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Revista argentina de sociología

versão On-line ISSN 1669-3248

Rev. argent. sociol. v.7 n.13 Buenos Aires jul./dez. 2009

 

ARTÍCULOS

Nueva lógica de la seguridad en México: Vigilancia y control de lo público y lo privado

Nelson Arteaga Botello y Roberto Fuentes Rionda

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del Estado de México

arbnelson@yahoo.com
Sociólogo. Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, España. Profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales 2009, otorgado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

fuentesrionda@gmail.com
Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Candidato a Maestro en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Asistente de investigación y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Abstract

La reciente firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008), por parte de diferentes actores sociales en México, ha conllevado al establecimiento de un nuevo alcance para la noción de seguridad en el país y, con ello, un cauce distinto a las estrategias contra el crimen y la violencia, trasladándolas a la profundización en el uso de dispositivos de vigilancia y administración de la población y control social, así como de gestión de riesgos, en tanto se localiza ahora la raíz de la violencia y el crimen en "familias y comunidades enteras". El presente documento analiza la reconfiguración de las políticas de seguridad en México durante una década (1995-2008), desde la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1995), el Plan Nacional de Seguridad Pública, dentro de la llamada Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia (1998) y el Acuerdo antes referido; reparando en el papel que ha jugado la seguridad privada en las estrategias de seguridad del país, al proveerlas de tecnología, logística, recursos humanos, etc. Para ello se revisa la interacción de organismos no públicos de seguridad con Estados con instituciones políticas de tipo clientelar y democráticamente poco consolidadas.

Palabras clave: Seguridad pública; Seguridad privada; Clientelismo; Vigilancia; Riesgo.

With the recent signing in Mexico of the «National Agreement for Security, Justice, and Legality» [Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008)], by different social actors, new implications for the security notion, and a new path for the policies against crime and violence have been established, rooted in surveillance technologies, risk management; this for the assumption that the crime and violence is located in «families and communities at whole». This paper analyses the security policies reconfiguration in Mexico in the last decade (1995-2008), from the National System for Public Security Law (1995) [Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública], the Public Security National Plan, [Plan Nacional de Seguridad Pública], within National Crusade Against Crime and Delinquency (1998) [Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia], to the Agreement referred; underlining the role of private security in the national security policies -like technology, logistics, or human resources suppliers. In this way, the interaction between non-public security organizations and States with politic institutions based on patronage and with weak democracy is analyzed.

Keywords: Public security; Private security; Patronage; Surveillance; Risk-management

Introducción

La reciente firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por parte de los tres órdenes de gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representantes de medios de comunicación y varias organizaciones sociales, sindicales, campesinas y religiosas, parece conducir a la ampliación de la noción de seguridad en el país, en la medida en que se busca poner bajo vigilancia a amplios sectores de la población. El objetivo pareciera ser la creación, expansión y articulación de distintas bases de datos sobre comportamientos de diferente tipo que abarcan condiciones de vida, consumo -no sólo de carácter delictivo- a través de la puesta en marcha de distintos dispositivos de localización y monitoreo (en teléfonos celulares, GPS en automóviles, etc.). Con esto se pretenden, al parecer, dar un cauce distinto a las estrategias contra el crimen y la violencia.
Ciertamente, muchos de los mecanismos activados con el Acuerdo no son recientes. Por ejemplo, si bien la denominada Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia puesta en marcha en 1998, dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) parecía encaminarse, en mayor medida, a enfrentar las conductas delictivas y antisociales, emprendiendo una restitución del orden social, ya se planteaba la creación de bases de datos que posibilitaran la lucha contra el crimen. Esto se puede encontrar de igual forma en la denominada Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LSNSP) —Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1995). Si bien durante el gobierno de Ernesto Zedillo la extensión del uso de bases de datos estadísticos significó una importante transformación en el alcance de las políticas de seguridad, la relevancia otorgada a la información obtenida —no solamente de los grupos dónde se localizó la raíz del delito y la violencia, sino de la población en general— pareció tender a administrar, gestionar, controlar y vigilar relaciones sociales con el fin de disminuir el deterioro del llamado «tejido social». Situación muy distinta en la actualidad, en el sentido de que la noción de "tejido social" se ha transformado de causa de la delincuencia a ser el "cobijo" de la misma, incluso señalando que se encuentra arropada bajo la protección de "familias y comunidades enteras".
La actual estrategia planteada en el Acuerdo recientemente firmado, busca penetrar en ese "tejido social", a través de impulsar acuerdos nacionales e internacionales (como la Iniciativa Mérida y la Plataforma México) que tienden a propiciar la instalación de tecnología avanzada en materia de vigilancia: localización mediante sistemas de GPS, equipos de Circuitos Cerrados de Televisión, biométricos, scanners de rayos gamma, software de rastreo y administración de datos, entre otros. Esta clase de equipamiento, financiado con recursos públicos, ha sido licitada, en muchos casos, a empresas privadas, las cuales proporcionan en muchas ocasiones a los cuerpos de seguridad, además de equipo, capacitación y mantenimiento, manuales de operación, entre otros servicios. Muchas de estas empresas funcionan bajo lógicas no sólo policiales sino también militares. De hecho en el país se han identificado empresas encargadas de la seguridad de espacios vitales para la economía o política del país (centros comerciales, centros bursátiles, embajadas, oficinas de empresas extranjeras) que funcionan siguiendo manuales de operación utilizados en zonas de conflicto en algunos países deÁfrica o la franja de Gaza.
Esta nueva lógica de la seguridad pone en la mesa de discusión el problema de la articulación entre la seguridad que proporciona el Estado y aquella que viene de los organismos privados, en la medida en que las instituciones gubernamentales en el país, aún en proceso de consolidación, conservan prácticas autoritarias y poco transparentes que se agudizan en un contexto como el nuestro, con una significativa debilidad institucional. En ese sentido, el presente documento expone el desarrollo de la seguridad privada en México en los últimos diez años, y el papel que se le otorga en el reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El argumento de este documento es que, dadas las actuales condiciones institucionales, la expansión de los servicios de seguridad privada, sobre todo aquellos orientados al abastecimiento de servicios basados en el diseño y mantenimiento de bases de datos y el desarrollo de nuevas tecnologías, podrían propiciar si no se tiene el cuidado necesario, la reproducción de prácticas autoritarias, en la medida que utilicen dichas bases de datos con fines de control social y político.
Para desarrollar este argumento el documento se divide en cuatro partes. En la primera, se presentan algunos conceptos básicos para el análisis, orientados a entender la relación entre la seguridad pública y privada, sobre todo con el objetivo de mostrar la importancia que tiene en dicha relación las condiciones políticas e institucionales: son éstas las que permiten que la vigilancia se oriente más hacia el bienestar de la población o, por el contrario, a hacia su control. En la segunda parte se plantea el desarrollo de la seguridad privada en México durante los últimos diez años, con el objetivo de mostrar su crecimiento así como el cambio de orientación, la cual se dirige cada vez más hacia los servicios de administración de bases de datos y nuevas tecnologías de vigilancia, más que hacia las formas tradiciones de custodia y protección de personas y bienes. Mientras que en la tercera parte se analiza el lugar de la seguridad privada en el contexto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Finalmente, se plantean algunas reflexiones entorno al potencial riesgo que implica la relación entre seguridad pública y privada, en un contexto de consolidación de la democracia -como en el caso de México.

