Ciudadanas en el siglo XXI: sobre los ideales de la ciudadanía global y la privatización de derechos

Women's citizenship in XXI century: the ideal of global citizenship and the privatization of rights

Alejandra Ciriza *

* CONICET - Unidad Sociedad, Política y Género - INICIHUSA Mendoza // FCPyS - UNCuyo. Av. Adrián Ruiz Leal S/n - CP 5500 - Mendoza - Argentina.
Correo Electrónico: aciriza@speedy.com.ar; aciriza@lab.cricyt.edu.ar

RESUMEN

La mirada hacia la condición ciudadana de las mujeres (amén del debate que merece la cuestión de la noción de ciudadanía aplicada a las mujeres) suele ser a menudo, por decirlo utilizando una metáfora visual (tan cara a las tradiciones filosóficas y científicas de occidente) una mirada estrábica: o bien se dirige hacia la configuración de los nuevos escenarios, o bien hacia la feminización de la pobreza; o bien hacia los escenarios internacionales como lugares de empoderamiento para las mujeres; o bien hacia las transformaciones sufridas en las condiciones de vida que, al menos en un país periférico como la Argentina, ha implicado fuertes retrocesos.
Este trabajo procura establecer un recorrido capaz de asumir las tensiones y límites que la crisis del capitalismo tardío impone a las demandas de ciudadanización de las mujeres, tal como ellas se despliegan desde los escenarios internacionales. Supuesto que la ciudadanía es entendida como el "derecho a tener derechos", los ideales de una ciudadanía global coexisten en tensión con dos fenómenos complementarios: la privatización de los derechos y la feminización de la pobreza y la supervivencia.

Palabras Clave: Capitalismo tardío; Ciudadanía; Mujeres.

ABSTRACT

The view towards women's citizenship (without counting the discussions about the use of citizenship notion to women) is often an squint one (Too expensive to philosophical and scientific occidental tradition), to say it in a visual metaphorical way: it goes through the configuration of new scenarios or through the female poverty; it goes towards the international scenarios as the places were women are empowerment or towards the transformations over live conditions that, at least in a periferical country like Argentina, has supposed huge backward steps.
This write tries to draw a way able to assume the tensions and borders that late capitalism crisis has imposed to the request of women rights, as well as they are developed from international scenarios. If we understand citizenship as "the rights to have rights", the ideals of a global citizenship co- exist in tension with two others phenomenons which are on one hand, the fact that rights are coming back to the private; and, on the other hand, that poverty and survival is coming more and more female.

Key Words: Citizenship; Late capitalism; Women.

