"Transgrediendo el derecho de los que nos vulneran": Espacios ocupados y recuperados en la Ciudad de Buenos Aires

María Carman y María Paula Yacovino

Programa de Antropología de la Cultura Instituto de Ciencias Antropológicas Facultad de Filosofía y Letras, UBA

mariacarman@sinectis.com.ar
María Carman. Programa de Antropología de la Cultura (Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
mpyacovino@yahoo.com.ar
María Paula Yacovino. Programa de Antropología de la Cultura (Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires).

Abstract

En este artículo comparamos la toma de inmuebles, públicos o privados -acaecida en la Ciudad de Buenos Aires desde la vuelta a la democracia-, con el fenómeno de la "recuperación" de espacios por parte de las asambleas barriales, que comenzaron a surgir luego de los "cacerolazos" de fines de 2001. Abordamos sus momentos de auge y sus formas de legitimación, así como el posterior debilitamiento de ambas prácticas, a partir de una serie de desalojos ejemplares por parte del Estado.

Palabras clave: Ocupaciones; Recuperaciones; Desalojo; Cacerolazo; Legalidad/Ilegalidad.

This article presents a comparative analysis of squatting in public / private buildings in the City of Buenos Aires after the return to democracy, and the so-called "recovering" of spaces by neighborhood assemblies that emerged after the cacerolazos (pot-banging) in late 2001. The study focuses on their climax and their struggle for legitimacy, as well as on their subsequent failing after a series of exemplary government evictions.

Key words: Occupations; Recovery; Eviction; Cacerolazo; Legality/Illegality.

Introducción

"Entrar a este espacio, transgrediendo el derecho de los que nos vulneran, va a significar para el barrio la posibilidad de encontrar un lugar donde se puedan establecer fuentes de trabajo colectivas, un terreno para generar una cultura de la liberación..."¹

En este artículo hemos de comparar la ocupación de inmuebles acaecida en la Ciudad de Buenos Aires desde la vuelta a la democracia (1984) hasta 2001, con el fenómeno de la recuperación² de espacios por parte de las asambleas barriales, que comenzaron a surgir en la misma ciudad luego de los cacerolazos³ de fines de 2001.
En las décadas del 80 y del 90, fueron los sectores populares quienes encontraron en el "romper candado⁴" una alternativa para solucionar el problema de vivienda. A partir de 2001, cuando los efectos de la crisis se volvieron palpables para la sociedad en su conjunto, los sectores medios sintonizados con la crisis retomaron ciertas prácticas de apropiación de espacios que hasta aquel entonces podían considerarse como una "marca de fábrica" de los sectores populares. Bajo las nuevas circunstancias, la recuperación revirtió sobre esos sectores populares, implementándose prácticas que, a diferencia de una ocupación popular "clásica", trascendieron la mera sobrevivencia individual. La idea consistió en destinar los espacios recuperados a un uso más colectivo y con fines de más largo aliento, ya sea sociales o culturales, o bien una combinatoria de ambos.
Abordaremos aquí, entonces, los momentos de auge y el posterior debilitamiento de ambas prácticas sociales, en distintos momentos históricos, a partir de una serie de "desalojos ejemplares" por parte del Estado.
El corpus empírico con el que trabajamos está constituido por material proveniente tanto de nuestra participación en experiencias de recuperación promovidas por asambleas barriales, como de la etnografía realizada en el barrio del Abasto de Buenos Aires durante una década (1993-2003), cuyos resultados fueron sistematizados en una tesis doctoral (Carman, 2003).

Parte 1:

El fenómeno de las ocupaciones ilegales de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires (1984-2001)

1a. Contexto histórico de surgimiento

La toma de baldíos e inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires nos remitía casi exclusivamente, al menos hasta hace cinco años, a individuos o familias de sectores populares que "rompían candado" y organizaban su vida cotidiana en viviendas públicas o privadas abandonadas; piezas de inquilinatos que devenían "intrusadas" por el cese de pago, depósitos o fábricas cerradas, u otros lugares ociosos de la ciudad, sin mediar ningún tipo de vínculo legal con sus propietarios.
La problemática de las ocupaciones ilegales fue tomando relieve por el aumento notorio y progresivo del fenómeno a partir de la década del 80. Su origen se vincula, en primera instancia, a manifestaciones en pequeña escala protagonizadas por inquilinos desalojados de conventillos y hoteles, sumadas a la existencia de un parque físico desocupado de alrededor del 15% del total. En este sentido, apareció con "voz propia" en los medios periodísticos hacia finales de 1982 y comienzos de 1983, incluyendo su correlato: los desalojos, y señalándose algunos casos identificables, como una orden franciscana en el barrio de San Telmo, viviendas en el barrio de Palermo y una casa ocupada en la calle Mario Bravo (Cuenya, 1988: 135-140).
Mientras en 1980 existían aproximadamente unos 37.000 ocupantes gratuitos en Buenos Aires⁵, una determinada interpretación de los datos censales de 1991 permitía estimar una población ocupante que rondaba las 200.000 personas, triplicando a la población villera, que ascendía a 51.000 personas. Pese a las inexactitudes, las cifras resultaban en sí mismas elocuentes sobre el auge de esta modalidad habitacional, entre los 80 y los 90, que experimentó un crecimiento de alrededor de un 500% (Rodríguez, 1993: 183-187).
De todos modos, resulta sorprendente la escasez de información sobre casas y edificios abandonados, tanto en los organismos vinculados a cuestiones habitacionales como en los relacionados a políticas sociales o déficit habitacional. Estos datos, pues, distan de ser precisos, ya que las categorías censales que contemplan disímiles situaciones de ocupaciones (por relación de dependencia; por préstamo, cesión o permiso; de hecho) no permiten establecer una información más ajustada respecto del fenómeno puntual del que queremos dar cuenta: las ocupaciones urbanas de sectores populares.
Estimaciones oficiales actuales del Gobierno de la Ciudad indican que hay unas 2500 viviendas privadas usurpadas, lo cual, como ya comentamos, es un dato por demás erróneo que no hace sino minimizar el alcance del fenómeno. Además, 150 propiedades del Gobierno de la Ciudad están ocupadas por moradores ilegales. Los barrios más afectados son La Boca, Barracas, San Telmo, San Cristóbal, Balvanera (que incluye la zona del Abasto) y Constitución. Si bien no hay datos precisos, se estima que las ocupaciones se han incrementado significativamente en los últimos dos años, en parte debido a los muchos desalojos producidos en la ciudad. Una estimación provisoria señala que la mayoría de los habitantes proviene del conurbano; en segundo lugar, del interior del país, y en tercer lugar, de países limítrofes y Perú.
Lo que interesa remarcar brevemente aquí es que existe una marcada tendencia a la "invisibilización" de las ocupaciones de edificios y a negarle reconocimiento como fenómeno significativo del hábitat popular. La creciente presencia de los ocupantes en el ejido urbano no sólo no conformó, a lo largo de estos años, un problema social para el Estado, sino que ésta ni siquiera pudo ser estimada fehacientemente a partir de una categoría censal precisa.
No obstante, los ocupantes sí fueron constituidos como sujetos de diversas políticas sociales o asistencialistas por parte del poder local, al igual que los demás habitantes precarios de la ciudad, lo cual no implicó en sí mismo un reconocimiento específico de su condición. Por el contrario, las prácticas de los ocupantes se vieron reducidas a gestos invisibles dentro de una política más amplia que también los volvía invisibles: no existían sus voces en ningún sitio, no se adivinaba su trabajo físico en los papeles ni sus cuerpos se discernían en una categoría censal. Desde esta aparente ausencia pública se les podía crear otros rostros, sombras proclives a la sospecha.

