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La aljaba

On-line version ISSN 1669-5704

Aljaba vol.14  Luján Jan./Dec. 2010

 

ARTÍCULOS

Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia del pueblo feminista

Women's movements in Argentina and the emergence of the feminist people

Graciela Di Marco
CEDEHU

Resumen: Este artículo se propone analizar el proceso de construcción del pueblo feminista, noción que hace referencia a la cadena de equivalencias que permitió la emergencia de un pueblo que excede al feminismo, pero del cual éste es un punto nodal. El pueblo feminista se opone al catolicismo integral y pretende un laicismo más profundo y con mayor democracia.
Se tomará en cuenta el desarrollo del movimiento de mujeres en Argentina desde el retorno de la democracia en 1983 y la posición de la iglesia católica institucional con respecto a los derechos de las mujeres, con su particular conformación en Argentina, en la que, como en la mayoría de los países latinoamericanos, ejerce dominación e influencia sobre el Estado, la sociedad y la cultura.
El discurso católico de la sexualidad aparece contestado en una sociedad que se declara mayoritariamente católica, pero que desea practicar su libertad de conciencia y expresión fuera de todo dogmatismo. El pueblo feminista es una nueva articulación de identidades populares que guardan un potencial alternativo para reflexionar sobre las transformaciones sociales contemporáneas.

Palabras Clave: Movimiento de Mujeres; Pueblo feminista; Catolicismo integral; Feminismo.

Abstract: This article proposes the analysis about the process of construction of the feminist people, notion that refers to the chain of equivalencies allowed the emergence of a people beyond feminism, but which it is a nodal point. The feminist people opposed to integral Catholicism and aims to a deeper and more democracy secularism. Takes into account the development of the Women movements in Argentina since the return of democracy in 1983, and the position of the institutional Roman Catholic Church regarding the rights of women, with their particular formation in Argentina, where, as in most Latin American countries, exerts dominance and influence over the State, society and culture. Catholic discourse of sexuality is answered in a society declared mostly Catholic, but where the people practice their freedom of conscience and expression outside of any dogmatism. The pueblo feminist is a new articulation of popular identities that are a potential alternative for reflection on contemporary social transformations.

Key words: Women's movements in Argentina; Feminist People; Catholicism integral; Feminism.

1. Introducción

Nos referiremos en este artículo al proceso de construcción del pueblo feminista, noción que hace referencia a la cadena de equivalencias que permitió la emergencia de un pueblo que excede al feminismo, pero del cual éste es un punto nodal. El pueblo feminista es una construcción que en Argentina antagoniza con el catolicismo integral y las demandas de un laicismo más profundo y de más democracia.
Aludiremos al integrismo católico para poder comprender la posición de la Iglesia católica institucional con respecto a los derechos de las mujeres, destacando su peculiar conformación en Argentina, sin desconocer la dominación que ejerce sobre el Estado, las sociedades y al cultura en la mayoría de los países latinoamericanos, ni las características de los discursos y practicas del Vaticano, que se han vuelto cada vez más rígidas, acompañados por la dirigencia de la derecha conservadora desde los ochenta en casi todos los países, con algunos matices que se pudieron observar en las Cumbres de Población. El discurso católico de la sexualidad aparece contestado en Argentina, en una sociedad que se declara mayoritariamente católica, pero que desea practicar su libertad de conciencia y de expresión fuera de todo dogmatismo. Y la contestación tiene un nombre: el feminismo.

