SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.5 número8¿La muerte de lo social?: Re-configuración del territorio de gobiernoJuan Carlos Portantiero (1934-2007): In Memoriam. La Persistente Vocación Intelectual índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

  • Não possue artigos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO

Compartilhar


Revista argentina de sociología

versão On-line ISSN 1669-3248

Rev. argent. sociol. v.5 n.8 Buenos Aires jan./jun. 2007

 

Experimentos en gobierno. Analíticas gubernamentales y conocimiento estratégico del riesgo1

Pat O´Malley

Universidad de Sydney

pomalley@usyd.edu.au
Pat O' Malley. Professorial Research Fellow en la Facultad de Leyes de la Universidad de Sydney. Chair en el Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Leyes de la Carleton University.
mariaanagonzalez04@yahoo.com.ar
María Ana Gonzalez es Lic. en Cs. de la Educación y está cursando estudios de maestra en FLACSO (Bs. As.). Es docente e investigadora Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Abstract

El riesgo ha tenido muy mala prensa en gran parte de la teoría social y la criminología crítica, especialmente después del 11/S. Este artículo argumenta que tal crítica puede estar usando este término de manera inadecuada y que la mayoría de las características que resultan importantes están conformadas por el contemporáneo adverso clima político. Este ambiente le ha dado una similar impronta negativa a otras perspectivas acerca de la seguridad. Se sugiere, aquí, que hay otras formas de desarrollar la noción de riesgo, tales como la minimización del daño de la droga que brinda una promesa considerable para relacionar el riesgo con la seguridad y, más ampliamente, con la cuestión de la justicia social. Sin embargo, las llamadas abstractas a la seguridad de minimización del daño sufren exactamente los mismos problemas que enfrenta la generalización de la seguridad basada en el riesgo. Este artículo sugiere que podríamos usar la analítica gubernamental para construir un conocimiento estratégico del riesgo, mediante el análisis de las perspectivas existentes (como la minimización del daño y la justicia restaurativa), y usarla también para generar experimentos en riesgo, seguridad y justicia.

Palabras clave: Seguridad; Riesgo; Gubernamentalidad; Democracia; Libertad.

Risk has had a very bad press in most social theory and critical criminology, especially after 9-11. This paper argues that such criticism may be misplaced insofar as risk is an extremely variable governmental technology, and that most of the features that are of concern are shaped by the contemporary adverse political environment. The same environment has given a similar negative cast to other approaches to security. It is suggested that there are ways of deploying risk, such as drug harm minimization, that offer considerable promise for linking risk and security, and more broadly to issues of social justice. However, abstract calls for harm minimizing security, suffer exactly the same problems that confront generalizing about risk-based security. This paper suggests that we could use a governmental analytic to construct a strategic knowled- ge of risk, both through the analysis of existing approaches (such as harm minimization and restorative justice) and by using this to generate experiments in risk, security and justice.

Key words: Security; Risk; Governmentality; Democracy; Freedom.