1b. La iluminación funcional y el desalojo ejemplar

Jeifetz et ál. señalan que el fenómeno de las ocupaciones dejó de ser invisible a partir de la tendencia a la expulsión, por parte del Estado, de los sectores populares del espacio urbano, en respuesta a la demanda de los sectores concentradores de poder económico, que requerían espacios de localización central y fácil acceso (Jeifetz et ál., 1994, citado en Procupez, 1995: 19).
Si bien este proceso está efectivamente ocurriendo, no creemos que dicha expulsión trajera aparejada más que una visibilización temporaria, justificada por la expulsión misma, que podríamos denominar iluminación funcional. El "desborde" de las casas tomadas se visibiliza para la condena social y como preludio de un desalojo pedagógico. Una vez que se logra el objetivo de la expulsión, luego de algún momento de auge de la problemática, ésta vuelve a sumirse en la más profunda oscuridad de la trama urbana.
Tal fue el caso, por ejemplo, de los desalojos ejemplares acontecidos en Buenos Aires durante el mes de julio de 1993, especialmente el caso del solar histórico de Marcó del Pont, de 1871, ubicado en el barrio de Flores, y de las bodegas Giol, la ocupación más emblemática que tuvo la ciudad. En el primer caso, a partir de órdenes precisas del entonces presidente Menem que obviaron la necesaria intervención de la justicia, se desalojó ilegalmente a los ocupantes durante la madrugada, con amenazas y quemas de pertenencias incluidas. Más violento aún resultó el desalojo de "la Familia Giol" −tal era la autodenominación de estos ocupantes, que estaba conformada por más de 1500 personas asentadas en las abandonadas bodegas de vinos Giol, en pleno barrio de Palermo. Fueron desalojadas con 300 efectivos policiales, tanquetas, helicópteros, guardia de infantería, camiones y micros⁶. Vale decir que a los más ilegales sólo les correspondía, por parte del Estado, una acción también ilegal, que en este caso remitía a los métodos tristemente célebres de la dictadura militar. La directiva expresa del Presidente, tal como lo explicó el Jefe de la Policía Federal, fue la de instrumentar "un dispositivo prevencional y disuasivo en la Ciudad de Buenos Aires para impedir que se produzcan nuevas ocupaciones" ⁷.
La lógica subyacente de lo que denominamos desalojos ejemplares o pedagógicos consiste en desarticular cualquier posibilidad de resistencia a partir de la imposición de una violencia explícita, que se muestra además como una advertencia sobre el poder coercitivo estatal hacia el resto de las ocupaciones. Estas expulsiones moralizantes, como veremos también en otros momentos analizados en la segunda parte del artículo, suelen condensarse en unos pocos días, como consecuencia de una decisión política que no siempre es explicitada.
Luego de ese intento frustrado de legitimar mecanismos de desalojo forzado sin la intervención de la justicia, el Estado modificó sus maniobras para lograr la expulsión de los ocupantes de la ciudad. Si anteriormente la res puesta a la ilega lidad de las ocupaciones se expresaba en desalojos más o menos compulsivos política que fue muy cuestionada por el avasallamiento a la esfera de decisión judicial, a los pocos meses se construyó una vía indirecta de control por medio de allanamientos, que abrían la llave para una mayor y más sutil intervención del Poder Ejecutivo.
Mientras los desalo jos constituyeron la principal medida adoptada frente a la proble mática de las ocupaciones, existía cierta posibilidad de defender socialmente a esos "intrusos", en tanto al argumento de la violación de la propiedad privada podía contraponérsele aquel del derecho a la vivienda digna, igualmente válido ante la ley. En efecto, las declaraciones del Presidente, en julio de 1993, instando a desalojar compulsivamente sin orden judicial, fueron repudiadas por diversos actores de la sociedad: la Iglesia, el Poder Judicial, los partidos políticos opositores y los medios de comunicación, incluyendo a los que habían incitado a esa reacción (Rodríguez, 1994: 38).
Por el contrario, los allanamientos apuntaron a otras ilegalidades drogas, robos, etc., que no sólo eclipsaron la defensa de ese derecho consolidado sino que también despertaron un repudio generalizado y xenófobo sobre aquel sector social; sanción difícil de rever tir en tanto la cuestión de las casas tomadas parecía agotarse en la construcción discursiva hegemónica, en la esfera de lo delictivo. Para esa época, además, las prácticas y discursos oficiales, así como los medios de comunicación, consideraban a ocupantes e inmigrantes ilegales como un idéntico sector de población.
Sólo tres años antes del cacerolazo se produjo otro momento de iluminación funcional de las casas tomadas, por parte del Estado y los medios de comunicación, que luego hubo de derivar -como ya había sucedido cinco años atrás en un recrudecimiento de la política oficial hacia aquel grupo de los sectores populares. A comienzos de 1999, los medios de comunicación dedicaron una enorme cobertura a tratar otra vez, en forma conjunta, algunas usurpaciones resonantes de la Ciudad de Buenos Aires y la problemática de inmigrantes de países vecinos como Bolivia y Perú; casi como si se estuviera aludiendo a la causa y efecto de un mismo fenómeno.
Los casos de usurpaciones relatadas por los medios en donde por lo general se trataba de "intrusos" de origen peruano u otros afines narraban las peripecias de un comerciante de Barrio Norte que fue a operarse y al volver ya no tenía más casa; así como la ocupación del mismísimo estudio de grabación de Charly García, un famoso cantante de rock. Las crónicas también alertaban sobre la continua invasión de los ilegales en "las zonas más caras de Buenos Aires" ⁸, Barrio Norte, Palermo y Belgrano Chico−, donde "las usurpaciones no son usuales" y, en muchos casos, "...es la primera vez que pasa algo así" ⁹.
En todos los casos escogidos, a la toma de la casa se añadieron (en reemplazo a lo que, hacia 1994, había sido la "masiva" instalación de locutorios truchos por parte de los ocupantes-extranjeros ilegales) destrozos, robo de pertenencias, ventas ilegales de las mismas y todo tipo de abuso para con el bien inmueble, los bienes muebles y sus propietarios, ya que los casos reseñados no referían a casas abandonadas o vacías.
Igual que en la época de las bodegas Giol o el solar histórico de Flores, aquí las ocupaciones cobraron una máxima visibilidad en un mínimo de tiempo: los casos comentados fueron tratados por los medios de comunicación en el transcurso de la misma semana. El Gobierno también iluminó funcionalmente la problemática tomando cartas en el asunto: por un lado, dispuso endurecer las leyes migratorias¹⁰, y por otro, se sucedieron allanamientos y operativos policiales que tuvieron como blanco a inmigrantes bolivianos y peruanos.
Las ocupaciones de inmuebles, en síntesis, no obtuvieron jamás un reconocimiento como fenómeno significativo del hábitat popular. Y si este fenómeno es reconocido como tal en los últimos años, lo es solamente como justificativo de una política cada vez más restrictiva en relación a él, que se expresa tanto en las mayores facilidades para viabilizar la expulsión de los ocupantes como en la dramática ausencia de políticas habitacionales acordes a las necesidades de la población.

