Un huracán político el federalismo en el norte argentino en la primera mitad del siglo XIX*

(A political hurricane the federalismo in the argentine north in first half of century XIX*)

Eulalia Figueroa Solá**

*  Este trabajo es parte del Proyecto 693 del CIUNSA y PIP 4497 del CONICET.

** Universidad Nacional de Salta - Avda. Bolivia 5150 - CP 4400 - Salta - Argentina / CEPIHA. Correo Electrónico: eulalifi@unsa.edu.ar

RESUMEN

   Se analiza la agitada política de la provincia de Salta entre los años 1825 a 1831, periodo signado por el Los primeros defendían, como único camino para lograr la organización política de la república, la aceptación de un poder central reconocido por las provincias. Un gobernador salteño calificó al federalismo como un huracán político que destruiría el orden y llevaría a la anarquía.

   "Ciudadanos - comerciantes" de las elites provinciales sostuvieron esas guerras con préstamos al estado, ejemplo de la activa participación de la asociación civil en el proceso político - militar. Los contribuyentes protegían los bienes prestados esgrimiendo el derecho que les otorgaba la ley, base jurídica de la república, desconocida en algunas circunstancias por el propio estado, tanto provincial como nacional.

   Finalmente, consideramos que en los años estudiados, la provincia de Salta convertida en frontera política con otro estado emergente, entre otras razones, mantuvo gobiernos adictos a un poder centralizado para defender de un posible ataque exterior a un territorio que consideraban propio, deseaban organizarlo jurídicamente y al que denominaban nación.

Palabras Clave: Política; Independencia; Norte argentino.

ABSTRACT

   The anxious policy of the province is analyzed of Jumps between years 1825 to 1831, period signed by first defended, like only way to obtain the political organization of the republic, the acceptance of a central power recognized by the provinces. A governor salteño described to the federalismo like a political hurricane that would destroy the order and would take to the anarchy.

   "Citizen - provincial retailers" of elites maintained those wars with loans to the state, example of the active participation of the civil association in the political process - military man. The contributors protected the lent goods using the right that granted the law to them, bases legal of the republic, stranger in some circumstances by the own state, provincial as as much national.

   Finally, we considered that in the studied years, the province of Jumps turned political border with another emergent state, among other reasons, maintained addict governments to a centralized power to defend of a possible outer attack to a territory who considered own, wished to legally organize it and to that denominated nation.

Key Words: Politics; Independence; Argentina´s North

La falta de principios ha causado desastres en la República Argentina y solo una organización Nacional bien cimentada puede asegurar su felicidad. Carta de Juan Ignacio Gorriti a Juan José Viamonte.24 octubre 1829

INTRODUCCIÓN

    Los conceptos vertidos por Juan Ignacio Gorriti, gobernador de la provincia de Salta, nos permiten analizar el pensamiento de un sector de la elite local en un momento crucial de la vida política argentina.

   ¿A qué principios políticos se refería el gobernador de Salta?.¿Cuál era el proyecto de organización nacional que podía dar felicidad a la república? ¿Qué significado tenía el nombre de República Argentina en su dimensión territorial y política?

   Para contestar estos interrogantes, es necesario comprender el desarrollo histórico en el Río de la Plata y en el actual norte argentino desde la ruptura del pacto colonial en América Hispana a partir de 1810.

   El proceso independentista concluyó con la formación de nueve repúblicas autónomas en el continente sur. Esa fragmentación política - territorial desintegró regiones socioeconómicas estructuradas durante el período colonial. Cuando se estableció el Virreinato del Río de la Plata en 1776, con Buenos Aires como capital, el actual norte argentino y la jurisdicción de la Audiencia de Charcas o Alto Perú ­denominación usada para diferenciarlo del virreinato del Perú - consolidaron una región basada en una fluida relación mercantil y social entre los centros mineros altoperuanos y el puerto del Atlántico, nexo de unión con la metrópoli y con Europa. En esa ruta, entre las "provincias de abajo" Salta se convirtió en centro redistribuidor y lugar hasta donde llegaban los comerciantes de las "provincias de arriba" para realizar sus transacciones comerciales, principalmente el comercio de mulas.

   En lo que fuera el Virreinato del Río de la Plata, el Alto Perú fue el teatro donde la lucha por la liberación se prolongó por un mayor período de tiempo: de 1809 a 1825.

   Mientras tanto en Salta y Jujuy se detuvo al ejército español, acción que se concretó por la intensa participación de la mayoría de la población. Hacendados junto a los gauchos de sus estancias mantuvieron una guerra de guerrillas entre 1815 y 1821, sostenida económicamente por las elites locales - comerciantes y estancieros - que contribuyeron, voluntaria o forzosamente, para mantener el sistema republicano de gobierno.

    La lucha por la independencia librada en el actual territorio argentino dejó a las provincias convulsionadas en los aspectos militar y político. Las campañas emancipadoras obligaron a ampliar el número de hombres armados, no solo con el fin mismo de la guerra, sino como un medio de apoyar la administración republicana. Las elites dirigentes quedaron a merced del sector que tenía el poder de las armas.(1) Como consecuencia de esa situación, la política quedó subordinada a las fuerzas militares en pugna que apoyaban a los gobiernos de cada sector por ellas defendido.

PRINCIPIOS POLÍTICOS PARA ORGANIZAR LA REPÚBLICA

    La primera mitad del siglo XIX en América Hispana fue la época del nacimiento de la política moderna, con la aparición de una nueva legitimidad, la del pueblo, que sirve de base a la formación de nuevos Estados soberanos, afirma Guerra(2)

   El discurso político de los sectores dirigentes, cualquiera fuera el color partidario que representaba, estaba emitido en nombre y representación del "pueblo". La elite dirigente consideraba pueblo al conjunto de "ciudadanos" que habían adquirido esa condición al desconocer la legitimidad de la autoridad real y establecer un sistema de gobierno republicano.

   Desde el inicio del proceso de la independencia adquirieron categoría de ciudadanos los nacidos en estas tierras y aquellos que, al solicitarla podían demostrar su participación en la guerra emancipadora o su definido apoyo militar o económico al proceso independentista. Touraine, afirma que: La conciencia de ser ciudadano, aparecida durante la Revolución Francesa, estaba antes que nada ligada a la voluntad de salir del Antiguo Régimen y el sometimiento(3). Podemos aplicar esa idea al proceso revolucionario iniciado en 1810 en América Hispana.

   En ese período el "pueblo" que tomó las decisiones políticas fue el que reemplazó al conjunto de vecinos que habían participado de la vida pública durante la colonia, ejerciendo principalmente cargos en los Cabildos u otras organizaciones corporativas. En la ciudad había residido la comunidad política por excelencia, porque fue en ellas donde se desarrollaron espacios públicos en los que pudo actuar el pueblo(4).

   Pero una de las grandes transformaciones sociales que produjo la guerra emancipadora fue la movilización de sectores rurales. Al frente de ellos los hacendados quedaron con un poder militar y político que, muchas veces, tenía intereses opuestos a los de las elites urbanas, principalmente al de las ciudades principales.

   Reemplazado el sistema imperial por el republicano, "el pueblo" estaba integrado por individuos de la elite urbana y rural unidos por intereses comunes, cuyo objetivo era crear un estado bajo el sistema republicano. "Estado" y "república" eran vistos como conjuntos humanos con un cierto orden y una cierta modalidad de mando y obediencia, lo que hacía posible asimilar ambos conceptos, sostiene Chiaramonte(5)

   Fue entre ese "pueblo", al que se unieron algunos europeos llegados con la ola revolucionaria, en donde se eligieron los representantes: clérigos, doctores, hacendados, comerciantes y militares, que participaron en las sucesivas Asambleas y Congresos reunidos con el fin de organizar políticamente la emergente República Argentina.

