ARTICULO ORIGINAL

 

Diagnósticos autoritarios en la Argentina reciente: de la modernización a la reacción. La revolución argentina y el camino al proceso de reorganización nacional

(Authoritarian diagnoses in recent Argentina: from modernization to reaction. The revolución argentina and the pathway to the proceso de reorganización nacional)

 

Gustavo Fontanals
CONICET / Programa de Historia Política, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires

 

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Resumen: El trabajo se propone analizar la conformación y difusión del diagnóstico autoritario modernizador en la Argentina reciente, así como su posterior declive, que da lugar a la emergencia de otro más conservador o reaccionario.

Palabras clave: Historia política argentina reciente; Diagnósticos autoritarios; Revolución Argentina; Proceso de Reorganización Nacional

Abstract:This paper intends to analyze the conformation and diffusion of the authoritarian modernizating diagnostic in recent Argentina and its subsequent decline, resulting in the emergence of a more conservative or reactionary one. 

Keywords: Argentinian political history; Authoritarian diagnoses; Revolución Argentina; Proceso de Reorganización Nacional 

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Breve introducción del enfoque analítico: la conformación de diagnósticos políticos

El trabajo se inicia con un breve postulado de tipo analítico. Se trata de tomar en cuenta para el análisis la articulación entre lo que podemos denominar factores o condiciones estructurales (económicas, político-institucionales, culturales o de otro tipo) y los intereses y estrategias de los diversos actores que participan en la dinámica política en cuestión. Básicamente, se sostiene que es en la articulación que se produce entre esos condicionantes estructurales de (más) largo plazo y los intereses que al respecto portan los diversos actores intervinientes que se da lugar a la conformación de lecturas divergentes sobre la situación, que conllevan siempre diagnósticos (interesados) sobre la realidad estructural. Resaltamos que estamos hablando de lecturas de la realidad, de construcciones simbólicas y discursivas, y no de la realidad misma.

Como es sabido, no todos los actores pesan lo mismo, en virtud del estado de las relaciones de fuerza articuladas en ese determinado momento. Suele suceder que, en algún momento del proceso en cuestión, uno de esos diagnósticos de la realidad se imponga, se vuelva dominante o hasta hegemónico (aunque esto no es necesario, pueden coexistir lecturas divergentes por largo tiempo, e incluso variar conjuntamente). Uno o algunos de los actores logran articular un consenso tras un diagnóstico determinado, quizá otorgando concesiones a otros actores, que lo van modificando a medida que lo ensanchan. De nuevo, se trata de una construcción intelectual, no de la realidad misma, y eso determina su contingencia. El avance de la realidad, en conjunción con las estrategias de los diversos actores (tanto los que suscriben el diagnóstico como los que no), determinarán que esa lectura deje de ser tenida como representación de la realidad, y este proceso seguirá su curso, de nuevo en forma contingente.

Este trabajo parte de la conformación de un consenso alrededor de un diagnóstico sobre la realidad (modernizador autoritario), lo que permite escrutar las estrategias de diversos actores intervinientes en el proceso (compartan o no el diagnóstico), para considerar luego la descomposición que sufre el consenso y el diagnóstico mismo, que da lugar a la emergencia de nuevas lecturas. Estas lecturas se enfrentan duramente, hasta que finalmente un nuevo diagnóstico con otras estrategias se vuelve dominante (autoritario neoconservador), con un consenso más difuso aunque mejor sostenido: por la fuerza.

Continuando la digresión analítica, de lo que excusamos al lector -que puede pasar directamente al próximo apartado-, se debe remarcar la importancia que toma la noción de crisis como forma de ingreso de los procesos de cambio. A través de ella, se refuerza la idea de que el modo de articulación anterior (cualquiera sea éste, desde una cultura o un régimen político determinado hasta una forma de organización económica u otros) se está muriendo, o que ya es caduco, y que hay algo nuevo por venir, aunque todavía no se haga presente. Como dijimos, en general se produce en esto un doble juego. Se tiene una situación de fuerte descalabro en la estructura (se observan serios problemas de funcionamiento en el modo en que están organizadas las cosas en ese determinado momento); pero a su vez, la misma situación crítica promueve la emergencia de las lecturas o discursos sobre la crisis, y los legitima. Este círculo se cierra, finalmente, de modo que son estos mismos discursos construidos (normalmente en disputa, aunque hablamos ya de hegemonías contingentes) los que dan forma a la crisis misma, configuran el modo en que ésta es percibida por la sociedad. Así entendidas, en definitiva, las crisis resultan también una construcción intelectual.

Desde aquí retomemos otros aspectos importantes que acompañan a la noción de crisis. En primer lugar, tiene una fuerte vinculación con la decisión: a partir de la idea de que se tiene una "saturación del presente", que emerge de una particular lectura presente del pasado, que le fija un origen al descalabro, se torna necesario un corte con ese estado crítico, con lo cual la decisión pasa a ser crucial. Esto a su vez se refuerza de dos maneras. Por un lado, la coyuntura crítica conlleva también una aceleración de los tiempos: la decisión es vital, y debe ser tomada ahora. Por otro, una "saturación del presente" no permite adelantar desde sí una visión determinada del futuro: no determina qué es lo que está por venir. De nuevo se ensancha el margen de maniobra de quien logre imponer la decisión (como un soberano a la Karl Schmitt, aquél que impone la decisión, aquél que impone en ese momento cómo se mira el mundo). De ahí, la noción de crisis se vuelve positiva: la "saturación del presente" impone un cambio, el cual está por construir. El futuro también es construido.

Estos discursos son políticos; no son meramente epistemológicos (destinados exclusivamente a conocer la realidad), sino que cuentan con una fuerza operativa. En cierto sentido, la propia reflexión sobre la crisis y sobre el cambio permite que éste se produzca. La idea es la siguiente: "es justamente porque estamos comprendiendo lo que nos pasa (a partir de que entendemos lo que pasó) que podremos dejar atrás este momento crítico e iniciar el proceso de cambio hacia lo que viene".

Y como toda operación política, se encadena con las posiciones de poder de los actores que la sostienen. Dijimos, no todos valen lo mismo. Y en este sentido, quien logre imponer su lectura sobre la crisis (un diagnóstico sobre el presente crítico enraizado en una particular lectura del pasado desde el presente), logrará también condicionar o determinar el margen de alternativas para el cambio.

Muchas veces sucede que esos discursos con intención operativa-política se presentan a la vez como normativos. Construyen una lectura fuertemente dicotómica de la realidad, en la que se contrapone a un pasado maligno que culmina en la crisis un futuro mejor que será accesible por medio de las reformas necesarias.

En general, estas lecturas presentes del pasado buscan insertar la coyuntura crítica como un caso más en una continuidad de crisis de largo aliento, lo que enfatiza la necesidad y la celeridad del cambio, reforzando el momento positivo de la crisis, la posibilidad de determinar el porvenir. El momento en que se ubique el origen de la crisis (o de la sucesión de crisis) dependerá de la posición operativa-política que contenga la interpretación. Así, por ejemplo, podría concebirse como origen de una crisis regional tanto el proceso de sustitución de importaciones y el consecuente proteccionismo de posguerra, como las  reformas de los últimos regímenes autoritarios. Y esa es una opción intelectual, pero también política.

Autoritarismo y modernización: el camino a la Revolución Argentina

El clásico estudio de Guillermo O'Donnell¹ sobre los Regímenes Burocrático Autoritarios (RBA) establece una causalidad económica a su implantación en diversos países de América Latina desde mediados de la década del `60. Según el autor, es la crisis económica la que da lugar a una "interpenetración" con una crisis política, la cual puede alcanzar diversos grados de intensidad. Esta premisa no parece aplicarse plenamente al caso argentino, que estuvo precedido por dos años de buen desempeño económico, y con condiciones estructurales que no parecían conducir necesariamente a una crisis económica de relevancia.

Como resaltan Gerchunoff y Llach, "los dos años completos de la administración radical (1964 y 1965) registraron una recuperación económica con pocos antecedentes en todo el siglo, promediando cerca de un 10% de aumento anual del PBI. La participación de la inversión en el producto bruto se mantuvo cerca del 20%, un nivel apenas más bajo que durante la fiebre inversora de los primeros años de la década. La reactivación impactó sobre el nivel de empleo, y llevó la tasa de desocupación del récord de 8,8% (julio de 1963) a apenas 4,6% (octubre de 1965). Y no había síntomas de complicaciones en el frente externo. El auge exportador permitió acumular saldos comerciales favorables por valor de 1.400 millones de dólares en 1963-1966, una cifra equivalente a un año de exportaciones."².

Sobre la base de precios comparativamente buenos para las exportaciones argentinas en los años 1964 y 1965 (que se podía esperar se mantuviesen, y de hecho lo hicieron hasta fines de la década), se había dado además un crecimiento del volumen de las mismas, resultado en parte de las diversas medidas tomadas durante los gobiernos de Frondizi, Guido e Illia para aumentar la productividad agropecuaria (tanto a través de incentivos de precios -subsidios o tipos de cambio relativamente altos- como de aliento a las mejoras tecnológicas impulsadas principalmente desde el flamante INTA y otros organismos técnicos) y estimular las exportaciones no tradicionales.

El buen resultado externo podía así despejar la posibilidad de que la recuperación de la economía doméstica (crecimiento del producto y particularmente del industrial) condujese de nuevo, como tantas otras veces en forma cíclica en los últimos años, a una crisis en la balanza de pagos, terminando en una nueva recesión. Se podía esperar superar el ciclo de stop and go para acceder a uno de go and go. Pero estamos tratando con temas de expectativas, y como veremos, esa no fue la lectura predominante sobre el funcionamiento económico.

Algo similar sucedió en el mercado de trabajo. "Al contrario de lo que la cerrada oposición sindical sugería, o quizá justamente como respuesta a las presiones obreras, desde el gobierno se hizo bastante para beneficiar a los trabajadores. Hubo una ley de salario mínimo, vital y móvil, resistida por las cámaras empresarias pero anhelada desde hace tiempo por la CGT. Y los salarios crecieron en una proporción mayor a los precios, llegando a redondear un 10% de aumento, en términos reales, a lo largo de 1964".³ También aquí, desde los propios sindicatos, se dio una apreciación diferente de la esperable por el gobierno.

Como dijimos, en política, y también en economía, se juega principalmente con expectativas, en base a lecturas o diagnósticos sobre la realidad. Y la lectura que se impuso en el momento sobre la economía y sus perspectivas futuras fue sustancialmente diferente. "A comienzos de 1966 la sensación difundida por los críticos de que la economía marchaba a una nueva recesión era tan intensa como la percepción de que se avecinaba un nuevo golpe de Estado. Los argentinos se estaban adaptando a una historia que parecía cíclica, a un eterno retorno de crisis económicas y políticas".

La crisis económica, en relación con una crisis política, era lo esperado por una buena parte de la sociedad. Y esto es lo que debemos explicar. Se puede sostener que en el caso argentino el factor económico de causalidad del RBA no tiene tanto peso; sin embargo, una lectura determinada de esa realidad económica por parte de algunos actores de peso, que logra esparcirse a buena parte de la opinión pública sí lo hace. Se trata de la elaboración de un diagnóstico sobre la situación, que conlleva un uso (interesado) de la realidad económica. Se representa entonces una crisis económica vinculada con una crisis política, y de acá se da lugar al componente positivo: se trata de un momento de cambio. Nos proponemos considerar este proceso en relación con los intereses y estrategias de diversos actores intervinientes.

Se puede hacer más justicia con O´Donnell y entender que no necesariamente se refiere a una crisis en los resultados macroeconómicos (de hecho, en 1966 el PBI registró un incremento del 1% y no se produjo una crisis en la balanza de pagos, y el producto tuvo un notable crecimiento en los años siguientes), pero sí al hecho de que al menos entre lo que denomina sectores dominantes (entendamos elites económicas y políticas -o militares-) predomina la sensación de que existe un descalabro en la organización económica vigente (o modelo de acumulación). Es desde aquí que la crisis económica se vincula (se interpenetra) con una crisis política, y efectivamente esa es la lectura que se va difundiendo entre diversos actores en los años previos al golpe, de forma que al producirse el mismo recibe una considerable recepción de buena parte de la sociedad.