1c. Invisibilidad e ilegalidad

Resulta interesante destacar que los ocupantes también se construían a sí mismos desde este lugar de lo invisible. Dicha invisibilidad se vinculaba -al menos en el caso de los ocupantes del barrio del Abasto con los que trabajamos¹¹- con una pertenencia a medias, con un ambivalente gesto de vivir y no vivir en el barrio y en la casa. Las prácticas de disimulo y ocultamiento son las que prevalecían en buena parte de los ocupantes para volverse, si fuera posible, invisibles, y desde esta "no-existencia" resistir el desalojo y perdurar en el barrio.
Nuestro minucioso trabajo de campo en dicha porción de la ciudad¹²nos permitió observar de qué manera los ocupantes de casas tomadas desarrollaban, a pesar de los estrechos márgenes de negociación, una lucha silenciosa por permanecer en el espacio barrial. Pero esta lectura adolecería de parcialidad y pecaría de optimista si no tuviéramos en cuenta la otra cara de la misma moneda. Estos "intrusos" que "invadían" la propiedad pública o privada se sentían simultáneamente "invadidos" por las fuerzas públicas. Los "intrusos" devenían "intrusados"; sintiéndose a merced de controles externos que ejercían actores tan disímiles como la policía, los propietarios de clase media, las empresas privatizadas de servicios públicos, el Gobierno de la Ciudad o aquellos que pretendían cobrarles un alquiler arrogándose la condición de dueños; todos ellos con diversos grados de exigencias y extorsiones.
Incluso, podemos argumen tar que el fenómeno de las casas tomadas constituye aún hoy una de las fronteras más vulnerables de lo ilícito, en tanto se ubica dispersa y anónimamente, lo cual restringe aún más -en relación con otro tipo de tomas ilegales, como los asentamientos en el conurbano- el margen de negociación y de réplica de sus habitantes. En los últimos años, en efecto, el ocupante ilegal desplaza al villero y también al inmigrante, como última frontera de lo ilícito.
En primer lugar recordemos que, entre otras prácticas, el Programa de Radicación de Villas¹³ generado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires operó en la reconversión del estatuto legal de los villeros. Y si de recordar se trata, no resultaron menos significativas las declaraciones de la Subsecretaria de Acción Social del Gobierno porteño cuando señalaba, pocos meses antes de los cacerolazos, que los usurpadores tenían un mayor grado de marginalidad que los habitantes de villas de emergencia: "Los índices más desesperantes que tiene el país se reflejan y se resumen en una casa tomada: desocupación, escolaridad incompleta, mortalidad infantil, delincuencia" ¹⁴.
Si los villeros, o bien -como veremos a continuación en la segunda parte del artículo- los asambleístas que recuperan espacios, pueden construirse como interlocutores válidos frente al Estado, los ocupantes ilegales sólo lo serán en tanto destinatarios de políticas asistencialistas o bien como beneficiarios de políticas habitacionales, en la medida en que medie alguna organización representando sus intereses.
En efecto, el Estado sólo reconoce a los ocupantes reunidos alrededor de un nombre legítimo, que aluda menos a su condición de ilegales que a su logro organizativo¹⁵. En este sentido, los ocupantes que no logran salir del anonimato y la evidencia empírica de la mera "intrusión" en el espacio urbano refuerzan, involuntariamente, su condición de ilegalidad. Inversamente, los po- cos reconocimientos que obtuvieron los ocupantes de inmuebles de la ciudad por parte del poder local fueron posibilitados, en todos los casos, a partir de la intermediación del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)¹⁶, cuya capacidad de presión no se equipara tampoco a la que históricamente tuvo el Movimiento Villero, ni la que hoy encarnan los "punteros" de las villas.
Así sucedió, desde la gestión del intendente Grosso (1989-1992) en adelante, con la venta o la cesión de determinados predios a grupos de ocupantes nucleados en cooperativas con el apoyo del MOI. Se puede mencionar el caso muy conocido del ex Patronato de la Infancia (PADELAI) en San Telmo, y también experiencias más contemporáneas como la traza de la ex Autopista 3, el silo de El Molino del barrio de Constitución, la fábrica-vivienda cercana al pasaje Lanín en el barrio de Barracas, etc. Estas experiencias de "ocupantes convertidos en vecinos" resultan, sin embargo, muy resistidas por los "verdaderos vecinos" de los barrios donde se emplazan, así como también por algunos medios de comunicación que aluden despectivamente al "obsequio" del "bien usurpado a los propios intrusos" como una política demagógica hacia los pobres. Dichas operatorias resultarían inadmisibles, además, en zonas muy cotizadas de la ciudad o en el caso de ocupaciones de alto contenido patrimonial, como se verá en el caso de algunas recuperaciones de inmuebles que analizaremos a continuación.

