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Revista argentina de sociología

versión On-line ISSN 1669-3248

Rev. argent. sociol. v.4 n.6 Buenos Aires ene./jun. 2006

 

Entre el riesgo ambiental y el riesgo social: buscando una salida a la tenencia irregular

Mariana Caram y Soledad A. Pérez

Fundación Bariloche

marianacaram@infovia.com.ar
Mariana Caram. Licenciada en Antropología, maestranda en Hábitat y Vivienda, Universidad Nacional de Rosario. Fundación Bariloche, Av. Bustillo km. 9,5, CAB (8400) San Carlos de Bariloche, Río Negro.

sole@bariloche.com.ar
Soledad A. Pérez. Licenciada en Sociología, maestranda en Filosofía e Historia de las Ciencias, Universidad Nacio
nal del Comahue, Becaria CONICET, Fundación Bariloche, Av. Bustillo km. 9,5, CAB (8400) San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Abstract

La ocupación de hecho de tierras en áreas urbanas constituye una de las formas más extremas que los sectores de menores ingresos encuentran para dar solución a su necesidad habitacional, en contextos fuertemente condicionados por el mercado inmobiliario y por políticas públicas deficitarias y poco inclusivas. Estas ocupaciones suelen producirse en terrenos vacantes y carentes de condiciones de habitabilidad básica.
A partir del análisis de un caso relativo a un proceso de negociación para la relocalización de un asentamiento de ocupantes de hecho, nos centraremos en las distintas definiciones de riesgo, y analizaremos qué aspectos están involucrados en cada una de ellas; así, haremos referencia al riesgo ambiental, al riesgo social y a la inseguridad en la tenencia. Veremos cómo estas nociones subyacen en la construcción de los sujetos de las políticas públicas, cómo juegan en la elaboración de la identidad colectiva de los habitantes del barrio y cómo estos conceptos interactúan (Hacking, 2001) con los distintos actores, asumiendo sentidos ambivalentes y contradictorios a lo largo del proceso.

Palabras clave: Clase interactiva; Acceso al suelo; Riesgo ambiental; Riesgo social; Identidad.

Irregular occupation of land in urban areas constitutes one of the extreme ways by which low income sectors find a solution for their housing needs in contexts that are highly conditioned by the land market and by deficient and non-inclusive public policies. These land encroachments are typically take place in residual and remnant vacant lots that lack basic conditions of habitability.
Based on the analysis of a relocation program that involved negotiations between government officials and occupants, the paper focuses on different definitions of risk: environmental, social, and land tenure instability. We will explore how these concepts underlie the construction of the subjects of public policies, their role in building the neighborhood population's collective identity, and how they interact (Hacking, 2001) with the different intervening actors, assuming ambivalent and contradictory meanings through the negotiation process.

Key words: Interactive Class; Social Risk; Environmental Risk; Access to Land; Identity.

Introducción

Contextos fuertemente condicionados por el mercado inmobiliario y la deficiencia de políticas públicas habitacionales que apunten a la inclusión de la población de menores ingresos subyacen a las ocupaciones de hecho, fenómeno extendido en América latina y que constituye una de las formas extremas en que los sectores de menores ingresos logran acceder al suelo urbano.
Las ocupaciones suelen producirse en tierra vacante, remanente, a la vez que residual y carente de condiciones de habitabilidad básica, calidad que inhibe su comercialización en el mercado, aunque en muchas ocasiones se trata de reservas fiscales. La exposición a distintos tipos de riesgo ambiental e inseguridad, tales como inundación, anegamiento, aluvión, derrumbe, contaminación, someten a situaciones de especial vulnerabilidad a los ocupantes.
Tomando como punto de partida el análisis de un proceso de negociación para la relocalización de un asentamiento de ocupantes de hecho de una zona de vulnerabilidad ambiental, trabajaremos las distintas definiciones de riesgo que surgen del caso en estudio, al tiempo que analizaremos aquellos aspectos que están involucrados en cada una de ellas; así, haremos referencia al riesgo ambiental, al riesgo social y a la inseguridad en la tenencia. Apelando al concepto de clase interactiva (Hacking, 2001), noción que refiere a sujetos conscientes y cuyo conocimiento del modo en que están siendo clasificados puede repercutir sobre sus acciones y sobre las clasificaciones mismas, veremos cómo las diversas definiciones de riesgo y la clasificación de "población sujeta a riesgo" subyacen en la construcción de los sujetos de las políticas públicas, interactúan con los distintos actores, asumiendo sentidos ambivalentes y contradictorios a lo largo del proceso, y juegan en la elaboración de la identidad colectiva de los habitantes del barrio.