1. De la vigilancia del Estado a la vigilancia de las corporaciones privadas

Según Giddens (1985), la vigilancia puede ser considerada una condición necesaria en la consolidación del poder administrativo del Estado. Según este autor, tal relación queda constatada cuando la capacidad de proveer bienestar a una población depende de su capacidad para monitorear las necesidades y las formas de vida de sus ciudadanos. Incluso, la vigilancia se incrementa en aquellos Estados donde la democracia comienza a consolidarse, en la medida que funciona como condición de posibilidad para garantizar las demandas de igualdad y equidad, así como los derechos ciudadanos (Dandeker, 1990). En este sentido, señala Giddens (1993), la vigilancia deviene primordial para cualquier tipo de organización política inscrita históricamente en el desarrollo de la modernidad y al despliegue del capitalismo, advirtiéndose que la consolidación de la administración en los Estados-nación modernos depende de "...la supervisión de las actividades de la población en la esfera política, aunque su importancia no esté bajo ningún concepto limitada a esa esfera" (Giddens, 1993: 62). Incluso en un amplio sentido, los primeros dispositivos de vigilancia organizados de forma burocrática y racional se encuentran ligados a los procesos de pacificación fundados de los nacientes Estados-nación, en los albores de la era moderna (Giddens, 1985).
Los censos, al igual que la utilización de papeles de identidad personal, pasaportes y otras formas de identificación de los ciudadanos, han especificado a los distintos dispositivos de vigilancia que han hecho viable la constitución de una mirada racional y organizada sobre la población. El desarrollo actual de la tecnología allana el refinamiento y expansión de estos dispositivos de vigilancia que escudriñan a poblaciones, grupos y personas, haciendo aquellos más especializados y técnicos. No obstante, en la sociedad contemporánea, la tecnología no produciría nuevos espacios de vigilancia, sino, al contrario, incrementaría su sensibilidad y profundización en los lugares y situaciones que requieren —por su importancia en el desenvolvimiento efectivo de sus operaciones— de una observación sistemática1. El desarrollo acelerado de los sistemas de cómputo y las bases de datos apuntalaría la capacidad de almacenamiento y manejo de distintos tipos de información por parte de los estados, ya no únicamente proveyendo modos de vigilar, sino también herramientas para la gestión del comportamiento de grupos sociales y de la vida de las personas.
Si bien la lógica de la vigilancia estuvo en una primera instancia en las manos de los Estados-nación, en la actualidad, la capacidad de recolección, almacenamiento y manipulación de grandes bases de datos también es llevada a cabo por entidades privadas con claras intenciones de administrar y gestionar a determinados grupos de la población (Higgs, 2001). En este sentido, la manipulación de datos, tanto por entidades públicas como privadas, genera un cambio en las formas tradicionales de vigilar a la sociedad, en la medida que superan la distancia y las barreras físicas en tiempo real, extendiendo su capacidad de intervención. De igual forma, permiten recuperar, combinar, analizar e intercambiar información; y, sobre todo, disponen de la invisibilidad de quienes controlan esa información frente a quienes son vigilados.
Por otro lado, a causa de la disgregación del monopolio estatal de la violencia, la aparición de ciertos mecanismos burocráticos de control y regulación permiten acoplar los procedimientos de la seguridad privada con los usos del poder estatal (Volkov, 2000; Marquis, 2003). El contacto entre las empresas de seguridad y las instituciones estatales dispondría —mediante cierta organización y legalización— de la creación de espacios de control y bienestar que usualmente escaparían a la seguridad pública, generando —de acuerdo a cierta lógica inscrita en el orden del Estado y el mercado— formas particulares de categorización de la población para su gestión y administración (Klein, Luxenburg y King, 1989; Marquis, 2003; Ericson y Haggerty, 1997). No obstante, este tipo de lógica se encuentra ya muy expandido a escala global, su funcionamiento se encuentra anclado a los valores culturales, así como a las formas de organización política y social de cada país (Lyon, 1994). De manera que la organización y los efectos de los dispositivos de vigilancia adquieren tipologías particulares, dependientes del entorno al que se aplican.