2. El movimiento de mujeres

En América latina, los movimientos de los setenta y los ochenta se enmarcan en el contexto de gobiernos autoritarios y de un empeoramiento de las condiciones de vida, y se relacionan con la lucha por los derechos humanos, los de las mujeres, los de los indígenas. Algunos de los movimientos más relevantes fueron los de derechos humanos (en Argentina y Chile), organizaciones indígenas (en Guatemala, y más tarde en Ecuador y Bolivia), las Comunidades Eclesiales de Base y posteriormente el Movimiento de los Sin Tierra (en Brasil), el Movimiento Zapatista (en México) y el movimiento de mujeres en todo el continente, que trajo a la arena pública los derechos de las mujeres al denunciar la violencia de género, la doble y triple jornada de trabajo, la falta de políticas de salud reproductiva, la discriminación laboral, etcétera. El movimiento de mujeres en la Argentina y en la mayor parte de los países latinoamericanos ha sido categorizado en tres vertientes: la participación en los movimientos de derechos humanos (madres y abuelas), las acciones colectivas de las mujeres de los sectores populares (que se organizaron para enfrentar las duras condiciones de vida, especialmente durante el ajuste) y las mujeres del movimiento feminista, con un fuerte componente en sus orígenes y estabilización de mujeres de sectores medios (Jacquete, 1991; Molyneux, 2001).
En los ochenta se comienza a instalar el debate acerca de la ciudadanía de las mujeres para exigir reformas legales y programas estatales. Diversas asociaciones de mujeres habían sido el punto de apoyo para la reflexión crítica que permitiría la desnaturalización de la subordinación, de las violencias ejercidas contra ellas, del acoso sexual. Consecuentemente, se comenzaron a demandar medidas para ampliar los derechos. Las conferencias de las Naciones Unidas, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995), las conferencias regionales (como la de cepal, en 1994) y las directivas de las organizaciones de crédito, que en los noventa comenzaron a plantear requisitos acerca de la equidad de género en las políticas de combate a la pobreza, condujeron a casi todos los países de la región a la adopción de distintas posturas favorables a incorporar a las mujeres en las políticas de desarrollo (Molyneux, 2003).
El paulatino aumento de la presencia femenina en las instituciones del Estado (en los poderes Ejecutivo y Legislativo), y la constitución de agendas de género son el producto del entrelazamiento del activismo del movimiento de mujeres (constituido en organizaciones, redes y alianzas diversas) y de la nueva agenda de los estados de la región para aceptar la presión internacional y presentar un cierto liderazgo en los temas de derechos ciudadanos (Molyneux, 2003:305).
En los noventa surgieron más de la mitad de las organizaciones de mujeres registradas en las bases de datos consultadas. La mitad de éstas se encuentran localizadas en la capital del país y en la provincia de Buenos Aires. Una mayoría de ellas aborda temas que incluyen, además de las mujeres, la niñez, la juventud y la ancianidad. Muy pocas declaran que trabajan por la equidad de género1. Estas cifras hablan de una progresiva y tardía ongeización de las organizaciones feministas en nuestro país, comparado con Brasil y México por ejemplo, donde este proceso comenzó en los ochenta (Álvarez, 1999; Lebon, 1997: 7, en Álvarez, 1999). Igualmente, cabe señalar la emergencia de organizaciones no gubernamentales surgidas al calor de la cooperación internacional que, al promover proyectos con objetivos vinculados a la ciudadanía, la participación, el empoderamiento, fomentaron que muchos grupos se organizaran para conseguir financiamiento, aunque no tuvieran una orientación feminista y reprodujeran en sus organizaciones las mismas áreas que tiene el Estado para la atención de los problemas sociales.

3. El feminismo popular

La incorporación de nuevas actoras sociales, provenientes de los movimientos populares que atravesaron la práctica política argentina desde mediados de los noventa está en la base de las articulaciones a las que nos vamos a referir, que dieron como resultado la emergencia de un feminismo popular que surge de la participación de las mujeres en diferentes espacios de lucha y en especial en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Los Encuentros comenzaron en 1986 por iniciativa de un grupo de mujeres feministas argentinas que había participado en la Tercera Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi convocada por Naciones Unidas (1985). Son autónomos, se realizan una vez al año en una provincia elegida por las participantes y es organizado por una comisión ad-hoc de la misma. La concurrencia a estos eventos fue creciendo desde dos mil mujeres en el primero, para llegar a una cifra de alrededor que supera en muchos Encuentros las 20.000 participantes. A partir de 1997 las mujeres de las incipientes organizaciones de trabajadores desocupados y de otras organizaciones que surgieron en el segundo ciclo de protestas comienzan a aparecer en los Encuentros2. Simultáneamente comenzaron a recibir cada vez más la atención de los sectores más reaccionarios, la injerencia de la iglesia y de autoridades provinciales, para impedir que se debatiera acerca de la anticoncepción y el aborto y se cuestionaran las familias y los valores tradicionales del patriarcado. Partidos políticos de izquierda vinculados a algunas organizaciones piqueteras, también intentaron influir en sus demandas, para poner el énfasis en las luchas sociales y políticas, pero sin vincularlas a las luchas de las mujeres por sus derechos. En 2003, con la concurrencia de 12.000 mujeres, el Encuentro de Rosario (ciudad de la provincia de Santa Fe) marca un punto de inflexión en los Encuentros de Mujeres, preanunciado en el de Salta, el año anterior. Los derechos relacionados con la sexualidad estuvieron entre los más reclamados. El uso de pañuelos de color verde, para identificarse a favor de la legalización del aborto, se inspiró en los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, lo cual también indica la articulación con algunos sectores de Madres3.
La presencia de las mujeres de los movimientos sociales en los ENM, sumada a la avanzada católica para boicotear el encuentro, están en la base de la radicalización del propuesta de la lucha para la legalización del aborto, que, al lado de las reivindicaciones vinculadas a la violencia contra las mujeres y la demanda por trabajo digno, son los tres derechos fundamentales que demandan las mujeres populares. En el Encuentro de Mendoza (2004) se exigió la legalización del aborto y al acceso gratuito al mismo, así como a los métodos anticonceptivos y a la incorporación de la educación sexual el sistema educativo. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la primera de alcance federal en Argentina, surgió de los talleres de estrategias para la despenalización.
Para entender estos complejos procesos, detengámonos por un momento en el análisis de las dos fuerzas antagónicas: el catolicismo integral y el feminismo.