El caso

Las reflexiones siguientes surgen del seguimiento y la observación de un proceso de demanda de traslado por parte de dos asentamientos de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hacemos referencia a dos barrios que surgieron hace aproximadamente doce años, luego de que la población que ocupaba el área fuera erradicada por el municipio hacia el sudoeste de la ciudad, dejando libre una zona que fue rápidamente reocupada por nuevos pobladores que se sumaron a algunas familias que permanecieron luego de haberse resistido al traslado. Al momento de comenzar con este estudio , eran 88 las familias que conformaban San Cayetanito y Barda Este.
Estos barrios crecen al borde este y sobre la barda del río Ñireco, es decir, en el lecho inundable y en el talud, sobre suelos inestables. Esta zona de la ciudad, tanto al este como al oeste del arroyo, viene siendo sitio de ocupación por sectores de bajos ingresos, ya que son tierras sin uso, con una ubicación relativamente céntrica.
Una inundación sufrida en octubre de 2002 desbordó el río Ñireco, como nunca había ocurrido desde que esta población se asentara en el lugar. Algunas casillas fueron llevadas por la correntada, las intensas lluvias provocaron el desmoronamiento de la barda y de viviendas y todos sintieron fuertemente amenazada su seguridad física.
A partir de estos incidentes, la Comisión barrial que venía funcionando tomó la iniciativa, y en asamblea general decidió empezar una estrategia de trabajo, con la meta de localizar en la zona posibles tierras donde trasladarse.
En conjunto, resolvieron que debía tratarse de un sitio que se caracterizara por carecer de los riesgos ambientales que padecían en los actuales asentamientos: sin desbordes de río, sin derrumbes, sin torres ni cables de media tensión. Otra condición que se propusieron como barrio era encontrar un sitio cercano a la actual ubicación, donde pudiesen trasladarse todos juntos.
Unos meses más tarde, personal de la Secretaría Municipal de Promoción Social y Juventud se acercó a la Comisión de vecinos con la intención de acompañar y promover el proceso. De este modo, se inició también un diálogo con el Poder Ejecutivo Municipal.
Durante el primer semestre de 2003 el trabajo estuvo abocado a fortalecer la organización barrial, unificar los dos barrios -San Cayetanito y Barda Este- y realizar una búsqueda de tierras vacantes en las inmediaciones de su actual ubicación. Estos emprendimientos resultaron en la localización de tierras en el llamado Pinar de San Francisco IV, propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), de Río Negro. Desde la Secretaría Municipal de Promoción Social y Juventud se inició una tramitación para su posible adjudicación y fue el intendente de la ciudad quien prometió a los vecinos no sólo las tierras sino también "viviendas dignas". Esto nunca se plasmó en un convenio escrito, aunque los vecinos confiaban en el fuerte compromiso personal del Ejecutivo Municipal, que mediante diversos artilugios clientelares logró convencerlos de ello.
Pasaron los comicios y la firma del convenio nunca se realizó. Desde la capital provincial llegó la noticia de que las tierras prometidas ya estaban adjudicadas a otro proyecto. De manera que los gobiernos municipal y provincial cooptaron la organización barrial con fines netamente eleccionarios para luego desarticularla, y fueron los delegados barriales quienes cargaron con gran parte del costo político de dicho fracaso. Los vecinos intentaron enfrentar al intendente y le exigieron el cumplimiento de sus promesas, ante lo cual éste realizó distintas propuestas: algunas apuntaban a estrategias de resolución de corte netamente individualista, contrarias al modo en que venían trabajando los vecinos hasta ese entonces; otras eran impresentables, como proponer "que algún familiar que tuvieran les regalara un terrenito"; no faltó la opción de trasladarlos al barrio 34 Hectáreas; y se ofreció también