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Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy

versión On-line ISSN 1668-8104

Cuad. Fac. Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy  no.41 San Salvador de Jujuy jun. 2012

 

ARTÍCULO ORIGINAL

El gobierno de Alberto Iturbe (1946-1952): La política de vivienda del primer Peronismo en Jujuy

Alberto Iturbe government (1946-1952): The housing policy of first Peronismo in Jujuy

 

Marcelo Jerez *

  *­  UER-ISHIR-UNIHR/CONICET. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy - Otero 262 - CP 4600 - San Salvador de Jujuy - Jujuy – Argentina.
Correo Electrónico: marcelojerez@arnet.com.ar

RESUMEN

            Son numerosos los estudios históricos que han tratado al primer peronismo desde distintos enfoques. No obstante, la mayoría abordó el fenómeno desde una óptica nacional o prestando especial atención a lo acontecido en Buenos Aires. En el último tiempo a esta amplia bibliografía vino a sumársele otra de carácter "extracéntrica", que comenzó a indagar acerca de aquel en las distintas provincias y territorios nacionales. Jujuy no fue ajena a esta corriente, puesto que se han publicado trabajos sobre distintos aspectos del peronismo en la provincia. Pero más allá de la relevancia de estos aportes muy poco se ha indagado en los primeros gobernadores justicialistas ni en sus políticas sociales implementadas en este distrito.
            El propósito del presente trabajo histórico reside, precisamente, en intentar llenar este vacío analizando la política de vivienda del primer gobernador peronista en Jujuy: Alberto Iturbe. Se hace hincapié en su trayectoria política, en su actuación frente a la cuestión social y fundamentalmente en los rasgos más salientes de su política de vivienda. Así, a partir del estudio de distintas fuentes de la época -publicaciones oficiales, periódicos, entre otras-, se procura develar ciertos aspectos de aquella política social llevada a cabo por una de las figuras más importantes que tuvo el primer peronismo en el extremo Norte de la República Argentina.

Palabras Clave: Alberto Iturbe; Jujuy; Política de Vivienda; Primer Peronismo.

ABSTRACT

            Numerous historical studies have treated the first Peronismo from different approaches. However, most of them studied the phenomenon from a national perspective and put special attention to what happened in Buenos Aires. But lately, a new extensive literature has appeared, which began to inquire about the Peronismo in the provinces and national territories, including Jujuy. But beyond the importance of these contributions, very little research was made on the peronist governors of this district and their social policies.
            The objective of this paper lies precisely on trying to fill this gap by analyzing the housing policy of the first peronista governor of Jujuy: Alberto Iturbe. The emphasis is placed on his political career, in his performance on social issues and fundamentally on the most important features of his housing policy. Thus, from the study of different sources -official publications, newspapers, and others-, we will try to uncover certain aspects of that social policy made one of the most important political characters that the Peronismo had in the far north of Argentina.

Key Words: Alberto Iturbe; Jujuy; Housing Policy; First Peronismo.

 

INTRODUCCIÓN

            Sin duda, una de las etapas más importantes de la historia política argentina del siglo XX está signada por un antes y un después del surgimiento del peronismo. Tanto las medidas sociales implementadas por Perón como Secretario de Trabajo y Previsión así como las desarrolladas durante sus mandatos presidenciales implicaron cambios significativos para gran parte de los trabajadores. Dentro de este conjunto de políticas sociales, la construcción de viviendas ocuparía un lugar fundamental. El "derecho a la vivienda" no sólo estaría presente desde muy temprano en el discurso oficial, sino que luego sería incorporado en la Constitución reformada de 1949. Así, la edificación de conjuntos habitacionales en distintos puntos del país contribuiría a paliar el notorio déficit imperante y, al mismo tiempo, a reforzar en la memoria colectiva de los trabajadores el bienestar adquirido durante estos años. Pero aunque son vastos los estudios que han trabajado esta temática, la mayoría de las investigaciones históricas abordaron el fenómeno desde una óptica nacional o haciendo especial hincapié en lo acontecido en Buenos Aires.
            En el último tiempo a la amplia bibliografía existente sobre el primer peronismo, vino a sumársele otra de carácter "extracéntrica" que comenzó a indagar acerca de aquel en las distintas provincias y territorios nacionales (Macor y Tcach, 2003). Fueron objeto de estudio la conformación inicial de esos peronismos pero también lo concerniente al rol del Estado y la política local. Jujuy no fue ajena a esta corriente, puesto que se han publicado trabajos sobre distintos aspectos del peronismo en la provincia (Kindgard, 1999, 2001, 2009, 2010). Pero más allá del valor de estos aportes muy poco se ha indagado sobre la actuación de quienes formaron parte esencial de este movimiento político en el ámbito local: los gobernadores. El análisis de estos personajes, por otro lado, ha cobrado un renovado impulso en el ámbito historiográfico nacional. El caso más estudiado quizá sea el del gobernador de Buenos Aires, Domingo Mercante, cuyo examen tendió a destacar distintos aspectos relevantes de su gestión (Mercante, 1995; Mateo, 2004; Panella, 2005; Rein y Sitman, 2005).
            Con el propósito de contribuir a llenar este vacío, en el presente trabajo histórico focalizamos nuestra mirada en la política habitacional del primer gobernador peronista en Jujuy: Alberto Iturbe. Su mandato (entre los años 1946 y 1952) fue tal vez el más trascendente y recordado por muchos, sobre todo por la importante obra pública emprendida en toda la provincia. Esta actividad constructiva sería acompañada por un favorable contexto económico a nivel nacional que posibilitaría un amplio financiamiento de la acción social del Estado peronista, aunque su continuidad encontraría serios escollos luego de los tres primeros años de gestión.(1) Sin embargo, el estudio de la trayectoria política de Iturbe así como de sus principales medidas en el campo social, y, dentro de este plano, el análisis de los rasgos que presentó su política en materia habitacional, no han merecido esfuerzos de aliento hasta el momento. De este modo, surgen ciertas preguntas:
            ¿Cómo hace su aparición Iturbe en la escena política de Jujuy? ¿Cuál fue su actuación en el ámbito de las políticas públicas en los años previos a 1946 y luego durante su gobernación? Y fundamentalmente; ¿Cuáles fueron las características más salientes de su política de vivienda? ¿Es posible resaltar los principales logros y alcances de esta intervención oficial?
            En las páginas siguientes nos dedicaremos a responder estos interrogantes analizando, en primer lugar, el camino recorrido por Alberto Iturbe hasta constituirse en gobernador. Luego indagaremos en la tarea desarrollada por su gestión en el campo social que contribuiría a consolidar la imagen de su gobierno como aliado de las reivindicaciones obreras. Finalmente, nos centraremos en un área específica de este conjunto de políticas sociales, examinando la intervención estatal en el plano habitacional. Como en gran parte del país, por entonces, el problema de la vivienda era acuciante en Jujuy y, sobre todo, en su principal ciudad: San Salvador de Jujuy (Jerez, 2010). Por ello, esta cuestión indudablemente se constituiría en un atractivo y, a la vez, duro desafío para aquel gobierno popular. A continuación, iniciamos nuestro estudio a partir de los sucesos acontecidos en la provincia con el estallido de la Revolución del 4 de Junio de 1943.

