NOTAS

"Somos pioneros en acceso libre a la información científica"
Sistema Nacional de Repositorios Digitales

 

Por Daniela Novelli

"Con la ley, tratamos de incentivar a otros países para que la imiten, porque sólo cosecharemos el beneficio de una legislación así cuando sea de implementación masiva en el mundo."

Argentina cuenta por primera vez con una ley de acceso libre a la información científica que obliga a las instituciones nacionales de ciencia y técnica a publicar las investigaciones en repositorios digitales.
"El principal objetivo de esta ley establece que toda investigación pagada con fondos públicos sea accesible a la sociedad argentina de manera que puedan aprovecharse los resultados del trabajo científico", explica el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), Alejandro Ceccatto.
Entre los puntos más importantes de la legislación N.º 26.899, el funcionario destacó la obligatoriedad de dar a conocer los resultados de las investigaciones científico-tecnológicas en forma inmediata y los datos primarios que las sustentan en un plazo no mayor a cinco años. De igual modo, señaló "el resguardo para aquellas investigaciones que generen algún tipo de propiedad intelectual o derechos que deban preservarse por su valor económico o estratégico".

¿Qué son los repositorios digitales?

Son estructuras informáticas que deben montar las distintas instituciones de Ciencia y Técnica del país. Desde el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, nos ocupamos de que las instituciones satisfagan ciertos estándares básicos en su construcción para ser interoperables y que, por una única búsqueda a través de un portal unificado, la persona que esté interesada pueda acceder a toda la información disponible.
Allí se publicarán materiales inéditos aunque, no obstante, el autor tiene derecho a enviarlo a alguna revista o editorial internacional. En ese caso, la empresa tendrá un embargo de seis meses para hacer uso exclusivo de la información. Luego, el copyright será recuperado por la institución de origen y la copia final deberá incorporarse al repositorio digital.

¿Cuál fue la respuesta de los investigadores de instituciones públicas a la sanción de la ley?

Entiendo que la comunidad científica la ha visto con beneplácito porque ella misma resiente las dificultades para acceder, incluso, a la producción científica realizada en el país. Hasta la implementación de la ley, se daba la situación un poco absurda de que el Estado financiaba investigaciones (a través de sueldos y subsidios), cuyos resultados se publicaban en revistas internacionales que nos cobraban para leerlos.
A su vez, está claro que las universidades privadas, en la medida que no direccionen fondos públicos para su investigación, pueden hacer lo que quieran con lo producido.

¿Qué sucede con la presencia de información científica en los repositorios que surja de proyectos con financiamiento público-privado?

En la reglamentación se estipularán cuáles son las situaciones que eximen de colocar una producción científico-tecnológica en el repositorio, aclarando qué tipo de convenio o contrato deberá existir para que tal obligatoriedad se anule.

¿Tiene el repositorio un sistema de evaluación de los materiales que vayan a publicarse?

Por un lado, más allá de la información concreta, los repositorios cuentan con "metadatos" que indicarán, entre otras cosas, si esa investigación ha pasado o no por un proceso de revisión dentro del sistema científico. Este recurso permitirá que la persona sepa a qué atenerse cuando accede a esa información.
Por otro lado, hoy la validación de la ciencia está gobernada por las editoriales, por los índices bibliométricos, el factor H y los parámetros de impacto de las revistas. Esto ocurre a escala internacional y exige a la comunidad científica acomodarse a sistemas de evaluación organizados a partir de esos índices pero en realidad son aspectos que conformaron las editoriales para regular su propio negocio. En este contexto, los Estados con sus políticas quedan ausentes e inhabilitados para ejercer un control directo sobre el Sistema Científico de su propio país.
Aún así, no puede decirse que la Ciencia no ha producido avances a partir de esta forma de evaluación. Pese a que no sea totalmente satisfactoria para los intereses de la Argentina, no podemos construir de un día para otro algo que es aceptado globalmente. Tenemos que ser cautelosos con esta cuestión.

Entonces, ¿cómo debería ser?

Esas son cuestiones que están en discusión a nivel internacional. Lo cierto es que deben reemplazarse estos indicadores por otros que contemplen la intervención de las políticas públicas en investigación. Debemos recuperar el manejo de la producción, la difusión y la conducción del conocimiento científico a través de parámetros lógicos. Hay que recrear una cultura de la validez científica sobre otras pautas que están por discutirse y que deberán ser tan globales como los acuerdos actuales.

¿Cómo repercutiría la aplicación de esta ley en la actividad de las editoriales internacionales?

Lo que hicimos no confi gura un hecho aislado a nivel mundial. Por ejemplo, Elsevier, la editorial más grande de literatura científi ca en el mundo, acepta que los artículos estén publicados en repositorios digitales institucionales aún cuando ellos los publiquen en revistas. Es decir, existe una corriente internacional que estaba en desacuerdo con esta política de pérdida de la capacidad de difundir el trabajo científico financiado con fondos públicos.

Si hablamos de un cambio cultural, entonces deberíamos hablar de un cambio en el sistema de evaluación científico…

Desde hace dos años, esta Secretaría trabaja con una comisión interinstitucional en la elaboración de nuevas pautas de evaluación para el personal de Ciencia y Técnica. Ya tenemos dos documentos que establecen nuevas pautas en algunos aspectos y, justamente, la primera cuestión abordada fue cómo evaluar el desarrollo tecnológico. A grandes rasgos, el primer documento dice que la actividad tecnológica no se evaluará por papers. Podrá aprobarse o rechazarse un informe de alguien que desarrolle tecnología, pero no porque tenga o no publicaciones. En general, serán evaluados a través de distintas miradas sobre el avance del proyecto. Por otra parte, el segundo documento se refi ere a la Base de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, cuyas propuestas deben ser elevadas al Ministerio, y en particular a esta Secretaría por las instituciones.

