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Revista argentina de sociología

versión On-line ISSN 1669-3248

Rev. argent. sociol. v.5 n.8 Buenos Aires ene./jun. 2007

 

¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno1

Nikolas Rose

BIOS, London School of Economics and Political Science Universidad de Londres

n.rose@lse.ac.uk
Nikolas Rose. Profesor del Departamento de Sociología de la London School of Economics and Political Science, LSE. Director del Centro Multidisciplinario de Investigación BIOS en esa casa de estudios.
antrondona@hotmail.com
Ana Lucía Grondona es Becaria de Conicet y Doctoranda de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde también se desempeña como docente. También es docente en la Facultad de Psicología de la UBA y en la carrera de Economía de la UCES. Actualmente desarrolla una investigación referida a los programas workfare en la Argentina.

Abstract

Lo social, como territorio de pensamiento y acción, ha sido central tanto para el pensamiento como para la programación política, desde mediados del siglo XIX. El presente trabajo sostiene que, incluso cuando los temas de la sociedad y las preocupaciones por la cohesión y la justicia social sean aún significativos en la discusión política, lo social no es ya una zona clave, blanco y objetivo de estrategias de gobierno. El lenguaje de globalización señala que las relaciones económicas no son ya tan fácilmente inteligibles, ni organizadas mediante una economía nacional definida. La comunidad ha devenido una nueva espacialización del gobierno; heterogénea, plural, que interconecta individuos, familias y otros dentro de ensamblajes culturales, de identidades y lealtades que compiten entre sí. Las divisiones entre los sujetos de gobierno son codificadas de maneras novedosas; ni los excluidos ni los incluidos son gobernados como ciudadanos sociales. Estrategias no-sociales son desarrolladas para el gerenciamiento de la autoridad experta. Consignas antipolíticas como el asociativismo y el comunitarismo, que no tratan de gobernar a través de la sociedad, están en ascenso en el pensamiento político. El presente artículo sugiere algunas formas de diagnosticar y analizar estas nuevas territorializaciones del pensamiento y de la acción política.

Palabras clave: Riesgo; Experticia; Gubernamentalidad; Comunidad; Exclusión.

The social, as a plane of thought and action, has been central to political thought and political programs since the mid-nineteenth century. This paper argues that, while themes of society and concerns with social cohesion and social justice are still significant in political argument, the social is no longer a key zone, target and objective of strategies of government. The rise of the language of globalization indicates that economic relations are no longer easily understo- od as organized across a single bounded national economy. Community has become a new spatialization of government: heterogeneous, plural, linking individuals, families and others into contesting cultural assemblies of identities and allegiances. Divisions among the subjects of government are coded in new ways; neither the included nor the excluded are governed as social citizens. Non-social strategies are deployed for the management of expert authority. Antipolitical motifs such as associationism and communitarianism which do not seek to govern through society are on the rise in political thought. The paper suggests some ways of diagnosing and analyzing these novel territorializations of political thought and action.

Keywords: Risk; Expertise; Governmentality; Community; Exclusion.

Introducción

En casi todos los países industriales desarrollados, desde Suecia hasta Nueva Zelanda, las viejas certezas del " Estado Benefactor" están siendo atacadas y los sistemas de bienestar experimentando una transformación2 3. Puede observarse la privatización de servicios públicos y de las funciones del Estado de Bienestar: la marketización de los servicios de salud, del seguro social y de los esquemas de pensión; las reformas educativas para implantar la competencia entre escuelas y universidades; la introducción de nuevas formas de gestión en la administración pública, moldeadas según una imagen de metodologías propias del sector privado; nuevas relaciones contractuales entre agencias y proveedores de servicio y entre profesionales y clientes; un nuevo énfasis en las responsabilidades personales de los individuos, de sus familias y de sus comunidades respecto de su futuro bienestar y en la obligación de dar pasos activos para asegurarlo. En el nivel de la " gubernamentalidad" -en el sentido que esta palabra fue usada por Foucault: las deliberaciones, las estrategias, las tácticas y los dispositivos utilizados por las autoridades para crear y actuar sobre una población y sus componentes, de modo de asegurar su bien y evitar su mal-, parece como si estuviéramos asistiendo a la emergencia de un rango de racionalidades y de técnicas que tratan de gobernar sin gobernar a la sociedad; gobernar a través de las elecciones reguladas hechas por actores singulares y autónomos, en el contexto de sus compromisos particulares con sus familias y comunidades (Rose, 1993b, 1994). Por supuesto, estos cambios, que no están limitados a las naciones con gobiernos de derecha, pueden pensarse como algo efímero. Sin embargo, estos desplazamientos en la política parecen tener un paralelo en los desplazamientos al interior del conocimiento en sí. Las perspectivas, a menudo reunidas bajo el término " posmodernismo" , juntamente con un número de análisis más bien locales, sugieren que el objeto " sociedad" , en el sentido que se le comenzó a acordar en el siglo XIX (la suma de los lazos y las relaciones entre los individuos y los acontecimientos económicos, morales y políticos, dentro de un territorio más o menos gobernado por sus propias leyes), también ha comenzado a perder su auto-evidencia, y la sociología, como el campo de conocimiento que ratificaba la existencia de este territorio, experimenta una suerte de crisis de identidad.
Mientras la desestabilización de la teoría social ha tenido, a menudo, como vanguardia, a quienes se piensan a sí mismos como progresistas, la relación de aquéllos con la izquierda del espectro político respecto de las transformaciones en el Estado de Bienestar ha sido casi enteramente negativa. Esto no es sorprendente, dada la íntima relación entre el socialismo, como una racionalidad política, y la proliferación de dispositivos sociales que constituyeron el Estado de Bienestar: el estado social, el seguro social, el servicio social, el salario social, la protección social, etc. Sin embargo, quizá sea necesario poner en cuestión esta oposición, donde las fuerzas del progreso parecen compelidas a asumir el lado de " lo social" , en contra de las de la reacción, que sostienen el individualismo, la competencia, el mercado y cosas por el estilo. La realización de una tarea como esta, podría comenzar interrogando la noción misma de " lo social" ¿Podemos decir que estamos en presencia no sólo de un cambio temporal en las modas políticas y teóricas, sino más bien ante un acontecimiento tal como " la muerte de lo social" ?

El gobierno desde " el punto de vista social" 4

Cuando, hace más de una década, Jean Baudrillard (1983) diagnosticó " el fin de lo social" , ofreció a sus lectores tres proposiciones: lo social nunca ha existido, sino que siempre ha sido una simulación de una relación social que ahora ha sufrido una des-simulación, una desintegración de lo que fue, en cualquier caso, un espacio imaginario de referencia y un juego de espejos; lo social realmente ha existido y ahora inviste todo, se ha extendido desde un proceso de control racional de residuos -vagabundos, lunáticos, enfermos- hacia una condición de la que todos son completamente excluidos y tomados a cargo para un proyecto de integración funcional santificado por las ciencias sociales; lo social ha existido en el pasado pero ha cesado de existir, la sociabilidad del contrato, de la relación del Estado con la sociedad civil, de la dialéctica de lo social y el individuo ha sido destruida, producto de la fragmentación de los medios masivos, la información, la simulación virtual y la emergencia del simulacro. Baudrillard concluye con un tierno recuerdo acerca

" de la increíble ingenuidad de lo social y del pensamiento socialista, tal como para haber podido reificar como universal y elevar a ideal de transparencia una totalidad tan completamente ambigua y contradictoria -peor, tan residual o imaginaria-, o peor aún, una ya abolida 'realidad' en su misma simulación: lo social" (Baudrillard, 1983: 86).

Este diagnóstico indudablemente señala algo significativo, a pesar de su tono característicamente apocalíptico y su opaco campo de referencia. Nos recuerda, si algo así fuese necesario, que " lo social" fue inventado por la historia y atrapado por las pasiones políticas, por lo que deberíamos tener cuidado de abrazarlo como un horizonte inevitable para nuestro pensamiento o como el estándar para nuestras evaluaciones. Gilles Deleuze, en su introducción al texto La policía de las familias, de Jacques Donzelot, presenta este argumento en términos más sobrios:

" Claramente no es una cuestión del adjetivo que califica al conjunto de fenómenos de los que se ocupa la sociología; lo social refiere a un sector particular en el cual problemas muy diversos y casos especiales pueden ser agrupados, un sector que comprende instituciones específicas y un cuerpo entero de empleados calificados" (Deleuze, 1979: IX).

Esto es, " lo social" no representa una esfera eterna y existente de la sociabilidad humana. Más bien, dentro de un limitado campo geográfico y temporal, pautó los términos en torno de los que las autoridades intelectuales, políticas y morales, en ciertos lugares y contextos, pensaron y actuaron sobre su experiencia colectiva. Este nuevo plano de territorialización existió a través de y en tensión con otras espacializaciones: la sangre y el territorio, la raza y la religión, el municipio, la región y la nación. Un espectro de líneas de organización e intervención -repartidas a través de la mayoría de las naciones europeas y en América del Norte desde el siglo XIX hasta la primera mitad del XX-, que se interceptaron, conectaron y enredaron en esta zona híbrida de " lo social" 5. La estadística social, luego la sociología y todas las ciencias sociales jugaron su papel en estabilizar lo social como un dominio sui generis, cuya realidad ya no podría ser ignorada. Simultáneamente, las fuerzas políticas articularían sus demandas al Estado en nombre de lo social; la nación debería ser gobernada en nombre de los intereses de la protección social, la justicia social, los derechos sociales y la solidaridad social.
Durante las primeras décadas del siglo veinte los políticos, situados en distintos contextos nacionales de Europa y América del Norte, se vieron forzados a aceptar que, al menos en algunos de sus aspectos, el gobierno de este dominio social debía ser añadido a las responsabilidades del aparato político y de sus oficiales. Puede, por un lado, observarse un rechazo a los reclamos totalizadores de la economía política para prescribir y delimitar los medios legítimos a ser utilizados en el gobierno de la vida económica. Simultáneamente, la ley ya no podría ser el único y suficiente medio político para lograr el orden y la seguridad; en efecto, la ley misma debería obedecer a las demandas de gobierno de lo social. Las racionalidades políticas, que han jugado un papel importante en nuestro siglo -socialismo, democracia social, liberalismo social-, pueden haber diferido en muchas cosas, sin embargo, en esto estuvieron de acuerdo: la nación debe ser gobernada, pero habría que preguntarse cómo gobernar desde el " punto de vista social" (cfr. Procacci, 1989; para Francia, ver Donzelot, 1984; para Inglaterra, Collini, 1979; Clarke, 1979). Lo social devino, así, una suerte de a priori del pensamiento político: el orden tendría que ser social o dejaría de existir.
Referirse a " la muerte de lo social" puede, indudablemente, llevar a un error. Efectivamente, las políticas ciertamente " sociales" están siendo, crecientemente, articuladas en un nivel supranacional mediante cuerpos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la OMS (Organización Mundial de la Salud), las Naciones Unidas y la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de la persistencia indudable del tema de la sociedad y de la cohesión social en la discusión política contemporánea, lo social, en el sentido en el que ha sido entendido por cerca de un siglo, está, sin duda, experimentando una mutación. Las condiciones para esta mutación y la correlativa emergencia y proliferación de los programas " liberales avanzados" de gobierno, bajo una variedad de regímenes políticos nacionales diferentes, son heterogéneas y dispersas. Desde la economía, se ha cuestionado la idea de una economía nacional, cuya formación en el siglo XIX fue condición para la delimitación del territorio de lo social. Las relaciones económicas están siendo comprendidas no sólo como transnacionales o en términos de relaciones entre economías nacionales singulares, sino como conectando componentes de una nación con componentes de otras; la competencia económica se produce entre ciudades, entre sectores, entre mercados especializados al interior de relaciones económicas que no respetan fronteras político-nacionales. El problema del gobierno de la economía nacional está siendo planteado de un modo diferente: al mismo tiempo que los partidos gobernantes, todavía tienen que gestionar las poblaciones nacionales mediante la maquinaria política territorializada con la que cuentan, ya no se imaginan operando sobre una población nacional que funciona natural y sistemáticamente integrada, cuya cohesión " social" es una condición para su seguridad económica (cfr. Hindess, 1994b)6.
Las lógicas de gobierno social fueron también problematizadas de otras maneras. Tal como Hirschman (1991) ha apuntado, hubo una proliferación de " retóricas de la reacción" acerca del paradójico " malestar" del Estado de Bienestar -sus costos, sus cargas, sus injusticias-, proveniente de diferentes sectores del espectro político. Hubo, también, críticas diversas de los expertos, de los poderes instalados por los Estados de Bienestar y al grado de discrecionalidad que los sistemas de bienestar concedieron a los profesionales y a los burócratas (he debatido éstos en detalle en otro sitio: Rose, 1993b, 1993c). Mientras estas críticas político-éticas del gobierno social fueron heterogéneas, tienen, sin embargo, un cierto " aire de familia" . En particular, los argumentos expuestos por libertarios de izquierda y de derecha, por los progresistas, los humanistas, los propulsores de los derechos civiles y los defensores del " empowerment" (Nota de traducción: dado que empoderamiento constituye un neologismo, hemos optado por dejar la palabra en inglés) compartieron un cambio específico a nivel del sujeto de gobierno. Los seres humanos a ser gobernados -varones y mujeres, ricos y pobres- pasaron, así, a ser concebidos como individuos que han de volverse activos en su propio gobierno. Y su responsabilidad ya no seguiría siendo entendida como una relación de obligaciones entre el ciudadano y la sociedad, promulgada y regulada gracias a la mediación del Estado, sino que sería una relación de lealtad y responsabilidad para con los seres cercanos, con quienes el propio destino está asociado. Cada sujeto estaría ahora situado en una variedad de redes heterogéneas y superpuestas -de inversión y preocupación personal-, por uno mismo, por la propia familia, por el propio vecindario, por la propia comunidad, por el propio lugar de trabajo. Para el ethos de estas noveles estrategias y mentalidades de gobierno, que he llamado " liberalismo avanzado" , resulta central la nueva relación entre las estrategias para el gobierno de los otros y las técnicas para el gobierno de sí (Nota de traducción: refiere al sí mismo, self), situadas al interior de nuevas relaciones de obligación mutua: la comunidad.