MIRADAS: LOS DILEMAS DE LA CIUDADANÍA, LAS DIFERENCIAS Y LA IGUALDAD EN ESCENARIOS GLOBALIZADOS

Se insiste a menudo en que estamos en un momento de crisis civilizatoria. Hay para ello una serie de razones: la evidencia del carácter finito de los recursos naturales; la disminución de la tasa de ganancia del capital; las profundas transformaciones de las estructuras de las sociedades -tanto avanzadas como periféricas- ligadas a los cambios en el mundo del trabajo, que han hecho del paro un factor estructural; la crisis de la forma estatal que acompañara la edad de oro del capitalismo; el surgimiento del llamado nuevo derecho internacional; la transformación de los escenarios políticos al compás del proceso denominado globalización; la emergencia de nuevas formas organizativas por parte de l@s sujet@s subaltern@s y el surgimiento de innovaciones en las prácticas políticas; la fragmentación, al aparecer inacabable, que ha dado lugar a un estallido de diferencias, a la multiplicación de identidades que reclaman reconocimiento y al cuestionamiento (muchas veces radical) de los universalismos, como si éstos fueran automáticamente portadores de la perspectiva del dominador (Boron, 2001; Meiksins Wood, 2000; Wallerstein, 1996).
El panorama se presenta para las mujeres en tono de paradoja. Indudablemente el punto de vista feminista ha portado históricamente la marca de la crítica hacia el universalismo abstracto vinculado a la mayor parte de los proyectos políticos nacidos bajo el signo de la Ilustración. El célebre "dilema Wollstonecraft", tal como lo llamara Celia Amorós ha hecho correr mucha tinta a lo largo de los siglos transcurridos desde aquel 1792, en que aparece publicado uno de los libros considerados como fundacionales para la tradición feminista: la Vindicación de los derechos de la mujer. Desde entonces la paradoja no ha dejado de resonar: derechos ciudadanos iguales para las diferentes.
Bajo el signo del comienzo del nuevo siglo nos hallamos ante el retorno de la polémica por la ciudadanía y ante la repetición insistente de una retórica que celebra las diferencias e incluso induce una leve tolerancia hacia ellas, transformándolas en meras desemejanzas, a la vez que la cuestión de la igualdad entra en un cono de sombra (Wolin, 1994). A la vez que se recurre en torno de la cuestión de la ciudadanía y aún de la ciudadanía global como un tópico de debate cada vez más frecuente entre las feministas y en el campo ideológico- político de la izquierda (en un sentido más o menos amplio) una serie de orientaciones y nociones fundamentales en el espacio de la política se han conmovido. Respecto de la cuestión de la ciudadanía es interesante recordar, a modo de breve señalamiento, diversos balances que de alguna manera señalan la dirección de la crisis. Norman y Kymlicka, a mediados de los 90, recordaban las transformaciones de la noción a manos de la crítica de la nueva derecha, para la cual la noción clásica, centrada en "el derecho a tener derechos" debiera ser transformada en beneficio de las regulaciones mercantiles, que asignan derechos en función de la capacidad contributiva del individuo y no obligan al estado ni a la sociedad en su conjunto a hacerse cargo de las desventajas sociales de inmigrantes, negr@s, mujeres, pobres y todas sus combinaciones posibles (Norman y Kymlicka,1997). Otr@s autores, fascinados por la evanescencia del capitalismo contemporáneo, coinciden en señalar que el capitalismo se ha vuelto cultural. La vieja noción de ciudadanía, articulada a la de derechos ya no tendría sentido pues habría cedido frente a la de consumidores. Los consumos culturales globalizados nos harían, dicen autores como García Canclini, ciudadanos - consumidores integrados en una suerte de comunidad globalizada de interpretantes de íconos y símbolos compartidos (García Canclini, 1995). Finalmente Henri Lefebvre y el Groupe Navarrenx marcan, a propósito del bicentenario de la Revolución Francesa, el proceso de resquebrajamiento del carácter nacional de la ciudadanía, y de las significaciones históricamente vinculadas a la condición: el derecho de voto, sujeto a la situación de contribuyente, que hacía del voto una cuestión de propietarios y la portación de armas que hacía de la ciudadanía un asunto de varones (Lefebvre, 1990). De lo que se trata es, en pocas palabras, de un cierto desdibujamiento de las nociones compartidas. De las observaciones de estos autores, inscriptos en tradiciones teóricas y políticas, habitus disciplinares, perspectivas diversas, que abarcan desde la izquierda liberal hasta la tradición marxista, desde la filosofía política a los estudios culturales se puede inferir por una parte la relevancia del asunto de la ciudadanía como terreno de combate ideológico -político, y por la otra la existencia de un diagnóstico, en cierta medida compartido, que señala que algo fundamental en orden al terreno de lo político y sus alcances se ha conmovido.
La cuestión de las políticas de la diferencia por su parte tampoco está libre de tensiones: la crítica contra el falogocentrismo occidental, efectuada en el campo de la filosofía, así como la crisis de los sujetos clásicos de la política al calor de la nueva izquierda y la segunda ola del feminismo parece haber florecido en la apertura de un espacio de percepción de múltiples diferencias. Sin embargo la cuestión de la diferencia, ya sea bajo el nombre de multiculturalidad, o de políticas de la identidad, no se halla libre de tensiones, sobre todo si tenemos en cuenta su relación con la cuestión de la igualdad/ desigualdad.
Rosa Cobo indica, a partir del criterio de establecer una relación expresa entre políticas de la diferencia y preservación de la igualdad, que el multiculturalismo en su versión actual está vinculado a dos hechos sociales nuevos: el de la emergencia de demandas otrora consideradas políticamente irrelevantes en su especificidad, tales como las ligadas a la raza, la cultura, la diferencia o la orientación sexual, y el aumento de conflictos vinculados a la diversidad cultural interna de las sociedades tanto centrales como periféricas. La posibilidad de politización se vincula a que las diferencias se han vuelto perceptibles, en parte debido al fenómeno de la migración que hace visible la presencia de gentes de cultura diferente en la vida cotidiana de las grandes ciudades, en parte debido a la larga tradición de lucha de algunos colectivos, como es el caso del colectivo de mujeres (Nota 1). Señala Cobo: "Algunas diferencias y discriminaciones pueden ser constantes durante largos periodos históricos, pero sólo en algunas épocas se vuelven políticamente significativas. La diversidad de cualquier sociedad existe sólo en la medida en que sus individuos la perciben como tal" (Cobo, 1999).
Por su parte, en un texto ampliamente conocido, Judith Butler insiste en considerar que en la cuestión de las diferencias y las llamadas políticas culturales reside la vitalidad política de la izquierda (Butler, 2000:109-121). Su artículo es un empeño por defender su punto de vista, estrechamente vinculado al movimiento queer, de una cierta tendencia marxista a depreciar los nuevos movimientos sociales acusándolos de ser portadores de demandas "meramente culturales". Desde el argumento de Butler quienes consideran las ofensas a gays y lesbianas como "meramente culturales" lo hacen desde una perspectiva para la cual el heterosexismo obligatorio es irrelevante respecto de la reproducción del orden social capitalista. El rechazo hacia la llamada izquierda cultural sería el producto de visiones anacrónicas y nostálgicas que buscarían recuperar "un conjunto de ideales y metas comunes, un sentido de la historia común, un conjunto de valores comunes, un lenguajes común e incluso un modo objetivo y universal de racionalidad " (Butler, 2000: 110). Su antagonista en el debate, Nancy Fraser, señala en cambio que lo propio de la actual condición, que ella denomina postsocialista, es la fractura entre políticas de la identidad y políticas de clase, es decir, entre izquierda cultural y social, entre una izquierda "socialdemócrata, preocupada por las políticas redistributivas, y una multiculturalista, cuyas reivindicaciones se orientan en procura de reconocimiento" (Fraser, 2000: 123-134).
Mientras algunos autores, como Sheldom Wolin subrayan la licuación de las diferencias en meras desemejanzas, desde la perspectiva de Hardt y Negri la tolerancia a las diferencias parece haberse desarrollado hasta tal punto que ninguna batalla de liberación es necesaria en torno de las diferencias. Los posmodernos y poscoloniales, señalan los autores de Imperio, "están aún librando sus batallas contra las sombras de los antiguos enemigos: la Ilustración o en realidad, las formas modernas de soberanía y sus reducciones binarias de las diferencia y la multiplicidad a una única alternativa entre lo Mismo y lo Otro. Sin embargo, la afirmación (…) de las diferencias a través de las fronteras solo es liberador en un contexto en el que el poder propone las jerarquías exclusivamente a través de identidades esenciales, divisiones binarias y oposiciones estables. En el mundo contemporáneo, las estructuras y la lógica del poder son enteramente inmunes a las armas "liberadoras" de la política posmoderna de la diferencia (…) De modo que la política posmoderna de la diferencia, a pesar de estar animada por las mejores intenciones, no solo resulta ineficaz contra las funciones y prácticas del dominio imperial, sino que hasta puede coincidir con ellas y apoyarlas" (Hardt y Negri, 2002: 139). Ello incluiría indistintamente a l@s diferentes, transmutados en nómades posthumanos.
La coincidencia de la lógica de la diferencia y la lógica de lo que Negri y Hardt denominan modo posmoderno de producción da lugar a la aparición de una alternativa política que nos incluye de una manera paradojal: ciudadanía global para los nuevos bárbaros, sujetos nómades y post humanos, desanclados de las determinaciones del cuerpo. Las tres demandas del programa político de la multitud global son: ciudadanía global, un salario mínimo garantizado para todos (ingreso ciudadano, revenu minimun d'insertion, o como se le llame) y derecho de reapropiación. (Hardt y Negri, 2001).
La serie de dilemas señalados y la frecuencia con la que repite la cuestión de la diferencia y la ciudadanía global cuando se debate en torno de las políticas feministas me ha llevado a pensar que procedemos como si nos situáramos en una perspectiva estrábica, por utilizar no sin cierta intención metáforas comprometidas con alusiones a la mirada, tan dificultosas de sostener frente a las nuevas sensibilidades teóricas y políticas (Haraway, 1993). Mirada, decía, que escotomiza las tensiones entre desigualdades y diferencias, entre la dimensión global y los escenarios locales, entre universalismos y especificidades, entre las promesas emancipatorias abiertas por la existencia de escenarios trasnacionalizados para las colectivas de mujeres, feministas, queers, y las restricciones y límites reales que la lógica privatizadora del capitalismo tardío establece para el goce de derechos dentro y a través de los límites de los Estados nacionales, entre la percepción de las diferencias como un asunto digno de debate político y su licuación en una "multitud" indiferenciada en la cual tod@s l@s sujet@s han perdido, precisamente, sus marcas de diferencia; e incluso la posibilidad de la multiplicación de posiciones en razón de las múltiples diferencias que un sujeto puede portar, una multiplicación que no hace sino neutralizar, desvanecer, licuar cada una de ellas, transformadas en tan relativas que finalmente ninguna es tan relevante que merezca atención política; o bien la de su irreductible valor, llevado al extremo de la afirmación esencialista.
El asunto es que no sólo de crisis civilizatoria y conmoción de los certeros parámetros de los que parecíamos disponer hace algunos años se trata, sino del agrietamiento de las posibilidades de supervivencia para miles de seres humanos. Los últimos años han visto un aumento creciente de la brecha entre ricos y pobres, entre cuyas filas la mayoría son mujeres. Aún así, cuando es más evidente que nunca que no sólo de desigualdad, sino de imposibilidad de reproducción de la vida humana se trata, de la condena a muerte de miles de mujeres y niñ@s por causas evitables, el horror a la moderna igualdad se ha impuesto. Ese rechazo hacia la cuestión de la igualdad sin embargo hace síntoma: sabemos bien que las diferencias sólo pueden tolerarse en la medida en que no resulten de alguna manera articuladas al reclamo de igualdad, es decir: la diferencia étnica es tolerable cuando se la liga al costumbrismo o al exotismo cultural, mientras el racismo y la xenofobia están muy lejos del ocaso, tal como los votantes derechistas de Heidel y Le Pen proclaman a viva voz ante cuantos quieran escucharlos. Si bien es verdad que las diferencias se advierten más fácilmente, también lo es que sólo se toleran débilmente: a condición de que puedan ser significadas como simples desemejanzas, o variaciones de mercancías a ofrecer en el mercado infinito de las preferencias y los deseos.
Intentaré sostener en este trabajo la hipótesis de que hay un cierto apresuramiento en las ideas que circulan en torno de la cuestión de una ciudadanía global, y en la lectura de la coyuntura actual como una instancia de globalización de la ciudadanía de mujeres ligada a la transnacionalización de escenarios y derechos. Más bien creo que es preciso realizar una aproximación que busque los nudos entre las nuevas formas de juridicidad y las condiciones materiales establecidas por la globalización neoliberal, que, desde mi punto de vista, ataca sistemáticamente la noción de ciudadanía y busca desligar la noción de diferencia de la de igualdad, apostando a una suerte de juego de prestidigitación que exhibe el mundo del capitalismo contemporáneo a la manera del "espacio liso de la desterritorialización", como gustaba decir Deleuze, y el asunto de diferencias como si fuera independiente de las desigualdades de clase.

LAS DICOTOMÍAS DEL SIGLO XX ¿EL FIN DE LA EMANCIPACIÓN?

Cuando se dice que el siglo XX fue el siglo de las mujeres, esto se dice de muchas maneras. Mientras Perry Anderson señala las conquistas en cuanto a derechos civiles y políticos y subraya su compatibilidad con el capitalismo, el francés Lipovetsky (en consonancia con el clima político e intelectual de los 90) dice que el ciclo de las luchas emancipatorias de las mujeres ha llegado a su fin, conquistados los sitios que deseáramos por siglos: participación política, ingreso al mercado de trabajo, y al mundo del saber, el arte y la ciencia. Desde su punto de vista incluso hemos sobrepasado los límites de las reivindicaciones tolerables en un afán que este autor califica de victimista (Lipovetsky, 1999).
Sin embargo, dadas las transformaciones en la estructura social, la emancipación no parece haber llegado para todas. Las desigualdades entre las mujeres es un asunto de debate que suele ser presentado como la cuestión específica de la tercera ola. La mayor parte de las veces se alude con ello, por lo menos en los países centrales, a las diferencias y desigualdades que genera la orientación sexual, o a la compleja cuestión de la relación entre sexo biológico, sexualidad, elección de objeto, e incluso a las múltiples posibilidades que las nuevas tecnologías médicas ponen al alcance de quienes desean transformar sus cuerpos. Sin embargo el asunto es más complejo y abarca otras dimensiones, desde luego la racial, pero también la de clase.
Hace un tiempo RIMA difundía un artículo del diario barcelonés La Vanguardia (Nota 2). Las grandes teóricas del primer mundo descubrían azoradas lo que llaman "el feminismo de las marujas", esto es, la existencia de empleadas domésticas, de mujeres analfabetas y migrantes, indígenas, africanas, gitanas, latinoamericanas, mujeres explotadas e iletradas que reclaman su inclusión y voz en una colectiva históricamente formadas por mujeres educadas, de clase media, preocupadas a menudo por el techo de cristal, o la conflictiva cuestión de "la diferencia" (La Vanguardia, 2001).
Los avatares del / los feminismos en América latina nos enfrentan desde hace largo tiempo a las diferencias entre nosotras, y aún a las concretas y brutales desigualdades que el neoliberalismo ha ido profundizando y construyendo entre nosotras, a lo que la crisis capitalista significa para las mujeres que no tienen pan, ni trabajo, ni salud, ni educación, ni derechos, a los sinuosos caminos en la conquista de mínimos avances legales, a los procesos a través de los cuales los derechos, la mayor parte de las veces, lo son para pocas, y en esa medida no son sino privilegios.
El caso de Argentina resulta de alguna manera emblemático, pues se trata de un país que en las décadas del 60 y 70 apenas contaba con alrededor de un 6% de pobres, mientras hoy el índice trepa por encima del 50% de la población. La pobreza se feminiza y avanza mientras la retórica de los derechos, en clara ofensiva en tiempos fundacionales de la democracia (hace ya más de 20 años) retrocede y se vacía de contenido, las políticas públicas con perspectiva de género hacia las mujeres, una conquista de los años 80, se han ido transformando como efecto de los cambios en el Estado, del avance de un tipo de política pública denominada "focalizada" que selecciona a las mujeres como beneficiarias de un tipo de intervención contra la pobreza que no hace sino reforzar estereotipos de género, y de la ofensiva de la poderosa Iglesia católica Argentina, que se opone sistemáticamente a la conquista de derechos sexuales y reproductivos e incluso obstaculiza la ejecución de la políticas públicas existentes (Nota 3).
La cuestión de la articulación entre diferencia y desigualdad y la relevancia que ella tiene en lo que se refiere a la conquista de derechos ciudadanos para las mujeres puede advertirse claramente si cruzamos dos tipos de datos: por una parte los relativos a las desigualdades entre las mujeres, por la otra el modo como esto impacta sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, nudo estratégico en el cual se enlazan desigualdades sociales y consecuencias políticas de las diferencias corporales entre los sexos.
En lo que se refiere a la cuestión de la pobreza, según datos de 1997, la CEPAL en su Panorama Social de América Latina, (pp. 18, 22, 35,36 y 59) y el BID, en el Informe 1998-1999, América Latina frente a la desigualdad, (p. 25, 28, 29, 30, 230 y 231), señalan que después de casi 15 años de restauración democrática en Argentina, la desigualdad entre ricos y pobres se ha profundizado. Es interesante ver la relación entre el decil más rico y más pobre de la población en lo que a la distribución de ingreso se refiere en 1997: mientras el 10% más pobre obtenía el 1.5% del PIB, el 10% más rico obtenía el 35.9 % del PIB. En conexión con ello interesa exponer el tamaño promedio del hogar. Mientras en el caso del primer decil más pobre el tamaño promedio es de 6.27 personas, donde tres son niños menores de 15 años, en el caso del primer decil más rico hay un promedio de 3.06 personas con 0.41 niños de menos de 15 años por hogar. El informe señala también la correlación entre deciles de pobreza y riqueza en años de escolaridad formal: el decil más rico tiene un promedio de 14 años de escolaridad mientras el decil más pobre 7 años.
En un informe reciente, titulado Salud y Aborto en la Argentina, de las propuestas a los hechos, publicado por REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe) en el año 2004, se señala la profundización del deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y el aumento de las desigualdades entre las mujeres. "En 2002 el 56% de la población femenina vivía en hogares pobres, en tanto el 27% vivía en hogares indigentes. Estaban en condición de pobreza el 38 % de las jefas de hogar y el 67% de las que tienen menores a cargo" (Domínguez y otras, 2004: 37).
El mismo informe señala que lo que la REPEM denomina mortalidad por gestación fue, en el año 2002 de 46 por 100.000 nacidos vivos. "…la muertes maternas reflejan la alta heterogeneidad social y regional existente en el país: son más frecuentes estas muertes entre las mujeres más pobres y cuando se consideran las distintas regiones del país se verifica una gran diferencia entre regiones pobres y ricas" (Domínguez, 2004: 56) (Nota 4). El informe indica, además, que el 31% de las muertes por gestación son causadas por abortos en malas condiciones y el 54% por causas obstétricas indirectas y destaca uno de los datos que habla con más elocuencia de las consecuencias políticas de diferencias entre los sexos y las desigualdades entre las clases: el aumento de egresos por complicaciones de abortos en hospitales públicos en adolescentes entre 15 y 19 años y niñas de entre 10 y 14 años. Sobre 788.994 egresos, en el año 2000, 11.015 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años.
La respuesta al aumento de la pobreza no ha sido la profundización de políticas estatales universalistas de protección de los más débiles, ni la implementación de las muchas propuestas de ingreso ciudadano que circulan entre los especialistas, sino la implementación creciente de políticas focalizadas y el aumento de la represión y de la inversión Estatal en el área denominada seguridad, que suele ser entendida como reforzamiento del aparato represivo.
El proceso argentino en los últimos años podría describirse a trazo grueso, del lado de la sociedad civil, como de pavorosa destrucción del mundo social edificado hasta los años 70: un país relativamente igualitario ha pasado a ser uno de los más desiguales del mundo en un tiempo muy breve, durante el cual hemos presenciado un proceso concentrador de la riqueza y de aumento de las desigualdades sociales y de la exclusión sin precedentes en la historia nacional. Del lado del Estado se ha producido un desguace del aparato de seguridad social y un reforzamiento del aparato represivo.
En lo que a las mujeres se refiere la mirada se escinde: si hacemos referencia a la pobreza parece irrelevante que se trate de mujeres. Si hacemos referencia a los nuevos escenarios internacionales a menudo se escamotea la cuestión de la pobreza, la exclusión, las diferencias de clase, las desigualdades entre el norte y el sur. Me interesa por ello pensar en torno de qué significa la crisis capitalista de fin de siglo para las mujeres, cómo las afecta en su condición de portadoras de una diferencia sexual que implica desiguales posibilidades de acceso al poder, y formas diferenciales (otras) de constitución de sus identidades; pero a la vez cómo las afecta en su ingreso al mundo de los asuntos públicos y los derechos en cuanto desiguales y diferentes entre sí. Las transformaciones del capitalismo han implicado graves retrocesos económicos y sociales para los sectores subalternos, un proceso de expropiación y privatización que excluye a las mayorías del goce de los más elementales bienes y derechos y lo hace de un modo singular con las mujeres como portadoras de desventajas históricas. Es difícil sostener sobre la base de experiencias nacionales como la Argentina, la Boliviana, la Ecuatoriana, por ejemplo, la hipótesis de una ciudadanía global para el colectivo de mujeres.

CAPITALISMO TARDÍO: LA LÓGICA PRIVATIZADORA

No pretendo en modo alguno realizar una caracterización del capitalismo de fin de siglo, pero sí desearía señalar algunos de los rasgos que afectan de un modo particular las vidas de las mujeres. Por una parte la aceleración de los procesos de privatización, tanto vinculados con la concentración de la riqueza, como con la apropiación privada de los recursos de la naturaleza. Por la otra la profundización de los mecanismos de exclusión que inciden sobre la feminización de la pobreza y establecen las reglas para que, bajo esas condiciones no elegidas, las mujeres diseñen estrategias de supervivencia similares: la producción alimenticia, el trabajo informal, la migración, la prostitución (Sassen, 2002: 18). Sudamericanas, asiáticas, africanas, mujeres procedentes de Europa del este despliegan recursos curiosamente semejantes en sus migraciones hacia los países centrales. Dos factores son para ellas determinantes: su condición de pobres y de mujeres.
Respecto de la privatización es interesante considerar algunas reflexiones de Robert Kurtz. En un artículo publicado originalmente en alemán Kurtz sostiene que el capitalismo tardío ha extendido la lógica de la privatización hacia la naturaleza en grados y niveles hasta ahora desconocidos. Si bien, como señalara Marx la usurpación del suelo virgen es el pecado original y hereditario de la dominación del hombre por el hombre, la novedad reside en que si en tiempos no muy lejanos existían recursos que podían ser utilizados en común, la lógica del capitalismo esgrime pretensiones totalitarias sobre el mundo natural y social. "No debe haber nada más bajo el cielo que sea gratuito y exista por naturaleza" (Kurtz, 2002).
Si las afirmaciones de Kurtz son pavorosamente verdaderas en lo que a la naturaleza se refiere, como lo muestra el caso de la privatización del expendio de agua en Cochabamba, el goce de derechos y su garantía no ha quedado excluido de la ferocidad arrasadora con la que el capitalismo tardío despliega su ofensiva privatizadora: de los productos sociales, naturales y de los derechos de los sujetos (Nota 5).
La lógica del capitalismo, decíamos, es incompatible tanto con el goce en común y la posibilidad de disponer libremente de los recursos de la naturaleza, como con la alternativa de soportar la gestión pública de los bienes, tal como había sucedido en tiempos del estado Keynesiano.
La lógica privatizadora es incompatible con la gestión pública de la administración de las cosas que caracterizara la etapa de expansión capitalista conocida como "edad de oro del capitalismo". Es decir: no sólo se trata del avance del capitalismo y la privatización de la naturaleza, se trata de la incompatibilidad del capitalismo tardío y su expresión ideológico -política, el neoliberalismo, con los procesos que posibilitaron la expansión de los derechos sociales y la inclusión de las grandes mayorías populares durante la edad de oro del capitalismo
Si bien como señala Kurtz "La administración pública de cosas permanece nacionalmente limitada, burocráticamente represiva, autoritaria y ligada a las leyes fetichistas de la producción de mercancías" (Kurtz, 2002), en cuanto el espacio público - estatal no es sino el reverso de la privatización mercantil capitalista, las transformaciones de fin de siglo han implicado una redefinición de la forma y función del estado que, lejos de garantizar la reproducción de la vida humana a través de la prestación de servicios de salud y educación y de políticas públicas dirigidas a los menos favorecidos por las leyes del mercado, hace de éstos, merced la retirada y la restricción presupuestaria, un terreno proclive a la privatización. Es bien conocido el proceso de fragmentación del sistema educativo, y el acceso diferencial a los servicios de salud y las decisiones reproductivas, en el caso de las mujeres (Nota 6).
Del Estado de bienestar, garante de los derechos sociales de los y las sujetas hemos transitado desde los años 80, bajo el impacto de la ofensiva neoliberal, al desguace de los Estados nacionales y a la mercadorización de los derechos. Estado sin ciudadanos, derechos sin garantías, ciudadanización formal acompañada de desciudadanización real configuran el escenario de los últimos años.
Vale la pena citar en extenso a Kurtz: "En esencia, se trata de una crisis del propio capital, que, bajo las condiciones de la tercera revolución industrial, tropieza con los límites absolutos del proceso real de valorización. Aunque tenga que expandirse eternamente, por su propia lógica, se encuentra cada vez menos en condiciones para ello, sobre sus propias bases. De ahí resulta un doble acto de desesperación, una fuga hacia adelante: por un lado, surge una presión aterradora para ocupar todavía los últimos recursos gratuitos de la naturaleza, de hacer incluso de la «naturaleza interna» del ser humano, de su alma, de su sexualidad, de su sueño, el terreno directo de la valorización del capital y, con ello, de la propiedad privada. Por otro, las infraestructuras públicas administradas por el Estado deben ser administradas, también a vida o muerte, por sectores del capitalismo privado" (Kurtz, 2002).
La redefinición conservadora de la noción de ciudadanía ataca la relación entre derecho y garantía pública, para centrarse en las nociones de responsabilidad y servicios. De alguna manera los teóricos neoliberales y conservadores no hacen sino hablar por boca del capital. Los ciudadanos bajo el orden neoliberal no son tales, sino contribuyentes y usuarios, sus derechos no son sino servicios cuya calidad y accesibilidad dependen de las capacidades de pago de l@s usuari@s. Finalmente, tal como dice García Canclini, pero no por las mismas razones: consumidor@s cuyos derechos dependen de lo que puedan adquirir en el mercado transnacionalizado de servicios de salud, que han empezado a prestar empresas multinacionales para l@s privilegiad@s. Una forma, tal vez, de la ciudadanía global.

TENSIONES: SOBRE LOS IDEALES DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL EN UN CONTEXTO DE DESCIUDADANIZACIÓN REAL

La mirada hacia la condición ciudadana de las mujeres (amén del debate que merece la cuestión de la noción de ciudadanía aplicada a las mujeres) es, decía al inicio de este trabajo, estrábica, o bien se dirige hacia la configuración de los nuevos escenarios teniendo en cuenta los aspectos puramente legales, o bien hacia la feminización de la pobreza; o bien hacia los escenarios internacionales como lugares empoderamiento para las mujeres; o bien hacia las transformaciones sufridas en las condiciones de vida que, al menos en un país periférico como la Argentina, han implicado fuertes retrocesos de la condición ciudadana, fundamentalmente en razón de la transformación de la distribución del PBI, de las políticas de ajuste, de la expulsión de miles de trabajador@s del mercado formal de trabajo y de la restricción del gasto en políticas sociales.
Si la mirada a menudo se presenta estrábica es porque los procesos están relacionados de un modo que no resulta tan sencillo de leer.
A menudo el ojo puesto en el espacio internacional mira hacia la profunda reconfiguración de las relaciones entre estados nacionales y los organismos internacionales, y al proceso de emergencia de un escenario que no sólo contempla los viejos actores: los organismos, y los estados, sino la presencia / presión de nuevos actores: las organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Si bien los organismos internacionales realizan acciones a favor de las mujeres desde 1946, cuando se estableció el Comité Sobre la Situación de la Mujer, y si bien no han faltado las iniciativas vinculadas con la promoción de la incorporación de las mujeres en el desarrollo, relacionadas con el crecimiento demográfico, los trabajos agrícolas y la realización de políticas de promoción de la modernización en los países periféricos, a tono con las líneas y debates existentes en la coyuntura de los 60, es necesario convenir respecto de la existencia de un salto cualitativo. A partir de la Conferencia por el Año Internacional de la Mujer realizada en México, en 1975, y de la declaración de la Década de la Mujer, comienza a sentirse de una manera diferente el peso de los organismos internacionales respecto de la condición de las mujeres como instancias de promoción, debate, e incluso supervisión de las agendas convenidas entre organismos y gobiernos (Portocarrero, 1990).
Ese peso del nuevo derecho internacional sobre la legislación local es visible en el caso argentino a partir del retorno de la democracia. La restauración democrática en la Argentina trajo aparejada no sólo la visibilidad de las mujeres como protagonistas de la resistencia a la dictadura, sino la posibilidad de establecer nuevas políticas, impregnadas de perspectiva de género, desde el Estado. La suscripción de la CEDAW en 1985 y su incorporación con rango constitucional desde la Reforma Constitucional de Santa Fe marcó el punto máximo de los avances legales a la vez que se erige como una señal donde leer las marcas que las nuevas condiciones han impreso. Esto es: ya no se trata de simples iniciativas llevadas a cabo por los organismos internacionales, o de planes de promoción para la incorporación de las mujeres al desarrollo. La articulación entre organismos internacionales, convenciones y políticas locales hacia las mujeres se ha transformado enormemente, tanto como para que sea posible hablar de ciudadanías globales, de escenarios de empoderamiento en el nivel internacional, de transnacionalización del movimiento feminista y de mujeres, e incluso de una sociedad civil global como nueva arena de lucha en procura de mayor equidad para el colectivo de mujeres (Rosenberg 199; Vargas, 2001; Álvarez, 1997; Sassen, 2003).
Desde 1985 un horizonte se abrió: no sólo fue posible la suscripción de la CEDAW, sino la realización de una tarea de remoción de leyes discriminatorias contra las mujeres, la instalación de organismos en el aparato del estado; la existencia de programas de promoción de igualdad de oportunidades, el cupo en el campo de la política, un espacio de visibilidad hacia problemáticas específicas como los derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el tráfico de mujeres y las mujeres en prostitución, etc. Desde luego el clima fue mucho más complejo que lo que un simple señalamiento tangencial pueda iluminar, desde luego las transformaciones (incluso las simples reformas legales) implicaron presiones por parte de las colectivas de mujeres y de feministas, en un país en el cual la distribución de derechos civiles dista de ser sencilla. Los avances legales, incluida la aceptación y ejecución de la Plataforma de Acción convenida en Beijing se vio sometida a presiones y retrocesos, en parte debido a la estructura patriarcal de la sociedad argentina, en parte a que la forma bajo la cual se realizaron los compromisos, pues las modalidades, los tiempos, sus alcances dependen de las condiciones existentes para las mujeres en cada formación social (Nota 7).
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se definieron doce áreas críticas como obstáculo al avance de las mujeres. El diagnóstico realizado tenía como objetivo elaborar una Plataforma de Acción.
Según el diagnóstico de Beijing: 1. La pobreza afecta desigualmente a mujeres y hombres; 2. Las mujeres acceden en la mayor parte de los países en forma desigual a la educación, e incluso, si el acceso estuviera garantizado, si no se adopta en forma expresa una perspectiva no sexista, puede constituir un factor de discriminación; 3. El derecho a la salud implica mucho más que superar dolencias, incluye el derecho al control sobre la propia sexualidad y a decidir libremente sin discriminaciones ni violencias. 4. La violencia contra las mujeres abarca todo acto que tenga como resultado posible un daño psíquico, físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la privación ilegítima de la libertad tanto en la vida público como en la vida privada; 5. Las mujeres víctimas de conflictos bélicos constituyen el 80% de los millones de refugiados existentes en el planeta como producto de los conflictos armados; 6. La falta de autonomía económica de las mujeres es un factor que limita sus potencialidades; 7. Las dificultades inherentes a la desigual distribución social del poder afecta las vidas de las mujeres; El análisis realizado por Naciones Unidas incorpora, como otros ítems relevantes: 8. Un análisis de los mecanismos institucionales para la promoción de la igualdad; 9. Una lectura de la ciudadanía como el derecho a tener derechos, esto es, una concepción de ciudadanía universalista, sin restricciones ni exclusiones. 10. Una lectura de las imágenes y posiciones de las mujeres en los medios; 11. Un análisis de las relaciones entre las mujeres y el medio ambiente 12. Una evaluación de las condiciones de las niñas puesto que la discriminación comienza en la niñez (Plataforma de Beijing, 1996).
La amplitud de la plataforma, que intentaba comprometer a los gobiernos en la realización de políticas y programas que reflejaran la perspectiva de género, incluía recomendaciones que colocaban a los Estados como responsables de los objetivos estratégicos. Muchas de las feministas que participaron en el evento, como Virginia Guzmán, vieron en el acontecimiento el inicio del siglo XXI para las mujeres.
En alguna medida se esperaba que, bajo el impulso de las transformaciones internacionales, los escenarios nacionales se modificaran. Sin embargo, es preciso atender a otros elementos para poder explicar la direccionalidad que los procesos han tomado, pues la transnacionalización de escenarios ha ido acompañada de transformaciones sociales mucho menos auspiciosas, como por ejemplo el hiato entre países centrales y periféricos. De allí que sea interesante, una vez más, situarse en el escenario nacional: en lo ya señalado respecto del panorama poco alentador en lo que se refiere a las condiciones de vida de las mujeres, al aumento de los hogares con jefatura femenina en todo el país (aproximadamente 32.1%), que involucra sectores pobres y no pobres, pero en el sector de pobres estructurales, ha aumentado un 44% (RIMA, 2002).
Al aumento de la pobreza hay que añadir la precarización de las condiciones de empleo y el aumento de la jefatura femenina de hogar (una vez más, según datos del INDEC más de la mitad de las jefas de hogar son trabajadoras marginales) es decir, en pocas palabras, feminización de la pobreza, que está fuertemente vinculada con otro fenómeno: el de la feminización de la supervivencia.
Ya Boserup, en los años 60, había señalado que la economía doméstica y "tradicional" era complementaria respecto de los sectores modernizados. En consonancia con esa herencia de economistas feministas, Saskia Sassen insiste en la idea de que los circuitos informales de la economía no son sino la contrapartida de los modernos: existe complementariedad entre las transformaciones estructurales provocadas por las actividades económicas de los nuevos sectores en crecimiento (los servicios especializados y las finanzas) y las estrategias de supervivencia encaradas por las mujeres (Sassen, 2003).
Es precisamente, en mi opinión, en esa suerte de nudo entre escenarios transnacionalizados y locales, entre nuevos derechos proclamados urbe et orbis por los organismos internacionales y sistemáticamente incumplidos en los escenarios locales donde es preciso situarse para realizar una lectura respecto de las condiciones de ciudadanización de las mujeres a escala global.
La mayor parte de las mujeres de los países periféricos se han transformado en trabajadoras migrantes, no en ciudadanas globales. Para muchos países las remesas enviadas por las (y también los) trabajadores migrantes constituyen un aporte fundamental para los gobiernos y para la supervivencia de las familias que permanecen en el lugar de origen. El ajuste estructural provocado por los también transnacionales organismos financieros ha generado lo que Sassen llama las "contrageografías de la globalización", circuitos de supervivencia cuyas fundamentales protagonistas son mujeres (Sassen, 2002:19).
Del mismo modo el triunfo del modelo neoliberal ha traído aparejada la emergencia de un amplio espectro de economía informal: subempleos, empleos precarios, producción alimenticia de subsistencia, sistemas de trueque para compensar no sólo aquello que no puede adquirirse ya en el mercado, sino para suplir servicios en áreas como el cuidado de ancianos y niños, la reducción en el acceso a servicios esenciales, como jardines maternales o comedores escolares.
Lo curioso es que bajo la peculiar iluminación que el "pensamiento único" depara, la retirada del estado no es sino un enorme beneficio que da a las mujeres la oportunidad de hacerse cargo de su propia vida. La apelación a la responsabilidad, la crítica abierta de la concepción clásica de ciudadanía, considerada como "pasiva" y la puesta en circulación de un discurso que hace énfasis en las capacidades maternales de las mujeres y en la ética del cuidado configuran un panorama en el cual demandar por el ejercicio de derechos ciudadanos se hace, para la mayoría, cada vez más dificultoso.
Es probable que el proceso de globalización vaya acompañado en algún punto de un desligamiento de los lazos tradicionales y abra, tal vez, algún horizonte emancipatorio para algunas mujeres. Sin embargo esto es aún oscuro. Más bien el curso del capitalismo en el siglo XXI parece alejar para las mujeres la posibilidad de cumplir con las promesas de Beijing. Y ello acontece por razones que no son en absoluto misteriosas: mientras abre para unas un horizonte de negociaciones transnacionalizadas como integrantas de ONGs con financiamientos internacionales, cierra para otras (la mayoría) los escasos beneficios que otrora les ofrecía un sistema de educación y salud público, gratuito, y con financiamiento adecuado; mientras se proclaman derechos y se promueve el monitoreo de las políticas públicas que los gobiernos debieran efectuar para cumplir con los compromisos de Beijing, el proceso de desguace de las funciones sociales del estado deja a los y las sujetos /as librados a sus propias fuerzas.
El desigual acceso de las mujeres a la salud, especialmente a la reproductiva, uno de los puntos decisivos en el proceso de ciudadanización de las mujeres, constituye un indicio de la dirección en la que avanza el capitalismo: la mercantilización y privatización de los derechos, la generación de contrageografías de supervivencia feminizadas, como contracara necesaria de los estragos producidos por el endeudamiento externo, la apelación a las mujeres en su condición de madres, hijas y hermanas, es decir, como depositarias del encargo social de cuidado de la vida humana frágil ante las políticas de ajuste y la retirada del Estado sin que ello suponga el reconocimiento de derecho alguno.
Es decir, en verdad de globalización se trata, pero de globalización capitalista, no de ciudadanía global. De un proceso que se cumple bajo el predominio del capital financiero y de las políticas de endeudamiento y ajuste que signaron los neoliberales 80 y 90; un proceso que ha socavado los efectivos procesos de ciudadanización.
Neoliberales y conservadores saben bien que es preciso poner en cuestión que la condición ciudadana implique el derecho a tener derechos y que involucre a tod@s l@s sujet@s. Durante los 80 y los 90 han corroído la noción de ciudadanía universal apostando a su fragmentación, y a la idea recurrente de que el ejercicio de los derechos ciudadanos debe estar supeditado a las «responsabilidades tributarias» de los sujetos y a sus capacidades para comprar en el mercado, bon marché su ración de servicios en función de sus capacidades adquisitivas como propietari@s privad@s. Si antes de la Revolución Francesa los derechos se basaban en el nacimiento, ahora, burguesamente, lo hacen en la propiedad.
De allí que las estrategias de resistencia y desenmascaramiento, tanto para con las retóricas de exaltación de la globalización como para con aquellas que nos quieren de retorno hacia la suave ternura de la maternidad, el cuidado y el hogar, constituyan en mi perspectiva posiciones irrenunciables ante la amenaza que se cierne sobre nosotras en este instante de peligro.

NOTAS

1) Saskia Sassen señala que uno de los efectos de la organización de esos puntos densos de condensación de capitales que ella denomina ciudades globales es la concentración de trabajadoras migrantes que realizan las actividades desvalorizadas, ligadas a la reproducción de las fracciones más dinámicas del capital: cocineras, nanas, cuidadoras, limpiadoras, mujeres de todos los lugares del mundo que cobran visibilidad en New York, Paris, Roma (Sassen, 2003).
2) Red Informativa de Mujeres Argentinas, un servicio de la Colectiva Feminista Alfonsina Storni, de Rosario, Argentina. Dos mujeres con militancia feminista lesbiana, Irene Ocampo y Gabriela De Cicco envían a través del correo electrónico información y noticias relativas al movimiento de mujeres y feminista en Argentina, Latinoamérica y el mundo. La información es amplia, actualizada y de excelente calidad y el servicio gratuito.
3) En un trabajo reciente, centrado en el análisis del acceso a la Ligadura Tubaria en ejercicio del derecho personalísimo a decidir en libertad sobre el propio cuerpo, Rosana Rodríguez analiza la perspectiva de l@s profesionales de la salud respecto de las decisiones anticonceptivas de las mujeres. El estudio muestra el peso que la presencia de integrantes de diversas confesiones tiene en el Comité de Bioética del Hospital Lagomaggiore, donde se encuentra la maternidad más importante de la provincia de Mendoza, Argentina. La investigación citada permite advertir que los puntos de vista oficiales de la iglesia católica forman parte del repertorio de respuestas habituales de médic@s, enfermer@s, psicólog@s, obstetras, muchos de los cuales basan decisiones terapéuticas que obstaculizan los derechos ciudadanos de las pacientes en sus personales convicciones éticas y políticas, presentadas como decisiones científico-técnicas (Rodríguez 2004).
4) El uso de la expresión "mortalidad por gestación" y no mortalidad materna, que es la más habitual, se debe a que muchas de las mujeres que mueren como consecuencia de aborto séptico, la principal causa de muerte por gestación lo hace, precisamente, en el intento de no ser madres.
5) La privatización del suministro de agua en la ciudad boliviana de Cochabamba, que, por decisión del Banco Mundial, fue vendido a una empresa de agua norteamericana, muestra lo que nos espera aún. En unas pocas semanas, los precios subieron a tal punto que muchas familias tuvieron que pagar hasta un tercio de sus ingresos por el agua diaria. Juntar agua de lluvia para beber fue declarado ilegal, y a las protestas se respondió con el envío de tropas.
6) Es el caso de la Ligadura Tubaria en aquellas provincias de la República Argentina en las que no está legalizada la práctica. Mientras ésta constituye una decisión posible, del mismo modo que la vasectomía para quienes pueden optar por servicios privados de salud, quienes asisten a instituciones públicas, es decir, las mujeres y varones de sectores populares, se ven sometidos, como ya hemos señalado, a diversos avatares: desde impedimentos legales vinculados a las regulaciones de la práctica de la profesión médica hasta la existencia de Comités de Bioética a menudo abiertamente confesionales en los hospitales públicos, que obturan la posibilidad de realizar decisiones libres y garantizadas por el Estado en asuntos relativos a sus derechos sexuales y reproductivos (Rodríguez 2004). En una entrevista a Silvina Ramos publicada en Clarín la socióloga, especialista en salud reproductiva, señala: "Hoy en día, la desigualdad e inequidad social es enorme en salud reproductiva, es decir, en lo que respecta al acceso a métodos seguros y eficaces que permitan, a las mujeres y a las parejas, regular el número de hijos que desean tener. Digo que la inequidad social es enorme porque las mujeres más pobres y las más jóvenes son las que tienen menos acceso a la anticoncepción, y por lo tanto, son las que cargan con los mayores costos, en términos de mortalidad, y de costos emocionales y psíquicos" (Diario Clarín. 19 de mayo de 2002)
7) La realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, marca un momento muy importante en la lucha política de los movimientos de mujeres, porque puso en escena, en el nivel internacional, la injusta distribución del poder en razón del género sexual. Según el diagnóstico realizado en Beijing las estructuras patriarcales y el sistema económico seguían siendo, a finales del siglo XX, muy rígidos. También hubo coincidencias en los diagnósticos relativos al escaso peso de los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos en las conferencias anteriores en el desarrollo de las políticas efectivas.

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