Esta lectura pone el centro en la inestabilidad que caracterizaba a la Argentina, ya desde la crisis del '30 pero más profundamente a partir del '55. Se trata de una inestabilidad que era apreciada a la vez como económica y como política, en la que ambos aspectos aparecían vinculados. El enfoque tomaba muchos de sus componentes de lo que podemos denominar diagnóstico desarrollista optimista (o desarrollismo a secas) que había alcanzado gran difusión mundial en la década del '50, y que en la Argentina había tenido su máxima expresión durante el gobierno de Frondizi. A muy grandes rasgos, sostenía que era necesario impulsar el desarrollo económico, pasar de la primera etapa fácil de sustitución de importaciones a una segunda más profunda, a través del impulso y la orientación de las instituciones estatales a los agentes privados; luego el desarrollo económico traería consigo el desarrollo de las instituciones políticas, el pluralismo y la estabilidad (tal como sostiene Mora y Araujo⁴ esta lectura está fuertemente respaldada por los análisis de Seymour Lipset, quien a menudo utilizaba a la Argentina en sus ejemplificaciones).

No obstante, el fracaso de la experiencia argentina como de otras en el "mundo en desarrollo" hicieron mella, y para mediados de los '60 el enfoque desarrollista se había tornado pesimista, o modernizador autoritario. Desde la pluma de Samuel Huntington en El orden político en las sociedades en cambio, dicho diagnóstico alcanzó una importante difusión a nivel mundial, sosteniendo la siguiente premisa: el propio proceso de modernización (económico y social) conduce al autoritarismo (político). La idea básica es que los cambios económicos y sociales que trae consigo este proceso (industrialización, urbanización, crecimiento del alfabetismo y de la educación, expansión de los medios masivos de comunicación, entre otros) desencadenan una rápida movilización social y política de nuevos grupos, con un fuerte aumento en la participación y en las demandas que tiende a desbordar las capacidades institucio-nales de los países "subdesarrollados", que tienen una evolución más lenta. En ese marco, el autoritarismo, la intervención directa de las Fuerzas Armadas en política, sería una expresión de la incapacidad de las instituciones existentes para satisfacer demandas crecientes (tanto políticas como de mercado), que son resultado del propio proceso de cambio económico y social. ⁵

Este diagnóstico tuvo su adaptación en el contexto local, en función de la articulación comentada entre los factores estructurales (por cierto, compartidos con otros países de la región) y los intereses y estrategias de diversos actores intervinientes. Pero es indudable la influencia del enfoque, en buena medida por intermedio del ejemplo del régimen instaurado en Brasil en el '64, abiertamente modernizador autoritario. "Como en 1943, el temor al gigante vecino incitaba a los militares y a actores relevantes de la sociedad a imitarlo o, mejor aún, a formular un 'modelo argentino' que reuniera las voluntades y recursos suficientes para superarlo".⁶

Sigamos entonces el decurso del enfoque modernizador autoritario en la Argentina. Parece adecuado partir del enfrentamiento entre "azules" y "colorados" que para mediados de 1962 polarizaba los variados conflictos al interior de las Fuerzas Armadas, y particularmente del propio Ejército, llegando incluso ambos bandos a sacar los tanques a la calle y amagar con combatir. La disputa dentro del "partido militar", que era para ese entonces sostén del gobierno de Guido y dueño no asumido del poder -seguramente a causa de sus propias tensiones- radicaba justamente en una apreciación diferente sobre las ventajas y los costos de una participación directa en la conducción política. Los azules, constituidos en torno a un grupo de jefes y oficiales de Caballería bajo el liderazgo creciente del general Juan Carlos Onganía, sostenían que tal grado de participación había promovido la exacerbación facciosa de las Fuerzas Armadas, y en especial del Ejército, lo que a su vez le generaba una debilidad creciente en relación a las otras fuerzas. Recomendaban tomar una actitud más prescindente, lo que significaba un acatamiento mayor a las autoridades constitucionales: el legalismo, la subordinación militar al poder civil y al gobierno de la Constitución, era más bien resultado de un estricto profesionalismo, tendiente a lograr una reconstrucción de la institución (el restablecimiento del orden, de la disciplina, y de los mandos de autoridad).⁷

Esta disputa se originó al interior del actor político dominante del momento (las FFAA, y en particular el Ejército, su arma más poderosa), pero se esparció hacia los otros actores relevantes y a la opinión pública en general, que eran convocados por los bandos a tomar posición. Finalmente, el sector azul del Ejército, con apoyo de la Aeronáutica -y aprovechando la neutralidad temporal de la Marina- logró imponerse en la "contienda" militar, con lo que Onganía fue designado comandante en jefe del Ejército.⁸ En los años siguientes, de la mano de la reconstrucción profesional de las FFAA, la autoridad del comandante de cada arma se fue consolidando, así como la primacía nacional del comandante del Ejército en relación a los otros. Lo propio ocurrió con su prestigio en la sociedad, de donde fue captando progresivamente nuevos y diversos apoyos, en un camino a través del cual se fue conformando la lectura modernizadora autoritaria local.

Entre estos apoyos, debemos resaltar a buena parte de la inteligentsia argentina, que se fue enrolando en un discurso modernizador, eficientista y tecnocrático (que en parte recibía del desarrollismo, pero tomando nota de sus problemas). Este grupo pronto se vinculó con el bando militar victorioso, articulando la idea de prescindencia en un diagnóstico modernizador tecnocrático, que se oponía a la ineficiencia de la "politiquería" de los partidos en vistas de promover el desarrollo del país, aunque todavía no era (necesariamente) autoritario. El grupo buscó difundir su diagnóstico hacia toda la sociedad, de la mano de diversas publicaciones y de formadores de opinión, liderados por la revista Primera Plana y los editoriales de Mariano Grondona.

Muy pronto, en vista de las próximas elecciones, se nuclearon junto a este grupo diversos personajes provenientes de heterogéneos sectores sociales y políticos (sea nacionalistas, demócrata cristianos o desarrollistas; o empresarios, sindicalistas o burócratas), que se identificaban con la figura de Onganía o con la posibilidad de conformar un Frente electoral. Pero el resultado de la temprana tentativa frentista deja entrever que para ese entonces el consenso todavía no estaba maduro, y prevalecieron los conflictos y las desconfianzas históricas. Varios de estos apoyos se esparcieron con la victoria de Illia, pero un núcleo duro integrado por la elite militar azul y un importante sector civil de ideas tecnocráticas se mantuvo fuerte, y continuó promoviendo su postura, que pronto comenzó de nuevo a ensancharse y generalizarse, de la mano de las críticas al presidente.

"El gobierno de Illia fue condenado por ineficiente por Primera Plana ya en septiembre de 1963, un mes antes de que el nuevo presidente asumiera, y desde entonces la propaganda se ensañó con él. Objetivos distintos pero no contradictorios -la eficiencia, el orden, la modernización y hasta el destino de grandeza- confluían en la crítica al gobierno y en una propuesta definida, de manera algo vaga como corresponde a una propuesta política, como 'el cambio de estructuras', que se entendía se refería a las políticas. Esta idea fue sistemáticamente desarrollada por un elenco de propagandistas, [...] dedicados a desprestigiar al gobierno, y al sistema político en general, y a exaltar la figura de Onganía, modelo de eficiencia y autoridad."⁹ Tenemos aquí un breve y excelente relato del proceso de gestación de una crisis, por el que se va conformando un diagnóstico que critica al pasado y al presente como paso necesario a un cambio que haga posible un futuro mejor. Y podemos comprobar que en nuestro caso la interrelación entre las dimensiones económicas y políticas de las crisis estaría dirigida principalmente de lo político a lo económico. Finalmente, es cierto que el diagnóstico contaba con un conjunto de supuestos fuertes que emergía del núcleo de actores duro, pero fue tomando mayor generalidad a medida que incorporaba nuevas adhesiones, centralizando tras de sí un consenso sostenido en la crítica opositora a un gobierno y a un régimen político carente de eficiencia y de autoridad. Es este discurso crítico el que terminó configurando la forma en que la crisis fue percibida, de la mano de un diagnóstico que abría el camino a un cambio, tornando la situación en un momento positivo.

El núcleo de supuestos del diagnóstico ya fue comentado, es lo que le brindaba su naturaleza modernizadora y tecnocrática; y la potencial tensión entre legalidad e imperio de la Constitución y fuerza o autoritarismo se comenzó a resolver muy pronto luego de las elecciones, y de modo cada vez más fuerte como alternativa a las crecientes críticas al gobierno, a los partidos y al sistema político en general. No obstante, el enfoque de la modernización forzada aplicado al contexto local tomó su forma propia en la elaboración del diagnóstico, basado en su particular lectura del presente desde el pasado.

Como vimos, un proceso de este tipo comienza fijando un inicio a la crisis (económica, política), y en nuestro caso eso resultaba bien claro: este sector identificaba al surgimiento del peronismo como punto de inicio del ciclo populista de inestabilidad económica y política. El peronismo había provocado una movilización disruptiva de los sectores populares, con una capacidad de articulación y un poder de veto efectivo que no habían podido canalizarse (o reabsorberse) a través de mecanismos institucionales estables; por otro lado, había generado un exceso de demandas económicas hacia el Estado, que no era posible satisfacer sin sacrificar la acumulación y el desarrollo económico, y que resultaba en una puja distributiva continua y creciente. Un aspecto político y uno económico de una crisis de larga data. 

Siguiendo los análisis de Torre (1989), Novaro y Palermo sostienen que "... la dependencia del peronismo como fuerza polí­tica del poder de movilización y del apoyo electoral de los sindicatos determinó que sus demandas salariales difícilmente pudieran ser desatendidas. [...] Fue así que, paradójica­mente, los niveles de activación alcanzados por el sector popular y en particular las organizaciones sindicales, y los temores y rechazos que dicha presencia generaban en el frente antiperonista, erigirían dificultades insalvables tanto para persistir en el modelo de acumulación sustituti­vo con cierto éxito, como para ensayar la búsqueda de alternativas más orientadas a la economía internacional: se estableció entonces una suer­te de inviabilidad socio­política, tanto para mantenerse en el modelo como para salir del mismo. Halperín Donghi ha definido precisa­mente esta paradoja como la configuración de una 'sociedad inviable', que habría de provocar un largo ciclo de inestabilidad y conflicto en nuestro país (1994)."¹⁰

Se trata del famoso "empate social", y sus consecuencias políticas y económicas en un juego imposible en el que los actores ni siquiera quieren reconocerse.¹¹ A esa altura, empezaba a hacerse evidente el ciclo de  inestabilidad económica y política, con alianzas débiles y precarias siempre superadas por una puja distributiva creciente, que se iba insertando en el Estado mismo. Éste, tomando a su cargo la tarea de mantener cierto dinamismo en un modelo de acumulación viciado desde el comienzo (sobreprotegido, no competitivo, y con un exceso de demandas múltiples), se convirtió primero en arena de la lucha distributiva por los excedentes, y luego en el botín mismo. Y se hacía también evidente que el problema no era sólo el exceso de demanda de los sectores populares (niveles de empleo y salarios), sino también de buena parte de los sectores empresarios, que reiteradamente optaban por responder a esas demandas pero exigiendo en cambio al Estado que los eximiera de sus cargas (exenciones impositivas) y los beneficiara con sus erogaciones (créditos, subsidios, promociones, aranceles) en forma directa o indirecta. En este contexto de lucha de suma cero o negativa, los propios actores fueron comprobando que podían defender mejor sus intereses a través de un comportamiento sectorial o corporativo, o en todo caso a través de relaciones directas: se produce así una desinstitucionalización progresiva de los conflictos sociales, que se van trasladando a una arena de negociación corporativa, en un espiral faccioso que conduce finalmente a la aceptación de la violencia como forma de resolución de los conflictos políticos.