El nacimiento de la comunidad

Hasta hace poco, el lenguaje aparentemente " amoral" del mercado captó la mayor parte de la atención de los debates sobre los cambios en el Estado de Bienestar - privatización, competencia, cálculo financiero, y así sucesivamente- . Sin embargo, las racionalidades políticas contemporáneas piensan, también, en términos de otro lenguaje, investido moralmente y que se intersecta con el discurso del mercado referido a los contratos y al consumo, en las formas más complicadas y sorprendentes: la " comunidad" . Consideremos la preeminencia contemporánea del vocabulario del cuidado comunitario, las viviendas comunitarias, los trabajadores comunitarios, la seguridad de la comunidad, por ejemplo. Consideremos, también, la emergencia de la idea de comunidades de riesgo -consumidores de drogas, homosexuales, portadores de determinados genes, la juventud en peligro-; la preeminencia del lenguaje de la comunidad en los debates sobre el multiculturalismo y sobre los problemas que se presentan a políticos, psiquiatras, policías y otros agentes, trabajando en condiciones de pluralismo cultural, ético y religioso. Todas estas son señales de que lo social puede estar dejando paso a " la comunidad" como un territorio nuevo para la gestión de la existencia individual y colectiva, una nueva superficie o plano en el que las relaciones micro-morales entre personas son conceptualizadas y administradas. No pienso que esta sea meramente una cuestión de cambios en la jerga profesional: es indicativo de una mutación, bastante profunda, si bien aún incierta, en las formas de pensar y actuar que solían desarrollarse a través de un lenguaje social. Es esta mutación la que también parece anidar en el corazón de la preeminencia recientemente adquirida del lenguaje de comunidad en el discurso de todo el espectro político y en las declaraciones programáticas de defensores y filósofos políticos de las diferentes versiones del comunitarismo. Estos nuevos lenguajes políticos aparecen encarnados en el modo en que una serie de cuestiones son problematizadas - hechas asequibles para la acción de la autoridad- en términos de características, fuerzas, culturas y patologías de la(s) comunidad(es). Estos lenguajes moldean las estrategias y los programas que se dirigen hacia tales problemas, tratando de actuar sobre la dinámica de las comunidades. Configuran el territorio imaginado sobre el cual estas estrategias deberían actuar -como la salud mental de la comunidad-. Y se extienden hasta especificar los sujetos de gobierno como individuos que son también, de hecho o potencialmente, sujetos de lealtades para un conjunto particular de valores comunitarios, creencias y compromisos.
No deberíamos buscar un origen o causa singular para esta reconfiguración compleja del territorio de gobierno. Lo social, formado como un complejo plano de interconexión entre líneas de fuerzas menores y diversas, cambia en relación con: el conocimiento, los dispositivos de mapeo de poblaciones y de sus vicisitudes, las prácticas de regulación y las sendas de acción y cálculo diseñadas, las problematizaciones contingentes, así como las reformulaciones éticas y políticas. El despliegue contemporáneo de la comunidad es, análogamente, heterogéneo, resultado complejo y móvil de formas revisadas de problematizar e intervenir en un número de campos diferentes7. El término " comunidad" , claro está, ha sido prominente en el pensamiento político desde hace tiempo; sin embargo, se volvió gubernamental cuando se hace técnico. En los años sesenta, la comunidad ya estaba siendo invocada por sociólogos como un antídoto posible para la soledad y el aislamiento del individuo generados por la sociedad de masas. Esta idea de comunidad como la autenticidad perdida y la pertenencia común, inicialmente se delegó en el campo social como parte del lenguaje de crítica y oposición contra la burocracia remota. Los comunitaristas se identifican, no con un sistema de bienestar que entienden degradante, vigilante y controlador, sino con aquéllos sujetos a ese sistema: los habitantes de las viviendas municipales, de los ghettos. Más o menos simultáneamente, el lenguaje comunitario fue utilizado por autoridades como la policía, para dar cuenta de los problemas con los que se enfrentaban al tratar con zonas difíciles: " La comunidad de las Indias Occidentales" 8 la comunidad criminal. La comunidad, así, deviene en punto de penetración de un tipo particular de sociología etnográfica; ello, en términos del vocabulario que utilizan como de las clasificaciones de las autoridades. Recíprocamente, la sociología en sí intensificó las investigaciones de la vida colectiva en términos de comunidad y de la anatomía de sus lazos culturales y ataduras locales, en tanto se piensan como condiciones esenciales para su orden moral. Dentro de un período más bien corto, lo que comenzó como un lenguaje de resistencia y crítica fue transformado, sin duda por motivos fuertes, en un discurso experto y en una vocación profesional: la comunidad es ahora algo a ser programado por los Programas de Desarrollo Comunitario, desarrollados por los Funcionarios del Desarrollo Comunitario, vigilada por la Policía Comunitaria, custodiada por los Programas de Seguridad Comunitaria y hecha inteligible mediante los " estudios comunitarios" realizados por sociólogos. Las comunidades se convirtieron en zonas a ser investigadas, mapeadas, clasificadas, documentadas, interpretadas, sus vectores explicados por futuros-profesionales-iluminados en incontables cursos universitarios, y para ser tomadas en consideración en innumerables entrevistas entre los profesionales y sus clientes, cuyas conductas individuales, ahora, se vuelven inteligibles en términos de las creencias y los valores de " su comunidad" .
No hay duda de que una serie de otros cambios locales en el vocabulario en sitios diversos contribuyó al surgimiento de la comunidad como un antídoto alternativo válido o, incluso, como la cura de los males para los que lo social no tuvo respuesta -es más, para los males propios de lo social-. Pero lo que comenzó a tomar forma aquí fue un nuevo método de demarcar un sector para su gobierno; un sector cuyos vectores y fuerzas podrían ser movilizados, alistados, desarrollados en técnicas y programas novedosos, que operan por medio de la instrumentalización de lealtades personales y responsabilidades activas: el gobierno a través de la comunidad. Es este sentido de la comunidad el que se ha destacado en las recientes discusiones políticas (por ejemplo, Etzioni, 1993; Grey, 1996). La sociedad ha de ser regenerada y la justicia social ha de ser maximizada mediante la construcción de comunidades responsables, preparadas para invertir en ellas mismas (Commission on Social Justice, 1994). Tal como afirmó el actual líder del Partido Laboral, " la búsqueda consiste en reinventar la comunidad de acuerdo con la edad moderna, fiel a los valores centrales de justicia, cooperación y responsabilidad" 9.
La reconfiguración del territorio de gobierno en términos de comunidad tiene un número de características significativas. La primera es espacial: un tipo de " des-totalización" . Lo social, más allá de todas sus estratificaciones y sus variaciones, fue imaginado como un espacio unitario, territorializado a través de una nación. Correlativamente, el gobierno, desde el punto de vista de lo social, postuló una única matriz de solidaridad, una relación entre una sociedad orgánicamente interconectada y todos los individuos contenidos en su seno, partiendo de una forma político-ética de la noción de ciudadanía social. Hoy, por el contrario, se piensa en una diversidad de " comunidades" que dominan, actual o potencialmente, nuestra lealtad: las comunidades morales (religiosas, ecológicas, feministas), las comunidades de estilo de vida (definidas en términos de gustos, estilos de vestir y modos de vida), las comunidades de compromiso (para discapacitados, problemas de salud, activismo local), y así sucesivamente. Tales comunidades son construidas de modo localizado, heterogéneo, superpuesto y múltiple. Algunas veces son definidas en términos de las coordenadas geográficas de una micro localidad. Otras veces son " comunidades virtuales" , sin que haya asociación ni en el espacio, ni en tiempo " real" , sino a través de una red de retransmisiones de comunicación, de símbolos, de imágenes, de estilos de vestir y de otros dispositivos de identificación: la comunidad gay, la comunidad discapacitada, la comunidad asiática (cfr. Barry, 1996). Estas comunidades virtuales son " diaspóricas" existen sólo en tanto que sus componentes están vinculados por medio de identificaciones construidas en espacios no-geográficos de los discursos de activistas, productos culturales e imágenes mediáticas10. Y mientras el lenguaje de comunidad a menudo localiza a las comunidades inconexas dentro de una colectividad mayor -una nación, una sociedad, el planeta mismo-, la naturaleza de esta lealtad supraordinada se plantea frecuentemente como un problema. De aquí las discusiones acerca del " multi-culturalismo" , las controversias políticas sobre las implicaciones del " pluralismo" -de etnias, de religión, de sexualidad, de habilidad y de incapacidad-, juntamente con los conflictos sobre los irreconciliables y mutuamente excluyentes " derechos" y " valores" de comunidades diferentes.
Un segundo rasgo significativo del nacimiento de la comunidad es el cambio de su carácter ético. Lo social fue un orden de la entidad colectiva y de obligaciones y responsabilidades colectivas. Mientras las políticas y los programas de lo social otorgaron a los individuos la responsabilidad personal sobre su propia conducta, esta responsabilidad individual estuvo siempre atravesada por determinaciones externas: las ventajas o desventajas conferidas por la historia familiar, la clase, la historia de vida, al interior de un conjunto más abarcativo de fuerzas sociales y económicas, como los cambios en el mercado laboral, auges y hundimientos de precios, ciclos industriales, exigencias de los ambientes urbanos, problemas de suministro de vivienda, etc. Por supuesto, la extensión por la que tales determinantes externos podían o debían mitigar la responsabilidad personal estaba sujeta a disputa continua, como la medida en la que podían o debían ser compensadas por medio de la educación, en decisiones del tribunal criminal, y así sucesivamente. No obstante, esta configuración de vectores éticos se está reorganizando bajo el signo de la comunidad. El sujeto está siendo interpelado como un individuo moral, con lazos de obligación y responsabilidad respecto de su conducta, organizados de nueva manera. El individuo en su comunidad es ambos a la vez y está supeditado por ciertos lazos emocionales de afinidad a una red circunscripta de otros individuos -unificados por vínculos familiares, de localidad, de compromiso moral para la protección ambiental o el bienestar de los animales-. La conducta es recuperada del orden social de la determinación y reconducida a una percepción ética nueva del actor individualizado y autonomizado, cada uno de los cuales tiene ataduras únicas, localizadas y específicas con su familia particular y con una comunidad moral particular. Aquí podemos ubicar la proliferación de debates sobre el pluralismo moral y sus interpretaciones diversas: como una amenaza relativista para un contrato social necesario en términos de absolutos morales o como el nacimiento de una nueva era de compromiso ético acentuado, basado en lealtades buscadas y elegidas individualmente en un universo moral cosmopolita.