1. Introducción

En la actual era de la" sociedad de riesgo" , muchos académicos liberales y críticos han llegado a mirar al riesgo con un ojo distintamente ictérico. Quizás el más famoso, por supuesto, es Ulrich Beck (1992, 1997), quien se refiere a que en el mundo de la sociedad del riesgo, éste ha llegado a ser simultáneamente hegemónico y disfuncional. En un mundo de catástrofes ingobernables, la conciencia de riesgo deviene dominante, aun cuando los riesgos que deben preocuparnos no son estadísticamente predecibles. Aterrados en la inseguridad, el pueblo urge a los científicos y al gobierno a que refinen sus cálculos del riesgo. Se establece un círculo vicioso porque, consecuentemente, se descubren más riesgos y se genera mayor inseguridad pública. El riesgo y la seguridad se convierten en preocupaciones que lo penetran todo. Por consiguiente, Beck considera que el riesgo está enmarcado en el mundo de hoy como una acción paralizadora: "Los riesgos únicamente sugieren qué no debería, no qué debería hacerse. En la medida en que los riesgos se convierten en el contexto omniabarcante desde el que se percibe el mundo, la alarma que provocan crea una atmósfera y parálisis" , en fin, el riesgo "oscurece el horizonte" 2 (2002: 224).
En la sociedad posterior al 11/S, la tecnología del riesgo ha llegado a tener aún peor prensa entre los académicos críticos. Ella aparece como la tecnología por excelencia de las aproximaciones a la seguridad" positivistas" , que están interesadas en identificar a los otros como la causa del peligro y excluirlos. Los perfiles raciales y una variedad de técnicas predictivas se identifican, sino nutriendo, creando paranoia y xenofobia. Quizá porque la justicia criminal aparece como un microcosmo en la escena más general de la seguridad, no es sorprendente que la criminología, como teoría social, haya considerado la emergencia de las técnicas del riesgo como un desastre. Ilustrado casi invariablemente por ejemplos tales como la Justicia Actuarial y las Leyes de Megan, el riesgo surge como una mancha en la justicia criminal (Hannah-Moffat, 1999; Garland, 2001). Las técnicas estadísticas del riesgo aparecen, explícita o implícitamente, como un giro negativo que mina los avances modernistas, acontecidos durante la mitad del siglo XX (Estado de Bienestar), hacia una justicia criminal centrada en la reforma, inclusiva y terapéutica. Por ejemplo, la Justicia Actuarial se caracteriza por: condenar en términos de riesgo de re-ofensa, más que en términos de la seriedad de la ofensa en cuestión, y por imponer sanciones que más que reformar a los delincuentes, los incapacita, quitando de circulación, de este modo, los riesgos que ellos representan.
De manera semejante, las Leyes de Megan identifican a potenciales delincuentes sexuales y violentos por medio del cálculo de riesgo, y en nombre de la reducción del riesgo notifican a su" comunidad" local acerca de su identidad y su ubicación. Se considera que esta reja gubernamental del riesgo trabaja, a pesar de la negación, centrando a la inseguridad y a la amenaza como ejes de la escena. Algunas personas son incapacitadas, en tanto son definidas como amenazas para los otros (las víctimas), principalmente en términos de su estado puramente negativo y peligroso. Las terapias son abandonadas o se subordinan a un régimen de reducción del riesgo en el cual la distribución de servicios, privilegios y trato es condicional a la reducción del riesgo demostrable estadísticamente (Hannah-Moffatt, 1999). Precisamente porque puede ser vista como un microcosmos del" control cultural" , la arena de la justicia criminal puede ser considerada como un sitio en el que puede buscarse una estimación más focalizada del riesgo. Ello porque, aparentemente, ha devenido hegemónica en el dominio de la seguridad y donde las tecnologías de riesgo han resultado influyentes.
En el análisis de este dominio quiero proponer que mientras que el riesgo, como todo gobierno, es peligroso, la teoría critica y, especialmente, la criminología han atendido demasiado al lado negativo del riesgo. Quiero argumentar que una teoría social crítica tiene la responsabilidad de considerar la promesa tanto como los problemas del riesgo.
Tal ejercicio, sin embargo, no puede meramente realizar un balance de los libros, una revisión de los argumentos morales en pro y en contra de la protección a las victimas versus los derechos de los delincuentes. Tampoco puede ser una revisión de" lo que funciona" efectivamente (o no), respecto de las técnicas de riesgo, para proteger a las victimas, reducir el crimen, etc. El resultado de tal ejercicio es probable que no haga más que ensayar argumentos ya conocidos, en pro y en contra. Focalizando un poco más, tales maneras de examinar el riesgo hacen afirmaciones que son problemáticas. Asumen la unidad del riesgo como si el gobierno centrado en él pudiera ser imaginado como una unidad, más que un heterogéneo arco de prácticas con diversos efectos y aplicaciones. Asumen que el riesgo sólo puede ser imaginado y operacionalizado como de suma cero: un juego entre las víctimas potenciales y los delincuentes potenciales, donde los riesgos de la seguridad de un grupo son creados por el otro. Asumen que el riesgo sólo puede ser practicado -por lo menos como una tecnología estadística- por un cuadro de expertos que practican el oscuro arte. Finalmente, junto con muchos otros argumentos que también son sostenidos por los críticos del riesgo, asumen que la diferencia entre el riesgo y otras técnicas de gobierno es más significativa que las diferencias entre las diversas tecnologías de riesgo.
Deberíamos comenzar el análisis con las muy diferentes posturas. En particular, el riesgo como una tecnología abstracta, siempre modelada y resultante de específicas racionalidades sociales y políticas y del medio ambiente (Ewald, 1991). Consecuentemente, el riesgo puede asumir una amplia diversidad de formas que reflejan los propósitos para los que es usado y las afirmaciones en las que está basado. Esto implica que el riesgo no es nunca tecnológicamente neutral. Es siempre una forma de gobernar moralizada, y sus bases morales, específicas, deberían ser explicitadas. En otro sitio (O' Malley, 1999, 2004) he argumentado, en profundidad, que la Justicia Actuarial y las Leyes de Megan reflejan políticas, específicas, muy cercanas a las ramas conservadoras del neoliberalismo, más que regímenes" puros de riesgo" . Esto puede verse, por ejemplo, en la negación de las agendas de reforma social que pueden observarse en otros regimenes judiciales de riesgo, tales como el análisis de las necesidades de riesgo (risk-needs analyses). Consecuentemente, no hay razón obvia para pensar que el riesgo no puede ser inclusivo y reformista más que, meramente, excluyente e inhabilitante. Más adelante discutiré que no hay razón por la que el riesgo posicione a" delincuentes" en contra de" víctimas" , o que no pueda ser colectivo más que individualizante o polarizador y, por tanto, que no pueda ser consistente con programas de justicia social más que de justicia individual o de mercado. El seguro social, por ejemplo, muestra algunas de estas condiciones. Si es así, en relación con el gobierno del crimen, entonces, ¿por qué el riesgo no puede formar parte de políticas de justicia (post)social y ayudar a realizar las visiones de seguridad que van conjuntamente?
¿Cómo podemos operar con estas políticas? Puedo sugerir, aquí, que un análisis que bosqueje la literatura de la gubernamentalidad, una " analítica gubernamental" , ofrece una promesa considerable al respecto. Tal enunciado puede aparecer como una sorpresa, por varias razones: es común que la crítica gubernamental se niegue a comprometerse con políticas normativas, así como que se focaliza, principalmente, en el diagnóstico de programas gubernamentales y presta poca atención a las posibilidades de resistencia (O´Malley et ál., 1997). Esto a veces ha sido interpretado como una forma de complicidad, o raramente como una critica, si es que alguna vez emerge, de las respuestas de los regimenes de gobierno. Sin embargo, deseo proponer que no hay nada en la analítica gubernamental que la aleje del compromiso político o del desarrollo de alternativas futuras. Más bien, las dificultades son sólo con ciertas formas de demanda de verdad y de programas políticos de dominación que los regímenes de gobierno engendran.

2. Gubernamentalidad, conocimiento estratégico y riesgo

En términos generales, la gubernamentalidad se puede definir en términos de unos principios organizativos vagos. En primer lugar, su foco está, principalmente, en el conocimiento" ideal" de los planes de gobierno, más que en los detalles acerca de cómo se implementan y cuáles son los efectos que podrían tener empíricamente. Esto incluye, aunque no agota, una preocupación por las maneras en las que se entiende el mundo para los propósitos de gobierno. Tales" racionalidades de gobierno" no son, generalmente, descripciones complejas ni detalladas, sino que maneras esquemáticas de clarificar fenómenos problemáticos o gobernables. La problemática del" desempleo" , por ejemplo, puede ser imaginada de maneras diversas: como un problema de individuos ociosos, de fracasos de parte de la demanda de la economía para crear empleo, del desarrollo de una cultura de la dependencia por parte de los trabajadores, entre otras. Aquí se debería destacar la perspectiva que se resiste a pronunciarse sobre la realidad o, dicho de otra manera, sobre esos "imaginarios" , buscando, más bien, entender al gobierno en términos de su propia constitución de la realidad. Tales problemáticas están relacionadas con las" tecnologías de gobierno" o con las formas de gobernar estos problemas "imaginados" . De esta manera, si el problema del desempleo es imaginado como un fracaso de la" economía de la demanda" , entonces las técnicas para la intervención, claramente, diferirán de aquellas que lo entienden en términos de individuos ociosos. En segundo lugar, y esto es vital para considerar el primer punto, se asume que el gobierno es una práctica generalizada y dispersa, más que una cuestión acerca de aquello que los Estados hacen. Muchas agencias gobiernan, tanto en el sector público como privado y, por supuesto, siempre se ha esperado que los individuos se gobiernen a sí mismos y sus subordinados. Esto es significativo porque, como sostendré más adelante, en relación con cualquier problema especifico, siempre es posible identificar una diversidad gubernamentalidades, existiendo en cualquier punto dado del tiempo, disperso alrededor de la vida política organizada. Así, por ejemplo, las visiones neoliberales actuales acerca de la cultura de la dependencia y las técnicas para su gobierno mediante la creación de" individuos activos" , coexisten, en rivalidad, con imaginarios de seguridad social y técnicas establecidas durante la era del Estado de Bienestar.
Siguiendo los análisis foucaultianos más generales, la gubernamentalidad no busca reducir estas racionalidades y tecnologías gubernamentales a una única variable exploratoria, tal como la" posmodernización" o el desarrollo del" modo de producción" . La analítica gubernamental, así, específicamente, se opone a las grandes teorizaciones exploratorias que pretenden reducir los amplios fenómenos a unos determinantes subyacentes ("explicativos" ). Una parte importante de esta oposición se debe a que tales" regimenes de verdad" proveen una licencia a la dominación, en nombre de la verdad teóricamente revelada. Estas teorizaciones admiten muy poca objeción por parte de quienes se rehúsan a rendir cuentas y son neutralizados por medio de estrategias de verdad, tales como:" falsa conciencia" ," lavado de cerebro" ," irracional" , "pensamiento acientífico" , y así sucesivamente. Aun más, estas explicativas rendiciones de cuenta proporcionan mapas de la historia, el pasado y el futuro, donde el cambio significativo sólo puede lograrse dirigiéndose hacia los factores identificados por la teoría como relevantes e importantes.
En contraste, la gubernamentalidad está asociada con un acercamiento genealógico en el cual la historia aparece como inventada y contingente más que como determinada por alguna gran teoría o lógica. Una consecuencia es que lo que prevalece, ahora, como verdad, puede ser considerado no necesario: las cosas podrían haber sido de otra manera. Asimismo, implica que lo que actualmente está aconteciendo permanece abierto a mayor innovación. El futuro se puede inventar más que simplemente revelar según algunas escrituras teóricamente dadas de la posmodernidad o de las contradicciones del desarrollo del capitalista. Es vital ver que esto no significa que el futuro puede simplemente ser inventado de nova. La analítica genealógica en la gubernamentalidad enfatiza aquello que es factible en unas determinadas condiciones de existencia. Esto incluiría el bosquejo de los elementos en los recursos intelectuales y materiales existentes -tales como las racionalidades gubernamentales-, que pueden ser selectivamente valorados y ensamblados para algún nuevo propósito. Así, debemos referir a la idea neoliberal de las" políticas de stakeholders 3" y de los" mercados" , que crean una oportunidad para democratizar la definición de lo que son los riesgos y cómo tratar con ellos.
Foucault propuso la noción de" conocimiento estratégico" para entender los regímenes existentes de poder y las oportunidades y peligros que ellas nos presentan.