Así, por ejemplo, en países de Europa y Norteamérica, se ha podido advertir que la vigilancia se emplaza en un marco donde la evolución de las instituciones estatales se ha armonizado con una alta concentración de la autoridad política, con un sistema de representación política sólida y con la expansión de la definición y protección de los derechos ciudadanos (Dandeker, 1990). De modo general, esto ha permitido la consolidación de mecanismos de regulación de las relaciones entre gobernantes y gobernados, de administración de las naciones por una reglamentada en su funcionamiento público, más que por prácticas clientelares, así como una administración de la sociedad a través de una vigilancia burocrática. Dicha vigilancia afirmaría su funcionamiento mediante procedimientos normativos y reglamentarios específicos, así como transparentes (Dandeker, 1990).
Sin embargo, en algunos otros países, como el caso de México y en gran medida de los países latinoamericanos, los Estados exhiben problemas para concentrar de manera consistente la autoridad y el poder político, y donde sus sistemas de representación política son altamente ineficientes. En este contexto, la forma en como se organiza la vigilancia pareciera no haber permeado del mismo modo que en Europa, Canadá o EE.UU. Al contrario, en aquellos países parecería que la vigilancia de la población satisface más los intereses de las elites gubernamentales y de los grupos económicos, quienes utilizan la información obtenida para asegurar la reproducción de sus condiciones de dominación.
En los países donde las prácticas clientelares permanecen como zonas intermedias entre la administración personal y la administración burocrática, la vigilancia es llevada a cabo, al mismo tiempo, por entidades plenamente localizadas como anónimas. Para Dandeker, en las sociedades bajo la disposición de relaciones clientelares, "las actividades de vigilancia son efectuadas por especialistas intermediarios, quienes son autónomos tanto de los controles de población, como de la disciplina normalmente impuesta por los sistemas burocráticos modernos" (1990: 43). En todas las sociedades, de acuerdo a Bourne (1986), las relaciones de clientela se definirían en tanto relaciones durables y recíprocas de amistad verticales o transversales, comprendiendo cierta inequidad en las relaciones de poder, reciprocidad de los servicios y la intimidad de la amistad, siguiendo un principio de satisfacción de intereses privados. Las relaciones clientelares proveerían a las bases administrativas de sistemas de reglas en Estados donde "la integración política y mediación social está limitada por la debilidad de las fuerzas del mercado y la ineficacia del gobierno central" (Bourne, 1986: 8).
Desde este punto de vista, la seguridad privada en un contexto de una débil institucionalidad democrática, parecería estar inserta en cierta lógica clientelar, donde el Estado —luego de la parcelación de sus labores de administración, gestión y control de la seguridad— estaría cediendo el uso de la fuerza, de la violencia y el miedo a organismos periféricos. En países como México, por ejemplo, en un marco de altos índices de crimen, violencia y temor, el incremento de las empresas de seguridad privada como recurso para la gestión del riesgo pone de relieve la debilidad de las nacientes instituciones democráticas y, aún más, la pronunciada desproporción entre los sectores con mayores medios de hacerse de protección y aquellos que los carecen, es decir, entre las clases económicamente poderosas y aquellos ciudadanos dejados bajo la protección de un Estado disminuido (Smulovitz, 2005; Pansters y Castillo, 2007).
En el caso de México, como se mostrará a continuación, el incremento del sentimiento de inseguridad ha generado una expansión de la seguridad privada. No obstante, dadas las condiciones de debilidad de las instituciones democráticas, la persistencia de prácticas clientelares ha propiciado el intercambio y la coordinación no regulada de esta información, lo que incidiría en prácticas de control social y político de los ciudadanos. Para mostrar este proceso, se analizará la evolución histórica así como las incidencias económicas y sociales de los organismos no públicos de seguridad en México, con el fin de explicar los cambios y desplazamientos que han permitido su auge y consolidación, para posteriormente observar el papel relevante que adquieren en la actualidad con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