Un tercer aspecto crucial del nacimiento de comunidad concierne al papel de la identificación. Las prácticas que ensamblaron lo social ciertamente conllevaron " proyectos de identificación" : los programas de educación masiva, de vivienda pública, de programación televisiva pública, de seguro social, contenían en su seno una imagen y una meta del ciudadano socialmente identificado, la persona que, por encima de todo, se entendía a sí misma como parte de una única sociedad nacional integrada. El vocabulario de comunidad también implica una psicología de identificación: ciertamente, la misma condición de posibilidad para que una comunidad sea imaginada es su existencia real o potencial como un sostén de la identidad personal. Pero estas líneas de identificación están configuradas de un modo diferente. La comunidad propone una relación que aparece menos " remota" , más " directa" ; relación que no ocurre en el espacio político " artificial" de la sociedad sino en matrices de afinidad que parecen más naturales. La comunidad de cada uno no es nada más -ni nada menos- que esas redes de lealtad con las que uno mismo se identifica existencial, tradicional, emocional o espontáneamente, en apariencia, más allá y por encima de cualquier valoración calculada, basada en el propio interés. Por lo tanto, como tantos otros loci similares de lealtad -la clase, la sociedad civil, la etnia- los argumentos sobre la comunidad emplean una lógica jánicabifronte (cfr. Hindess, 1993). Cada aseveración sobre la comunidad se refiere a algo que ya existe y que nos interpela: nuestro destino común como hombres homosexuales, como mujeres de color, como personas con VIH, como miembros de un grupo étnico, como residentes en un pueblo o un suburbio, como personas con una incapacidad. Sin embargo, nuestra lealtad para cada una de estas comunidades particulares es algo respecto de lo cual tenemos que devenir conscientes, precisando para ello del trabajo de educadores, campañas, activistas, manipuladores de símbolos, narrativas e identificaciones. Dentro de tal estilo de pensamiento, la comunidad existe al mismo tiempo que debe ser lograda, pero este logro no es sino el-nacimiento-para-la-presencia de una forma de ser que preexiste.
" El gobierno a través de la comunidad" implica una variedad de estrategias para inventar e instrumentalizar estas dimensiones de lealtad entre los individuos y las comunidades al servicio de proyectos de regulación, reforma o movilización. Podemos considerar dos ejemplos que ilustran la complejidad de estas nuevas tecnologías gubernamentales.
Mi primer ejemplo es la seguridad. Dentro de las racionalidades sociales de gobierno, el dominio de la seguridad colectiva era asignado al Estado en nombre de todos los ciudadanos, por medio de medidas universales directas que iban desde el seguro social hasta la ejecución del derecho criminal por una fuerza policial unificada y financiada socialmente. Hoy, esta imagen social -y las prácticas a las que estaba conectada- está desplazada por una variedad de formas diferentes de imaginar la seguridad, cada una de las cuales moviliza un sentido particular de comunidad. Una imagen es la de la ciudad enrejada que preserva la seguridad de sus propios residentes, la del centro comercial vigilado por guardias de seguridad privados; esto es, una diversidad de zonas, cada una circunscribiendo a lo que Clifford Shearing ha llamado " comunidad contractual" , asumiendo -o siendo forzadas a asumir- la responsabilidad respecto de " su propia" salud, felicidad, riqueza y seguridad (O' Malley, 1992; Shearing, 1995). Tales patrones de reconfiguración del espacio urbano pueden ser observados en ciudades tan distantes como Sydney y Estambul. Las lógicas colectivas de la comunidad son traídas aquí para articularse con el ethos individualizado de la política neoliberal: elección, responsabilidad personal, control sobre el propio destino, autopromoción y autogobierno. En una segunda imagen, la comunidad es promovida como un antídoto para las depredaciones combinadas de las fuerzas de mercado, del gobierno central remoto, de las autoridades locales insensibles, mediante nuevos programas para la regeneración de localidades delimitadas paradigmáticamente: las áreas desaventajadas de las grandes ciudades (Etzioni, 1993; Atkinson, 1994). Aquí, nuevos modos de participación vecinal, de compromiso y de empowermet local y de residentes, debiendo tomar sobre sus propias vidas, habrán de, según se piensa, reactivar la auto-motivación, la auto-responsabilidad y la confianza de sí bajo la forma de una ciudadanía activa al interior de una comunidad que se autogobierna11. El gobierno que se realiza por medio de la activación de compromisos individuales, energías y elecciones, a través de la moralidad personal al interior de un escenario comunitario es contrapuesto al gobierno social centralizando y patronizador. Paradójicamente, dadas sus diferencias ideológicas aparentes, estas versiones opuestas de seguridad utilizan imágenes similares de sujeto como un agente activo y responsable en el aseguramiento de la propia seguridad y de la de quienes están o deberían estar afiliados. Asimismo, visualizan el espacio de gobierno en formas similares, ya no territorializado a lo largo de un espacio nacional, sino organizado en términos de relaciones de identificación entre la persona y " su comunidad" -la colectividad particular a la que cada persona está atada por el parentesco, la religión, la residencia, las dificultades compartidas o la afinidad moral-. En cada caso, la comunidad no es simplemente el territorio de gobierno, sino un medio de gobierno: sus ataduras, lazos, fuerzas y afiliaciones deben ser celebradas, fomentadas, nutridas, conformadas e instrumentalizadas con la esperanza de producir consecuencias deseables para todos y cada uno.
Mi segundo ejemplo concierne a los programas de promoción de la salud que han tomado forma alrededor del problema del VIH y del SIDA. Las comunidades gay de lealtad e identificación preexistían a la epidemia del VIH en el Oeste, construido muy recientemente a través de las actividades de campaña y la política de estilo de vida de activistas gay. En el Reino Unido, en Europa y en los Estados Unidos fue mayormente como respuesta al activismo político de estas comunidades que los gobiernos nacionales priorizaron la investigación y las políticas contra el VIH y el SIDA (Ballard, 1992). En la medida en que las agencias políticamente financiadas desarrollaban estrategias para el gobierno de la conducta sexual en nombre de la salud, organizaciones gay, en principio, solitariamente, luego en alianza con campañas gubernamentales de promoción de la salud, jugaron un papel crucial en la difusión de nuevas normas de ética sexual y de códigos de conducta sexual para aquellos en " riesgo" . No sólo en la publicidad y en materiales para la promoción de la salud, sino también en la masa de investigación social sobre actitudes sexuales y prácticas, la identidad y la identificación llegaron a jugar un papel central en el modo en que la actividad sexual devendría inteligible y en el desarrollo de estrategias para su regulación, no sólo esas a las que se apuntó en " la comunidad gay" , sino también a las que se apuntó en otros grupos de " riesgo" . Las estrategias de promoción de salud se articularon con el trabajo de activistas y de organizaciones de autoayuda, todos fuertemente comprometidos con la formación y la valorización de la identidad de sus usuarios y sus comunidades. Esto estableció nuevas formas de exclusión -por ejemplo, la de los hemofílicos- (cfr. Watts, 1994). En este contexto, emergieron nuevos modos de problematizar los sujetos a ser gobernados -por ejemplo, la forma en la cual " los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pero que no se identifican como homosexuales o bisexuales" , han llegado a verse como un obstáculo principal para las actuales estrategias dirigidas al VIH y al SIDA- (Bartos, 1994). El gobierno, por medio de la comunidad, aun cuando opere sobre lazos de lealtad preexistentes, los transforma, los inviste con valores nuevos, los afilia con la experticia y reconfigura relaciones de exclusión. Esto no hace a las comunidades falsas en algún sentido. Pero debería alertarnos sobre el trabajo que conlleva la construcción de la comunidad y la implicación de lógicas de inclusión y exclusión, de responsabilización y autonomización, que inevitablemente conlleva.
Así, podemos ser gobernados a través de nuestra lealtad a comunidades particulares de moralidad e identidad. Muchos programas de gobierno funcionan bajo la presuposición de tales comunidades, aun donde las lealtades presupuestas no parezcan existir inmediatamente. Los programas de renovación urbana, por ejemplo, imaginan las dificultades de los barrios marginales de la gran ciudad en términos de la pérdida de " un espíritu de comunidad" , con todas sus capacidades de auto-confianza, espíritu emprendedor y orgullo comunal que tal espíritu evoca. Tratan de " empoderar" (empower) a los habitantes de esos barrios constituyendo a aquellos que residen dentro de una cierta localidad como " una comunidad" , mediante la búsqueda de " grupos comunales" que puedan hablar " en nombre de la comunidad" , y conectándo los así, de nuevas maneras, con el aparato político, para promulgar programas que tratan de regenerar la trama económica y humana de un área, reactivando en " la comunidad" estas virtudes " naturales" que tienen, pero que han perdido temporalmente. Complementariamente, comunidades imaginadas, creadas por la actividad de militantes locales o emergiendo como contraparte de tales proyectos gubernamentales, pueden formar el locus de la articulación de demandas formuladas a las autoridades políticas y de resistencia ante ellas: el lenguaje de la comunidad y de la identidad que es su referente se convierte en el sitio de nuevas disputas. Entonces, la movilización de la comunidad puede deberse a causas tan diversas como la demanda por financiamiento para la investigación del VIH, el bloqueo de una nueva autopista diagramada sobre una zona residencial, la protesta por hostigamiento racial o la oposición a las políticas que intentan alojar dentro de " nuestra comunidad" a quienes no pertenecen a ella (el negro, el loco, el discapacitado, etc.). Estas contradicciones de la comunidad establecen un territorio nuevo y agónico para la organización de conflictos políticos y éticos.
Esta mutación, en la que las relaciones colectivas han sido reconfiguradas de modo de reducir la preeminencia de lo social en favor de la comunidad, ha estado acompañada por más mutaciones a lo largo de un número de otras dimensiones. En el resto de este artículo quiero discutir tres dimensiones, conectadas de diferentes maneras, para el nacimiento de la comunidad. En la primera, se observa una re-configuración de las estrategias de gobierno de la vida económica, en la que se desacoplan las relaciones que previamente existían entre la asistencia social y la fortaleza económica. En la segunda, se observan los nuevos modos de especificación de los sujetos gobierno, en términos de una ética de la actividad que establece nuevas divisiones entre quienes son considerados ciudadanos competentes y aquellos que no lo son. En la tercera dimensión, se observa la reconfiguración de las relaciones entre la experticia y la política, y el surgimiento de una serie de nuevas tecnologías expertas para la experticia de gobierno.