LA REVOLUCIÓN DEL 4 DE JUNIO EN JUJUY. LA FIGURA DE ALBERTO ITURBE

            En el período anterior a 1943 la competencia política jujeña se había dirimido, como en el resto del país, principalmente entre radicales y conservadores. El grupo radical, en especial de signo yrigoyenista liderado por Miguel Tanco, fue el que contaba con mayor ascendiente popular, accediendo al gobierno en distintas oportunidades. De todas formas, fue innegable el poder político que tuvo el partido conservador así como el uso del fraude al que recurría frecuentemente para mantenerlo. Un ejemplo claro de esta situación se dio cuando la intención del presidente Ortiz de abandonar aquellos vicios del sufragio y la unión de radicales yrigoyenistas y antipersonalistas favorecieron el acceso al gobierno del radical Raúl Bertrés en 1940, luego de una década de administraciones conservadoras. Dos años después, y en un contexto político diferente con el retorno a los "viejas prácticas" electorales bajo la presidencia de Castillo, tras distintos conflictos suscitados en el recinto legislativo propugnado por la bancada de la oposición se producía la intervención federal de la provincia. La convocatoria electoral realizada por el interventor fue seguida por la abstención del radicalismo y el regreso del conservadurismo al poder. Como bien advierte Adriana Kindgard (1999), este escenario político dejaba ver la real estructura de poder que poseían los conservadores en Jujuy a lo largo de aquellos años.
            El 4 de Junio de 1943 un golpe militar concluía abruptamente en todo el país el régimen conservador. Una de las primeras disposiciones del nuevo gobierno de facto establecía la intervención de todas las provincias. En Jujuy la noticia no tuvo consecuencias inmediatas. Recién el día 16 de Junio, en horas de la mañana, el conservador Fenelón Quintana entregaba el mando de la provincia al Jefe del Regimiento 20 de Infantería "Cazadores de los Andes", el teniente coronel Argentino Garriz. El nuevo gobernador había sido designado interinamente y formaría parte de un grupo de interventores que se sucederían en los meses siguientes. Luego de cuatro días de gestión, Garriz era reemplazado por otro oficial de la Guarnición de Jujuy; el Teniente Coronel Fernando Navarro, quien siete días más tarde era sucedido también por un camarada de aquel mismo destacamento el Coronel Manuel Sueiro, relevado al poco tiempo por Carlos Kunz. Un rasgo característico de estos mandatarios fue que todos ellos se encontraban radicados en la provincia, aunque sólo el último había nacido en ella.
            Hacia fines de este año asumía como interventor de Jujuy el por entonces Comandante del Destacamento 2 de Montaña Coronel Emilio Forcher. Con su designación se cerraba un ciclo de cinco gobernadores sucedidos en el lapso de tan sólo seis meses, siendo su mandato más prolongado que el de sus predecesores. Evidentemente la inicial confusión política experimentada por el gobierno central luego del alzamiento militar, se había reflejado también en la designación de las autoridades provinciales. Forcher desde un principio proclamaba su decidida intención de hacer cumplir en este distrito los principales postulados emanados de la Revolución del 4 de Junio. Esta postura oficial infundía nuevas expectativas en el cuadro político local, sobre todo en aquellos que habían sido desplazados y hostigados durante el régimen conservador. A través de sus discursos, hacía un fuerte hincapié en la moral que debía imperar en el sector dirigente, rompiendo con la corrupción de años precedentes. En el plano social, el compromiso gubernamental era amplio, centrándose básicamente en buscar armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo, así como atender los mayores reclamos del pueblo jujeño. Todo ello quedaba plasmado ya en su primer discurso, en el cual manifestaba:

"Traigo por misión hacer cumplir, en jurisdicción de esta provincia, los postulados de la Revolución del 4 de Junio y realizar sus objetivos, los que expresados en sus términos más breves, procuran dar a la Nación su soberanía moral, política, económica y financiera, y a sus habitantes el bienestar espiritual y material a que tienen derecho por su origen, por su esfuerzo y por las condiciones privilegiadas del suelo que habitamos. [...] Se ha dicho de la provincia de Jujuy que es pobre [...] No es así [...] sus extensos yacimientos minerales, [...] sus bosques generosos en especies y extensión; sus enormes ingenios, exponentes de prosperidad y otros múltiples recursos están mostrando que no puede subsistir el equívoco.

            La energía y la capacidad de los hombres de Jujuy, aplicadas a la explotación integral de esas riquezas y fundamentadas en justas y estrictas condiciones de colaboración entre capital y trabajo, coordinadas con la acción orientadora que desarrolla el Gobierno Nacional, permitirán a Jujuy, glorificada en el trabajo y dignificada por la ecuánime solución de sus problemas sociales, adquirir la jerarquía que merece. El bienestar de la provincia será una consecuencia. [...] La obra que habrá de realizar esta intervención se ajustará al propósito de lograr, en su jurisdicción, los objetivos enunciados, es decir afianzar la soberanía nacional y aumentar el bienestar y la felicidad del pueblo."(2)
            Con estos objetivos, el gobierno de facto auguraba una nueva etapa en la vida política y social jujeña. Para los viejos opositores del conservadurismo esta oportunidad no pasaría desapercibida. Precisamente en estos años, miembros del radicalismo local propugnan e inician un acercamiento con la nueva administración. Para muchos de ellos, probablemente, constituía el momento propicio para insertarse nuevamente en el gobierno. Después de todo, los puntos de unión eran varios, sobre todo los vinculados con aquellos propósitos perseguidos en el campo social. En tal contexto los viejos proyectos radicales, tantas veces postergados por la política obstruccionista del régimen conservador, podían reflotarse y al fin ser puestos en práctica. De este modo, fue clara la relación tácita entre la administración de Forcher con ciertos integrantes del radicalismo yrigoyenista, algunos de ellos, a la postre, con un rol destacado en los años subsiguientes. En efecto, quienes serían nada menos que los futuros gobernadores peronistas jujeños formarían parte, en estos años, del gobierno de Intervención Federal. Se trataba del ingeniero Alberto Iturbe, a cargo de la Dirección de Obras Públicas, y del profesor Jorge Villafañe, al frente del Departamento de Turismo.
            Indudablemente el caso más destacado fue el de Iturbe, tanto por constituirse luego en el primer mandatario justicialista como por su participación en la ejecución de una importante serie de obras públicas en la provincia. Este ingeniero era pariente lejano de Miguel Tanco y su padre, quien compartía la misma profesión, había cumplido una destacada labor en la extensión del ferrocarril a Bolivia. Perteneciente a una añeja familia jujeña, Iturbe había nacido el 28 de mayo de 1913, en Buenos Aires cursó sus estudios secundarios y universitarios, graduándose de ingeniero civil en 1937. En Jujuy, su incorporación a la carrera política se produjo en 1940 al ocupar, durante aquel breve interregno radical, el mismo cargo desempeñado cuatro años después bajo el gobierno militar. Asimismo, en aquellos años, había formado parte de la Comisión de Urbanismo de la ciudad capital junto a notables profesionales de la construcción local como el ingeniero Isidoro Delgado y el arquitecto Antonio Montiel Piñera. Las funciones de este organismo radicaban en asesorar en todo lo relativo a un plan urbano, proponiendo estudios, bosquejos, planes y trazados de ornatos edilicios.
            Resulta claro que, de acuerdo a su profesión y a los cargos desempeñados por entonces, el compromiso de Iturbe se había orientado fundamentalmente al ámbito de la construcción en Jujuy. Esto se tradujo en la elaboración de distintas propuestas. Sus aspiraciones tendieron sobre todo a brindar soluciones concretas a las mayores carencias materiales de la población. En este sentido, la atención se centró en las áreas de salud, educación, vivienda y otros trabajos en el ámbito urbano. La evolución demográfica de Jujuy, experimentada desde las primeras décadas del siglo, había provocado, como en otros puntos del país, el crecimiento de sus principales ciudades, sobre todo de la capital (Jerez, 2010). Este fenómeno muy pronto hizo evidentes las principales necesidades, como la de: adecuados edificios públicos, una satisfactoria infraestructura urbana y la construcción de viviendas populares. Justamente, una de las primeras iniciativas de Iturbe en aquel breve interludio radical fue la elaboración de un vasto plan de obras públicas destinadas a atender aquellas ausencias. La intervención federal a la provincia en 1942 postergaba una vez más los proyectos radicales y frenaba el inicial impulso de aquel joven funcionario. En una carta dirigida a las nuevas autoridades expresaba así su frustración:

"Al radicarme hace dos años [en la provincia] me animaba un sólo propósito: servir a Jujuy. [...] El ejemplo de mi padre me ha inspirado siempre. El dio a Jujuy el riel que nos une con la Nación hermana; yo hubiera deseado realizar una obra análoga, dándole por ejemplo bajo mi dirección, cómodas viviendas para sus obreros, escuelas adecuadas para sus maestros y educandos, edificios públicos que hicieran honor a su riqueza. Lamento que la obstrucción legislativa con que chocó el gobierno que me designara, no haya permitido a mis anhelos exteriorizarse en otra forma que en los proyectos que dejo documentados en el Departamento de Obras Públicas, y entre ellos el del barrio parque para obreros en los terrenos del Nuevo Matadero, para el cual se inició la partida inicial en el proyecto de presupuesto para el año 1942, con lo que el Gobierno del doctor Bertrés demostró, una vez más, el amplio auspicio con el que apoyó todas mis iniciativas. [...] Me alejo sin la satisfacción de haber dado termino a mis proyectos, porque no podría continuar frente al cargo, desde el momento que los cambios ocurridos me colocan en situación de fundamentales discrepancias con los modos de sentir y de obrar que ya se anticipan."(3)

            No cabe duda que estos proyectos coincidían con los postulados de bienestar que el gobierno de facto, constituido luego del golpe del 4 de junio, prometía instaurar en la provincia. Fue precisamente la gestión de Forcher quien le abrió nuevamente las puertas de la administración pública a Iturbe en aquella repartición donde había dejado tantas propuestas pendientes a ser materializadas. De este modo, el 20 de enero de 1944 retomaba el cargo de Director del Departamento de Obras Públicas. Con el propósito de iniciar inmediatamente la labor constructiva, en buena medida su tarea sólo demandó reflotar y pulir aquellos viejos proyectos que habían sido otrora prorrogados. Con fondos propios del presupuesto local y recursos provenientes del gobierno nacional, la Intervención Federal ponía en marcha una serie de obras públicas bajo la dirección de Iturbe.
            Priorizando las carencias más importantes de la provincia, las primeras medidas apuntaron sobre todo al plano sanitario, educativo y habitacional. Así, se iniciaba la construcción de algunas salas de primeros auxilios y escuelas, disponiéndose, además, aumentos de subsidios a hospitales, la creación de comedores escolares, hogares escuelas y la apertura de la enseñanza nocturna. Estas iniciativas, si bien buscaron extenderse a gran parte del territorio provincial, se centraron sobre todo en las zonas donde el analfabetismo y los problemas de salud eran más acuciantes: la Quebrada y Puna. Mientras tanto en San Salvador de Jujuy se emprendía la ejecución de dos barrios obreros y una serie de edificios públicos. Estos últimos comenzaban a matizar aquel paisaje predominantemente colonial que por años había contribuido a conformar la mayoría de sus edificaciones. Las recientes concepciones urbanísticas aprendidas por Iturbe, durante sus estudios universitarios, así como de las charlas compartidas con otros profesionales en anteriores funciones públicas, quizás hayan influido en su idea de cambiar la vieja imagen –chata y baja- de la urbe capitalina y que cobrara altura a través de nuevos edificios públicos, como el de la Dirección de Obras Públicas o el Registro Civil.
            Con todo, hacia comienzos de 1946, todos estos trabajos se hallaban en plena ejecución aunque la intensa actividad política en Jujuy, luego de la decisión del gobierno central de hacer retornar al país a las prácticas democráticas, les restó notablemente atención. La candidatura a gobernador de quien hasta entonces fuera el director de Obras Públicas, Alberto Iturbe, sin duda influyó en este impasse. Su victoria electoral en las elecciones del 23 de febrero, en representación de la fuerza política que apoyaba a Perón en la provincia, devolvería aquel impulso inicial a aquellas obras. Pero en este nuevo contexto político, esta prosecución constructiva adquiriría indudablemente rasgos muy particulares. Uno de los movimientos políticos de masas más importantes de la historia política argentina comenzaba a emerger: el Peronismo.