De la puja económica retornamos a la esfera política: la Argentina de los factores de poder (las FFAA, la elite económica, la dirigencia sindical y en menor medida la cúpula de la Iglesia Católica) se reubica continuamente sobre la Argentina de los partidos¹². Los partidos eran los que habían originado esta situación, y para este grupo era ya evidente que no podrían superarla, dado que el peronismo se negaba a desaparecer o a ser reabsorbido por otras fuerzas (es el problema de partidos fuertes y estables pero que conforman un sistema político débil, inestable e ineficiente, bien analizado por Cavarozzi -1988- y De Riz -1986-). En ese juego político, sólo podían generarse gobiernos débiles, que frente a la puja creciente de actores cada vez más adiestrados reforzaban la debilidad del Estado, y con esto la precariedad e inestabilidad de cada uno de los ciclos. En este marco de debilidad política, la inflación creciente se convirtió en el principal medio para resolver la lucha distributiva, aunque siempre de modo precario, y cada vez con menos eficiencia y duración.

Ante este diagnóstico, el enfoque de la modernización forzada recurrió decididamente a la solución autoritaria: era necesario que un actor tome las riendas de la gobernabilidad (o dicho de otro modo, que la fuerza haga valer su autoridad) para poner freno a las demandas excesivas de los actores; esto permitiría retomar la acumulación económica, la cual debía ser bien dirigida (tecnocracia) de modo de propiciar un desarrollo económico (industrial) estable y autosostenido (primer momento económico). Ese desarrollo, que sería impulsado por actores económicos de nuevo tipo, daría lugar a su vez a un cambio a nivel social (segundo momento social), situación a partir de la cual se terminaría articulando un nuevo sistema de actores políticos (tercer momento político).

Como dijimos, este diagnóstico fue cobrando mayor generalidad a medida que aglutinaba a más sectores tras la crítica al gobierno, pero conservó las oposiciones básicas de eficiencia contra ineficiencia y autoridad contra debilidad de "la politiquería de los partidos", en la búsqueda del salto hacia delante en el desarrollo económico. Como veremos, estos postulados fueron tomados como propios por los factores de poder, cada vez más inmersos y adiestrados en la arena de negociación corporativa (fundamentalmente las FFAA y las elites económicas y sindicales, aunque cada uno en función de sus propias motivaciones). No obstante, la definición del camino al desarrollo se mantenía imprecisa, dado que cada uno contaba con prioridades distintas con las que avanzar, como se hizo evidente pocos meses después, una vez que se puso en marcha el nuevo régimen. Por el momento, sin embargo, se reforzó la figura de Onganía y de las FFAA como modelo de eficiencia, y cada vez más como "última tentativa de orden y autoridad", el paso previo necesario para una modernización económica y social que conduciría nuevamente al país a su "destino de grandeza".

Esta lectura particular de la realidad se fue imbricando con los intereses y las estrategias de los actores, camino a través del cual se fue configurando un consenso de terminación de la "partidocracia" (que incluía a la democracia representativa), que se asociaba a un proyecto modernizador de corte autoritario o al menos corporativo (dependiendo de qué actor se considerara).

En las FFAA se fue conjugando con la idea de que, más allá del profesionalismo prescindente, ellas eran "la custodia última de los valores supremos de la Nación". Ya para el '65, esto se combinó con la adopción local de las doctrinas de Seguridad Nacional y de las Fronteras Ideológicas, y el deber último de la institución pasó a ser la protección de "los valores occidentales y cristianos" contra quienes querían subvertirlos. Dentro de esos valores occidentales, en el marco de la Guerra Fría y bajo la amenaza de un enemigo subversivo ahora interno, "... la democracia empezaba a aparecer como un lastre para la seguridad. Desde esa perspectiva, también lo sería para la modernización económica, que necesitaba de eficiencia y autoridad."¹³. En nuestro país, esto se veía reforzado por "la politequería de los partidos", apreciados como actores centrales de una farsa imposible que frenaba el desarrollo económico y social.

La elite intelectual tecnocrática se sentía protagonista del cambio por venir, y se dedicaba a promocionarlo. Seguramente es posible identificar acá el germen de algunas tensiones al interior de las elites tecnocráticas (incluyendo a los jefes militares), con posturas más abiertas al capital extranjero o más nacionalistas, más o menos estatistas, u otras. Sin embargo, de momento coincidían plenamente en la crítica a la ineficacia del sistema político existente y en sus impactos en la economía. Entre éstos, comenzó a resaltarse cada vez más a la inflación como un problema, entendida como resultado de la puja distributiva intermediada por el Estado. Éste fue uno de los medios a través de los cuales el diagnóstico logró captar muchas adhesiones entre sectores medios y bajos (cuentapropistas, pequeños comerciantes y empresarios, y trabajadores autónomos o no sindicalizados, entre otros), que no se sentían protagonistas de las negociaciones distributivas, lo que los colocaba como perdedores seguros de la carrera inflacionaria.

La Iglesia era tenida como uno de los actores intervinientes en la arena de negociaciones corporativas, pero más como un mediador que como un jugador interesado en la puja. No obstante, se debe tomar en cuenta su actuación, al menos como formador de opiniones que se propagaban hacia otros sectores. En general, la cúpula católica se sumó a la lectura imperante entre los jefes militares, y a la necesidad de autoridad y orden para proteger los valores occidentales y cristianos.

El diagnóstico también fue pronto suscripto por las elites económicas, los representantes de los grupos más concentrados de la economía, tanto locales como extranjeros, muchos de los cuales tenían estrechos vínculos con miembros de las elites militares e intelectuales tecnocráticas. De nuevo, se produjo acá una articulación entre factores estructurales y las estrategias de los actores. Siguiendo el ejemplo del régimen brasileño, se sostenía que era necesario impulsar una modernización forzada de sustento tecnocrático, lo que implicaba la instauración de una autoridad estatal suficiente como para forzar a los actores a comportarse de acuerdo a una racionalidad de largo plazo. Era necesaria una intervención desde arriba, capaz de controlar al menos temporalmente a los actores de la puja, que progresivamente se irían adecuando al nuevo orden económico. Este núcleo de autoridad y autonomía era pensado como el recurso político a través del cual las elites tecnocráticas podrían operar los cambios necesarios para saltar de los ciclos de stop and go a un crecimiento estable y autosostenido (take off). Y para esto debía apoyarse en los actores más dinámicos, que eran el motor de este cambio y serían los protagonistas de la nueva etapa. Más aún, a lo largo de ese camino el Estado debía intervenir activamente a favor del desarrollo de esos actores modernos (promociones y subsidios), así como para desmantelar a otros correspondientes al orden a dejar atrás (racionalización económica). Esta es la base de la coalición de intereses de largo plazo que O'Donnell registra detrás de los RBA entre las FFAA y los grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros. ¹⁴

Esto se cumple por cierto en el caso argentino, donde la idea de modernización forzada se combinó en la elite económica con la experiencia que habían tomado en la lucha corporativa. Como sostiene Halperín Dongui "... los conflictos y acuerdos que, a lo largo del ciclo inflacionario debían negociarse y renegociarse constantemente, inducían a los distintos sectores empresariales a dotarse de la estructura corporativa cada vez más sólida que necesitaban para incidir con todo su peso en esas negociaciones, hasta transformarse en fuerzas cuasi políticas dispuestas a ratos a descender como tales a la liza".¹⁵ Es así que los sectores más concentrados de la economía, en los que el capital extranjero contaba a esa altura con importante presencia, se movían con mayor comodidad en la escena corporativa, donde sus intereses eran bien expresados y defendidos por un grupo de economistas y técnicos (en la referida imbricación entre la elite económica y sectores de la elite intelectual tecnocrática). Desde allí entablaban negociaciones directas con los factores de poder, principalmente con los dirigentes sindicales (en la "carrera de precios y salarios"), con los jefes militares o con la burocracia estatal. La instauración del nuevo régimen permitiría consolidar la posición de privilegio que ese sector venía desarrollando, y podía esperar ser el principal beneficiario del proceso de modernización (algo que de hecho ocurrió).

Otro de los factores de poder del momento era representado por la cúpula de dirigentes sindicales, básicamente la "nueva burocracia sindical" estructurada alrededor de la figura de Augusto Vandor. Se trataba de un sindicalismo de nuevo tipo, que había dejado atrás las estrategias de lucha y resistencia para volverse más pragmático, reorganizado a partir de las tácticas de "golpear para negociar", con acciones más resonantes que movilizadoras, dirigidas a mejorar sus posiciones en la puja corporativa. Un claro ejemplo es el Plan de Lucha de mediados del '64, dirigido fundamentalmente a "... hacer notar que los sindicatos constituían un actor insoslayable y de real peso en cualquier negociación seria, esto es, con los militares, los empresarios y el mismo Perón." (Romero; 2002). Sucede que a través del dominio de las principales estructuras sindicales, y con esto de las organizaciones políticas del peronismo, esta dirigencia había ido cobrando autonomía respecto a sus bases (movilizadas sólo de modo controlado en pos de la negociación posterior) y al propio Perón.

Como marcamos, la oposición sindical al gobierno de Illia no parece corresponderse a los resultados económicos¹⁶, sino que contaba con una naturaleza eminentemente política. "Era una consecuencia indirecta de las luchas internas por espacios de poder entre los sectores más fuertes del movimiento peronista: Perón y el peronismo ortodoxo y Vandor y el 'neoperonismo'. Perón asediado por la relativa autonomía de Vandor, y éste por el poder de veto de aquél, trasladaban la crisis interior del peronismo a una situación nacional frágil".¹⁷ El novedoso grado de autonomía "... animó al máximo caudillo sindical, Augusto Vandor, a buscar la inserción en el sistema electoral que permitiría completar la transformación de éste en instrumento cautivo de los factores de poder. El proyecto vino a fracasar, y ese fracaso decidió a la elite sindical a hacer suya la versión más dura de la doctrina de los factores de poder: puesto que el sistema electoral se rehusaba a servir de instrumento para éstos, se hacía oportuno dejarla de lado".¹⁸

Así, por motivos claramente distintos, el poder sindical también trabajó a favor de la conformación de un consenso de terminación para la democracia política, gratificado pragmáticamente por el lugar central que le cabría esperar en el nuevo régimen (que también definían en forma difusa, pero se concebía apoyado en una red de relaciones corporativas que lo incluían como actor fundamental). Esta adhesión pragmática alcanzó la crítica al gobierno y luego al sistema político, lo que la asociaba con una aceptación del autoritarismo. Respecto a las promesas de modernización, podemos suponer que serían acompañadas en tanto y en cuanto no implicaran una disminución de los niveles de empleo y salarios. Este actor contaba seguramente con una lectura diferente sobre la realidad, pero terminó asociándose de modo coyuntural para propiciar el cambio de régimen.

Es importante considerar también la actuación del otro actor relevante de la política del momento, Perón, quien demostró conservar su poder de veto a la distancia, impugnando los diversos intentos "neoperonistas". Esto generó a su vez reacciones de otros actores: la totalidad del espectro antiperonista tomó nota de esta situación, así como la elite militar. De este modo, se tomó finalmente la decisión de que la "política de los partidos" estaba caduca, y comenzaron a articularse los últimos pasos para el salto corporativo.

En esta etapa, el consenso articulado detrás del diagnóstico modernizador autoritario fue ensanchando su base por medio de las adhesiones de vastos sectores de la sociedad, de procedencias diversas (tanto políticas como socioeconómicas), que se sumaban por motivos diferentes: la reconstitución de la autoridad en el gobierno y del orden en la sociedad en general, el fin de la ineficiencia de la "partidocracia", la eficiencia de la técnica, el control de la puja distributiva y del problema de la inflación, la ilusión de un "destino de grandeza". De este modo, se termina de configurar el consenso que venimos rastreando, que aumenta su base en función de una mayor generalidad, con centro en la crítica de la ineficiencia manifiesta del sistema político vigente para resolver la prolongada inestabilidad política y económica del país, y desde ahí en la necesidad de un cambio. Se pasaba al momento positivo de la crisis: se iniciaba el proceso de cambio.