"Hoy el rol de la teoría me parece que es, no tanto formular una teoría sistemática global que mantenga todo en su lugar, sino analizar la especificidad de los mecanismos de poder, para localizar las conexiones y extensiones, para construir poco a poco un conocimiento estratégico" (Foucault, 1980).

El conocimiento estratégico, en este sentido, yo interpreto que es la construcción de un conocimiento, un diagnóstico, acerca de las maneras en las que el gobierno existente formula sus verdades y las conecta a programas específicos de gobierno, donde los problemas son nombrados y resueltos. También implica una comprensión acerca de las técnicas gubernamentales por las que estos efectos deben ser alcanzados, de las clases de sujetos que deben ser formados, de cuál será un" resultado acertado" del programa, y así sucesivamente. Para quienes están familiarizados con la noción de gubernamentalidad, esto puede ser razonablemente bien entendido. Pero hasta la fecha pienso que ha sido verdad decir que la mayoría del análisis gubernamental se ha detenido aquí, sin dirigirse al propósito de tal conocimiento estratégico. Quizá sea más justo decir que su propósito se ha entendido, solamente, como una herramienta en diagnosticar la situación existente;" perturbar sus verdades" , para identificar los costos de la existencia de ser gobernado de cierta manera y así permitir que uno determine una línea de conducta ética en esa rendija (cfr. Rose, 1999). Este acercamiento ha estado abierto a la crítica, que es una forma de solución que continúa las éticas liberales del ser: causando tan poco daño a otros como sea posible pero, en última instancia, no intentando desarrollar formas alternativas de gobierno de los otros por miedo a la dominación. Esta es una lectura posible de los comentarios de Foucault:

"No pienso que una sociedad pueda existir sin relaciones de poder, si por aquél uno entiende las estrategias por las cuales los individuos intentan dirigir y controlar la conducta de otros. El problema, entonces, no es intentar disolverlos en la utopía de la comunicación transparente, sino adquirir las reglas de la ley, las técnicas de gerencia y, por lo tanto, la moralidad, el ethos, la práctica del yo, que permitirá que juguemos estos juegos de poder con tan poca dominación como sea posible" (Foucault, 1997: 298).

Tales interpretaciones enfatizan un solo aspecto: las prácticas del yo. Una visión alternativa es que esta es una idea general hacia la que el gobierno," las reglas de la ley, las técnicas de gestión" , que están dirigidas hacia la conducta de los otros, podrían ser desarrolladas. Esto parece razonable si seguimos la afirmación de Foucault, que señala que de alguna forma siempre hay gobierno. Si no hay otra alternativa práctica más que gobernar, ¿no continuaría enfocando en una ética del yo que deje a los otros con la libertad de tener fe en otros regímenes políticos? Yo me quedaría con la elección de Foucault por la minimización de la dominación que, en este contexto, resultaría en que si el gobierno no es necesariamente" malo" ni" evitable" , entonces debería proceder en términos de la maximización de las oportunidades de contradicción. Como sugeriré más tarde, esto emerge más generalmente en el imaginario de políticas agnósticas, políticas que nunca son cerradas y siempre se abren a la revisión y a la provocación.
En esta línea, la gubernamentalidad puede devenir una herramienta para el desarrollo político, no meramente una analítica. Eso es, la gubernamentalidad provee una técnica para el diagnóstico del gobierno existente. Por lo que, puede devenir un recurso analítico para el desarrollo de formas alternativas de gobierno que minimicen la dominación. En este rol, me parece que provee una herramienta para varios propósitos:

1. Como se hizo referencia, esto es un medio de diagnóstico del gobierno ya existente. Pero por su énfasis en el mapeo de las especificidades de gobierno, éste se ofrece adecuadamente para facilitar la identificación no sólo de los costos específicos de nuestra existencia, sino también las posibilidades que ello crea de" líneas de fuga" hacia algo más, otras formas de gobierno tal vez con menor potencial de dominación.
2. Como corolario, si la gubernamentalidad es usada para diagnosticar el presente, entonces también puede proveer los medios para diagnosticar las alternativas potenciales y para (re)diseñarlas. Esto incluye aquellas que han sido silenciadas o subordinadas; las interpretaciones menores y las disponibles pero todavía no expresadas en los acuerdos actuales; las innovaciones que son acuerdos emergentes del presente; las líneas de fuga que el presente hace posibles.

