido desde la misma fundación de la ciudad los cuales se materializaban en el control de la institución local; y el Intendente, empeñado en abrir su propio espacio de poder por sobre los existentes, amparado en la legislación y en la voluntad real de centralizar el control y en cortar todo intento de insubordinación a su autoridad.
El complejo entramado de las relaciones políticas a fines de la colonia, solo puede desentrañarse si consideramos algunas cuestiones fundamentales que definen el modo de actuar de los grupos que participan del Cabildo y de las autoridades reales. Nos encontramos en una suerte de “transición" entre dos modelos de organización estatal, y los argumentos de los actores presentes en los expedientes que dan cuenta de los conflictos entablados entre ellos, nos remiten a dos patrones de asociación política: frente al Estado patrimonial burocrático tenemos los primeros esbozos de Estado racional burocrático. La reforma del siglo XVIII intenta plasmar en América las bases de un nuevo ordenamiento estatal, superando las viejas prácticas que a los ojos de los reformadores han traído como consecuencia el atraso y la ineficiencia en la administración de las colonias. Pero éstas están aún vigentes, por cuanto entre los actores priman las consideraciones al status, al ceremonial, y a las jerarquías cuidadosamente establecidas y sancionadas con fuerza de ley por la costumbre inmemorial.
A partir de estas consideraciones, es que el proceso político de Salta -y del espacio americano en una ampliación espacial del problema- puede comenzar a ser analizado y explicitado: la vinculación de las luchas por el poder con el posicionamiento económico y social de los actores, la vigencia de prácticas políticas en las que costumbres y leyes reclaman igual status jurídico, y -aún más-, el lento avance hacia un Estado diferente basado en principios de asociación que se irán imponiendo, primero desde los instrumentos legales, y luego desde la práctica política, a lo largo del siglo XIX.

CITAS Y NOTAS

1) Recopilación de Leyes de Indias, 1680. Libro IV. Título 7. Ley 2, cit. En De la Cuesta, 1982.
2) La población de la ciudad de Salta experimentó un importante crecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII. Las estimaciones de Mena 1772 dan a Salta una población de 4.020 habitantes; las cifras globales del censo de 1776 totalizan 4.305 habitantes (Caretta-Marchionni, 1996: 116). Para principios del siglo XIX la población asciende a 6000 habitantes (Mata-Zacca-Caretta-Marchionni, 1996: 215).
3) Borrador de un informe realizado por el Auditor General del Ejército de las Provincias Interiores probablemente de 1784 (inconcluso). Además de las causales legales, hay que atender a la reputación del individuo que va a acceder a los cargos, pues «un vecino reputado por malo no puede obtener empleo concejil mientras no les indemnise». Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (en adelante ABHS). Gobierno. Carp. 11. Expte. 10. Año 1784.
4) Calixto Ruiz Gauna y Roque Zerda eran hijos de Laurencia y Josefa Báez respectivamente.
Archivo Arquidiocesano de Salta (en adelante, AAS). Parroquia de La Merced. Libros 2, 3 y 4. Los datos sobre matrimonios fueron facilitados gentilmente por la Lic. Isabel E. Zacca.
5) Archivo General de la Nación (en adelante AGN). Sala IX. 36-9-1. Tribunales. Leg. 105. Expte. 43. Fs. 183-186.
6) La reconstrucción de la composición del Cabildo, ante la falta de la colección de actas capitulares, se realizó sobre la base de los datos dispersos encontrados en Protocolos de Escribanos, algunas actas de Cabildo existentes en los libros de Cuentas de la Junta Municipal de Propios y Arbitrios y expedientes de las Carpetas de Gobierno -todos ellos en el ABHS-; y en los expedientes judiciales y administrativos de Sala IX del AGN. De esta manera, contamos con algunos datos para la segunda mitad del siglo XVII y primera del XVIII: años 1652, 1657, 1661, 1662, 1670, 1673, 1674, 1676, 1679, 1684, 1709, 1711, 1713, 1714 y 1717. Los Cabildos que logramos reconstruir prácticamente de forma completa, son los correspondientes a los años de las décadas de 1790 y 1800.
7) ABHS. Gobierno. Carpeta 20. Expte. 16. Año 1792. Fs. 64v-65.
8) Informe del Obispo Abad Illana. Reproducido en Lizondo Borda, 1939: 297.
9) En su carácter de alcalde de 1º voto, Maurín realiza una importante contribución para la construcción del edificio del Cabildo, obra encarada en 1789, que asciende a 300 pesos. ABHS. Gobierno. Carp. 17. Expte. 35. Año 1789.
10) AAS. Parroquia de la Merced. Libro de Matrimonios 2, 3 y 4.
11) Por ejemplo Manuel de Sagarzazu, mayordomo de Propios en 1785 y 1786, al casarse en 1780 con María Inés Aballe tuvo como uno de sus padrinos a Antonio de Figueroa, quizá el personaje más influyente políticamente por entonces en la ciudad. AAS. Parroquia de la Merced. Libros de Matrimonios 2, 3 y 4.
12) María del Carmen Rodríguez Peñalba es hija de D. Joseph Rodríguez y de Da. María Peñalba, casados en 1729 en Salta. Da. María Peñalba es hija natural de D. Juan Peñalba, y D. Joseph Rodríguez, es hijo de Da. Teodora Arias Velázquez y de Juan Rodríguez.
A.A.S. Actas matrimoniales. Expte. 140. Año 1729. Dato facilitado gentilmente por la Lic. Gabriela A. Caretta.
13) Juan Adrián Fernández Cornejo, quien tiene una destacada actuación hacia mediados del siglo XVIII, logra casar a su hijo Juan José en 1799 con Gertrudis Medeiros, hija del Dr. José de Medeiros, quien primeramente se desempeñó como teniente asesor de la Intendencia y luego como Gobernador Intendente interino entre 1807 y 1809. Aparece como padrino de este casamiento el Dr. Tadeo Fernández Dávila, por entonces, también teniente asesor de la Intendencia. AAS. Parroquia de la Merced. Libro de Matrimonios 2,3 y 4.
14) En el AGN. Sala IX.
Elecciones capitulares de 1792. 30-9-4. Interior. Salta. Leg. 33. Expte. 2.
Elecciones capitulares de 1795. 30-5-3. Interior. Leg. 36. Expte. 4.
Elecciones capitulares de 1805. 37-5-2. Leg. 138. Expte. 9; y 38-1-6. Tribunales. Leg. 176. Expte. 8.
Pleito entre Saravia y Castellanos. En Elecciones capitulares de 1799. 30-6-5. Interior. Leg. 47. Expte. 23.
15) Oficio de Arredondo al rey. Buenos Aires, 5 de diciembre de 1793. AGI. Buenos Aires. Leg 278. Cit. En Acevedo, 1965: 190-191.
16) Idem.

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