"La Revolución Argentina fue recibida como la oportunidad para inaugurar una nueva Argentina por sectores muy diversos, gracias a que supo suscitar todo tipo de expectativas de cambio estructural. Si, por un lado, eso era el resultado de los ambiguos ropajes con que gustaban mostrarse tanto Onganía como sus aliados civiles, por otro dejaba entrever el complejo cuadro de movilización y antagonismo político que caracterizaba a la vida colectiva de ese entonces. Políticos nacionalistas y desarrollistas, grandes y pequeños empresarios y productores agroganaderos, sindicalistas peronistas, incluso clases medias en ascenso y sectores progresistas y de izquierda influidos por las ideas modernizadoras y tecnocráticas en boga, todos ellos y muchos otros participaron de la danza de expectativas e intereses que pujaban por definir el programa revolucionario, con mayor o menor aliciente militar según los casos. Es que, por encima de todas las diferencias, el ascenso de Onganía al poder podía ser visto como la oportunidad para concretar, como se solía decir en esos años, "el despegue" argentino, que pondría al país nuevamente en marcha [...]. No fue casual, entonces, que con la sola excepción de los políticos de la UCRP desplazados del poder y de los universitarios e intelectuales que fueron inmediatamente afectados por la persecución oficial, los partidos y grupos de interés más diversos compartieran, animados por este espíritu de época, la ilusión de que el régimen de Onganía podría operar los cambios necesarios para liberar las fuerzas productivas y modernizadoras del país. Aunque no coincidieran en casi nada los trazos y colores con los que cada uno imaginaba la situación resultante y el camino para una posterior restauración del gobierno civil, todos estaban dispuestos en alguna medida a hacer votos por su éxito. Esta situación contribuyó a otorgarle a Onganía un fuerte ascendiente, al menos inicial, en la propia corporación armada y en las fuerzas civiles organizadas."¹⁹

La Revolución Argentina: ni orden ni progreso

Así, se llegó finalmente al golpe que instauró la Revolución Argentina, que recibió una considerable bienvenida de buena parte de la sociedad, y el asentimiento resignado o la expectativa desconcertada de otra gran parte, bajo el imperio de un consenso de terminación del inestable e ineficaz régimen anterior. Pero tras el cambio, la situación se modificó rápidamente: varios de estos actores y sectores no mantuvieron su adhesión, disgustados por las medidas que el gobierno fue tomando para emprender el cambio. Se abrió así un camino de oposición creciente al gobierno y al régimen autoritario, que se fue radicalizando rápidamente hasta culminar en la violencia política. Nos proponemos ahora considerar este proceso en función de las estrategias de los actores intervinientes.

El nuevo régimen, de la mano de la elite militar que había tomado e implementado la decisión para el cambio, se presentó como de nuevo tipo: se buscaría institucionalizar un poder autoritario de largo plazo, que en base a su autonomía con respecto a los actores del orden ya caduco y con sustento en una racionalidad tecnocrática haría posible el tránsito por tres momentos progresivos: modernización económica, modernización social y modernización política. Era la idea sostenida por Onganía y su círculo intimo de una "política sin política", más cercana a una administración técnica, que en base a una autoridad relativamente autónoma de las demandas sectoriales haría posible una racionalización tecnocrática que despejaría por fin el camino al desarrollo; esto traería consigo cambios en los actores sociales, y desembocaría finalmente en un régimen político estable. Decían: "La Revolución Argentina tiene objetivos, no plazos".

Las "medidas necesarias" se pusieron en marcha inmediatamente, comenzando con una primera fase que Romero califica de shock autoritario,²⁰ destinada a erradicar por completo la lógica de la "politiquería" y a centralizar la toma de decisiones en el gobierno. Se adosó a la Constitución Nacional un Estatuto de la Revolución Argentina, en virtud del cual juró como presidente Onganía, designado por una Junta de Comandantes (luego de haber pasado a retiro a fines de 1965, de forma de quedar distanciado de la institución militar). Se disolvió el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales; se intervinieron los gobiernos provinciales y los organismos estatales; se destituyó a los miembros de la Corte Suprema y se designó de inmediato a sus reemplazantes. Se disolvió la totalidad de los partidos políticos, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos, de modo de confirmar lo irreversible de la clausura política. El Presidente concentró en sus manos el poder ejecutivo y el legislativo; los Ministerios se redujeron a cinco; y se creó una suerte de Estado Mayor de la Presidencia, conformado por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica. Éste era el único espacio en que los militares como institución tendrían injerencia directa en el gobierno, en función de esa novedosa vinculación entre planeamiento económico e investigación científica y la Seguridad Nacional.

En este régimen, las FFAA (al igual que el resto de los actores relevantes de la sociedad) debían quedar al margen de la toma de decisiones de gobierno: podían ser consultadas por la administración, pero se conservaba la autonomía decisoria, con una fundamentación tecnocrática. Esto se correspondía con el diagnóstico que había dado lugar al profesionalismo prescindente, que implicaba la subordinación de la fuerza a la jefatura política (en este caso, un general retirado). Sin embargo, esto no quiere decir que el nuevo régimen fuera independiente de las FFAA: como marcamos, es característica propia de los RBA apoyarse en la fuerza de la institución militar, en una coalición de largo plazo con los intereses de los grandes grupos empresarios.²¹

La "política sin política" aspiraba a una autonomía relativa, en la que se centralizaba la toma de decisiones pero se abría también la puerta a "mediaciones sectoriales", en la búsqueda de acuerdos y/o apoyo en la sociedad. Estas consultas estaban reservadas fundamentalmente a los factores de poder: principalmente, los jefes militares y la elite económica empresaria (o sus representantes tecnocráticos); de modo más secundario, los dirigentes sindicales, la alta jerarquía católica, la alta burocracia estatal, y representantes de las corporaciones agrarias. En esto se daba una combinación de relaciones corporativas o sectoriales y otras de contacto directo o personales, a partir de las cuales comenzaron a crecer y dispersarse tensiones ya existentes al interior de las elites militares y económicas. 

Una vez ordenada la esfera institucional, se buscó extender la reconstitución de la autoridad al resto de la sociedad, con la intención de "proteger los valores occidentales y cristianos". Esto implicó en definitiva la ampliación de "... la censura y la represión a todas aquellas expresiones culturales o sociales de pensamiento crítico, de disidencia y hasta de diferencia. El blanco principal fue la Universidad, que era vista como el lugar típico de infiltración, la cuna del comunismo, el lugar de propagación de todo tipo de doctrinas disolventes y foco de desorden".²² En este sentido, se dispuso la intervención de las universidades, dejando sin efecto su autonomía (el rector y los decanos fueron designados como delegados del Ministerio de Educación, y en muchos casos se nombró inmediatamente a interventores). En este marco, ocurrió la que sería conocida como "la noche de los bastones largos", momento en que la represión policial cayó en forma directa sobre estudiantes y profesores, incluso dentro de las casas de estudio. De este modo, y a través de ejemplos paradigmáticos, se buscaba acallar todo ámbito de manifestación de tensiones de la sociedad, otro aspecto de esa "política sin política".

Esto dio lugar a la configuración temprana de un bloque de oposición al autoritarismo (a la censura, al control y a la represión que venían con él), que fue aglutinando en forma creciente a sectores intelectuales progresistas, a estudiantes y a la juventud en general (de procedencias diversas). Con centro en la oposición al autoritarismo, estos grupos fueron captando progresivamente la adhesión de otros sectores que habían prestado inicialmente su consentimiento al cambio de régimen (cada uno en base a sus propias motivaciones). Pero a su vez, en este camino fueron radicalizando tanto sus demandas sectoriales y de oposición política como sus estrategias de acción: clausurada la vida política, y sin expectativas de ser tenidos en cuenta en las "mediaciones corporativas" emprendidas desde el gobierno, fueron tomando autonomía a través de diversos movimientos sociales (como centros de estudiantes, grupos católicos tercermundistas, movimientos de pobladores, agrupaciones de trabajadores o incipientes grupos armados, entre otros), a través de los cuales emprendieron acciones cada vez más fácticas y radicalizadas, culminando con las acciones armadas. La autonomización, movilización y radicalización creciente de estos grupos se convirtió en una corriente centrípeta de oposición al autoritarismo, que progresivamente fue captando nuevas adhesiones en los sectores medios. Esto se combinó con un movimiento similar registrado en los sectores populares, lo que dio lugar a la rápida formación de un consenso antiautoritario que era compartido por buena parte de la sociedad. Como veremos, sostenido por actores distintos, pero captando la atención fluctuante de vastos sectores medios, el consenso antiautoritario emprendió su fase ascendente, lo que traía aparejado el retroceso de su contraparte.

Y para explicar esto debemos tomar en cuenta las medidas económicas emprendidas por el gobierno en la marcha a la Revolución Argentina, lo que nos permitirá ver qué pasaba en el campo del trabajo y la producción.

Lo cierto es que sobre la premisa de que era necesario frenar las presiones sectoriales de modo de cobrar autonomía y capacidad técnica, el gobierno no actuó con premura en cuanto a la política económica. "No había plazos, sino objetivos". Se debía producir un ordenamiento y una racionalización inmediata, previa a la definición del camino al desarrollo económico. En concreto, sólo se anunció que la gran transformación económica tendría como objetivos fundamentales "el crecimiento de la industria, el equilibrio de la balanza de pagos y la estabilidad en los precios". En el fondo, esto ocultaba las tensiones crecientes entre sectores más liberales o más corporativistas de las elites militar y económica (que estaban entremezclados, pero unos eran más cercanos al establishment económico y otros a los jefes militares nacionalistas y cristianos).

La racionalización implicaba por supuesto muchos sacrificios, principalmente para aquellos actores "enquistados" que representaban los déficits estructurales a corregir para lograr el desarrollo.

"Antes de que se hubiera definido una política económica, se procedió a reducir drásticamente el personal en la administración pública y en algunas empresas del Estado, como los ferrocarriles, y se realizó una sustancial modificación de las condiciones de trabajo en los puertos, para reducir los costos. Otra medida espectacular fue el cierre de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, que venían siendo ampliamente subsidiados, con el propósito de racionalizar la producción".²³

Estas medidas generaron importantes respuestas de los sindicatos, que fueron duramente reprimidas. Además, en esos días se sancionó una Ley de Arbitraje Obligatorio, que condicionaba la posibilidad de huelgas. Estas medidas seguramente desilusionaron a Vandor y la mayoría de la burocracia sindical, pero en general el sector vandorista mantuvo sus esperanzas de que se reconociera su derecho de interlocución (quizá después de la racionalización), y otros se ofrecían aún más a "participar" del nuevo proyecto. A comienzos del '67, con una táctica orientada a mostrar su presencia con la intención de ser tomada en cuenta en las "mediaciones" del gobierno, la CGT lanzó un Plan de Lucha. Recibió en cambio una dura respuesta, que incluyó despidos masivos, retiros de personería gremial e intervenciones sindicales, que condujo a una suspensión de la medida por parte de la dirigencia sindical. La imponente represión logró frenar, al menos por un tiempo, las demandas sectoriales de los trabajadores, que no podían ser canalizadas a través de las estructuras sindicales tradicionales y de la cúpula dirigencial.²⁴

Una vez logrado el control inicial, se podía definir el rumbo económico, lo que se dio en paralelo a la imposición del sector liberal de la elite, al menos en el campo económico: Krieger Vasena fue designado ministro de Economía y Trabajo, a la vez que el afín Julio Alzogaray lo era comandante en jefe del Ejército. Se puso en marcha un Programa de Estabilización y Desarrollo destinado a conseguir los objetivos de "crecimiento industrial, equilibrio externo y estabilidad", que incluía instrumentos monetarios, cambiarios y fiscales, y acuerdos y controles de precios y salarios.

