ARTÍCULO ORIGINAL

 

La disputa por el territorio durante la conformación del estado nacional y provincial. La batalla de Quera y la demonización de los pueblos originarios (1)

(Disputes over territory during the national and provincial state conformation. The battle of Quera and the demonization of indigenous people)

Diana Isabel Lenton* - Luis Angel PiaggI** -

Verónica Seldes*** - Isabel Del Valle Salas****

* CONICET / Instituto de Ciencias Antropológicas - FFyL-UBA - Puan 480 - 4º piso - Of. 465 - CP 1406 - Buenos Aires - Argentina. Correo Electrónico: dlenton@filo.uba.ar

* *         CUT - IIT - FFyL-UBA / * * * CONICET - IIT - FFyL-UBA / * * * * UNSa.

RESUMEN

          Las categorizaciones utilizadas por las élites y el gobierno sobre los reclamos indígenas acontecidos en las tierras altas jujeñas promediando la segunda mitad del siglo XIX, y que desencadenaron las Batallas del Abra de la Cruz y de Quera, derivaron en una serie de argumentaciones y discursos justificatorios de las acciones que los Estados provincial y nacional desplegaron sobre las poblaciones originarias sublevadas. Esto contribuyó a su sometimiento e incorporación compulsiva al proyecto de nacionalización y homogenización territorial y cultural, acompañando el proceso de configuración de la identidad “nacional” argentina.
          Como parte de un proyecto de investigación interdisciplinario titulado “Memoria social, identidad y resistencia. La cuestión indígena en la Puna de Jujuy en el proceso de conformación del Estado – nación (Campaña de la Puna 1874 – 1875)”, nos propusimos analizar el proceso de demonización de los reclamos territoriales indígenas en dicho contexto. A partir del relevamiento de fuentes primarias y secundarias, registramos la utilización de la categoría comunistas aplicada a quienes reclamaban comunitariamente las tierras ancestrales. Este proceso de resignificación que la elite terrateniente hizo del reclamo territorial, asoció los rasgos atribuidos a lo indígena, exótico y peligroso, con la ideología comunal y el contexto político europeo.
          Las entrevistas realizadas arrojan, entre otros resultados, la vigencia y resignificación en la memoria de las circunstancias de la derrota de los rebeldes, y las tensiones entre diversas interpretaciones de los hechos, alimentadas por el manto de silencio que se prolongó durante un siglo. En la actualidad, diferentes organizaciones de militancia indígena procuran revitalizar la memoria en relación con proyectos de fortalecimiento territorial.

Palabras Clave: Puna, reclamos territoriales, demonización, Estado nación, Batalla de Quera.

ABSTRACT

          Categorizations on indigenous claims occurred in Jujuy’s highlands averaging the second half of nineteenth century, which triggered Battles of Abra de la Cruz and Quera, led to a series of arguments and justificatory discourses about the actions that provincial and national States deployed on the rebel indigenous populations. This fact contributed to their submission and compulsory incorporation to the nationalization and cultural - territorial homogenization project, accompanying the process of setting up of Argentina "national" identity.
          As part of an interdisciplinary research project entitled "Social memory, identity and resistance. Indian question in the Puna of Jujuy in the process of nation – state building (Puna Campaign 1874-1875)", we aimed to analyze the process of indigenous land claims’ demonization in that context. Based on primary and secondary sources, we recorded the employment of the communists label to refer to whom demanded for collective ancestral lands. This process of re-signification that local elites did of the ir demands, associated the features attributed to the indigenous, exotic and dangerous, with communal ideology, and political European context.
          The interviews show, among other results, the validity and redefinition in collective memory of the circumstances of the defeat of the rebels, and tensions between different interpretations of the facts, fed by the blanket of silence that lasted a century. At present, various militant organizations seek to revitalize indigenous memory, along with projects of territorial reinforcement.

Key Words: Puna (Highlands), territorial demands, demonization, State Nation, Battle of Quera.