una alternativa que se restringía sólo a aquéllos que ganaran más de $600 comprobables, a quienes se les reservaría un cupo de treinta viviendas del IPPV en el Pinar, es decir, las viviendas prometidas con anterioridad. Ninguna de estas propuestas constituía una solución aceptable para familias de ocupantes que, en su mayoría, se sostenían acudiendo a comedores barriales y mediante planes como el de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Condición de la cual el municipio tenía perfecto conocimiento, ya que unos meses antes se había realizado un censo sobre la situación habitacional y socio-ocupacional de todos los hogares. Sin embargo, dieciocho familias se inscribieron en la última propuesta porque decían poder cumplir los requisitos exigidos.
Pero la mayor parte de la población no recibió con agrado estas alternativas y se sintió defraudada. Por un lado, se desconoció el trabajo que como organización y como barrio venían realizando, inclusive apoyados desde los equipos técnicos de la Municipalidad, el cual tenía algunas metas claras y el objetivo principal de permanecer en la zona y juntos como barrio. Con respecto a esta última condición existe abundante bibliografía y experiencia, incluso en la ciudad de Bariloche, que argumentan en favor de no erradicar a las poblaciones lejos de su lugar para evitar desarraigo, rotura de redes sociales y laborales, pérdida de identidad y exclusión (Caram y Pérez, 2004). Por otro lado, las propuestas anunciadas tampoco se ajustaban a la realidad de los hogares, a sus posibilidades, y menos aún a sus expectativas, algunas de las cuales habían sido generadas por el mismo gobierno.
Frente a estas nuevas opciones de traslado la organización barrial se replegó, favorecida, además, por el hecho de que algunos de sus representantes accedieron a la propuesta planteada para quienes ganaran más de $600. Una de las cuestiones más llamativas que resultaron de estas negociaciones con el gobierno fue que los vecinos dejaron de lado el argumento que privilegiaba su situación de vulnerabilidad frente al riesgo ambiental, para comenzar a reafirmar su derecho a ocupar la costa y la barda del río, inclusive con intenciones de regularizar la tenencia sobre los terrenos ambientalmente no aptos.
En julio de 2004 seguían todos en el mismo sitio cuando se produjo una inundación que puso nuevamente en evidencia el riesgo ambiental del lugar en que se encuentra el asentamiento. El Ejecutivo Municipal trató de instalar la idea de "fenómeno natural extraordinario", título bastante dudoso para un fenómeno que ocurrió dos veces en menos de dos años y del cual hay informes técnicos que lo describen y prevén con anterioridad.
El acontecimiento fue cubierto por los medios nacionales y hasta el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, visitó la zona afectada. En dicha oportunidad, además de la inundación hubo un alud que derribó dos viviendas, una de las cuales perteneciente al barrio 112 Viviendas, construido por el IPPV sobre el lecho de inundación del río. Una vez más los postes de media tensión debieron ser apuntalados y hubo gran cantidad de evacuados, no sólo de los asentamientos mencionados. A partir de ese momento el problema de la barda del río Ñireco pasó a involucrar tanto a los ocupantes de la margen este (de quienes venimos comentando) como a los habitantes de la oeste, muchos de los cuales se asentaron sobre la barda legalmente, a partir de la compra de terrenos de un loteo aprobado por el municipio. A esto se sumó la problemática de los habitantes de los tres conjuntos habitacionales construidos por el IPPV, levantados sobre el lecho de inundación del río frente a Barda Este y a San Cayetanito (el alud, justamente, cayó sobre una de estas viviendas). Al respecto, el Presidente manifestó públicamente la urgencia de dar con los responsables de permitir el loteo y la construcción de viviendas con dinero público, en sitios de riesgo geomorfológico.