El programa, que sustentaba los intereses de los grupos empresarios, actores a impulsar en pos de la modernización buscada, comprendía una devaluación del 40%, que era compensada con una disminución de los aranceles de importación, y retenciones del orden del 25% a las exportaciones agropecuarias, de modo de captar parte de esos recursos para promover el desarrollo (vía obras públicas, promociones y subsidios industriales). Además, se buscó promover las exportaciones no tradicionales con reintegros impositivos. Estas medidas se complementaban con una política de ingresos. Por un lado, se suspendieron las convenciones colectivas, a la vez que se concedió un aumento del 15% en los salarios, destinado a ser el último por un largo tiempo (se estimaba al menos dos años). ²⁵ Por otro, se llegó a un acuerdo de precios con las grandes empresas de bienes de consumo, a cambio de prendas (por ejemplo, ser habilitadas para vender a quienes obtenían créditos de consumo). Finalmente, se elevaron las tarifas de los servicios públicos para reducir el déficit y se anunció otro congelamiento prolongado. De este modo, se buscaba frenar la inflación, aspecto sobre el que se había montado principalmente el diagnóstico de la crisis económica, y una dura enemiga de toda racionalidad económica. La inflación, como se extrae de las medidas tomadas, fue pensada básicamente por el equipo económico en términos de expectativas.²⁶

Los efectos iniciales del plan fueron buenos: se estabilizó el salario real; se aumentó la circulación monetaria y el crédito bancario (orientados principalmente a la construcción de viviendas y al consumo); se registró un aumento de la recaudación impositiva (en gran parte por las retenciones y por un aumento en el impuesto al consumo) y un superávit en la balanza de pagos; se racionalizó el gasto público y se emprendió gran cantidad de obras públicas de infraestructura, lo que permitió mantener el nivel de empleo e impulsar el crecimiento del producto.

Esta situación favoreció por un lado a las empresas contratistas del Estado, filiales de grandes compañías extranjeras o grupos locales que empezaron ahí un imponente crecimiento. Y en general a las grandes empresas, muchas de las cuales ya pertenecían a capitales extranjeros, mientras que otras fueron vendidas parcial o totalmente en esos años. Estas compañías, muchas creadas con el impulso desarrollista de Frondizi, alcanzaron para esos años un funcionamiento a pleno de su producción, y más racionalizado que al comienzo. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, como aclara Halperín Dongui,²⁷ esas empresas se habían desarrollado con la intención de adueñarse de los privilegios de un mercado sobreprotegido, compitiendo por la asignación de rentas de monopolio que el Estado distribuía entre empresas o grupos empresarios. Y esto se profundizó con la Revolución Argentina, cuyo impulso a las ramas modernas de la industria sumaba nuevos subsidios a la protección arancelaria. Así, en general las empresas modernas tampoco alcanzaron la eficiencia y la modernización de los procesos de producción de los países centrales. Se "adaptaron" a la economía local, y se orientaron básicamente a abastecer al mercado doméstico, obteniendo beneficios más que realizando inversiones de largo plazo.

En función de estos beneficios, los grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros no quitarán su respaldo al diagnóstico modernizador autoritario; al contrario, buscarán fortalecerlo en conjunción con sectores de la elite militar en respuesta al creciente movimiento opositor.

Por su parte, el resto del empresariado nacional (representado principalmente a través de la CGE) no compartió tal suerte, y comenzó a expresar su disgusto: se quejaba de la falta de protección ante el capital extranjero y de la desnacionalización de la economía. Además, este discurso cuajó muy pronto con el de los sectores militares nacionalistas, profundizando esa tensión presente al interior de la elite.

Los perjudicados por las medidas fueron varios. En primer lugar, la burguesía agropecuaria, que se sentía despojada por las retenciones. Este sector expresó desde el comienzo su disgusto a esa medida, y fue tomando progresivamente una posición opositora (principalmente enfocada en el programa económico), que finalmente terminará dando lugar a la emergencia de la alianza defensiva con los sectores populares que es descripta por O'Donnell.²⁸ El gobierno, en la lógica de las "mediaciones sectoriales", intentó varias veces mantener el apoyo de este sector con reducciones sucesivas a las retenciones (lo que a la vez permitía mantener la rentabilidad exportadora, ante el creciente "desgano" de los productores). Finalmente, lograron hacerse escuchar por varios jefes militares, sobre la base de impulsar un desarrollo más nacional, en el que la producción agropecuaria no podía ser dejada de lado.

Muchas economías provinciales o regionales fueron afectadas por la racionalización, perdiendo viejas protecciones tradicionales. Esto generó una ola de malestar entre los trabajadores cesanteados y pequeños campesinos o arrendatarios desamparados, que condujo a la emergencia de protestas de poblados y de ciudades, que pronto se vincularon con las de los estudiantes locales, dando lugar a las primeras movilizaciones de oposición multisectoriales.

Los trabajadores industriales en general mantuvieron su salario real, y ciertamente lo hicieron los de los centros industriales más modernos del país (representados principalmente por la ciudad de Córdoba, donde estaban radicadas las principales automotrices del país, pero también por el Gran Buenos Aires o Rosario), donde los obreros eran relativamente bien pagos. Sin embargo, éstos fueron los precursores de la movilización opositora de los trabajadores, con una nueva generación de activistas sindicales que se alejaba de los lineamientos vandoristas.²⁹

Este nuevo activismo, representado principalmente por las nuevas dirigencias que habían emergido de los sindicatos por empresas que el desarrollismo había concedido años atrás ante las peticiones de las empresas extranjeras, comenzaron a presentar demandas de nuevo tipo, no limitadas a lo salarial sino referidas también a otros aspectos laborales, como las condiciones y ritmos de trabajo, los sistemas de incentivos, las clasificaciones y categorías. En general, esto se combinaba con reivindicaciones que excedían el ámbito laboral, con un cuestionamiento "clasista" a las relaciones sociales o a la propiedad, y una oposición al autoritarismo político. Estos sectores fueron tomando una "... acción gremial fuertemente transgresora, al borde de la 'violencia', que incluía ocupaciones de plantas y toma de rehenes, y con una gran capacidad para movilizar al resto de la sociedad, sobre todo en ciudades donde la fábrica ocupaba un lugar muy visible, y cuando en un paro activo los trabajadores salían a la calle convocando la solidaridad".³⁰ Las demandas y la movilización de nuevo tipo escaparon al control de la burocracia sindical, volviéndose cada vez más autónomas, y radicalizadas a partir de las posturas de los dirigentes más combativos.

La movilización captó pronto a varios de los dirigentes de los sindicatos tradicionales, que también adoptaron una postura contestataria. Este sector, liderado por Raimundo Ongaro, ganó a comienzos del '68 la conducción de la CGT, lo que terminó generando su ruptura. Por un lado, la auténtica CGT de los Argentinos agrupó a los sindicalistas contestatarios, que fueron radicalizando su oposición al gobierno autoritario ("representante del capital concentrado apátrida"), y se fue ubicando como uno de los protagonistas del creciente movimiento de protesta.³¹ Por el otro, la CGT Azopardo, en la que se nuclearon sectores que hasta entonces se disputaban un mismo camino, vandoristas y participacionistas, asociados ahora en la carrera por ubicarse como interlocutores oficiales del gobierno. Los propios militares ponían esperanzas en esa central, considerando que en un proceso paralelo a la modernización económica podría lograr unificar y/o morigerar las demandas gremiales.

Como dijimos, en el marco de este enfrentamiento sindical, y de la mano de la radicalización de demandas sectoriales y opositoras de los dirigentes combativos, se fue produciendo una creciente autonomización de las "bases obreras", que fueron pasando cada vez más a acciones directas de protesta y movilización en contra de "la represión y el autoritarismo militar, sustento del programa económico del gran capital".

Este proceso se conjugó con el que arriba describimos para vastos sectores medios y la juventud en general, impulsando una lógica de agregación de demandas múltiples que fue ampliando la adhesión creciente en ambos estratos (populares y medios) a una prédica y, cada vez más, a una acción opositora "al gobierno militar y los grupos que lo apoyan". Se trató de un proceso eminentemente político: como el anterior, partió de la configuración y difusión de una lectura crítica de la situación, que no se corresponde estrictamente con los resultados macroeconómicos, aunque sí con la percepción de varios actores de que el orden económico vigente los perjudicaba. A partir del impulso de un grupo heterogéneo de actores (duros) que por motivos diversos conformaron una lectura crítica hacia el programa del autoritarismo modernizador, comenzó a difundirse un nuevo consenso antiautoritario, que fue captando la adhesión de otros sectores sociales que se sentían perjudicados en variadas formas por las medidas del gobierno.

Describimos el proceso de autonomización de los obreros industriales, de la mano de una creciente radicalización de las demandas, que pasaban más allá de lo salarial. Para los activistas que impulsaban este movimiento, los perjuicios del "autoritarismo del gran capital" sobre los sectores obreros eran evidentes: represión política y explotación social. Entre los sectores bajos, el movimiento de protesta se fue extendiendo rápidamente a través de los barrios obreros y populares urbanos, y también fue atrayendo a trabajadores y empleados varios de economías regionales, que se veían afectados en mayor grado por la "racionalización".

Entre los sectores medios, a la punta de lanza de los sectores progresistas y la juventud se fueron sumando otros, que también se sentían perjudicados de formas diversas: en las zonas urbanas, empleados públicos o privados (funcionarios judiciales, maestros y profesores, empleados de servicios, etc.) y comerciantes medianos y pequeños, disgustados ante la liberación de los alquileres o el avance de los supermercados, u otras medidas puntuales; en las rurales, arrendatarios o colonos que se sentían presionados por los desalojos o los bajos precios del algodón o la yerba, y que dieron origen a las Ligas Agrarias. ³²

El Cordobazo y la emergencia del consenso antiautoritario

Es así que poco a poco, desde mediados del '68, diversos grupos comenzaron a salir a las calles, a hacer presente su disgusto, en general a partir de diversas reivindicaciones puntuales o sectoriales, pero que se fueron agregando en una lógica de oposición política, que pronto también se puso en acto en las manifestaciones de protesta.³³

Este proceso de agregación alcanzó su máxima expresión en el Cordobazo de mayo del '69, el más importante de este tipo novedoso de movilizaciones y levantamientos sociales multisectoriales, que tomaron a la acción directa como forma de expresión (abarcando desde ocupaciones de fábricas o de facultades o huelgas y manifestaciones de protesta callejeras hasta acciones de enfrentamiento armado), en un camino de polarización que fue haciendo evidente que la ausencia de canales de expresión de las demandas sociales o políticas conduce a una desinstitucionalización que es partera de la violencia política. Este levantamiento permitió poner en acto y hacer presente la lógica de agregación de las demandas sectoriales y/o políticas de diversos actores sociales, detrás de un creciente consenso de oposición al autoritarismo modernizador, que ingresó en su etapa regresiva.

Es provechoso recurrir nuevamente a Romero para describir la importancia que tuvo el Cordobazo en este proceso: "... fue el episodio fundador de una ola de movilización social que se prolongó hasta 1975. Por eso, su valor simbólico fue enorme, aunque de él se hicieron lecturas diversas, desde el poder, desde las estructuras sindicales o políticas existentes o desde la perspectiva de quienes, de una u otra manera, se identificaban con la movilización popular y extraían sus enseñanzas de esa jornada. Pero cualquiera fuera la interpretación, un punto era indudable: el enemigo de la gente que masivamente salió a la calle era el poder autoritario, detrás del cual se adivinaba la presencia multiforme del capital".³⁴

Se había derribado el mito del orden a partir de la fuerza de la autoridad; el pueblo había salido a la calle para demostrarlo. A partir de ese momento se registró una sucesión de huelgas y manifestaciones en las que confluyeron varios de estos sectores, acompañadas en forma creciente por acciones de los grupos guerrilleros (en lo posible, espectaculares), que lograron primero la caída de Krieger Vasena y luego la del mismo Onganía, a la vez expresiones de una reconfiguración en la elite militar y económica, de la mano de la progresiva mutación de su lectura de la realidad. "Esto fue apenas el preludio de una escalada de protestas, levantamientos de poblaciones y ciudades enteras y de atentados guerrilleros que acorralaron a los militares y los obligaron finalmente a convocar a elecciones libres".³⁵

Para el '73, el autoritarismo en retroceso habrá quedado caduco, frente a un dominante consenso antiautoritario, que a su vez se fue encolumnando detrás de la figura de Perón. De nuevo, se produjo ahí una coincidencia mayoritaria en la necesidad de un cambio de régimen, de retornar a la democracia representativa, pero motivado en intereses y estrategias muy diversas (comprendiendo desde expectativas revolucionarias de cambio social a la búsqueda de reinstauración del orden), lo que hizo eclosión con la puesta en marcha del nuevo gobierno. Sin duda, ese es otro cuento del aquí tratado, pero para entenderlo debemos considerar los cambios que trajo consigo el Cordobazo, que por cierto nos atañen mucho.