   En base a las ideas opuestas sobre el ejercicio de la soberanía se embanderaron, a partir de 1820, en todas y cada una de las provincias argentinas dos sectores políticos y militares autodenominados unitarios y federales. Cada uno calificó al opuesto con duros términos: para los unitarios los federales eran considerados "caudillos bárbaros", que dirigían "hordas salvajes". Para los federales los unitarios desconocían a los "paisanos", verdaderos actores sociales que habían logrado la independencia. Pretendían, también, terminar con las autonomías provinciales. Las provincias eran consideradas por los federales la base jurídica - territorial del gobierno republicano. Los dos sectores se acusaban de retardar la organización institucional del país. Sin embargo, en los textos analizados encontramos que representantes de ambos bandos aspiraban a la unión de las provincias. Todos se consideraban argentinos, denominación abundante, tanto en los documentos oficiales como en cartas y escritos personales de los dirigentes políticos y militares salteños.

   Ser argentino significaba haber nacido o luchado por la liberación del territorio comprendido por las provincias que habían ido formándose en lo que fuera el virreinato del Río de la Plata. Tanto unitarios como federales reconocían a Buenos Aires como capital de ese espacio geográfico que debía organizarse jurídicamente con una constitución.

   Los que defendían intereses políticos "nacionales" autodenominados unitarios, deseaban imponer un poder central y único en todo "el espacio argentino". Sus oponentes, los federales, protegían intereses provinciales o particulares arguyendo que las provincias debían mantener sus autonomías. La organización del estado debía realizarse mediante pactos entre ellas para lograr así, a posteriori, establecer una autoridad "nacional".

   Hasta 1831 un sector de dirigentes provinciales de Salta defendió el sistema centralista en el que las provincias eran consideradas sólo divisiones administrativas que no gozaban de autonomía política. Los diputados de la provincia de Salta al Congreso de Tucumán, reunido en 1816 sostuvieron que la unión era la forma y esencia de los Estados (6) en base a esta convicción, los diputados salteños y el gobierno provincial aceptaron la Constitución unitaria de 1819.

   En 1821 finalizada la guerra contra el español, la provincia logró organizarse jurídicamente mediante un Reglamento que explícitamente señalaba el carácter provisorio del mismo sujeto a las variaciones de un Congreso Nacional (7) que definiera el sistema político que debía regir al conjunto de las provincias

   Esta actitud fue nuevamente ratificada tres años después. La Honorable Junta Provincial de Salta, órgano con poderes legislativos, estableció que los representantes de la provincia en el Congreso reunido en Buenos Aires a fines de 1824, eran diputados de la Nación(8)

   En contraposición, otro grupo de la elite argentina y salteña juzgaba que en las provincias residía la soberanía y por lo tanto, la república debía conformarse sin que cada una de ellas perdiera autonomía. Antonio Annino afirma que: La aparición de movimientos que reivindicaban las soberanías de los pueblos en el sentido unívoco de comunidad local fue en el Río de la Plata bastante precoz.(9) En efecto, a partir de 1820 los federales no aceptaron la existencia de un gobierno central. José Carlos Chiaramonte considera al federalismo como un conjunto de tendencias políticas doctrinariamente poco definidas(10).Sostiene también que, hasta la década de 1860, las provincias fueron estados autónomos, por esa razón califica a ese período del siglo XIX, como de provisionalidad permanente en el aspecto político pues, a pesar de las reiterados intentos por conseguir la unión y formar un solo estado, cada provincia actuó en forma independiente, considerando a las vecinas como otros estados autónomos, llegando a enviar embajadores para resolver problemas comunes.

    El 9 de febrero de 1827, el Doctor José Ignacio Gorriti(11) asumió la gobernación de Salta al ser destituido José Antonio Alvarez de Arenales, representante del unitarismo dirigido desde Buenos Aires por Bernardino Rivadavia. La sedición fue posible por el apoyo que brindó desde el sur de la provincia José Francisco Gorriti, conocido como Pachi, quien asegura Jamás he opinado yo que el sistema de los federales sea el mejor; por el contrario, porque siempre los he oído a vosotros(se refiere a sus hermanos) opinar por la unidad. Pero su tenaz oposición al godo Arenales, como lo llamaba despreciativamente, se debía a que lo consideraba un tirano por pretender permanecer en el poder apoyado por una facción que no respetaba las leyes ni la libertad de los individuos, especialmente la de él y su familia(13).

    El cambio de autoridad en Salta despertó entre los federales esperanzas de tenerlo como aliado. El gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, en marzo de 1827, pedía al de Salta entablen estrechas relaciones entre provincias hermanas para facilitar y proteger el comercio paralizado(14).Quedaron frustrados esos intentos, pues Gorriti no aceptó trato especial con un defensor del federalismo.

    José Ignacio fue reemplazado en 1829 por su hermano el canónigo Juan Ignacio, quien había estado al frente del poder legislativo hasta ese momento. La influencia y el poder político de la familia Gorriti quedaron demostrados durante estos años en Salta. Ricos hacendados, con tierras en el sur de la provincia, fueron actores políticos destacados. Francisco (15) colaboró dirigiendo los gauchos de sus estancias con Juan Ignacio(16) y José Ignacio logrando así esta familia, dominar políticamente Salta de 1821 a 1831. Francisco mantuvo la Frontera bajo su mando "en revolución sorda"según decían sus hermanos(17). No ayudó a los federales, a pesar de las relaciones que mantenía con algunos de ellos, muestra como el amor filial y los intereses particulares estuvieron, en muchas circunstancias, por sobre las banderías políticas de la época.

    Al finalizar la década del '20, la reunión de un congreso para dictar la constitución fue otro motivo de tensas relaciones entre las provincias argentinas. Cada gobernador quería que el congreso que debía resolver los destinos "nacionales" se realizara en la provincia de su mando, para poder así tener mayor participación en las decisiones.

    Por nota del 24 de julio de 1827, Bustos invitó a las demás provincias a la celebración de un Congreso General Constituyente en su provincia, reunión que no llegó a concretarse por falta de apoyo del resto de las provincias. EL 26 de agosto José Ignacio Gorriti respondía a esa invitación en estos términos: Aún no cicatrizadas las heridas que en el año 20 abrió la anarquía en el corazón del Estado ... Salta ha de conservar siempre su dignidad por espantoso y recio que sea el uracan político que la amague. Para rechazar la proposición argumentaba que Córdoba... no ha figurado en la guerra de la independencia lo que importa un ultrage a todas las otras provincias y muy especialmente a la de Salta que ha sido un valioso muro.(18) El federalismo representaba para Gorriti y sus seguidores un sistema anárquico, un "huracán" que cual torbellino desataría los intereses personales y localistas impidiendo la organización del estado nacional.

   Nuevamente una guerra civil se generalizó en todo el país cuando en 1828, los generales Juan Lavalle en Buenos Aires y José María Paz en el interior, desplegaron sus fuerzas para imponer el sistema unitario. Salta y Tucumán se comprometieron militar y económicamente, convirtiéndose en las provincias del norte del país que mas apoyaron a ese sector político - militar.

   En abril de 1829, el gobernador de Santa Fe, Estanislao López y el de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas vencieron a Lavalle, firmando luego éste con Rosas, el Pacto de Cañuelas que rubrica la derrota unitaria en Buenos Aires(19).Este arreglo entre porteños dejó descolocado a López quien tuvo que actuar, sin el apoyo de Buenos Aires, para mantener el federalismo en el litoral argentino.