Los distintos sentidos del riesgo

En este proceso es posible vislumbrar diversos sentidos de la noción de riesgo que interactúan con los actores involucrados en el problema. Al decir interactúan, retomamos el concepto de clase interactiva de Hacking (2001), que hace referencia a la interacción que se produce entre los conceptos que se aplican a personas, por los cuales éstas pueden modificar no sólo sus acciones sino también las categorías con que se las define.
En el caso que abordamos, los tres tipos de riesgo a los que hacen mención los distintos sectores son el ambiental, el social y la inseguridad en la tenencia, aunque dichas visiones difieren en su contenido.
Aquí juegan un papel muy importante los procesos sociales de definición de los riesgos, convirtiéndose los medios y las posiciones (sitios, lugares, perspectivas, visiones) de definición del riesgo en situaciones sociopolíticas clave. Estas posiciones antagónicas son asumidas tanto por los vecinos como por el Ejecutivo Municipal, la provincia, los habitantes de las zonas donde se plantea trasladar a los ocupantes, los propietarios de la margen este del río que deben ser relocalizados y no están dispuestos a perder "su lugar" en la ciudad y a convivir con ocupantes "ilegales", y la empresa con la que el municipio negocia la compra de lotes para realizar dicho traslado, entre otros.
En el caso que abordamos, los vecinos perciben distintos riesgos: el ambiental, del cual ya hemos hecho mención; el social, provocado por el temor al desarraigo y a la forzada convivencia con zonas estigmatizadas de la ciudad, y la inseguridad en la tenencia. Como vemos, aquí interactúan y se articulan distintas definiciones de riesgo que serán utilizadas en función de la ocasión.
Como señala Beck, "en las definiciones del riesgo se rompe el monopolio de racionalidad de las ciencias" (1998: 35). Emergen, entonces, distintas pretensiones, intereses y puntos de vista en conflicto provenientes de los distintos actores. De esta manera, "se observa una pluralidad conflictiva de definiciones de los riesgos civilizatorios. Se llega, por decirlo así, a una superproducción de riesgos que en parte se relativizan, en parte se complementan, en parte se disputan mutuamente la supremacía. Cada posición de interés intenta defenderse con definiciones del riesgo y, de este modo, alejar los riesgos que atacan a su monedero. Las amenazas al suelo, a las plantas, al aire, al agua y a los animales adoptan un lugar especial en esta lucha de todos contra todos por las definiciones del riesgo más ventajosas, en la medida en que hacen hablar al bien común y a las voces de quienes no tienen voz⁄ Esta pluralización es evidente para la referencia de los riesgos a los valores y a los intereses: el alcance, la urgencia y la existencia de los riesgos oscilan con la pluralidad de valores y de intereses" (Beck, 1998: 37).
En el caso que analizamos, los pobladores mencionaban tres tipos de riesgo ambiental diferentes: 1) la inundación, 2) la inestabilidad de los suelos de la barda (peligro de desmoronamiento) y 3) los cables de media tensión. Mientras que los dos primeros obedecen a fenómenos de la naturaleza y son sentidos porque surgen de la propia experiencia, constituyendo peligros potenciales, latentes, el riesgo de vivir bajo cables de media tensión es percibido como un peligro "invisible". Los desbordes del río ocurridos en 2002 y 2004 fueron y continúan siendo particularmente importantes porque, además de ser catastróficos, fue a partir de ellos que los vecinos resignificaron su posición social de ocupantes y empezaron a identificarse como víctimas de riesgo ambiental y a demandar, desde ese lugar, una solución a su situación con respecto a la tierra.
En este punto creemos conveniente identificar los cuatro elementos distinguibles analíticamente, pero ligados entre sí, que dan cuenta de la complejidad del concepto de riesgo (Natenzon, González, Barrenechea y Gentile, 2003) para ver, posteriormente, cuáles de éstos son retomados por los vecinos y las autoridades, en los distintos momentos del proceso, para referirse al riesgo. Se trata de: a) la peligrosidad, b) la exposición, c) la vulnerabilidad y d) la incertidumbre.
a) La peligrosidad da cuenta del potencial de amenaza de cualquier fenómeno físico natural. En este sentido, cuanto más información se tenga respecto de un fenómeno, mayor probabilidad se tendrá de prevenir y saber qué podría llegar a suceder. El conocimiento técnico y el aporte de las ciencias naturales básicas y aplicadas juegan un rol central, ya que proveerán de instrumentos como para enfrentar un eventual problema. En este caso existen informes geológicos de varios años, pero no se cuenta con estudios actualizados, según informaron los concejales el 25 de enero de 2005 en una reunión convocada por los vecinos afectados por la problemática; de ahí que el Concejo Municipal unánimemente haya frenado un proyecto de canje de tierras con la empresa Las Victorias SRL, presentado por el Ejecutivo Municipal con la intención de ser aprobado en tres días. A su vez, los relevamientos técnicos que se hicieron en las viviendas más expuestas fueron muy irregulares, según manifestaron los vecinos.
b) La exposición hace mención a las construcciones materiales y a la distribución de la población en el territorio, y reúne lo que materialmente está frente a la peligrosidad. Se trata de una consecuencia de la interrelación entre peligrosidad y vulnerabilidad, influyendo a la vez sobre ambas. Este componente se manifiesta territorialmente como construcción histórica que entrelaza los procesos físico-naturales con las relaciones socioeconómicas, configurando determinados usos del suelo, distribución de infraestructura, asentamientos humanos, servicios públicos, etc. (Natenzon, González, Barrenechea y Gentile, 2003). En este caso, la exposición se manifiesta en la población y las precarias construcciones emplazadas en los asentamientos, carentes de instalaciones internas de agua, con pilares de luz compartidos entre varios vecinos, y en la falta de conexión al gas natural, de modo que para cocinar y para calefaccionar los ambientes sus moradores deben recorrer largas distancias para aprovisionarse de leña. La exposición incluirá también a los conjuntos habitacionales realizados por el IPPV, así como al barrio de loteo y servicios en la margen este del río, en el sentido que ambos constituyen una especial combinación de elementos materiales, infraestructura y población afectados por el alud y la inundación.
c) La vulnerabilidad remite a las estructuras socioeconómicas. Se trata de una caracterización o atributo de la sociedad, previo a la ocurrencia de un evento desastroso; define la situación en que se halla la población como para enfrentar un imprevisto fenómeno catastrófico. En este sentido, la población más vulnerable de la zona es la de San Cayetanito y Barda Este, a la cual, recurriendo a indicadores tradicionales, podríamos definir como NBI (con necesidades básicas insatisfechas). Hasta aquí las componentes cuantificables del riesgo. Pero cuando dicha cuantificación no puede satisfacerse, el riesgo deviene en incertidumbre.
d) La incertidumbre: "Las zonas grises del conocimiento científico ponen de manifiesto el carácter político valorativo de las decisiones. La dificultad de contar con conocimiento científico cierto transforma, de alguna manera, los estándares de tolerancia o el cálculo de probabilidades en 'números políticos', cuya aceptación dependerá de complejos mecanismos de legitimación entre el discurso científico y las prácticas sociales" (Natenzon, 2004: 12). La incertidumbre impone la necesidad de involucrar en la toma de decisiones a quienes están o estarán expuestos al peligro, y dicha incorporación se da en el espacio político (Funtowicz y Ravetz, 1993).