El mismo acto fundador, o más bien las lecturas que de él se hicieron, dieron paso a una modificación de las modalidades y estrategias dominantes en el pujante bloque opositor, de la mano de una profundización de la influencia y de la presencia de algunos de sus integrantes más radicalizados, principalmente las organizaciones armadas. Se trata del proceso que relata Claudia Hilb,³⁶ a través del cual la violencia reactiva de la protesta se transforma en violencia radicalizada, en un medio de y para la política.³⁷ A través de este camino, "... esas insurrecciones populares de base ancha van a perder paulatinamente intensidad y frecuencia, mientras llenan cada vez más la escena movimientos clandestinos de base mucho más menuda, que -surgidos de contextos ideológicos muy variados- van a conocer una radicalización creciente...".³⁸

El Cordobazo y el ciclo de movilización que trajo consigo permitieron cristalizar diversas tendencias que se venían desarrollando a lo largo de los '60. Entre éstas, resultan centrales las que se dieron dentro del campo cultural e intelectual (incluyendo a las ideas cristianas), que adquirieron una gran importancia para la política³⁹. A partir de la Revolución Cubana, del régimen implantado luego por Fidel Castro en Cuba, de la Revolución Cultural China y Mao, o de los movimientos de protesta de Praga, Francia, México o Berkeley, entre otras manifestaciones que discutían las ideas "occidentales y cristianas" o se rebelaban contra la "autoridad y el orden", se abrió un importante ámbito de discusión y reelaboración ideológica entre los intelectuales, los estudiantes y la juventud en general. En este camino, se pasó de diversas posiciones más o menos progresistas al predominio de la idea de que era posible avanzar hacia una profunda transformación social y política.⁴⁰

De este modo, militantes de procedencias diversas (desde el disuelto Partido Comunista u otros partidos de izquierda a organizaciones cristianas vinculadas con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, o al nacionalismo popular, la Juventud Peronista u otras tendencias internas a ese movimiento) se fueron agrupando en organizaciones de nuevo tipo, que tomaron la acción armada como forma preponderante de actuación política (algunas de orientación marxista -como el ERP, PCR o Política Obrera, entre otras-) y otras que fusionaban versiones del materialismo histórico con el ideario peronista (FAR, Montoneros, FAP). Se trata de una violencia racionalizada y radicalizada a la vez: como bien analiza Hilb, el objetivo final de casi todas estas organizaciones era la toma del poder político.

"La relectura de los documentos políticos de las principales organizaciones armadas en los años setenta casi parecería eximirnos de la necesidad de ahondar en este camino: la violencia armada aparece incontrovertiblemente, a través de las publicaciones y proclamas, como un método racionalizado utilizado en vistas de un fin último, la toma del poder. Las instituciones democráticas y las elecciones en que éstas son dotadas de su renovado vigor son un momento, diferentemente apreciado, de un camino más largo, que muy someramente podemos caracterizar como la toma del poder por parte del 'pueblo' dirigido por la organización armada (partido más ejército). La política no es ni ha de ser el ámbito deseado o adecuado para la resolución de los conflictos, tanto menos cuanto que en el horizonte de pensamiento de dichas organizaciones se alza la utopía de una sociedad que ha superado el conflicto social, y por ende la necesidad de su expresión política. [...] Las Organizaciones armadas recuperarán, en su discurso de violencia racionalizada, a la violencia reactiva como un eslabón de su propia lucha. Tal vez, para comprender por qué el discurso de las Organizaciones armadas logró durante un período resignificar con tanto éxito a la violencia espontánea como un momento de su discurso de la violencia racionalizada sea preciso encarar el segundo tópico: el que interroga el compromiso de gran parte de una generación con ese discurso y esa propuesta  -con el discurso y la acción de la violencia racionalizada."⁴¹

Nuevamente, esto escapa a los límites de este trabajo, pero se explica en gran medida por el proceso de mutación ideológica que venimos considerando, que frente al bloqueo autoritario de los canales de expresión dio lugar a que muchos grupos optaran por la respuesta armada, con la intención de operar como vanguardias revolucionarias de un anhelo de transformación popular^.42 Por cierto, estas ideas de cambio fueron captando la adhesión de nuevos sectores sociales, que de la oposición a la dictadura pasaron a las expectativas de cambio, en función de motivos diversos (desde los dictados cristianos de la teología de la liberación hasta la vinculación del cambio con el peronismo o la figura de Perón). Sin embargo, parece adecuado sostener que, a medida que se fue perdiendo el miedo, la credibilidad y la eficacia de la represión, el movimiento opositor fue quedando preso de la influencia y de las estrategias de sus actores más radicalizados, las organizaciones armadas revolucionarias. La política se hizo cada vez más fáctica: de las manifestaciones de protesta a las "tomas" de lugares y personas, y luego al enfrentamiento armado. En este camino, la violencia pasó a ser vista como un modo legítimo de actuación en la política. 

Se generó un proceso de fuerte polarización social y política, que tuvo enorme importancia en la configuración que tomó el consenso antiautoritario (en su vinculación con las expectativas de cambio y con el enfrentamiento armado), así como también en la reelaboración que sufrió en los siguientes años el diagnóstico autoritario (que se hizo conservador, reaccionario o antirrevolucionario). Es en este camino, a partir de las estrategias de los actores más duros de cada polo, que la violencia terminó ocupando el lugar central en la resolución de los conflictos políticos.

Como señala Halperín Donghi, se registró en este proceso un juego de reconocimientos paradójico. "En efecto, el éxito de los movimientos insurreccionales se mide, más que por su capacidad de movilizar a las masas para la lucha final, en el acostumbramiento progresivo que induce a la opinión pública a admitir la inclusión del asesinato entre las prácticas políticas tenidas como aceptables. Y este éxito no hubiese sido posible si -por razones sin duda diversas- distintos sectores de nuestras elites políticas no hubiesen estado dispuestos a reconocer algún grado de legitimidad a esas tácticas no totalmente nuevas, pero hasta entonces nunca utilizadas para resolver dilemas centrales de la vida política nacional".⁴³

Entre éstos, se debe considerar al propio Perón, quien "... temeroso de que sus tácticas de lenta y gradual erosión de los gobiernos sucesores se estrellasen ante la robustez del surgido de la Revolución Argentina, [...] había animado a quienes reconocía como los protagonistas de un relevo generacional necesario para devolver vitalidad a su movimiento, a extremar sus demandas, en términos que sugerían que su primer objetivo desde el poder sería satisfacerlas con creces." ⁴⁴. Esto abrió camino al lugar central que progresivamente fueron tomando las organizaciones armadas en relación al movimiento: la llamada Tendencia Revolucionaria, y su encolumnamiento detrás de Montoneros, sectores que efectivamente terminaron sintiéndose protagonistas del cambio de régimen. Más allá de este grupo, y por cierto con intensidad cambiante, las huestes peronistas también mostraron su adhesión a las operaciones de la organización, que abrían el paso para el retorno del líder. Y a medida que pasaba el tiempo, las "huestes peronistas" fueron aglutinando a la mayor parte de los sectores populares y medios, que habían fijado sus expectativas de cambio en el retorno de Perón.⁴⁵

Pero a su vez, Halperín Donghi remarca el papel jugado por la propia elite militar: "Es menos entendible que aun el poder militar en menguante haya reconocido una suerte de legitimidad provisional a una violencia subversiva así practicada. Ese reconocimiento era sin embargo necesario al general Lanusse para persuadir a sus camaradas de la imprescindibilidad de una restauración de sistema electoral; era difícil en efecto no deducir de su argumento según el cual era la clausura de todos los otros canales de expresión de la voluntad popular la que estaba provocando esa respuesta violenta, que mientras que esa situación anómala no se corrigiese la violencia no estaba totalmente injustificada. Sin duda, el general Lanusse prefería no avanzar en esa línea de razonamiento, y subrayar en cambio que la restauración del sistema electoral devolvería al Estado la legitimidad -y por lo tanto la fuerza- necesaria para aniquilar a los movimientos clandestinos".⁴⁶

La emergencia de un nuevo diagnóstico autoritario conservador: el camino al Proceso de Reorganización Nacional

De la mano de un enfrentamiento cada vez más fáctico se fue conformando otro polo en la sociedad que se opuso, cada vez más vehementemente, a las expectativas y proyectos de cambio. Se inició así el proceso de conformación de un nuevo diagnóstico autoritario y conservador, contrarrevolucionario. "Es posible que quienes se opusieron con violencia a los ideales de esa generación también encontraran los propios ideales moralmente justificables y superiores, que vieran en el ideario igualitarista una afrenta a una idea del orden jerárquico, de lugares preestablecidos, y que aborrecieran la idea de una sociedad que no se reconociera en la adhesión común a los valores tradicionales de la nacionalidad, la familia y el orden".⁴⁷ Este diagnóstico reaccionario, de la mano de la proliferación de conflictos políticos y el irrefrenable aumento de la violencia registrado con el nuevo gobierno (especialmente después de la muerte de Perón), fue sufriendo una mutación al interior de la elite militar, que pronto retomó sus tendencias autoritarias. Este sector logró finalmente volver a imponer su diagnóstico autoritario a la sociedad, en este caso principalmente por la fuerza, aunque con el apoyo de la elite económica y religiosa y el respaldo difuso de buena parte de la sociedad (que ahora ponía en primer lugar sus ansias de orden).

De nuevo, se trata de otro proceso al que estamos tratando, pero interesa resaltar brevemente las vinculaciones que existen entre ambos, que dan lugar tanto a continuidades como a importantes rupturas. Como vimos, en un primer momento las condiciones estructurales (la fortaleza relativa del consenso antiautoritario) impusieron a la elite militar en retroceso la opción por el retorno de la democracia, como una forma de reinstaurar el orden (recuperando la legitimidad perdida para el poder político, y desde ahí su autoridad para reprimir a los actores desleales). Pero tras el cambio de régimen, descubrió muy pronto que eso no era posible: el ciclo de movilización y su radicalización a través del accionar de las organizaciones armadas no sólo no fue reabsorbido, sino que se profundizó tras la muerte de Perón (con el creciente enfrentamiento de las bandas paramilitares de la derecha peronista, la violencia política alcanzó nuevos niveles). Para los militares, el intenso clima de movilización y enfrentamiento pasó a representar una posibilidad, potencial pero efectiva, de que se diera un cambio social revolucionario, o al menos profundo. Como en el caso anterior, es central aquí tener en cuenta la percepción de los actores: la elite militar estima la posibilidad real de que se produzca un cambio revolucionario, más allá de que esto fuera "estructuralmente" viable.

Siguiendo a Novaro y Palermo,⁴⁸ el nuevo diagnóstico arrancaba de una lectura particular del fracaso del experimento modernizador de Krieger Vasena y del autoritarismo militar con "mediaciones" de la Revolución Argentina, lo que dará lugar a la una postura más dura. Se pasó a considerar a la sociedad argentina como un organismo enfermo, producto de una articulación nociva entre actores fuertemente enraizados, que se expresaba e interactuaba a la vez en la esfera económica, social y política, reproduciendo y reforzando los conflictos. Era la idea de ciclos populistas acumulativos llevada a su extremo, con lo se diagnosticaba a la sociedad como portadora de varios cánceres enquistados. No se trataba ya de congelar la actividad política y contener las demandas sociales y económicas de modo de hacer posible un salto al desarrollo, abriendo camino al crecimiento autosostenido y la estabilidad política (la intervención autoritaria moderadora y modernizadora propia de los RBA). Sino de curar a la sociedad, de intervenir quirúrgicamente sobre ella, de modo de modificar en forma drástica las fallas estructurales: principalmente, a los sindicatos y otras organizaciones de los sectores populares, pero también a sectores empresarios protegidos, que formaban la otra pata del ciclo populista de demandas excesivas al Estado. El objetivo fundamental dejó de ser una modernización económica y social como modo de alcanzar la estabilidad política, que implicaba una autonomía relativa del Estado para contener por un tiempo las demandas sectoriales y propiciar el desarrollo de los sectores modernos. Ahora el problema era una sociedad enferma (de movilización, con tendencias a la revolución), y la respuesta debía ser drástica: esto es, plena autonomía estatal por largo plazo que hiciera posible reformar "desde arriba" a la sociedad, eliminando o rehabilitando a los actores nocivos.