EL PRIMER PERONISMO EN JUJUY

            A la paradigmática jornada del 17 de octubre en Buenos Aires le seguiría la formación del Partido Laborista, defensor de los intereses obreros, en el que más tarde se apoyaría Perón. Mientras tanto en Jujuy, el nombre del viejo caudillo radical Miguel Tanco figuraba como uno de los posibles dirigentes de aquel nuevo partido en el ámbito local. Sin embargo la disidencia radical encabezada por este líder político, tomando el nombre de Unión Cívica Radical Yrigoyenista, decidía brindar su apoyo a Perón y presentarse en los comicios de febrero de1946 como una fuerza separada del Partido Laborista. Como bien subraya Kindgard (2001), en estos orígenes del peronismo jujeño resaltaba la homogeneidad de la fuerza tanquista y el rechazo de los conservadores a cualquier posibilidad de alianza. Esta particularidad diferenciaba esta experiencia de otras acaecidas en provincias como Córdoba o Buenos Aires, donde ya en 1945 se advertía el éxodo de demócratas al partido liderado por Perón.
            Muchos de los que acompañaron a Tanco en la nueva contienda electoral eran viejos dirigentes con una activa militancia en el radicalismo desde los años de 1930. Entre estos se hallaban Samuel Gómez Henríquez, Manuel Sarmiento, Teodoro Saravia, Honorio e Isaac Cabana, así como Jorge Villafañe, entre otros. A este cuadro político se integraron jóvenes figuras como Guillermo y Carlos Snopek, José H. Martiarena, Marcos Paz, Fernando Arnedo y Alberto Iturbe -quien por entonces contaba con 32 años-. Varios de ellos se involucraron tempranamente en la vida política, desde sus años de estudiantes universitarios en Córdoba y Buenos Aires. Una vez concluidos sus estudios, y ya de regreso en la provincia, se insertaron muy pronto en la actividad partidaria logrando algunos ocupar cargos dentro del gobierno local. Este fue el caso de Alberto Iturbe, con una notable actuación como director de Obras Públicas desde aquel breve interregno radical en 1940 y sobre todo durante el último período de Intervención Federal. Estos antecedentes, quizás por encima de su parentesco con Tanco, influirían en su designación como candidato a gobernador ante la decisión del veterano caudillo de dimitir esta postulación para aspirar a una banca en el Senado de la Nación.
            Los comicios del 24 de febrero de 1946 fueron desarrollados con normalidad en Jujuy, otorgando al partido liderado por Tanco un triunfo arrollador. Las fuerzas adictas a Perón habían logrado captar en conjunto casi el 70% de los votos. La U.C.R. Yrigoyenista logró obtener así no sólo la gobernación de la provincia, sino también la mayoría de las bancas provinciales y nacionales (Kindgard, 2001). Evidentemente, el resultado electoral confirmaba el importante ascendiente de Perón y del grupo tanquista en Jujuy. Pero esta victoria tal vez revele algo más: la creciente popularidad de Alberto Iturbe. En este sentido, la figura del candidato a gobernador también habría sido importante desde principios de aquella década. Su participación en el inicio de distintas y necesarias obras públicas, bajo el gobierno de facto instalado en 1943, sin duda le brindó una gran notoriedad. Después de todo, es muy probable que para muchos el carácter social de aquellas iniciativas augurara continuar, y profundizarse, con Perón en la presidencia e Iturbe en la gobernación.
            Luego de concluido su primer período, Alberto Iturbe sería reelecto para un segundo mandato representando al ahora denominado Partido Peronista, de modo que su gestión se extendería desde 1946 hasta el 4 de junio de 1952.(4) En este último año, Jorge Villafañe iniciaba como gobernador la última etapa de la experiencia justicialista en la provincia. Desde los comienzos del gobierno de Iturbe, la actividad legislativa fue muy prolífica. En consonancia con los lineamientos nacionales, se sancionaron diversas leyes de tinte social: se implementó el sueldo anual complementario, el seguro de vida colectivo, se elevó el salario mínimo de los empleados públicos, se estableció el horario de cierre uniforme del comercio y el descanso obligatorio para sus trabajadores, además se fijó el sueldo básico para el personal docente y se facultó a la delegación jujeña de la Secretaría de Trabajo y Previsión vigilar el cumplimiento de las leyes de trabajo nacionales y provinciales, entre otras medidas.
            El Estado peronista buscó asimismo imponer su presencia en los ámbitos de los poderosos ingenios azucareros y de las grandes empresas mineras. Entre otras medidas, que siguieron tal propósito, a través de la ley 1814 se obligó a estos establecimientos a proporcionar viviendas a sus trabajadores -temporarios como permanentes-, que contasen con un mínimo de comodidad e higiene. De igual modo, la ley 1655 emplazaba a estas empresas a prestar asistencia médica-hospitalaria gratuita a sus empleados y familias, así como provisión de leche a la niñez. Aunque en este estudio no evaluamos sus logros y alcances, estas normas indudablemente revelan la intención estatal de hacer cumplir en aquellas zonas, históricamente representativas de la explotación laboral, una de las principales banderas del peronismo: la justicia social.
            Pero la gestión de Iturbe ha quedado patente en la memoria de muchos por la amplia obra pública desarrollada en toda la provincia. A diferencia del gobierno de su sucesor, Jorge Villafañe, Iturbe contaría con un contexto económico favorable que le permitiría realizar una destacada labor constructiva.(5) Los trabajos proyectados fueron numerosos; varios de ellos se concluyeron durante esta administración mientras otros tantos fueron finalizados en la posterior gestión. La ejecución de estas obras comenzaría a plasmar la nueva fisonomía de la provincia y de sus principales ciudades. Si bien entre los trabajos programados se hallaban aquellos diseñados por Iturbe durante los años de Intervención Federal, los mismos serían reelaborados y materializados siguiendo ahora los postulados del gobierno central, principalmente, a partir de la conformación del Estado Planificador en Jujuy.
            Para afrontar los gastos constructivos, el gobierno de Iturbe reformaría la legislación fiscal en la provincia aumentando así los ingresos. Con estos recursos, sumados a los provenientes de un empréstito acordado con el Banco Hipotecario Nacional y del apoyo económico del Primer Plan Quinquenal, la administración peronista llevaría a cabo el primer plan de trabajos públicos en Jujuy: el Plan Cuadrienal de Obras Públicas. Este programa, diseñado por Iturbe, estipulaba la construcción de una nueva serie de trabajos públicos a ejecutarse en un período de cuatro años (1947-1950), que incluía asimismo la finalización de aquellos iniciados en el período de Intervención precedente. Parte importante de estas obras se centraron en las áreas de salud y educación, especialmente en las regiones más carenciadas. En las principales ciudades de Jujuy, las tareas también se relacionaron con trabajos de urbanización (ampliación de agua potable, de desagües, pavimentación, etc.), construcciones de viviendas y de distintos edificios públicos (como comisarías, oficinas públicas, mercados, mataderos, baños públicos, entre otros).
            Según el discurso oficial, la obra pública era concebida en estrecha vinculación con su función social. El Presidente de la República canalizaba la obra social por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Previsión mientras que la obra pública había sido encarada a través del Plan Quinquenal. Por su parte, en Jujuy, la obra social se realizaba en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión; mientras la obra pública se ejecutaría de acuerdo al Plan Cuadrienal establecido en la ley 1717, sancionada en diciembre de 1946. La expeditiva formulación del programa y su casi inmediata puesta en marcha llevaba al gobierno de Iturbe a acercarse a los máximos dirigentes justicialistas de entonces, tales como el gobernador de Buenos Aires, Domingo Mercante. Este mandatario también había logrado en 1946 la sanción de un plan de obras públicas denominado Plan Trienal a desarrollarse en el período 1947-1949 (Mateo, 1999). Pero si bien son varios los puntos de encuentro con esta experiencia, el caso jujeño presentó igualmente sus particularidades. Entre ellos, el plan iniciado por el gobierno de Iturbe fue el resultado de una amplia labor que se remontaba a años precedentes; asimismo la etapa de trabajos aquí se estipulaba en cuatro años y no en tres como en Buenos Aires.
            Todas estas iniciativas, como se ha dicho, fueron acompañadas por una reforma de la legislación fiscal. Para ello se creó en 1947 la Dirección General de Tesorería y Rentas –agrupando en un solo organismo la Tesorería General y la Dirección de Rentas- bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda. Una de sus principales tareas sería la de un nuevo ordenamiento tributario donde el perfeccionamiento y la racionalización de los recursos públicos ocuparían un lugar destacado. Los objetivos básicos y los logros de esta política eran explicitados por Iturbe en 1949 de esta manera:

"Las recaudaciones de la Provincia, en virtud de las nuevas tasas impositivas, gravando al que tiene mucho y rebajando al más pobre, así como de un mejor control en la percepción de la renta, han hecho que los ingresos aumenten [lo que] permitió no sólo mejorar los sueldos de los empleados, cubrir mejor las necesidades de la Administración, sino que también ha permitido la ejecución de los planes de educación, sanidad y las construcciones de obras públicas en la Provincia."(6)