La de-socialización del gobierno económico

Una nueva configuración está adquiriendo forma, especialmente, referida al gobierno de la vida económica, en donde las técnicas de maximización del bienestar social ya no se presentan como necesarias para obtener bienestar económico, en un mercado constituido mayormente por empresas privadas. Como ya he comentado, la formación de la noción de una economía nacional fue una condición crucial para la delimitación del dominio de lo social. La economía política clásica efectuó una separación entre el dominio de los acontecimientos " económicos" , con sus leyes y sus procesos propios, y el dominio " moral" . Los acontecimientos económicos se territorializaron al interior de un espacio nacional, y fueron considerados como cuestiones gobernadas por leyes y relaciones cuyo alcance y cuyos límites parecían superponerse con el mapa del territorio de la dominación política. Tal como se cristalizaron dentro del pensamiento del siglo XIX, " las economías" fueron organizadas dentro de naciones, limitadas por fronteras, costumbres y otras restricciones en importaciones y exportaciones, unificadas mediante un solo suministro de dinero, caracterizadas por un conjunto de relaciones funcionales entre sus componentes, y estas unidades fueron ubicadas en un espacio más amplio dentro del cual podrían implicarse en el " comercio extranjero" con otras economías nacionales. La responsabilidad de las autoridades políticas para la seguridad de una nación, su Estado y su población llegó a ser entendida en términos de su aptitud para alimentar los procesos económicos naturales que aseguraran el bienestar económico nacional (ver el debate en Tribe, 1978). Es más, durante el siglo XIX y también en el XX, la solidez de estas economías nacionales se fue incrementando a través de: la publicación regular de diversos indicadores nacionales de performance económica y la, paulatina, definición de un plan de " política económica" preocupado por las formas correctas en las cuales las fuerzas de tal sistema económico podrían ser fomentadas; la acción a nivel del suministro de dinero, del mercado laboral, junto con el de las tarifas y de las restricciones en importaciones, y así sucesivamente, empezó a ser comprendido en términos de la competencia entre distintas economías y de su lucha para tener acceso a las fuentes de materias primas baratas, fuerza de trabajo barata o mercados lucrativos fuera de sus fronteras territoriales, todo ello especialmente al patrimonio nacional.
En las estrategias de gobierno que se desarrollaron en el curso del siglo XX, los dominios de lo económico y de lo social fueron distinguidos, pero gobernados según un principio de optimización conjunta. A la actividad económica, bajo la forma de trabajo asalariado, se le dio un nuevo conjunto de responsabilidades sociales, vistas como un mecanismo que vincularía a los varones al orden social y que establecería una relación adecuada entre el orden familiar, social y los órdenes económicos (Meuret, 1981; Miller y Rose, 1990; Rose, 1990: II; Rose y Millar, 1995; Walters, 1994). Simultáneamente, la privacidad del contrato del salario fue debilitada, en tanto los políticos llegaron a aceptar que las condiciones de trabajo y salario deberían ser reguladas en nombre de la paz social. La producción de un mercado laboral en sí misma devino parte de las responsabilidades del gobierno económico, y una serie de intervenciones en lo social maximizarían la eficacia económica de la población como fuerza de trabajo, desde la orientación vocacional y los intercambios laborales hasta los diversos métodos de mantenimiento de los hábitos sociales del trabajo entre los desempleados. Gradualmente, en el curso de las siguientes seis décadas, se inventaron nuevos índices de actividad económica que traducirían la economía de modo más asequibles para la gestión, y se crearon nuevas tecnologías de regulación macroeconómica. Por medio de los mecanismos de seguridad social -seguro de desempleo, seguro de riesgos del trabajo, la legislación de salud y de seguridad, etc.- y a través de un cúmulo de formas de gobierno económico -regímenes impositivos, tasas de interés y otras técnicas de " gestión de demanda" - el Estado asumió la responsabilidad sobre la gestión de una variedad de riesgos -ante los individuos, ante los patrones, ante el propio Estado-, en nombre de la sociedad.
Pero la percepción de " la economía" que apuntaló tales intentos, ahora experimenta una mutación (Hindess, 1994b). Ya no es tan fácilmente imaginable " una economía" , naturalmente co-extensiva con el espacio del Estado nación, con diferentes " economías nacionales" , habitando un campo común más amplio en el que comerciaban, competían y explotaban mutuamente. Ahora, los teóricos y los practicantes, por igual, construyen a las relaciones económicas como " globalizadas" , y esta nueva especialización de la economía está acoplada con discusiones acerca de si las relaciones económicas flexibles deben ser establecidas en localidades particulares (Reich, 1992; Hirst y Thompson, 1992; ambos citados y debatidos en Hindess, 1994b). Superponiéndose a esta " dialéctica de lo global y lo local" existen otras especializaciones transnacionales de relaciones económicas, tales como la discusión sobre la existencia de una " economía global" de " ciudades mundiales" , en la que Birmingham, Sydney, Baltimore, Budapest, compiten entre sí por el beneficio económico derivado de la localización de empresas, conferencias, eventos deportivos o del turismo (Zukin, 1991; Lash y Urry, 1994).
Más allá de la exactitud con la cual estas tendencias son identificadas y retratadas, los problemas económicos del gobierno están siendo repensados en condiciones de una imagen revisada del espacio económico y de los medios, por los cuales se puede actuar sobre él. Parecería que, mientras los gobiernos nacionales aún deben administrar una población nacional, el bienestar económico de la nación y de su población ya no pueden ser simplemente superpuestos uno sobre otro y gobernados según el principio de maximización mutua. El gobierno de lo social, en nombre de la economía nacional, deja paso al gobierno de zonas particulares -las regiones, los pueblos, los sectores, las comunidades-, en vistas del interés de los circuitos económicos que fluyen entre regiones y a través de las fronteras nacionales. Los destinos económicos de los ciudadanos al interior de un territorio nacional se desacoplan, y pasan a ser entendidos y gobernados como una función de sus niveles particulares de emprendimiento, habilidad, inventiva y flexibilidad.
Esto se ensambla con un cambio en las racionalidades y en las técnicas para el gobierno del empleo y del desempleo. El desempleo, ahora, es entendido como un fenómeno a ser gobernado -tanto a nivel macro-económico como en el nivel de la conducta de la persona desempleada en sí- mediante el fomento de la actividad individual de búsqueda de empleo, obligando al individuo a involucrarse en una búsqueda constante y activa de empleo, y de las habilidades que le proveerán empleo. Por un lado, el problema general de desempleo es re-concebido en términos de la competitividad respectiva de distintas fuerzas de trabajo, entendida, al menos en parte, en términos de las aptitudes psicológicas, disposicionales y aspiracionales de aquellos que la constituyen. Por otro lado, cada individuo es interpelado como un aliado del éxito económico a través del reaseguro de que invierta en la gestión, presentación, promoción y realce de su capital económico, como una aptitud de sí y como un proyecto para toda la vida (Walters, 1994; Dean, 1995).
A este énfasis en el individuo, como un agente activo en su propio gobierno económico por medio de la capitalización de su existencia, corresponde un conjunto enteramente nuevo de vocabularios y dispositivos para la administración de individuos al interior del lugar de trabajo, en términos de la promoción de sus habilidades, aptitudes y de su espíritu empresarial. Estos intentan una alianza entre los deseos del trabajador o del gerente para su autopromoción y actualización a través del trabajo y de la necesidad percibida de que la empresa devenga flexible, competitiva, ágil, creativa, etc. En la fuerza de trabajo, también, el trabajo ya no ha de ser construido como una obligación social, ni su eficiencia promocionada mediante la maximización de las prestaciones sociales que el trabajador encuentra en el lugar de trabajo, ni ha de tener como papel primario insertar al individuo en lo colectivo mediante los efectos socializantes de los hábitos de trabajo. Más bien, el lugar de trabajo en sí -para obreros y para gerentes- ha de ser un área de auto-promoción y el gobierno del trabajo debe ser emprendido en términos de la promoción de las capacidades activas del individuo emprendedor. Sin duda, también uno podría identificar el funcionamiento de lógicas similares en los intentos de regenerar las economías locales, especialmente en las áreas urbanas; el declive económico ha de ser superado a través de una serie de dispositivos que fomenten la acción de individuos emprendedores con habilidades, flexibilidad y aspiraciones de auto-promoción -ejemplificado, nuevamente, en las estrategias actuales del gobierno UK para la renovación urbana-.
En síntesis, uno podría sugerir que, dentro de esas estrategias de gobierno que he llamado " liberales avanzadas" , se descubre la emergencia de un nuevo método de conceptualizar y actuar sobre las relaciones entre el gobierno de vida económica y el auto-gobierno del individuo: la economía ya no ha de ser gobernada en nombre de lo social, ni ha de ser la economía la justificación del gobierno social en otra serie de sectores. Lo social y lo económico se ven ahora como antagónicos, y el esquema anterior debe ser fragmentado de modo de transformar las obligaciones morales y psicológicas de la ciudadanía económica en dirección a un auto-progreso activo. Simultáneamente, el gobierno de un rango entero de aparatos previamente sociales debe ser reestructurado de acuerdo con una imagen particular de lo económico: el mercado. El gobierno económico ha de ser de-socializado en nombre de la maximización del componente emprendedor de cada individuo.

