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La aljaba

versión On-line ISSN 1669-5704

Aljaba vol.17  Luján oct. 2013

 

ARTÍCULOS

Derechos Humanos, ciudadanía y activismo femenino en La Pampa contemporánea1

Mónica Adriana Morales
Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer,
Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam

 


Resumen: El presente artículo analiza las organizaciones pampeanas defensoras de los Derechos Humanos y su activa participación en la conformación de un cuerpo investigativo con el fin de recuperar la historia silenciada sobre el accionar del terrorismo de estado en la provincia de La Pampa, cuyo control operativo estuvo subordinado a la Subzona 14 dependiente del Primer Cuerpo del Ejército.
En la gesta de transparentar nuestra historia reciente el Movimiento por los Derechos Humanos ha cumplido un rol destacado en la demanda de justicia, demarcando la senda de la reconstrucción histórica y el cultivo de la memoria nacional. Metodológicamente se trabaja bajo la óptica de analizar fuentes documentales y recuperar los testimonios y acciones de quienes participaron activamente en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país y la recuperación de los derechos individuales y colectivos.

Palabras claves: Dictadura; Derechos Humanos; Participación femenina; La Pampa.

Human Rights, citizenship and women's activism in contemporary La Pampa

Abstract: The paper analyzes the constitution of Pampa organizations of human rights defenders and their active participation in the formation of an investigative body to recover silenced history on the actions of state terrorism in the province of La Pampa, which were under the control of the subarea 14 First Army Corps.
In the quest for transparency our recent history Movement for Human Rights has played an important role, essentially paving the way of historical reconstruction and preservation of national memory. The methodology of work consist in analyzing the documentary sources and retrieve the testimony and actions of those who were actively involved in the search for justice, truth, the reconstruction of the historical memory of our country and the recovery of individual and collective rights.

Key words: Dictatorship; Human Rights; Women's participation; La Pampa.

Sumario: 1. Introducción. 2. La Pampa y el movimiento por los Derechos Humanos. 3. El juicio por la Subzona 14 en La Pampa. 4. Consideraciones finales.


 

- 1 -
Introducción

El período iniciado el 24 de marzo de 1976 si bien es una fecha que opera como bisagra en la historia argentina, no implica el único ni el inicio de la violencia política en nuestro país. El gobierno constitucional precedente de María Estela Martínez perdió su legitimidad por una crisis de múltiples dimensiones: al proceso inflacionario que socavó la estructura económica y las fracturas internas del partido gobernante que trasladó sus efectos a las instituciones estatales, se le sumó el enfrentamiento entre estado y sindicatos y la actividad ilegal de la banda terrorista de ultraderecha o Triple A (Cecilia Lesgart 2006).
Bajo el pretexto de combatir la guerrilla, los militares utilizaron en forma indiscriminada el monopolio de la fuerza pública violentando los derechos humanos esenciales, como el derecho a la vida, a un juicio justo, a la identidad, a peticionar por mejores condiciones de trabajo.
La consecuencia de dicha experiencia autoritaria fue la tortura y desaparición forzada de personas, el secuestro y sustitución de la identidad de bebes nacidos en cautiverio y de niños secuestrados junto a familiares. Ello fue parte de un sistema planificado de represión, de una concepción ideológica del poder y de la sociedad como conjunto de individuos cautivos del estado y alienados de las instancias de deliberación. La apropiación de la soberanía del pueblo y de la política, se instrumentó a través del ejercicio de la política asentada en el monopolio de la fuerza pública y en la opción por el silencio y/o la franca adhesión de sectores importantes de la sociedad civil.
Respecto a la condición de las mujeres, Feijoo y Gogna (1985) analizan las acciones del gobierno peronista de 1973 que impactaron en la condición de las mujeres, en algunos casos extendiendo los derechos sociales al reconocer, por ejemplo, el derecho de las concubinas al acceso al sistema previsional de su pareja; en tanto que, otras resoluciones como la prohibición de los métodos conceptivos, en el marco de políticas públicas pronatalistas, tendieron a reforzar los estereotipos femeninos tradicionales. Una de las medidas tendientes a promover el mejoramiento de la situación de las mujeres, tal como la ley de jardines maternales aprobada en 1973, nunca fue reglamentada y, por lo tanto, no entró en vigor. Por otro lado, tuvo un impacto negativo considerable el veto del Poder Ejecutivo a la ley sancionada de patria potestad indistinta que significaba un gran salto a la concepción patriarcal de subordinación femenina.
Durante la vigencia del régimen dictatorial se tomaron medidas específicas que incidieron en las libertades de las mujeres, tales como la anulación de aquellas medidas que habían equiparado los derechos entre esposas y concubinas; y la continuidad de las políticas pronatalistas implementadas en el periodo constitucional previo.

"Pese a la retórica oficial dirigida a sacralizar el papel de la mujer en el hogar, sería ingenuo suponer que esto liberó a las mujeres de constituirse en víctimas de la represión. Por el contrario, para ellas se inventaron métodos aun más perversos que las castigaban cruzando simultáneamente sus roles en el mundo público con el mundo privado (al ser castigadas como estudiantes, activistas, delegadas, pero también como mujeres y madres)" (Feijoo y Gogna, 1985:45).

Pero, en ese contexto y en una apuesta humana diametralmente contraria, se iluminaron caminos de intensa rebeldía a la disciplinada sociedad argentina del "de eso no se habla", "algo habrán hecho"; una silenciosa miríada de esfuerzos individuales que se reconocieron y se hicieron colectivos en la gesta cotidiana de la búsqueda del hijo, la hija, el esposo, la esposa, el colega, la compañera/o de militancia. Fueron las décadas en que se conformó y/o se consolidó un notable Movimiento Nacional de Derechos Humanos representado por diferentes asociaciones tales como Madres (1977), Abuelas (1977), Familiares de Detenidos y Personas Desaparecidas por Razones políticas (1976) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1975). En tanto que en la década de 1980 aparecen expresiones regionales del Movimiento por los Derechos Humanos2.
La importancia del estudio de los Movimientos Sociales radica en que en las últimas décadas, a nivel mundial y a nivel local, las acciones colectivas no institucionales por la defensa de intereses comunes se han canalizado a partir de nuevas organizaciones que demandan el reconocimiento de derechos existentes, pero negados por las estructuras de poder, y que generan acciones e ideas de autoidentificación, ante la inexistencia de referencias identitarias en la sociedad (Revilla Blanco, 1994).
El Movimiento por los Derechos Humanos en general y las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en particular se han constituido en referentes éticos en la búsqueda de la justicia, la verdad y la defensa de la memoria histórica de nuestro país; como también modelos referenciales en el ámbito político-cultural y de los nuevos actores y movimientos sociales.

"Si cerramos los ojos, hay una imagen que domina la escena 'humana' de las dictaduras: las Madres de Plaza de Mayo y otras mujeres, Familiares, Abuelas, Viudas, Comadres de detenidos-desaparecidos o de presos políticos, reclamando y buscando a sus hijos (en la imagen casi siempre varones), a sus maridos o compañeros, a sus nietos. Del otro lado, los militares, desplegando de lleno su masculinidad (Jelin, 2002:99).

En el contexto de la defensa de los Derechos Humanos y la denuncia de las acciones ilegales del gobierno dictatorial son mujeres quienes se presentan como imagen pública indiscutible, con su dolor por la pérdida o la ausencia; en su pedido público de "justicia y aparición con vida de los desaparecidos"; con el pedido de restitución de hijos e hijas a quienes el gobierno dictatorial les negó su identidad. En tanto que desde lo institucional son policías, militares, funcionarios, jueces, los representantes masculinos asociados con el monopolio del poder y de la toma de decisiones.
En el caso particular de la Provincia de La Pampa la represión de las diversas expresiones sociales, políticas y la persecución de individuos, como patrones de control y limitación en el ejercicio ciudadano, se enmarcaron en la actuación de la estructura de la Subzona 14 dependiente del Primer Cuerpo del Ejército3. Entre noviembre y diciembre de 1975 se produjo en La Pampa una ola de detenidos y secuestrados por las fuerzas de seguridad en el marco de los operativos contra la subversión. Entre los detenidos figuraron médicos, militantes políticos, docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad (Asquini y Pumilla, 2008).
En función de ello, es de vital importancia la reconstrucción de la historia de las organizaciones por los Derechos Humanos en el interior del país, y de la Provincia de La Pampa en particular, intentando descubrir las especificidades y los giros, sus visiones autonómicas o sus acciones permeadas por la experiencia nacional. Tal como afirma Jelin (2002) también resulta imperiosa la necesidad de incorporar el enfoque de género en dichas reconstrucciones, no sólo por la innegable condición genérica de los diversos organismos defensores de Derechos Humanos que se conformaron en la Argentina dictatorial, sino también por la significación que posee rescatar las voces y acciones de mujeres con la intencionalidad política feminista de otorgar un nuevo enfoque al contenido y también al marco de la memoria social. Durante mucho tiempo la memoria y la historia social se construyeron en base al testimonio de las acciones masculinas y la validación social de los ámbitos y realizaciones a través de su impronta como única referencia. La invisibilización de los aportes de las mujeres nos impele a poner de relieve sus organizaciones propias, la participación política en la lucha antidictatorial, la reconstrucción de las redes democráticas y también, en la elaboración y articulación de un discurso que reivindica permanentemente nuevas acciones en pos de los derechos de las minorías subyugadas. Los testimonios de quienes han formado parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nos permiten comprender los significados que los procesos tienen para las y los actores sociales; pero también nos posibilitan desentrañar en la memoria individual y colectiva los aportes de mujeres a la comprensión de lo público a partir de su acción política.
En el presente artículo se analiza la acción de las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa, a través del testimonio de quienes formaron parte activa de los mismos o que tuvieron alguna vinculación con tales organismos, y su vinculación en la conformación de un cuerpo de denuncias que contribuyó a socavar el círculo del silencio y de miedo que la dictadura impuso a la sociedad pampeana. En un trabajo previo4 he incursionado sobre la participación femenina en los Movimientos por los derechos Humanos en La Pampa, recuperando testimonios de mujeres que han participado activamente en la tarea de instalar en la sociedad pampeana la demanda por justicia y la recuperación de los derechos individuales y grupales sesgados por la acción dictatorial.
En esta oportunidad, se analiza un conjunto de testimonios orales y escritos de los cuales deseo destacar el de Juan Carlos (Pinky) Pumilla, escritor, periodista y miembro fundador del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos; Liliana Telerman, médica pediatra, integrante del grupo fundacional y presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos de General Pico y Alejandra Naunchuk, escritora, integrante de la Asociación Pampeana de Escritores quien se vinculó y acompaño al Movimiento desde sus inicios.

En el interior del país los esfuerzos individuales y los resquicios militantes fueron tomando forma en las primeras asociaciones entre 1982 y fines de 1983, en el caso de la Provincia de La Pampa cuando discurría el ocaso del poder omnímodo de los cancerberos del estado.
La intensa soledad de los hechos individuales, denuncias, pedidos, visitas, como la acción encubierta de miles de voluntades en el interior como en el exterior, fue resquebrajando lentamente ese epítome castrense de "los argentinos somos Derechos y Humanos", lema de la campaña diseñada por la Dictadura para limpiar sus crímenes allá por 1978.

- 2 -
La Pampa y el movimiento por los Derechos Humanos

El Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, abarcando en esta expresión las diversas organizaciones, desplegó una labor intensa, en lo referente a esclarecer quiénes y cómo fueron detenidos y desaparecidos, articulando y compartiendo la información disponible en el seno del mismo hasta conformar un cuerpo informativo que, desde abril de 1984, será presentado no solo a las autoridades judiciales sino también ante las distintas instancias políticas, patrocinando en la sociedad pampeana la ruptura del cerco del miedo que la dictadura había instalado.
Con actores sociales de diversa extracción política y a partir de una Asamblea popular se formaliza el 12 de noviembre de 1983, en Santa Rosa, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos5. Con anterioridad a la conformación de la mesa directiva se realizaron diferentes acciones y se establecieron contactos a nivel nacional con organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, concitando la constitución del movimiento local diversos apoyos. Casi paralelamente, en el otro polo urbano de nuestra provincia, General Pico, se constituyó la Asamblea por los Derechos Humanos de General Pico, el 1 de diciembre de 1983, presidida desde sus inicios -como dijimos- por la médica pediatra Liliana Telerman6.
La APDH de General Pico comienza a desmembrarse hacia finales de los '80, durante la era menemista (1989-1995), a causa del cambio de domicilio de muchos de los que militaban en la Asamblea, o por el quebrantamiento del rol social del estado y el debilitamiento de los servicios estatales, que generó una emigración de empleados del sector público al sector privado.

"Por lo tanto aquel que estaba en evidencia en una cosa como ésta, lo echaban. Esto nos debilitó mucho y, por otra parte, había mucha gente que ya te decía que lo de los Derechos Humanos ya pasó, es del pasado... A pesar de que seguimos haciendo marchas por lo de María Soledad y por toda cosa que sucedía, allí estábamos nosotros" (Telerman, 2011).

Juan Carlos Pumilla7, junto a un grupo de militantes políticos-sociales y de escritores, promoverá y organizará el Movimiento. Pumilla, proveniente de una militancia política previa a la dictadura, en un partido de la izquierda revolucionaria Vanguardia Comunista, arraigado en La Pampa en la década del '70 y al calor de las huelgas salineras, fue detenido en enero de 1976, al borde del golpe, durante la última fase del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

"Afortunadamente fui procesado por un juez federal que, precisamente por actitudes que tuvo por ejemplo conmigo, fue objeto del blanco de la dictadura y fue preso él mismo. En el mismo pabellón y en la misma celda donde estuve. Juan De Dios Uncal [el nombre del juez], murió a mediados del año pasado... Lo que me lleva a incorporarme o a gestar, porque fui parte del grupo promotor, y conformar una orgánica con lo que estaba disperso del colectivo de la militancia. Estas circunstancias, una actividad política previa y canalizada en lo que era imperativo en ese momento que era lograr la libertad de los presos políticos y luchar contra la dictadura militar..." (Pumilla, 2011).

Más allá de los primeros contactos establecidos con organizaciones nacionales, muy prontamente la entidad determina la necesidad de conservar cierta autonomía de cualquier organización nacional. Las primeras aproximaciones fueron con Augusto Comte y con Graciela Fernández Meijide, por ese entonces, referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Respecto a la actitud asumida por esta última indica que

"Cuando estábamos armándonos y entendimos que necesitábamos el respaldo de algún equipo institucional, viajamos con Horacio Maldonado a Buenos Aires. Nos entrevistamos con Augusto Comte y él nos dijo que teníamos que ir a la Asamblea de Derechos Humanos... Fuimos a la Asamblea y nos entrevistamos con Fernández Meijide. Esta mujer estaba más preocupada por establecer a qué partido o signo ideológico pertenecíamos nosotros, más que qué estábamos haciendo... Fue tanta la insistencia por saber de qué signo éramos que incluso lo ponía como requisito para ser parte de la Asamblea. Nosotros nos resistimos..." (Pumilla, 2011).

La posición inquisitiva de los representantes de la Asamblea de Derechos Humanos, respecto a la identificación partidaria de los integrantes del Movimiento Pampeano, convenció a éstos últimos de la necesidad de ser equidistantes de las asociaciones nacionales. Si bien mantuvieron contactos e intercambio de información, el Movimiento desechó tomar partido o embanderarse detrás de una u otra organización suprarregional.
Intentó prescindir del debate meramente partidario y articular los esfuerzos individuales en torno a las coincidencias respecto a la defensa de los Derechos Humanos. Al igual que en Santa Rosa, la conformación de la Asamblea de Derechos Humanos de General Pico8 fue el resultado de la coordinación del trabajo militante de quienes luego serían sus integrantes, mediante la difusión de información y conexión con familiares de detenidos-desaparecidos. Tal como señala Liliana Telerman

"Poco a poco entramos en contacto, de forma esporádica, con gente que despacito... La cuestión es que durante la dictadura nosotros les acercamos a personas que sabíamos que tenían hermanos o hijos desaparecidos, la documentación de la Comisión de Derechos Humanos que vino durante el mundial de 1978... Así que fuimos viendo a personas que tenían familiares desaparecidos y a los que habían estado presos acá. Fuimos unos de los primeros en ir..." (Telerman, 2011).

Respecto al trabajo investigativo y de recolección de información Pumilla (2011) es claro con respecto a la fragilidad con la que se trabajaba entonces: "Era todo muy precario, muy incipiente... (...)Nos ayudaba mucho, a varios de nosotros, nuestra profesión de periodista, que nos permitió el acceso a muchas fuentes y contactos...". Pero fue sustancialmente el hecho de conocerse públicamente la conformación del movimiento lo que facilitó, por un lado, la concurrencia de familiares a radicar denuncias, a brindar información, ya sea personalmente o de forma anónima y, por otra parte, la búsqueda a partir de información que los integrantes del movimiento conocían.
Con la información recopilada se produjo un cuerpo documental con 33 denuncias de violaciones a los derechos humanos a pampeanos o cometidas en el ámbito provincial y que fue difundido el 1º de junio de 1984 y presentado en el Juzgado Federal de Santa Rosa ante el juez subrogante Bonvehí. En dicha ocasión Juan Carlos Pumilla y Horacio Maldonado realizaron tal gestión ante el Juzgado Federal en representación del Movimiento de Derechos Humanos (Informe Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, 1984:80).
Existieron en el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, quizá con una magnitud inferior a las existentes en los movimientos nacional, diversas tensiones que giraron en torno a la interpretación político-ideológico de los procesos de la historia argentina y su conexión con el contexto mundial; en la metodología a emplear y en las prioridades que se establecieron al interior de la organización.
El Informe "Represión y Derechos Humanos en La Pampa", da cuenta de una inquietud que transitó los inicios del movimiento, que pivoteó entre concentrar el objetivo en consignas relacionadas estrictamente con las consecuencias del proceso dictatorial o incluir otros objetivos que comprendieran una visión integral de los Derechos Humanos. Finalmente prevaleció la idea de centralizar la actividad del Movimiento en la investigación y denuncia de la violación a los derechos humanos y a la actividad represiva del estado, poniendo el énfasis en la "aparición con vida".

"La presencia de un enemigo común visualizado con nitidez no impidió que ya, para ese entonces, surgieran algunos temas merecedores de debate y de resolución. El Movimiento... ¿debía hacer girar exclusivamente su actividad alrededor de la consigna de 'aparición con vida, justicia y castigo a los culpables' o debía combinarla con otros objetivos tendientes a abordar el tema de la dignidad humana en el amplio espectro en que ésta es vulnerada? (Salarios, hambre, miseria, desocupación, etc.)" (Informe Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, 1984:4).

El primer criterio era legitimado, por quienes lo sostenían, en la interpretación de que la incorporación de otras demandas contribuiría a debilitar la lucha por la "aparición con vida" de los detenidos-desaparecidos. Otros, en tanto, argumentaron que el Movimiento debía enarbolar criterios de defensa integral de los Derechos Humanos, colocando el foco en la desaparición de personas y las acciones represivas de la Dictadura. Esta última fue la posición que primó en el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.

"Porque era necesario demostrar que la inflexible aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, consistía en la desaparición forzada de personas, en la muerte y el terror, pero también en el hambre, la explotación, la miseria y todas las formas aptas para profundizar la dependencia" (Informe Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, 1984:4).

Es así como el Movimiento enfocó sus esfuerzos en reunir información sobre los detenidos-desaparecidos en La Pampa o de pampeanos, sin incluir en la investigación la aplicación de torturas. Pumilla (2011) argumenta que

"...no teníamos ni la fuerza ni la capacidad, no nos dedicamos a la tortura. Porque ya había una investigación que estaba motorizada por el Poder Ejecutivo9 que tenía muchos más recursos y potestades. De hecho, el Poder Ejecutivo ese exoneró a estos represores que recién ahora son juzgados y condenados...".

La visión que primó fue dedicarse a investigar aquello que no era indagado por el Poder Ejecutivo, es decir la situación de los detenidos-desaparecidos y reconstruir la situación en la cual éstos habían sido alcanzados por las fuerzas represivas.
Pumilla (2011) señala dos momentos centrales en el accionar del Movimiento, un primer período desde 1982 a 1983 en el que la acción de recopilación de información y testimonios fue central y, un segundo momento desde 1983 a 1985 en el que se radicaron las denuncias ante organismos públicos.

"Yo creo que de 1982 a 1983 hay un momento; y otro momento de 1983 a 1985; porque en una se investigó y en otra se denunció. En una se investiga y en otra se saca a la luz... En contextos diferentes, ya hay democracia (...). Después hay un tercer momento, no lo puedo fijar en fechas, yo calculo que en 1987, 1988 para adelante que es donde se produce también una revisión de conductas de operatorias en el movimiento... Yo sigo vinculado igual al movimiento, tengo amistades, tengo mis afectos y mi historia ahí, pero el hecho es que se produce lo que nosotros resistíamos, que es abarcar todo el espectro de violación a los Derechos Humanos".

En la integración de la Comisión de la APDH de General Pico, afirma Liliana, estaban representados hombres y mujeres. Si bien los primeros, tenían mayor representación numérica, las mujeres cumplían un papel significativo y protagónico.
En distintas culturas y en diferentes tiempos, las mujeres han sido consideradas seres que poseen ciertas particularidades negativizadas por el sistema patriarcal imperante (generan disturbios y/o son incapaces para realizar determinadas actividades o funciones) y esta percepción las hizo pasibles de ser colocadas bajo la tutela de otro (el pater-familiae, el hermano, el hijo, el esposo) para que no perturben la marcha establecida por la sociedad dominante. Esta concepción prejuiciosa y el dominio cultural que sustenta, trasvasa las relaciones de diferentes instituciones de nuestra sociedad.

"La represión fue ejecutada por una institución masculina y patriarcal: las fuerzas armadas y las policías. Estas instituciones se imaginaron a sí mismas con la misión de restaurar el orden 'natural' (de género)" (Jelin, 2002:106).

Las construcciones discursivas y las acciones de los representantes de la dictadura genocida se enfocaron en restaurar y fortalecer la simbología patriarcal de la sociedad argentina, insistiendo sobre el lugar "natural" de la mujer como responsable del cuidado de sus hijos/as, de la familia, del hogar, del marido, preservando los valores asociados a una estrecha cosmovisión que asociaba la patria, la familia y los valores cristianos. Tal como afirma Filc (1997) la dictadura y sus adalides civiles y militares, impusieron una ideología fuertemente "familística", que reforzó el estereotipo de mujer absolutamente subsumida en el cuidado del hogar, la familia y la reproducción cultural del sistema patriarcal dominante.

"Ser mujer para dirigir lugares donde hay hombres tiene sus dificultades. Principalmente porque hay hombres que no quieren que los dirija una mujer, por eso la frase de un compañero que dice 'maricón, vos andas detrás de las polleras de una mujer'. Porque como mujer, tienen menos confianza en lo que vos puedas hacer... Digamos que por un montón de cuestiones culturales, sociales y políticas milenarias... Pero en realidad, dirigí grupos con muchos hombres" (Telerman, 2011).

Este testimonio da cuenta de cómo los estereotipos fuertemente patriarcales permearon aún, organizaciones alternativas, como las de Derechos Humanos, las que se presentan en el campo de la militancia política y social como organizaciones donde el poder tiende a construirse horizontalmente.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de La Pampa no solo hicieron públicas las denuncias por las desapariciones de pampeanos/as, sino que le imprimieron continuidad a la demanda por justicia presentando ante las distintas instancias gubernativas provinciales, en diferentes momentos, versiones actualizadas del primer informe presentado por vez primera, en abril de 1984.

- 3 -
El juicio por la Subzona 14 en La Pampa

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, se realizó un primer juicio que involucró a quienes  cometieron delitos de lesa humanidad  durante la dictadura en la provincia. El proceso judicial se extendió entre el 2 de agosto al 16 de noviembre de 2010 y en él fueron sometidos a juicio oral y público ex militares y ex policías, acusados por el secuestro y la tortura de 30 personas en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en la provincia.
Este primer juicio, se centró en las torturas y en base a las denuncias del Poder Ejecutivo, en tanto que el cuerpo de denuncias conformadas por el Movimiento será considerado en un segundo Juicio. Según afirma Pumilla

"...estas treinta y tres denuncias todavía no han sido expuestas a consideración en el plano judicial... Han sido elevadas pero todavía no hay juicio... Porque este juicio [refiere al juicio de la Sub Zona 14] las rozó de alguna forma pero se centró en las torturas, basado en las denuncias del Poder Ejecutivo, no en las treinta y tres denuncias nuestras... O sea que hasta que esto no termine, yo estoy involucrado moralmente y fácticamente..." (Pumilla, 2011).

Los ex militares y ex policías, que actuaron en el denominado Comando de Subzona 14 del Primer Cuerpo del Ejército, fueron imputados de unos treinta casos de secuestros y torturas, efectuados en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en las ciudades de Santa Rosa, Jacinto Arauz y General Pico.   El Tribunal conformado por los jueces José Mario Tripputi, Armando Márquez y Eugenio Krom condenaron, con penas que variaron entre 20 y 8 años de prisión, al ex capitán Néstor Greppi, los ex comisarios Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart (condenados a 20 años de prisión cada uno); al oficial Néstor Cenizo (14 años); a los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta (12 años), y Hugo Marenchino (8 años). Los individuos anteriormente mencionados fueron hallados culpables, por diferentes casos de delitos de privación ilegal de la libertad y por torturas, hechos agravados porque fueron cometidos contra perseguidos políticos y considerados delitos de lesa humanidad. Los jueces también determinaron que cumplan esas condenas en la Colonia Penal, una cárcel común de la ciudad de Santa Rosa.
En tal ocasión no fueron condenados el ex Coronel Iriart, ausente por enfermedad, y Luis Enrique Baraldini, ex Jefe de la Policía de La Pampa y prófugo de la justicia. Con posterioridad a la mencionada sentencia, Luis Enrique Baraldini fue identificado en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia y extraditado a la Argentina el 24 de diciembre de 201110. El represor, ex Jefe de la Policía pampeana entre diciembre de 1975 y noviembre de 1979, acusado de violaciones a los derechos humanos y sindicado como uno de los principales resortes del plan sistemático de represión y desaparición de la dictadura en La Pampa, se mantuvo prófugo de la justicia desde el año 2003 cuando huyó a Bolivia. Trasladado a Santa Rosa en enero del año 2012, compareció ante el juez Pedro Zabala, negándose a declarar, fue procesado y permanece, en la Unidad Penal Nº 4 de Santa Rosa, junto con quienes fueron condenados en el Juicio realizado durante 2010. Baraldini será, oportunamente, juzgado no sólo por los casos conocidos en el primer juicio, sino también por los hechos que formarán parte del segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia por el grupo de tareas de la Subzona 14, que según estimaciones, se realizaría en el año 2014, luego que finalice la reunión de declaraciones testimoniales e indagatorias pertinentes11 por parte del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Es relevante mencionar los diversos testimonios de violencia sexual que se efectuaron durante la realización del Juicio a la Subzona 14, estos estarían enmarcados dentro de los Delitos sexuales, incluida la violación, la esclavitud sexual y otras expresiones de violencia de carácter sexual, concebidos como Delitos de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Las recientes directivas de los organismos internacionales, a los cuales nuestro país se encuentra adherido, establecen la necesidad de hacer visibles, juzgar y sancionar a quienes sean responsables de delitos contra las mujeres, incluida la violencia sexual. Este es un camino muy reciente, casi inicial de la justicia argentina, que entendemos se profundizará a medida que se desarrollen los diferentes juicios programados por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de estado.

- 4 -
Consideraciones finales

En la gesta de transparentar nuestra historia reciente el Movimiento por los Derechos Humanos ha cumplido un rol histórico destacado, sustancialmente marcando el camino de la reconstrucción histórica y la preservación de la memoria nacional.
En la Provincia de La Pampa se conforman, a fines de 1983, el Movimiento por los Derechos Humanos y La Asamblea de Derechos Humanos de General Pico. Estos colectivos nuclearon a escritores, periodistas, militantes políticos y sindicales que realizaron un destacable trabajo de recolección de información y testimonios previamente y con posterioridad a la apertura democrática. Una de las acciones emblemáticas del mismo, fue la producción del Informe "Represión y Derechos Humanos en La Pampa", hecho público el 1 de junio de 1984 y presentado a las autoridades judiciales del Juzgado Federal de Santa Rosa. Tal informe constituyó un estado de situación del propio movimiento, a los seis meses de su conformación, con adiciones posteriores referidas a los detenidos y desaparecidos pampeanos.
El Informe da cuenta de las modificaciones que se produjeron en dicho colectivo, con nuevas incorporaciones constituidas por familiares de desaparecidos pampeanos, pero también el alejamiento de algunos miembros, bajo la idea de que el retorno de la democracia y algunas acciones estatales auguraban el fuerte accionar del estado como garante de justicia.

"Algunos compañeros radicales, cuando viene el gobierno de Alfonsín que hace una convocatoria y tareas concretas para que se desintegren las organizaciones porque ya hay un gobierno democrático que va asumir esa tarea, se desvinculan del movimiento porque consideran que no tiene razón de ser..." (Pumilla, 2011).

El Movimiento por los Derechos Humanos de La Pampa, incluyendo a aquellos/as que formaban parte de él formal o informalmente, fue el ámbito y el reservorio de la lucha contra la ilegalidad, el ejemplo de la resistencia a las presiones y amenazas de diverso tipo que marcaron, a nivel local como nacional, un modelo de resistencia, lucha, esperanza y tenacidad. Las madres, abuelas, familiares y las diversas organizaciones de Derechos Humanos conformaron ese intenso y estructural movimiento social que, asaltando al miedo y al inmovilismo, tal como señala Pérez Ledesma (1994), supo parir nuevos espacios de expresión, obstruidos o inexistentes en tiempos corrientes.
Significativamente fueron mujeres, Madres y Abuelas quienes, mediante su integración con un proyecto grupal que giró en torno a la "aparición con vida" de los detenidos-desaparecidos, a la restitución de niños/as secuestrados o nacidos en cautiverio y al castigo de los culpables del terrorismo de estado, se constituyeron en parte de un movimiento social determinante en la historia de nuestro país. Ellas rompieron con la "adaptabilidad al sistema" que procuró y logró la dictadura en amplios sectores, tal como afirma Alejandra Naunchuk.

"Nuestras dictaduras trabajaron en ese sentido. Para tener una sociedad adaptativa al sistema, para que no se cuestione y para ello había que tener a la mujer muy cautiva. Creo que lo que está sucediendo ahora, pensá en lo que sucede en España, en Europa, y en los jóvenes desocupados, que no tienen nada. Esto también fue un objetivo de la dictadura, la idea de que el joven fuera un objeto utilitario para sus propósitos. Entonces si vos tenés un joven que no tiene perspectiva de trabajo, de estudio, de nada, entonces qué va hacer. Menos perspectiva de que puedan transformar su realidad, pero también mano de obra barata" (Naunchuk, 2011)12.

El movimiento nacional por los Derechos Humanos se constituyó en los márgenes de las estructuras participativas tradicionales, ya que la persecución y la represión de las diversas expresiones políticas y sindicales, obturaron a las mismas como referentes visibles como vías de demanda y denuncia ante la violación de los derechos por parte del estado13.
La provincia de La Pampa no constituyó una isla, las huestes de la Subzona 14 del Primer Cuerpo del Ejército persiguieron, detuvieron y torturaron a militantes políticos-sociales, profesionales de la salud, docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad desde mediados del año 1975. De esta manera y en el marco de una gestión constitucional, a nivel nacional la presidencia de María Estela Martínez y a nivel local el gobierno de José Aquiles Regazzoli, La Pampa era incorporada a la geografía nacional del terrorismo de estado.
El enjuiciamiento a los máximos responsables nacionales del terrorismo de estado se produjo luego del retorno a la democracia14 con el "Juicio a las Juntas Militares", acción emblemática de la justicia argentina que colocó en el banquillo de los acusados a los comandantes de las tres armas que habían integrado el gobierno dictatorial entre 1976 y 1982. La condena a los comandantes de las Juntas Militares fue dictada el 9 de diciembre de 1985.
Posteriormente y bajo la presión de sectores importantes de las fuerzas militares que se negaban a ser juzgados por su participación en el terrorismo de estado, se aprobaron las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las que junto con los indultos presidenciales configuraron las "Leyes de Impunidad"15.
El enjuiciamiento de los crímenes cometidos bajo el terrorismo de estado, imposibilitados durante muchos años por la existencia de las "Leyes de impunidad", se reabrieron con los fallos de la Corte Suprema de Justicia otorgando rango constitucional a la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad, la derogación y luego la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos del menemato (en el período 2003 y 2007). Desde el dictado de estos fallos, se han reabierto los principales juicios penales y se ha procesado y condenado a varios de los individuos que participaron en estos crímenes atroces (Lorenzetti y Kraut, 2011).
Las acciones represivas y persecutorias que desplegaron las organizaciones autoritarias, amparadas por gobiernos democráticos y, sistematizadas por la dictadura controlaron y limitaron el libre ejercicio ciudadano.
La Pampa no fue una excepción, hubo detenidos y secuestrados por las fuerzas de seguridad en el marco de los operativos contra la subversión y bajo la actuación de la estructura de la Subzona 14. El juicio y condena a nueve ex militares y ex policías, responsables de acciones de secuestro y torturas, se constituye en una fuerte acción en pos de la verdad restaurativa, aquella que impele a identificar y condenar a los victimarios de aquellas/os damnificados sometidas/os a la persecución, detención y torturas, pero también, en cierta medida es la justa materialización de las acciones de recopilación de testimonios y denuncias realizadas por el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos en su lucha inquebrantable por la verdad.
En el marco del plan sistemático de represión de las expresiones político-sociales y la consecuente violación de los derechos humanos durante la década del '70 y la primera parte de los '80, surgieron numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, muchas de ellas lideradas o con una importante participación de mujeres. Este es el caso de la Asamblea por los Derechos Humanos de General Pico.
Muy tempranamente esta organización estableció no sólo la necesaria autonomía de las organizaciones nacionales similares, priorizando la unidad en torno a la defensa de los Derechos Humanos, sino también la autarquía económica, exceptuando algunas ocasionales donaciones.
Con el transcurso del tiempo y en base a los aportes de sus integrantes, la Asamblea pudo obtener un edificio para su funcionamiento y editar un boletín mensual, en el que no sólo expresaban ideas y noticias, sino también entrevistaban a figuras políticas en referencia al tema derechos humanos.
Existieron diversas tensiones al interior de las organizaciones pampeanas por los Derechos Humanos, en la interpretación político-ideológico de los procesos de la historia argentina, su conexión con el contexto mundial, en la metodología a emplear y en las prioridades que se establecieron.
Parafraseando a Liliana "Lo que vemos que resiste en el tiempo, es la memoria que se tendrá si el aprendizaje que vos dejas y que quizá ese funcionamiento en grupo nos hizo mejor a todos..." (Telerman 2011).
En esta línea de análisis ha sido y es destacada la intensa labor desplegada por el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, abarcando en esta expresión las diversas organizaciones, en lo referente a esclarecer quiénes y cómo fueron detenidos y desaparecidos, colaborando con la sociedad pampeana en romper el cerco del miedo que la dictadura había instalado.
El Movimiento por los Derechos Humanos en general y las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en particular se han constituido en referentes éticos en la búsqueda de la justicia, la verdad y la defensa de la memoria histórica de nuestro país; como también modelos referenciales en el ámbito político-cultural y de los nuevos actores y movimientos sociales.
Es importante rescatar dos categorías conceptuales que estructuran el presente artículo, por una parte la de los Movimientos Sociales como estrategias, no convencionales, de acción colectiva por la defensa de intereses comunes canalizada a partir de nuevas organizaciones que demandan el reconocimiento de derechos existentes, pero negados por las estructuras de poder, y que generan acciones e ideas de autoidentificación, ante la inexistencia de referencias identitarias en la sociedad (Revilla Blanco, 1994). Por otra parte, la de ciudadanía como práctica apropiadora de los derechos existentes y productora de nuevos derechos (Vargas, 2000). Los testimonios de quienes han formado parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nos permiten ver el entramado, y los matices que poseen los procesos para las y los actores sociales; y por otra parte, contribuyen al rescate de las memorias individuales y colectivas y del aporte de las mujeres a la redefinición de la esfera pública con su acción política. Así cómo es posible ver la pervivencia en la memoria femenina global de las grandes realizaciones de los movimientos de mujeres y feministas por los derechos políticos y sociales, también es pasible visualizar los espacios de construcción de prácticas políticas y de empoderamiento que las organizaciones de mujeres vinculadas a los derechos humanos han legado a las organizaciones feministas actuales.

Notas

1 Una primera versión de este artículo fue presentado en las Primeras Jornadas de Estudios de Democratización, Políticas Sociales, Género y Trabajo, en el marco de la Red Interuniversitaria sobre Democratización, Políticas Sociales, Género y Trabajo. Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012.

2 En la década de 1990 se crea la organización H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el olvido y el silencio) y más recientemente la Asociación Hermanos.

3 El Comando general del Ejército dispuso, a través de las directivas N° 404/75, "Operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras Fuerzas Armadas, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas...". Para la operatividad de la "lucha contra la subversión", se otorgó al Ejército la responsabilidad primaria en la dirección de este objetivo, subsumiendo bajo su dirección a las restantes fuerzas de seguridad tales como Policía y Servicio Penitenciario. Por otra parte, se dividió el territorio nacional en 5 zonas, subdividiéndolas a su vez en "Subzonas" y "Áreas". Gran parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa integraron la Zona 1, subdivida en subzonas. La provincia de la Pampa conformó la Subzona 14 dependiente del 1° cuerpo del Ejército. Confróntese http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/document.htm.

4 Véase Mónica Adriana Morales (2010) "La Participación femenina en los movimientos por los derechos humanos en La Pampa Contemporánea" En: La Aljaba, Segunda Época, volumen XIV, Santa Rosa, EdUNLPam/Miño y Dávila Editores.

5 Mónica Adriana Morales (2010), La Aljaba, Segunda Época, volumen XIV, Santa Rosa, EdUNLPam/Miño y Dávila Editores.

6 Liliana, junto con su esposo Eduardo Marquesoni, fueron militantes universitarios del Partido Comunista y luego del Partido Comunista Revolucionario.

7 El periodista y escritor Juan Carlos Pumilla, nació en Santa Rosa, la Pampa, el 3 de mayo de 1948. Es miembro fundador del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.

8 Mónica Adriana Morales (2011) "La Asamblea de Derechos Humanos de General Pico: gestación y organización", ponencia presentada en las XX Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam, 8 y 9 de Septiembre de 2011, Santa Rosa, La Pampa.

9 Pumilla se refiere a las "Actuaciones administrativas sobre violaciones a los Derechos Humanos en la Provincia de La Pampa", iniciadas en el año 1983 a instancias del Gobernador provincial de ese entonces, Dr. Rubén Hugo Marín, mediante decreto 99/83.

10 Véase Página 12, Baraldini, sin más protección, Martes, 24 de enero de 2012. En: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-186102-2012-01-24.html.

11 Véase Infohuella. El Diario digital del Oeste, http://www.infohuella.com.ar/index.php, Lunes, 24 de Septiembre de 2012.

12 Alejandra Naunchuk acompañó al Movimiento por los Derechos Humanos desde los comienzos, es escritora, militante del Partido Comunista, de fuerte militancia gremial en ATE (Asociación Trabajadores del Estado) e integrante de la Asociación Pampeana de Escritores, organización que también dio a luz en 1983 y con un gran compromiso con la investigación y el esclarecimiento de los efectos de la dictadura en La Pampa.

13 Para analizar la constitución y la naturaleza de los Movimientos Sociales, en una visión comparativa entre Europa, EE.UU y América véase Di Marco y otros (2003).

14 Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical, resultó vencedor de las elecciones y asumió como Presidente el 10 de diciembre de 1983.

15 Las denominadas "Leyes de Impunidad" están conformadas por la Ley de Punto final, aprobada en diciembre de 1986, la Ley de Obediencia Debida aprobada en junio de 1987 y los indultos presidenciales. Estos últimos fueron conferidos por el ex presidente Carlos Menem, quien mediante una serie de decretos emitidos entre octubre de 1989 y diciembre de 1990 perdonó, es decir, indultó a un conjunto de alrededor de 200 personas, civiles y militares que habían cometido diversos delitos en el marco del terrorismo de estado.

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Fuentes y testimonios

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19. Morales, Mónica (2011). Entrevista realizada a Juan Carlos Pumilla el día 13 de julio de 2011 en Santa Rosa, La Pampa.         [ Links ]

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26. "Zonificación militar" documento consultado en http://desaparecidos.org/nuncamas/web/zonas/zonas.htm (página consultada el 1 de marzo de 2013).         [ Links ]

Recibido: 22 de marzo de 2013.
Aceptado: 15 de abril de 2013.