La desinstitucionalización de los conflictos no se recuperó con el retorno del juego democrático, porque la política fáctica ya estaba enraizada como forma de posicionarse en la puja, haya o no negociación. Las organizaciones armadas incrementaron sus acciones, así como también los grupos paraestatales o paramilitares; la violencia cada vez era más frecuente y más visible. En un escenario de fuerzas, la que se impone es la fuerza. Las Fuerzas Armadas obtuvieron del gobierno en descomposición la potestad para reinstaurar el monopolio legítimo del uso de la fuerza, y desde ahí, en un contexto de creciente enfrentamiento bélico, avanzaron nuevamente hacia la toma del poder. La sociedad, conmovida por el aumento irrefrenable de la violencia, apoyó en parte ese avance en anhelo de orden; otra parte estaba muy perpleja y se mantuvo al menos pasiva; y los "jóvenes revoltosos" (que ahora habían pasado a ser "subversivos"), y todos los que con ellos simpatizaban, ingresaron en una verdadera zona de terror. 

Epílogo: la Revolución Argentina como Régimen Burocrático Autoritario

Finalmente, a modo de conclusión, podemos considerar la aplicación del concepto de Régimen Burocrático Autoritario (RBA) de O'Donnell al instaurado por la Revolución Argentina, pasando revista rápida a sus principales rasgos, con el trasfondo del "ejemplo brasilero".

Como dijimos, el régimen autoritario instaurado en Brasil en el '64 fue tomado como modelo a seguir por la elite militar argentina y los grupos que se le plegaron hacia el '66, incluso con la idea de alcanzar una versión local que lo superara. Al momento del golpe argentino, el régimen brasileño ya había demostrado gran eficiencia en el control de la movilización social y política (que como en Argentina tampoco había sido muy fuerte, aunque de nuevo debemos resaltar la percepción que tomaron las elites militares y políticas tradicionales), con una rápida neutralización de la oposición política y sindical, a través de la supresión de los partidos políticos, la prisión y el exilio forzado de varios dirigentes y las intervenciones, junto a una represión y control social más bien moderados. A su vez, más allá de eliminar las elecciones para el presidente, los gobernadores y los principales prefectos, cuyos puestos fueron ocupados mayormente por militares, conservaron cierta representación democrática por medio de elecciones regulares al Congreso nacional y a las Asambleas legislativas estaduales. Con este fin, en 1985 se promovió "desde arriba" la creación de dos nuevos partidos que competirían en esas elecciones: uno oficialista, Aliança Renovadora Nacional (ARENA, más tarde rebautizada Partido Democrático Social, PDS) y una oposición tolerada, el Movimento Democrático Brasileiro (MDB, más tarde rebautizado Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB). Las elecciones, por cierto, también eran "controladas desde arriba", o en todo caso semi-competitivas.⁴⁹

El régimen también registraba un buen desempeño económico, en base a un programa modernizador de orientación tecnocrática de largo plazo, que estaba orientado a profundizar el desarrollo industrial a mediano y largo plazo, a través de obras de infraestructura y la promoción de industrias básicas y de bienes intermedios. Se hablaba ya del milagro brasileño, en base a sus niveles de desarrollo industrial y de crecimiento del producto.

En base a estos resultados, y conforme a "condiciones estructurales" que se veían en gran parte compartidas, es comprensible por qué la elite militar argentina y sus aliados tecnocráticos tomaron al régimen brasileño como modelo a seguir, promoviendo desde tiempo antes el golpe que diera lugar al cambio.

El proyecto político de la RA tomó varios rasgos que caracterizaban al régimen brasileño, así como luego al modelo de los RBA en general. Se produjo por un lado el reemplazo de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales bajo el sostén de las FFAA, con la intención de implantar un régimen autoritario de largo plazo, destinado por un lado a contener la movilización política y social, para avanzar por otro en la modernización industrial. Sin embargo, como señala O'Donnell para los RBA, esto no implicó un gobierno directo de las FFAA, sino que éstas operaban como sostén de un poder político (relativamente) autónomo, fuertemente institucionalizado, que a distancia de los intereses corporativos podría tomar las "decisiones necesarias" para el desarrollo, con un fundamento tecnocrático.

Esto se buscó efectivamente en la implementación de la RA, en una articulación ya comentada con el profesionalismo prescindente, en virtud de lo cual se nombró presidente a un general previamente retirado y con prestigio propio, y en los cargos públicos a una gran cantidad de aliados civiles (básicamente, nacionalistas cristianos o tecnócratas). Las FFAA aportaban un sostén último, pero en lo demás debían operar como un actor corporativo más, que tenía a su cargo la defensa y la seguridad nacional.

Palermo describe muy bien este esquema de gobierno para el ejemplo brasileño, así como las consecuencias que implicó sobre la evolución del régimen: "La responsabilidad de las fuerzas armadas en relación al gobierno nacional, y la centralización de la estructura de autoridad en el poder ejecutivo, no deben, sin embargo, interpretarse como una fusión plena entre los militares como institución y el poder político. En cambio, la autonomía del general presidente tendía a significar no sólo una fuerte personalización del poder, dentro de la estructura burocrática, sino también una considerable libertad de maniobra para su círculo. Según algunos autores, esto dio origen a una suerte de dictadura personal dentro del régimen autoritario y a un acrecentamiento del espacio para la oposición".⁵⁰

No obstante, "autonomía" no significaba "aislamiento". El proyecto contemplaba la obtención del apoyo continuo de ciertos actores, de modo de sostener un régimen que tenía objetivos de largo plazo. Ya comentamos la vinculación que se buscaba lograr con los intereses objetivos (de corto y de largo plazo) de los sectores económicos más dinámicos y más poderosos, los grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros, beneficiarios directos de las políticas de promoción industrial. Más allá de esto, algo que las elites tecnocráticas no dejaban de tener en cuenta, se preveía la búsqueda de acuerdos o apoyos concretos de diversos sectores, por medio de lo que arriba denominamos "mediaciones" corporativas, o a través de concesiones puntuales. Como sostiene Palermo para el caso brasileño, el buen desempeño económico le permitió "comprar" el apoyo político de la burocracia y de las elites políticas regionales o locales (que intermediaban en la distribución de los recursos), a la vez que logró el apoyo de vastos sectores medios, en una oferta de beneficios económicos como sustituto a las libertades políticas⁵¹. Retomamos esto más abajo, pero es posible decir que a través de esta combinación de alicientes políticos y/o económicos, el régimen brasileño logró hacerse por largo tiempo con el apoyo más o menos expreso de vastos sectores sociales, en una lógica que ataba la obtención de cierta legitimación a las realizaciones económicas.⁵²

En la Argentina, no funcionó de la misma manera. Desde el comienzo, la escasa y por cierto desigual respuesta a las demandas que los diversos sectores intentaban trasladar al gobierno a través de las "mediaciones corporativas" (en caso de que fueran reconocidos para ello), que se fundamentaba en la necesidad tecnocrática de autonomía decisoria, fue generando la visión común de Onganía como un dictador absoluto, o al menos aislado de la sociedad, que se sostenía en la fuerza militar para hacer posible la ejecución del programa económico del gran capital nacional e internacional.

Esto comenzó a cambiar con el ciclo de movilización social del ´69. Primero, se produjo la caída de Krieger Vasena y su equipo, y Onganía buscó una "apertura más decidida a lo social", particularmente con la CGT y los dirigentes "participacionistas" ⁵³. Finalmente, cayó el propio Onganía, y a partir de ahí el gobierno fue quedando cada vez más bajo control directo de los militares: el alto mando controló los intentos personalistas de Levingston -un general en actividad pero poco conocido-, y por último recurrieron al liderazgo de Lanusse dentro de la institución, de modo de manejar la salida del gobierno. En cuanto al programa económico, con la asunción de Ferrer como ministro de Economía se buscó reeditar una fórmula más nacionalista y distribucionista (promoción a los capitales nacionales, negociación de salarios con los sindicatos), mientras que en la etapa final del régimen "... se optó por renunciar a cualquier rumbo, y se disolvió el Ministerio de Economía, repartido en secretarías sectoriales que se confiaron a representantes de cada una de las organizaciones corporativas."⁵⁴

Uno de los problemas centrales que parece hacer tenido la RA, que contrasta en relación al ejemplo brasileño, es el bloqueo de todos los canales de expresión de las demandas sectoriales y políticas o de resolución concertada de los problemas sociales. Esto dio lugar a una desinstitucionalización completa de los conflictos, que pasaron a "resolverse" cada vez más a través de medios fácticos, culminando en la violencia política. La idea de una "política sin política" con "mediaciones corporativas" se mostró pronto insuficiente, principalmente en una etapa de "racionalización" en la que había importantes costos que distribuir que afectaban a diversos sectores sociales, a la vez que se registraba un crecimiento económico que aparecía beneficiando casi exclusivamente a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Como vimos, los sectores que se sentían afectados se agregaron progresivamente en una lógica de oposición política, conformado un vasto bloque antiautoritario.

A diferencia de Brasil, no se dio aquí ningún intento de creación de nuevos partidos políticos "desde arriba", según la idea de que se debía dar primero una modernización económica y social para pasar finalmente al momento político, en el que emergerían partidos apropiados. Se quitó así todo vestigio de legitimación democrática, aunque más no sea formal o parcial, lo que por un lado reforzó la sensación de represión autoritaria para los sectores que se agruparon en la oposición, y por otro impidió cualquier acuerdo con la dirigencia política. Ésta era criticada por su politequería conflictiva e ineficiente, y era uno de los actores a corregir a través de la clausura y el congelamiento.

No obstante, algo similar pensaban los militares brasileños, aunque optaron por un camino intermedio que comprendió la exclusión de los dirigentes "inaceptables" (detenidos u obligados a exiliarse), y la incorporación del resto en el juego representativo parlamentario semi-competitivo, con un partido oficialista y otro moderadamente opositor.

Seguramente, debió influir en esto una diferencia en cuanto a "factores estructurales" entre los dos países: la naturaleza diversa de los partidos políticos. Brasil se caracterizó a partir de 1930 por una permanente construcción y destrucción de aparatos partidarios, que representaban más bien coaliciones cambiantes entre las elites políticas tradicionales, que una identidad social o una ideología definida. En este contexto, eliminar los partidos existentes y pasar rápidamente a la creación "desde arriba" de nuevos partidos se presentaba mucho más factible, tanto a nivel de la dirigencia política como de la sociedad, acostumbradas ambas a los continuos "cambios de cartel".