INTRODUCCIÓN

          El proceso de consolidación del Estado – nación argentino estuvo signado por diferentes hechos de violencia política que fueron naturalizados por las prácticas estatales y legitimados discursivamente (Red, 2007; Delrio et al. 2010). Durante el último cuarto del siglo XIX se acelera el proceso de conformación y consolidación del Estado nacional, en coincidencia y articulación con la represión de todo proyecto socioeconómico alternativo, incluyendo el genocidio de los pueblos originarios (2). Si bien se ha discutido bastante, tanto en ámbitos académicos como extraacadémicos (Lenton 2014), acerca de la significación histórica y actual de la serie de eventos conocidos como “campañas al desierto” en referencia a las regiones pampeano-patagónica y chaqueña, no es tan difundido el proceso histórico que dio lugar a la expropiación territorial y el sometimiento definitivo de aquellos grupos autodenominados indígenas en la región puneña, para el mismo período.
          Las denominadas batallas del Abra de la Cruz y del Abra de Quera (1874 – 1875) fueron el resultado de los sistemas de expropiación compulsiva de tierras de los pueblos originarios de la Puna jujeña y su privatización, proceso que se remonta a las adquisiciones obtenidas por los españoles durante la conquista. Su resolución implicó sucesos de sangre con severas consecuencias para un sector de los actores involucrados, el campesinado indígena y sus descendientes, quienes reivindicaban sus derechos sobre la tierra en función de su aboriginalidad (sensu Briones 1998).
          Las acciones estatales se orientaron hacia la “pacificación” de la región mediante dos estrategias diferentes las cuales constituyeron la base para la consolidación del estado – nación. Por un lado, la represión a partir de la utilización del aparato bélico estatal sobre las poblaciones originarias sublevadas en la zona, sofocando su alzamiento, lo cual implicó persecuciones, ejecuciones ejemplarizantes y traslados forzosos.
          Por otro lado, se desarrolló una política de deslegitimación de los reclamos, apelando a acusaciones que reforzarían en el imaginario colectivo de la época, la demonización de aquellos que llevaron adelante los reclamos.  Este proceso de resignificación que la elite terrateniente hizo de aquellos que realizaban reclamos territoriales, amalgamó los rasgos atribuidos a lo indígena, exótico y peligroso, con la ideología comunal. Las categorizaciones utilizadas por la élite y el gobierno sobre los reclamos indígenas acontecidos en las tierras altas jujeñas promediando la segunda mitad del siglo XIX que desencadenaron en las Batallas del Abra de la Cruz y del Abra de Quera, derivaron en una serie de argumentaciones y discursos justificatorios de las acciones que los Estados provincial y nacional desplegaron sobre las poblaciones originarias sublevadas.
          Esto contribuyó a su sometimiento e incorporación compulsiva al proyecto de nacionalización y homogenización territorial y cultural que configuró la identidad nacional argentina y el proyecto de país. De este modo, tras la represión, se facilitó la invisibilización y silenciamiento de sus reclamos (3).
          Este trabajo es parte de un proyecto más abarcativo denominado “Memoria social, identidad y resistencia. La cuestión indígena en la Puna de Jujuy en el proceso de conformación del Estado – nación (Campaña de la Puna 1874 – 1875)”, mediante el cual nos propusimos relevar los archivos disponibles y las memorias locales acerca de la Campaña de la Puna, de las batallas mencionadas y de la represión subsiguiente, así como observar las acciones tendientes a reposicionar estas memorias en el discurso polìtico actual en la región.

TENENCIA DE LA TIERRA Y RECLAMOS TERRITORIALES EN LA
PUNA DE JUJUY

Se sublevaron los indios
de cuatro departamentos:
rasgó su parche la Puna,
afiló su daga el viento.
(Domingo Zerpa, Romance de los indios sublevados)

          Las haciendas de Casabindo y Cochinoca, centrales en los hechos que nos interesan, habían tenido su origen en las antiguas encomiendas homónimas que el Gobernador de Tucumán había entregado el 17 de junio de 1654 a Pablo Bernárdez de Ovando, quien vivía en la región desde 1647, tal como lo revela el padrón de los pueblos de Casabindo y Cochinoca iniciado en 1654 (AGN, DD, L.11, Exp.4, f.58v, cit. en Palomeque 2006). Y si bien, no existe un traspaso directo de derechos entre ambas instituciones,  en los territorios que formaban la encomienda de Casabindo y Cochinoca se produjo un cambio de figura jurídica que marcó un nuevo contexto de articulación territorial a favor del nuevo dueño.
          Los derechos de ocupación y uso de las tierras en cuestión sufrieron una modificación drástica a principios del S. XVIII, ya que tras el depósito de 17.000 escudos de plata, efectuado por Juan Fernández Campero, pariente de Bernárdez de Ovando, en las Arcas del Tesoro de Indias el 25 de junio de 1705, Felipe V extendió los títulos a perpetuidad, en virtud de una merced de tierras. En tal acto, se daba origen legal al Marquesado de Tojo o de Yavi, como se lo conoció en la región. Pero especialmente, se modificó radicalmente el sistema de posesión y usufructo de la tierra en favor de la familia Campero y de sus herederos. 
          Campero ya no era encomendero sino propietario y terrateniente; consecuentemente, sus descendientes heredaban los derechos de propiedad y todo lo que ésto trae aparejado en materia de usufructo y cobro de arriendos de diversos tipos. Las comunidades originarias se veían obligadas a pagar al “propietario” dos veces al año, en junio y diciembre, el arriendo por ocupación y uso de las parcelas, y el “pastaje” por el consumo de pasturas que hacían los rebaños, lo que se calculaba a razón de la cantidad de cabezas de ganado y sembradíos que tuvieran (Paz 2009; Madrazo 1982; Fidalgo 1988).
          La encomienda desaparece del escenario jujeño a principios del siglo XIX. Sin embargo, esta desaparición es solo de carácter formal ya que en la figura del latifundio en la Puna y Quebrada de Humahuaca, siguió operando un sistema de explotación similar al de aquella institución.
          Avanzado el siglo XIX, a las arbitrariedades en estos cobros se sumaba la “obligación” de cumplir con “servicios personales”, pese a que éstos fueron abolidos por la Asamblea Constituyente de 1813. Esta situación generó disconformidades entre los arrenderos, quienes presentaron quejas ante el Gobernador de la provincia en las que denunciaban que el pastaje, debido a la movilidad de los rebaños, solía cobrarse más veces de las estipuladas por la ley. Los administradores de las haciendas, en su doble papel de administradores de los grandes propietarios y funcionarios de gobierno, abusaban constantemente de los vecinos de la zona.
          El sistema de propiedad privada de la tierra siguió desarrollándose en las Provincias del NOA, al igual que en el resto del país. Y si bien la Revolución de Mayo implicó algunas modificaciones importantes tales como: la abolición de los títulos nobiliarios heredados, los derechos al tributo, mita y encomienda entre los años 1811 y 1813, la prohibición por la Legislatura de la Provincia de Jujuy de vender o alienar las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas en la Provincia en 1835, y la cancelación de toda forma de servicios u obligaciones personales en 1836, los descendientes del Marquesado, al igual que los otros terratenientes, siguieron beneficiándose con el cobro del arriendo, el pastaje, y los servicios personales, que los arrenderos debían prestar en sus propiedades.
          Al descontento de los arrenderos por los abusos de los particulares, se sumó a partir de 1855 el pago de un impuesto al Gobierno de la Provincia de un 5% sobre la producción anual de cultivos y animales (Paz 2009).
          Promediando el siglo XIX, la privatización de las tierras comunitarias se presentaba a nivel nacional como una herramienta poderosa para la consolidación del orden y organización del flamante Estado nación, lo que por ende se hacía extensivo a los distintos territorios. Jujuy no fue la excepción: las políticas de traspaso de las tierras comunales a manos privadas acompañaron el intento de organizar y establecer el orden en la Quebrada de Humahuaca y Puna. Estas medidas se consolidaban paralelamente a la disolución de las comunidades de pobladores originarios, ventas de terrenos y programas de enfiteusis (Fandos y Teruel 2012). El resultado fue la transformación severa de las formas de tenencia de tierras en el NOA, favoreciendo a un grupo de familias en cuanto al incremento de su patrimonio y sus relaciones de poder en la provincia. Uno de los efectos directos de estas políticas fue una incipiente división del campesinado, mediante el acceso de algunos de ellos a parcelas. Al mismo tiempo se creaba un sector de campesinos sin tierras compuesto principalmente por los integrantes de las comunidades, que habían perdido sus derechos a la tierra como propiedad comunal (Paz 2003, 2008) (4).
          La situación generada a partir de estas medidas derivó en tensiones a principios de 1870. Los reclamos de los indígenas frente al Poder Ejecutivo Provincial se hicieron más frecuentes. Como señalamos más arriba, los principales reclamos caían sobre Fernando Campero, el propietario de las haciendas de Casabindo y Cochinoca. Los cuestionamientos ponían en tela de juicio la legitimidad, e incluso la existencia de sus títulos y resaltaban el carácter ausentista del terrateniente, ciudadano boliviano residente en Tarija, y militar con grado de General de la nación vecina.
          Los desmedidos aumentos en las cargas tributarias hicieron que los arrenderos indígenas se organizaran bajo la coordinación de Laureano Saravia, comerciante y Coronel de la Puna, y de Anastasio Inca, un indígena arrendero de Suripugio, y otros “cabecillas”, emprendiendo acciones contra Fernando Campero, sus oficiales y otros terratenientes.