4. La hegemonía del catolicismo integral

En la Argentina -como en casi todos los países latinoamericanos- las orientaciones del Vaticano son modeladoras de políticas públicas. Para encaminar este punto, citaremos brevemente algunos antecedentes que permiten ubicar el papel de la Iglesia católica en nuestro país4. Su influencia encontrará un cauce en los años treinta, a partir de los golpes de Estado5 . Las Fuerzas Armadas y la Iglesia se convirtieron en los actores que impulsaron el proyecto de catolizar y nacionalizar la sociedad, argentinizar integralmente el catolicismo, catolizar íntegramente a la Argentina, consolidando un nuevo orden nacional (Mallimaci, 2006a:8; 2007:2-4).
Este orden católico nacional es entendido entonces como totalidad. El movimiento católico integral se caracteriza por identificar lo "nacional" con lo "católico", de allí que el catolicismo tuviera presencia en lo estatal y también se conformara como sociedad civil. Esto hizo que fuera mucho más que una religión a la que adhería la mayor parte de la población. Debe tenerse en cuenta, además, que la mayoría de los inmigrantes que llegaron al país entre 1870 y 1929 y entre 1948 y 1952 pertenecía a la religión católica6.
Desde la década del 30 hasta el presente la Iglesia católica mantuvo una presencia activa en el Estado, el gobierno y la sociedad civil, e impregnó tanto a ésta como a su cultura, su política, sus organismos de gobierno, sus actores políticos y sus organizaciones. De allí que no se hiciera necesario organizar un partido católico, ya que el catolicismo estaba presente en todas y cada una de las dimensiones de la vida privada y pública de la Argentina. El dispositivo católico integral está conformado por dos ejes: el discurso acerca de la sexualidad y el discurso sobre el trabajo/los trabajadores. Y también por un modo de llevarlo a cabo: un orden asentado en las fuerzas conservadoras, representadas por las Fuerzas Armadas, los sindicatos y el control de Áreas especificas del Poder Ejecutivo, tales como las políticas educativas y de salud, y las decisiones que sobre ellas se toman en los poderes Legislativo y Judicial. El catolicismo integral, en su defensa de la sexualidad sujeta a la procreación, de la maternidad tradicional como base de la identidad femenina, de la negación a las diferentes formas de vivir la sexualidad, se basa en y al mismo tiempo refuerza al patriarcado.
Cuando se debatió la Reforma Constitucional (1994), frente a las demandas de los movimientos de mujeres, las autoridades del gobierno de Carlos Menen y las de la Iglesia no hicieron más que poner en funcionamiento los dispositivos de la Nación católica para evitar que fuera cuestionada la hegemonía de la Iglesia en temas vinculados con la sexualidad, la familia y la educación. Obviamente, nos referimos a estas instituciones y a sus jerarquías, no a los individuos, que pueden no haber estado de acuerdo con tales estrategias. El gobierno de esa época necesitaba, además, que la Iglesia no avanzara en sus incipientes críticas a la situación de social del país, que comenzaba su camino descendente, hasta desembocar en la crisis de 2001. En los años noventa acompañó al Vaticano en la reunión de El Cairo, en 1994, junto con los países musulmanes y Guatemala, El Salvador, Ecuador y Malta, etc.
Esta posición conservadora se fue acentuando, en una postura de mayor confrontación. No es ajeno a este hecho que la Iglesia, que se denomina a sí misma Experta en Humanidad vea dislocarse su hegemonía en un país en el cual, aun cuando la mayoría de la población se define como católica, proclama cada vez más sus derechos a vivir su "humanidad" fuera del escrutinio religioso7.

5. El feminismo y la cuestión del aborto

Desde el retorno a la democracia, la cuestión del aborto atravesó las luchas feministas con diferentes estrategias y resultados, en un marco de soledad con respecto a otras fuerzas sociales. Cómo se avanza o no en esta cuestión constituye un predictor inestimable sobre el estado de la ciudadanía de las mujeres.
El 8 de marzo de 1988, diferentes grupos de mujeres fundaron la Comisión por el Derecho al Aborto, fue pionera en la discusión y difusión de información y clarificaciones conceptuales acerca de la anticoncepción, el aborto, la despenalización y la legalización. Estos grupos han tenido una importante participación en los Encuentros de Mujeres. Impusieron la consigna que aún hoy es distintiva del movimiento de mujeres: Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entre sus principales actividades figura la organización de un taller en el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo en 1990. En este encuentro se resolvió declarar el 28 de septiembre como Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe y se acordó impulsar una campaña por el derecho al aborto en el marco de los derechos humanos, que se realiza desde 1993 en 18 países, con coordinaciones acordadas por las organizaciones. Con la incorporación de mujeres de organizaciones políticas, feministas, lesbianas y de varios grupos estudiantiles, pasaron a denominarse Coordinadora por el Derecho al Aborto. En 1991 se constituyó el Foro por los Derechos Reproductivos. En 1994, se organizó Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (madel), formada por cien organizaciones políticas y sociales. Ellas se organizaron para enfrentar el propósito de introducir una cláusula sobre el derecho a la vida desde la concepción en la reforma de la Constitución Nacional, que fue sostenida por la Iglesia Católica y el gobierno justicialista. Cumplieron un importantísimo papel en tres instancias cruciales para el avance de los derechos de las mujeres: la Convención Constituyente para la Reforma Constitucional, el debate acerca del proyecto de Ley de Salud Reproductiva y la Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires.
A las estrategias llevadas a cabo hasta ese entonces: entre ellas, el lobby sobre los constituyentes, actividades callejeras y la publicación de solicitadas en los diarios, en ocasión del debate acerca de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires se agregaron la Asociación de Abogados, algunos rabinos, pastores y pastoras de las iglesias evangélicas y también algunos medios de comunicación y profesionales médicos/as. Los intereses, las estrategias y el poder de los sectores más reaccionarios fueron derrotados por esta estrategia que articuló al movimiento de mujeres y al feminista, a las legisladoras con creciente poder en el legislativo, a legisladores. No obstante, faltaba todavía un paso más: la articulación con las mujeres populares.

6. El cambio de escenario

La Comisión por el Derecho al Aborto y otras organizaciones propiciaron que el debate sobre el tema entrara en las discusiones de las Asambleas que surgieron después del 19/20 de diciembre de 2001. Se constituyó entonces la Asamblea por el Derecho al Aborto. Sus integrantes supieron captar el cambio de época que se avizoraba luego de los sucesos de diciembre del 2001 y participaron activamente en los espacios asamblearios portando las demandas de los derechos de las mujeres. Trabajaron sobre la incorporación de las demandas vinculadas a la anticoncepción, la educación sexual y la legalización del aborto en una organización que reunía las distintas comisiones de salud de las asambleas, llamada Intersalud.
Fue un intento de acercarse a la sociedad, de romper el cerco, para que ésta asumiera nuestra lucha (Coledesky, 2003).
De la Asamblea por el Derecho al Aborto surgió la propuesta de realizar una al comienzo del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en agosto de 2003. Allí se organizó, por primera vez, un taller sobre Estrategias para el Derecho al Aborto, que implicó un paso superador de los talleres sobre el tema. Lo que se debatía ya no era la legalización sino cómo llevarla a cabo. Esta iniciativa fue propuesta también para desmantelar la ofensiva católica, ya que en los talleres de anticoncepción y aborto era donde se congregaban las mujeres enviadas por al Iglesia católica para boicotear los debates e imponer sus ideas. Fue un punto de inflexión en dos sentidos: a) el feminismo, que en anteriores luchas había basado su accionar en la alianza con las mujeres políticas, con campañas de divulgación y con lobby, se articulaba ahora con las mujeres populares y b) pasó a una fase propositiva, con la plataforma de las luchas anteriores y la experiencia ganada por las militantes feministas.
Muchas militantes consideran que se estaba en presencia de un contexto favorable: "Hay una concientización sobre el tema sexualidad, derechos reproductivos y sexuales a mujeres de movimientos de base que no se planteaban esta problemática como parte de sus programas políticos" (Rosemberg, 2005).
Según ella, se observa la unión de la reivindicación del aborto con la lucha por los derechos humanos. Con ello habían colaborado las declaraciones del Ministro de Salud a favor de la despenalización del aborto y de la distribución de anticonceptivos (2005), y el resultante enfrentamiento del gobierno contra el obispo castrense Baseotto, quien en marzo de 2005 lo había criticado con su "merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar"8.
En mayo de 2005 se organizó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El lema fue: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Los fundamentos de las demandas refieren a cuestiones de democracia, de respeto de los derechos humanos de las mujeres, de equidad y la justicia social, y se basan en el reconocimiento de que son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por la práctica del aborto clandestino.

7. La contraofensiva católica

Frente a una sociedad que presenta avances democráticos importantes, la jerarquía de la Iglesia católica monopoliza la defensa del patriarcado, como quedó demostrado en los noventa con la exclusión del vocablo género de los Contenidos de la Reforma Educativa, con los debates previos a las redacciones de la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, con la alineación de la Argentina al Vaticano en la reunión de El Cairo, en 1994. Al desaparecer el mundo del estado de bienestar, la Iglesia católica adopta el tema de la pobreza y su asistencia como un eje prioritario, y a la vez que denuncia esta situación recibe la ayuda del Estado para la más fabulosa red de asistencia en Argentina como lo es Cáritas. En los noventa los obispos denunciaban la situación de pobreza, simultáneamente estaban muy cerca del gobierno, y consiguieron que éste adoptara las posturas del Vaticano y de los países musulmanes en contra de los derechos sexuales de las mujeres en las conferencias internacionales y en la legislación nacional.
La declaración de la Conferencia Episcopal Argentina realizada en Buenos Aires (en febrero de 2004), al referirse a los debates acerca del aborto se inscribe en esta línea:

"Proponer una eventual legalización del aborto contradice el espíritu y la letra de la Constitución Nacional y el sentir de la inmensa mayoría de nuestro pueblo que cree en la vida como un don de Dios confiado al cuidado de todos". Por su parte, Monseñor Aguer, obispo de La Plata en octubre del mismo año, afirmó: "para la Iglesia no basta que se excluya a las escuelas católicas de la obligación de dictar planes oficiales que suponemos la orientación que van a tener sin necesidad de ser maliciosos. También nos preocupa la multitud de chicos, la mayoría bautizados en la Iglesia Católica, que siguen su educación en las escuelas oficiales. (...) Y esto dicho para lo que a nosotros, pastores, nos corresponde: tendríamos que volver a predicar y a catequizar seriamente acerca del 6° Mandamiento y de sus implicancias y de la virtud de la castidad. Esto es más saludable y más digno que repartir preservativos el Día del Estudiante, como se hizo con una frivolidad inconcebible" (Disponible en http://www.sercreyente.com.ar/ppal_aborto.htm).

En 2006 se promulgó la Ley 26.150 que establece el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El Secretariado Nacional para la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina, en ocasión de la aprobación por unanimidad en la Comisión de Educación de Diputados del proyecto de Ley sobre educación sexual (que fue promulgado en 2006), emitió un documento en el que se consideraba que proyectos como el que cuestionaban vulneraban "los derechos y obligaciones de la familia, la patria potestad y la libertad de enseñanza".
A fines de 2007, miembros de la Iglesia atacaron la presentación desde el Ministerio de Salud del Protocolo para la Atención de los Abortos no Punibles, contemplados en el Código Penal, pero rechazados y/o ignorados por muchos médicos en los servicios de salud, así como por las asociaciones al estilo de ProVida y algunos miembros del Poder Judicial. En diciembre de 2007, el gobernador de La Pampa vetó una ley que regulaba los abortos no punibles -aprobada por la Cámara de Diputados provincial- al considerar que se trataba de una norma "anticonstitucional". El obispo de Santa Rosa había estado a la cabeza de una manifestación frente a la Casa de Gobierno provincial para exigir el veto de la ley. En la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la provincia, en la cual se aprobó la ley que crea un protocolo para los médicos que trabajan en hospitales públicos, hubo manifestaciones a favor de la ong Mujeres por la Solidaridad, y de miembros de la diócesis de la Iglesia católica de la capital provincial. El vocero del Obispado afirmó: "Esta ley es una barbaridad y por supuesto que rechazamos totalmente que se legalice el aborto. Lamentamos que este periodo de gobierno termine de esta manera. Nosotros somos la voz de los que no pueden hablar. Jesús también fue un embrión"9.
La Iglesia católica había ejercido presiones meses atrás sobre la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para que se retirara un proyecto por el cual se impulsaba una campaña de difusión e información sobre la ley que permite la práctica de ligadura de trompas y vasectomías en forma gratuita en todos los hospitales del país, aprobada en 2006 por el Congreso de la Nación.
En junio de 2008, la Comisión Episcopal de Educación Católica rechazó mediante un documento los contenidos sobre educación sexual que deben impartirse en todas las escuelas y que fueron consensuados por los ministros del área de todo el país en el Consejo Federal de Educación, a partir de un informe de especialistas convocados por el Ministerio de Educación. Para esto se tuvieron en cuenta las recomendaciones de un comité de expertos integrado por, entre otros, dos representantes de la Iglesia. En el documento se critica que: "se enfatice el uso único y obligatorio de elementos de prevención (preservativos y pastillas anticonceptivas, entre otros) para evitar el contagio del VIH sida que, además de ser moralmente objetables, han producido resultados negativos e insuficientes en todo el mundo. Además, cuestionaron que se omitiera la educación en la abstinencia y en la fidelidad mutua como conductas preventivas del contagio del VIH sida".
De esta rápida revisión se desprende el énfasis puesto por la Iglesia católica (también por otras alas conservadoras de otras religiones) en el control sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la sexualidad.

8. Del feminismo popular al pueblo feminista

Laclau (2005) denomina demandas democráticas a las realizadas al sistema, que reclaman la solución de alguna exclusión, y las distingue de las demandas populares, que intentan crear una nueva hegemonía. Si las primeras son satisfechas, se inscriben en la lógica de la diferencia. Es lo que Ranciere (1996:43) expresa con otras palabras: "las políticas se ocupan de agregar las partes"10. En cambio, cuando no son satisfechas y se articulan con otras demandas, pueden entrar en una relación equivalencial. Cuando el discurso de las demandas en torno a las necesidades se escapa de los discursos hegemónicos, de lo privado y de la economía de mercado, puede aparecer un momento de demandas, las demandas fugitivas politizadas (Fraser, 1991). Si las demandas son satisfechas por el sistema institucional, se inscriben en la lógica de la diferencia y quedan aisladas de la relación equivalencial con otras. En cambio, si no son absorbidas, puede darse una articulación en una cadena de equivalencias.
En las investigaciones que hemos realizado sobe los movimientos de trabajadores desocupados y desocupadas pudimos observar que las demandas de los movimientos fueron respondidas generalmente desde lo institucional y con el discurso de los expertos, al estilo de programas sociales (transferencias condicionadas de dinero, subsidios para poner en marcha pequeños emprendimientos), encubierto en un nuevo y vacío discurso de derechos. Los movimientos de desocupados usaron esos planes para satisfacer las demandas, aumentar el número de miembros y profundizar la movilización, según el tipo de organización. Algunos dirigentes entraron a formar parte del actual gobierno, mientras los movimientos, al no poder generarse una cadena de equivalencias, comenzaban a fracturarse, a desmovilizarse, y sus alianzas, a transformarse. Finalmente se impuso la lógica de la diferencia. Las demandas de trabajo y de subsidios de parte de los movimientos fueron absorbidas en parte (y deficientemente) por el Estado, y perdieron su potencial de construcción de un pueblo, en el sentido que Laclau le otorga a esta categoría.
Una sociedad que postula el estado benefactor como su horizonte último, solo la lógica de la diferencia sería aceptada como un modo legítimo de construcción de lo social. En esta sociedad, concebida como un sistema en constante expansión, cualquier necesidad social sería satisfecha diferencialmente; y no habría una base para crear una frontera externa (...) y por lo tanto no podría totalizarse y crear un "pueblo" (Laclau, 2005:104).
El populismo supone una articulación equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento del pueblo; una frontera entre el pueblo y el poder, denominada formación antagónica, y la unificación de estas diversas demandas en un sistema estable de significación que permite la consolidación de las equivalencias. (Laclau, 2005:99).
Así como los reclamos por trabajo y en contra de la violencia hacia las mujeres se dirigen a las instituciones y pueden ser satisfechos diferencialmente, el reclamo por la legalización del aborto, como significante de la ciudadanía plena de las mujeres, del laicismo y el pluralismo, construye una frontera, y sobrepasa los discursos de la hegemonía patriarcal representada hegemónicamente por la jerarquía de la Iglesia católica.
Las relaciones de género operan en los sistemas simbólicos, las instituciones y organizaciones y en los procesos de construcción de la identidad (Scott, 1990: 47). Entre ellas, las instituciones religiosas ocupan un lugar importante. En el caso argentino que analizamos, el integrismo católico es el actor clave en torno a la contraofensiva sobre los derechos de las mujeres. Frente a éste, la articulación de las demandas de distintos movimientos de mujeres y de otros actores, construyó el pueblo feminista, que no es lo mismo que el feminismo popular ni es lo mismo que las mujeres, aunque su núcleo fundamental esté conformado por las demandas acerca de la ciudadanía plena de ellas. La Campaña por el aborto es el significante vacío que articula las demandas por el laicismo y el pluralismo, frente al vetusto y poderoso integrismo católico. Se enfrentan de este modo dos proyectos antagónicos, impensables antes de 2001, uno como campo de lucha y de posibilidades democráticas -a la ofensiva-; y el otro, que se resiste a la consolidación de nuevos derechos, a la contraofensiva.
Tanto la participación de las mujeres de los movimientos sociales en los Encuentros Nacionales de Mujeres como las estrategias de la Iglesia católica desde 1997 para boicotearlos, aparecen en la base de la radicalización del propuesta de la lucha para la legalización del aborto que, al lado de las reivindicaciones vinculadas a la violencia contra las mujeres y la demanda por trabajo digno, son los tres derechos fundamentales que demandan las mujeres populares. La emergencia de un feminismo popular surgió de tales articulaciones, con nuevas actoras, las mujeres populares en lucha.
La articulación de la política feminista y la de otros movimientos sociales, articulación contingente de elementos heterogéneos, de demandas diversas como las que constituyen la multiplicidad de los movimientos (piqueteras, obreras de empresas recuperadas, asambleístas, campesinas, indígenas y feministas) dio lugar a una cadena de equivalencias, representada hegemónicamente en la legalización del aborto que, obviamente, no reduce el particularismo de cada demanda individual (demandas por trabajo, por la tierra, por los derechos de los pueblos originarios, etc.). Esta cadena de equivalencias posibilitó que una identidad heterogénea, las mujeres, con todas las particularidades dentro de esa categoría, construyera discursivamente al adversario -que en nuestro análisis está conformado por las fuerzas portadoras de valores tradicionales y patriarcales- y que apareciera como una identidad política, un pueblo. O, en palabras de Ranciere, las no contadas demandan ser integradas plenamente a la cuenta de la democracia. Surgió una demanda que significa a todas las demandas y se articularon las mujeres en movimiento y otros actores sociales en la pugna por la legalización del aborto, para que las mujeres puedan ejercer la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, que condensa la lucha por la el laicismo, la pluralidad y la ciudadanía.
Antes de la emergencia de estos movimientos, el particularismo de la demanda por la legalización del aborto no podía ser articulado con otras demandas, relacionadas con la necesidad de trabajo o con políticas contra la violencia hacia las mujeres, porque era considerada como opuesta a los objetivos particulares de estas. Es en esta situación histórica que se produce esta relación equivalencial, que da como resultado la emergencia del pueblo feminista, que articula diversas luchas para la ampliación de los derechos de las mujeres y para la consolidación de una democracia pluralista. El feminismo popular va a ser parte central del pueblo feminista.
Así como los reclamos por trabajo, y contra la violencia hacia las mujeres, se dirigen a las instituciones y pueden ser satisfechos diferencialmente, el reclamo por la legalización del aborto, como significante de los derechos sexuales, construye una frontera, sobrepasando los discursos de la hegemonía patriarcal. La irrupción de lo heterogéneo aparece cuándo se articulan las mujeres en movimiento y surge una demanda que significa a todas las demandas: la lucha por la legalización del aborto, que condensa la lucha por la ciudadanía de las mujeres, esto es, ejercer la libertad sobre sus propios cuerpos. Los pactos conservadores intentan dejan afuera lo que es, en el fondo -y a pesar de todos los avances en la prosecución de los derechos de las mujeres-, revulsivo para el discurso patriarcal: los derechos de las mujeres, mientras que la respuesta de parte de las mujeres fue el piquetero tiene cara de mujer. Ellas forzaron el esencialismo para marcar la resistencia y para competir por el poder. Pusieron en la esfera pública las identidades de mujeres populares que se inscriben en la demanda por ciudadanía, con sus discursos políticamente incorrectos.
El nosotras dentro del nosotros en varios movimientos se articuló con otras demandas y actores. Mediante esta articulación se constituyó un pueblo. Recordemos que pueblo, para la teoría de la hegemonía, es un actor histórico potencial, una construcción que constituye agentes sociales y "no constituye una expresión ideológica, sino una relación real entre agentes sociales" (Laclau, 2005: 96/99/151). Este pueblo, en palabras de Ranciere (1996: 25), es la cuenta de los no contables, la parte de esos que no tienen parte. Para este autor, "la política es el proceso de contar la parte de los que no tienen parte" La definición de quién será considerado/a en la cuenta de la democracia es conflictiva, contingente y no está predeterminada.
Como muchas feministas lo reconocen, mientras las alianzas fueron básicamente entre las mismas feministas, no se podía avanzar en la amplia ción de las demandas, aunque no fueron pocos los logros obtenidos desde la restauración democrática. Era necesaria la articulación de las feministas con otras demandas e identidades. El campo contrahegemónico se conformó a partir de la articulación de las feministas y las mujeres populares, recién mencionada, que venía produciéndose desde 1997.
La legalización del aborto es un significante vacío, la demanda va a adquirir una centralidad que la excede. La catexia de este elemento singular (Laclau, 2005:153), condensa las demandas por un Estado verdaderamente laico, y se opone a la influencia de la Iglesia católica en casi todos los aspectos de la vida social, política y cultural del país, que ya hemos explicado, especialmente su oposición a la plena realización de los derechos de las mujeres, además de su nefasto papel durante la dictadura militar. Para una sociedad y una cultura como la argentina, esto es contrahegemónico. Es posible que la cadena de equivalencias requiera de un líder que pueda constituir la plenitud del pueblo En la lucha que se viene desarrollando se encuentra la búsqueda para que la dimensión horizontal de estas equivalencias se complemente con la absorción vertical dentro del sistema político, esto es, con una influencia institucionalizada en los poderes del Estado, lo cual es parte de las estrategias de esta nueva identidad popular.
Para el autor mencionado, la unidad del grupo tiene lugar en el nombre del líder, el investimiento afectivo clave (Laclau 2005:127/130). No podemos afirmar que es el nombre del líder el que representa la cadena de equivalencias, pues la conformación del pueblo feminista es horizontal y no presenta autoridades delimitadas, sino situacionales. Las demandas que se articularon en la cadena de equivalencias favorecieron la emergencia de identidades colectivas diversas, pluralistas y democráticas y se generaron desde multiplicidad de locaciones e identidades particulares. Encontraron su condición de posibilidad en el feminismo popular que se constituyó en el encuentro de las mujeres de los movimientos con el movimiento de mujeres y el feminista, que tuvo su punto nodal en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Tal multiplicidad tiene su razón de ser en la estructura horizontal y rizomática de los movimientos de mujeres, sus redes y sus articulaciones locales, globales, cara a cara y por el ciberespacio. ¿Es esto un obstáculo para la constitución del pueblo feminista? Creemos que no. El mismo autor, al referirse al nuevo internacionalismo y a la posibilidad de crear cadenas de equivalencias, mediante un lenguaje en común, reflexiona acerca de la obsolescencia de las formas institucionales tradicionales de mediación política (Laclau, 2005:287). Nos inclinamos a pensar que nuevas formas de articulación y nuevas identidades populares guardan un potencial de nuevas alternativas que nos permiten reflexionar acerca de algunos elementos nuevos de la constitución de un pueblo.

Notas

1 Información extraída de la base de datos nacional del Centro Nacional Organizaciones de la Comunidad (CENOC), del Consejo Coordinador de Políticas Sociales Presidencia de la Nación (2005) y del Repertorio de organizaciones no gubernamentales del CIOBA (2003), Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) es, desde 2001, responsable del Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones No Gubernamentales. En este registro deben inscribirse aquellas OSC que reciban o pretendan recibir fondos del Estado Nacional.

2 En 1997, se contabilizaron 104 cortes de rutas en diferentes provincias argentinas, cuyos objetivos estaban vinculados con el reclamo de puestos de trabajo y subsidios y la demanda por incremento del gasto social en salud, alimentación y educación, junto con peticiones de ayuda del gobierno nacional para evitar el cierre de fuentes de trabajo y el pago de salarios atrasados.

3 Una de las organizadoras, de Católicas por el Derecho a Decidir, dice: ...Pero debemos reconocer que la idea de lograr impacto con pañuelos la hemos tomado del impacto que significaron los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo.

4 No haremos lo mismo con el proceso seguido en otros países latinoamericanos.

5 En 1930, el golpe militar, el primero en el país, derrocó al presidente constitucional, Hipólito Irigoyen (Partido Radical). Al periodo inaugurado por este golpe y los sucesivos presidentes emparentados con los conservadores, se lo conoce como década infame, caracterizada por: gobierno autoritario, corrupción y fraude electoral. Los autores del siguiente golpe de Estado (1943) proclamaron que se alzaban contra los que habían gobernado durante la "década infame". Entre los militares que formaban parte del grupo que derrocó al entonces presidente Ramón S. Castillo se encontraba Juan Domingo Perón. Perón fue Secretario de Trabajo y Previsión y en 1944 al desplazar el general Edelmiro Farrell de la presidencia al general Pedro Ramírez, fue nombrado Ministro de Guerra y Vicepresidente. En 1946 fue elegido presidente de la Nación.

6 La inmigración italiana fue la más numerosa, seguida por la española. Entre 1857 y 1940, la primera fue del 45% del total de la inmigración, y la segunda, 31%.

7 Según los resultados de una encuesta publicada en 2008, el 76% se define como católico, el 9% como evangélico y un 11.3% dice ser ateo, agnóstico o no tener ninguna religión. Está de acuerdo con el aborto en algunas circunstancias un 63,9%, mientras que el 92,4 por ciento apoya la educación sexual en las escuelas.

8 El obispo es también defensor de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

9 Para un análisis más detallado, ver: Di Liscia "Mujeres por la Solidaridad y los derechos sexuales y reproductivos en La Pampa". Coloquio sobre Movimientos sociales, identidades y ciudadanía. cedehu. unsam. 2007.

10 En la traducción en español se menciona con el término policía.

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Recibido: 11 de mayo de 2010.
Aceptado: 28 de mayo de 2010.