Los sujetos de gobierno

Esta transformación en el gobierno de la vida económica se articula con una mutación, más general, en la disposición para el gobierno de conducta. Nuevas maneras están adquiriendo forma para entender, clasificar y actuar sobre los sujetos de gobierno, acarreando nuevas relaciones entre las formas en que las personas son gobernadas por otros y aquellas a través de las cuales son aconsejados para gobernarse a sí mismas. Para este campo general, es fundamental la recodificación de las prácticas divisorias, revisando las distinciones entre los afiliados y los marginalizados. Con afiliados, me refiero a aquellos que son considerados " incluidos" : los individuos y las familias que tienen los medios financieros, educativos y morales para " pasar" su papel de ciudadanos activos en comunidades responsables. Para permanecer afiliado uno debe " emprender" la propia vida a través de la elección activa, dentro de los términos establecidos y de los límites que se han integrado a las prácticas de vida cotidiana, sostenidas por un conjunto heterogéneo de imágenes " civilizadas" y por dispositivos para la promoción del estilo de vida. Al criar a los hijos, instruirlos, al entrenarse y en el empleo, en el consumo incesante, los incluidos deben calcular sus acciones en términos de una " inversión" en sí mismos, en sus familias, y maximizar esta inversión en referencia a los códigos de sus comunidades particulares. Pero los marginales son aquellos que no pueden ser considerados afiliados a tales comunidades culturales, civilizadas y sancionadas. O bien no se los considera afiliados a ninguna colectividad en virtud de su incapacidad para gestionarse a sí mismos como sujetos, o se los considera afiliados a algún tipo de " anticomunidad" cuya moralidad, estilo de vida o comportamiento se consideran una amenaza o un impedimento para la satisfacción pública y el orden político. En esta división entre los afiliados y los marginalizados se articulan dos conjuntos bastante diferentes de debates, así como dos estrategias gubernamentales diferentes; ninguna de ellas parece ser emprendida desde el " punto de vista de lo social" .
El problema del riesgo nos provee un punto de entrada para una investigación de estas estrategias post-sociales de gobierno de la conducta. Muchos han apuntado la preeminencia contemporánea de la noción de " riesgo" como una forma de comprensión de los problemas que enfrentan los individuos y las colectividades. Las sociologías históricas han sugerido que el predominio del lenguaje del riesgo es una consecuencia de cambios en la condición existencial contemporánea de la humanidad y de su mundo (Beck, 1992). Por el contrario, los estudios genealógicos han analizado el riesgo como parte de un estilo particular de pensar nacido durante el siglo XIX (Ewald, 1991). Estilo que implicó nuevos métodos de entender y actuar sobre la desgracia en términos del riesgo: el pensamiento sobre el riesgo trajo el futuro al presente y lo hizo calculable, utilizando la inteligibilidad estadística que las leyes colectivas de los grandes números parecieron proveer (Hacking, 1991). Más significativas para los propósitos presentes han sido las genealogías de la seguridad social, que han rastreado las formas en las que, a lo largo del curso del siglo XX, la seguridad contra el riesgo fue socializada.
A fines del siglo XIX, el respetable hombre trabajador fue urgido a devenir prudente, una obligación que le requirió una serie de pasos activos para asegurarse a sí mismo, a su familia y a sus dependientes contra la desgracia futura: unirse a esquemas de seguro proveído por asociaciones profesionales o Sociedades de Socorros Mutuos, involucramiento personal en la selección de prestaciones y pagos regulares, y así sucesivamente (Defert, 1991). Estos esquemas basados en el intercambio -o en la asociación- establecieron conexiones bastante directas entre la responsabilidad individual de cada miembro y la mutualidad de la responsabilidad que se compartía entre los miembros como un todo. Estas relaciones de prudencia mutualizadas tuvieron una vida relativamente corta. Para fines del siglo XIX, en Gran Bretaña, Australia y los Estados Unidos ya habían sido desplazadas por operaciones comercializadas en las que la seguridad era obtenida a través de individuos, contratando esquemas privados de seguro desarrollados para generar ganancias (O´Malley, 1995). Al final del siglo pasado, en la mayoría de los países europeos, estas relaciones voluntarias de prudencia -mutuales o comerciales- fueron adicionalmente transformadas con la implementación de esquemas nacionales de seguro social obligatorio. Hubo muchas fuerzas diferentes funcionando aquí, incluyendo las preocupaciones políticas acerca de la viabilidad y la integridad de los esquemas, y las preocupaciones acerca de las consecuencias para y de esos que permanecían no asegurados por el fracaso de las compañías o de su propio desgano o incapacidad para ser ahorrativos. Pero, como afirma Ewald (1991), " la seguridad deviene social⁄ porque las sociedades europeas llegan a analizarse a sí mismas y a sus problemas en términos de la tecnología generalizada de riesgo" : riesgo, responsabilidad y ahorro devinieron vectores de gobierno social.
El seguro social fue adquirido como un beneficio de ciudadanía. Según es sabido, los esquemas estaban estructurados con el objeto de no " desmoralizar" a sus beneficiarios por medio de la inculcación de relaciones de dependencia, sino, al contrario, producir efectos morales de responsabilidad, regularidad en los hábitos de trabajo y obligaciones sociales en aquellos que fueran sus beneficiarios (Gilbert, 1966). Por supuesto, la interpelación a la prudencia personal basada en el propio interés y en el de los propios dependientes no desapareció en el curso del siglo XX. Pero, sin embargo, hoy asistimos a un movimiento estratégico en la política de seguridad. Los individuos son, nuevamente, urgidos por políticos y otros a tomar sobre sí la responsabilidad para su seguridad y la de sus familias; a asegurarse contra los costos de la mala salud a través de seguros médicos privados, a prever su futuro mediante pensiones privadas, a asumir un papel activo en el reaseguro en contra de todo aquello que pudiera amenazar la seguridad de su estilo seleccionado de vida. Este " nuevo prudencialismo" (O´Malley, 1992) usa las tecnologías del consumo (estudio de mercado, marketing segmentado, etc.) para exacerbar las ansiedades acerca de nuestro futuro y el de nuestros seres queridos, para alentarnos a que sojuzguemos estos riesgos y domestiquemos nuestro destino, adquiriendo un seguro diseñado, especialmente, para nosotros y nuestra situación. Aquí hay, obviamente, una industria del riesgo, buscando y creando mercados para sus productos, procurando el interés de la propia ganancia. Pero hay también una política del riesgo. Los políticos advierten acerca del futuro de la pensión social y los esquemas de seguro y exhortan a los individuos responsables a que asuman la responsabilidad primaria por la gestión de los riesgos que puedan amenazar su seguridad y la de sus familias, disponiendo de su ingreso actual en vistas a los intereses de su comodidad futura. De esta manera, como en otras tecnologías de consumo, una disposición híbrida de fuerzas y dispositivos se ha ensamblado, actuando para gobernar la elección a favor de los intereses supuesta y mutuamente reforzadores de la seguridad personal, la ganancia privada y el bien común.
Este prudencialismo contemporáneo difiere de la versión antecedente del siglo XIX en varias formas. La persona que ha de transformarse en prudente no es ya mutualizada sino autonomizada. El ahorro es reposicionado como la inversión en un futuro estilo de vida de libertad. La experticia aseguradora ya no es una materia de sabiduría actuarial, de aseguro, de estabilidad y probidad, y de una relación personal con el recolector de contribuciones, sino que funciona mediante la amplificación de las mismas ansiedades en contra de las que la seguridad ha de proteger y mediante la promoción de los sueños de tranquilidad y dorado futuro que el seguro puede proveer; ello a través del uso de todas las técnicas de publicidad y marketing. Adicionalmente, ahora los agentes de seguros se ofrecen como asesores versátiles en las técnicas de reducción y gestión de riesgos. Como el riesgo es simultáneamente incrementado y, potencialmente, domesticable, el mercado privado de " la seguridad" se extiende: no sólo el esquema de las pensiones personales y de seguro privado de salud, sino también las alarmas antirrobos, los dispositivos que monitorean a los niños mientras duermen, los test caseros de control de colesterol y otros tantos más. La protección en contra del riesgo a través de una inversión en seguridad es parte de las responsabilidades de cada individuo activo, si no quieren sentirse culpables al fallar en la protección de sí mismos y de sus seres queridos en contra de las desgracias futuras. Las éticas de maximización del estilo de vida, acopladas con una lógica en la que alguien debe ser acusado ante cualquier acontecimiento que amenace " la calidad de vida" de un individuo, genera un imperativo implacable de gestión del riesgo, no solamente en relación con contratar un seguro, sino también por medio de la gestión diaria del estilo de vida, de las opciones del lugar para vivir e ir de compras, de qué comer y beber, de la gestión de la tensión nerviosa, de cómo ejercitarse, y así sucesivamente. Por supuesto, esto inaugura una espiral virtualmente interminable de amplificación de riesgo. Como el riesgo es administrado en ciertas zonas y ciertas formas de conducta (por ejemplo, yendo de compras en shoppings escudriñados por cámaras de seguridad, el monitoreo constante del embarazo, las dietas bajas en grasa), la percepción del riesgo en otras zonas sin protección es exacerbado (los embarazos no supervisados; la falta de educación de los hábitos dietéticos de los niños y de los pobres). Estas disposiciones, dentro de las cuales el individuo es re-responsabilizado por la gestión de su propio riesgo, producen un campo caracterizado por la incertidumbre, la pluralidad y la ansiedad, esto es, un campo continuamente abierto a la construcción de problemas nuevos y al mercadeo de nuevas soluciones.
Este ensamblaje de riesgos se relaciona en formas complejas con la revalorización de la comunidad que debatí anteriormente. La exhortación para administrar el riesgo puede, en sí misma, ser organizada en el territorio de la comunidad, donde podría tener un rango de efectos diversos: desde campañas de consumidores en contra del uso de pesticidas en la producción de frutas, hasta las movilizaciones ecológicas en contra del vertido de desechos nucleares: " No en nuestro patio trasero" , deviene un cliché para describir estas respuestas ante la amenaza de introducción de nuevos riesgos. Pero esta es sólo una versión de las tentativas más valiosas en las que los individuos buscan reducir su riesgo, en nombre de su comunidad; por ejemplo, como he mencionado, contrayéndose en una comunidad " encerrada" que se asegura a sí misma física y espacialmente contra el riesgo. Estas nuevas lógicas de gestión del riesgo son, así, pasibles de ser desarrolladas dentro de una gran variedad de estrategias. No sólo multiplican las proposiciones en las cuales el cálculo normativo y las intervenciones son requeridos, sino que también fragmentan el espacio del bienestar social en una multitud de sacos diversos, zonas, pliegues de riesgo, cada uno de los cuales está incluido en un encadenamiento de específicas y corrientes actividades y conductas, así como de sus consecuencias probables generales. En esta nueva configuración, " el seguro social" ya no es un componente técnico clave para una nacionalidad general de solidaridad social; la tributación para los propósitos de asistencia se convierte, por el contrario, en el precio mínimo que los individuos respetables y las comunidades están preparados a pagar para asegurarse a sí mismos contra el riesgo de, según es ahora visto, estar instalados al interior de sectores problemáticos.
Este debate sobre el riesgo resalta algunas de las características más generales de las nuevas tecnologías post-sociales de gobierno de la conducta que está tomando forma en el presente. Bajo las racionalidades del bienestar, las tecnologías sociales civilizarían a los individuos, transformándolos en ciudadanos con la obligación de conducirse a sí mismos con prudencia, a cambio de ciertas garantías ante la incertidumbre. En los nuevos regímenes prudenciales, los individuos, educados a través de los mecanismos del marketing y las pedagogías del consumo y del estilo de vida, habrán de tener acceso a los beneficios, previamente, " sociales" (como las ventajas educativas, el estatus de salud y la satisfacción en la vejez), por medio de su adquisición en mercados competitivos. La promoción de seguros privados por mecanismos de mercado ilustra, así, la amplia extensión de elementos a través de los cuales el consumo y los mercados han devenido nuevos y poderosos dispositivos para la conformación de la conducta. Éstos no están guiados por una lógica política, pero, aun así, permiten transformar las tecnologías políticas para el gobierno de la subjetividad. La afiliación a las comunidades de estilo de vida mediante prácticas de consumo desplaza a los viejos dispositivos de formación de hábitos que imponían obligaciones a los ciudadanos como parte de sus responsabilidades sociales. Considérese, por ejemplo, la forma en que la publicidad y el marketing han transformado el papel de las tecnologías inventadas a inicios del siglo XX, que se focalizaban en las madres -futuras madres en las escuelas, madres recientes mediante los visitadores de salud, las madres como guardianas de casas higiénicas y saludables, por los médicos y otros expertos en domesticidad-. Los regímenes de consumo operan, ahora, como dominios altamente administrados y cuidadosamente calibrados para la regulación calculada de los detalles de la conducta privada a través de actos personales de elección. La política de la conducta al final del siglo XX es dirigida, al menos en parte, por medio de la amplificación selectiva de pasiones, ansiedades, lealtades e identidades intrínsecas a la lucha comercial para vender bienes y maximizar ganancias.
La co-modificación de las identidades y la instrumentalización de las pasiones a las que está asociada abren un campo heterogéneo y riesgoso: las identidades pueden ser transgresoras, las identificaciones pueden llevar a fiestas rave tanto como a estilos de vida más sanos, los artículos de consumo promovidos, como las bebidas alcohólicas o los videos, pueden identificarse con formas de conducta que en sí mismas demandan por nuevas áreas de regulación. El mandato de comer saludablemente mediante programas políticamente financiados de promoción de la salud es sólo uno de los temas de un campo en el que se utiliza la oposición entre maldad y salud para promocionar el consumo de todo tipo de peligrosas y placenteras comidas. Las técnicas de co-modificación de las identidades pueden ser utilizadas por las autoridades políticas en las estrategias calculadas de, por ejemplo, reducción de la expansión del VIH, del uso de drogas o del incremento de conductores en estado de embriaguez, pero también pueden ser usadas para difundir pornografía o religiones evangélicas. Las alianzas forjadas, aquí, son siempre riesgosas, provisionales y revisables; sin embargo, desde este punto en adelante, los proyectos de gobierno de la conducta operarán en un territorio marcado por los vectores de la identidad, la elección, el consumo y el estilo de vida.