Así, la incertidumbre pertenece al ámbito de la toma de decisiones y está colocada a nivel de percepción de los grupos. Por este motivo, es necesario conocer los aspectos políticos y las percepciones de los actores sociales implicados en el proceso, ya que hay valores e intereses muy importantes en juego, en la consideración de los propios actores.
Siguiendo a Natenzon, vemos que estas cuatro dimensiones parciales coexisten permanentemente, pero encarnadas en distintos actores. Cualquier abordaje que intente analizar situaciones de riesgo debe involucrar las cuatro dimensiones y trabajar estos elementos que van a reconfigurarse en función del momento en que se esté respecto del riesgo, es decir, antes, durante o después de ocurrida una catástrofe (Natenzon, González, Barrenechea y Gentile, 2003).

El riesgo ambiental, desde los vecinos y desde las autoridades

En el caso que analizamos, como vimos anteriormente, los pobladores mencionan tres tipos de riesgo ambiental diferentes: 1) la inundación, 2) la inestabilidad de los suelos de la barda (peligro de desmoronamiento) y 3) los cables de media tensión.
Sin embargo, en función de las opciones que se les presenten a los pobladores de San Cayetanito y Barda Este para dejar el lugar, los riesgos ambientales se evalúan junto a otros riesgos y, como vemos, la opción general sigue siendo quedarse, olvidándose de la peligrosidad y la exposición frente a los riesgos ambientales que en otras circunstancias también predican.
En cuanto a la postura del gobierno, es importante destacar que los argumentos oficiales sobre la inaptitud para el uso residencial de las tierras, a los cuales se alude para evitar la regularización in situ de los asentamientos, no obedecen simplemente a la peligrosidad y potencialidad de riesgos ambientales, puesto que sobre los mismos suelos se han implantado tres grandes complejos habitacionales construidos por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, de Río Negro, pese a existir un informe geológico, realizado en la década del '80, que señalaba lo siguiente:

"Continuará la erosión al pie del talud. Dicha erosión hace al talud potencialmente inestable y no recomendable para futuras urbanizaciones a menos que se realicen trabajos de protección de alto costo y dudosa efectividad. El ángulo del talud es similar al ángulo de fricción interna de los suelos que los componen, por lo que el factor de seguridad es inferior a 1,2 , siendo entonces el talud inestable tanto desde el punto de vista geológico como geotécnico y cualquier diseño de obras de ingeniería deberá contemplar previamente obras de estabilización. Sobre la base de las conclusiones obtenidas se recomienda desechar la ladera para proyectos de urbanización, proponiendo en cambio su forestación y su utilización como parque público" (Rabassa y Domínguez, 1981: 285).