Parte 2: El fenómeno de las recuperaciones de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires (2001-2003)

2a. Contexto histórico de surgimiento: las asambleas barriales

En esta segunda sección hemos de referir a las recuperaciones de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires realizadas por organizaciones sociales novedosas, como las asambleas barriales. Si bien cuantitativamente estas recuperaciones resultaron poco relevantes con relación al total de inmuebles ocupados ilegalmente en la Ciudad de Buenos Aires¹⁷, cualitativamente adquirieron características que las tornaron significativas en términos de los actores sociales que las realizaron, los lugares que eligieron, los objetivos que persiguieron y los modos en que se legitimaron. En todos estos casos, y a diferencia de las ocupaciones "clásicas", la difusión barrial de la recuperación y de las actividades desarrolladas en esos espacios fue la estrategia de legitimación prevaleciente. Para poder dar cuenta de cómo se produjeron dichas recuperaciones, es menester referirnos a las asambleas barriales, que fue la experiencia organizacional que las precedió.
Las asambleas barriales nacidas de la experiencia del cacerolazo constituyeron una de las formas, quizá la más radical en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la que cristalizaron los intentos por rediseñar las relaciones, tanto entre vecinos-ciudadanos así como entre ellos y el Estado¹⁸. Dichas asambleas se conformaron principalmente con sectores medios de la población que, tras la primera estampida espontánea en las calles, comenzaron a organizarse sobre la base de la negación de la representatividad, la reivindicación de la democracia directa, la horizontalidad y la autonomía como formas de participación política. No fue mucho más lo que, en principio, permitió que cientos de vecinos, con distintos grados o nula experiencia militante, se reunieran semanalmente en asambleas, para debatir sobre la situación del país, la ciudad y su barrio. Comenzaron sesionando en plazas o esquinas de los distintos barrios, para luego realizar, además, festivales y ollas populares en calles y plazas, marchas de antorchas, murales, radios abiertas, etc. Las asambleas expresaron una modalidad de hacer política en la que la participación de los vecinos tuvo un papel central.
La primera recuperación, entonces, fue la de las calles, las plazas y las paredes; una especie de reivindicación práctica del derecho al uso del espacio público¹⁹. Ese "tomar las calles", saturado de nuevos sentidos, tuvo como correlato la extensión de ese derecho a otros espacios abandonados, tal como veremos a continuación.

2b. De la ocupación de las calles a la recuperación de inmuebles

Las recuperaciones de inmuebles o espacios públicos realizadas por las asambleas remedaron las ya clásicas formas de ocupar de los sectores populares, aunque investidas de otros sentidos. Bajo las nuevas circunstancias, los fundamentos de la toma -y las prácticas posteriores que se sustentaron en ella- se reorientaron hacia cuestiones que, a diferencia de las ocupaciones populares "clásicas", trascendieron la mera supervivencia individual. En este sentido, la ocupación fue entendida como recuperación de espacios que habían sido "perdidos" para la sociedad por el deterioro y abandono estatal (en el caso de los inmuebles o terrenos municipales) y que fueron reapropiados por los ciudadanos para su uso; o bien espacios que fueron "arrebatados" al sector privado para destinarlos a fines sociales. En ambos casos, la aspiración consistió en destinar estos espacios recuperados a un uso más colectivo y con fines de más largo aliento, ya fuesen sociales o culturales, o bien una combinatoria de ambos.
Las recuperaciones llevadas a cabo entre 2001 y 2002 adoptaron las siguientes modalidades:

a- "Ruptura de candado". Gran parte de las asambleas que han "roto candado" lo han hecho en bancos cerrados tras la crisis (Banco Mayo en La Boca, Banco Mayo en Parque Centenario, Banco Provincia en Villa Crespo, etc.). Otras, como la de Villa Urquiza, ocuparon una tradicional pizzería de la zona, que estaba abandonada. Asambleas como las de La Paternal, Floresta, Mataderos y Villa Urquiza recuperaron predios abandonados pertenecientes al Gobierno de la Ciudad. Aunque no se trate de una asamblea, es interesante el caso del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)²⁰, de San Telmo, que a principios del 2003 recuperó un edificio en ruinas aledaño al Museo de Arte Moderno, destinado a su ampliación.
b- Otra forma de recuperación es aquella que se logra por medio de un convenio de uso precario con el Gobierno de la Ciudad, por el cual éste cede un espacio en desuso. Es el caso del mercado que ocupó la Asamblea de Palermo Viejo y del predio en el que construyó un centro barrial la Asamblea Popular San Telmo-Plaza Dorrego. En la misma línea se encontraba la quebrada fábrica de la familia Scioli, que un juez otorgó en uso a la Asamblea de Corrientes y Juan B. Justo (actualmente los miembros de la asamblea se han visto obligados a abandonar ese espacio).

Vale destacar que el inicio de estas recuperaciones coincidió con un cambio en la dinámica de las asambleas, en donde los interminables cronogramas de marchas y cacerolazos dieron paso a otro tipo de actividades de base territorial: ollas populares, entrega de bolsones, festivales, etc.²¹.
En los próximos apartados nos interesa abordar el modo en que los asambleístas legitimaron estas recuperaciones ante la sociedad. En contraste con las ocupaciones por vivienda, en las que ocultarse fue el gesto recurrente para permanecer en los espacios sin concitar la condena barrial, los vecinos asambleístas buscaron legitimarse mediante la difusión y la visibilización de las actividades que se desarrollaban en los espacios recuperados. Denominaremos "recuperaciones comunitarias" a aquellas que se legitimaron principalmente en la realización de tareas sociales y culturales, y "recuperaciones patrimoniales" a aquellas que, a pesar de realizar el mismo tipo de tareas, enfatizaron fuertemente el carácter histórico de los edificios recuperados.

2c. Las recuperaciones comunitarias

Bajo el título "Predio Municipal Recuperado", la Asamblea de La Paternal "Diego Nano Lamagna" informó que desde el sábado 6 de julio de 2002 recuperó un predio municipal abandonado.

"El lugar estaba abandonado y era un juntadero de ratas que ningún servicio social le ofrecía a los vecinos. Ahora la Asamblea ya está limpiándolo y allí mismo comienza a funcionar un comedor donde se les dará la merienda a los chicos de las escuelas del barrio, ya que muchas escuelas de la zona no tienen ni siquiera cocina para hacerlo y los chicos se desmayan en clase. Allí también funcionará la Cooperativa de Trabajo de la misma asamblea, que desde hace meses viene produciendo como producto mermeladas. Se darán clases de apoyo, habrá un Centro Cultural y se proyecta, para un futuro muy próximo, una Escuela de Artes y Oficios."²²

En este caso, así como en los demás, el paso inmediato posterior a la recuperación consistió en abrir el lugar a los vecinos del barrio mediante la realización de actividades sociales, culturales y el esbozo de proyectos productivos comunitarios. En estos espacios, las actividades asociadas tradicionalmente al asistencialismo fueron apropiadas y resignificadas con otros fines. En líneas generales, estas actividades cumplieron un doble papel: fueron herramientas de construcción política²³ a la vez que constituyeron una eficaz estrategia de legitimación. ¿Quién podría estar en desacuerdo con salvaguardar la salud de esos niños abandonados por el Estado? ¿Cómo oponerse a la generación de fuentes de trabajo cuando el desempleo no cesaba de crecer?
La oposición a estas recuperaciones, en el particular contexto que se vivía entonces, se manifestó cautelosamente. Sólo alguna velada alusión al "excesivo" uso del espacio público dejaba entrever el descontento de los sectores más conservadores de la sociedad. De la misma manera, ni el Estado ni los medios de comunicación homologaron a los "recuperantes" a usurpadores y delincuentes. En este sentido, es interesante el fallo judicial de la Cámara Federal sobre la recuperación de terrenos públicos del ex ferrocarril Mitre por parte de la Asamblea de Villa Urquiza²⁴. En abril de 2002, la asamblea solicita esos terrenos al Organismo Nacional de Bienes del Estado, para destinarlos a usos comunitarios. Al no recibir respuesta, en junio del mismo año los vecinos ingresaron al lugar y lo recuperaron para el barrio. Actualmente se desarrollan diversas actividades, entre ellas un comedor comunitario, un merendero y un Centro Cultural donde se dictan talleres gratuitos. En mayo de 2002, el juez federal que llevaba la causa falló que la ocupación "no revestía carácter de usurpación" y archivó el caso. Pero esta resolución fue apelada y el expediente terminó en la Cámara Federal. Finalmente, los camaristas decidieron que los vecinos no cometieron una usurpación porque "el ánimo de los ocupantes no fue turbar la posesión o tenencia del inmueble, sino realizar en él diversas actividades de utilidad pública" ²⁵.
En un contexto de crisis, el tipo de tareas realizadas, que generalmente retornaban a los sectores populares (merendero, comedores, centros culturales), resultaban argumentos irrefutables para justificar la recuperación.