2. Desarrollo de los organismos de seguridad privada en México

En estos años es posible observar un crecimiento exponencial de los organismos privados de seguridad o, como Volkov (1999) apuntaría, de las corporaciones empresariales que generan ganancias, legalmente, a partir de la administración de cierta violencia en lugares determinados. En la actualidad, los servicios de seguridad privada abarcan no sólo aspectos relacionados con el oficio de guardia, se vinculan también a actividades que incluyen la instalación y el mantenimiento de alarmas, la investigación, el manejo de bienes y valores, la consultoría, la instalación de sistemas electrónicos de vigilancia y de seguridad (Newburn, 2001). En general se puede decir que, las principales empresas en México dividen sus actividades en tres grandes sectores2.
El primero de ellos está orientado a la seguridad de la información de empresas y entidades públicas, con el fin de salvaguardar su integridad y disponibilidad a través de sistemas de administración de seguridad de bases de datos, garantizando la protección de los sistemas de cómputo, de las transacciones electrónicas, así como el respaldo y la recuperación de información, particularmente electrónica y multimedia. Estas empresas ofrecen servicios de contraespionaje industrial, detección de líneas telefónicas intervenidas, sistemas electrónicos de monitoreo, así como "barridos electrónicos" para detectar fugas de información, análisis de llamadas telefónicas y monitoreo satelital (GPS). Un segundo grupo de empresas instala dispositivos electrónicos de vigilancia que proporcionan control sobre el acceso a empresas, casas habitación y fábricas, tales como teclados de contrachapa eléctrica, lectoras biométricas de mano, lectoras de proximidad, tarjetas con bandas magnéticas, lectores del iris y de pulgares, sensores de movimiento y video porteros. Incluso, algunas empresas ofrecen sistemas basados en el desarrollo de inteligencia artificial que, a partir del algoritmo NMD (Non-Motion Detection), permiten el análisis en video de comportamientos sospechosos. El tercer vector de esta actividad se encuentra dirigido a la instalación y comercialización de sistemas de blindaje en diferentes tipos de vehículos automotores. Gran parte de estas empresas sostienen un discurso tendiente a reforzar el sentimiento de inseguridad, teniendo como efecto la percepción de necesidad de recurrir a sus servicios, en la medida que consideran existe un entorno hostil para el cual habría que echar mano de dispositivos de seguridad sustentados en criterios de ponderación de riesgos y del cálculo probabilístico de situaciones de peligro.
En México, desde la primera Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1995) se definen a los organismos de seguridad privada como auxiliares de las acciones desplegadas por el Estado mexicano a través de las instituciones de seguridad pública, realizando actividades suplementarias para la obtención de información valiosa, tendiente al análisis y el establecimiento de posibles rumbos de las políticas públicas respecto a comportamientos delictivos y violentos. Conforme a esta Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las empresas de seguridad privada deben acatar cierta normatividad nacional o, dado el caso, estatal, así como de registrar su personal, equipo e información estadística al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este mecanismo de control gubernamental sobre las instancias privadas no se ha eliminado. Al contrario, ha sido aumentado y extendido, sobre todo persiguiendo eliminar riesgos de carácter administrativo, social o, en algunos casos, económico y político.
Se puede observar que la exigencia de seguridad se presenta en áreas de mayor importancia para ciertos grupos sociales (zonas habitacionales, empresas, edificios públicos) o para procurar la protección de las personas. Por ello, la primera esfera de actuación de esta clase de seguridad se encuentra en aquellas empresas dedicadas al resguardo de bienes y personas, las cuales utilizan sistemas electrónicos de control de acceso (cercas, casetas de vigilancia y control, alarmas) y protección personal (logística de vigilancia y salvaguardia, uso de armas no letales o, en algunos casos, letales). En general, la seguridad privada se orienta a resguardar zonas residenciales habitadas por ciudadanos con altos ingresos económicos, además de edificios industriales, financieros o comerciales e inmuebles oficiales, gubernamentales, nacionales y extranjeras (consulados, embajadas, etc.). En estos casos se ha podido observar el empeño por la creación de espacios óptimos para el desenvolvimiento de sus actividades en medio de un supuesto escenario de riesgo.
La expansión de la seguridad privada en México solamente se puede entender en el contexto de crecimiento de esta industria a nivel global. De hecho, muchas de las empresas de seguridad privada en el país se encuentran vinculadas con empresas en el extranjero. Por ejemplo, se ha podido observar que Israel ha desarrollado una importante industria dedicada a proveer mecanismos de protección de tipo privado. Como resultado de las circunstancias históricas en que se ha desenvuelto este país ha definido una respuesta a la inseguridad, reconociendo, al mismo tiempo, la posibilidad de consolidarse como un paradigma al respecto, engarzando economía, política, milicia, tecnología, seguridad y empresa. De este modo, la industria de seguridad israelí respalda a compañías que exportan tecnología de vigilancia a México, incluyendo también asesoría, capacitación y mantenimiento. Este es el caso de empresas como: Magal Security Systems LTD, D-Fence Electronic Fencing and Security Systems Ltd., Mer Group, Ness Technologies-TSG (Telecom & Systems Group), Tadiran Electronic Systems Ltd., Verint Systems, DDS-Daniel Data Systems, Cellocator Ltd., Nir-Or Ltd, International security and marketing Ltd. - R.C.I, S. E. Yardeni (Metal Products) Ltd., Servision Ltd., Phone-Or, Dekolink Wireless Ltd., ISC Group. Otras compañías israelíes, aunque no respaldadas por el gobierno de su país, han presentado sus productos y servicios relacionados con la vigilancia. Algunas de estas compañías son: KP Electronic Systems, Kramer Electronics LTD., Visonic. La tecnología que producen estas compañías, y que a México podría ser exportada, se aplica a varios ámbitos, de la mera protección física a los dispositivos electrónicos de vigilancia y sistemas biométricos: protección física, detección de intrusión, consultoría, entrenamiento y servicios, seguridad perimetral, C4I (Comando, control, comunicaciones, computadoras e inteligencia), video vigilancia, rastreo y detección de movimiento, control de acceso, rastreo de telecomunicaciones. Asimismo, existe un grupo de compañías negociadoras reconocidas por el gobierno israelí, especializadas, entre otros, en productos de seguridad o en telecomunicaciones (incluyendo equipos de vigilancia para la comunicación), cuyos clientes son mexicanos. Algunas de estas empresas son: Isrex (94) Ltd., IDR International Marketing Ltd., Aikap Group Ltd., Tamid - The American Israel Development Corp. Ltd., Marcelo Schottlender Consulting.