“Eran varios, el abuelo decía: Inca, Zurita, Maidana, Saravia… a éste lo mataron en Quera. No, a Saravia no. A Zurita, se escapaba con su mujer, a los dos los mataron” (5)

          Los múltiples reclamos presentados por los arrenderos de Casabindo y Cochinoca encontraron ecos en el Gobernador Pedro J. Portal, quien requirió de Fernando Campero la presentación de un título que legitimara desde la época de la Colonia la propiedad de las tierras que los indígenas requerían que fueran fiscales.
          Fernando Campero no pudo cumplir con el requerimiento del Gobierno de Jujuy de presentar un título de propiedad de la época colonial que legitimara su propiedad, por lo que el Gobernador Pedro Portal emitió un decreto de expropiación en 1872 declarando fiscales las tierras. Acto seguido inició acciones legales contra Campero en la Suprema Corte de Justicia, porque éste se negaba a traspasar las tierras a la provincia. Esta medida sería ratificada por Teófilo Sánchez de Bustamante, una vez en el gobierno de la provincia. Más aún, propuso parcelar las haciendas, posibilitando la compra de éstas por los indígenas, mediando el pago de un canon que sería establecido.
          Los puneños, afirmándose en estas medidas, incumplieron con los pagos de los arriendos, afectando a terratenientes por toda la Puna jujeña y hasta San Antonio de los Cobres (Salta). De este modo lo describía el Comisionado de Policía de la Puna:

“La inquietud y completo rechazo del cumplimiento de las obligaciones civiles como arrenderos se extendió por toda la Puna. Que comenzó en Cochinoca y todo el departamento de Yavi y La Cueva a Santa Catalina, Rinconada, Iruya, Santa Victoria y San Antonio de los Cobres, afectando no sólo las propiedades del Sr. Campero sino a las de otros propietarios” (Bustamante 1876: 14, cit. en Rutledge 1992).