            Estas últimas palabras del gobernador dejan ver el delicado entorno social de la provincia al momento de su asunción. Escenario, por otro lado, muy bien conocido por Iturbe y buena parte de la dirigencia yrigoyenista. Ello se refleja en las palabras del joven ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, José Humberto Martiarena, quien, a los pocos días de su designación, manifestaba un sentir compartido por todo el sector gobernante: el compromiso de atender las tres áreas más críticas de la provincia; salud, educación y vivienda. Dicha expresión termina de confirmar claramente dónde se hallaban las más grandes deficiencias del distrito jujeño durante estos años.
            En efecto, desde principios de siglo, la provincia había sido víctima habitual del flagelo de enfermedades como el paludismo y la tuberculosis, además se encontraba entre los distritos con tasas de mortalidad materna e infantil más altas del Noroeste y del país (Armus y Belmartino, 2001). Las dificultades sanitarias probablemente encontraban un obstáculo más en los niveles de analfabetismo que presentaba Jujuy. Si bien en los últimos censos nacionales el distrito había mejorado notablemente el porcentaje de niños en edad escolar que concurrían a las aulas -1869 (23%), 1895 (23%), 1914 (44%), 1943 (73%)-, el analfabetismo en los jóvenes y adultos aún era elevado en relación a otras provincias en los años de 1940 (IV Censo Escolar, del Analfabetismo y de la Vivienda. Año 1943).
            En el ámbito de la vivienda, tanto los altos índices de hacinamiento como de inquilinos confirman los serios problemas habitacionales que presentaba Jujuy. Según el censo de 1943, el hacinamiento individual (más de cuatro miembros de una familia que dormían todos en una misma pieza) era más importante que el hacinamiento colectivo (más de cuatro familias que compartían una casa). Los mayores casos se registraban en la zona rural aunque los índices también eran significativos en la zona urbana. En departamentos densamente poblados de la provincia (como Capital, San Pedro y Yavi), los porcentajes de hacinamiento individual llegaban alrededor del 50%. Es decir que de las familias censadas, aproximadamente la mitad de las mismas, y en algunos casos muchas más, se hallaban residiendo en una única habitación (IV Censo Escolar, del Analfabetismo y de la Vivienda. Año 1943).
            Por su parte, el censo de 1947 registraba que en Jujuy sólo un 30% de las casas eran ocupadas por sus dueños. Estos datos ubicaban a este distrito entre aquellos con mayor proporción de inquilinos no sólo de la región sino del país, superado únicamente por la Capital Federal con un porcentaje de propietarios del 18% (Censo General de la Nación. Año 1947). Teniendo en cuenta el notable crecimiento de San Salvador de Jujuy, que para ese año reunía a más del 50% de la población urbana de la provincia, es lógico inferir que esta era la ciudad donde su elevado nivel de inquilinos llegó a constituirse en una cuestión ciertamente preocupante.
            Contribuyen a confirmar este supuesto los numerosos artículos periodísticos que llamaban la atención sobre la magnitud de la insuficiencia habitacional en la ciudad capital. Uno de ellos afirmaba a principios de 1940 como la escasez de casas se había constituido en uno de los problemas más graves, siendo en consecuencia muy difícil hallar: [...] tres casas disponibles para ser alquiladas [pues existen] más de cien familias que buscan afanosamente una pieza para habitar. Esta sola cita basta para revelarnos lo crítico del problema." (7)Pero los reclamos en torno a esta problemática no eran para nada recientes. Un diario local en 1936, además de denunciar las pésimas condiciones habitacionales en las que residían varias familias, sostenía que: La iniciativa privada no puede resolver un problema de tanta magnitud [...] Es una obra de gobierno que debe obtener por resultado que todo matrimonio con hijos pueda ocupar un departamento de dos o tres piezas [...]." (8)
            Evidentemente, los problemas no eran pocos ni sencillos de resolver por parte del gobierno de Iturbe. En consonancia con los lineamientos establecidos a nivel nacional, uno de los mayores esfuerzos de esta gestión estaría orientado a afianzar su imagen cercana a los trabajadores, asociada al "pueblo" así como a sus principales necesidades. Siguiendo este propósito, el gobierno de Iturbe buscaría avanzar sobre todas aquellas problemáticas. A continuación, en el último apartado de nuestro trabajo, nos centraremos específicamente en los aspectos más salientes de la acción estatal en el campo habitacional.

LA POLÍTICA HABITACIONAL DEL GOBIERNO DE ITURBE

            Como se ha dicho, en los años previos a la experiencia peronista, el ingeniero Alberto Iturbe había desarrollado una destacada labor al frente de la Dirección de Obras Públicas de la Provincia. En esta repartición, varios de sus proyectos, elaborados en el período 1940-1942, fueron retomados y puestos prontamente en ejecución durante el gobierno de Intervención Federal. Estos trabajos, bajo la dirección de Iturbe, prestaban especial atención a las deficientes áreas sanitaria, educativa y habitacional. Así, en este último ámbito, en 1945 se iniciaba la edificación de dos barrios obreros en San Salvador de Jujuy: Los Naranjos y 4 de Junio. Pero fue este último vecindario el que cobró mayor relevancia, principalmente por su envergadura, dado que constituía un proyecto habitacional de 336 viviendas, dotado con consultorios médicos, un natatorio, plazas y parques, a diferencia de Los Naranjos, conformado sólo por 14 unidades. Indudablemente, el barrio 4 de Junio se constituía en una obra inédita hasta entonces, siendo su construcción seguida con singular atención por la opinión pública.
            Las propuestas definitivas de este vecindario diseñadas y aprobadas por la Dirección de Obras Públicas establecían la edificación de unidades individuales, de material, de dos y tres dormitorios, un frente con espacio para jardín, un fondo reservado para patio, techos de tejas y servicios sanitarios completos. Estas características constructivas eran similares a las aplicadas en Los Naranjos, aunque las casas del 4 de Junio eran más pequeñas y se encontraban unidas, reduciendo de algún modo los costos de edificación al no constituir un conjunto de viviendas separadas. Pese a estos contrastes, los proyectos finales de ambos barrios, en líneas generales, reflejaban la decisión oficial de priorizar una mejor habitabilidad de sus ocupantes por sobre una extrema economía en su construcción, acorde con los postulados sociales que proclamaba el gobierno de Intervención Federal. Con todo, hacia fines de 1945, la construcción de estas viviendas continuaba su marcha. Para el momento en que tuvieron lugar las elecciones de febrero de 1946, que consagrarían a Perón como presidente de la Nación y a Iturbe como gobernador de la provincia, las obras se encontraban muy avanzadas.
            En el país, los primeros años del gobierno peronista fueron los más prósperos económicamente. Durante ese lapso, gran parte de las obras públicas más importantes serían llevadas a cabo. Este favorable contexto económico le permitiría a Iturbe continuar con su obra constructiva, pero ahora siguiendo los postulados del gobierno central, es decir, a partir de la conformación del Estado Planificador en Jujuy. En diciembre de 1946 la Legislatura provincial aprobaba la ley 1717 que autorizaba la ejecución del Plan Cuadrienal de Obras Públicas que no descuidaría las necesidades en el campo de la vivienda. En efecto, el sector dirigente tempranamente reconoció la problemática habitacional. Precisamente, uno de los trabajos que se buscó priorizar con el Plan Cuadrienal de Obras Públicas fue la edificación de casas baratas. Al respecto el diputado Carlos Snopek, durante la presentación de este programa, explicaba:

"Dice el Ingeniero Hersent [presidente de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia]: ¿Cuál es el más grande interés de la masa, aparte de aquel de la paz y la seguridad? Vivir cómodamente y al más bajo precio posible, asegurándose un salario o una remuneración suficiente por su trabajo presente o pasado. Entonces el primer objetivo a encarar es: habitación salubre y a bajo precio, alimentación suficiente y económica, salarios e intereses apropiados a las necesidades de la existencia. [...] El Gobierno de la Provincia ha incluido la construcción de casas para empleados y obreros en las poblaciones de San Salvador de Jujuy y San Pedro para satisfacer ese anhelo general."(9)