¿Qué relación tienen estas acciones con la ley de repositorios digitales?

Buscamos cambiar la cultura de la evaluación para "salir" de los indicadores bibliométricos. Por ahora, nos abocamos al área de tecnología porque era lo más acuciante. La gente que hace tecnología no puede o no conviene que publique. La idea a futuro es extender la discusión a la ciencia básica; comenzar a evaluar a partir de la calidad de la producción científi ca y no en términos de cantidad como ocurre en la actualidad. Pero es un proceso y requiere un cambio de cultura.

Pero los países en vías de desarrollo son menos poderosos frente a las editoriales de los países centrales y deben acceder a publicar en ellas…

La realidad es que la Argentina ha sido el primer país en tener una legislación "omnicomprensiva" que estipula el acceso abierto a todo tipo de información científica. Hemos sido pioneros en legislación de acceso libre a la información científica. Pero es un caso que requiere decisión política para no ceder ante ese tipo de presiones. Si uno no toma ese tipo de actitudes por sentirse en una situación de debilidad relativa por ser un país periférico al orden establecido, las cosas nunca van a cambiar.

¿Qué beneficios económicos representa para el país la creación de estos repositorios?

Esta Secretaría administra la biblioteca electrónica, fuente de información de todo el Sistema Científi co, y desembolsa 21 millones de dólares anuales en servicios de suscripciones a editoriales. Paradójicamente, compramos nuestras propias publicaciones dentro de esa suma. A medida que este tipo de políticas sean más comunes en los países del mundo, se recuperará el acceso a esa información sin la necesidad de adquirir el acceso a una editorial privada. Quizás hoy no veamos un benefi cio económico porque es un proceso a largo plazo.

¿Esta ley se interpone a los intereses de la investigación que se realiza en los países centrales?

No diría eso porque esto también es discutido en los propios países centrales. Es decir, ellos advierten que esta es una situación incómoda para sus propios intereses, ya que las editoriales son negocios internacionales que obligan a los consorcios de universidades americanas o europeas a comprar el acceso a la información que ellos mismos generaron.

¿Cómo contribuye la liberación de información científica al avance de la ciencia nacional?

Eso es difícil de medirlo ahora porque es incipiente. Uno puede imaginarse que cuando el conocimiento esté disponible para todos en una forma absolutamente abierta y sencilla, habrá aprovechamientos insospechados que hoy no se dan debido a los altos costos de suscripción. Cuando hablamos de los 21 millones de dólares, nos referimos a suscripciones para la comunidad científica, lo cual deja de lado al resto de la comunidad argentina.

Para usted… ¿Cuál será el aporte más significativo de la ley?

A través de esta legislación, queremos lograr que todos los Estados recuperen el derecho a difundir libremente lo que producen con fondos públicos. Esto no es una idea originada por nosotros, sino que existe una corriente internacional en esa dirección. Con la ley, acompañamos ese proceso y tratamos de incentivar a otros países para que imiten esta idea, porque sólo cosecharemos el beneficio de una legislación de este tipo cuando sea de implementación masiva en el mundo. Latinoamérica produce cerca del cuatro por ciento de la información científica a escala mundial. Así pues, cuando La Referencia contuviera el conocimiento de todos los países de la región, sólo podríamos acceder a ese cuatro por ciento de información científica (ver recuadro: "Un repositorio latinoamericano"). Sin duda, esto tendrá un impacto real cuando se haga masivo y los países centrales también incorporen el acceso libre al conocimiento científico que generan.

Anexo

Un Espacio del INTA
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta un sistema interno para recopilar su propia producción bibliográfica. Este espacio es "la base principal para armar un repositorio institucional" acorde a los requisitos exigidos por la ley 26.899, aseguró la coordinadora del Centro Documental del INTA, Ana Breit. "Si bien aún no tenemos el repositorio institucional instalado que permite soportar los objetos digitales, el proceso de digitalización de materiales comenzó hace tres años con el doble objetivo de preservar la producción intelectual y promover la difusión de esa información", señaló. Actualmente, el centro documental comenzó con la asignación de metadatos a los archivos digitalizados, aunque continúa en la digitalización progresiva de materiales. Hasta el momento, se escanearon todos los ejemplares de la Revista de Información sobre Investigación y Desarrollo Agropecuario (IDIA) y la Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA). También, se procesaron las colecciones de publicaciones seriadas de las Estaciones Experimentales y los trabajos monográficos de mayor consulta, muchos de los cuales incluyen cartografía de relevancia.

Un repositorio latinoamericano
"La Referencia, de la cual somos uno de los países fundadores, es un proyecto de repositorios digitales institucionales en Ciencia y Tecnología que involucra a nueve países de Latinoamérica", dijo el secretario de Articulación Científico Tecnológica del MinCyT. Entre los principales miembros definidos en cuanto a producción científica, se destacan Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Similar a la propuesta del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas (La Referencia) tiene como objetivo "exponer toda la producción científica de Latinoamérica", afirmó el funcionario. Este espacio fue creado a fines del año 2012 y, al igual que el sistema argentino, permite interconectar los repositorios propios de cada país. Con la mirada puesta en el futuro, Ceccatto dijo que la plataforma "tomará fuerza a medida que los distintos países aprueben legislaciones que hagan obligatoria la incorporación de la producción científica a los repositorios de acceso abierto". En la región, después de la Argentina, sólo Perú cuenta con una ley aprobada que avala la liberación de conocimiento.

Más información:

Alejandro Ceccatto
Secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.