Gobernando los márgenes

Según entiendo, es sólo en relación a estas lógicas de inclusión a través de la elección, la autonomía y el consumo que puede comprenderse la conformación de las nuevas maneras de conceptualizar y actuar sobre esos temas que habitan la zona que Beveridge llamó los " cinco gigantes en el camino de la reconstitución" : Escasez, Enfermedad, Ignorancia, Desnutrición y Desempleo -los cinco enemigos que debieron ser atacados por " una política comprensiva de progreso social" , basado en la cooperación entre el Estado y el individuo- (Beveridge, 1942: 6). Ciertamente sería engañoso interpretar el rediseño contemporáneo acerca de los límites de lo político como una mera " reducción del papel del Estado en la sociedad" . Por un lado, hemos visto la difusión de los mecanismos que Deleuze caracterizó bajo la rúbrica de " sociedades de control" , en la que la conducta es continuamente monitoreada y reconfigurada por las lógicas inmanentes al interior de todas las redes de prácticas. En tales prácticas somos continuamente sujetos de procesos de integración funcional: " el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida" , " el reentrenamiento continuo" , " la constante presteza para el trabajo" , " el consumo incesante" (Deleuze, 1995). Pero estos procesos de modulación continua de la conducta han estado acompañados por la intensificación de la intervención política directa, disciplinaria y, frecuentemente, coercitiva y carcelaria en relación con personas y zonas particulares (la población reclusa aumenta a lo largo de toda Europa, por ejemplo). En tanto la civilidad es comprendida como la afiliación por consumo, las prácticas divisorias son reconfiguradas para problematizar a ciertas personas " abyectas" , sectores y localidades para la atención correctiva específica: los infraclase, los excluidos, los marginales.
Sería poco aconsejable exagerar la novedad de estas divisiones. Podría escribirse la historia del gobierno de la conducta en términos de sus formas y taxonomías sucesivas de división: la división dieciochesca de pobreza y pauperismo; la proliferación victoriana de instituciones para grupos específicos (las mujeres caídas en desgracia, los marineros desempleados, los niños ciegos). Al final del siglo XIX hay una tensión entre quienes unificarían el problema social en términos de una constitución degenerada y aquellos, en Inglaterra notablemente los hermanos Webbs, que veían como requisito central la constitución de un sistema de administración como práctica de distinción: la clasificación de individuos socialmente problemáticos en categorías precisas, cada una requiriendo su propia y particular forma de intervención. Sería ridículo negar la subsistencia de estos diagnósticos e imperativos de clasificación al interior de la maquinaria del Estado de Bienestar, tal como se ensambló hacia mediados del siglo XX. A diferencia de Francia, donde el lenguaje de los derechos sociales proveyó un medio unificador al interior del que posiciones políticas divergentes podían concertar entre sí, en Inglaterra la legislación social, los tribunales laborales, los tribunales de seguro social y muchos otros aparatos funcionaron en términos de criterios precisos pero diversos de elegibilidad y acceso. No obstante, en el nivel programático, los codificadores como Beveridge y Marshall construyeron una visión en la que el seguro contra las dificultades -como las dificultades mismas- era social y debía ser provisto por medidas de beneficio y de seguro que, al menos nominalmente, debían ser llamadas " universales" , incluyendo todo al interior de la " ciudadanía social" unificada.
Claro está, aun al interior de esta visión unificada había preocupaciones respecto de aquellos que eludían los lazos de ciudadanía -basta con considerar el debate en los sesenta respecto del " ciclo de degradación" -. Pero la emergencia de la noción de " infraclase" en los Estados Unidos, al final de la década del setenta, parece marcar un momento en el cual la visión social de una variabilidad cuantitativa continua en niveles de civilidad se recodifica como una distinción cualitativa.

" Detrás de las paredes desmoronadas (del ghetto), vive un grupo numeroso de personas que son más intratables, más enajenadas socialmente y más hostiles de lo que casi cualquiera había imaginado... Su ambiente desolado promociona valores que están a menudo en contradicción con los de la mayoría -incluso con los de la mayor parte de los pobres-. Así, el infraclase produce un número altamente desproporcionado de jóvenes delincuentes de la nación, de desertores escolares, de adictos a las drogas y de 'madres dependientes de la asistencia' , y gran parte del delito adulto, de las crisis familiares, de la decadencia urbana y de las demandas de gasto social" (Time, 29 de agosto de 1977, citado en Katz, 1993: 4).

El infraclase es una mezcla intoxicante de beneficiarios de asistencia social de largo plazo, criminales callejeros hostiles, estafadores de una economía clandestina alternativa, alcohólicos traumatizados, vagabundos y pacientes psiquiátricos externados, que dominan los páramos de desoladas, aunque otrora vitales, áreas industriales de las ciudades de los Estados Unidos. En el Reino Unido se pintó un cuadro menos sórdido, pero en el que los beneficiarios de la asistencia social seguían siendo retratados en términos de una problematización moral: aquellos seducidos por la dependencia de la asistencia social, por los propios regímenes de seguro social; aquellos incapaces de aceptar sus responsabilidades morales como ciudadanos por razones psicológicas u otras incapacidades personales; aquellos que podrían ser emprendedores, pero que intencionalmente se rehusaban a funcionar dentro de los valores de civilidad y auto-gestión responsable, como los viajeros de la nueva era (New Age) o abusadores de drogas.
Por supuesto, estas caracterizaciones, esencialmente morales en términos de la dependencia, peligro o depravación, fueron impugnadas por la izquierda y los liberales sociales. Inicialmente, estos cuestionamientos fueron planteados en las lógicas conocidas de causalidad social y asistencia social. Sin embargo, durante la última década, dentro de las racionalidades socialdemócratas británicas y europeas, un nuevo estilo de pensamiento ha tomado forma; en él, los viejos problemas de desigualdad y justicia social pasaron a ser analizados de manera distintiva y recurrente. Suele sugiere que los cambios seculares de la economía, exacerbados por políticas que han tratado de reducir el gasto social, en nombre de regímenes impositivos competitivos y cosas por el estilo, han conducido al ascenso de una sociedad de " dos tercios, un tercio" , produciendo una creciente brecha entre la mayoría " incluida" que busca un mejoramiento en su nivel de vida y las minorías empobrecidas que quedaron excluidas (Levitas, 1996). Así, la Comisión Europea, en un capítulo denominado " Promoviendo la protección social para todos" , de la European Commission White Paper, sostiene que:

" con más de 52 millones de personas en la Unión viviendo debajo de la línea de pobreza, la exclusión social es un fenómeno endémico (⁄) lo cual amenaza la cohesión social de cada Estado miembro y a la Unión como un todo. (...) La marginalización de grupos sociales amplios es un desafío para la cohesión social de la Unión" (1994: 49, Comisión Europea; cfr. Hutton, 1995; Comisione para la Justicia Social, 1995; Joseph Rowntree Foundation, 1995).

A pesar de las grandes diferencias entre las nociones de causalidad económica y responsabilidad personal, estas diferentes racionalidades operan con una representación sorprendentemente consonante de los grupos y personas abyectas que tienen por objeto. Por un lado, están dispersos. Ya no se los ve como parte de un único grupo con características sociales comunes, a ser administrado bajo la dirección de un servicio social unificado y " trabajadores sociales genéricos" que pueden reconocer las raíces comunes de todos los problemas sociales. Los marginalizados, los excluidos, los infraclase, son fragmentados y divididos; sus dificultades particulares, entonces, necesitan ser atendidas por medio de la actividad de una variedad de especialistas, cada uno de los cuales es experto en un problema particular -esquemas de entrenamiento para aquellos excluidos a través del desempleo, las agencias con especialistas que trabajan con individuos con incapacidades, la rehabilitación de adictos emprendida por trabajadores especializados en drogas, educación en habilidades sociales para trabajadores sin hogar, hogares para mujeres objeto de violencia doméstica, para alcohólicos, etc.- Sin embargo, por otra parte, estos sujetos abyectos son reunificados ética y espacialmente. Éticamente, en tanto se les concede una nueva relación activa con su estado en términos de sus estrategias y capacidades para la gestión de sí mismos: o bien han rehusado los lazos de civilidad y auto-responsabilidad o bien aspiran a ellos pero no han recibido las habilidades, aptitudes y medios para hacerlo. Y espacialmente, en tanto que el espacio unificado de lo social es reconfigurado, y los abyectos son relocalizados tanto en la imaginación como en la estrategia, en espacios " marginalizados" : En el decadente concejo estatal, en la familia monoparental caótica, en los portales de la tiendas del centro de las grandes ciudades. Parecería como si, fuera de las comunidades de inclusión, fuera de la sociedad de control, existiera un conjunto imponente de micro-sectores, compuesto por aquellos que se rehúsan o que son incapaces de emprender sus vidas y administrar sus propios riesgos, incapaces de ejercer una autonomía responsable, o bien sin adscripción comunitaria alguna o adscriptos a una comunidad de antimoralidad.
Es, en este sentido, que se puede sostener que un nuevo territorio esta emergiendo, después del Estado de Bienestar, para la gestión de estos microsectores, delineado por una plétora de agencias cuasi-autónomas que trabajan dentro de los " espacios salvajes" , en las " anticomunidades" , en los márgenes, o con aquellos abyectos en virtud de su falta de competencia o aptitud para la auto-gestión ética responsable: empresas " voluntarias" (a menudo dirigidas por sus usuarios, sobrevivientes o filántropos pero financiadas por diversos regímenes de préstamos), proyectos anti-drogas, organismos de incapacidad, grupos de auto-ayuda, y así sucesivamente (las fuerzas opositoras transformadas en proveedores de servicio). Organizaciones privadas y de interés -asilos de ancianos, hogares- obtienen su ganancia de seguros privados o de la recolección de las prestaciones estatales por cada interno. En la enorme y tenebrosa industria de " entrenamiento" , el desempleo es problematizado como producto de la falta de habilidades individuales comercializables por los mismos desempleados, que debe ser contrarrestado por una multitud de organizaciones privadas que entrenan a los desempleados y compiten en un mercado por contratos y fondos públicos. Dentro de este nuevo territorio de exclusión, las lógicas sociales de la burocracia de la asistencia social son reemplazadas por nuevas lógicas de competencia, segmentación del mercado y gestión de servicio: la gestión de la miseria y la desgracia pueden devenir, nuevamente, una actividad potencialmente provechosa.