          Entre los años 1873 y 1874 hubo un creciente índice de violencia en la región que las autoridades estatales se mostraban incapaces de controlar. En Yavi, la disconformidad de los indígenas tuvo su punto álgido el 4 de junio de 1873: “… los arrenderos atacaron a las autoridades civiles y a ciertos empleados de Campero, obligándolos a huir a Bolivia”. El 9 de Marzo de 1874, nuevamente en Yavi se concentraron más de 1.200 indígenas, los que atacaron a oficiales que residían en el pueblo, matando en la escaramuza a varias personas (Rutledge 1992).
          La situación de violencia en la provincia hizo que Sánchez de Bustamante decidiera marchar a la Puna para intentar contener a los rebeldes, quienes estaban a las órdenes de Anastasio Inca. Mas al llegar a Volcán, fue capturado por los terratenientes opositores, quienes entregaron el gobierno provincial a José María Alvarez Prado, terrateniente, propietario de la Finca Tumbaya y político de la región. Como primera medida de gobierno, Alvarez Prado anuló los decretos de expropiación de las haciendas de Casabindo y Cochinoca, restituyendo los derechos de propiedad a su amigo Fernando Campero. Acto seguido, se abocó a organizar una campaña punitiva, decidido a acabar con el alzamiento indígena/campesino en las tierras altas. Marchó al frente de unos 300 hombres de la Guardia Nacional hacia el Norte, mientras intimaba a los comandantes rebeldes a que depusieran su actitud.
          El choque de fuerzas fue el 3 de diciembre de 1874 en el Abra de la Cruz. La victoria fue para las fuerzas puneñas (Bernal 1984).
          Fue entonces que Alvarez Prado pidió ayuda al Presidente Avellaneda, quien dispuso que la provincia de Salta lo asistiera con batallones de la Guardia Nacional de esa provincia, a las órdenes de Segundo Linares. Estos refuerzos, sumados a un batallón de Ejército regular, y los aportes tácticos del Coronel Napoleón Uriburu (6), conformaron una fuerza de alrededor de 1000 hombres bien pertrechados que emprendieron la marcha hacia la Puna bajo las órdenes del Gobernador José María Alvarez Prado. Un nuevo enfrentamiento se dio el 4 de enero de 1875 en el Abra de Quera. Esta vez, tras un feroz combate en que los 700 puneños combatían con picas, hondas, lanzas, boleadoras y unas pocas armas de fuego provistas por Laureano Saravia (7), la victoria favoreció a la mejor pertrechada Guardia Nacional.
          Se dice que los comandantes indígenas, Anastasio Inca, Federico Zurita y Benjamín Gonza, fueron fusilados en el lugar al momento de su captura. Sin embargo, algunas versiones, como la mencionada más arriba, ubican la muerte de Zurita en el contexto de la persecución posterior a los sobrevivientes; mientras otras refieren la muerte de Anastasio Inca con anterioridad a la batalla.

“A Inca no lo fusilaron; a Inca lo habían matado en una de las revueltas previas a Quera” (8)

          Laureano Saravia y José María Maidana en cambio, lograron escapar y refugiarse en Bolivia hasta regresar años después, beneficiados por una amnistía.

“A nosotros nos cuesta pensar en que Saravia siendo blanco defendiera a nuestra gente, era rico…se salvó… y después volvió y siguió rico…” (9)

          Tras la derrota de los rebeldes comenzó una campaña de rastrillaje que terminó en una masacre de los sobrevivientes y sus familias, jamás reconocida por el Estado, y que configura junto con las Campañas “del desierto” de Pampa-Patagonia y del Chaco, una tríada de violencia de estado contra los pueblos originarios de la que ya no puede desconocerse su carácter genocida.
          Los partes de guerra de las fuerzas regulares sostienen que se respetó a los prisioneros.
          Sin embargo un legislador jujeño, Mas Oller, quien presenció los hechos, el 12 de junio de 1875 denunciaba

“(…) escenas de sangre y horror, que nos hacen temblar y que la pluma apenas puede escribir. Todos los que fueron capturados se los fusiló en el lugar, aun cuando imploraron por sus vidas de rodillas, no hubo clemencia para nadie, ni nadie fue hecho prisionero” (cit. en Rutledge 1987).

          También la memoria colectiva incluye testimonios actuales que se contraponen a los partes de campaña.

“… Mi abuela decía que caminando para el río se podían ver entre la tierra muchos huesos de gente, gente de Quera (…) En la finca [en Rinconada] hay un lugar que se llama Las cuatro almas, son fusilados después de Quera, las comunidades los 4 de Enero hacen ceremonias allí. (…) Cuando éramos chicos íbamos al campo con la abuela, y pudimos encontrar algunas medallas, no, eran monedas, que no son de aquí, las hicimos ‘tupos’; también una virgen de Luján de plata, que parece estaba pegada a un paño, un estandarte, no sé”.(10)

          Otros testimonios refieren la supervivencia aislada de escasísimos rebeldes que lograron escapar a las ejecuciones, luego de superar no sólo la batalla sino la obstinada cacería posterior (11).
          Una tradición relata que algunos prisioneros fueron trasladados a la capital de la provincia para ser sometidos a trabajos forzados a favor del Gobierno y de particulares (Fidalgo 1988).
          También es probable la utilización en Regimientos de Línea de “destinados [prisioneros enrolados] coyas”, algunos de los cuales, según recordaba el Comandante Manuel Prado, encontraron la muerte a orillas del Río Negro en 1879 (Prado 1960 [1907]). Estos datos matizan la afirmación de Mas Oller acerca de la ausencia de prisioneros, aunque no amengua ni la crueldad de la represión ni el carácter genocida de la acción dirigida contra los puneños.
          Lejos de disminuir, tras la derrota se incrementaron los abusos contra los arrendatarios. Por ejemplo Simeón Valdivieso, quien como Comisario se mostraba preocupado en 1872, aumentó los arriendos de modo extorsivo contra las familias puneñas, en su carácter de administrador de la finca de Campero, y así fue denunciado ante el Juez de Yavi en 1878 (Paz 2009).