   En el interior José María Paz representó al "partido del orden", como se autotitulaban los unitarios. En sus "Memorias" explica que luchó para hacer cumplir la constitución en Córdoba, porque Bustos, que ya había gobernado por dos períodos consecutivos, no aceptó el trato propuesto por él: que ninguno de los dos aceptara dirigir esa provincia. Enfrentados, Paz lo venció en la batalla de San Roque el 22 de abril de 1829, quedando el centro del país en manos unitarias. Las provincias de Salta y Tucumán, inspiradas por sus afectos políticos, estaban resueltas a cooperar activamente al triunfo del partido que yo sostenía y me habían hecho ofrecimientos tan formales como sinceros de auxiliarme con gruesas divisiones, escribe Paz (20). En efecto, los gobernadores de Salta José Ignacio Gorriti - 9 de febrero de 1827 a 1 de marzo de 1829 - y Juan Ignacio Gorriti - 1 de marzo 1829 a 26 diciembre de 1830 - apoyaron decididamente a las fuerzas unitarias. El Ministro de Gobierno, en nombre del gobernador, en sesión del 6 de junio de 1829 pidió a la Junta autorización para sacar el ejército de la provincia. Las razones presentadas fueron el deber en que estabala Provincia de Salta en coadyuvar a la guerra y la justicia con que la había movido la Nacion contra los que con desdoro interior y exterior destruyen sus instituciones, se oponen al orden y mantienen sin garantias la vida, el onor, los bienes y tranquilidad de todo viviente. Terminaba su argumento diciendo que la provincia estaba en los bordes del precipicio en que hemos visto sumergida por tres años a las demás. En la misma sesión el vicepresidente segundo de la Junta, apoyando al ejecutivo expresó que perteneciendo la provincia a la nación [...] y estando ésta en lucha con sus destructores y siendo atacada por ellos, la Provincia de Salta estaba tambien en el deber de poner sus fuerzas con las de la Nacion porque de este modo no solo sostenemos el orden general, sino que tambien se defiende a si misma(21). Con solo un voto en contra se resolvió la participación militar de fuerzas provinciales apoyando a los defensores del unitarismo.

    Se consiguió, luego de arduos debates, que se apruebe una ley estableciendo un empréstito voluntario o forzoso de 20.000 pesos, necesarios para organizar la expedición en auxilio del "Ejército de la República". Otro artículo permitía al gobierno librar letras contra la Provincia de Buenos Aires. Veremos los problemas que esta resolución trajo a algunos contribuyentes.

    El objetivo de Salta y Tucumán era atacar a las fuerzas dirigidas por Juan Facundo Quiroga, quien desde La Rioja, trataba de imponer el federalismo. Pero las avanzadas de Salta recibieron poco apoyo en los Valles Calchaquíes, camino utilizado para llegar a Catamarca y La Rioja, pues lo que quieren los pueblitos es queno se le toquen sus propiedades(22).En efecto, los militares de las dos facciones arrasaban a su paso con todo lo necesario para la manutención de sus tropas, provocando indignación en la población que no participaba en la guerra.

    El 8 de agosto de 1829 el General en Jefe del ejército unitario, D Xavier López, gobernador de Tucumán, dio una Proclama a los Jefes y Oficiales de la División de Salta. Se dirigió a sus Amigos y Compatriotas explicándoles que por orden del Coronel Mayor José María Paz, él dirigía la campaña ... contra el Tirano de la Rioja Juan Facundo Quiroga aclarándoles ... no voy a mandar soldados mercenarios sino ciudadanos ilustres y propietarios ricos, llenos del noble entusiasmo de colocar a su Patria en el rango de las Naciones.Terminaba pidiendo orden hasta ocupar Catamarca y aclarando que José Ignacio de Gorriti siempre será vuestro General. En los años 12 y 13 del siglo los hijos de Salta y Tucumán dos veces domaron el orgullo del León Ibero, hoy aparecen otra vez unidos estos valientes que encadenaron al enorgullecido Tigre de la Anarquía Argentina(23).

    Vemos como militares se apoyaban en ciudadanos y propietarios para despertar en ellos el sentido de que la lucha que dirigían era una continuidad de la que habían librado para conseguir la libertad dándoles, a su vez, igual rango de opresores a los defensores del poder real y a los que seguían al Tigre riojano que pretendía imponer el federalismo.

    A su vez, el gobernador de Salta, el 24 octubre de 1829, comunicaba a los gobiernos de Tucumán y Catamarca la defección de José Aldao y las tropas cuyanas que dirigía, lo que le daba esperanzas de que Quiroga.... sea muy pronto aniquilado y que allanado este ultimo obstaculo, podra muy luego laRepublica Argentina pensar en la reorganización nacional, objeto comun de todos los Pueblos de la Union.(24)

    Juan Ignacio Gorriti, el 24 de noviembre de 1829 escribía al gobernador de Córdoba que, a causa del nuevo triunfo de los anarquistasen Mendoza, consideraba oportuno la resolución de entrar en negociaciones de paz y poder evitar la liga que nuevamente promueve el feroz Caudillo Quiroga. Pensaba que podrían vencerlo y en ese caso, Córdoba ser la columna principal que sostiene el edificio social, en cuya existencia se hallan tan empeñados todos los Argentinos dignos de este renombre.(25)Esta actitud del gobernador salteño es demostrativa de lo costoso, tanto económica como moralmente, que era para la provincia el mantener el ejército. Lo mismo sucedía en Catamarca, donde el gobernador provisorio, Marcos José González, aliado de los unitarios se vio obligado a dictar una Ley de Recursos que, a partir del 19 de agosto de 1829, impuso que toda cabalgadura o ganado, pastos y hasta trigales de particulares debían servir para el ejército.

   Como deseaba Gorriti, Quiroga fue nuevamente derrotado en Córdoba en la batalla de Oncativo, el 25 febrero de 1830. Estos triunfos posibilitaron a Paz el dominio de esa provincia y le permitieron organizar, en agosto de ese año, la Liga Unitaria del Interior con representantes de nueve provincias. Como respuesta, los gobiernos federales de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes firmaron en 1831 el Pacto Federal o Liga del Litoral.

   Pero la situación se complicó para los unitarios cuando, el 10 mayo de 1831, José María Paz cayó prisionero de Estanislao López perdiendo así el unitarismo al mejor estratega y al hombre de mayor predicamento en el país. En su reemplazo fue reconocido como jefe del ejército unitario el tucumano Miguel Aráoz de Lamadrid. Este cambio hizo perder la buena dirección militar que los unitarios habían tenido con Paz, circunstancia aprovechada por Quiroga. Apoyado por Tomás Brizuela de La Rioja y Felipe Figueroa de Catamarca - en donde las tropas salteñas y tucumanas no pudieron mantenerse - en las afueras de la ciudad de Tucumán, el 4 noviembre 1831 derrotó a Aráoz de Lamadrid, lo que le permitió dominar el norte argentino.

   Salta, gobernada por Rudesindo Alvarado, sucesor de Juan Ignacio Gorriti, tuvo que aceptar el 2 de diciembre de ese año un tratado de paz. Por el mismo, Quiroga impuso el destierro de los jefes y oficiales que habían participado en el ejército unitario y de todos los que habían apoyado esa facción. Obligó a la provincia de Salta a pagar al gobierno de La Rioja, como indemnización por los daños provocados por la expedición que dirigiera José Ignacio Gorriti, 30.000 pesos metálicos, 14.500 cabezas de ganado vacuno, 2.000 caballos y 800 bueyes. Para beneficiar a las provincias cuyanas se les otorgó, por el término de ocho años, franquicias para introducir sus mercancías en Bolivia sin pagar impuestos en las provincias de tránsito. A su vez, Santiago del Estero y Catamarca recibieron 5.000 cabezas de ganado, otra expresión de agradecimiento de Quiroga por el apoyo prestado por esas provincias a sus campañas.