Debería quedar claro que lo que tengo en mente no implica la construcción de un nuevo programa político. Más bien, y siguiendo con lo que fue sugerido hasta ahora, es consistente con un avance paso a paso y experimental, que" construya poco a poco" un conocimiento constructivo, en términos de aquello que desarrollaríamos como alternativas posibles. En esto, Foucault diría, nosotros estamos embarcados en un ejercicio de gobierno intrínsecamente" peligroso" , en el sentido de que todo gobierno es peligroso. Deberíamos siempre mantener esto en primer plano como un principio de autocrítica, como una precaución con respecto a las tendencias de silenciar voces inconvenientes y alternativas. En este sentido," peligroso" no es lo mismo que malo. La gubernamentalidad, dentro de esta advertencia, es mi herramienta preferida para determinar tal peligrosidad dentro de un marco experimental. Este marco experimental, al que me refiero como" experimentos en gobierno" , remite sólo a los intentos de gobernar con la minimización de la dominación, la disposición máxima de controversia, consistente con resolver las cosas.
En el análisis siguiente he seleccionado dos ejemplos de justicia por medio de los cuales comenzar tal ejercicio: la minimización del daño de las drogas y la justicia restaurativa. Los he seleccionado sobre la base de que ambos exigen intervenciones que se refieren a problemas ligados con la dominación, incluyendo el acceso a los recursos y la exclusión social, y que se consideran, actualmente, como opciones viables en la arena de la justicia post-social. Ambos, especialmente la minimización del daño de las drogas, están conectados a cuestiones de riesgo y prevención. Proveen, así, espacios políticos factibles para el desarrollo, líneas de fuga, en un medio ambiente de seguridad en el cual, si la visión de Garland de The Culture of Control (2001) ha de ser considerada, está centrada permanentemente en la exclusión. Los resultados de este análisis serán utilizados para explorar cómo una política progresiva del riesgo puede proceder.

3. Minimización del daño de la droga

Los programas de minimización del daño de la droga son, ellos mismos, una forma de resistencia desarrollada por los gobiernos en Australia y Nueva Zelanda, específicamente, en oposición a la guerra contra las drogas. Como tal, sin embargo, fue aplicada aunque con variantes en otros países, incluyendo al Reino Unido y en un grado menor a Canadá. Éstas representan otra línea de fuga dentro del actual arsenal de estrategias de gobierno.
Los programas de minimización del daño para el gobierno de las drogas ilícitas tienen como punto de partida que todos los daños relacionados con las drogas son entendidos como riesgo, como probabilísticamente identificables y como previsibles o capaces de ser minimizados; de esta manera, todas las intervenciones se dirigen a la reducción de riesgos. Aquí es importante subrayar que en estos programas los riesgos se toman para incluir tanto los riesgos de los individuos consumidores de drogas como los riesgos hacia otros individuos o hacia la sociedad en su totalidad. Una consecuencia es que el arsenal del riesgo/daño que atienden las políticas son muy amplios, incluyendo: la salud individual (sobredosis de droga, hepatitis C) y salud pública (lesiones con agujas); el crimen (robo cometido para financiar el consumo de drogas); el desempleo y la pérdida de productividad como resultado de la consumición de droga; los riesgos creados por los consumidores mismos (aislamiento social, estigmatización y enfermedad mental), entre otros. Aquí, la justicia criminal, per se, se descentra y se focaliza en el daño.
También, como destacaré más adelante, no hay, por lo tanto, un foco especial en los riesgos que los consumidores de droga representan a otros. Los riesgos son sociales en tanto que afectan a todos, incluyendo a los consumidores. No se supone que todos los riesgos son generados solamente por los consumidores de droga; algunos, de hecho, se consideran creados por las políticas de gobierno, así como por las acciones de otros individuos. Éstos incluyen respuestas prohibidas y excluyentes que aíslan y demonizan a los consumidores, que alternadamente crean riesgos de salud aumentados porque son excluidos de la ayuda social y médica. Otros riesgos, tales como los asociados a la cultura del consumo de la droga (lícita e ilícita) están situados en procesos sociales mucho más amplios. Así es que no sólo las drogas ilícitas son consideradas como creadoras de daños y/o dañinas. De hecho, el tabaco y el alcohol, así como las drogas farmacéuticas, se consideran, incluso, como creadores de mayores perjuicios en la sociedad. Por consiguiente, los daños no son localizados como los efectos de malos individuos o drogas " malas" (ilícitas) en sí mismas. Más centrales son las prácticas riesgosas y las situaciones que crean riesgo. Éstas pueden incluir el uso de agujas sucias, el consumo de" cócteles multidrogas" y el uso de drogas en espacios que exponen a otros a riesgos. Algunos de tales ejemplos convierten a los consumidores en individualmente responsables del daño y, de esta manera, responsables por su reducción. Pero también incluyen aquellas cuestiones socialmente producidas, tales como: la ausencia de los espacios limpios y seguros para la inyección o las fuentes alternativas de drogas que reducirían al mínimo su adulteración y harían posibles medios menos arriesgados de administración de droga (por ejemplo, ingestión en vez de inyección).
Lo que se hace evidente, inmediatamente, en las políticas de minimización del daño es que los consumidores de drogas son normalizados de maneras característicamente neoliberales. Según lo observado, los consumidores de droga pueden ser convertidos en responsables individuales de crear daños a otros y a sí mismos. Pero esta" responsabilización" no convierte al consumidor en un blanco de exclusión social, castigo o culpa. Absolutamente lo contrario. Los consumidores de droga han de ser" empoderados" ("empowered" ) para ocuparse de sus problemas responsablemente y para gobernar los daños colaterales que implica el uso de drogas. Este empoderamiento (empowerment) incluye: dar a los consumidores consejos sobre prácticas de minimización del daño de la administración y del consumo de drogas; programas de acceso a la metadona, dirigidos a hacer que los consumidores sean más capaces de manejar y de reducir su propio uso de drogas y la disponibilidad de servicios tales como programas terapéuticos y de entrenamiento. La responsabilización de los consumidores de drogas no está, así, atada a la responsabilidad por acciones pasadas, o a un proceso de culpabilizar y avergonzar, sino más bien a una responsabilidad por gobernar las consecuencias dañinas del uso de las drogas.
Los discursos de la mayor parte de estos programas le quitan la culpa moral al" que abusa de las drogas" , y eso se observa en que raramente utilizan categorías moralizadoras. Asimismo, se evita cualquier discurso y práctica que patologice al consumidor de drogas, especialmente con respecto a la pérdida de su libre voluntad, así como la imagen del drogadicto desesperado. La categoría de " drogadicto responsable" , haciendo un paralelo con otros individuos responsables neoliberales, supone un actor que toma decisiones racionales. Consecuentemente, otra familiar subjetificación que patologiza, la del drogadicto esclavizado, es también silenciada o borrada completamente de los discursos de minimización del daño. Este cambio discursivo se relaciona no sólo con la responsabilización, sino también con el fuerte énfasis en la inclusión social. Las categorías de" adicto a la droga" y" abusador de drogas" están moralmente cargadas de forma tal que convierten al consumidor de drogas en un ser extraño y patológico. Estas subjetificaciones son parte de lo que David Garland (1996) pondría en términos de" criminología del otro" , donde el delincuente es considerado como monstruoso, distinto a" nosotros" y, de esta manera, un candidato listo para la exclusión y la coerción. La categoría del" consumidor de drogas" , sin embargo, crea una" criminología del yo" . Los consumidores de drogas son como nosotros, ya que ellos, también, son actores que eligen racionalmente.
En rigor, la minimización del daño enfatiza la idea de que los" consumidores" , otra subjetificación neoliberal, de drogas ilícitas no son distintos, categóricamente, del resto de nosotros. Todos existimos en una sociedad en la que los problemas de drogas son sistémicos. Como se observó, el consumo de alcohol y de tabaco, en particular, se señala invariablemente como los principales generadores de daño relacionado con la droga en la mayoría de las sociedades. Los consumidores ilegales de drogas son, de esta manera, considerados "normales" -por lo menos no problemáticos-, ya que el problema no es sólo de responsabilidad individual, sino un problema social, en sociedades que se dicen" saturadas de drogas" . Esta cuestión adquiere, así, un sentido más colectivo e inclusivo, infinitamente mayor que en los discursos neoconservadores de la" guerra contra las drogas" .
La promesa de tales clasificaciones del riesgo, seguridad y justicia no son difíciles de detectar. La seguridad se dispone como un problema colectivo y se expresa en términos de un imaginario de minimización del daño que proporciona un marco de seguridad que puede minimizar la dominación (De Lint y Virta, 2004). Sin embargo, claramente, la dificultad con esta suposición se centra en cómo el daño es identificado. Esto es, cómo los problemas se moldean como daños, en términos de qué conocimientos y con qué efectos. En el caso de la minimización del daño de la droga, tal conocimiento es proporcionado por una franja estrecha de" experticia" . Esta experticia socio-médica ha definido de antemano la naturaleza de los problemas, ha precisado los daños y ha especificado las técnicas basadas en el riesgo, con las cuales el uso de la droga debe ser registrado y gobernado. Pero, ¿qué hay de otras definiciones del daño que, incluso, este programa puede ignorar o eliminar? Si el resultado que se busca es la minimización de la dominación o la maximización de la controversia, sus otras ventajas potenciales, ese aspecto de la minimización del daño deviene problemático.
En tanto los daños son definidos de antemano por la experticia, las definiciones alternativas de riesgo y seguridad se marginan o se problematizan, mientras que las técnicas de minimización del daño se justifican en términos de su éxito. Ambas crean mayores peligros:

1. Aquellos que se perciben a sí mismos como que van a ser dañados por la existencia de estrategias de minimización del daño devienen ellos mismos parte del problema que pretende ser minimizado. Un ejemplo son aquellos que objetan la existencia de centros de distribución de agujas y jeringas porque consideran que le están enviando un" mensaje equivocado" a sus hijos. La" verdad" de los programas de salud pública intenta silenciar estas miradas alternativas de maneras familiares; se definen como" no entendiendo" los beneficios para todos. Incluso quienes están expuestos a estos problemas diariamente, usualmente, no los expertos en drogas bien pagos, tienen sus propias razones para pensar desproporcionadamente estas desventajas.
2. Las técnicas" inclusivas" ," responsabilizantes" y" empoderadoras" ("empowering" ) en torno de la reducción del riesgo son condicionales. Esto es, si los riesgos no son reducidos, estas tecnologías se vuelven vulnerables. En otras palabras, esta tolerancia es asumida bajo el supuesto de que es tos programas funcionan reduciendo los daños. Pero si no lo consiguen, entonces el programa es modificado. Contrariamente, si se descubre que los elementos represivos reducen los daños, éstos son promovidos. La tolerancia de la minimización del daño es totalmente instrumental, basada en la evaluación experta y no en otras formas de solidaridad social más democráticas.

Quizás, aquí, estamos llegando a un punto crítico en lo concerniente al riesgo. El modelo de la minimización del daño de las drogas como régimen de riesgo es, explícitamente, conducido por expertos como una cuestión estadística. De hecho, es claro que estas dos características están integradas en una tendencia específica: no se trata simplemente de que los expertos saben cómo manipular las estadísticas sino que un cierto tipo de experticia produce, manipula y gobierna mediante la estadística. Una experticia que está focalizada en principios universales abstractos. Un amplio espectro de aproximaciones críticas ha definido estos acuerdos de seguridad y justicia como profundamente problemáticos. Por ejemplo, de Lint y Sirpa (2003) consideran estas prácticas como ejemplos de un modelo de seguridad positivista y alienante, donde los expertos definen el problema de modo tal que sólo su experticia puede resolver la cuestión. Su preferencia, aun desde una perspectiva de seguridad de" minimización del daño" , es optar por la democratización del riesgo y la seguridad; prefieren la politización más que la determinación por el saber experto.
Pero, esto trae consigo una cuestión clave, tal vez un dilema. Si habremos de democratizar las decisiones acerca del riesgo y la seguridad, ¿cómo deberíamos relacionar el saber experto con las preferencias de la gente cuyas vidas son afectadas? ¿Deberíamos, tal como sugieren algunos, simplemente tratar de excluir a los expertos? Pero, oeesto no quitaría del medio un conocimiento que podría ser vital, por ejemplo, acerca de los efectos de ciertas drogas o los más efectivos modos de prevenir las infecciones? Para examinar esto con más detalle, vayamos al caso de la justicia restaurativa.

4. Lecciones desde la justicia restaurativa: seguridad, experticia y" la comunidad"

Aun cuando la justicia restaurativa no se focaliza en el riesgo, representa otro desarrollo dentro del dominio de justicia contemporáneo, supuestamente dominado por la hegemonía de la" cultura de control" . Mientras que es virtualmente ignorada por los analistas pesimistas del presente, ha devenido una práctica mayor dentro de la justicia criminal. La justicia restaurativa, como minimización del daño, representa una significativa línea de fuga, a la vez prometedora y peligrosa, en el presente ambiente de riesgo. Su importancia, para esta discusión, radica en que sus abogados niegan la perspectiva de que el Estado y sus expertos en seguridad y justicia deban gobernar relaciones problemáticas. En cambio, la mayoría de los abogados buscan empoderar (empower) a las comunidades delegándoles la" pertenencia" del riesgo (Pavlich, 2005). La justicia restaurativa privilegia el gobierno por medio de las" comunidades" que procuran soluciones a los problemas que ellos definen como significativos, más que a aquellos que son definidos por los profesionales expertos. Cada una de estas características de la justicia restaurativa hace eco, paralelamente, en los énfasis del gobierno neoliberal más general. Esto se puede observar si comparamos las características de la justicia restaurativa con aquello que Osborne y Gaebler (1993: 66-73) definen como las virtudes del gobierno basado en la comunidad. En su Biblia del neoliberalismo, Reinventing Government, afirman que:

"• Las comunidades tienen más compromiso con sus miembros que los departamentos de servicio social de delivery con sus clientes.
• Las comunidades entienden sus problemas mejor que los servicios profesionales.
• Los profesionales y las burocracias reparten servicios; las comunidades resuelven problemas.
• Las instituciones y los profesionales ofrecen 'servicios' ; las comunidades ofrecen 'cuidados' .
• Las comunidades son más flexibles y creativas que las grandes burocracias.
• Las comunidades son más baratas que los servicios profesionales.
• Las comunidades refuerzan los estándares de conducta más efectivamente que las burocracias o los servicios profesionales.
• Las comunidades se focalizan en las capacidades; los departamentos de servicio social en las deficiencias, produciendo el efecto de hacer sentir a las familias incompetentes, más que capaces."

De esta manera, es relativamente sencillo entender cómo la justicia restaurativa aparece como una técnica blanda favorita para la política neoliberal de control del crimen. Sin embargo, más que preocuparnos si deberíamos evitar la justicia restaurativa dada esta asociación con los medios neoliberales, podríamos hacernos una pregunta diferente, guiada por las ideas de un conocimiento estratégico. Se trataría de preguntarnos, en cambio, ¿qué promesas puede ofrecer, como línea de fuga, en el presente?
Para empezar, necesitamos prestar atención a dos muy diferentes puntos, incluso conflictivos, entre la minimización del daño y la justicia restaurativa. En primer lugar, a diferencia de la justicia restaurativa, la minimización del daño evita hacer foco tanto en las víctimas como en la victimización. En particular, a diferencia de la justicia restaurativa, evita establecer un juego de suma cero en el que un grupo, los delincuentes, representan riesgo para el otro grupo, las víctimas. También evita, consecuentemente, hacer foco en la responsabilidad de los delincuentes para reparar personalmente a las víctimas (una característica central y valorada por la justicia restaurativa). Como parte de esta orientación, la minimización del daño se desprende del discurso de la comunidad, central para la justicia restaurativa, focalizando, más bien, en los stakeholders. En breve, destacaré la importancia de esto.
En segundo lugar, mientras que hay un reconocimiento de que los consumidores de drogas y los stakeholders tienen sus propias experiencias y juicios, a diferencia de la justicia restaurativa, la minimización del daño, como ya lo he mostrado, está dominada por el conocimiento experto que identifica riesgos y daños. La justicia restaurativa, por otro lado, se focaliza en el público que juega un rol determinante en la justicia. A continuación abordo cada una de estas cuestiones.

Evitando hacer foco en la víctima

Al identificar la locación del problema de la droga en los riesgos que pueden afectar a todas las partes, incluyendo a los consumidores, al delinear sus objetivos como la reducción de daños futuros a los consumidores y al resto de la sociedad y al considerar el consumo como un problema con base social, la minimización del daño no crea a la víctima como el centro de atención, por lo menos en comparación con la justicia restaurativa. Como se hizo referencia, las reparaciones a los que fueron dañados por los consumidores casi nunca se ponen en discusión, tampoco las cuestiones tales como la necesidad de castigo. Por supuesto, se puede discutir que la minimización del daño puede adoptar esta instancia, ya que el uso de drogas se considera un" crimen sin victimas" . Sin embargo, tal vez este sea un efecto, más que una causa de la política, ya que hay muchos conservadores que argumentarían que el uso de drogas ocasiona daño al orden moral y debería ser castigado. La guerra contra las drogas, por ejemplo, ha contribuido sustancialmente a la masiva población de las cárceles en los Estados Unidos. Más específicamente, por supuesto, hay sujetos que se consideran ellos mismos como víctimas. Por ejemplo, propietarios de las pequeñas empresas cuyos negocios son afectados por los consumidores de drogas, que usan sus umbrales para tirarse; residentes locales enojados porque en los patios de las escuelas se tiran agujas usadas.
Sin embargo, la minimización del daño considera que convertir a un grupo en la víctima y al otro en el autor desalienta a los consumidores a participar en los programas. También, se supone que poner en escena la" ofensa" como una cuestión moral tiende a dibujar bandos y así interviene en el camino de reducción de los riesgos. Por lo tanto, también hay un desplazamiento de términos tales como" justicia" hacia el enderezamiento del daño hecho a las víctimas en el pasado. O quizás es importante notar cuando, ocasionalmente, se utiliza la noción de" justicia" en el mismo sentido que Johnston y Shearing (2003), quienes lo usan en Shearing´s community justice projects en Sudáfrica: la justicia se convierte en asegurar que el daño no sucederá nuevamente, o por lo menos será minimizado. Los individuos pueden ser considerados responsables en la minimización del daño, pero el énfasis en su responsabilidad es para asegurarse que el daño no se repita.
Vinculado con esto, el discurso preferido en la minimización del riesgo es el término neoliberal de los stakeholdes, en vez de víctimas y" delincuentes" . Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, permite que los conflictos de intereses se centren en el supuesto de que un grupo está necesariamente en lo cierto y que el otro es el culpable. En segundo lugar, permite que" las víctimas" , "los delincuentes" ," los expertos" y otros se vinculen en un intercambio que reconozca las posibilidades de conflicto. Este reconocimiento de la existencia y hasta de la centralidad de los conflictos de intereses es importante, porque -contrariamente al imaginario de la comunidad en torno a la justicia restaurativa- permite una diversidad de valores en la red de interesados. De esta manera, tal perspectiva evita el problema identificado por George Pavlich (2005) de que el supuesto de un consenso comunal en la justicia restaurativa crea una dominación" totalitaria" , en la cual una cantidad de valores y experiencias ha de ser condenada, negada y perdonada. Mientras que no queda duda que esto es, a veces, defendible (por ejemplo, con respecto al acoso sexual), su peligro ético y político es claro. En primer lugar, se pueden considerar los problemas como problemas de individuos malos más que problemas sistémicos, tales como la cuestión del lugar de la mujer y la naturaleza de la sexualidad en las relaciones sociales más generales. En segundo lugar, puede ignorar o suprimir la diversidad social y, a veces, los conflictos sociales, de una manera que es importante para" la comunidad" reconocer y acordar. Estas son cuestiones de justicia, pero no de justicia individual.
Al respecto, sugeriría que la justicia restaurativa está pobremente equipada, actualmente, para tratar con tales problemas, porque establece en términos binarios la relación víctima-delincuente y, de esta manera, prioriza la rectificación de equivocaciones pasadas por parte de un grupo. Con las estrategias de la minimización del daño nos desplazamos desde la resolución de las disputas hacia la posibilidad de la gestión de la disputa. De esta forma, los intereses de los consumidores de drogas en las calles y de los comerciantes que consideran su presencia negativa para el negocio, no se reducen a un escenario en el cual los comerciantes creen que tienen razón porque han sufrido daños. Tal postura fuerza a los consumidores de drogas, más o menos de manera explícita, a conformarse o cambiar de zona. No obliga a los comerciantes, o a cualquier otra persona, a hacer algo en relación con el estado de los consumidores o a reconsiderar sus propias actitudes y prácticas. Esto es aún más claro en la mayoría de los programas restaurativos, donde el delincuente debe reconocer la ofensa como condición de ingreso. La política de la minimización de stakeholders, por otro lado, instala un proceso de negociación. Esto parecería, especialmente, ofrecer una promesa en la que el delito se liga a las situaciones en donde las respuestas de la comunidad pueden implicar un consenso, tal como en escenarios raciales y étnicos diversos, o choques culturales entre generaciones o subculturas (como las subculturas de drogas).
Filosóficamente, este punto está bosquejado en la noción de Foucault (1982) de política agonística o agónica: un proceso en el cual algunas soluciones serán o deben ser delineadas en función de que los daños puedan ser minimizados. Pero la minimización a la dominación permanece bajo revisión; siempre está sujeta a controversias o" provocaciones" . Cuando los problemas son corrientes, como en los ejemplos recién mencionados, los casos individuales se convierten en espacios en los que las cuestiones subyacentes, la conciliación y la" justicia" de las respuestas son constantemente construidas y reevaluadas. El riesgo, en tales casos, se democratiza, a pesar de la tendencia de la minimización del daño a la dominación experta, pero esta es una cuestión a la que me dedicaré con más detalle.