COMUNISTAS EN LA PUNA

          Las acciones represivas fueron precedidas por expresiones en la prensa y en folletería por parte de los terratenientes.
          El clima de agitación reinante en la Puna fue incrementándose durante la primera mitad de la década de 1870. Se dijo que grupos de campesinos armados recorrían la región “sembrando el miedo” entre terratenientes y pobladores.
          Preocupado por la situación reinante en la Puna, el Comisario Simeón Valdivieso dirigió una carta al gobierno provincial, en la que relataba los hechos que habían ocurrido a algunos terratenientes al intentar cobrar los arriendos, promediando el año 1872. En dicha carta, por primera vez se acusa explícitamente de “comunistas” a un grupo rebelde en la Puna.
          El texto hace referencia a la agitación reinante en las tierras altas jujeñas y al estado de “guerra abierta contra los propietarios” y contra la Propiedad Privada, en que estaban involucrados los indígenas de la Puna, así como a la creación de “movimientos peligrosos”. La acusación de “comunistas” –como tantas veces en la historia- se asocia en los terratenientes y los funcionarios estatales con la construcción de la “amenaza exterior”, tanto por la procedencia “extranjera” de sus supuestos ideólogos como por su exterioridad al sistema socioeconómico vigente o proyectado.
          Valdivieso acusa a los sucesivos gobiernos locales y provinciales de complicidad (“…se remitieron armas a los cabecillas de los amotinados y los agentes de elecciones elevaron el motín a mayor grado…)” y/o ineficacia en la gestión del conflicto (“… apenas se ha retirado esa fuerza protectora de la propiedad y la vida, el motin civil ha vuelto á su anterior estado... que las autoridades locales no pueden remediar por una impotencia completa…”). El conflicto ha tenido momentos de mayor intensidad, con pérdidas humanas (“… en 9 de Marzo de este año el pueblo de Yavi sufrió un segundo ataque de los arrenderos armados… el pueblo se defendió heroicamente y con el sacrificio de alguna sangre fueron derrotados los asaltadores…”). Sin embargo, el objeto de la preocupación del comisario es la expansión ideológica del conflicto, desde su centro de origen en Casabindo y Cochinoca hacia el resto de la Puna:

“Los propietarios de Yavi, Santa Catalina y La Rinconada que no tienen ninguna cuestión sobre sus derechos se hallan en guerra abierta con sus arrenderos quienes á la exigencia de sus obligaciones civiles, responden con amenazas y doctrinas de comunismo” (El Nacional, 2 de marzo de 1876).

          La carta de Valdivieso será reproducida por el Diario El Nacional de Bs. As. el 2 de marzo de 1876, en el contexto de la disputa entre los representantes legales de la familia Sánchez de Bustamante y de Fernando Campero, discusión en la que se seguirá acudiendo al concepto de “comunismo”.

Foto 1: Fragmento del Diario El Nacional (2 de marzo de 1876) que reproduce la carta del Comisario Simeón Valdivieso de 1872. (Ver transcripción textual en Anexo I)

          Paralelamente a estos episodios, comienza a circular por la Puna un folleto anónimo titulado “El Comunismo en la Provincia de Jujuí. Espantosos crímenes. Importantes documentos para la Historia”. En el mismo se denuncian, nuevamente, las respuestas “de doctrinas comunistas” dadas por los arrenderos a los terratenientes cuando éstos intentan cobrar los arriendos. El folleto denomina a la poderosa familia de Sánchez de Bustamante como “facción comunista de Jujuy”, acusándola de incitar a los indios puneños a la violencia, así como de incumplimiento de los deberes civiles, al propagar entre ellos la ideología comunista que aquéllos hacían suyas, como estrategia para lograr perpetuarse en el poder,

“…concitando las pasiones de multitudes ignorantes, de infelices indios habitantes de la sierra, [a quienes] lanzan á luchar contra los propietarios y el derecho de propiedad”.

          Estas acciones recordaban a los autores del folleto los “excesos” de la comuna de París, cuyo programa, trasladado a Jujuy por los Bustamante e implementado por los indígenas, consistía en “trastornar el orden establecido, oponer resistencias al principio de autoridad y hacer guerra a la propiedad privada”.
          Finalmente, los autores del texto buscaban mitigar los temores de los terratenientes al decir que una vez derrocada la familia gobernante que incitaba a la violencia,

“cuando por fortuna desaparezcan esas personalidades, el elemento bárbaro, el feroz indio renunciando sus instintos criminales de robo i matanza, irá a ocultar su peligrosa existencia en las grietas de las montañas, i el pueblo culto, libre de trabas, ejercitará sus derechos ageno á las influencias de intereses mezquinos” (Anónimo 1874; ver también Paz 2009).

          No está de más recordar que es la Provincia de Jujuy una de las primeras en territorio argentino en reconocer a las poblaciones originarias el status de comunidad. Este concepto, que abreva tanto en la recordación del ayllu andino como en la asimilación utópica con las antiguas comunidades cristianas, estuvo vigente en el noroeste argentino al menos desde los últimos tiempos coloniales e inicios de la República (13), a diferencia de las “provincias nuevas” surgidas tras la anexión de territorios patagónicos y chaqueños, donde el término comunidad no se utiliza para referirse a pueblos originarios sino hasta mediados del siglo XX (Lenton 2014 b). La asignación del carácter comunitario a las sociedades andinas jugó indudablemente un papel fundamental en el deslizamiento semántico de dicho carácter hacia el de guerra a la propiedad privada, que el autor del último folleto insiste en relacionar con las comunas parisinas. Sin embargo, mientras que el Comisario Valdivieso parece reconocer causas endógenas a la violencia de los arrendatarios, el autor anónimo de 1874 asigna la causa original de la rebelión a la instigación interesada de los malos políticos que aprovechan la inclinación innata de los salvajes contra la población culta.