Los expertos en actividad

He sugerido que la política contemporánea de competencia construye sujetos en tanto individuos, real o potencialmente, activos en su propio autogobierno. Esta percepción se extiende a aquellos a quienes he denominado abyectos. Ya sean construidos como excluidos por fuerzas socioeconómicas, marginalizados en virtud de una incapacidad, patología o enajenación moral personal a causa de una dependencia, depravación o delincuencia, su alienación ha de ser revertida equipándolos con ciertas aptitudes subjetivas activas: deben asumir responsabilidad, deben mostrarse capaces de acción calculada y de elección, deben forjar sus vidas según un código moral de responsabilidad individual y obligación comunal. He sostenido en otra parte que, en " las sociedades de control" , los mecanismos de mercado son crecientemente utilizados para ligar a los individuos activos y a sus familias con la experticia, y que esto abre nuevas posibilidades para el cuestionamiento de la experticia como se muestra en el crecimiento de diversos tipos de organizaciones de consumidores " y usuarios" (Rose, 1994). Para ellos, los sujetos de la atención experta, están siendo articuladas políticas " activas" similares, pero esta interpelación a la actividad ofrece muchas menos oportunidades de impugnar la autoridad experta. Consideremos el ejemplo del desempleo, que ya he debatido. En el Reino Unido, en las políticas de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) y en Australia, la persona desempleada es ahora retratada como un " buscador-de-empleo" , cuya " agilidad para el trabajo" , que es el punto en cuestión, debe evitar que la caída en el desempleo sea por largo tiempo, enfatizando, entre los requerimientos necesarios para acceder a los programas activos de sostenimiento de los ingresos (seguros de desempleo), el entrenamiento en habilidades activas de " búsqueda de empleo" (cfr. Dean, 1995; Walters, 1994). La interpelación a la actividad limita, aquí, las posibilidades de resistencia. La conducta del " buscador-de-empleo" supone estar continuamente sujeto al juicio y evaluación individualizada, y el fracaso en manifestar apropiadamente una conducta enérgica, según lo especificado en los manuales y metas estimadas, tiene por resultado la pérdida definitiva del beneficio por desempleo.
Esta interpelación a la actividad se extiende hacia prácticas que podrían pensarse como más compasivas y progresistas. Consideremos, por ejemplo, la utilización extendida de nociones tales como empowerment en la formulación de prácticas para una diversidad de categorías problemáticas (Cruikshank, 1994; Baistow, 1995). Los expertos aún se relacionan con sus clientes de en un modo pedagógico y responsabilizante. Sin embargo, el énfasis ha cambiado. Mientras los clientes eran, típicamente, considerados como individuos dañados con una patología personal que bien podría haber sido disparada por factores sociales y que, por lo tanto, requería de diagnóstico e introspección, la mirada profesional ha devenido más " superficial" : ahora se focaliza en la conducta en sí y en su organización cognitiva y moral, la percepción, la intención, la acción y la evaluación. En estas nuevas formas de práctica -que por supuesto están lejos de ser universales, pero que se propagan rápidamente-, el sujeto de la experticia es ahora comprendido, al menos en lo que aquí interesa, como un individuo que carece de las habilidades cognitivas, emocionales, prácticas y éticas para asumir una responsabilidad personal de auto-gestión racional. Por supuesto, este empowerment y la actividad que ha de generar no están ubicados dentro de un espacio disciplinario cerrado, sino en el territorio gobernable de la comunidad cultural. El empowerment, entonces, es una cuestión de expertos, enseñando, coaccionando y requiriendo a sus clientes que se conduzcan dentro de ciertas comunidades culturales éticas y estilos de vida, según artes específicas de responsabilidad personal activa. El empowerment, con todo su énfasis en fortalecer la capacidad del individuo para que se desempeñe como actor en su propia vida, ha llegado a abarcar un rango de intervenciones para transmitir, bajo tutelaje, ciertas técnicas mentales, éticas y prácticas profesionalmente ratificadas de activa auto-gestión. Así, bajo el signo del empowerment, puede observarse el despliegue de toda una variedad de tecnologías psicológicas para la reforma de la conducta en relación con normas particulares, desde la psicoterapia individual en diversas formas racionales y cognitivas, hasta el uso de técnicas conductistas programadas para el trabajo en grupos. En línea con la mirada " superficial" de los nuevos expertos en conducta, sin embargo, estas técnicas son reconceptualizadas y pueden ser vistas como teniendo resultados conductuales o mentales visibles, identificables y especificables, y que llevan a comportamientos objetivos pasibles de ser cuantificados y calculados. Como veremos, este énfasis en las metas, los objetivos y las mediciones son parte de una nueva manera, no sólo de administrar la relación profesional-cliente, sino de administrar a los propios profesionales.

Riesgo, comunidad y experticia

La noción de riesgo provee, nuevamente, un punto útil de entrada a las reconfiguradas relaciones de experticia que están adquiriendo forma en el territorio de la comunidad. Por un lado, esto se debe a que la capacidad de " poder" personal o su ausencia -que es en sí el objeto de las tecnologías del empowerment- es, en sí misma, repensada en términos de las relaciones de riesgo y comunidad que debatí anteriormente: los riesgos a los que se enfrentan los propios individuos si no pueden manejar adecuadamente su vida dentro de la comunidad; los riesgos que los individuos pueden plantear a la comunidad en razón de su fracaso en gobernarse a sí mismos. Por otro lado, las responsabilidades de los expertos están siendo reformuladas en términos de riesgo y comunidad. En un rango de dominios, los trabajadores sociales, los psiquiatras, los médicos y otros han sido responsabilizados sino por la cura o reforma de sus clientes, pacientes y otros individuos problemáticos, sí por su administración según una lógica de minimización de riesgo (cfr. Castel, 1991; Rose, 1996a). Las nuevas técnicas intelectuales de identificación, valoración y gestión del riesgo generan un conjunto de obligaciones profesionales enteramente nuevas: la obligación de que cada profesional individual debería calcular y reducir el riesgo de su comportamiento profesional, instruir a los sujetos de su autoridad sobre el riesgo de las prácticas y procedimientos en los cuales están comprometidos y administrar a sus clientes a la luz del imperativo de reducir el riesgo que pueden plantear para otros (sus niños, miembros del " público general" ). Así, los expertos son, progresivamente, obligados no ya a emprender la identificación de una condición, sino a calcular el riesgo de un individuo o un acontecimiento, con la obligación de asumir la responsabilidad (legal, moral, profesional y financiera) por los cálculos realizados, los consejos dados y el éxito de las estrategias que se ponen en funcionamiento para monitorear y administrar ese riesgo. Esta es sólo una de las formas en las que la reconfiguración del territorio de gobierno ha sido articulada con los nuevos roles de los expertos en el gobierno de la conducta de individuos activos al interior de sus comunidades.
El gobierno social fue un gobierno experto. Los dispositivos del " Estado de Bienestar" , basados en el conocimiento, en el entrenamiento, en la ética profesional y burocrática y en las habilidades especialistas, abrieron una multitud de nuevos espacios para la operación del juicio experto: oficinas de diverso tipo, oficinas de beneficiarios, de seguro social y de desempleo, los expedientes, los registros de caso, los congresos de caso y los tribunales. En cada una de estas áreas, los expertos y sus juicios no fueron sólo operadores vitales en las vinculaciones entre objetivos políticos y la conducta personal, también tenían considerable capacidad de construir " cercos" desde los cuales hacer demandas en términos de sus intereses y de los requisitos de los aparatos que ellos operaban, brevemente, para desplegar una serie de tácticas que dificultaban el gobierno a los políticos, incluso de hacerlo ingobernable. Mientras los problemas planteados por los expertos fueron objeto de lamento durante años y desde muchas perspectivas diferentes, un número de nuevas tecnologías, a través de las cuales los expertos pueden asociarse con los dispositivos para la conducción de la conducta, están siendo utilizadas actualmente. ˘reas y actividades que previamente eran parte de ensamblajes de lo " social" se están autonomizando de la maquinaria política, y nuevos dispositivos están siendo usados para gobernar las actividades de quienes trabajan en su interior. En una plétora de unidades cuasi-autónomas (asociaciones y " organizaciones intermedias" ), nuevas responsabilidades son asignadas a los expertos y nuevos mecanismos son desarrollados para la gestión a distancia de la experticia profesional; esto es, fuera de la maquinaria de la burocracia que, previamente, vinculó a los expertos con los dispositivos para el gobierno de " lo social" . Los expertos, previamente " sociales" tales como los trabajadores sociales, oficiales de beneficio, médicos o los burócratas de servicio social, ahora funcionan dentro de una variedad de organizaciones de regulación cuasi-privadas. En el caso del Reino Unido, uno podría apuntar hacia el " Next Step Initiative" (Próximo paso en la iniciativa) en la fragmentación y la contractualización del Servicio Civil, o al establecimiento de " agencias" , incluso, para dirigir aparatos previamente considerados como una parte esencial " del Estado" (como el Servicio Penal), o la proliferación de entidades híbridas privadas-públicas como los " Concejos de entrenamiento y emprendimientos" (Training and Enterprise Boards), o la separación entre comprador y proveedor y las técnicas de administración de casos de los servicios sociales, o la fragmentación de los servicios de salud en compañías autónomas, u otros tipos de cambios, comúnmente llamados como la " ONGeización12 del Estado" . Vale la pena destacar tres aspectos.
En primer lugar, al menos en el caso del Reino Unido, existe un renovado énfasis en el potencial de una variedad de mecanismos legales y cuasi legales para asumir responsabilidades políticas para enfrentar " problemas" (desde pacientes psiquiátricos externados hasta compradores de acciones en la Bolsa, con información privilegiada y confidencial), al tiempo que se rehúsa una extensión de la maquinaria político-administrativa del Estado. Estoy pensando, aquí, en el uso de tales criterios estatutariamente especificados y legalmente exigibles como los que presentan los estándares mínimos de servicio y los contratos de gestión que especifican objetivos de desempeño y resultados esperados (los números de pacientes a ser tratados, la cantidad de tiempo que debe dedicarse a un caso, obligaciones para la relación entre gerentes de caso, sus clientes y la organización abastecedora, y así sucesivamente). Esto no debería pensarse como la expansión de la " ley" , como un " sistema" y su captura por un aparato político. Los mecanismos de regulación legal son complejos y fragmentados. Los políticos, los profesionales y los grupos de consumidores se organizan alrededor de la producción de códigos de conducta profesional que especifican derechos diversos para los usuarios y clientes. Una nueva " mentalidad litigiosa" garantiza que " la sombra de la ley" devenga un medio para administrar la actividad profesional a través de la autorregulación de las decisiones y las acciones en relación con tales códigos y estándares formalmente promulgados. Las luchas por la regulación de la experticia ocurren no sólo en los tribunales, sino en las oficinas de hostigamiento sexual en las universidades, los comités y comisiones de derechos humanos revisan cuerpos para apelar las decisiones del Estado de Bienestar y en muchos foros nuevos y diversos. Estos procedimientos legales no son nuevos en sí mismos. Sin embargo, la utilización extendida de estas formas de regulación hace gobernables las acciones y los juicios de los profesionales de nuevas maneras y, en el proceso, cambia los propios términos en los cuales estos mismos juicios son construidos, priorizados, justificados y promulgados.
Quizás aún más significativa ha sido la propagación de modos de cálculo financiero y compromisos presupuestarios para áreas que previamente eran gobernadas según normas profesionales, burocráticas o de otro tipo. La fijación de responsabilidades presupuestarias para los profesionales -los médicos, los especialistas en educación, los empleados del Estado, aquellos que trabajan con grupos excluidos- requiere que calculen sus acciones, ya no en los esotéricos lenguajes de su experticia sino traduciéndolas en costos y beneficios a los que puede dárseles un valor contable. Acoplado con una serie de otros elementos, algunas veces referidos como " nueva gestión pública" (New public management), esto ha transformado la gobernabilidad de la actividad profesional mientras que, al mismo tiempo, aparentemente delega más poder de decisión en quienes están realmente involucrados en el diseño y la prestación de servicios en las localidades (cfr. Hood, 1991). Nuevamente, por un lado, esto ha perforado los cercos al interior de los cuales muchas formas de experticia pudieron aislarse de la " interferencia política" . Por otra parte, lo han hecho al precio de desplazar el poder hacia otras formas de experticia -la de los contadores y gerentes- y de cambiar los mismos términos en los que los expertos la calculan y desarrollan.
Finalmente, vale la pena remarcar el modo en que los mecanismos de auditoría se han convertido en formas versátiles de pretender que la actividad de profesionales, gerentes, hombres de negocios, políticos y muchos otros devenga explicable y juzgable (Power, 1994). Auditorías de diverso tipo han llegado a reemplazar la confianza que el gobierno social invirtió en la sabiduría profesional y en las decisiones y acciones de los especialistas. Toda una variedad de prácticas (educacionales, médicas, económicas, organizacionales) donde la auditoría sostiene la promesa (no importa cuán verosímil) de nuevas formas de control a distancia entre centros políticos de decisión y los espacios autonomizados (escuelas, hospitales, empresas) que tienen la responsabilidad por el gobierno de la salud, la riqueza y la felicidad. Al igual que en la utilización de códigos legales y en la fijación de responsabilidades presupuestarias, el gobierno, mediante auditorías, transforma aquello que debe ser gobernado; la traducción de algo en " auditable" da forma a los procesos que han de ser auditados, y las lógicas y los requisitos técnicos de auditoría desplazan las lógicas internas de la experticia. Así, el énfasis en la determinación de metas y de objetivos definibles y mensurables en el trabajo que los profesionales hacen con sus clientes abyectos es un elemento al interior de una reconfiguración mucho más amplia de métodos para el gobierno de las actividades de los especialistas. Estas disposiciones mantienen la independencia formal del profesional, al tiempo que utilizan nuevas técnicas de responsabilidad para dar visibilidad a sus decisiones y volverlas pasibles de evaluación. Sin duda, muchos factores diferentes convergieron para darle prioridad política a los intentos que otorgan visibilidad a la experticia y hacerla pasible de juicios según criterios inteligibles para el público, en lugar de las lógicas que sirven como reserva esotérica de los propios especialistas. Y, sin duda, las consecuencias frecuentemente han sido costosas y burocráticas. Pero una política de la experticia también necesita reconocer que tales mecanismos quizá pueden contener algunas posibilidades innovadoras de cuestionamiento y transformación de las relaciones de poder entre los expertos y sus sujetos.