            Dentro del Plan Cuadrienal, entre las obras tendientes a contemplar la habitación salubre y a bajo precio en la ciudad de San Salvador de Jujuy, figuraba la urbanización del Barrio Los Naranjos así como las construcciones y obras complementarias para la terminación total del Barrio 4 de Junio. Con Iturbe en la gobernación de la provincia, estos trabajos continuarían bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura provincial, organismo, que tendría también a su cargo las obras del barrio obrero en San Pedro. En esta ciudad, ubicada en la próspera zona azucarera, el Plan proyectaba la construcción de un conjunto habitacional denominado Presidente Perón, que contaría con 58 unidades. Para contar con suficientes terrenos destinados a la construcción del barrio obrero, el gobierno de Iturbe procedió a la expropiación de una cierta cantidad de hectáreas a uno de los ingenios más importantes de la provincia: La Esperanza.
            Con esta iniciativa, el discurso oficial resaltaba el "progreso" edilicio que el gobierno aportaba a la expansión urbana de San Pedro. Este ideal de "progreso" fue un rasgo característico de la retórica peronista que acompañó gran parte de las obras públicas emprendidas en la provincia. Con el inicio de los trabajos de este vecindario, esta obra era comentada y celebrada por la prensa escrita haciendo especial hincapié en el triunfo del pueblo –representado obviamente por el peronismo- sobre la "oligarquía feudal azucarera" de la siguiente manera:

"Conocida es la herradura telúrica con que los señores de los feudos azucareros los tenían aherrojados a los habitantes de este pueblo, a nadie le era permitido ampliar su rastrojo, cavar una acequia, comprar un poco de tierra [...] Pero ahora las energías civiles y políticas son manejadas por el pueblo [...] Y como el actual gobierno los interpreta cabalmente y en su substancia ha dispuesto esta compra, honrada, indispensable y de legítima necesidad, como lo exige la Constitución. En virtud de esta verificación, los humildes habitantes de San Pedro tendrán un sitio donde vivir con la tranquilidad más absoluta. Una vez adjudicada la licitación legal de inmediato se dará comienzo a la construcción de 50 casas como etapa primordial"(10)

            Los barrios obreros en ejecución, como aquellos por emprenderse, propendían tanto a contribuir a modernizar las ciudades jujeñas como a aliviar la escasez de habitaciones, lo que traería aparejado además la rebaja de los alquileres. Siguiendo estos objetivos se trató asimismo de alentar la autoconstrucción de la propia residencia. Para ello, el loteo de tierras y el financiamiento bancario conformaron los instrumentos más importantes. Esto se patenta claramente en San Salvador de Jujuy, donde el Ejecutivo provincial, ya en 1947, ponía en venta una serie de lotes ubicados sobre Avenida Bolivia, en la zona de La Tablada y en villa Castañeda. En aquellas dos primeras áreas, los terrenos fueron vendidos en subasta pública mientras en el último barrio suburbano fueron transferidos al contado o en cuotas mensuales sin interés al precio proporcional al de su adquisición.(11)
            Asimismo, la dirigencia política fomentaba las facilidades crediticias del Banco Hipotecario Nacional.(12)La activa participación de esta entidad bancaria en el campo habitacional quedaba plasmada en la evolución de los créditos otorgados en la ciudad capital, donde la falta de viviendas era más acuciante, durante los primeros años del gobierno peronista. De esta manera, entre 1945 y 1948 se habían escriturado cerca de 400 solicitudes por un valor aproximado de $ 4.800.000 m/n. (13) Estas operaciones fueron realizadas sobre todo por quienes habían podido acceder a un lote para comenzar a edificar o aquellos que deseaban mejorar su vivienda.
            No obstante, la cantidad de personas que se encontraban residiendo en los inquilinatos aún era numerosa. Fueron muchos los ciudadanos que no habían podido comprar un terreno y levantar su casa. En consecuencia, estas personas y sus familias debieron recurrir a la renta con las deficientes condiciones habitacionales que ello traía aparejado. Nuevamente, en San Salvador de Jujuy, esta situación se hacía más evidente. Allí, ya en 1944, la municipalidad registraba 52 conventillos dentro del casco céntrico.(14) A este número, probablemente, debía añadirse aquellos que se hallaban en la zona periférica así como los que escapaban al control de la comuna. Esta breve referencia refleja de algún modo la problemática habitacional existente en esta urbe al inicio de la experiencia peronista en la provincia.
            Consciente de la gravedad de esta situación, las autoridades justicialistas promovían la profundización de su intervención. En este marco, con los trabajos casi concluidos en los barrios obreros de la ciudad capital, en 1947 se procede por ley a la venta de sus unidades. Durante la presentación de aquel proyecto, en el recinto legislativo, el diputado oficialista Lino Pérez manifestaba:

"El derecho a la vivienda, es un derecho natural del trabajador argentino [...] a fin de que el trabajador disfrute de un mínimo de bienestar y posibilidades para vivir, como ser vivienda higiénica y cómoda [...] El proyecto de ley que estamos considerando, es una medida avanzada de legislación social y obrera en que está empeñado el Poder Ejecutivo de la Provincia, que trabaja para mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora." (15)

            Luego de su tratamiento, se sancionaba la ley 1821 que autorizaba al Ejecutivo a vender las casas de los barrios Los Naranjos y 4 de Junio. El importe del producido de estas ventas ingresaría al gobierno de la provincia en una cuenta especial denominada "Fondo de Viviendas". Estos recursos serían invertidos en nuevos emprendimientos habitacionales, entre ellos, la proyectada ampliación del 4 de Junio –se preveía edificar 100 nuevas casas- y en San Pedro la culminación de las obras del barrio obrero Presidente Perón.(16) En 1950, con los trabajos de Los Naranjos finalizados y sus viviendas adjudicadas, se preparaba la habilitación del 4 de Junio. Para este año, se hallaba concluida la primera parte de este conglomerado (conformada por 138 viviendas, un natatorio y los consultorios médicos). El 5 de junio con la presencia de Eva Perón, quien había llegado a Jujuy para visitar las obras emprendidas por la Fundación de Ayuda Social, se inauguraba este barrio obrero con la entrega de los títulos de propiedad a sus adjudicatarios. Aunque la Fundación no había financiado este conjunto habitacional, la presencia de la primera dama en aquel acto resultó ciertamente muy significativa para el gobierno provincial.
            El arribo de Evita a Jujuy era esperado con grandes expectativas. La intención primera del gobierno provincial seguramente fue contar con su presencia el día 4 de junio. Cabe recordar que la piedra fundamental del barrio obrero había sido colocada en aquella misma fecha en el año 1945. Pero debido al retraso en la llegada de la notable visita, la inauguración del conjunto habitacional se postergó un día más. El lunes 5 de junio, entonces, en las nuevas instalaciones del Hogar Escuela, frente al parque San Martín, daba lugar un extenso acto que incluyó las palabras de un obrero que había trabajado en la construcción de aquel edificio y la presentación de una carroza alegórica construida por un grupo de mineros. Fue en esta intensa jornada donde Eva Perón, acompañada del gobernador Iturbe, procedió a la entrega de los títulos de propiedad a los adjudicatarios de las casas del barrio 4 de Junio. En tal ocasión expresaba ante una numerosa concurrencia:

"Me llevo una gran satisfacción; la de ver que el señor gobernador interpreta al general Perón y está haciendo esfuerzos para remediar los males de cien años de una oligarquía cruel, sin entrañas y sin patria. Porque no se puede perdonar que en estas provincias se haya gobernado para diez familias, olvidando este maravilloso Pueblo de trabajadores que esperaba de sus gobernantes una realidad nunca alcanzada. Me siento satisfecha de ver al gobernador Iturbe trabajar por los postulados revolucionarios, por los postulados de una justicia social por la cual lucha y brega titánicamente el general Perón, que en cuatro años de gobierno ha hecho una obra ciclópea, sin parangón en la historia argentina." (17)

            Pero más allá de la importancia de los vecindarios levantados, fue claro que sus unidades resultaron escasas para solucionar la grave deficiencia habitacional. En la ciudad capital, el barrio Los Naranjos contaba con 14 unidades y el 4 de Junio con 138 casas. En consecuencia, otras medidas fueron implementadas para paliar la gravedad de la crisis habitacional. En 1948, el gobierno proyectó la construcción de una serie de casas prefabricadas dentro de las villas suburbanas que buscaron conjugar una cierta economía con un mínimo de comodidad pero con limitados resultados. (18) En este marco, y sobre todo a partir de 1950, la mayoría de las políticas estatales apuntaron al fomento a la autoconstrucción de la propia residencia, principalmente, a través del financiamiento bancario y el loteo de tierras.
            Por su parte, en la zona urbana de San Pedro, más allá del barrio Presidente Perón, el Estado no levantaría otro conjunto de viviendas. Aquellos que quedaron fuera de la distribución de estas unidades, y contaban con cierto poder adquisitivo, recurrieron por lo general a los créditos hipotecarios para la construcción de su residencia. El gobierno complementaría su accionar en esta ciudad mediante diversas obras públicas, como la pavimentación de calles, construcción de un matadero, campos de deportes, ampliación de la provisión de agua potable. Parte de estos trabajos se hallaban incluidos en el Plan Cuadrienal y otros fueron desarrollados a lo largo del período justicialista.
            En otras ciudades, aunque no hubo una intervención estatal en el campo habitacional similar a la de San Pedro o San Salvador de Jujuy, la acción oficial se canalizó hacia otras áreas consideradas más prioritarias. En este sentido, se iniciaron una serie de obras orientadas a las áreas de salud y educación, tales como construcciones de salas de primeros auxilios y escuelas, además de trabajos urbanos, especialmente la provisión de agua potable. Para la dirigencia local los críticos índices sanitarios se encontraban en buena medida asociados con la higiene de las ciudades. De allí la intensa labor tendiente a laurbanización de los pueblos y la provisión de agua potable a los mismos. Estas obras no sólo alcanzaban a las ciudades sino también a los centros rurales. De todas formas es interesante destacar que esta gestión, sin duda en un alentador contexto de amplia ejecución de obras públicas, manifestaba sus intenciones de levantar unidades habitacionales en otras importantes ciudades de la provincia, como La Quiaca por ejemplo. De esta manera, la propaganda oficial afirmaba que:

"[Con las obras públicas iniciadas y la próxima construcción de viviendas obreras] La Quiaca, población fronteriza y legendaria, queda incorporada así, merced al empeño de las autoridades revolucionarias, al panorama progresista del país. [...] Era absurdo, en verdad, que en [...] nuestra patria, pudiera existir la necesidad ¿Cuál era la razón de esa anomalía? Sólo una: la [otrora] despreocupación de las autoridades por el interior remoto. Con tal de tener grandes avenidas en la capital, poco importaba que los changos vivieran en ranchos miserables. [...] Otra política sigue ahora el gobierno revolucionario. [...] Con estas condiciones se hará la patria nueva; la Argentina libre, rica y emprendedora de cuyo porvenir maravilloso hay en el presente de La Quiaca, su más norteño poblado, una clara muestra." (19)

            Hacia el año 1952, quedaba claro que la notable labor constructiva llevada a cabo por el gobierno de Iturbe en áreas tales como salud, educación e infraestructura urbana superaba ampliamente a la desarrollada en el campo habitacional. De este modo, al finalizar esta primera experiencia justicialista, más allá del discurso oficial, el déficit de viviendas siguió constituyendo un problema latente en el ámbito urbano de Jujuy y, fundamentalmente, en su ciudad capital. Las medidas implementadas y los barrios obreros levantados contribuyeron a mejorar la situación, pero esta obra careció de continuidad para lograr revertir aquella insuficiencia. Un año después y en un contexto económico diferente, debido a la crisis económica que atravesaba por entonces la Argentina, el gobernador Villafañe muy pronto daría cuenta de los límites que presentaría su tarea en el plano de la construcción.(20) Así, al finalizar el decenio peronista y pese a la importante política social desplegada por esta gestión, fue evidente que para muchos jujeños aquel ansiado sueño de la casa propia aún estaba lejos de poder concretarse.

REFLEXIONES FINALES

            De acuerdo a lo expuesto, en el proceso de consolidación del movimiento peronista en Jujuy, la tarea realizada por la gestión de Alberto Iturbe cumplió ciertamente un papel relevante. Si bien su administración, en consonancia con los lineamientos nacionales, propugnó una amplia política orientada a la redistribución del ingreso en favor de amplios sectores de la sociedad, fue en el modo de concretar este objetivo donde pueden apreciarse ciertas particularidades. En tal sentido, el accionar oficial se adecuó a una preocupante realidad social que exhibía la provincia y que, por otro lado, era bien conocida por el grupo yrigoyenista ahora en el poder. El hecho más representativo de ello fue la presencia en la gobernación de una figura política que, en la etapa precedente, había formado parte del sector dirigente: Alberto Iturbe. Este antecedente en la función pública le brindó un vasto conocimiento de las mayores carencias materiales que afectaban a la población y lo llevó a elaborar una serie de proyectos constructivos, cuya materialización había comenzado en el período de Intervención Federal instaurado luego del golpe militar de 1943.
            De este modo, gran parte de las obras públicas inauguradas bajo el primer peronismo en Jujuy correspondieron a proyectos diseñados años antes. Con su acceso al gobierno de la provincia, Iturbe incluiría estos trabajos, y otros nuevos proyectos, en un amplio programa que tomaría el nombre de Plan Cuadrienal de Obras Públicas. Esta política era coincidente con el ideal planificador postulado por Perón. Iturbe al igual que el presidente parecía concebir un Estado popular, dirigista y planificador que reemplazara a aquel de la improvisación, sometido al error o al acierto del gobernante (Jauregui, 2002). Precisamente he aquí uno de los rasgos característicos de este actor político: a diferencia de otros mandatarios provinciales peronistas, especialmente de aquellos distritos vecinos, Iturbe tuvo una activa participación en el inicio de una importante serie de obras públicas, (21) las que, luego como gobernador, él mismo inauguraría aunque, claro está, en un nuevo marco político. Ello revelaría la continuidad de ciertas políticas públicas, tanto en una como en otra etapa, más allá de la ruptura que el peronismo, en este y otros ámbitos, luego buscaría afanosamente establecer con el período precedente.
            Sin embargo, pese a esta notable labor constructiva, resulta evidente cómo la administración de Iturbe dejaba en el terreno de la vivienda una de sus deudas más significativas. Al hacer una evaluación de lo invertido por este gobierno en otros ámbitos deficientes de la provincia, fue clara la prioridad que tuvieron la salud, la educación y las obras públicas en general. En este sentido fue patente el mayor interés que prestó la política social gubernamental a esta última área. Así lo demuestra el importante presupuesto destinado, en el período 1946-1951, a la construcción y remodelación de edificios públicos (comisarías, penitenciaría, edificios para oficinas públicas, mataderos y mercados municipales, entre otros), campos de deportes, así como la provisión de agua corriente y cloacas en diferentes puntos de la provincia.(22) Del mismo modo, el balance que dejaban los años peronistas en los campos de salud y educación, al igual que a nivel nacional, fue ciertamente meritorio (Plotkin, 2007; Fleitas, 2006).
            Pero si bien los servicios educativos y sanitarios mejoraron notablemente, en relación a años anteriores, las dificultades económicas que afectaron al país a mediados del gobierno peronista conspiraron para postergar varios proyectos que buscaron continuar y profundizar esta labor. Estos inconvenientes, en consecuencia, establecieron verdaderos límites y un freno a aquel inicial impulso de estas políticas de bienestar. Estos obstáculos también repercutieron, y quizás mucho más, en los intentos constructivos oficiales dentro del plano habitacional. Un ejemplo de ello, fue lo acontecido con la fase final del barrio 4 de Junio. Este vecindario preveía la edificación de 360 viviendas -24 más que las planificadas durante los años de Intervención Federal-. Sin embargo, lo cierto fue que se construyeron 138 casas y hacia el final de la gestión de Iturbe sólo se planificaba levantar 100 unidades más.
            Pero más allá de la escasa construcción estatal de viviendas, caben destacar asimismo los positivos resultados de los créditos bancarios así como los logros de otras iniciativas como el loteo de tierras y las expropiaciones realizadas en los Ingenios para extender el ejido urbano –como el realizado en San Pedro para la construcción del barrio Presidente Perón-. Sin duda fueron muchas las familias que, gracias a las facilidades de pago brindadas por el gobierno, pudieron acceder a un terreno donde levantar su vivienda. Con todo, la administración de Iturbe, aprovechando un favorable contexto económico, pudo desarrollar un amplio conjunto de políticas sociales (en el plano laboral, sanitario, educativo, de las obras públicas, etc.), que, pese a sus límites, indudablemente impactaron hondamente en la mayoría de los trabajadores jujeños. De ahí también puede explicarse, en buena medida, el fuerte apoyo que tuvo aquí el peronismo y que en los años venideros sería, como en otros puntos del país, realmente muy difícil de quebrantar.