Foto 2: Fragmento inicial del folleto “Horrorosos crímenes del comunismo proclamado en Jujuí por los Bustamante”, impreso en Buenos Aires en 1874 (12). (Ver transcripción textual en Anexo II)

          Así, la amenaza comunista se consolida en el último texto como un rasgo de otredad extrema, asociada coyunturalmente al salvajismo nativo, en guerra abierta contra la propiedad privada de la tierra y el derecho de propiedad de los terratenientes. El autor anónimo, por su parte, legitimaba así la rebeldía de ciertos terratenientes contra el gobernador Sánchez de Bustamante. en la reacción contra la rebeldía indígena / comunista / extranjera.

LA “HECATOMBE DE QUERA” EN LA BATALLA POR LA HEGEMONÍA DE LA MEMORIA

Aquello no era una lucha,
era el esbozo del cuento,
donde triunfaron las hondas
sobre las armas de fuego.
(Domingo Zerpa, Romance de los indios sublevados)

          En términos de Feierstein (2007: 97), se denomina genocidio constituyente al que se da en el marco de organización de estados nacionales modernos. Esta definición salda la discusión acerca de la posibilidad de realización de un genocidio en tiempos “no tan cercanos”. Precisamente, en la constitución de los Estados modernos es cuando la violencia hegemónica manifiesta con mayor contundencia su potencialidad genocida, dado que las estructuras resultantes -sociales, políticas, territoriales, económicas- son precisamente herencia de aquellos genocidios.
          Tras los hechos de Quera, la elite terrateniente se abocó a reorganizar la sociedad agraria en la región, mediante la aplicación de metodologías pedagógicas, proletarización rural, y demás técnicas de control político. Si bien la sublevación fue aplastada, la “amenaza comunista”, lejos de desaparecer de la sociedad jujeña, siguió presente en cada reclamo contra los proyectos de consolidación estatal (14).
          A la vez, la “hecatombe de Quera” (Fleitas 1997) comenzó a ocupar un lugar dentro de las disputas por los usos del pasado en la construcción de hegemonías provinciales.
          Como Batalla de Quera, pasó a formar parte de la hagiografía de la expansión del poder estatal, y en ese carácter su nombre pobló calendarios oficiales y denominó escuelas públicas.
          Pero así también, desde el primer momento, fue reiteradamente mencionada como símbolo de la lucha desigual y heroica de los nativos –en sus diversas caracterizaciones-, en la pluma de actores muy diversos y hasta alejados de una propuesta de reparación real hacia las víctimas (15).
          La “batalla de Quera” sufrió a través del tiempo operaciones discursivas que la constituyeron como evento epitomizante (16) de un proceso largo y complejo. En ese carácter, suele ser recordada por aquellos que se reconocen pertenecientes a los mismos pueblos que los vencedores en 1874 y derrotados en 1875, incluso con mayor énfasis que la victoria de Abra de la Cruz (17).

“Después de Quera, fue otra cosa, como que se rompió algo, de ahí pa’ delante cambió todo” (18)

          Algunas organizaciones políticas actuales, pertenecientes a los pueblos Kolla y Kechua, constituyen el 4 de enero, fecha de la batalla de Quera, para la conmemoración de las luchas de los ancestros. Ese día, se realizan ofrendas frente a las llamadas Cuatro Almas, donde los lugareños afirman que se hallan las tumbas de los fusilados.
          En este caso, la celebración de la lucha, aun cuando se trate de la fecha de la derrota, se combina con la recordación de los muertos en la contienda y su permanencia en el territorio, para fortalecer una demanda identitaria donde la presencia y la lucha de los ancestros son indisociables de la presencia y las luchas actuales.

“A nosotros lo que nos importaría saber es por qué nuestros abuelos se pararon frente al Estado y dijeron ¡BASTA!” ... (19)

          Así, el recuerdo de Quera forma parte de aquellos “trabajos de la memoria” (Jelin 2002) que contribuyen a conciliar y suturar procesos y símbolos en tensión.

“A mí me gustaría que se hiciera un museo, algo para recordar lo que pasó en Quera, pero no acá en el pueblo, o en San Salvador o en Buenos Aires, allá arriba, en donde pasó(…) Me gustaría que en la escuela se enseñe bien que pasó, no que ganó el ejército, sino qué pasó de verdad; ¿me entendés?”(20)

          En el discurso provincial hegemónico, la epitomización de la opresión indígena en Quera ha coincidido durante décadas con la construcción de una imagen de acabamiento de la resistencia, funcional al no reconocimiento de los reclamos del presente (aun bajo la apariencia de un recuerdo elogioso de sus luchas del pasado).
          Paralelamente, un cierto revisionismo conjugó la “pedagogía patriótica” de Benjamín Villafañe, que oponía la recordación de Quera al “cosmopolitismo apátrida” del yrigoyenismo, con la sensibilidad poética y el compromiso local de Domingo Zerpa y Héctor Tizón. El “Romance de los indios sublevados” ha sido memorizado por varias generaciones de escolares, y convertido en ocasiones en producto turístico, sin perder su potencia ética y estética.
          Hoy, el discurso político abunda en reconocimientos simbólicos, sin que se haya llegado aún a una reparación concreta en el plano territorial y sin que el poder político haya abandonado la represión como respuesta a los reclamos indígenas. En este contexto, la memoria de lo sucedido en Quera deja de ser un signo de derrota para ganar, a través del hilo que conduce entre los ancestros y los militantes indígenas de hoy, en potencial movilizador.

