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La aljaba

versión On-line ISSN 1669-5704

Aljaba v.11  Luján ene./dic. 2007

 

Una cuestión de derechos humanos

Mónica Molina

Editora Responsable y Directora de Urban@s en Red

Con aportes y propuestas concretas para frenar la violencia de género contra la mujer se realizó el 25 de noviembre el primer Encuentro Pampeano de la Mujer. Más de 50 mujeres de distintas organizaciones concluyeron en reclamar fuertes cambios en la visión de la justicia a la hora de tratar los casos de violencia contra la mujer. La iniciativa fue promovida por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer de la Universidad Nacional de La Pampa y la revista URBAN@S en Red, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
El encuentro, del que participaron más de 50 mujeres provenientes de diversas organizaciones civiles que trabajan la temática de género, o en relación con la mujer y organismos del Estado constituyó un espacio de articulación para hacer una puesta en común, analizar y construir a partir del intercambio de experiencias, estrategias sobre la problemática de la violencia hacia la mujer.
La generación de este espacio es en sí mismo es una herramienta necesaria, porque el 69% de la población femenina de América Latina y el Caribe temática, es víctima de abuso físico y, el 47% ha sufrido algún tipo de ataque sexual, según datos de Cepal.
Los testimonios de casos emblemáticos en la provincia de La Pampa, como fueron los juicios de Susana Reta y Patricia Sclavuno, ambas víctimas de violencia por parte de sus cónyuges, fueron un punto de partida para el análisis de cómo se está trabajando y los obstáculos que aparecen al momento de buscar vías de asistencia, contención y resolución de estas situaciones.
Por ello, es necesario considerar la importancia de este Encuentro, en tanto ámbito solidario, horizontal en el funcionamiento y cualitativamente rico en sus definiciones, sobre todo analizando las miradas que confluyeron, desde las personas damnificadas, responsables de áreas y de las mujeres que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil.

Desde dónde partimos

Cada organización, organismo, cada mujer pudo expresarse. "Esperamos de este espacio una herramienta para luchar contra la impunidad", expresó Cristina Gatica, dirigente de la CTA de General Acha; a su turno Sara Vidart, de Mujeres por la Solidaridad –que lleva diez años de lucha–, puso el acento en el Estado, a quien hay que exigir políticas claras en esta tema.
También la presidenta de la Fundación Grameen La Pampa, Zulema Izaguirre rescató la experiencia que realizan con los microcréditos otorgados a mujeres, y los cambios que han observado a partir del trabajo grupal, respecto de mejorar la calidad de vida de las mujeres, elevar la autoestima y poner freno a situaciones de violencia doméstica que han vivido alguna de las prestatarias de esa organización.
Marta Fernández, directora del Servicio de prevención de Violencia señaló que si bien hay que optimizar el servicio por la falta de personal, es un paso importante la jerarquización del organismo que supone la incorporación de profesionales, y la aplicación de la ley en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social.

Los aportes

Las deliberaciones grupales, la exposición de testimonios produjeron en el colectivo del Encuentro consideraciones y propuestas. Por una parte, asumir y hacer visible la violencia contra la mujer como problema.
De allí, que sea contundente el reclamo de las mujeres sobre la capacitación y la incorporación de la visión de género en la Justicia, puesto que este ámbito está impregnado por una concepción patriarcal entre la mayor parte de sus integrantes. Este fue un común denominador entre las distintas comisiones que debatieron sobre los cambios que son necesarios respecto del rol a la hora de excluir del hogar al agresor.
Por otra parte, la falta de asesoramiento jurídico es un obstáculo que impide el patrocinio legal gratuito para las víctimas.
También surgió con fuerza la exigencia al Estado sobre políticas públicas; en esto hay que señalar que estuvo ausente el Consejo Provincial de la Mujer, organismo que le cabe entre otros roles hacer el monitoreo en ámbito de la función pública sobre el incumplimiento de la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres.
Un tema no menor lo constituye la cuestión económica para resolver la creación de un lugar o refugio para la víctima. Como así también la existencia limitada de redes solidarias en las localidades o en los barrios como estrategia de contención y prevención de la violencia, por lo que se propone la creación de redes para la capacitación, la atención y asesoramiento.
Se consideró la importancia de hacer campañas de sensibilización a la comunidad y de brindar mayor información, para lograr compromiso de la sociedad. Evitar el lenguaje sexista en los medios, en la legislación para evitar la naturalización de la problemática.

El poder de los espacios en red

Esta síntesis apretada de las definiciones que se pusieron de manifiesto en el Encuentro permite reflexionar sobre la articulación, creación de redes o fortalecimiento de las existentes. Y esto no es un tema menor. Retomando a la distancia este espacio, hay que incluir en el análisis la construcción de instancias que sin dudas generan poder.
Así como hay instituciones hegemónicas en la concepción de ejercer y reproducir el poder y que impactan sobre la subjetividad y singularidad del colectivo femenino, como el derecho, las ciencias médicas o la propia educación, como aparato reproductor de ideología, es que se torna necesario considerar las potencialidades que surgen dando lugar a un entramado de solidaridad, discursos y producción de herramientas que determinan una forma distinta de generar y ejercer poder.
Casi paradójico. Mientras el poder del patriarcado expresado en sus más diversos discursos pretende ocultar la ferocidad de las marcas en la mujer, es justamente esta condición la que lo vuelve visible empujando hacia la construcción una estrategia de múltiples posibilidades.
Más arriba se mencionó los porcentajes de mujeres víctimas de violencia; las situaciones de maltrato físico, emocional y sexual no difiere de cualquier vejamen en contra de la persona humana, que es claramente una violación a los derechos humanos. Por ello, el Estado es el principal responsable de definir políticas públicas con asignación de recursos económicos y humanos que atiendan las demandas que genera la violencia contra la mujer; la omisión constituye una violación a los Tratados y Convenciones incorporados a la Constitución Nacional, y por lo mismo un impedimento al ejercicio de una ciudadanía plena para las mujeres.

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