2d. Las recuperaciones patrimoniales

En otros casos, las recuperaciones se legitimaron en la propia historia del lugar. Esto se aplica tanto para aquellas asambleas que recuperaron edificios abandonados por los bancos que cerraron tras la crisis de 2001 como para otras que recuperaron espacios con cierto valor patrimonial. Dicha historia, conocida o no, es retomada por los asambleístas para investirse del derecho a permanecer allí.
Volveremos a dos casos -las recuperaciones de la Asamblea de Floresta y del MTD de San Telmo- que resultan paradigmáticos, en tanto expresan dos modos diferentes en que la historia y el patrimonio fueron utilizados para legitimar la recuperación.
En el primer caso señalado, la Asamblea de Floresta recuperó un predio abandonado que fue utilizado como "aguantadero" durante la dictadura, y ahora era imaginado como " ... un espacio de encuentro de las diferentes voces populares, un galpón de deseos, una zona liberada de prejuicios, de egoísmos y de individualismo"²⁶.
De esta manera, el lugar elegido cargaba con un plus simbólico, en la medida en que se trataba de recuperar para la sociedad un espacio que formaba parte de las "grietas urbanas" (Graham et ál., 2001) por las que se colaba descarnadamente la historia de la dictadura. Se trata de incorporar al patrimonio público, pues, inmuebles que pertenecen a la historia de la ciudad.
Este tipo de recuperaciones, en concordancia con actividades del mismo tenor que realizaron otras asambleas²⁷, marcaron un interesante ejercicio de reescritura de la historia y encuadramiento de la memoria (Pollak, 1989) en el que se disputó el poder de definir una lectura "popular" de la historia, a la par que la definición de la propia identidad con relación a la historia a la que se adscribían.
Este caso muestra que el recurso a la historia es una de los modos que puede asumir la legitimación de estos espacios. Sin embargo, como lo ilustra el caso del Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Telmo, no toda historia puede ser utilizada con estos fines. Dicha organización recuperó un edificio en ruinas, propiedad del Gobierno de la Ciudad, que era considerado uno de los más antiguos de la ciudad²⁸, con el objeto de

"realizar en este espacio actividades de ayuda social y de reconstrucción de los lazos sociales, como un merendero y un comedor (que ya vienen funcionando con anterioridad), una huerta y un horno de pan (en proyección), y continuar con la realización de talleres productivos que permiten sostenerse en su dignidad a los trabajadores desocupados" (Gacetilla informativa MTD-San Telmo, febrero 2002).

Sin embargo, en este caso los fines sociales no resultaron suficientes para compensar la ocupación del edificio patrimonial y la recuperación fue considerada por la opinión pública como una usurpación. La trasgresión de ciertos valores asociados al patrimonio histórico permitió a medios y vecinos afirmar que "los intrusos de este edificio cultural rompían con total impunidad el piso del inmueble para construir una guardería, una panadería comunitaria y una huerta para proveerse de alimentos" ²⁹.
Lo que está en disputa en los casos reseñados es tanto el derecho de definir qué bienes son los que forman parte del patrimonio histórico (como es el caso de la Asamblea de Floresta), como también un determinado modo de comprender y utilizar el patrimonio. Es decir, al plantear que los bienes patrimoniales pueden ser apropiados por los vecinos incluso para fines sociales, lo que estas recuperaciones están cuestionando, pues, es la concepción hegemónica del patrimonio como bien sagrado e inalterable.

2e. Del consenso estratégico al retorno al orden

Aun cuando no sea posible generalizar al conjunto de la sociedad, podemos afirmar que en los primeros meses del año 2002 hubo cierto consenso, o al menos una suerte de "apoyo estratégico", a la situación de descontento social. En el período de mayor "hervidero", esta aparente unidad se manifestó no sólo en el alto grado de movilización social sino también en la debilidad con la que se expresó públicamente la oposición. Sin embargo, cuando el período de ebullición comenzó a diluirse, el apoyo ganado por esas prácticas solidarias comenzó a decaer proporcionalmente.
En el plano nacional, el presidente Duhalde afirmaba "que la conflictividad social en la Argentina está bajando en forma abrupta y que lo peor de la crisis ha pasado". A renglón seguido advertía que "el Gobierno no tolerará nuevos cortes masivos de los accesos a la Capital Federal. No pueden pasar más, hay que ir poniendo orden"³⁰. En el plano local, los dichos públicos del Jefe de Gobierno de la Ciudad con respecto a que "no se puede gobernar con asambleas" se sumaron a una serie de medidas tendientes a regular el uso del espacio público, como los desalojos de las ferias populares que crecieron amparadas por la crisis, los intentos de regular las actividades de los cartoneros y el retorno a la metodología de desalojo de los edificios ocupados. La suma de dichos discursos y prácticas prepararon el terreno para el "retorno al orden".