Aquí se ve claramente cómo desde el sector gubernamental se apela a la idea de riesgo, a fin de relocalizar a un sector de la población, al tiempo que se anula dicho concepto al implementar políticas que tienden a arraigar a otra población en ese mismo lugar. ¿Cuál es, entonces, el riesgo que alerta, alarma, amenaza o preocupa a las autoridades provinciales y municipales? ¿En qué tipo de riesgos piensan, si no toman en cuenta la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad de estos asentamientos?

Riesgo social

Lo más destacable de la noción de riesgo social de los habitantes de los asentamientos es que aparece y se construye en las argumentaciones para defender o denostar un posible traslado al Alto de la ciudad.
La cuestión que aquí denominamos riesgo social hace referencia a problemas de inseguridad y violencia urbanas. Mientras que los habitantes dicen vivir en un lugar tranquilo y sin molestar a nadie, mudarse a un barrio del Alto implicaría pasar a ser víctima de distinto tipo de situaciones violentas. Es también el temor a compartir el espacio con desconocidos, perder el lugar céntrico que ocupan en la barda del río Ñireco y romper los circuitos habituales de trabajo, estudio, vida cotidiana. Estos argumentos que se exponen ahora coinciden con los de los vecinos que se negaron al traslado masivo al barrio 34 Hectáreas, a principios de la década del '90: que las tierras ofrecidas quedaban muy lejos del trabajo, de la escuela a la que iban sus hijos, del hospital y del supermercado, lo cual implicaba un rotundo quiebre en sus rutinas. Con el tiempo, y al conocer la experiencia de aquellos que sí se trasladaron -la que evalúan de manera muy negativa, ya que en esa zona se concentran todos los estigmas con respecto a inseguridad, delincuencia y violencia-, confirmaron su posición de quedarse en la zona. Quienes fueron trasladados, retomando a De Certeau (1996), vieron desaparecer sus relatos, y cuando los relatos desaparecen se pierde espacio , aunque se haya ganado un lugar, en este caso, una parcela de tierra. En la situación planteada por la pérdida de espacio, como señala este autor, y con la consecuente ausencia de narraciones, el grupo o el individuo sufre una regresión hacia la experiencia inquietante, angustiante y fatalista, de una totalidad incierta y sin forma.
Esta negativa a irse del este de la ciudad es defendida fuertemente por algunos vecinos que han experimentado habitar en el Alto, incluso en calidad de propietarios, y que optaron por volver al asentamiento, según ellos, a causa de la inseguridad a la que fueron sometidos en estos otros barrios.
Para la mayoría de los vecinos, la residencia debe estar del lado este del río o, a lo sumo, en la costa oeste. Se resisten y ni imaginan trasladarse a los barrios "del Alto", término que ellos mismos utilizan. Y si bien es posible que algunas zonas de la ciudad sean más vulnerables a la inseguridad que otras, o sean percibidas como más inseguras, importa destacar que, detrás de estos argumentos, se está construyendo y defendiendo una identidad barrial que se define en el ser habitantes del lado este del río y diferenciarse de la población del Alto de la ciudad.
Esta identidad es tan fuerte que, tal como se desprende de las entrevistas con los pobladores de estos barrios, si a ellos les dieran la tenencia en su actual ubicación se quedarían, lo cual demuestra que la situación de amenaza del riesgo ambiental (inundación, desmoronamiento, cables de media tensión) no redunda linealmente en la toma de conciencia de su peligro, sino que también puede ocasionar la negación por miedo. Como vemos, aquí la peligrosidad y la exposición, en tanto dimensiones del concepto de riesgo, quedan relegadas frente al temor generado por la presuposición de un cambio de vida en zonas estigmatizadas de la ciudad.
Siguiendo a Beck (1998: 84):

"En esta posibilidad de ocultar la misma situación de amenaza se diferencia y solapan el reparto de la riqueza y el reparto del riesgo: no se puede saciar el hambre negándolo, pero los peligros siempre pueden ser eliminados mediante la interpretación (en el caso de que aún no se hayan presentado)". En la experiencia de las carencias materiales están engarzados los daños reales y la experiencia subjetiva. Los riesgos surgen en el saber y es mediante el saber que pueden ser minimizados, engrandecidos o descartados de la conciencia. "Lo que para el hambre es la alimentación, lo es para la conciencia del riesgo la eliminación de los riesgos o su interpretación como si no existieran. En la medida en que aquello no es posible (personalmente), esto gana significado. Así, pues, el proceso por el que se toma conciencia de los riesgos siempre es reversible. A tiempos y generaciones agitados e intranquilos pueden seguirles otros en los que el miedo a través de las interpretaciones es un componente domesticado de su pensamiento y de su vivencia" (Beck, 1998: 84).

Inseguridad en la tenencia

Mediante la ocupación y el habitar cotidiano, los practicantes de estos lugares han fundado espacios en el sentido de De Certeau (1996: 129): "El espacio es un cruzamiento de movilidades". A partir de esta definición, la calle trazada geométricamente por el urbanismo se convierte en espacio con el paso de los caminantes. Aquí, éste es pensado como "lugar practicado". El espacio no es algo inmutable y estático que puede describirse desde una visión panóptica o cartográfica, es decir, desde arriba, sino que está estructurado en el movimiento, en el dinamismo que le confieren las prácticas, y es ese movimiento el que intentamos captar por medio del discurso de los actores. El espacio no se reduce a los trazos que se pueden delinear en un mapa, sino que involucra a las relaciones, las rutinas, los discursos, las identidades y los sujetos que lo recorren. En este sentido, los relatos cotidianos dan cuenta de aquello que es posible hacer, de manera que generan espacios. El relato no es meramente una descripción, tiene un poder distributivo y a su vez performativo, es decir, el poder de hacer lo que dice, es fundador de espacios. De ahí nuestro interés en reconstruir el relato de este espacio que liga a sus habitantes, más allá de sus diferencias, conflictos y contradicciones. El espacio no es homogéneo y es en el relato en torno del riesgo que aparecen plasmadas estas rugosidades, que son constitutivas de su cotidianeidad.
Retomando esta noción de espacio, es posible afirmar que, con la inteligencia y la inventiva del más débil, sacando provecho a la ocasión, los ocupantes utilizan un lugar que no es propio y se valen de él para fundar espacios, en una práctica de tipo táctico. Así resuelven, ingeniosa y creativamente, su necesidad habitacional, lo cual no modifica el orden del poder propietario ni, por lo tanto, su situación de vulnerabilidad.
Aunque por medio de la ocupación de tierras se ejerza el derecho a su uso, la falta de legalidad en este acto, que constitucionalmente se puede interpretar como legítimo, pone al ocupante en una situación de especial vulnerabilidad, ya que en nuestra sociedad prevalece el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda.
El riesgo más serio percibido por los ocupantes de hecho es el de la erradicación, y con ello la pérdida de su vivienda y hábitat social, si bien este último implica no pertenecer a la ciudad reconocida, a aquella en que las calles tienen nombre y numeración, donde existen el domicilio y la dirección y se puede acceder a servicios urbanos. La falta de reconocimiento ha sido motivo de conflicto y de lucha por parte de los asentamientos. Éstos cuentan, desde sus orígenes, con incipientes organizaciones comunitarias que tomaron mayor ímpetu en 2002, luego de una ardua tramitación ante las autoridades municipales. La dificultad que encontraban para consolidar la organización se debía a su condición de ocupantes de hecho o "ilegales", motivo por el cual el municipio no les otorgaba reconocimiento de Junta Vecinal; resultando paradójico que, sin este aval, la comisión veía limitada su capacidad de acción y gestión, ya que no aparecía como un actor representativo del barrio, en especial para ocuparse del manejo a escala barrial de los programas y planes asistenciales. Luego de sortear pasos burocráticos y presiones, lograron el reconocimiento de parte de la Dirección de Juntas Vecinales pero como Comisión de Trabajo. Pese a que esta denominación confiere un estatus inferior a la organización barrial, es gracias a este reconocimiento estatal que convalidaron su posición como actor social ante sus propios vecinos y ante las instituciones y la sociedad en general.
La preocupación por la situación de ilegalidad en la ocupación de las tierras es un problema que subyace permanentemente. Antes de la inundación ocurrida en la primavera de 2002, las iniciativas emprendidas por algunos vecinos obedecían a la intención de regularizar la situación de ilegalidad de su ocupación. Pero a partir de ella -que movilizó colectivamente a los barrios- recibieron asistencia de diferentes instituciones y repentina aunque fugazmente se encontraron en la agenda política del municipio; así, los planteos con respecto a la tierra ya no se justificaron sólo por la situación de inseguridad en la tenencia, sino especialmente por la vulnerabilidad frente al riesgo ambiental. Este tema nos reenvía a Beck, quien destaca que en la sociedad del riesgo la solidaridad surge por miedo y puede convertirse en fuerza política, por oposición al entrelazamiento producido por los intereses del mercado. Con lo cual se plantea el interrogante respecto del modo en el que opera el miedo como factor de cohesión. Si bien el caso que analizamos no puede ser subsumido exclusivamente dentro de la categoría de sociedad de riesgo, ya que en él se solapan problemas de la comunidad por la miseria, se ve claramente que el miedo fue el elemento que los unió. A partir de ambas inundaciones, los dos barrios fueron visibilizados por el resto de la sociedad, y quizá lo más importante es que a causa de las catástrofes, internamente se sintieron unidos y cohesionados.

Consideraciones finales

A partir de hechos catastróficos como las inundaciones de octubre de 2002 y julio de 2004, el municipio definió un colectivo empírico, luego de la emergencia. Allí el riesgo, que hasta entonces aparecía ligado a la probabilidad, se convirtió en certeza y pasó a formar parte de la experiencia. La aparición y el reconocimiento de estos nuevos interlocutores en la escena pública no implicaron que las autoridades asumieran que la carencia, en principio, estaba ligada al incumplimiento del derecho a la tierra. Se los identificó como población sujeta a riesgo ambiental. Esta categoría constituye una clase interactiva (Hacking, 2001), es decir, una clase en la cual están involucrados sujetos conscientes y cuyo conocimiento del modo en que son clasificados puede repercutir no sólo sobre sus acciones (que dependen de las descripciones disponibles), sino también sobre las clasificaciones mismas. Este proceso de interacciones ha sido denominado por Hacking "looping effect", y da cuenta, por un lado, de las interacciones entre los sujetos y, por el otro, de los modos en que son clasificados y su comportamiento. Ser visto como cierta clase de individuo o hacer una cierta clase de acto puede afectar al individuo. Así, un nuevo modo de clasificar puede sistemáticamente perturbar a los clasificados o estos mismos sujetos pueden rebelarse contra quienes los clasifican. Estas interacciones pueden generar transformaciones en la gente y en lo que se conoce acerca de ella.
En el caso que nos ocupa, como ya dijimos, el nivel de conciencia de los vecinos respecto de los riesgos es relativo, ya que en diversas oportunidades insinúan su intención de regularizar su situación en el lugar donde se encuentran; o a la hora de optar frente a las alternativas de traslado que se les presentan pesan más en esta decisión los peligros "sociales" que ser potenciales víctimas de cualquier tipo de riesgo ambiental, o continuar en una situación de ocupación irregular. No obstante, los vecinos se apropiaron de la noción de riesgo ambiental como bandera para satisfacer su derecho a la tierra, porque a partir de esta categoría fueron reconocidos como interlocutores válidos en el espacio público. Frente a este dilema, se ve claramente cómo la identificación con la idea de riesgo ambiental se corresponde más con una adecuación a la caracterización hecha por las autoridades, que al modo en que los vecinos representan su propia situación. Sin embargo, con una astucia táctica, hacen uso de ella, aprovechando la ocasión para generarse un espacio en la ciudad (De Certeau, 1996).
Queda abierta la pregunta acerca de cómo sigue este proceso, en tanto la experiencia de la inundación se disipa con el tiempo. La incertidumbre, que es el componente del riesgo no cuantificable perteneciente al ámbito de la toma de decisiones y colocado a nivel de percepción de los grupos, sigue sin ser tenida en cuenta, así como tampoco son escuchadas las voces de los actores sociales implicados en el proceso. Por lo pronto, y mientras no surjan propuestas de traslado, continuarán conviviendo en el mismo espacio, en la misma situación de vulnerabilidad y expuestos a los mismos peligros.

Bibliografía

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Aceptado: 24 de abril de 2006