Cabe decir que estas compañías ofrecen sus productos y servicios a cualquier cliente: gobiernos federales, estatales y municipales, bancos, hospitales, empresas privadas, etc. De igual modo, el gobierno de Israel reconoce un fuerte mercado para las tecnologías de vigilancia producidas por ese país en economías emergentes de Latinoamérica, Europa del Este y Asia. Algunos países con los que han establecido relaciones comerciales en este rubro son Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, República Checa, Polonia, los países del Báltico, Uzbekistán, Tajikistán, Azerbaiján, China, Hong Kong, Corea del Sur, India, Japón, Filipinas, Tailandia o Taiwán3.
De igual forma, en México se está produciendo un nuevo contorno para la producción de conocimientos alrededor de la seguridad privada. La preocupación nace de la necesidad de las empresas de seguridad privada por poder establecer un mecanismo de protección de la profesión, regular su cualificación y definir su estatus frente a otras profesiones. Al igual que el ejercicio policial, en México aún está en ciernes una profesionalización de la seguridad privada. En este sentido, las empresas de seguridad más fuertes tratan de unificar y dar forma a la experiencia a través del intercambio de información entre iguales, y por la propia experiencia, estableciendo dispositivos de enseñanza que permitan certificar sus conocimientos. La mayoría de las instancias de seguridad privada que se encuentran en el país, y que están buscando la certificación de la profesión, se encuentran vinculadas a empresas internacionales que tratan también de legitimar sus conocimientos. Por poner un ejemplo, la publicación bimestral Seguridad en América -con circulación en la República mexicana y más de 15 países de Latinoamérica-, está relacionada con la American Society for Industrial Security Chapter México, que tiene como propósito proporcionar a las industrias de seguridad electrónica, de las tecnologías de la información y seguridad privada, así como de los avances tecnológicos, conocimientos y cursos de profesionalización.
Este ambiente ha favorecido el desarrollo y sostenimiento de este tipo de empresas. Si uno recurre a las cifras oficiales se puede observar este proceso. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 1989 se censaron en el país 210 empresas catalogadas en el rubro de protección y custodia; para 1999, el número alcanzaba 1 857 unidades. Para este último año, el total de ingresos obtenidos por estas empresas sumaban 2 500 millones de pesos (267 millones de dólares), cantidad superior al presupuesto, para ese año, de la Policía Federal Preventiva (PFP), que ascendía a 1 704 millones de pesos (177 millones de dólares). En contraste, para 2004, el INEGI censó 2 126 unidades económicas, con ingresos que suman 17 mil 406 millones de pesos (2.380.795 millones de dólares), con 117.852 personas ocupadas. De acuerdo a la misma fuente, en 1999 se documentaron en la Subrama 56.161 (Servicios de protección y custodia, mediante monitoreo), que incluye personal de seguridad de inmuebles y protección de personas (guardaespaldas y escoltas) ingresos de 2.196 millones de pesos (228 millones de dólares). Mientras que en el año 2004 se censaron 1.462 unidades económicas con ingresos de 15 mil 025 millones de pesos. Para el caso de la Subrama 56.162 (Servicios de protección y custodia mediante monitoreo de sistemas de seguridad) que comprende monitoreo electrónico de bienes muebles e inmuebles, instalación y mantenimiento de dispositivos como alarmas silenciosas, radio alarmas, cercos eléctricos, entre otros, el INEGI en 1999 se obtuvieron ganancias de 402 millones de pesos (41 millones de dólares); en cambio, en 2004 se censaron 664 unidades económicas, con ingresos de 23 mil 807 millones de pesos.
Este crecimiento tanto del número de empresas dedicadas al negocio de la seguridad, como de sus ingresos, permite advertir ciertas modificaciones en la actuación del Estado mexicano para brindar protección a la población, aunadas a la depreciación y demanda de seguridad pública en tanto derecho social. Cabe señalar que, de acuerdo al Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP), se calcula que el gasto en seguridad por particulares alcanza los 120 mil millones de pesos, que representaría el 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que el gasto empresarial en el mismo rubro suma 64 mil 350 millones de pesos, cantidad equivalente al 0.8 % del PIB (El Universal, 27/08/08).
Estos datos muestran la relevancia y peso significativo que ha adquirido la seguridad privada en México, no sólo por la cantidad de recursos humanos y económicos que moviliza, sino por su capacidad de generar información, así como por articularse a entidades privadas y públicas. Lo que le permite jugar un papel relevante en la organización de la sociedad. No se puede pensar el problema de la inseguridad y de las políticas orientadas a su contención sin tomar en cuenta la intervención de esta industria. Pero ello obliga a pensar en los mecanismos en cómo se acopla, en particular, con las entidades públicas encargadas de la seguridad pública, en la medida en que mucha de la información que generan de forma independiente y coordinada con los organismos públicos puede ser utilizada para fines distintos a los de la seguridad pública, algo que resulta propicio en un contexto como el nuestro donde existe una importante debilidad en las instituciones encargadas de hacer frente a la inseguridad.
Hay que señalar, en este sentido, que el mayor mercado para las empresas de seguridad se encuentra en el desarrollo de sistemas de información y la comercialización de tecnología de distinto tipo que permiten la vigilancia de amplios sectores de la población. Es por ello que en la actualidad, la relación entre las empresas de seguridad pública y seguridad privada ha adquirido un matiz particular. Con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, las empresas de seguridad privada proveerían buena parte de la infraestructura para la vigilancia de la población del país, de igual manera que estaría acoplando su actividad con las instancias gubernamentales.

3. Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Al igual que la puesta en marcha de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1995) y del Plan Nacional de Seguridad Pública (1998), la reciente firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en agosto de 2008, se efectúa en un contexto marcado, particularmente, por un incremento del sentimiento de inseguridad -aunque en la actualidad se encuentra dibujado específicamente por el secuestro y asesinato de Fernando Martí, miembro de una connotada y poderosa familia mexicana.
En general, el Acuerdo recientemente suscrito reproduce de alguna forma el diagnóstico planteado tanto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, como de la instalación del Consejo Nacional de la Seguridad Pública, al igual que la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia. En todos estos casos, se acepta que la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como un ambiente generalizado de inseguridad y violencia, están afectando profundamente a la sociedad mexicana; situaciones expresadas tanto por la delincuencia común como por el crimen organizado. De la misma forma, se admite que "el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, como problemas desatendidos a lo largo de décadas"4: Deterioro que se incrementa por "la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales"5.
Resulta igualmente significativo que se refrende, en el planteamiento del Acuerdo, una estrategia nacional en materia de seguridad pública soportada en la articulación de políticas integrales para la prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación. En ese sentido, se puede observar cómo se plantea, con otras palabras y términos, la necesidad de establecer una política de seguridad como política de Estado, poniendo especial énfasis en la coordinación, cooperación e intercambio de información entre los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno. Por otra parte, resulta relevante el que se plantee nuevamente como fundamental el que ciudadanos, la sociedad civil y sus organizaciones más representativas, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas, participen en la formación de mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación. De igual forma, como en otras ocasiones, el Acuerdo formula la necesidad de constituir una instancia ciudadana que respalde, dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos que el gobierno establezca mediante indicadores de gestión 6. El discurso que recorre el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, vuelve a la idea recurrente de echar a andar "un proceso de construcción de una nueva institucionalidad", buscando atender, no sólo los problemas de seguridad pública más inmediatos, sino sus causas estructurales, que funciona como caldo de cultivo de la inseguridad y la violencia7. Como en otras ocasiones, la delincuencia es considerada un problema complejo con soluciones que sólo se pueden establecer si se parte de un enfoque integral8.
En este sentido, y no obstante que en el Acuerdo se puede observar el regreso a los lugares comunes sobre las estrategias contra la inseguridad planteadas en el pasado, es importante señalar que existe un énfasis particular en el diagnostico de la inseguridad, enfocado hacia el problema que representa en la actualidad el secuestro, el narcomenudeo, y sobre todo, el lavado de dinero. La mayoría de estos hechos delictivos son considerados en el Acuerdo como acciones que encuentran cobijo en familias y comunidades enteras, que dañan el "tejido social". Esto representa un desplazamiento importante en el diagnóstico contra la inseguridad, en tanto que en el pasado los distintos tipos de delitos eran considerados como producto de los problemas de descomposición y desarticulación social, ahora se le visualiza como el resultado de un acto generado por familias y comunidades, en una especie de acto voluntario que tiene por fin producir un daño específico. Este giro hace propicio que se subraye de forma más clara la necesidad de desarrollar una serie de dispositivos de vigilancia que abarquen un mayor número de grupos sociales.
Por ello no es extraño que se sugiera en el actual Acuerdo el desarrollo y expedición de la cédula de identificación, así como el acceso a las bases de datos de las compañías de telefonía móvil (que incluye la ubicación física de los móviles en tiempo real), hasta la adaptación de los registros electrónicosde trabajadores, proveedores y clientes de la CURP (Clave Única de Registro de Población), pasando por la construcción de bases de datos que permitan el control social, articulados un gran número de ellos a la Plataforma México. De la misma manera se establecen criterios de vigilancia para sectores específicos de la población, por ejemplo la instauración de un sistema biométrico para los procesados con libertad bajo caución. Hay que señalar que también se pretende formar un sistema de información criminal. Para el caso de la población en edad escolar, se busca reforzar el programa "Escuela Segura". En el caso de las áreas dedicadas al combate a la inseguridad, crear bases de datos, que además puedan intercambiarse entre distintas dependencias. Todos estos dispositivos de vigilancia implican la participación de entidades privadas en el manejo, administración, logística, control, mantenimiento, evaluación, gestión y capacitación de los equipos de vigilancia y seguridad, así como la venta de software, tecnología, manuales de operación y la contratación de recursos humanos. La relación con las empresas de seguridad privada que proporcionan este tipo de insumos se realizaría a través de licitaciones, como se considera, por ejemplo, para el caso de la Plataforma México, muchas de ellas extranjeras, o filiales de grandes corporativos internacionales asentados en el país. De entrada no se puede negar la importancia de esta clase de empresas para el desarrollo de esta clase de vigilancia que en este momento se requiere; sin embargo, no se puede dejar fuera de la discusión que hasta el momento los mecanismos de control de los flujos de información no resultan ser, para el caso de México, los más eficaces ni, paradójicamente, los más seguros.
En otras palabras, en México, donde la vigilancia se lleva a cabo, como en otros países, con una importante fragilidad institucional, por especialistas intermediarios que son autónomos tanto de los controles de la población como del gobierno, la tendencia es que la vigilancia tienda a soportarse en relaciones de poder basadas en la inequidad, la reciprocidad de los intereses privados, más que bajo reglas y normas altamente burocratizadas. Dadas las débiles condiciones institucionales del Estado en México, donde la integración política y la mediación social están limitadas por los movimientos del mercado y la ineficacia del gobierno, la vigilancia tendría amplias posibilidades de organizarse a partir de criterios que satisfacen más a los intereses de las élites gubernamentales y de los grupos económicos, quienes utilizan la información obtenida para asegurar la reproducción de sus condiciones de dominación, lo que en algunos casos podría incrementar los escenarios de violencia. De ahí la necesidad de pensar los posibles riesgos que podría traer consigo el que no se tomará con cuidado el papel de las empresas privadas de seguridad en el planteamiento estratégico contra la inseguridad que plantea el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