   De ese modo, derrotados en el norte argentino los defensores del sistema unitario de gobierno se incautaron todos sus bienes y fueron obligados a exiliarse. La gran mayoría de ellos lo hizo en Bolivia, adonde fueron con sus familias. Entre los salteños figuraron Juan Ignacio y José Ignacio Gorriti, quienes murieron allí a los pocos años. El 1 de octubre de 1830 murió en Salta Pachi, desapareciendo así, en esa década, los tres miembros de esta importante familia.

   En Salta habían gobernado los centralistas o unitarios, hasta que en 1831 llegó el huracán político del federalismo cuya acción repercutió incluso en la vecina república de Bolivia. Los unitarios tendrían que esperar hasta 1840 para pretender, una vez mas infructuosamente, imponer ese sistema de gobierno en las provincias del norte del país.

CIUDADANOS DEBATEN EL PACTO SOCIAL

    Los vaivenes de la guerra civil provocaron, también, serios conflictos políticos y económicos en la relación ciudadano- Estado. CUADERNOS FHyCS-UNJu, Nro. 21:99-118, Año 2003

    El sistema republicano de gobierno tuvo que crear una sociedad civil capaz de legitimar a las nuevas estructuras de gobierno. Los protagonistas de la primera mitad del siglo XIX consideraron a la sociedad civil sustentada en relaciones que unían en forma espontánea a individuos dispuestos a mantener el nuevo sistema de gobierno.

    La ruptura del orden colonial significó que los actores políticos comenzaran a actuar en la vida pública como sujetos individuales, razón por la cual paulatinamente fueron reemplazadas las instituciones coloniales que respondían a un sistema social corporativo, como fue el caso de los Cabildos suprimidos, la mayoría de ellos, en la década de 1820.

    Fueron, por lo tanto, individuos libres los que posibilitaron el pacto social. Esos sujetos se sometían voluntariamente a la ley. Esta imponía los deberes del ciudadano para con el Estado y a su vez las relaciones de los ciudadanos entre sí, pero también esa misma ley señalaba las obligaciones que el propio Estado tenía para con los ciudadanos. Por eso, cuando alguna de esas reglas no se cumplía quedaba justificadamente rota esa relación.

    Diferentes gobiernos provinciales tuvieron que recurrir a miembros de la sociedad civil - hacendados y comerciantes - para subvencionar la guerra entre unitarios y federales, solicitando contribuciones voluntarias o forzosas, según las circunstancias. El conflicto entre los contribuyentes y el Estado se presentó cuando "el estado nacional" dejó de existir y las autoridades de la provincia de Buenos Aires no se consideraron con obligaciones hacia los ciudadanos de otras provincias.

    Salta había tenido una larga experiencia en contribuciones forzosas impuestas durante la guerra independentista. Los prestamistas tuvieron serios problemas para cobrar sus aportes hechos a la provincia que, a su vez los había contraído contando con el respaldo del "gobierno nacional". Cuando el año 1820 los federales vencieron al gobierno centralista y se disolvió el Congreso Nacional, la provincia de Salta sólo con sus ingresos tuvo que mantener la guerra contra los realistas. En los años posteriores, mientras hubo un poder central, algunos contribuyentes salteños lograron recuperar sus préstamos, pero a lo largo de la década del '20 fueron reiterativos los reclamos al respecto, lo que deja traslucir que no todos fueron pagados. Es por ese motivo quizás que, posteriormente, algunos comerciantes salteños se negaron a realizar sus contribuciones con obligación de su cobro en Buenos Aires, como veremos en uno de los casos presentados.

    Analizaremos, solo desde el aspecto político, tres casos en los cuales particulares en su relación ciudadano - Estado y Gobiernos provinciales en su relación con el de Buenos Aires se vieron en conflictos económicos y políticos a causa del "huracán federal".

    Cuando cayó el sistema unitario de gobierno en 1831, comerciantes de Tucumán plantearon la dificultad que tenían para cobrar los préstamos que habían otorgado al anterior gobierno provincial que había reconocido y acatado a uno central. En base a una interpretación jurídica, argumentando la justicia y racionalidad de su reclamo, rechazaron la negativa del Estado a cumplir con el pacto que había realizado con los individuos del comercio. Los mismos consideraban que, a pesar de la disolución del Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires y la inexistencia de un gobierno central, no se había roto el pacto social, en tanto obligaciones del Estado para con los ciudadanos, de modo que la autoridad debía cumplir con las obligaciones adquiridas por las administraciones anteriores, aunque fueran de otro color político.

   Pusieron de manifiesto, también, las obligaciones indeclinables del Estado para los miembros de esa asociación, término utilizado para designar a la sociedad integrada por ciudadanos que conviven en un mismo Estado.

   El 29 de enero de 1828 el gobernador de Tucumán elevó al de Buenos Aires un escrito que textualmente decía: Los que suscriben individuos del comercio con el devido respeto, y como por derecho corresponde decimos: Quealex governador Coronel D Gregorio Araos dela Madrid le surtimos por orden del Supremo Presidente de la Nacionvarias cantidades de dineroefectibo, y especies para la organización y sosten del Regimiento N 15, y para suvenir los gastos que ocasiono el Sistema de Nacionalización, según consta de Libranzas giradas, por orden y forma del Banco de Buenos Ayres. Explicaban a continuación, que cobraron religiosamente durante la administración pasada pero, por los cambios políticos ocurridos, se hallaban impedidos de hacerlo en esos momentos a pesar de la legitimidad que tenía su reclamo. Los prestamistas como todo el Pueblo havian oidopublicar la Leyes del disuelto Congreso[...] parecia justoy racional contribuir a esa empresa.Consideraban que los cambios políticos no pueden variar en modo alguno lanaturaleza del acto.

   La provincia se habia desidido por el Sistema de Nacionalizacion, reconociendo la Autoridad del Presidente y aceptando la Leyes del Congreso. Por consiguiente ella estava ligada a las ataduras del pacto social celebrado, en que naturalmente va enbebida la condición de resistir irrevocablemente a la autoridad Suprema el derecho de causar perjuicios a los miembros de la Asociación [...]. Prestaron auxilios a condición de que también se reconocía entre sus deveres la de velar por la tranquilidad y promover el bien detodos los asociados(26). No pudimos constatar si estos comerciantes de Tucumán recuperaron sus préstamos, pero nos interesó señalar en estas largas transcripciones, los argumentos que esgrimían un grupo de individuos - comerciantes para reclamar las obligaciones del Estado para con ellos.

   Los otros dos casos son de Salta. Ya dijimos que la elite de esta provincia tenía una larga experiencia en contribuciones voluntarias o forzosas exigidas en los años que duró el proceso de la independencia, tanto por los gobiernos revolucionarios como por los realistas.

   A causa de las luchas civiles, en 1829 el gobierno volvió a recurrir a empréstitos, esta vez para solventar los gastos que se necesitaban para enviar una división del ejército a Catamarca y la Rioja a fin de imponer en esas provincias gobiernos adictos al "nacional". Uno de los comerciantes salteños, Victorino Solá en su nombre y en el de sus hermanos Manuel y Fortunato con quienes tenía una compañía,(27) ofreció participar en el empréstito solicitado por el gobierno. Al respecto, el 8 de junio de 1829 acatando la insinuación suave y liberal del Sr Gobernador apuro todos los recursos y barrio quanto habia de metalico sellado y en pastas en las cajas de los relacionados en intereses sus dos hermanos D. Manuel y D Fortunato y los Srs Pardo y López. Pero a continuación presentaba ciertas condiciones para colaborar:

...siendo muy perjudicial poner esos fondos en Buenos Aires [... ] se haga en la Provincia al plazo de seis meses o algunos mas sin premio ni redito alguno pero con la precisa calidad que con la fuerza de contrata particular las letras de su valor se reciban en Cajas y oficinas del Estado y aun en pago de Diezmos[...] solo sobre bases particulares sera voluntario pero la cantidad sera entregada de qualesquier modo y forma que se exija ya que la Honorable Sala asi lo ha dispuesto(28).En esa misma nota dirigida al Ministro Secretario, Victorino Solá consideraba que la ley referida al empréstito era mala pero, a pesar de ello, la acatarían porque había sido aprobada por la Honorable Sala de Representantes. Explicaba también, que sería su hermano Manuel el que iba a hacer efectivo el pago pues él tenía que retirarse a su casa de campo. Destacamos de esta presentación la exigencia de cobrar en la provincia de Salta y no en Buenos Aires, a pesar que allí tenía casa comercial la Compañía Solá Hermanos y la reiteración de realizar un trato con el Estado provincial como particular y bajo las condiciones expuestas.

    Pero las cosas se complicaron para estos voluntarios contribuyentes. Con autorización de la Junta Provincial, el Poder Ejecutivo dictó el 13 de junio de 1829 un decreto por el cual los prestamistas debían realizar sus pagos en forma inmediata y obligatoria porque no había conseguido recibir en forma voluntaria. Por lo tanto, después de haber tentado todas las vías de suavidad[...] resolvía que los individuos de la lista deben entregar la mitad en 24 horas y el resto a los ocho dias, aceptando por letra con este plazo(29). Se aclaraba, a continuación, que el Escribano de Gobierno notificaría a los ocho individuos que figuraban en la lista, lo que efectivamente se cumplió. Entre ellos se encontraba D. Victorino Solá y Cía. con una asignación de 1.000 pesos. Finalizaba el decreto explicitando que de no cumplir quedan seriamente apercibidos a sufrir las penas que el gobierno acordare y que se ejecutaran irremesiblemente.(30)

    Desde el inicio del sistema republicano los gobiernos impusieron a la sociedad ritos para sacralizar el nuevo orden político. Como expresiones de esa actitud por mantener un espíritu vivo en defensa del nuevo sistema de gobierno, organizaron actos públicos en las fechas que consideraron hitos en la construcción de la república. Así, desde 1811 se recordó el 25 de mayo como el inicio de un nuevo ciclo histórico en la vida de los "pueblos" y a partir de 1817, la semana de julio se festejó en conmemoración a la declaración de la independencia realizada el 9 de ese mes el año anterior. Al acercarse las fechas que debían recordarse, el gobierno designaba una comisión formada por ciudadanos importantes, para que cumplieran con esa obligación moral y civil.

    Al ser notificado Victorino Solá que debía preparar la fiesta cívica que se aproximaba, desde su finca de Buena Vista el 7 de julio de 1829, se negó a cumplir con esa obligación porque se consideraba un individuo abatido por el desconcepto publico a causa de lo especificado en el decreto del 13 del mes anterior. Juzgaba que ha envilecido mi persona numerandola entre los que se presentan al publico como criminales en el delito mas asqueroso a mis ojos: como si tales se les conmina con pena de la que no me hubiera librado sin la oblacion de mil pesos en plata sellada de fondos propios. Por lo tanto se negaba a ejercer cualquier carga pública y a actuar como representante del Estado.Concluía su larga carta reiterando su sumisión a la autoridad y su escrupulosa observancia de las Leyes(31).Dos conceptos principales queremos señalar de este escrito: destacaba el aspecto moral y las cualidades inherentes que debe tener el ciudadano. Según Solá, todo individuo debía cuidar su reputación en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones y su relación con el poder. Por otra parte, se consideraba legalmente impedido de cumplir cualquier acto cívico, porque una persona que estaba sujeta a sufrir penas impuestas por el gobierno por no cumplir con la ley, no estaba capacitada para actuar como ciudadano, por lo tanto mal podía estar participando de actos públicos recordatorios de fechas importantes para la vida republicana. Solá se negó a esta contribución por las razones expuestas, pero tampoco los otros prestamistas cumplieron con lo exigido, quedando el gobierno de Salta sin la colaboración esperada. Evidentemente no solo fueron intereses morales y cívicos los que impidieron participar a los obligados contribuyentes. La inestabilidad política y la defensa de sus bienes particulares, los volvían renuentes a contribuir con el gobierno.

   Del tercer caso que presentamos queremos destacar el apoyo que el gobierno provincial - el mismo que en el caso anterior - prestó a un poderoso contribuyente de la provincia, D. Aarón Castellanos. Este ciudadano había realizado un préstamo a la provincia de Salta teniendo como garantía al Banco de Buenos Aires, en ese momento sede de un gobierno central. Nos interesa marcar las razones que presentaron los interesados en el asunto: Aarón Castellanos, el gobernador Juan Ignacio Gorriti y diferentes gobernadores de Buenos Aires. Por otra parte, comprobar como la guerra, la política y los negocios se entrecruzaban haciendo que gobiernos y particulares: comerciantes, hombres públicos y militares se encontraran unidos o por el contrario, enfrentados por disidencias políticas e intereses económicos personales y provinciales.

   El 20 de mayo de 1829 el gobernador de Salta comunicó al de Buenos Aires que ese día había girado una letra por cuadruplicado valor de cincuenta mil pesos fuertes españoles, a favor de D Aaron Castellanos, con el objeto de atender a la organización y socorro de las fuerzas que actuan en el interior. El 14 de agosto de ese mismo año, el ministro de Hacienda de Buenos Aires comunicó al de Salta que ha acordado en esta fecha el abono y satisfecho la expresada cantidad en billetes de banco con premio de cuatrocientos pesos(32).Pero eso no se cumplió y el 22 agosto de 1829 el gobernador de Buenos Aires Juan Lavalle y su ministro José María Díaz Velez aduciendo el estado de guerra que presentaban las provincias del interior, comunicaron que habían resuelto que los préstamos efectuados a los gobiernos provinciales sean de cargo respectivamente de cada provincia[...] para poder en mejor oportunidad lograr el rembolso, a cuyo efecto por la Contaduria general se llevará la razón correspondiente(33).Como vemos, a pesar de defender el sistema unitario de gobierno, Lavalle resolvió no reconocer momentáneamente las deudas que había contraído con las provincias y éstas a su vez con prestamistas particulares, aunque dejó una esperanza de pagarlas en mejores tiempos.

   A consecuencia del Pacto de Barracas firmado por Lavalle y Juan Manuel de Rosas se nombró gobernador de Buenos Aires a Juan José Viamonte quien, en carta del 9 setiembre de 1829, comunicó al de Salta su designación y la feliz terminación de la guerra civil (34). Expresaba su deseo de tener relaciones de amistad entre las provincias. Gorriti contestó el 24 de octubre felicitándolo por el cargo obtenido y la paz que gozaba su provincia, expresándole los sentimientos que le animan por la felicidad de las demás Provincias de la Republica. El Gobierno de Salta que ha mirado siempre ligada su suerte y la de la Republica en gran parte a la de la digna provincia de Buenos Aires [...]. Cree estar en acuerdo con la mayoría de las demas provincias en acelarar cuanto antes la organización nacional que hoy mas que nunca desean los Pueblos de la Union, sobre las bases que indica el Exmo Gobierno de Buenos Ayres(35).

    Pero estas amables relaciones finalizaron cuando el mismo gobernador de Buenos Aires mandó al de Salta un oficio que decía: Sin embargo de los motivos explicados en el acuerdo de 22 de Agosto para pagar con cargo su reintegro las cantidades libradas contra esta tesorería por los Gobiernos de las Provincias Interiores y en consecuencia de los cuales aparecieran entregadas letras de Tesoreria a varios individuos el Gobierno considera que esta enteramente fuera de sus facultades emplear fondos algunos para hacer a ningun gobierno pagos[ ...]ha acordado suspender el pago[...] hasta que sea consultada la proxima legislatura, previniendose de esta resolución a los interezados para que no pongan en circulacion las letras de Tesoreria que se les hubiese librado y al publico para su inteligencia dandose asi mismo a los Gobiernos a quienes toque, el aviso correspondiente.(36)

    El gobernador de Salta contestó airadamente esta resolución. Explicó, en un largo escrito, que había sido la provincia de Buenos Aires la que invitó a los gobiernos de las otras provincias para que organizaran fuerzas militares en defensa de ella porque estaba en peligro el gobierno porteño. A continuación decía: Sea cual fuese el carácter del movimiento de 1º de diciembre y las opiniones politicas de la actual administracion de Buenos Ayres: una base debe asimilarse como incuestionable[..].solicita sus auxilios, comprometiéndose como era regular a satisfacer los gastos, jirandose a su cargo las letras correspondientes....El gobierno de Salta viendo los peligros de Buenos Aires y por lo tanto los de la nación se resuelve a equipar una fuerza respetable; para ello negocia dinero sobre la garantia que se habia ofrecido, y gira letras. Ellas deben ser pagadas religiosamente, por que es una deuda formal que contrajo ese Gobierno a favor de los prestamistas que franquearon sus fondos al de Salta, haciendo honor al credito del de Buenos Ayres. Asi que la orden de suspensión de pago ha herido el honor de la administración saliente de esa Capital y el del actual Gobierno de Salta, que sin estar suficientemente autorizado, no habria tenido la confianza de librar un peso contra fondos de una Provincia estraña.Consideraba innecesario recordar las comunicaciones del gobierno de Buenos Aires autorizando la contrata con D Aron Castellanos. No aceptaba la razón que esgrimía el gobernador porteño para no pagar la deuda que había contraído aduciendo la necesidad de una previa autorizacion especial de la proxima legislatura [...] Es constante que la presente administración ha obrado con facultades extraordinarias y sin sugecion a cuerpo alguno deliberante [...] Pero supongase que la precedente administracion haya obrado sin bastantes facultades. Esto no debe perjudicar a los particulares, que se desprendieron de su fortuna, confiados en el credito de un Gobierno. Desde que el de Buenos Ayres se dirigio al de Salta facultandolo para negociar dinero sobre su credito, el de esta Provincia lo creyo suficientemente autorizado para ello y los negocios que concluyo en virtud de su encargo, deben ser garantidos por Leyes de todo pais civilizado[...] si el gobernante se excedio debe ser corregido por el Estado mismo en el que manda, pero los compromisos que contrajo fuera deben ser religiosamente cumplidos.[...]. Ha hecho impresión mas profunda en los espiritus de esta Provincia y su gobierno, cuanto que forma un contraste muy notable con la nota oficial de Septiembre dirigida por el Exmo Gobierno de Buenos Ayres al de esta. En ella se respira fraternidad, zelo por la union y deseos de dar termino a las disenciones intestinas para arribar a una organización nacional. Sin embargo cuatro dias antes del cinco del propio mes se habia acordado por el mismo una providencia que es todo a un tiempo una verdadera hostilizacion a esta Provincia y a su Gobierno[...].Espera que el Gob de Bs As volverá sobre sus pasos [...] De lo contrario su repulsa no podra dejar de ser considerada como un acto hostil que compromete las relaciones amistosas que a toda costa ha procurado conservar esta Provincia con la de Buenos Ayres(37). Este extenso escrito, es una demostración palpable de la encendida defensa que hizo el gobernador de los compromisos que debían cumplirse entre gobiernos de un mismo estado y de los intereses particulares de un contribuyente. Copia de esa extensa nota fue también enviada a D. Aarón Castellanos, en respuesta a los reclamos que éste había elevado a la autoridad salteña para que saldara la deuda que tenía con él.

   El gobernador Juan Ignacio Gorriti dirigió notas a los gobiernos de Tucumán y Córdoba, para que presentaran de igual forma, reclamos al gobierno de Buenos Aires, porque consideraba que en sus provincias debían tener casos similares al de Castellanos. No pudimos comprobar cómo se solucionó el problema de este particular, pero quisimos presentar este caso como ejemplo de la conflictiva relación entre las provincias, aún con el sistema de unidad de gobierno. A su vez las dificultades que sufrieron los ciudadanos - prestamistas con gobiernos de distintos signos políticos cuando vieron perdidas, por lo menos momentáneamente, sus esperanzas de recuperar los fondos otorgados al Estado.

LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA PROVINCIA DE SALTA EN SU DIMENSIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICA

    Por su situación geográfica en la provincia de Salta terminó de definirse la territorialidad de la República Argentina. Al formarse el estado de Bolivia en 1825, quedó como frontera política afectada, durante el siglo XIX, por continuos conflictos internos en las dos repúblicas.

   Como una de las formas de organizar el estado, en 1814 se dividió las viejas Gobernaciones Intendencias en provincias. Salta, con un gobernador a su frente, quedó como capital de la provincia del mismo nombre, Jujuy y Orán con tenientes gobernadores subordinados.

   Entre 1815 y 1821 la guerra de guerrillas librada en las jurisdicciones de los Cabildos de Salta, Jujuy y Tarija tuvo como objetivo principal evitar el avance del ejército realista que dominaba el Alto Perú y en última instancia, recuperar ese territorio al emergente estado argentino.

   La mayoría de los revolucionarios salteños pensaba que las Provincias Unidas del Río de la Plata debían mantener los límites del antiguo virreinato, por lo tanto era lógico que el Alto Perú formara parte de ese estado en construcción. Defendían también que Buenos Aires, por haber sido capital virreinal y puerto por donde llegaban el comercio y las ideas renovadoras de Europa, debía continuar siendo la capital de la república.

    En Tucumán el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia del rey de España y de cualquier otra potencia extranjera de las Provincias Unidas de Sud América, título que explícitamente permitía incorporar al nuevo estado territorios todavía en manos realistas, como era el caso del Alto Perú e incluso Chile, a pesar de haber sido Capitanía General, no dependiente directamente del virreinato del Plata.

    Superando conflictos internos en cada estado y entre ellos, a lo largo del siglo XIX se fueron definiendo los límites territoriales de las repúblicas sudamericanas.

    Cuando en junio de 1821 finalizó la guerra por la independencia en el territorio provincial, el gobierno de Salta firmó un armisticio con los jefes realistas, por el que se comprometían ambas partes a respetar el territorio que cada uno dominaba hasta ese momento en la quebrada de Humahuaca.

    En 1824 liberado el Perú por el ejército republicano llegado desde Colombia quedó en poder realista únicamente la jurisdicción de la Audiencia de Charcas o Alto Perú, que hasta el inicio del proceso independentista, había pertenecido al virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto debía incorporarse a la república que se gestaba en ese espacio jurisdiccional. Esta era la idea tanto de los jefes militares colombianos como de los argentinos, pero no de un importante sector de la elite altoperuana. Este grupo apoyó al enviado colombiano José Antonio de Sucre a condición de que se les permitiera conseguir la autonomía, tanto de Lima como de Buenos Aires.

    El 9 febrero de 1825 Sucre promulgó un decreto en el que reconocía la pertenencia del Alto Perú a las Provincias Unidas del Río de la Plata, argumentando que al no tener éstas un gobierno general en todas las provincias, él asumía el gobierno de las cuatro altoperuanas hasta tanto se reuniera una Asamblea que definiera la conflictiva situación.(38)

    Salta no había perdido las esperanzas de incorporar nuevamente al estado argentino a "las provincias de arriba". No quería cortar los tradicionales lazos mercantiles y sociales que había tenido con ellas hasta el inicio de la república y que durante la guerra emancipadora no se habían podido mantener legalmente.

    Luego de vanos intentos frustrados, en abril de 1825 salió la División protectora del Orden y de los Pueblos del Alto Perú a las órdenes del Gobernador Arenales. De la abundante y amistosa correspondencia de éste con el general realista Pedro Antonio de Olañeta, se infiere la posibilidad de un acuerdo para incorporar definitivamente las provincias altoperuanas a la Argentina.(39) Pero ello no fue posible porque a consecuencia del enfrentamiento en el propio ejército realista, murió Olañeta el 1 de abril de 1825 y ya las fuerzas colombianas dominaban la situación en el Alto Perú. La idea de Arenales era que A las provincias Argentinas urge mucho cuidar dignamente de sus negocios domesticos y marchar fimemente a un centro de organización nacional (40) para poder así presentarse dignamente ante las autoridades de otros estados y los ejércitos por ellos enviados. Los negocios domésticos a los que se refiere Arenales eran las luchas internas argentinas entre unitarios y federales. El gobernador salteño consideraba que un poder central era el único capaz de mantener el orden interno y en última instancia presentarse ante otros estados con capacidad y poder para defender "al espacio nacional" o sea las provincias argentinas.

    Mientras tanto el Congreso reunido en Buenos Aires, en conocimiento de los complicados acontecimientos altoperuanos en los que actuaban fuerzas locales y regionales enfrentadas y abocado principalmente a resolver los problemas que tenía en la Banda Oriental, dictó una ley el 9 de mayo de 1825 dejando en libertad a las provincias altoperuanas "para disponer de su suerte". Flanqueado así este problema legal, la Asamblea reunida en Chuquisaca declaró, el 6 de agosto de 1825, la autonomía de la república de Bolivia. A partir de ese momento las relaciones políticas de los gobiernos argentinos y especialmente los de la provincia de Salta con Bolivia fueron las de jefes de estados limítrofes, lo que progresivamente, a lo largo del siglo XIX, fue formando una "conciencia nacional" en cada uno de ellos.

    El temor a un avance boliviano fue continuamente utilizado por los gobiernos salteños para conseguir apoyo de Buenos Aires, en el sentido de mantener fuerzas "nacionales" y considerar a Salta como muro de contención de posibles ataques externos. Arenales lo expresaba con estos términos: Lo interesante que es a la causa nacional de la República Argentina que esta Provincia frontera de otra vezina llena de aspiraciones sobre ella se ponga en estado de defensa y respetabilidad (41).

    No fue fácil la relación de Salta con el país vecino, como tampoco la delimitación definitiva de las fronteras territoriales de los mismos, recién lograda al finalizar el siglo XIX.

    Argentina aceptó la incorporación a Bolivia de la zona de Atacama, que había incorporado durante la lucha independentista. Pero en cambio reclamó como propia la soberanía sobre Tarija, jurisdicción incorporada al Obispado de Salta en 1807, luego ratificada por las autoridades republicanas. Las fuerzas salteñas y jujeñas junto a las tarijeñas habían luchado contra el poder realista uniendo esa circunstancia, aún mas, los tradicionales vínculos mercantiles y sociales que tenían. A causa de un complejo proceso en el que se enfrentaron sectores defensores del poder local con los del gobierno Salta y los enviados desde Buenos Aires, Tarija consiguió primero su autonomía separándose de la provincia de Salta. Llegó a ser reconocida por el Congreso de Buenos Aires como una provincia más, pero este reconocimiento fue tardío pues, en setiembre de 1826, un Cabildo Abierto declaró la incorporación de la jurisdicción del Cabildo de Tarija a Bolivia, aceptada inmediatamente por el gobierno de ese país.

    De esa forma, la provincia de Salta fue perdiendo territorios sobre los que había ejercido directa soberanía, llegando finalmente a los límites actuales, cuando en 1834 Jujuy adquirió autonomía provincial.

    En la primera mitad del siglo XIX los conflictos internos entre unitarios y federales llevaron a un buen número de "emigrados argentinos" a refugiarse en Bolivia, sucediendo otro tanto con "emigrados bolivianos" obligados, por enfrentamientos políticos de ese país, a ingresar en las provincias del norte argentino. A pesar de ello encontramos que cada uno de esos proscriptos se consideraban "ciudadanos" del estado de origen y solicitaban como tales ayuda financiera e incluso militar para poder volver a su país, término que poco a poco fue ampliándose hasta significar no solo el lugar de nacimiento de cada uno, sino el del "espacio nacional" que iba delimitándose.

A MODO DE CONCLUSIÓN

    En este trabajo hemos tratado de presentar ciertos aspectos de la política provincial en un período de grandes conflictos provocados por la inestabilidad política y las guerras civiles desatadas a causa del enfrentamiento por imponer sistemas de gobiernos opuestos.

    Las luchas fueron entre provincias y dentro de ellas, entre defensores del sistema de gobierno federal o del unitario. El pensamiento político y la vida política están vinculados por un lazo inmediato e íntimo que se teje entre individuos y a su vez entre estos con el poder de turno.

    Los que defendieron el sistema unitario de gobierno trataron de constituir un cuerpo político con un poder central y una asociación civil fundada en principios que suponían un proyecto consciente de organizar política y jurídicamente la república. Se consideraban obligados a construir la república con ese sistema, aunque los principios esgrimidos estuvieran, muchas veces, contrapuestos con la realidad social, económica y política de las diferentes provincias que integraban la República Argentina.

    Esas ideas debían estar contenidas en una Constitución que garantizara la seguridad, la propiedad privada y la igualdad de derechos para los ciudadanos, ideas que no eran totalmente rechazadas por sus opositores, los federales. Pero lo que sí fue cuestionado por éstos y provocó los enfrentamientos bélicos señalados, fue el intento de imponer el ejercicio de la soberanía en forma centralizada o única, quitando de ese modo las autonomías provinciales.

    Vimos enfrentadas dos posiciones en cuanto a la concepción de soberanía estatal, pero creemos que tanto unitarios como federales querían consolidar un solo estado: la República Argentina. Nos llamó la atención, en la copiosa documentación analizada en el archivo de Salta, el uso de esta denominación. Interpretamos que fue una forma explícita de nominar a un Estado emergente que territorialmente abarcaba más que las trece provincias existentes y a su vez el deseo de vivir en un estado organizado con un gobierno reconocido y aceptado por todas las provincias y el resto de los estados con los que tenían relaciones.

    Consideramos que la defensa de un sistema central de gobierno sostenido por las autoridades de Salta se debió, en gran medida, a la crisis comercial que provocó la desestructuración de un espacio socio económico formado durante el período colonial que unía Buenos Aires con el interior y el Alto Perú, territorio que abarcó la república de Bolivia a partir de 1825.

    La situación geográfica de la provincia de Salta, convertida en frontera política de un nuevo estado en formación - las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego la Confederación Argentina - volcado definitivamente desde la década de 1820 hacia el Atlántico condicionó a la elite dirigente de las provincias del norte para tratar de consolidar su relación con el puerto del Río de la Plata, pero sin perder la que habían tenido con "las provincias de arriba".

    Por otra parte, un gobierno central podía ofrecer mayor seguridad ante una posible incursión militar venida desde la república vecina, temor insistentemente esgrimido por los sucesivos gobiernos de Salta en la primera mitad del siglo XIX. En efecto, a la política interna de Argentina y sobre todo a la de las provincias de Salta y Jujuy no se la puede entender completamente si no se analiza en su relación con la de Bolivia, cuyos diferentes gobiernos estuvieron siempre comprometidos con uno u otro sector político argentino. A su vez, a partir de 1828, el país vecino tuvo una complicada relación con sus otros vecinos, especialmente Perú de quien, recién a partir de 1841, tuvo vida independiente.

    La defensa de los derechos individuales y la relación individuo - Estado que los ciudadanos estaban convencidos tener, respondía a una concepción liberal expresada desde el ámbito particular y desde el del poder.

    Quisimos destacar el concepto de Estado que defendieron los particulares y el gobierno provincial en los casos señalados. En primer lugar, el reclamo de la continuidad de las obligaciones que las autoridades asumieron para con los contribuyentes, cualquiera sea el color político de los gobernantes de turno. En segundo término, las razones esgrimidas para apoyar los actos de gobierno, en este caso préstamos monetarios, para poder llevar a cabo la guerra, por cuanto el sistema que por ella se deseaba imponer significaba el bienestar y la felicidad de todos los asociados. En tercer lugar, el sentido moral de algunos ciudadanos, en tanto miembros de una asociación libremente aceptada. Finalmente, el voluntario sometimiento y respeto a la ley, aunque la consideraran mala, como en el caso de Solá.

    Los compromisos adquiridos por particulares con gobiernos provinciales y a su vez éstos con el poder "central" con el que no deseaban romper, es una muestra del sentido de querer integrar un estado organizado política y jurídicamente.

    La defensa de un territorio que consideraron "propio" fue formando paulatinamente un "sentido nacional" que comprobamos explícito y profundo en la provincia de Salta por las circunstancias señaladas

    Transcribimos textualmente largos párrafos para que fueran los mismos actores políticos los que presentaran sus convicciones.

    Somos conscientes que esta primera aproximación al análisis de la relación individuo - estado, en la primera mitad del siglo XIX, debe profundizarse presentando casos similares o disímiles en otras provincias y otros individuos. Debe complementarse este análisis con el estudio de relaciones mercantiles regionales que respondían, muchas veces, a intereses personales y del sector de comerciantes y hacendados locales y se contradecían con los de otros sectores influenciados por el comercio marítimo con Europa .

NOTAS

1) Tulio Halperín Donghi: Hispanoamérica después de la Independencia. Piadós.Buenos Aires 1972. Pag 19.

2) Francois Xavier Guerra: en Annino, A. Castro Leiva, L y Guerra F.X. De los Imperios a las Naciones:Iberoamérica. Iber. Caja: España. 1994, Pag. 11

3) Touraine, Alain: ¿Qué es la democracia?. F.C.E. México. 1995. Pag. 99

4) Francois - Xavier Guerra: De la política antigua a la política moderna. Larevolución de la soberanía en F.X. Guerra y Annick Lemperiere et alt: Los espacios públicos en Iberoamérica. F.C.E. México. 1988. P. 114

5) José Carlos Chiaramonte: Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia.Boletín del Inst. de Historia Argentina y Americana "Dr E. Ravignani". Nº 22. 2do semestre 2000. Pag. 36

6) Archivo General de la Nación (en adelante) A.G.N. Sala VII 10. 3.3 Libro Tercerode copias del Cabildo de Salta. 1800 - 1822. F. 411 a 418.

7) Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (en adelante) A.B.H.S. Actas de sesiones de la Junta de Representantes. Copiador 338 F. 6 a 9

8) A.B.H.S. Copiador 229. Honorables Representantes. F. 90

9) Antonio Annino: Soberanías en Luchaen Annino; Castro Leiva y Guerra: De los Imperios a la Naciones: Iberoamérica Iber Caja. España 1994. P. 249

10) José Carlos Chiaramonte: El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIXen Carmagnani Marcelo: Federalismo latinoamericano: México, Brasil, Argentina. F.C.E. México 1993. P. 82

11) Gorriti estudió derecho en Charcas. Militar destacado en la guerra dirigida por Güemes entre 1815 y 1821. Diputado por Salta firmó el Acta de la Independencia en 1816. Fue gobernador de 1821 a 1823.

12) Carta de José Francisco Gorriti a su hermano Juan Ignacio, fechada en Ortega el 19 de enero de 1829 en Josué Gorriti: Pachi Gorriti. Escuela Tipográfica del Colegio Salesiano. Salta. 1930 P. 45 a 55 .

13) A.B.H.S. Carpeta de Gobierno (en adelante) C. G. Marzo 1827.

14) Francisco Gorriti "Comandante General de los Departamentos militares de Gauchos de las dos Fronteras del Rosario y Anta", participó de las luchas provinciales, su prescindencia fue indispensable para mantener a sus hermanos en el gobierno. Usaba el hábito de San Francisco por promesa al salvarse de una tempestad en la Banda Oriental, donde actuaba junto a Gervasio Artigas. Volvió a Salta en 1812 y actuó hasta 1827.

15) El Canónigo Gorriti, obtuvo el doctorado en teología en Córdoba. Fue diputado por Jujuy a la Junta Grande reunida en Buenos Aires en 1810, defendiendo el derecho de representación de "pueblos" o sea los Cabildos

16) Josué Gorriti: Pachi Gorriti. Escuela Tipográfica del Colegio Salesiano. Salta. 1930. P. 31

17) A.B.H.S. C.G. Agosto 1827. El subrayado nuestro.

18) Armando Raúl Bazán: Historia del noroeste argentino. Plus Ultra. Buenos Aires 1986. P. 285

19) José María Paz: Guerras Civiles. Memorias Póstumas.Tomo 2. Anaconda. Buenos Aires. S / f. P 40

20) A.B.H.S. Copiador 326. Actas Legislativas. (sin numeración)

21) A.B.H.S. C.G. Junio 1829. Comunicación de Pedro Centeno, mayor de las fuerzas salteñas, al Gobernador de Salta.

22) A.B.H.S. C.G. Agosto 1829. El subrayado nuestro

23) A.B.H.S. Copiador 326. El subrayado nuestro.

24) A.B.H.S. Copiador 326. El subrayado nuestro.

25) A.G.N. Sala X. 5.1.5. Firman José y Francisco Frías, Bernabé Piedra Buena, Juan Francisco Santillán, José Libarona, el mismo por Manuel Vázquez, Lucas José Zavaleta, Roque Pondal, Manuel Medina, Faustino Laspiur, José M Oyuela, Pedro Cayetano Rodríguez, Pedro García, Tiburcio Molina, Diego Aráoz por Miguel Días de la Peña, Francisco Maciel, Juan de Dios Aguirre, Pelayo Arozena, Tomás F Taboada, Juan Ignacio Maldl.

26) Confr. Viviana Conti: Comerciantes del Norte Argentino (siglo XIX): Redes mercantiles y política durantela época de Rosas. Mimeo. Presentado al XXII International Congress Lasa. 2000

27) A.B.H.S. C.G. Junio 1829

28) A.B.H.S. C.G. Junio 1829

29) A.B.H.S. C.G. Junio 1829. Los otros contribuyentes eran Cor. Juan M. Quirós con 2.500 $, Pablo Alemán con 1000, José Antonio Chavarría con 600, Francisco Paz, Eloy Fresco, José Ovejero y Domingo Gil con 500 $ cada uno.

30) A.B.H.S. C.G. Julio 1829

31) A.B.H.S. C.G. agosto 1829

32) A.B.H.S. C.G. Agosto 1829

33) A.B.H.S. Copiador 326

34) A.B.H.S. Copiador 326

35) A.B.H.S. C.G. Setiembre 1829

36) A.B.H.S. C.G. Setiembre 1829

37) Confróntese decretos y correspondencia entre Bolívar y Sucre en Memorias del Gral O'Leary. Ministerio de la Defensa. Venezuela. 1981. T 28

38) A.B.H.S. C.G enero a abril de 1825. Cartas particulares de Arenales y Olañeta.

39) A.B.H.S. C.G. Abril 1825. Carta de Arenales al gobernador sustituto de Salta Teodoro Sánchez de Bustamante. El subrayado nuestro

40) A.B.H.S. C.G. Setiembre 1826. Nota de Arenales al Ministro de Buenos Aires.

El subrayado nuestro.