La dominación experta y la democratización del riesgo

Un problema corriente en la minimización del daño -especialmente en su relación con la justicia restaurativa- es su preocupación respecto de la dominación tecnocrática. El riesgo aparece como un sistema experto, como una forma de conocimiento abstracto que requiere de sofisticación estadística y relacionada para manipular, operacionalizar y acceder a los datos. Aun así, la dominación experta en este contexto es especialmente difícil de desafiar, en parte, porque el riesgo adquiere el aspecto de ser una técnica neutral, una forma" objetiva" de conocimiento y práctica. En términos generales, el riesgo tiende al triunfo de la incertidumbre, a otras maneras de estimar los riesgos y de entender qué es lo mejor para el futuro. La gente común que ofrece sus valoraciones" inciertas" , ya está sujeta a los cálculos más sistemáticos y" objetivos" de la experticia. Por supuesto, esto otorga conformidad a las preocupaciones de los abogados restaurativos de la justicia, pero en esta perspectiva esta cuestión se resuelve privilegiando los saberes de" sentido común" y la participación. En la literatura del riesgo, sin embargo, esta cuestión de la ley y del saber experto se ha presentado en un nivel más teórico, y sospecho que políticamente más útil.
Como argumenta Brian Wynne (1996), en el campo del riesgo es crítico reconocer que no hay oposición esencial entre el saber de sentido común y el saber experto; no hay" división" entre (el riesgo) objetivo y el conocimiento subjetivo (incierto), o el saber sofisticado y naïve, como la literatura académica siempre asume. En cambio, debemos entender al saber" experto" como abstraído y universal, mientras que el saber del" sentido común" es local y particular, establecido en el contexto social en el que se debe" aplicar" . Esto no implica que todo el saber de sentido común sea necesariamente correcto, pero tampoco se debe asumir que lo contrario es verdad o que el saber experto es, siempre, correcto. Epistemológicamente, podemos entender al saber de" sentido común" o" local" como devolviéndole al saber experto eso que le había sido abstraído. Esto es, muchas cuestiones que en el proceso de abstracción se dan por sentadas, en el nivel local se cambian como" hechos particulares" . Pero Wynne (1996: 61) argumenta que hay más:

"La base de las respuestas comunes del público al saber experto es siempre potencialmente un conflicto epistemológico con la ciencia, acerca de los propósitos subyacentes asumidos por el saber o, por lo menos, al alcance de su mandato epistémico que se asume incorrectamente como dado naturalmente. Esto plantea preguntas, no sólo sobre la base de la relación entre el conocimiento científico 'objetivo' y el saber 'subjetivo' de sentido común, sino también sobre el grado en que el conocimiento científico está abierto a la crítica sustantiva, la mejora y/o corrección de la gente común. En otras palabras, oecuánto puede la gente común estar involucrada en dar forma al conocimiento científico y así proveer la base de formas alternativas de conocimiento público que reflejen y sostengan concepciones diferentes a las dominantes acerca de lo humano y de los propósitos sociales del saber público?"

Esto no significa que, en un sentido maoísta o stalinista, la verdad debe ser sujeta a la opinión de las masas. En cambio, se reconoce que el conocimiento nunca está libre de valoración y que en el saber experto los valores no han sido borrados sino reprimidos (Wynne, 1996: 57-60). En particular, los valores aparecen en el conocimiento experto como selección de esas cosas que han de considerarse como riesgos a ser reducidos y, por extensión, cuáles cosas (tales como ciertas formas de vida) los sujetos no están deseando que sean cambiadas; la priorización y evaluación de riesgo, cuál riesgo" importa" más; la especificación de cuál debería ser" un nivel de riesgo aceptable" ; el juicio acerca de qué constituye" seguridad" o qué es una adecuada y deseable "reducción" del riesgo. Todos estos son juicios políticos y de valor, pero aparecen en el dominio del saber experto acerca del riesgo.
Los saberes expertos son, de esta manera, "recetas sociales incipientes o vehículos de formas tácitas de orden social, relaciones e identidades" , así como formulaciones acerca de cómo hacer las cosas, basadas en conocimiento abstracto (Wynne, 1996: 59). Tal vez la mayoría de los abogados de la justicia restaurativa no necesitan decir esto. Visto de esta manera, podría ser peligroso excluir al conocimiento experto acerca de cómo resolver las cosas. Más bien, el punto clave es sujetar las definiciones de los problemas y soluciones de los expertos a las críticas y evaluaciones del sentido común. No significa priorizar un conocimiento sobre el otro, sino establecer negociaciones entre ellos: cada uno tiene algo que ofrecer.
Asimismo, el conocimiento experto tampoco hablará con una sola voz; no es el caso del saber legal. De esta manera, en el modelo de relaciones agónicas de minimización del daño habrá no sólo diferencias sino hasta conflictos entre los consumidores de drogas y los otros. Habría que incluir, también, los conflictos entre diferentes expertos y autoridades, además de la policía, los trabajadores y jóvenes de la droga, conductores de ambulancia, médicos, oficiales del gobierno local, etc., y entre los expertos y" la comunidad" más amplia. No sólo ni siempre cuando los expertos están en desacuerdo. Otros tipos de problemas, especialmente de dominación, pueden ocurrir cuando los expertos acuerdan con la gente común y sus saberes. Brevemente, tal como hay políticas comunes y políticas entre el conocimiento común y el experto, hay y debería haber políticas entre expertos. De esta manera, la experticia no aparece ni neutral o superior ni excluida, con el fin de que, casi inevitablemente, los expertos estén involucrados en las disputas y, así, se impliquen en las soluciones.
Estas políticas democratizantes, entonces, me parecen vitales porque contribuyen a la maximización de la controversia, especialmente porque limitan el poder negociador de cualquiera, incluyendo a la policía, y también el de la comunidad local. No se debería asumir, de manera romántica, que" la gente" tiene razón automáticamente. El saber experto puede ayudar a gobernar tendencias hacia el vigilantismo, la exclusión de lo no querido o de la intolerancia de la comunidad, imponiendo su propia forma de conocimiento abstracto. También los expertos pueden documentar y guiar hacia consideraciones más amplias que pudieran acontecer en las comunidades. En el ejemplo de la minimización del daño, esto es particularmente viable con respecto al amplio arco de daños a ser considerados, como aquellos ligados con la economía o la salud acerca de los que la gente local puede no tener conciencia.