Conclusiones

Muchas de las transformaciones respecto de las que he llamado la atención están asociadas a un cambio dentro del campo político en sí mismo; las formas en las que el propio discurso político configura los límites de lo político y sus relaciones con otros dominios. Confrontado por asociaciones supranacionales y movimientos ecológicos transnacionales, nacionalismos rivales luchando en un mismo territorio geográfico, el federalismo, las políticas para las minorías étnicas, culturales y lingüísticas, ya no es tan sencillo para el pensamiento político territorializarse en un espacio geopolítico aparentemente " natural" en el que la nación es coextensiva, al tiempo que delimitada por una organización política unificada de ciudadanos sociales (cfr. Tully, 1995). Ante tales " multiplicidades extrañas" , adoptando un término de Tully, desde una variedad de contextos nacionales y de posiciones políticas, hay un ascenso dentro del discurso político de " motivos antipolíticos" (Hindess, 1994a). Estos motivos no sólo acentúan la corrupción y la ineficacia de las clases políticas sino, más especialmente, se basan en un sentido de los límites de cualquier política que se vea a sí misma como omni-competente y que se articula a sí misma en términos de programas políticos excesivamente ambiciosos. Estos motivos antipolíticos se han posado, recientemente, en la " comunidad" -que en los últimos años había sido una parte del vocabulario común de la política social y de la investigación sociológica, valorizada sólo por un pequeño grupo de filósofos políticos comunitarios y militantes románticos o excéntricos-, como el espacio en el que los poderes y las responsabilidades, previamente otorgados a los políticos, podrían reubicarse. Cada una de estas racionalidades políticas emergentes -republicanismo cívico, asociacionismo, liberalismo comunitario- de diferentes formas buscan un modo de gobernar, no ya a través de proyectos políticamente direccionados desde un Estado central concentrado (proyectos nacionalmente territorializados, provistos de personal burocrático y programáticamente racionalizados), sino mediante la instrumentalización de las propiedades de auto-gobierno de los sujetos de gobierno en una variedad de espacios y localidades (empresas, asociaciones, barrios, grupos de interés y, claro está, comunidades). Por supuesto, sería absurdo sugerir que una política de la comunidad es una novedad en sí misma: tal como apunta Tully, el comunitarismo puede ser visto como uno de los temas tradicionales del pensamiento constitucional moderno (junto con el nacionalismo y el liberalismo). Pero, en estas racionalidades políticas contemporáneas la comunidad se ha vuelto calculable por una variedad de informaciones, investigaciones y encuestas estadísticas, deviniendo la promesa y el objetivo de un rango de tecnologías gubernamentales; se ha de actuar sobre ella mediante una multitud de prácticas autorizadas y de encuentros con profesionales. Esto es, la comunidad debe ser gubernamentalizada. No puede comprenderse por fuera de los otros cambios sobre los que he tratado de llamar la atención en este artículo. Lo que interesa, por consiguiente, son las problematizaciones a través de las cuales la existencia colectiva ha llegado a ofrecerse al pensamiento en forma de comunidad y las nuevas representaciones, técnicas, poderes y relaciones éticas que han sido inventadas durante ese proceso.
Es demasiado temprano para medir la durabilidad de estos nuevos modos de pensar acerca de la política y del gobierno. Para nuestros propósitos presentes, su significado reside menos en su éxito que en proveer la prueba de un imperativo que habita en el corazón de la política: el de dar forma a una manera revisada de gobernar. Una que no sólo pueda hacerse consistente con la heterogeneidad de las formas en que las luchas se llevan a cabo (nacionalista, étnico, religioso, moral, ambiental), sino que también se conecte con las nuevas concepciones de subjetividad mediante las que los sujetos de gobierno han llegado a comprenderse y relacionarse consigo mismos. No se trata, claro está, de una cuestión de reemplazo de " lo social" por " la comunidad" : la espacialización y la territorialización del pensamiento político no opera por medio de tales secuencias lineales. Sin embargo, la influencia de " lo social" sobre nuestra imaginación política se está debilitando. Mientras lo social, sin duda, ha sido visto como una zona de fracaso desde su nacimiento, la solución para estos fracasos ya no es automáticamente vista como la reinvención de lo social. Mientras nuestras autoridades políticas, profesionales, morales y culturales todavía hablan felizmente sobre la " sociedad" , su significado y la preeminencia ética de este término está bajo cuestionamiento: " la sociedad" es percibida como desintegrada en una variedad de comunidades éticas y culturales, con lealtades incompatibles y obligaciones inconmensurables.
Todavía tenemos ante nosotros la tarea de analizar las relaciones nuevas de poder puestas en juego en este nuevo territorio múltiple y fragmentado de gobierno. Al hacerlo, no deberíamos asumir que todo es para peor en la era " post-social" . No necesitamos, simplemente, condenar las injusticias y las desventajas que conlleva la des-socialización del gobierno sino, también, involucrarnos creativamente con las posibilidades abiertas por los imperativos de actividad y las imágenes de afinidades plurales. El papel de tales análisis no debería ser alabar o culpar sino diagnosticar, para determinar los puntos de debilidad que podrían ser explotados si hubiéramos de maximizar las capacidades de los individuos y de los colectivos para forjar los conocimientos, confrontar a las autoridades y configurar las prácticas que los gobernarán en nombre de sus libertades y compromisos.

Notas

1. Economy and Society, Vol. 25, Nº 3, agosto de 1996, pp. 327-356. © Routledge, 1996. Traducción: Ana Grondona, UBA, Becaria CONICET, y Silvia M. Grinberg, UNSAM-CONICET, UNPA.

2. Este artículo se originó en los comentarios preparados para un taller llevado a cabo en el Centro de Criminología de la Universidad de Toronto en abril de 1994. Otra versión de este trabajo también se expuso en una conferencia en homenaje al décimo aniversario de la muerte de Michel Foucault realizado en Londres en Junio de 1994. Allí intentaba que mi argumento fuera abierto y especulativo, y he decidido mantenerlo así en la versión escrita. Hindess me ayudó a entender las transformaciones contemporáneas en el gobierno de 'la economía', pero él no es responsable de la interpretación que hago de su trabajo. También agradezco a Mariana Valverde por las críticas perceptivas de una versión anterior, a Clifford Shearing por sus comentarios de lector reflexivo, a Pat O' Malley por las estimulantes conversaciones en estos temas y a Stephen Mugford por las discordancias productivas. La última versión de este artículo fue preparada mientras estuve como Investigador Invitado en el Programa de Ciencias Políticas de la Escuela de Investigación en Sociología de la Universidad Nacional de Australia (Austarlian Nacional University), me gustaría agradecerle a esa institución su apoyo y hospitalidad. Los comentarios de los miembros de la Red de Investigación de Historia del Presente, sobre todo a Larry Barth, David Owen, Michael Power, Anne-Marie Singh y Grahame Thompson, me ayudaron a hacer unos últimos retoques.

3. (Nota de traducción: es importante recordar que este artículo fue publicado por primera vez en 1996).

4. Tomo esta frase de Procacci (1989) pero la uso de modo ligeramente diferentemente.

5. En relación con esto ver la discusión, especialmente, en Deleuze y Parnet (1987: 124-47).

6. Paul Hirst y Grahame Thompson han discutido, recientemente, con energía que los analistas y comentaristas se han equivocado, que las relaciones económicas eran, de muchas maneras, más 'globalizadas' en tiempos precedentes que lo que son hoy, y que es erróneo y pernicioso sostener que los gobiernos nacionales son impotentes (Hirst y Thompson 1996). Sin embargo, para los propósitos de mi argumento los efectos verdaderos de estos discursos de la globalización económica son algo independiente de la veracidad de los análisis.

7. Obviamente, hay similitudes entre este argumento y aquel sobre la construcción de naciones e identidades bajo la forma de comunidades imaginarias que no pueden discutirse aquí (cf. Anderson 1991).

8. (Nota de traducción: refiere a las zonas de Londres donde vive mayoritariamente la comunidad inmigrante de la India y Paquistán).

9. En un artículo en el periódico The Guardian del 20 de enero de 1996, cronometrado para coincidir con un discurso sobre el décimo aniversario del informe de la Comisión Especial en áreas de Prioridad Urbanas del Arzobispo de Canterbury, Fe en la Ciudad.

10. El término 'diáspora' que es utilizado, aquí, es interesante y remite a que lo que está actualmente disperso estuvo alguna vez reunido (una unidad esencial esparcida por la mano del destino o la política).

11. Hay, claro, muchas otras versiones de esto, más claramente en la revitalización del republicanismo civil. El ethos liberal avanzado del republicanismo es señalado por Burchell (1995).

12. Es una sigla para una cuasi-autónoma Organización No-gubernamental. (Nota de la traducción: en el texto el autor utiliza el término quango-ization).

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Aceptado: 10 de abril de 2007