CONCLUSIÓN

Los que escucharon hablar a los más viejos dicen que no siempre reinaron la oscuridad
y la pobreza, que hubo aquí grandes señores, hombres sabios que hablaban con elocuencia, mujeres que parían hijos de ánimo esforzado, orfebres de la madera, de la arcilla y de los metales de paz y guerra, músicos, pastores de grandes majadas y sacerdotes que sabían conjurar los excesos divinos,
gente que edificaba sus casas con piedra.
Pero eso ocurrió en otros tiempos, antes de que el Diablo, al arribo de los invasores, desguarneciera la puna arreando a este pueblo hacia los valles y llanuras bajas,
donde crece el bosque.
(Héctor Tizón, Fuego en Casabindo)

          Los hechos conocidos con el nombre de Rebelión de la Puna deben analizarse en el contexto de la aceleración del proceso de expropiación territorial de los pueblos originarios, en las últimas décadas del siglo XIX.
          Por un lado, no puede desconocerse el contexto local específico, en el que la estructura de la propiedad de la tierra arraiga en las posesiones coloniales y es modificada al calor de la competencia entre determinadas familias terratenientes.
          Por otro lado, el tratamiento que el Gobierno nacional le otorga al tema no puede escindirse de la altísima conflictividad del momento, caracterizado por la rebelión de Mitre contra el gobierno de Avellaneda (21). Tampoco puede desligarse del proyecto de expansión del estado nacional sobre las “fronteras interiores”, retomado por la misma gestión de Avellaneda.
          Entonces, si la “Rebelión…” constituyó la reacción de la población local a los abusos de los terratenientes, la represión desatada contra ellos, bautizada como “Campaña de la Puna”, representó en cuanto al origen de parte importante de las fuerzas represoras, logística y metodología, un hito del proceso de represión de la resistencia indígena a nivel nacional. Forma parte entonces del genocidio constituyente (sensu Feierstein 2007) que consolidó el naciente estado-nación.
          La revitalización de la memoria sobre los hechos epitomizados en Quera, que algunas organizaciones de activismo indígena han encarado, se vuelve imprescindible para reparar los efectos del genocidio y del olvido impuesto, sobre las generaciones que le han sucedido. Más allá de las diferencias que pueden notarse en la interpretación de hechos y nombres puntuales, es el proceso de rescate y de búsqueda de la memoria colectiva lo que producirá un efecto sanador en las relaciones entre comunidades indígenas y Estado, en un contexto en el que aún no se han reparado las injusticias y en el que el territorio es una cuenta pendiente.

AGRADECIMIENTOS

          Agradecemos a quienes nos han confiado sus memorias, algunas de las cuales hemos incorporado en este trabajo, y a los evaluadores anónimos de este artículo, que nos aportaron valiosas observaciones.