4. Democracia y sociedad de la vigilancia: una reflexión para México

Como se ha señalado, el reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad pone en la discusión el problema de la articulación entre la seguridad que garantiza el Estado mexicano y aquélla proveída por los organismos privados, tomando en cuenta que las aún poco consolidadas entidades gubernamentales en el país conservan prácticas autoritarias y poco transparentes, situación que parece incrementar prácticas poco democráticas, en un contexto institucional débil. Por ello, el presente documento analizó la orientación que ha adquirido la seguridad privada en México durante la década reciente, y el lugar que ha tomado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008. Tomando como punto de partida las actuales condiciones de debilidad institucional, se puede advertir que los instrumentos suministrados por las empresas de seguridad privada permitirían la reproducción de prácticas autoritarias, al establecerse medios para el control social y político mediante el uso de la información obtenida por los organismos no públicos de seguridad. Se presentaron, en primera instancia, algunos conceptos básicos, necesarios para el análisis de la relación entre la seguridad pública y privada en México, resaltando la correlación entre seguridad, democracia, administración, gestión y control de riesgos y vigilancia de la población, así como su interacción con la tecnología actual. Así mismo, se ha analizado el desarrollo de la seguridad privada en México en alrededor de una década (1995-2008), señalando su relación con el Estado mexicano, sus modos de operación y efectos latentes luego de establecerse como intermediario en operación de protección que ha venido dejando de ejercer aquel, sobre en el contexto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
De acuerdo al análisis aquí realizado, se ha podido observar la incidencia de nuevas formas de lógica de control social, las cuales, como lo afirma Marx, "...ayudan a crear una sociedad donde todos son culpables hasta que prueben que son inocentes; la tecnología permite de forma continua, al igual que intermitente, garantizar el monitoreo de la sociedad" (Marx, 1988: 219). La firma del reciente Acuerdo permite advertir la constitución de prácticas de vigilancia de la población, tendientes al control y monitoreo de sus acciones, buscando reducir supuestos riesgos inscritos en el "tejido social". Para cubrir este objetivo, y dadas las circunstancias institucionales en el país, con una aún incipiente democracia, con condiciones de profunda desigualdad y exclusión, el gobierno parece buscar medidas de contención de riesgos y peligros, identificados, sin embargo, en el interior de la población. Con todo, aparentemente el umbral de protección social del Estado mexicano se ha reducido en un amplio margen. Para extenderse, ha comenzado a echar mano de organismos no públicos de seguridad, los cuales se instalan en un espacio intermedio entre los controles ciudadanos y aquéllos determinados por el gobierno. Aún así, el gobierno mexicano ha implementado una estrategia de vigilancia de la población llevada a cabo mediante lógicas de administración que no refieren al poder del Estado ni al control de la sociedad. Al diluirse el monopolio estatal sobre la violencia, y al desaparecer las protecciones sociales, la seguridad está siendo elaborada de acuerdo a modelos que tratan de salvaguardar más el beneficio económico y político, mediante prácticas clientelares, que dejan en manos de intermediarios las soluciones en materia de seguridad.
Para el caso de la gestión de la violencia y la inseguridad por parte de instituciones y organismos de tipo policial, el retiro interventor del Estado es claro. Cuando éste parece ya no definirse como el único detentador de uso y control de la violencia y la protección, en tanto ciertos mecanismos de pacificación se han fragmentado, se posibilita la aparición de organismos no públicos de seguridad. Esta clase de entidades tienen relevancia en tanto pueden ser consideradas espacios para la toma de decisiones y acciones estratégicas, dependientes de intereses de particulares, emplazadas a organizar, de forma legal, medios que facilitarían el libre flujo de capitales (Volkov, 1999). De acuerdo a Marquis (2003), la seguridad privada buscaría predecir y prevenir pérdidas económicas, vigilando y administrando el riesgo; riesgo no para el ámbito político, para el Estado o para el interés público, sino para la obtención de beneficios. Por este motivo, la aparición de los organismos privados de seguridad estaría estrechamente empalmada con procesos sociales, políticos y sobre todo, económicos ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XX: cierta crisis presupuestaria que limita en gasto en seguridad pública; la expansión de industria especializada que requiere tipos específicos de vigilancia y protección; el afianzamiento del principio gerencial de seguridad que motiva a ciertos grupos sociales y económicos a demandar criterios particulares de eficiencia para resguardar sus espacios de trabajo, producción y vivienda; un sector público sobrecargado, desfallecimiento en los pagos de impuestos; modificación en la percepción pública sobre los índices del crimen; y insatisfacción de los grupos de negocios con la actuación de las instituciones de seguridad pública (Volkov, 1999; Marquis, 2003).
En las sociedades llamadas modernas, en medio de lógicas de exclusión, violencia y miedo, los mecanismos gubernamentales de administración, gestión y control de las poblaciones se diseminan gracias a diversos dispositivos de vigilancia que generan, a su vez, cierta unidad administrativa y una definición de sus fronteras, tanto interiores como exteriores (Giddens, 1985), mediante un «uso sistemático de la violencia», esto es, conforme a la instrumentación de cierta organización y regulación de la seguridad en los distintos espacios de la vida cotidiana. Los instrumentos utilizados para este propósito recorren una amplia gama de aspectos: organizaciones militares que devienen en policiales, recopilación documental de información (huellas dactilares, fotografías, grabaciones en video, bases de datos, etc.), codificación de la información, supervisión y documentación de las actividades poblacionales, vigilancia gracias a diversas tecnologías (desde el uso de CCTV, micrófonos, scanners, etc.), prácticas undercover y de inteligencia, acoplamiento y intercambio de tecnologías de la información y de sus archivos, entre varias otras (Giddens, 1985; Marx, 1988; Lyon, 1994).
Las nuevas prácticas de vigilancia, gestión y control social parecen refinarse cada vez más. La tecnología utilizada para echar a andar las recientes políticas de seguridad, da cuenta de formas que inciden más en la gestión de pequeños miedos, de la administración del terror y la inseguridad, más que la instauración de perspectivas de protección. La cuestión de la seguridad en el país no puede entenderse sin encuadrarla en los órdenes nacionales e internacionales —sobre todo después de las relaciones establecidas con los Estados Unidos después de los atentados al World Trade Center. La creciente desertificación del terreno político a escala global, permite entrever una metamorfosis en las prácticas de control y gestión de la población, caracterizada por el ejercicio impersonal, exacto, metódico y desarticulador de la violencia. Este diagnóstico ya lo advierte, en un reciente texto, el filósofo esloveno Slavoj •i•ek:

"Hoy en día, el modo predominante de política es la biopolíticapospolítica [...] la 'pospolítica' es una política que reclama dejar atrás las viejas luchas ideológicas y, en vez de eso, enfocarse en la administración y manejo expertos; mientras la 'biopolítica' designa, como primordial meta, la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas. [...] con la despolitizada, socialmente objetiva, experta administración y coordinación de los intereses como nivel cero de la política, la única manera de introducir pasión en este campo, para movilizar activamente a la gente, es a través del miedo, un constituyente básico de la subjetividad actual. Por esta razón, la biopolítica es, en última instancia, una política del miedo, enfocada en la defensa de la potencial victimización o acoso" (•i•ek, 2008: 34)

En México, la irrupción de políticas de seguridad como las antes analizadas, determinadas por cierto discurso de la sospecha, de la victimización, de fragmentación del poder, a largo plazo, podrían reconducir la organización de la sociedad. En un Estado donde las instituciones democráticas están desalineadas, las políticas de protección recurren más a la gestión del riesgo y la violencia. Los organismos no públicos de seguridad, al situarse en un nicho económicamente aprovechable y abandonado por el Estado, únicamente pueden interactuar con las normas impuestas por éste y aquellas consideradas por la sociedad, como intermediarios entre ellos. No obstante, el rol que juegan las empresas que brindan seguridad privada en México es el resultado de políticas económicas y sociales elaboradas por décadas, y que, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, toman un sentido distinto, definido por la patente necesidad de vigilancia y control del miedo, instalada en el discurso del Estado mexicano. Tal como lo señala Foucault (1997; 2004), el advenimiento de ciertas prácticas que enredan política, economía, ideología, movimientos sociales, burocráticos, entre otros, están íntimamente relacionados unos con otros, todo tendiente a articular una disposición que permita mantener a la sociedad en un estado sostenido. El asentamiento de la seguridad privada en el país bien pueda puntualizarse como una solución al problema de la seguridad, aunque, sin duda, con causas y consecuencias específicas —dadas las condiciones institucionales que privan en México— que deben aproximarse al análisis.

Notas

1 Esto implica, como apunta Castel (2003), un mayor esfuerzo para aumentar la capacidad y extensión los dispositivos de vigilancia, pues, paradójicamente, existiría la sensación de una reducción del umbral de protección y seguridad.

2 La información que se presenta a continuación se obtuvo del análisis de 18 documentos de un número igual de empresas de seguridad privada que prestan sus servicios de protección y vigilancia personal y electrónica en distintos países de América Latina, incluido México.

3 Un ejemplo de esta estrategia de seguridad está relacionado tras la firma del llamado Plan Mérida, cuando se anunció la contratación de 250 guardias privados de seguridad, con experiencia militar o gubernamental, que sean capaces de hablar español y tengan conocimientos de relaciones internacionales, autorizados para utilizar «fuerza letal» en caso de «amenaza extrema». En este sistema de seguridad intervendrían las secretarías norteamericanas de Defensa, Justicia y Estado. De acuerdo a la licitación federal estadounidense S-MX530-08-R-0001, «la embajada de Estados Unidos en México lanza la solicitud para requerir la operación y administración de los servicios de guardias locales para prevenir accesos no autorizados, proteger la vida, mantener el orden, evitar ataques criminales contra empleados, familiares y propiedades y evitar ataques terroristas contra bienes de Estados Unidos». Para esta clase de procedimientos, el gobierno estadounidense ha contratado, desde 2004, a la empresa de seguridad Intercon, empresa que opera en áreas sensibles para los EE.UU., tanto en ese país como en el extranjero (Milenio, 3/08/08; 4/08/08).

4 Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008).

5 Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008).

6 El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad toma además como punto de partida, en tanto marco normativo, la reciente reforma constitucional en materia de justicia penal.

7 Finalmente, en materia de reforma y de las policías, el Acuerdo pretende, al igual que LSNSP y el Consejo, depurar, creando un modelo de control de confianza, en distintos niveles involucrados en la seguridad pública. De la misma manera, se busca establecer, mediante una legislación al respecto, a través de la construcción del Sistema Nacional de Desarrollo Policial, donde se perfeccionarían los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país.

8 Para un diagnóstico más profundo de las políticas de seguridad pública implementadas tanto por la LSNSP, el PNSP y la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia: Arteaga (2006

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ACEPTADO: 24 de Setiembre 2009