2f. Los desalojos ejemplares

En este apartado nos centraremos en lo que denominamos "desalojos ejemplares", refiriéndonos a aquellos desalojos que cobraron un alto grado de visibilidad pública a partir del uso de la violencia explícita. El período comprendido entre fines de 2002 y los primeros meses de 2003 concentró una seguidilla de desalojos de diferente tipo, muchos de ellos de predios recuperados por diversos actores colectivos. Sin embargo, el desalojo que cobró mayor difusión mediática por la magnitud del operativo policial y por las repercusiones encontradas en la opinión pública fue el del Patronato de la Infancia (también conocido como PADELAI), un edificio ocupado desde hacía más de 20 años, con un status jurídico conflictivo y una larga historia de luchas con el Gobierno de la Ciudad. En este caso, la emergencia edilicia fue el argumento que utilizaron las autoridades para justificar el violento desalojo a fuerza de gases, balas de gomas, golpes y perros. A pesar del argumento humanitario, los medios de comunicación no olvidaron mencionar todos los clichés habituales: "mafias que subalquilaban espacios mínimos"³¹, drogas, delincuencia, migrantes indocumentados, en fin, "gente viviendo de manera espantosa" ³².
Para muchas de las organizaciones sociales y políticas que estaban recuperando espacios, con el desalojo del Patronato de la Infancia se abría un período de tensión en espera de la llegada del propio desalojo. Si hasta ese momento era posible pensar que la fuerza de las organizaciones sociales, aun diezmadas, podía imponerse a la fuerza del Estado, tras la violencia ejercida en el PADELAI, las asambleas que habían recuperado espacios comenzaron a medir la situación con otra vara. En las extensas discusiones acerca del camino a seguir, la opción por la resistencia fue perdiendo fuerza y ganando peso la intención de abandonar los espacios antes de ser desalojados. En algunos casos, los asambleístas decidieron permanecer en el lugar realizando las actividades habituales e incluso nuevas, pero abandonaron las guardias nocturnas y sacaron del lugar los objetos de mayor valor. La medida ejemplar, en fin, surtió el efecto esperado.
El 24 de febrero se desalojó el local recuperado por la Asamblea de Boedo; el 22 de marzo, el predio ocupado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados. En abril se desalojó en el barrio de La Boca la manzana en la que se encontraba la sede de Banco Mayo recuperado por la Asamblea de Parque Lezama y el Centro Cultural Tierra del Sur, culminando con el brutal desalojo de la fábrica recuperada Brukman³³. Los desalojos continuaron, más espaciados, en los meses siguientes. A excepción de Brukman, el operativo policial en el resto de los desalojos de espacios recuperados fue reducido con relación al del PADELAI. Los ocupantes no presentaron resistencia y los desalojos pasaron desapercibidos para la mayor parte de la población. La información circuló casi exclusivamente de boca en boca y por los medios alternativos, como las redes virtuales de contrainformación que proliferaron en estos últimos años.
El violento desalojo de los ocupantes del PADELAI y la represión en las calles reeditó lo que aquí dimos en llamar la iluminación funcional en servicio de un desalojo ejemplar. En este caso, la medida aleccionadora iba dirigida hacia los espacios recuperados por asambleístas durante 2002, que fueron progresivamente desmantelados, en su vasta mayoría, en 2003. Se buscó disciplinar a aquellos sectores medios y populares organizados que, desde la ocupación del espacio público (calles, plazas, edificios, baldíos) pusieron en evidencia y disputaron un determinado modo de habitar la ciudad.
La expulsión moralizante de este período recayó, una vez más, sobre espacios ocupados por sectores populares, en respuesta a una necesidad de vivienda. Pero ¿por qué el desalojo ejemplar no recayó en alguno de estos nuevos espacios recuperados? Es posible atisbar una respuesta en las palabras de algunos funcionarios del Gobierno de la Ciudad con relación al edificio recuperado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados en San Telmo. Fuentes del Gobierno de la Ciudad admitían que "la situación de este grupo es diferente a la de aquellos que vivían de forma ilegal en el ex PADELAI. Es por eso que intentarán buscar una solución pacífica para que los intrusos abandonen cuanto antes el antiguo edificio y evitar, así, que intervenga la policía" ³⁴. Podemos aventurar que hubiese resultado difícil (aun en el caso del MTD) legitimar socialmente el desalojo violento de espacios en los que se realizaban tareas comunitarias que, en cierta medida, cubrían las necesidades de las que el Estado no se hacía cargo.

Conclusiones

Si bien los dos tipos de "intrusos" analizados en este artículo comparten, en una primera instancia, el cotidiano expoliativo³⁵ de la ciudad, la casa tomada fue vivida particularmente como un problema individual que ameritaba soluciones también individuales. Es así que predominaron las jugadas soterradas, de puertas hacia adentro, que no conllevaron reclamos comunes ni organización alrededor de un nombre. Como vimos anteriormente, la mayoría de los ocupantes de inmuebles de la ciudad no participaba en ninguna asociación vinculada al reclamo de su situación habitacional.
Por el contrario, la recuperación de espacios por parte de las asambleas barriales configuraron el intento de armar, frente a problemas sociales, resoluciones también colectivas; con la enorme complejidad tanto hacia el interior del grupo como con el resto de la sociedad y en el vínculo con el Estado que esto conllevó.
Ya no se trató, pues, de asegurar la reproducción más inmediata favorecida, según la expresión de Topalov (1979), por el efecto útil de aglomeración de la ciudad. Al menos temporariamente, se fueron tejiendo en el ámbito de la ciudad una red de lugares afines sintonizados con la crisis, definidos en torno a una respuesta colectiva a la exclusión socioeconómica y laboral. Si hasta hace pocos años estas acciones fueron motorizadas exclusivamente por sectores populares, luego de los cacerolazos fueron los sectores medios -o bien una conjunción de sectores medios y populares- quienes concibieron en la ocupación de inmuebles ya no una táctica de subsistencia sino una herramienta política frente a una sociedad cada vez más desigual.
Las categorías analizadas en este artículo -ocupación y recuperación- circunscriben, en términos de Segato (1999: 171-172), diversas formas de alteridad histórica, que la autora define como una serie de atributos de los grupos sociales, cuyas maneras de ser "otros" en el contexto de la sociedad nacional se deriva de esa historia y hace parte de esa formación específica.
Desde esta consideración inicial, resulta inteligible por qué la categoría de squatter (cuyo origen se remonta a ocupaciones de casas y edificios en Europa, donde por lo general se desarrollan complejas organizaciones culturales y sociales de sectores medios) resulta inadecuada para aludir a "nuestros" ocupantes vernáculos, cuyo surgimiento histórico se articula con un contexto nacional radicalmente distinto. Un equívoco similar puede ser señalado en torno a la extrapolación del término okupas, si bien ambas guardan algunas similitudes con las recuperaciones post-cacerolazos. Más que importar nociones de identidad formadas en otros contextos nacionales, el desafío sería, según Segato (1999: 184) "...trabajar y dar voz a las formas históricas de alteridad existentes".
Si las ocupaciones pueden ser pensadas, en términos de Giddens (1995: 42-62), como la puesta en juego de una conciencia práctica -lo que efectivamente se hace-, las recuperaciones se asocian, por el contrario, con la puesta en juego de una conciencia discursiva -vale decir, la argumentación que es posible brindar frente a una determinada acción social-⁴¹.
No resulta azaroso que la práctica colectiva de la recuperación -que habilita el armado de un nombre ad hoc- haya sido reconocida, desde una perspectiva hegemónica, como una práctica cultural, legitimada por la presencia activa de sectores medios. De un modo análogo, el etiquetamiento externo que pesa sobre los ocupantes ilegales de casas viene asociado a la imposibilidad de dotar a esos actores, y a las prácticas que le vienen asociadas, de cualquier atributo cultural. Bajo la fuerza del estigma, no sería posible leer en las prácticas de los ocupantes de casas más que una mera reproducción material de las condiciones más elementales de existencia.
Si bien el Estado por un lado "dejó hacer" -en relación con las ocupaciones-, luego desalojó con un valor agregado de violencia, para ejemplificar al resto de las tomas. Como ya describiera lúcidamente Oszlak décadas atrás, el poder público se presenta como un Estado

"...bifronte, como un Jano que castiga y a la vez trata de reparar en parte sus excesos. (...) En aquellos casos en que la implacable aplicación de ciertas medidas (...) condujo a situaciones límite, será interesante examinar la acción desplegada por los bomberos del Estado, es decir, organismos y programas destinados a aliviar la situación de los sectores más desprotegidos" (Oszlak, 1991: 31-32).

En nuestro caso de estudio, la violencia explícita se corporizó en los casos en que fue imprescindible -desde cierta lógica dominante disciplinar el exceso de ocupaciones sobre la ciudad, ya sea por su presencia en barrios demasiado prestigiosos (como las bodegas Giol en Palermo) o por invadir parte del patrimonio público, como en el caso del solar histórico del barrio de Flores (1993) o la recuperación del Movimiento de Trabajadores Desocupados en el barrio de San Telmo (2003). En particular luego del desalojo ejemplar del edificio del ex Patronato de la Infancia en San Telmo (2003), el poder público desarticuló las construcciones colectivas que pusieron en cuestión determinados usos del espacio urbano, con el fin de disciplinar y de moralizar sobre los usos correctos e indebidos de dicho espacio. Lo interesante de los casos reseñados es que la violencia se ejercitó, no azarosamente, contra un grupo preciso de habitantes de la ciudad: aquellos que interpelaron, tácita o explícitamente, formas consagradas de comprender la cultura, el patrimonio, o bien de acceder al espacio urbano.

Notas

1. Fragmentos del discurso de recuperación de un predio por la Asamblea de Floresta en 2002. Fuente: www.argentina.indymedia.org (red de comunicación alternativa).

2. Las ocupaciones son designadas como tales inicialmente por los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. Los propios actores involucrados, así nombrados, no se reconocen en forma prevaleciente bajo tal denominación, con la excepción de una minoría de casos donde la ocupación viene asociada a un gesto reivindicativo del derecho a una vivienda digna. El término de recuperación, en cambio, surge de los propios actores, asociado a una forma de legitimación explícita de dicha práctica, que se teje argumentativamente. La reivindicación de la "toma" empalma con prácticas organizativas previas en las que también se fundamenta y encuentra puntos de apoyo: tanto la protesta social en las calles como las prácticas asamblearias desarrolladas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires desde fines de 2001.

3. Durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, a la ya agobiante situación provocada por el corralito económico se sumó la declaración del estado de sitio. Las medidas adoptadas y la posterior represión terminaron de socavar las ya frágiles bases de legitimidad del gobierno, permitiendo que diferentes sectores sociales se aglutinaran temporalmente en torno a un "enemigo" común: el Estado. En ese contexto de protesta, las cacerolas abandonaron su hábitat doméstico para transformarse en una suerte de "bandera sonora" capaz de aglutinar a los sectores de la población que comenzaban a ocupar las calles bajo la consigna "que se vayan todos". Esas jornadas tuvieron como saldo 32 muertos en todo el país (6 de ellos en Capital Federal) y cientos de heridos, fruto de la represión policial y una movilización social que se extendió, si bien disminuyendo progresivamente, en los meses siguientes.

4. La expresión de "romper candado" alude a la práctica de encontrar casas deshabitadas y forzar su cerradura, para instalarse a vivir clandestinamente en su interior.

5. Éstos representaban un bajo porcentaje en el total de la Ciudad de Buenos Aires (4%). Datos extraídos del Diagnóstico de la situación habitacional de la población carenciada de la Capital Federal. Subsecretaría de Planeamiento, Dirección de Políticas y Planes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), 1984.

6. Como apunta Rodríguez (1994: 16 y 35), el caso de las bodegas Giol fue, probablemente, el primer caso de juicio penal por usurpación iniciado por el Estado a un grupo de ocupantes de inmuebles. Por el contrario, la política prevaleciente del poder local consistía en iniciar juicios civiles de desalojo sobre la totalidad de inmuebles municipales, que por regla general no llegaban a su ejecución. Como contrapartida, es interesante señalar que para la misma época de estos desalojos "ejemplares" se firmaban convenios de comodato en propiedades municipales "intrusadas" en la traza de la Ex Autopista 3, lo que muestra un abanico de situaciones resueltamente contradictorias en cuanto al grado de tolerancia estatal de las ocupaciones de inmuebles.

7. "Denuncias contra un operativo judicial", Diario La Nación, 30/7/1993, p. 17.

8. "Una villa de emergencia en Belgrano Chico", Diario La Nación, 27/1/99, pp. 1 y 13.

9. "Un grupo de familias usurpó un edificio en Vidt y Santa Fe", Diario La Nación, 23/1/99, p. 11.

10. El proyecto de ley disponía mayores facilidades en la expulsión de los migrantes en relación con delitos leves como podría ser la usurpación y multas a quienes les dieran alojamiento ("Cada mes llegan al país unos 500 peruanos en micro", Diario Clarín, 1/2/99, pp. 38-39).

11. Si bien se retoman características generales de las ocupaciones de vivienda desde su surgimiento hasta la actualidad, se está focalizando la atención en lo que sucede en el barrio del Abasto, que presenta características diferenciadas respecto de otras experiencias surgidas para la misma época en otros sectores de la Ciudad de Buenos Aires (Para un análisis comparativo, cfr. el caso de la ex AU 3 en Herzer, Rodríguez et ál., 1997; el caso de la fábrica Suchard en Puertas, 1997; el caso de la cooperativa Yatay en Procupez, 1995; etc.).

12. El barrio del Abasto se organizó en torno al Mercado Central de frutas y verduras que "presta" su nombre a la zona, y que permaneció clausurado desde 1984, época en la que los espacios vacíos de sus alrededores fueron progresivamente tomados. El Mercado mencionado reabrió en 1998 reciclado como shopping, lo cual provocó un gran número de desalojos en la zona. No obstante, todavía subsisten casas tomadas y hoteles-pensión en sus alrededores, aunque en menor número que antes, pues la zona se ha visto "ennoblecida" en los últimos años a partir de las sucesivas inauguraciones de nuevos espacios: hipermercado, torres de departamentos, hotel internacional, restaurante temático, peatonal, monumento y casa Museo de Gardel, etc.

13. En la Ciudad de Buenos Aires, el Programa de Radicación de Villas era implementado por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Programa de Villas y Barrios Carenciados. El Gobierno Municipal implementó para tal fin una Mesa de Concertación, como metodología de negociación con el Movimiento Villero. Si bien dicha Mesa incidió en la fragmentación del Movimiento Villero, al mismo tiempo funcionó "...como un espacio de traducción/negociación que, pese a sus limitaciones, los beneficiarios identificaban como el único que los ha reconocido como interlocutores válidos" (Rodríguez, 1994: 13 y 35-36).

14. "Viviendas usurpadas", Editorial del diario La Nación, 10/8/2001, p. 18.

15. Como ejemplo, podemos citar a la familia Giol, la cooperativa PADELAI, la cooperativa Yatay, la cooperativa El Molino, etc.

16. El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) es una organización que nuclea a ocupantes ilegales y gente con necesidades de vivienda, con el objetivo de promover y generar organización social para la obtención de la vivienda. Para ello, por un lado, impulsa la organización de los ocupantes en cooperativas e incentiva la conformación de un ahorro colectivo y, por otro, cuenta con una equipo interdisciplinario de profesionales que le permite al movimiento tener capacidad de propuesta propia (Procupez, 1999: 167).

17. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Kulfas, 2003), para el año 2002 se contaban aproximadamente 140 fábricas recuperadas en todo el país, 11 de ellas en la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las recuperaciones realizadas por asambleas no existen datos oficiales. El cruce de diversas fuentes, sumado a nuestro trabajo de campo, nos permite estimar la existencia, durante el año 2002, de entre 20 y 25 espacios recuperados. En cuanto a los datos estadísticos sobre ocupaciones ilegales de inmuebles, remitimos al lector a la primera parte del artículo.

18. Es necesario aclarar que este tipo de prácticas son un recorte de otras formas de vivir y habitar la ciudad por parte de los sectores medios y populares.

19. Según una nota del diario Clarín ("Este año ya hubo 11.000 actos de protesta" www.clarín.com.ar, 18 de junio de 2002), basada en un informe de la Secretaría de Seguridad Interior para el período enero-mayo de 2002: "En los primeros cinco meses del año hubo más de 11.000 manifestaciones, en las que participaron más de 600.000 personas. La provincia de Buenos Aires y la Capital Federal fueron las áreas más calientes, concentrando el 44% de los hechos y un porcentaje similar de manifestantes". Según este mismo informe, "las asambleas y los cacerolazos, englobados en el rubro concentraciones, representaron la forma más importante de protesta, con más de la mitad de los hechos y casi dos tercios de los participantes. En segundo lugar quedaron los piquetes, que sumaron una cuarta parte de las protestas y la participación de dos de cada diez manifestantes" (lo destacado pertenece al artículo original).

20. Los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) son uno de los modos de organización que asumen las organizaciones piqueteras, principalmente las vinculadas a la Coordinadora Aníbal Verón.

21. Según la descripción de dos integrantes de la Asamblea Popular de Núñez-Saavedra, "a fines de diciembre de 2001 (los cacerolazos) fueron 66 por día; en enero de 2002, 22; en febrero, 22, y en marzo, 4 cacerolazos diarios. Estas cifras evidencian que las asambleas, protagonistas principales de este tipo de acciones, habían ido cambiando no sólo de métodos sino de orientación para su actividad: se volvieron hacia su base territorial, hacia el aprendizaje de las necesidades de los vecinos e intentaban idear y concretar soluciones" (Feijóo y Salas Oroño, 2002: 25).

22. "Predio Municipal Recuperado". Fuente: www.argentina.indymedia.org.

23. Este es un punto debatido, incluso, dentro de las mismas asambleas y requeriría un análisis más profundo respecto de la especificidad de las asambleas como parte de un nuevo modo de construcción política, tema en el que no ahondaremos en el marco de este artículo.

24. Estos terrenos incluyen la construcción que ocupó la pizzería La Ideal y que actualmente pertenecen al Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE).

25. "La ocupación de un terreno no fue considerada usurpación", Diario Clarín 18/10/03, p. 62.

26. Fragmentos del discurso con el que la Asamblea de Floresta recuperó el lugar. Fuente: www.argentina.indymedia.org.

27. Este tipo de reivindicaciones del patrimonio y la memoria urbana se produjeron de distintas maneras en las asambleas. La Asamblea San Telmo-Plaza Dorrego junto con otras agrupaciones del barrio realizaron por dos años consecutivos un recorrido de antorchas, visibilizando con placas las casas de los desaparecidos del barrio. También se sumaron a la lucha que llevan adelante organizaciones de Derechos Humanos y agrupaciones políticas y sociales en pos de la excavación de un centro de detención clandestino, denominado "Club Atlético", ubicado bajo la autopista, en Paseo Colón y Cochabamba.

28. Según estudios del Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, este edificio dataría del año 1738, siendo el más antiguo de la ciudad. El proyecto institucional Polo Cultural Sur, avalado por la Secretaría del Gobierno de la Ciudad, incluía a este edificio como parte de la ampliación del Museo de Arte Moderno y del Museo del Cine. Esta obra, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, permitiría que ambos museos quedaran conectados, sumando unos 1200 metros cuadrados. Sin embargo, la falta de presupuesto detuvo el proyecto, y el lugar se encontraba desocupado y en ruinas al momento de la recuperación.

29. "Casa tomada en San Telmo", Diario La Nación, 1/3/03, p. 16.

30. "La protesta baja en forma abrupta", Diario Clarín Digital, 18/6/02.

31. "Testimonios: se espera un alza en el precio de las propiedades", Diario Clarín Digital, www.clarin.com.ar, 26/2/03.

32. "Violento desalojo del edifico del ex PADELAI: 16 heridos y 52 detenidos", Diario La Nación, 26/2/03, p. 16.

33. El fenómeno de la recuperación de fábricas consiste en la ocupación, por parte de los trabajadores, de las instalaciones de una fábrica abandonada o en quiebra para ponerla en funcionamiento nuevamente, haciéndose cargo de todo el proceso de producción, venta y administración. Este proceso, que comienza a mediados de la década del 90, se incrementa a partir de la crisis de 2001. Brukman fue recuperada por los trabajadores en el 2001 y violentamente desalojada en abril de 2003. Posteriormente, la fábrica volvió a ser ocupada por sus trabajadores.

34. "Violento desalojo del edifico del ex PADELAI: 16 heridos y 52 detenidos", Diario La Nación, 26/2/03, p. 16.

35. La expresión corresponde a Kowarick (1991: 90). El autor define la expoliación urbana como el resultado de una "sumatoria de extorsiones" que "...se refiere, inicialmente, a la ausencia o precariedad de los servicios de consumo colectivos que, como el acceso a la tierra y a la habitación, se muestran como socialmente necesarios a la reproducción urbana de los trabajadores" (Kowarick, 1991: 86).

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Aceptado: 7 de junio de 2007