NOTAS

1) Versiones preliminares de este ensayo fueron expuestas en las I Jornadas Regionales y III Jornadas Internas de Antropología, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, el 23 de mayo de 2013, y en las XI Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy, el 21 de junio de 2013.
2) Para una discusión sobre el concepto de genocidio aplicado a la política argentina hacia los pueblos originarios, ver el Dossier especial de la Revista Corpus - Archivos virtuales de la alteridad americana, http://corpusarchivos.revues.org/1173
3) Para la reconstrucción del contexto histórico nos basamos principalmente en Madrazo (1982), Bernal (1984), Fidalgo (1988), Rutledge (1992) y Paz (2003 y 2008).
4) Un proceso similar se produce en Bolivia: ver Irurozqui (1999).
5) Entrevista a Pachín García (propietario de una finca en Rinconada en el sitio en donde finalizó la batalla de Quera), realizada por Luis Piaggi y Verónica Seldes en 2012.
6) “Héroe” dudoso de la Conquista del Desierto, Napoleón Uriburu venía de servir en la frontera chaco-salteña y es quien en 1879, violando pactos recientemente suscritos, atacó las poblaciones de Sayhueque en Neuquén.
7) A pesar de ser un comandante rico de la región, y de poseer los rangos de Coronel de la Puna y Comisario de Santa Catalina, Laureano Saravia fue uno de los dirigentes de la sublevación kolla. Sin embargo, su actividad política cercana a Sanchez de Bustamante, aunque determinó su derrota en el campo bélico, le permitió eludir el destino de los otros jefes derrotados, y luego de su exilio en Bolivia, gracias a un indulto, ocupó diversos cargos públicos en Jujuy como representante del Partido Conservador.
8) Entrevista a Marcelo Constant (historiador, Docente de la UNJu e investigador), realizada por Luis Piaggi en 2012.
9) Entrevista a José Sajama y Armando Quispe (Integrantes de la Dirección del Consejo Departamental de Pueblos Originarios de Cochinoca), realizada por Luis Piaggi y Marina Weimberg en 2012 en Abra Pampa.
10) Entrevista a Pachín y Carmen García, realizada por Luis Piaggi y Verónica Seldes en 2012.
11) Uno de estos testimonios, que aun debemos contrastar, refiere la existencia de descendientes de un sobreviviente de la batalla de Quera, que habría logrado huir, caminando por las noches, hasta encontrarse a salvo en las cercanías de Iruya.
12) Agradecemos a la Dra. Lorena Rodríguez la cesión de la imagen facsimilar de este documento.
13) G. Sica, M.T. Bovi y L. Mallagray (2006) recuperan un pleito judicial de 1805 que afecta a los pueblos de la Quebrada de Humahuaca en los que se hace referencia a las tierras “de comunidad” y se recuerda su inenajenabilidad. Esta tradición, que como vemos es anterior a la Independencia, continúa y es consolidada por la Legislatura jujeña en 1835, al sancionar la ley provincial que prohíbe «toda venta y enajenación de sitios y terrenos pertenecientes a las comunidades de los indígenas de los departamentos de la comprensión de esta provincia». Paradójicamente, la Legislatura jujeña reconoce la calidad “comunitaria” de estas tierras para sancionar esta ley que lejos de ser “protectora” de las comunidades, como se la ha presentado, fue como demuestran Cecilia Fandos y Ana Teruel (2012), la antesala de la destrucción de esas mismas comunidades, en un contexto de búsqueda desesperada de recursos por parte de las arcas provinciales.
En Tucumán, también podemos rastrear la designación de “comunidad” aplicada a los pueblos de los Valles al menos desde 1847. Sin embargo, en documentos posteriores esa denominación se fue abandonando a favor del colectivo “indios de Amaycha”, “indios de Colalao”, etc. Esto se revierte definitivamente a partir de 1881, cuando Juan Pablo Pastrana es nombrado “Capitán y representante general de la Comunidad de Amaycha” (Dr. Jorge Sosa, comunicación personal).
14) Vale recordar apenas, a modo de anécdota, cuando durante la realización del Censo Indígena Nacional, en 1968, el Ingeniero Arrieta, dueño del Ingenio Ledesma, denunció a las censistas que trabajaron en el establecimiento por hacer “preguntas comunistas”, que generaban “respuestas comunistas” por parte de los trabajadores. En realidad, la “pregunta comunista” era aquella que inquiría: “En el caso de tener un día mucha plata, ¿qué haría usted con ella?”. La respuesta unánime de los censados, que irritaba tanto a los Arrieta, era que de contar con los recursos necesarios, comprarían un terreno para dejar el ingenio y obtener su independencia económica y personal. Como suele suceder, los propietarios llamaban “comunismo” a lo que con mayor propiedad deberían llamar “rebeldía” o “falta de subordinación moral al discurso hegemónico”. Lo que los trabajadores estaban manifestando era su persistente deseo de recobrar el territorio, aun cuando fuera bajo la forma de compraventa en los términos del mercado y lejos de cualquier utopía reivindicativa (Lenton 2004).
Al momento de la revisión de este artículo tomamos conocimiento de la publicación de un valioso ensayo documental que rescata este incidente y lo pone en relación con el documento anónimo de 1874 ya mencionado, y con episodios de la violencia política en Tumbaya durante la última dictadura cívico-militar (Espósito y Da Silva 2013).
15) Por ejemplo, Benjamin Villafañe, controvertido gobernador y legislador conservador de la provincia, escribía en 1926: “Los descendientes de los hijos de la tierra, de los que fueron soldados en las batallas de Suipacha, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma, de los que con Güemes, Arias, Rojas y demás jefes rechazaron sin auxilio de las demás provincias argentinas las invasiones de nueve ejércitos españoles, no alcanzaron sino a medias los beneficios de la lucha. (…) Este estado y el descontento que debía producir entre ellos la falta de posesión de la tierra, ha sido causa de rebeliones ahogadas en sangre, de las que merece recordarse la jornada de 1874, que ha pasado a la historia con el nombre de la Hecatombe de Quera. La propaganda política, sincera o tendenciosa de los partidos, de quince años a esta parte, han inculcado en el espíritu de los pobladores la conciencia de que les asiste un derecho indiscutible a la posesión de ella, convicción fortificada por los gobiernos que no hicieron respetar el derecho de propiedad para no perderlos como adherentes a las luchas electorales. Este gobierno por su parte considera que la Nación tiene con estos pobladores un deber sagrado que saldar” (El atraso del interior [1926]; reproducido en Fleitas 1997).
Así, el gobernador no se muestra favorable a desconocer “el derecho de propiedad” (de los terratenientes), reclamando en cambio el apoyo de la Nación para saldar una difusa “deuda”, en virtud de la entrega de los antiguos “hijos de la tierra” a la causa de la Independencia, y de su sufrimiento en Quera. Este discurso busca su eficacia hegemónica escindiendo los abusos y la deuda de la Nación de la responsabilidad del gobierno provincial, al no reconocer no sólo su participación (en la persona de Alvarez Prado) en la represión en Quera sino su carácter de heredero de la estructura socioeconómica impuesta tras la victoria de los terratenientes aliados a la Nación (Lenton 2005).
16) Briones (1994: 121) define los eventos epitomizantes como aquéllos a través de los cuales se condensa un proceso histórico de largo plazo en la forma de un evento de gran poder explicativo.
17) Ver por ejemplo http://www.copenoa.com.ar/JUJUY-Homenaje-reivindicativo-a-la.html (disponible al 18/4/14), artículo publicado por la Agencia de noticias COPENOA, ilustrado con la pintura Malón de Rugendas.
18) Entrevista a Pachín García, realizada por Luis Piaggi y Verónica Seldes en 2012.
19) Entrevista a Armando Quispe (integrante del Consejo Departamental de Pueblos Originarios de Cochinoca), realizada por Luis Piaggi y Marina Weimberg en Abra Pampa, en 2012.
20) Entrevista a Carmen García (propietaria de una finca en Rinconada, en el sitio donde finalizó la Batalla de Quera), realizada por Luis y Verónica en 2012, en Tilcara.
21) De hecho, una semana antes de la Batalla del Abra de la Cruz, el 26 de noviembre de 1874, se produce la Batalla de La Verde en la Pcia. de Bs. As, en la que la facción de Mitre es derrotada, y cuatro días posteriores a la Batalla del Abra de la Cruz, el 7 de diciembre, se produce la Batalla de Santa Rosa en la que el ministro Julio A. Roca triunfa sobre José Arredondo.

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