5. Conclusiones

Estas reflexiones son, realmente, sólo un comienzo, una indicación útil hacia los tipos de" experimentos en riesgo" que deberíamos comenzar, más que aceptar la visión pesimista que prevalece en la teoría social del riesgo en el presente. Mientras que este artículo se ha focalizado en una delgada franja de problemáticas asociadas con la justicia criminal, no hay razón por la que los mismos modelos de riesgo democratizante puedan ser aplicados en varios campos. Tal vez esto ya ha comenzado en las áreas de las políticas ambientales y de la comunidad saludable. En este proceso, me gustaría remarcar que la analítica gubernamental puede proveer una herramienta útil en la construcción de saberes estratégicos involucrados en este proceso. Como con el riesgo, muchas de las críticas de la gubernamentalidad han sido dirigidas a la manera en que ella ha sido usada, más que a las maneras en las que podría ser usada. Espero que mi análisis de la minimización del daño de la droga y la justicia restaurativa sugiera una manera de trabajarlo. Confío, también, que estimule a la teoría social crítica y a la investigación, en dirección a una base más optimista de las posibilidades que hay en el presente, más que en la focalización inexorable en lo que está mal. Nada es más desempoderante (disempowering) que el pesimismo conducido teóricamente.

Notas

1. Traducción realizada por la Lic. María Ana González, FFyL, UBA, y la Dra. Silvia Grinberg, UNSAM-CONICET, UNPA.

2. Nota de la traducción: la cita corresponde a la edición en español del libro de Ulrich Beck realizada por Siglo XXI editores.

3. Nota de la traducción: esta noción refiere a aquellas personas, grupos, empresas, la comunidad y la sociedad, en cuanto tienen interés en la existencia y desarrollo de una empresa. Asimismo, remite a una concepción que se interesa por las responsabilidades de la dirección en los niveles internos de la empresa, como las relaciones con los participantes del" entorno inmediato" , es decir"La responsabilidad moral de la empresa" ante la sociedad.

Bibliografía

1. BECK, U. (1992), Risk Society, New York, Sage.         [ Links ]

2. BECK, U. (1997), World Risk Society, London, Polity Press.         [ Links ]

3. DE LINT, W. and VIRTA, S. (2004)," Security in ambiguity. Toward a radical security politics" , Theoretical Criminology, 8: 65-90.         [ Links ]

4. EWALD, F. (1991)," Insurance and risks" , in: BURCHELL, G.; GORDON, C. and MILLER, P. (eds.), The Foucault effect. Studies in governmentality, London, Harvester/Wheatsheaf, pp. 197-210.         [ Links ]

5. FOUCAULT, M. (1980)," Power and strategies" , in: GORDON, C. (ed.), Power/Knowledge. Selected interviews and other writings, Brighton UK, Harvester/Wheatsheaf, pp. 134-145.         [ Links ]

6. FOUCAULT, M.(1982)," The subject and power" , in: DREYFUS, H. and RABINOW, P. (eds.), Michel Foucault. Beyond structuralism and hermeneutics, Chicago, Chicago University Press, pp. 208-226.         [ Links ]

7. FOUCAULT, M.(1997)," The ethics of concern for self as a practice of freedom" , in: RABINOW, P. (ed.), Michel Foucault: Ethics, subjectivity and truth, New York, The New Press, pp. 280-301.         [ Links ]

8. GARLAND, D. (1996)," The Limits of the Sovereign State" , British Journal of Criminology, 36: 445-471.         [ Links ]

9. GARLAND, D.(2001), The culture of control, Oxford, Oxford University Press.         [ Links ]

10. HANNAH-MOFFAT, K. (1999)," Moral agent or actuarial subject, Risk and Canadian women' s imprisonment" , Theoretical Criminology, 3: 71-95.         [ Links ]

11. HUDSON, B. (2000)," Punishment, rights and difference" , in: STENSON, K. and SULLIVAN, R. (eds.), Crime, risk and justice, Exeter, UK, Willan, pp. 144-173.         [ Links ]

12. JOHNSTON, L. and SHEARING, C. (2003), Governing Security. Explorations in Policing and Justice, London, Routledge.         [ Links ]

13. O' MALLEY, P. (1999)," Volatile and contradictory punishment" , Theoretical Criminology, 3: 175-196.         [ Links ]

14. O' MALLEY, P.(2004), Risk, uncertainty and government, London, Cavendish Press.         [ Links ]

15. O' MALLEY, P.; WEIR, L. and SHEARING, C. (1997)," Governmentality, Criticism, Politics" , Economy and Society, 26: 501-517.         [ Links ]

16. OSBORNE, T. and GAEBLER, T. (1993), Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, New York, Plume Books.         [ Links ]

17. ROSE, N. (1999), Powers of Freedom, Cambridge, Cambridge University Press.         [ Links ]

18. PAVLICH, G. (2005), Governing paradoxes of restorative justice, London, Cavendish Press.         [ Links ]

19. WYNNE, B. (1996)," May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert-lay knowledge divide" , in: LASH, S. (ed.), Risk, environment and modernity, New York, Sage, pp. 44-83.         [ Links ]

Aceptado: 10 de abril de 2007

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons