ARTÍCULOS

El papel de las políticas habitacionales en la construcción de sujetos y ciudadanía. Discusiones y reflexiones desde la perspectiva de género

The role of the housing policies in the construction of subjects and citizenship. Discussions and reflections from a gender perspective

 

Natalia Czytajlo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional de Tucumán

 

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Resumen

En este artículo nos proponemos reflexionar sobre realidades y desafíos de las políticas habitacionales respecto de la construcción de sujetos y ciudadanía.
La perspectiva de género constituye una mirada enriquecedora para rediscutir las intervenciones urbanas y habitacionales. Superar las desigualdades requiere identificar los elementos físicos y sociales obstaculizantes y facilitadores del acceso y apropiación de la ciudad hacia el fortalecimiento de la ciudadanía y el establecimiento de condiciones y entornos que lo permitan. Ello implica repensar la vulnerabilidad, problematizar y dotar de nuevos sentido a los conceptos de participación y empoderamiento y a la distinción público-privado en relación a las necesidades.
Presentamos reflexiones a la luz de la teoría, observaciones empíricas e interpretaciones sobre programas y proyectos específicos "de reducción de la pobreza centrados en el hábitat". Con los aportes de la antropología social y los específicos de los análisis de género de las políticas públicas, revisamos discursos y prácticas; categorías, sistemas discursivos y mecanismos, evidenciando algunos mecanismos de exclusión presentes en las mismas.
Nos enfocamos en nuestra experiencia profesional y académica en relación al programa mejoramiento de barrios (PMB) de implementación local que tiene relevancia en América Latina como una de las respuestas urbanas más aceptadas en las últimas décadas, como parte de los "nuevos enfoques de las políticas habitacionales". Ponemos atención en tres dimensiones: la formulación y la definición de beneficiarios, el proceso de implementación y la participación, el proyecto de intervención y los aspectos territoriales.

Palabras clave: Políticas habitacionales; Ciudadanía, Género.

Abstract

The role of housing policies in the construction of subjects and citizenship. Discussions and reflections from the gender's perspective In this article we will reflect on realities and challenges of housing policies on the construction of subjects and citizenship.
The gender's perspective is a rich look to discuss urban and housing interventions. Overcoming disparities requires identifying the physical and social obstacles and facilitate access to and ownership of the city to allow the exercise of citizenship and the establishment of appropriate conditions and environments. This means rethinking the vulnerability, problematize and provide new meaning to concepts of empowerment and participation and public private distinction regarding to needs.
We reflect on the theory, empirical observations and interpretations of specific programs and projects "to reduce poverty focused on the habitat." With the approaches of social anthropology and gender's perspective in public policy analysis, we reviewed discourses and practices, categories, discursive systems and mechanisms, and show some mechanisms of exclusion.
We focus on our professional and academic experience regarding to neighborhood improvement programs, of local implementation and relevant to Latin America as one of the most widely accepted urban answer in the last decades, as part of the "new approaches to housing policies ". We consider three dimensions: program design and definition of beneficiaries, the implementation process and participation, the proposed intervention and territorial aspects.

Key words: Housing policies; Citizenship; Gender.

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1. Introducción

Nos situamos en un contexto de nuevas condiciones sociales y urbanas, así como de nuevas dimensiones de las desigualdades, demandas y derechos sociales.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad¹ reconoce que las ciudades están lejos aún de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. Esta línea propone un abordaje complejo que exige articular la temática de los derechos humanos desde su concepción integral, con la de democracia. Se entiende que ésta pasa por la superación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, ya que no hay ciudad ni democracia, sin ciudadanos y ciudadanas sin el pleno ejercicio de sus derechos.

La exclusión no es solo material sino también subjetiva y simbólica. Incorporar una mirada democrática de derechos en las ciudades requiere iluminar los procesos a través de los cuales funcionan las lógicas de la exclusión y subordinación, develando los mecanismos menos visibles, que son más impactantes por la naturalidad con que funcionan, tales como las persistentes desigualdades de género.

Esta línea de trabajo se desarrolla en un ámbito de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Plantea interrogantes y debates sobre realidades y desafíos de las formas de intervención en nuestra ciudad en pos de una mayor equidad y su papel como herramientas de cambio hacia el fortalecimiento de la ciudadanía. El trabajo se enmarca en una tesis doctoral² y reúne reflexiones en relación a formas de intervención barrial en dos dimensiones: 1) analítica: observaciones que parten del abordaje de programas de actual implementación³: 2) propositiva: pautas y elementos analíticos y de intervención con enfoque de género⁴.

En este artículo acercamos, en el marco de la propuesta de un modelo de análisis de las políticas habitacionales desde la perspectiva de género, elementos teórico-metodológicos para la discusión sobre el papel de las políticas públicas en la construcción de ciudades democráticas.

Nos enfocamos en nuestra experiencia profesional y académica en relación al programa mejoramiento de barrios (PMB) de implementación local que tiene relevancia en América Latina como una de las respuestas urbanas más aceptadas en las últimas décadas, como parte de los "nuevos enfoques de las políticas habitacionales".

Consideramos fundamental problematizar las relaciones de poder en el marco de la red de relaciones en las que se insertan estos programas, cuestionar la exclusión y subordinación de las mujeres como sustento de las relaciones sociales para otorgar así nuevos contenidos a conceptos como democracia y ciudadanía. Ponemos atención en tres dimensiones: la formulación y la definición de beneficiarios, el proceso de implementación y la participación, el proyecto de intervención y los aspectos territoriales.

2. Ideas, conceptos, contextos

En diferentes declaraciones y agendas se hace hincapié en la emergencia de políticas urbanas y territoriales equitativas asociadas a pobreza, participación, vivienda e infraestructura pero también a derechos y ciudadanía.

En las últimas décadas el concepto analítico de género se ha integrado cada vez más en políticas, programas y proyectos de alcance territorial. Es asumido en el compromiso de los consensos internacionales impulsados desde agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. Entre éstas la IV Conferencia Mundial de la Mujer -Beijing 95-, la Segunda Conferencia de Asentamientos Humanos, Hábitat II -Estambul 1996-, Cumbre del Milenio (2000), la Carta por el Derecho a la Ciudad, entre otros. Si bien no son vinculantes implican consensos que comprometen a los gobiernos. Los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y las metas establecidas para el 2015, abordan algunas de las numerosas dimensiones y sus efectos en las vidas de las personas. A ellos han suscripto diversas instituciones, entre ellas, el Gobierno de la Provincia de Tucumán⁵.

Nos ubicamos en los desafíos que plantean las mismas a escala local y regional.

La generación de conocimientos, difusión de los mismos, actividades de articulación de redes de mujeres - de organizaciones no gubernamentales, de base, académicas, políticas -, comprometidas con la democratización de los espacios de poder y la promoción de la ciudadanía, no es ajena a los avances de sensibilización y toma de conciencia por parte de la sociedad. Sin embargo y no obstante la existencia de legislación pertinente, de espacios "de políticas de mujer" en la estructura de los gobiernos provinciales y locales, que sin duda marcan avances en este sentido, la integración de la perspectiva de género al desarrollo de los asentamientos humanos encuentra dificultades para su institucionalización.

A partir de un análisis contextualmente situado en la provincia y el aglomerado de Tucumán (Argentina) hemos abordado cambios, avances y obstáculos del marco institucional y las políticas respecto a la incorporación de nuevas demandas. Pudimos observar que en la actualidad continúan centradas en la reducción de la pobreza, en la lógica del desarrollo social y tienden a mantener estructuras de poder y dominación, reproduciendo jerarquías y desigualdades.

Si bien en consonancia con el nivel internacional y nacional⁶ existen estructuras creadas para promover la "igualdad de género" y la "autonomía de la mujer", en la provincia no revisten jerarquía institucional (rango de ministerio o secretaría) y dependen de áreas responsables de políticas sociales. Aunque constituyen potenciales espacios intersectoriales, no siempre cuentan con recursos y partidas suficientes⁷ y en la práctica no se evidencia la transversalización de género en las acciones y los programas emprendidos.

Restan aún atender desafíos respecto a la correlación entre las leyes y el acceso de las mujeres a los puestos de poder, la igualdad de oportunidades en el trabajo, los ingresos y la adopción de decisiones⁸. Aunque las mujeres ganan terreno en los espacios de decisión política en América Latina, los avances son erráticos y marcados por diferencias regionales⁹. Asimismo la legislación refuerza la idea de los derechos de las mujeres en relación a su condición de vulnerabilidad, maternidad o en relación a los derechos de las familias¹⁰, inclusive el derecho a la vivienda¹¹.

El análisis de programas focalizados de "combate contra la pobreza" implementados en la provincia evidencia que lejos de incorporarse nuevos enfoques sobre empoderamiento y derechos de las mujeres, se acentúa la tradicional división de roles¹².

Otro desafío implica discutir la dicotomía espacio público -espacio privado, tan instalada en nuestras prácticas disciplinares, como construcciones asociadas a lo masculino - femenino. Según McDowell (2000) se presta especial atención a las características de "uso" y "estatuto" del espacio. Se ubica en la revolución industrial el origen de la división funcional del espacio - un espacio para residir, un espacio para trabajar - y del tiempo - con rígidos horarios laborales -, donde se le adscribe al hombre el espacio-tiempo productivo y a la mujer el espacio-tiempo reproductivo. Se sostiene que la división espacial entre el mundo "privado" de la casa y el mundo "público" del trabajo remunerado, la política y el poder, ha resultado decisiva en las sociedades industriales para la construcción de los atributos asignados a los hombres y a las mujeres. Esta división que no sólo se hace patente en el significado simbólico y la estructura material de la casa, sino en el trazado de las zonas urbanas, se mantiene aún hoy.

Tomamos los acercamientos desde la antropología para reflexionar sobre el espacio. Este se define mediante categorizaciones y acciones simbólicas y va unido a las formas en las que una sociedad elabora y expresa sus relaciones de poder y sus conceptos de igualdad/desigualdad. El significado de lo público y lo privado en distintas culturas puede tener muchos matices. Los roles y relaciones de género y las fronteras entre lo público y lo privado se permeabilizan, y los significados de los espacios son modificados por las prácticas de quienes los utilizan. Estos "estatutos" - espacio privado, espacio público -, actualmente implican una complejidad que supera la mera división dicotómica ya que las mismas son cada vez más paradójicas, por lo cual deben ser discutidas y asumidas desde nuevas lógicas de intervención.

3. Una propuesta de abordaje de los programas sociohabitacionales

Asumimos las políticas como un entramado de relaciones de fuerza donde los intereses de dominio y las luchas sociales constituyen sujetos, ya sea "reforzando derechos o reproduciendo o creando nuevas desigualdades y configuraciones tutelares" (ÁLVAREZ, 2005, p.87).

En el campo de discusión académica sobre las políticas habitacionales se han desarrollado trabajos especialmente referidos a las limitaciones de las políticas durante la década del noventa. Recogemos la crítica de quienes asumen la "cuenta pendiente" de los programas respecto a "la construcción de ciudadanía" como una cuestión compleja cuya real dimensión y consecuencias no han sido todavía abordadas.

En ese sentido, si bien los programas de atención a la pobreza urbana no pueden dejar de lado la dotación de infraestructura básica y de equipamientos comunitarios tradicionales - salud y educación - así como la producción o mejoramiento de vivienda, continúa el reto de trabajar en el diseño y la aplicación de políticas que tiendan a garantizar a los diferentes grupos de la ciudadanía el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Luego de la crisis del año2001, en un contexto de condiciones restrictivas respecto a la situación socioeconómica, se inicia una cierta diversificación de los lineamientos hacia los grupos de menores ingresos¹³. Se incorporan también otros programas con criterios de focalización social y territorial (Programa Mejoramiento de Barrios - PMB)¹⁴ que proponen transformar el hábitat popular a partir de lineamientos tales como regularización dominial, seguridad jurídica (Programas Arraigo y Riera), provisión de infraestructura social básica de servicios.

El PMB se enmarca en "las políticas de reducción de la pobreza centradas en el hábitat", cuyo paradigma tiene como estandarte la "lucha contra la pobreza" y como fin la gobernabilidad urbana. Promueve la intervención directa del Estado en el problema habitacional de los asentamientos, desde una "perspectiva multidimensional" del problema, incorporando la idea de la sostenibilidad de las mejoras¹⁵.

Desde los inicios de la implementación en la provincia de Tucumán, el programa ha abordado básicamente la "integración urbana" entendida en términos de la provisión de servicios de infraestructura básica y legalización de la tierra¹⁶. Prevé infraestructura y soluciones habitacionales (mejoramiento de vivienda y servicios)¹⁷ y se plantea "integrar sectores excluidos por la pobreza a la trama social y urbana"¹⁸ en la lógica de la atención de una agenda urbana "vencida".

Ello, sin embargo se complejiza en consonancia con nuevas demandas y desafíos de acciones en relación al uso y apropiación del espacio público y la ciudad por parte de la comunidad.

Para discutir y evidenciar algunos de los mecanismos de exclusión, nos referiremos al análisis de tres dimensiones de la implementación de este programa: La primera vinculada a la formulación; la focalización aparece como criterio basado en el lenguaje de las NBI. La segunda se relaciona al proceso de participación y organización; las relaciones de poder y los grupos de actores implicados. La tercera está referida a la propuesta de intervención, sus manifestaciones espaciales y territoriales, sus elementos materiales y simbólicos. Discutimos algunas categorías a la luz de la teoría y en relación a la práctica de implementación del programa en el aglomerado de Tucumán¹⁹.

- El discurso de las NBI y la noción de vulnerabilidad.

El sistema discursivo del desarrollo social se materializa en teorías como la de las "necesidades básicas", desarrollada fundamentalmente en el campo de la economía y promovida activamente por el Banco Mundial en su política de "lucha contra la pobreza". Uno de los principales criterios que el PMB utiliza para el financiamiento de proyectos²⁰.

La lógica de las necesidades básicas y el mecanismo de la focalización no reconocen la heterogeneidad de la pobreza e invisibilizan las desigualdades de género en relación al acceso a los recursos hacia el interior de los hogares.

Aún en contextos de carencia, es posible identificar diferentes grupos y las repercusiones de las acciones de los programas habitacionales. En ese sentido se ha avanzado en la identificación de diferentes áreas de vulnerabilidad. Las Areas de Vulnerabilidad Tipo A, asociadas al sector de crecimiento moderado. Estas se corresponden con la ubicación de asentamientos ubicados más al interior de la planta urbana y requiere de respuestas a problemáticas estructurales.

ÁREAS DE VULNERABILIDAD URBANA TIPO A

 

 

Definimos las áreas que cumplan las siguientes condiciones: 1. Porcentaje de jefatura femenina mayores a la media nacional 26%; 2. Porcentaje de menores (de 0 a 14 años) mayores al 20%; 3. Porcentaje de NBI mayores a 10%, Porcentajes de hogares incompletos mayores al 10%.

Aglomerado Tucumán (1991-2001).

ÁREAS DE VULNERABILIDAD URBANA TIPO B

Filtramos las áreas que cumplen las siguientes condiciones: 1. Porcentaje de jefatura femenina menores a la media nacional 15 a 25%; 2. Porcentaje de menores (de 0 a 14 años) mayores al 30%; 3. Porcentaje de CALMAT_IV mayores a 5%, Porcentajes de hogares incompletos cercanos al 10%.

Fuente: Elab. Propia en base a datos y planimetría INDEC, 2001.

Las Areas de Vulnerabilidad Tipo B se asocian al sector de crecimiento significativo en la última década del siglo XX hacia el suroeste de la planta urbana. Se corresponde con la ubicación de asentamientos irregulares más recientes, de mayor superficie y mayor carencia material.

En las áreas de análisis coinciden con mayores porcentajes de hogares jefaturados por mujeres (entre 29% y 34%). Es posible visibilizar menores condiciones de las jefas de hogar en el acceso a los recursos (trabajo, educación, ingresos). La presencia femenina entre los beneficiarios de planes era de entre 70 y 80%, en las amas de casa entre 90 y 100% y jubiladas entre 35 y 45%²¹.

La atención del derecho a la vivienda, con el especial énfasis de estos programas en la regularización dominial, encuentra sus limitaciones y contradicciones. Aunque se favorece la tenencia femenina, al no indagar en las diferencias y en las condiciones de las mujeres; no asegura una redistribución de poder hacia el interior del hogar y refuerza, en el marco de los otros programas implementados, la dependencia - principal pero no exclusivamente- económica respecto al varón.

En los barrios analizados, aunque aumenta el porcentaje de mujeres titulares de vivienda y terreno (40 y 60 %), las beneficiarias de planes²² tienen una presencia femenina de 85 y 88%, la totalidad de las amas de casa y entre el 60% y 70% de las jubiladas. Representan menos de la mitad de quienes perciben el principal ingreso, el cual no supera los 350$. Por otra parte, las mujeres representan entre el 75% y el 85% de los titulares de hogares monoparentales y tienen una alta dependencia de menores (la mitad de los hogares que tienen como titulares mujeres tienen menores de 5 años y el 60%, menores en edad escolar).

La seguridad de la tenencia involucra derechos tales como: al disfrute de la ciudad y los poblados, la seguridad tanto privada como colectiva, a la salud, la educación, el trabajo, la recreación y al resguardo del derecho a la vivienda y la tierra, que no se vinculan exclusivamente a la propiedad (FALÚ, 2000). Esta misma autora se refiere ya a inicios de la década al hecho de que no reconocer diferencias en la pobreza de varones y mujeres, asumir que las necesidades y características de la pobreza son semejantes en un mismo nivel socioeconómico y entender a las mujeres como grupo homogéneo, impiden visualizar estrategias más eficaces para las mujeres de sectores pobres.

Los factores de género inciden en una mayor vulnerabilidad de las mujeres relacionada con una mayor restricción en sus derechos y participar de la vida social, política y laboral debido a la falta de tiempo, responsabilidades domésticas o la oposición del cónyuge o compañero. El enfoque de la vulnerabilidad como visión apartada de la idea de fragilidad como característica inherente a las mujeres²³ permite prestar atención no solamente al problema de los recursos materiales sino de los no materiales.

- la participación, el empoderamiento.

Por lo general, los programas reconocen que las mujeres son esenciales para el desarrollo en su conjunto. Sin embargo suman a su rol reproductivo, el de gestoras comunales en tanto garante de bienes y servicios (educación, salud, vivienda) y pocos son los que generan estrategias para un mayor empoderamiento.

Talleres barriales

Las mujeres; sus organizaciones y experiencia, han sido preferentemente movilizadas como recursos sin valor económico, ni reconocimiento político. En cambio, se tiende a ignorar que hay diferencias importantes en la asociatividad de hombres y mujeres y no se asigna ningún valor analítico ni explicativo a las mismas (CEPAL, 2004).

Encontramos diferencias entre las lógicas del fortalecimiento de la organización de los programas y los procesos de funcionamiento de las organizaciones sociales existentes.

En las primeras, se asume como natural el papel desempeñado por las mujeres, de administradoras cotidianas de los efectos de las crisis y las necesidades; ellas se involucran como "manzaneras", "vigías ambientales", entre otras formas. En las segundas, muchas mujeres se convierten en protagonistas y se proyectan al ámbito público y político²⁴.

El énfasis en la autogestión y en las estrategias basadas en la solidaridad fuera del mercado acentúa los roles de género tradicionales (reproductivo asignado por lo general a las mujeres y productivo a los varones) y "naturaliza" el rol comunitario asociado a las primeras.

En cambio, es cuando participan como "agentes de cambio" y son tomadas en cuenta por sí mismas, como sujetos sociales con demandas y necesidades no siempre iguales a las de los varones y las familias, cuando se tienden estrategias para la transformación.

Las estrategias asociativas desarrolladas fundamentalmente por mujeres para hacer frente a situaciones de crisis tales como las de principio de la década del 2000 han implicado algunos cambios en la forma de usar y apropiarse del territorio, nuevas territorialidades.

- la división público- privado

Atento a lo señalado en el punto anterior, abordamos con mayor profundidad esta cuestión. Los varones siempre se han movido en el espacio público, lo sienten como suyo; las mujeres en cambio necesitan "generar espacios" de acción en ese ámbito público; "salir a la calle" no basta, es necesario "apropiarse" de ellos para poder "legitimar" su accionar y su poder. La localización de diversas estrategias en barrios de la periferia urbana: asociaciones, comedores, merenderos; está asociada al ámbito de lo privado, o lo doméstico -dominio de las mujeres según la tradicional construcción de género-; pero a la vez, desdibujan esa línea divisoria entre uno y otro. Propician la creación de nuevas relaciones con su entorno superadoras de la tradicional división del espacio público- privado. Constituyen espacios de cambio, transformación, espacios puente desde donde desarrollan estrategias de resistencia activa frente a las dinámicas de exclusión que padecen²⁵.

La construcción simbólica de estos espacios facilita que las mujeres se apropien, no de un espacio físico en tanto lugar, sino de intereses, valores y problemas compartidos.

Lineamientos internacionales en materia de asentamientos humanos señalan que asegurar a todos los habitantes de la ciudad el acceso a agua potable y la infraestructura básica se considera un imperativo de la equidad²⁶.

En ese sentido, las propuestas y avances de los programas de intervención barrial implican la mejora "indirecta" de las condiciones de las mujeres en tanto atienden la mejora de las condiciones de vivienda y de los barrios.

Intervenciones de programas en infraestructura

Estas respuestas atienden principalmente a sus necesidades prácticas; aquellas percibidas y relacionadas con las malas condiciones de vida (carencias de de servicios y equipamientos básicos, vivienda y empleo, condiciones mínimas de salubridad). Necesidades que las mujeres identifican en virtud de sus roles socialmente aceptados por la sociedad (madre, esposa, ama de casa); que no desafían las divisiones del trabajo por género o la posición subordinada de las mujeres en la sociedad.

El proyecto de intervención implica una concepción de la vida cotidiana de las personas que responde a la división sexual del trabajo y se dicotomiza en espacios públicos y privados, productivos y reproductivos, ligados al trabajo y a la familia, que históricamente se han adjudicado al género masculino y femenino respectivamente²⁷. A ello se yuxtaponen visiones esencialistas que atribuyen a las mujeres características que las colocan en situación de inferioridad ante los varones, así como los estereotipos que la diluyen como sujeto social en el concepto de familia.

Ello se manifiesta no sólo en aspectos materiales sino en las referencias, los nombres que adquieren lugares y espacios: "la casa", "la calle", "la cancha", "la plaza"²⁸. En relación a la vivienda, las tipologías²⁹ se basan en la vivienda mínima y no presenta soluciones para segmentos específicos de demanda, salvo de discapacitados. Las unidades mantienen la función interna tripartita (áreas de recibo, privada y de servicios) y pone principal atención en las funciones de descanso y alimentación como funciones principales, dejando de lado el trabajo, la recreación y el ocio. Se asume así una familia tipo (madre, padre e hijos, con un único proveedor). No se incorpora el "cuarto adicional" o espacio para el trabajo.

Algunos cambios en el sector de viviendas relocalizadas, sin embargo, se vinculan a la construcción o ampliación a este fin: masculinos (galerías techadas) para espacios de guardado (herramientas, carros, materiales) especialmente: corralones, mecánica de autos y motos; femeninos: reasignación de usos al "estar-comedor": locales para almacenes, kioscos, verdulería, venta de comida, mercerías.

Usos productivos en las viviendas

Fuente: NC y Proyecto IGEUS 2008- 2009

Los debates en torno a la ciudadanía nos remiten a la consideración del espacio público. En la línea de las tensiones sobre ciudadanía e igualdad, el desafío no es sólo lograr que las mujeres accedan a los derechos de los que han sido excluidas, sino que su propio patrimonio histórico identitario, su condición de género, sus valores, conocimiento, experiencia y prioridades, sean asumidas como una parte equivalente o del mismo peso que la masculina.

Esto pone en discusión dos cuestiones respecto a las estrategias de intervención barrial, por un lado el tema de la adecuación del espacio de la vivienda o espacios comunitarios para la actividad productiva y por el otro, el de aquellos equipamientos que permitan la conciliación de actividades productivas y comunitarias teniendo en cuenta las familiares, generalmente a cargo de las mujeres, tales como las vinculadas al cuidado, considerando los porcentajes de hogares con jefatura femenina, monoparentales.

Los servicios de cuidado infantil, ancianos, enfermos, abastecimiento, salud y educación resultan condicionantes de las posibilidades vitales de las mujeres para tomar decisiones respecto a sus vidas, mientras la división sexual del trabajo no se modifique estructuralmente. La compatibilización del tiempo está íntimamente ligada al espacio en tanto distancias a recorrer, y las posibilidades de conciliar el mundo privado y público³⁰.

Aunque el PMB en su reglamento operativo prevé financiamiento para centros de cuidado infantil, salas de atención primaria de salud, comedores comunitarios, locales de emprendimientos productivos colectivos; no se le otorga ningún valor analítico a los requerimientos sobre estos equipamientos políticas y planes de igualdad de oportunidades de la Unión Europea. Implica asignarle relevancia al espacio físico y su organización en relación al uso del tiempo que posibilita. Introducir el concepto de "conciliación" en el planeamiento urbano, en la provisión de servicios y equipamientos, supone permitir mayor accesibilidad, menor gasto económico, de energía y tiempo personal para los desplazamientos; seguridad urbana para adultos/as y niños/as; cobertura en todos los horarios y en todo el territorio (Rainero, 2009).

Actividades asociativas autogestionadas: hogares centro (izquierda). SUM (derecha). Actividades de promovidas por el programa (abajo).

Otra de las cuestiones a tener en cuenta respecto a la posición de las mujeres es la autonomía económica. Las iniciativas promovidas en el marco del PMB no son "productivas" sino "comunitarias" o "asociativas" de autogestión. El espacio previsto es el Salón de usos múltiples³². Hay una incipiente preocupación por generar iniciativas laborales y de capacitación para las mujeres, pero se plantean desde una lógica marginal y fuera del mercado.

La división del trabajo por sexo con la asignación casi exclusiva a las mujeres el espacio doméstico, redunda en la desigualdad en sus oportunidades para acceder a los recursos materiales y sociales (propiedad de capital productivo, trabajo remunerado, educación y capacitación), así como a participar en la toma de las principales decisiones políticas, económicas y sociales.

Los espacios verdes y recreativos también ponen de manifiesto construcciones en torno a los roles de género, las propuestas para los espacios verdes o bien no cuentan con equipamientos específicos o se relacionan con equipamientos tradicionales: juegos para niños, bancos, alguna pérgola, canchas de fútbol favoreciendo cierta sensación de inseguridad de los espacios sin uso, o bien la exclusión respecto a los espacios masculinizados.

Espacios verdes y recreativos. Proyecto PMB y propuesta en articulación Proyecto IGEUS. 2008.

4. Reflexiones sobre la construcción de ciudadanía

Los programas de mejoramiento constituyen una línea "innovadora" en tanto se proponen actuar sobre el "proceso" y no sólo orientados al "producto". Sin embargo en un contexto de debilidad institucional del género, las políticas centradas en atender las necesidades básicas, contribuyen a reproducir diferentes formas de exclusión relacionadas a tradicionales relaciones de poder.

El discurso del desarrollo social presente en los programas sustituye los derechos sociales, ya sea que estos se asientan en la condición de ciudadano o en la de trabajador. Esto se traduce en dispositivos de intervención tutelares focalizados territorialmente, junto a derechos culturales abstractos que dicen fortalecer la identidad y multiculturalidad en el ámbito micro local, pero que reproducen la diferencia social y cultural. La atención de las necesidades básicas y los umbrales de ciudadanía desmerecen las luchas sociales y la dialéctica entre los intereses del capital y el trabajo, junto al debilitamiento de la política como ámbito para disminuir las desigualdades sociales. Se desvincula muchas veces la protección social de los derechos, llevando la satisfacción de las necesidades a un piso mínimo para los pobres.

Por otra parte, los umbrales de ciudadanía implican diferencias para mujeres y varones. En los discursos y prácticas políticas opera también la diferencia sexual a través del discurso de género, produciendo construcciones de poder con significados binarios, opuestos y jerarquizados, que reflejan construcciones de exclusión y subordinación de un sexo por otro.

Los beneficios de la ciudadanía se relacionan a las personas que participan del mercado (varones), las otras respuestas se asocian a la condición de "asistida" en tanto "receptora de beneficios". Podemos referirnos a la primera como "emancipada" y a la segunda como "tutelada, asistida". Si bien "beneficiarios" se utiliza de forma genérica en la mayoría de los programas, implica la condición de "beneficiarias" definidas en su condición de "vulnerable", mayormente en el caso de las mujeres³³.

El análisis de los sectores de la periferia de nuestras ciudades evidencia la persistencia de situaciones de privación material junto a un proceso de acumulación de desventajas económicas y sociales asociadas a asimetrías de poder como las de género.

El tradicional concepto de vulnerabilidad supone el aumento de la fragilidad de las personas o las familias respecto de ella. Se relaciona con un aspecto externo, referido a riesgos como el alza de los precios, la pérdida del empleo o los accidentes, a los cuales un individuo o un hogar se encuentran expuestos, y un aspecto interno, que alude a la carencia de recursos para enfrentar los riesgos y evitar mayores pérdidas (CEPAL, 2004, p.11). Adherimos en cambio a la idea de distinguir las causas y naturaleza de la vulnerabilidad. Donde ésta implica estar sin defensas, inseguro, expuesto a riesgos, al shock y la presión. Logra captar algunos de los aspectos multidimensionales, dinámicos y estructurales de la pobreza y aclara mejor los procesos de cambio (Moser, 1996 cit. Falú, 2006, p.12).

En la práctica, los programas aunque redundan en la mejora de la autoestima de las mujeres y en cierta participación en el espacio de lo público, no implican cambios en su posición social. El empoderamiento es un concepto que va más allá de la participación aunque ésta sea en algunos momentos indispensable. Implica el proceso mediante el cual las personas asumen el control sobre sus propias vidas, logrando la capacidad de tomar decisiones y definir sus propias agendas.

El diseño de las intervenciones urbanas refuerzan los procesos de jerarquización asociada a los sistemas de género. La construcción del espacio urbano está más orientada a mantener a las mujeres en los espacios destinados a los roles familiares que a promover su incorporación a la sociedad en general. Se continúa asumiendo que el lugar de las mujeres es el de la casa, mientras que a los varones les pertenece el espacio público recreativo, laboral, político.

Los proyectos de intervención barrial enfatizan la separación de la vida privada doméstica y vida pública. Ello se observa en las divisiones espaciales tanto de las viviendas como de los barrios y su relación con la ciudad: a través formas de delimitación casa-calle, el diseño de espacios verdes públicos masculinos, carencia de servicios y equipamientos que contribuyan a la interrelación de la vida comunitaria, familiar y de trabajo; aunque no exista separación tan taxativa en la vida cotidiana de las personas.

El cambio histórico en el proceso de habitar, la modificación de las condiciones de acceso-exclusión sociales y urbanas, la modificación de la condición de mercancía de los bienes y servicios del hábitat con la profundización y expansión de las relaciones capitalistas, el proceso de profundos cambios intrafamiliares junto a las variaciones del trabajo formal y sus seguridades; debe llevarnos a un mayor debate su resolución espacial.

Lo que el mercado define como "el acceso a la vivienda" (el acceso al producto en términos financieros) interpela hoy profundamente el acceso a la ciudad, y en un sentido más estricto, el acceso a la economía y la cultura urbana. Se acentúa la creciente importancia de la vivienda - y en particular su enclave urbano, en tanto "capital locacional" o lugar en la economía urbana -tiene para los sectores de menos ingresos. Se reinstala y/o reestructura de este modo, con más fuerza el ciclo reproducción-producción en la esfera doméstica (en el "espacio vivienda" y en el entorno barrial inmediato).

Estos tres conceptos hacen necesario situar la discusión respecto a las diferencias entre condición y posición³⁴ y entre necesidades prácticas y estratégicas; las primeras asociadas a las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres en relación a las familias. Las segundas asociadas a los derechos. Las necesidades estratégicas tienen que ver no solo con la mejora en las condiciones actuales, sino con el reconocimiento, la equidad, la autovaloración, la libertad y el empoderamiento de las mujeres, entendido éste como el proceso de superación de la desigualdad de género. Implican el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, por parte de las mujeres: acceso al poder, a espacios de decisión, a recursos, al control del propio cuerpo. Requieren modificar la división sexual del trabajo en el ámbito privado y la participación de las mujeres en el espacio público.

Las orientaciones de las políticas públicas tienden hacia formas tradicionales de organización familiar proclives a la preservación y afianzamiento del perfil familiar, maternal, reproductivo de la mujer y gestora de la cotidianeidad; en desmedro de producir equilibrios en las relaciones de género y otorgarle autonomía como sujeto independiente de los roles familiares. Esta tradicional asignación de roles reproductivos y productivos implica mecanismos en las respuestas sociales y habitacionales inhibidoras de esos cambios y de la participación de las mujeres en las actividades extradomésticas. La subjetividad femenina se construye en torno a su rol en la familia y en comunidad como mano de obra gratuita, como mediadora de los intereses de la familia o como vulnerable (violencia, salud).

Las personas tenemos percepciones y prácticas diferentes que deben ser de complementariedad y no de subordinación, que no deben haber obstaculizantes sino posibilitantes. Las políticas territoriales y urbanas - la localización de los barrios, la ubicación de servicios urbanos, la seguridad ciudadana, los usos del tiempo y del espacio, las responsabilidades sobre los dependientes, no afectan de manera igual a todas las personas, ni a todas las mujeres y los varones. Esto demanda aún mayor conocimiento, debates y propuestas.

Este enfoque distingue entre posición y condición. La condición de las mujeres se refiere a la situación material de vida: pobreza urbana y rural, privaciones de servicios y bienes básicos, falta de acceso a la educación, al empleo y la capacitación, excesiva carga de trabajo y falta de disponibilidad de tiempo. La posición de las mujeres se refiere a la ubicación y reconocimiento social asignado a las mujeres en relación con los hombres en la sociedad: inclusión o exclusión de los espacios de toma de decisiones y participación política; igualdad o desigualdad de salarios por el mismo trabajo; impedimentos para acceder a la educación y la capacitación; subordinación de las mujeres a los hombres que determina las posibilidades de acceso y control de los recursos, servicios y oportunidades.

Pensar en ciudades más equitativas y un urbanismo inclusivo implica, especialmente en los sectores de la periferia de la ciudad, generar propuestas más integrales como estrategias de fortalecimiento de la ciudadanía que:

- cuestionen la tradicional división público-privado / productivo -reproductivo.

- permitan la apropiación de los espacios públicos, que implican un riesgo para la vida colectiva (incremento de la inseguridad urbana y la violencia) cuando se configuran como espacios residuales.

- reconozcan a las mujeres como actores relevantes en la configuración del territorio de la ciudad.

- incorporen las diferencias y múltiples requerimientos de distintos grupos de la comunidad (niños/as, ancianos/as, jóvenes).

Notas

1 Ver: Foro Social Mundial, Porto Alegre, Enero 2005. [En línea]. Disponible en http://www.hic-net.

2 Czytajlo, Natalia (2010) "Espacio, género y pobreza: Discursos, prácticas y construcción de subjetividades en torno al proceso de implementación de políticas habitacionales. Barrios del sector noroeste de la periferia urbana de San Miguel de Tucumán (2004- 2008). Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales -Universidad Nacional de Tucumán Financiamiento Beca CONICET 2005-2010.
Becaria Postdoctoral CONICET 2010-2012- Tema: Herramientas para el análisis y gestión de políticas habitacionales y urbanas en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán. Indicadores de género y pobreza y utilidades de los sistemas de información geográfica. (Dir. Falú, A.- Co-dir: Garrido, B.). Integrante Proyecto CIUNT 2011: "Transformaciones territoriales, dinámicas, aspectos ambientales y escenarios prospectivos. Indicadores de sustentabilidad". Dir. Casares, M. Programa CIUNT 2011: Dir: Torres Zuccardi, R.

3 Becaria Postdoctoral CONICET 2010-2012- Tema: Herramientas para el análisis y gestión de políticas habitacionales y urbanas en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán. Indicadores de género y pobreza y utilidades de los sistemas de información geográfica. (Dir. Falú, A.- Co-dir: Garrido, B.). Integrante Proyecto CIUNT 2011: "Transformaciones territoriales, dinámicas, aspectos ambientales y escenarios prospectivos. Indicadores de sustentabilidad". Dir. Casares, M. Programa CIUNT 2011: Dir: Torres Zuccardi, R.

4 Esto se refiere a la línea iniciada con el Proyecto IGEUS: Incorporación de la perspectiva de Género en Estrategias Urbanas Sustentables con financiamiento entre 2008 y 2009 de la Secretaría de Políticas Universitarias y que ha implicado el desarrollo de actividades de divulgación y reflexión entre 2011 y 2012. Web: www.observatoriofau.org.ar

5 Informe ODM Tucumán 2006. Web: http://www.tucuman.gov.ar/odm/index.htm. [Consulta 2008].

6 Anteriormente (Czytajlo, 2010) nos referimos a avances en materia legislativa nacional sobre los derechos de las mujeres (respecto a la participación de la mujer en el ámbito político, trabajo, adopción de decisiones en relación a las acciones en el ámbito provincial), derecho a la vivienda. El Consejo Nacional de la Mujer, creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del año 1992, es el organismo responsable en la administración central de "monitorear la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

7 En el año 2005 se crea para la atención específica de la problemática de la mujer, la Comisión Coordinadora de Acciones para la Mujer y el Observatorio de la Mujer, con la iniciativa de la Secretaría General de Políticas Sociales de la cual depende. Esta última es jerarquizada en el 2007 como ministerio, con funciones y dependencias vinculadas a la planificación, organización y ejecución de una "política proteccional de la familia, niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con capacidades especiales"; con planes y programas sociales orientados hacia esos sectores.

8 Según estudios oficiales aunque en la provincia aumenta la participación femenina en empleos remunerados a un 40% en 2005, la brecha de ingresos ascendía a más del 50% partir de 2005.

9 A pesar de medidas nacionales como la Ley de Cupo Según estudios oficiales aunque en la provincia aumenta la participación femenina en empleos remunerados a un 40% en 2005, la brecha de ingresos ascendía a más del 50% partir de 2005.
A pesar de medidas nacionales como la (Ley 24.012) la Legislatura provincial presenta una caída en la representación femenina (el 25 % del período 1999-2003 baja al 15% en el período 2003-2007).

10 Tucumán no adhiere explícitamente a leyes nacionales tales como la de Salud Sexual y Procreación Responsable. Diversas líneas de acción se enmarcan en cambio en leyes como la de violencia (Ley 26.485/09).

11 La Ley Provincial 7.107/00 contempla el registro de mujeres jefas de hogar con la denominación de "madres solteras" y el cupo de 5% de los planes de vivienda nueva.

12 A la luz de los enfoques de género y desarrollo, los programas analizados son los desarrollados entre 2003 y 2008. Diversos programas se proponen asistir económicamente a madres jefas de familia con hijos menores en situación de riesgo o en condiciones de extrema vulnerabilidad social. Tales como "Pensiones para madres de siete o más hijos"; el "Incentivo a la Mujer Embarazada y con Niños recién Nacidos" o el "Fortalecimiento a las Madres Jefas de Hogar". El enfoque antipobreza se manifiesta en programas orientados a la generación de ingreso, aunque no específicamente destinados a las mujeres. El Programa "Familias por la Inclusión" es respuesta a la población femenina considerada "no empleable". Otras actividades propuestas en la lógica de la "economía social", fuera del mercado, responden a los tradicionales roles femeninos y no siempre conlleva el acceso a niveles superiores de decisión y autonomía económica.

13 Esta diversificación de programas se orienta a consolidar la evolución habitacional y generar puestos de trabajo (Plan Federal de Construcción de Viviendas- PFCV) destinados a grupos vulnerables, de bajos ingresos y sin formas de acceso al crédito; a la resolución del déficit habitacional (Programa Mejoramientos de Viviendas- PROMEVI) y al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat, vivienda e infraestructura básica (Programas Emergencia y Solidaridad).

14 surge en el año 1997, por un contrato de préstamo, posteriormente reformulado en mayo de 2002 con su priorización e inclusión en el Plan de Emergencia Social.

15 En la provincia, el programa de mejoramiento de barrios con financiamiento del BID y formulación nacional, se desarrolla en el marco de los Programas Especiales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ningún programa se concreta sino hasta principios del 2003, con el decreto de traspaso de los programas de desarrollo social.

16 Entre los indicadores explicitados en la segunda fase de financiamiento, se establecen la legalización de la tenencia de la tierra, se establecen la seguridad de la tenencia (100%), con tenencia legal (90%) y con titulo de propiedad (60%).

17 Se prevé la articulación con el Plan Federal de Construcción de Viviendas (PFCV), y la intervención en la infraestructura privada mediante la articulación con el Programa Mejoramiento de Viviendas (PROMEVI).

18 Los indicadores de éxito del programa sobre integración urbana: 100% vinculado a las redes y servicios y 100% de lotes con déficit de equipamiento comunitario cubierto respecto a la línea de base establecida en la primera fase. En los barrios analizados, la propuesta de "regenerar un amplio sector de la ciudad, a partir de favorecer nuevas conectividades y entramados", poniendo atención a la conexión de los nudos y principales arterias, tal como resulta la atención al cruce del FFCC, no llega a concretarse. Las acciones entonces, quedan reducidas a la integración urbana como la continuidad de la infraestructura de servicios básicos, la regularización de los terrenos y el completamiento de la trama urbana.

19 Nos referimos al PROMEBA Capital ejecutado en los barrios Juan Pablo II y Alberdi Norte ubicados en el cuadrante noroeste de la ciudad capital, el más grande del país, por superficie y cantidad de población. Se inicia en el 2004 en base a un relevamiento anterior y se suspendieron en 2009, habiendo concluido parcialmente lo previsto en el proyecto. Participamos en las diferentes fases. En el capítulo cuatro de la tesis (Czytajlo, 2010) se analiza este programa.

20 Sus objetivos están orientados a "mejorar la calidad de vida de la población con NBI y con ingresos familiares ubicados bajo la Línea de Pobreza que enfrentan deficiencias severas de infraestructura de servicios".
Documento Operativo. PROMEBA. Préstamo BID 940 OC-AR.2004.

21 El cuarto capítulo de la tesis, se refiere exclusivamente al análisis cuantitativo y cualitativo de indicadores y variables de los barrios en cuestión antes (Relevamiento 2004) y durante la ejecución del programa (Relevamiento 2008).

22 En un 76% se trata de Planes Familias, Mamitas o Nacer, vinculados al enfoque de género asistencial. Solo un 13% corresponden al Plan Jefes y Jefas de Hogar- Datos Relevamiento PROMEBA 2008).

23 Falú (1999) se refiere a tres dimensiones de la vulnerabilidad de las jefas de hogar: una material, referida a los niveles más bajos de ingreso e inserción laboral, menor acceso a servicios públicos, menores condiciones de las viviendas; una sociocultural referida a su restringida incorporación a instituciones sociales, si bien tienen mayor acceso a programas sociales es en función de su maternidad y aún tienen acceso restringido a los créditos; una política: ellas mismas no se reconocen como jefas de hogar.

24 Este tema ha sido abordado en otros trabajos anteriores tales como Czytajlo (2009).

25 Se analizó especialmente la experiencia de las "Madres Cuidadoras" y los hogares centro de la Asociación Crecer Juntos en barrios del noroeste del aglomerado.

26 Muchos trabajos tales como Saborido (1999) dan cuenta de que en la vida cotidiana de las mujeres pobres, se ven obligadas a dedicar más tiempo y esfuerzo al trabajo doméstico y al cuidado de la salud familiar.
Concluyen que son las mujeres las encargadas del control y manejo de los riesgos ambientales derivados de condiciones de habitabilidad precaria (falta de aislamiento térmica, ruidos, polvo, roedores, insectos, etc.) y que estos tiene costos sobre su salud física y mental y sobre sus oportunidades de desarrollar otras actividades, por ejemplo económicas.

27 Sobre ello se han referido numerosas autoras; Falú, 2006; Rainero, Rodigou, 2001, etc.

28 Una de los acercamientos de la investigación implicó la indagación en las percepciones, vivencias y valoraciones para personas según género y edad. Esta cuestión se analiza en el apartado 4.4. en Czytajlo, 2010.

29 Si bien el estudio de la vivienda no ha sido un eje principal de indagación, consideramos pertinente traer algunos elementos respecto al diseño de los prototipos de vivienda, en cuanto a algunos criterios de resolución proyectual y en relación a algunos antecedentes sobre la temática.

30 El concepto de "conciliación de la vida familiar y laboral" constituye un capítulo aparte en las

31 Los "Hogares Centro" como espacios para el cuidado y desarrollo infantil funcionaban en el barrio desde hacía diez años, constituyen una estrategia exitosa llevada adelante por una organización de mujeres de la comunidad, agrupación que fuera la impulsora de la primera presentación del barrio para su factibilidad para el PMB.

32 El Pliego de Especificaciones Técnicas, prevé "cumplimentar con otras necesidades de la comunidad". Se entremezclan discursos en relación a estos espacios comunitarios como medios para "bajar planes". Las funciones no terminan de estar muy claros para la comunidad. Las expectativas de sus habitantes manifiestan diferentes actividades, emprendimientos, socioculturales. Cabe señalar que en otros proyectos posteriores algunas líneas implementadas de financiamiento de iniciativas comunitarias se orientan a la generación de proyectos económicos que pueden marcar diferencias.

33 Ciertos programas tienen una proporción altamente significativa de mujeres. Las razones que explican el fenómeno se vinculan, por un lado, al hecho de que estos programas se dirigen a "los más pobres de los pobres" o "los más vulnerables", de modo que terminan por focalizarse fácilmente entre las mujeres y por otro lado, dado que constituyen una de las pocas -si no las únicas-oportunidades de conseguir un ingreso para las mujeres de escasos recursos. En el mismo sentido constituyen uno de los pocos espacios para obtener una capacitación, o modalidad de participación en el espacio público (Zibecchi, 2008).

34 Condiciones de vida (situación material) y posición social (status o situación jerárquica) Estas han sido rescatadas como herramientas analíticas básicas del enfoque de género en contextos de desarrollo (García Prince, 2003)

Bibliografía

1 ÁLVAREZ, Sonia (2005) "La invención del desarrollo social en la Argentina: Historia de "opciones preferenciales por los pobres"". En ANDRENACCI, Luciano (comp.) (2005) Problemas de política social en la Argentina Contemporánea (pp. 81-124). Buenos Aires: Prometeo Libros. UNGS.         [ Links ]

2 BUSTELO, Eduardo (1998) Expansión de la ciudadanía y construcción democrática. En BUSTELO, E. y MINUJIN, A. (eds) (1998) Todos entran. Propuestas para sociedades incluyentes. Santa Fe de Bogotá: UNICEF. Santillana.

3 CASARES, Marta; CZYTAJLO, Natalia (2009) "El derecho a ser (hacer) ciudad". En Congreso Forma y contexto- SEMA 2009. Tucumán, Argentina, 7 al 9 de Octubre de 2009.

4 CEPAL (2004) "Entender la pobreza desde la perspectiva de género". Informe Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL-UNIFEM-República de Italia. NNUU. Santiago de Chile, enero de 2004.

5 CUENYA, Beatriz; FALÚ, Ana (Comp.) (1997) Reestructuración del Estado y política de vivienda en Argentina, Buenos Aires: Colección CEA - CBC Universidad de Buenos Aires.

6 DEL VALLE, Teresa (1997) Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología. Madrid: Ed. Cátedra.

7 CZYTAJLO, N. (2009) Estrategias y roles de mujeres en barrios de la periferia urbana frente a la globalización. Andalucía, España: Universidad Internacional de Andalucía.

8 FALÚ, Ana (coord.) (1999) Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres. Red Mujer y Hábitat AL HIC, Quito: Programa de Gestión Urbana. Cuaderno de trabajo N° 72.

9 FALÚ, Ana (2000) Discurso en nombre de las Mujeres, y como coordinadora de la Red Mujer y Hábitat de America Latina y Vice Presidenta de HIC. CEPAL Hacia Hábitat + 5. 24 Octubre 2000.

10 FALÚ, Ana; MARENGO, Cecilia. (2004) "Las políticas urbanas: desafíos y contradicciones". En TORRES RIBEIRO, A. (comp.) El rostro urbano de América Latina. Buenos Aires: CLACSO. [En línea]. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rural1/p4art2.pdf [Consulta: Noviembre 2009]

11 FERNANDEZ WAGNER, Raúl (2008) Elementos para una revisión crítica de las políticas habitacionales en América Latina. En Asentamientos informales e Moradia Popular: subsidios para politicas habitacionais mais inclusivas. Brasilia: IPEA. [En línea]. Disponible en: http://www.infohabitat.com.ar/web/ [Consulta Diciembre de 2009].

12 GARCÍA PRINCE, Evangelina (2003) Hacia la institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. Documento preparado para la Fundación F. Ebert. Caracas. Enero 2003. [En línea] Disponible en: http://www.gestionpublica.sg.gba.gov.ar. [Consulta: Agosto de 2009].

13 MCDOWELL, Linda (2000) Genero, identidad y lugar. Valencia: Ed. Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer.

14 PEÑA MOLINA, Blanca (1998) " Apuntes para una metodología en el estudio del binomio género y espacio urbano". En Boletín CF+S. Número 7. México. Noviembre de 1998.

15 SABORIDO, Marisol (1999) Ciudades y relaciones de género. Informe Unidad Mujer y Desarrollo- CEPAL. [En línea]. Disponible en: http://www.eclac.org [Consulta Setiembre 2003]

16 ZICCARDI, Alicia (2008) "Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI". En ZICCARDI, Alicia Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.