NOTAS

1) Según Gerchunoff y Llach (2007) la política económica distribucionista y nacionalista del peronismo fue posible gracias a circunstancias excepcionales que hallarían sus límites a partir de 1949. En estos años, el panorama se agravaría por una serie de malas cosechas y el crecimiento de la inflación que superaría a la tasa de aumento salarial por primera vez desde que Perón estaba en el poder.
2) Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (en adelante AHPJ): Discurso pronunciado por el señor Interventor Federal, Coronel Don Emilio Forcher, en ocasión de asumir el Gobierno de la Provincia deJujuy. Intervención Federal. Seis meses de gobierno. (Jujuy), (1944), p. 1.
3) Biblioteca Popular de Jujuy, sección hemeroteca (en adelante BPJ-sh), Renunció el ingeniero Iturbe, diario Crónica, (Jujuy), (1942), (2 de mayo), p. 5.
4) El período de gobierno duraba cuatro años, pero con la reforma de la Constitución provincial de 1949 se establecía un período de seis años. A los efectos de unificar los mandatos de las autoridades locales con las nacionales, la duración del próximo gobernador sería por esta única vez, de dos años, es decir hasta 1952 (Bidondo, 1971).
5) A finales de los años de 1940, la coyuntura externa y las malas cosechas desembocaría a la postre en una creciente inflación (27% anual para 1952) al aumentar la circulación monetaria y disminuir las reservas de oro y divisas (Girbal Blacha, 2003).
6) AHPJ, Satisfactorio es el Estado Financiero de la Provincia, Revista 4 de años de gobierno 1946-1950, (Jujuy), (1950), p. 40.
7) AHPJ, Escasez de viviendas en Jujuy, Revista de actualidades Reflejos, (Jujuy), (1944), p. 10.
8) BPJ-sh, Pésimas condiciones habitacionales en Jujuy, diario Crónica, (Jujuy), (1936), (11 de diciembre), p. 3.
9) Archivo Histórico de la Legislatura de la Provincia de Jujuy (En adelante AHLP), Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, Sesión del 27 de diciembre de 1946, p. 527.
10) AHPJ, Revista Enfoques.Revista de actualidades, (Jujuy), (1948), p. 27.
11) AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, Sesión del 20 de diciembre de 1947.
12) AHLP, Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, Sesión del 27 de diciembre de 1946.
13) AHPJ, Un problema resuelto, Revista 4 de Junio, (Jujuy), (1949), p. 100.
14) BPJ-sh, Conventillos en San Salvador de Jujuy, diario Crónica, (Jujuy), (1944), (11 de agosto), p. 11.
15) AHLP: Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia, Sesión del 20 de diciembre de 1947, p. 118.
16) Ibídem, p. 122.
17) Palabras de Eva Perón, Revista 4 de años de gobierno 1946-1950, (Jujuy), (1950), p. 90.
18) Un matutino local describía esta obra de esta manera: "Varias casas de este género se han instalado ya en zonas de la periferia de la ciudad. Hay demanda de ellas. La gente de situación precaria anhela este sistema de vivienda, que es muy superior en estructura, en aspecto, en decoración y en salubridad, al típico rancho destartalado, paupérrimo y propicio a que por sus cuatro lados se deslicen, como a través de una coladera, el agua de lluvia en las épocas pluviosas [...] la programada adquisición tiene una importancia que no es posible subestimar, sobre todo cuando ella servirá para buscar, experimentalmente, una solución al intrincado complejo del habitáculo." En BPJ-sh, Casas prefabricadas, diario Crónica, (Jujuy), (1948), (26 de noviembre), p. 1.
19) AHPJ, Viviendas para La Quiaca, Revista 4 de Junio, (Jujuy), (1949), p. 25.
20) "Al hacerme cargo del Gobierno cumplí con los compromisos establecidos con el Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación, de no iniciar obras nuevas, procediéndose a continuar y terminar las que tenían principio de ejecución, solidario con los planes nacionales [...]." AHPJ, Mensaje del Gobernador Jorge Villafañe, 1º de mayo de 1953, (Jujuy), (1953), p. 5.
21) El doctor Lucio Cornejo Linares y el mayor Carlos Domínguez, primeros gobernadores peronistas de las provincias de Salta y Tucumán respectivamente, si bien habían cumplido funciones en la administración estatal en el lapso comprendido entre 1943 y 1946, éstas no se vincularon a la obra pública. El primero se había desempeñado como fiscal de gobierno, mientras el segundo como secretario general de la intervención federal de Tucumán e interventor administrativo de la legislatura local. AHPJ, Revista Gobierno y soberanía, (s/l), (1949).
22) En aquel lapso, la gestión peronista había invertido en obras públicas alrededor de $ 18.000.000 m/n. Estos montos eran seguidos por los destinados al área de educación y salud que rondaron los $12.000.000 m/n. y $4.500.000 m/n respectivamente, mientras en vivienda fueron de aproximadamente $2.000.000 m/n. En AHLJ: Memoria Dirección Arquitectura. Período 1946-1951, (Jujuy), (1952).

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