De esta forma, el régimen brasileño logró hacerse con el apoyo de las elites políticas tradicionales, en un proceso por cierto paradójico. Por un lado, se benefició de las tácticas tradicionales de control político que esa elite venía utilizando, "... entre ellas, las relaciones patrón-cliente, la representación territorial a través de máquinas y clanes locales, el reclutamiento oligárquico, los intercambios regionalistas y las relaciones personalistas y particularistas, por parte de políticos experimentados".⁵⁵ Pero su vez, las elites tradicionales vieron reforzado su poder en esta vinculación, operando "... a niveles local y estadual como proveedoras de respaldo político al partido oficial, a cambio de controlar la asignación clientelística de fondos públicos. Así, paradójicamente, un régimen político que se había instaurado con la misión de modernizar Brasil, acabó perpetuando prácticas políticas de patronazgo y clientelismo tendencialmente antitéticas tanto con la democracia y con una economía moderna.⁵⁶

 En cambio, en la Argentina existían dos partidos predominantes que eran fuertes, autónomos y estables: cada uno tenía un importante vínculo de representación con sectores de la sociedad, y había demostrado su capacidad de supervivencia, incluso en contra de la estabilidad de propio régimen democrático. Se entiende entonces, aunque no se comparta, la intención de realizar primero un congelamiento político total que diera lugar a una modificación de los actores, para recién después reinstaurar un juego democrático. Sin embargo, la consecuente desinstitucionalización de los conflictos junto con la escasa apertura del gobierno a negociar sus decisiones (salvo en economía, y sólo con los sectores más poderosos), dio lugar a la comentada autonomización y radicalización de los sectores populares y medios, que impulsó el ciclo de movilización y fue creciendo hasta obligar a los militares en retroceso a convocar nuevamente a elecciones. En definitiva, vuelve a hacerse evidente aquí la fortaleza y estabilidad de los partidos políticos tradicionales, que emergieron nuevamente como protagonistas en el proceso de cambio (junto con las organizaciones guerrilleras y sus movimientos tácticos).

En contra de sus propuestas iniciales, la RA no logró modificar ni a los partidos tradicionales ni al sistema de partidos en general. Además, una vez barrida la experiencia de Krieger Vasena, tampoco pudo avanzar en la profundización del desarrollo industrial, ni en la transformación de los viejos actores económicos y sociales en otros más modernos. Los sindicatos mantuvieron su estructura organizativa intacta, y desde ahí conservaron su lugar central dentro del peronismo. Los empresarios locales lograron influir sobre los líderes militares de modo que sean escuchadas sus demandas de protección a los emprendimientos de capitales nacionales, en contra de la desnacionalización. Y tampoco pudo resolver la puja distributiva, que a través de la desinstitucionalización de los conflictos dio paso a la emergencia y a la aceptación creciente de la violencia política. En conclusión, el primer proyecto autoritario militar de largo plazo no logró alcanzar ninguno de los principales objetivos que se había propuesto; esto fue plenamente tomado en cuenta por la elite militar, que avanzó con importantes cambios en su diagnóstico, abriendo camino al denominado Proceso de Reorganización Nacional.

Notas:

1. O´Donnell, Guillermo: El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982).

2. Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto (Buenos Aires: Ariel, 2002) 300.

3. Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto (Buenos Aires: Ariel, 2002) 296.

4. Mora y Araujo, Manuel: El Estatismo-populista y los problemas argentinos, en la Argentina Política, Carlos Floria (Comp.) (Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1.981) 32

5. Huntington, Samuel: El orden político en las sociedades en cambio (Buenos Aires: Paidos, 1991) 16.

6. Novaro, Marcos y Vicente Palermo: La Dictadura Militar 1976-1983 (Buenos Aires: Paidós, 2003) 26.

7. Como veremos, esta postura perderá pronto su pata legalista, dando prioridad a la autoridad en un camino de reconstrucción, que a la vez se ensanchará buscando abarcar a toda la sociedad, Cfr. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina (Buenos Aires: FCE, 1994).

8. La Marina se opondrá más tarde al bando azul y sus escamoteos frentistas "neoperonistas", y será derrotada, esta vez sí por medio de enfrentamientos armados.

9. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina (Buenos Aires: FCE, 1994) 228.

10. Novaro, Marcos y Vicente Palermo: Política y poder en el gobierno de Menem (Buenos Aires: Ed. Norma - Flacso, 1996) 5.

       

11. O´Donnell, Guillermo: Estado y alianzas en la Argentina: 1956 - 1976, en Desarrollo económico, vol. XVI, N° 64, (Buenos Aires, 1977) 197.

       

12. Floria, Carlos y César García Belsunce: Historia Política de la Argentina Contemporánea  (Buenos Aires: Editorial Alianza, 1988) 188.

       

13. Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina (Buenos Aires: FCE, 1994) 204.

       

14. Cfr. O´Donnell, Guillermo: El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982).

       

15. Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista, (Buenos Aires: Ariel, 1994) 74 y 75.

16. Cfr. Gerchunoff, Pablo y Juan José Llach: Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso entre los dos gobiernos peronistas: 1950-1972, en Desarrollo económico, vol XV, N° 57, (Buenos Aires: 1975).

17. Floria, Carlos y César García Belsunce: Historia Política de la Argentina Contemporánea, (Buenos Aires: Editorial Alianza, 1988) 190.

18. Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista, (Buenos Aires: Ariel, 1994) 44.

19. Novaro, Marcos y Vicente Palermo: La Dictadura Militar 1976-1983, (Buenos Aires: Paidós, 2003) 26.

20. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 232.

21. Cfr. O´Donnell, Guillermo: El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, (Buenos Aires: Editorial de Belgrano), 1982.

22. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 233.

23. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 233 y 234.

24. No obstante, como veremos, en ese mismo tiempo se fue profundizando un proceso de renovación de dirigentes y agrupaciones gremiales, que conllevó una creciente autonomización de las bases, a su vez tironeada por una radicalización de los sectores dirigentes más combativos.

25. Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto, (Buenos Aires: Ariel, 2002) 326.

26. Idea que será retomada veinte años después por el equipo de Sourrouille, y luego por el de Cavallo.

27. Cfr. Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista, (Buenos Aires: Ariel, 1994) 79 a 81.

28. Cfr. O´Donnell, Guillermo: Estado y alianzas en la Argentina: 1956 - 1976, en Desarrollo económico, vol. XVI, N° 64, Buenos Aires, 1977.

29. Esto permitiría apuntarle un granito a "... aquella comprobación sociológica de que los conflictos sociales son más probables en sectores y situaciones con expectativas crecientes, y no en épocas y lugares de gran depresión y desempleo." (Floria y Belsunce; 197).

30. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 242.

31. "Nos pidieron que aguantáramos un invierno; hemos aguantado diez. Nos exigen que racionalicemos: así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos. La clase obrera vive su hora más amarga: convenios suprimidos, derecho de huelga anulado, gremios intervenidos, conquistas pisoteadas, personerías suspendidas, salarios congelados. El aplastamiento de la clase obrera va acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales. [...] La CGT de los Argentinos no se considera única actora en el proceso que vive el país, no puede abstenerse de recoger las aspiraciones legítimas de los otros sectores de la comunidad, ni de convocarlos a una gran empresa común. [...] Es por eso que llama a 'la unidad nacional' con los empresarios nacionales, los pequeños comerciantes e industriales, los universitarios, los artistas, intelectuales y estudiantes, los militares y los religiosos de todas las creencias, [...] para combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre." (Mensaje de la CGT de los Argentinos del 1 de mayo de 1968).

32. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 243.

33. Romero brinda una descripción muy clara y concisa del proceso de movilización y agregación de la protesta que se dio a lo largo del '68 y el '69, y que sustentó la conformación de un nuevo consenso antiautoritario que se irá fortaleciendo hasta el '73: "Las explosiones urbanas se prolongaron en manifestaciones callejeras, a las que se sumaban los estudiantes universitarios en permanente estado de ebullición, y en acciones más cotidianas de reclamo en barrios y villas de emergencia. Estas formas originales de protesta eran desencadenadas por algún episodio ocasional: un impuesto, un aumento de tarifas, un funcionario particularmente desafortunado, pero expresaban un descontento cada vez más profundo y un conjunto de demandas que, puesto que el poder autoritario había cortado los canales establecidos de expresión, se manifestaban en espacios sociales recónditos, en villas, barrios o pequeñas ciudades, y emergían poniendo en movimiento extensas y difusas redes de solidaridad. [...] Se trataba de un coro múltiple, heterogéneo pero unitario, regido por una lógica de agregación, al que se sumaban las voces de otros intereses heridos, como los grandes productores rurales o los sectores nacionales del empresariado. Unos y otros se legitimaban recíprocamente y conformaron un imaginario social sorprendente, una verdadera 'primavera de los pueblos', que fue creciendo y tomando confianza a medida que descubría la debilidad de su enemigo. [...] Según una visión común, que progresivamente iba definiendo sus perfiles y simplificando los matices, todos los males de la sociedad se concentraban en un punto: el poder autoritario y los grupos minoritarios que lo apoyaban, responsables directos y voluntarios de cada una de las formas de opresión, explotación y violencia de la sociedad." (243 y 244; las itálicas son nuestras).

34. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 241.

35. Novaro, Marcos: Historia de la Argentina Contemporánea, (Buenos Aires: Edhasa, 2006) 46.  

36. Cfr. Hilb, Claudia: La responsabilidad como legado, en César Tcach (comp.), La política en consignas. Memoria de los setenta, (Rosario: Homo Sapiens, 2003). 

37. Según la autora, "... hubo hacia fines de los '60 y principios de los '70 episodios de violencia reactiva, de violencia movida por la impotencia; y hubo la rebelión violenta de quienes enarbolaron la violencia como medio para la restitución de la política." (Hilb, 2003).

38. Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista, (Buenos Aires: Ariel, 1994).

39. Cfr. Sigal, Silvia: Intelectuales y poder en la década del setenta, (Buenos Aires: Puntosur, 1991).
Sarlo, Beatriz, La batalla de las ideas (1943-1973), (Buenos Aires: Ariel, 2001)

40. Claudia Hilb hace una muy buena descripción del núcleo ideológico que estaba por detrás del creciente consenso transformador, que permitió aglutinar a perspectivas de cambio diversas: "Me atrevo a afirmar que [...] la mayor parte de la gran masa de jóvenes que se vio atraída por el accionar político en la efervescencia de los años '70 creyó sinceramente en la posibilidad de construir un mundo más justo. Más justo quería decir, entonces, más igualitario, o incluso, radicalmente igualitario. En la comprensión de quiénes enarbolaban esos ideales, era inaceptable que una parte importante de la comunidad estuviera privada de los bienes, económicos, simbólicos y políticos de los que disfrutaba una parte mucho más reducida." (2003; 12).

41. Hilb, Claudia: La responsabilidad como legado, en César Tcach (comp.), La política en consignas. Memoria de los setenta, (Rosario: Homo Sapiens, 2003) 6 y 7. 

42. Sólo para mencionar un caso ejemplar (dentro de un abanico amplio pero en última instancia coincidente de proyectos de cambio, que arrancaban con el derrocamiento de la dictadura), podemos considerar la trayectoria de Ignacio Vélez Carreras, miembro del grupo fundador de Montoneros en Córdoba. Provenía de una tradicional familia cordobesa, cursó sus estudios en el Liceo Militar, en donde bajo la influencia del reverendo capellán accedió a "las inquietudes del compromiso cristiano con el pueblo", con lo que emprendió un camino militante que lo condujo del nacionalismo popular de orientación cristiana a la izquierda peronista que luchaba por el socialismo, y con eso a organizaciones clandestinas de resistencia a la dictadura. Fue detenido en 1970 tras la toma del pueblo cordobés de La Calera, y quedó en libertad con la amnistía de Cámpora a los presos políticos en el '73. También es ejemplar su testimonio para representar la radicalización de las posturas que aspiraban a lograr un cambio social profundo, que pasaron decididamente a la acción armada y se terminaron encolumnando tras el peronismo: "El golpe de Onganía significó para nosotros que la oligarquía y el imperialismo había jugado la última carta. La violencia desnuda había asumido el poder con expresiones groseramente provocadoras. [...] Éramos concientes de que la oligarquía no se iba a suicidar, que había que derrotarla, que la violencia era el único camino y que teníamos que comenzarlo, ya que no podíamos perder más tiempo. Que a un ejército sólo se lo derrota con otro ejército. [En un proceso paralelo, ...] terminamos identificando a la clase obrera y sus aliados (pequeños industriales, empleados, estudiantes, campesinos, etc.) como los sectores que, al tener  sus intereses inmediatos y estratégicos ligados al desarrollo local nacional, eran los genuinos sectores enfrentados a la oligarquía y el imperialismo. En consecuencia, comenzamos a concebir al peronismo no sólo como un movimiento de liberación nacional, sino como un movimiento de liberación nacional y social, al que había que limpiar de traidores e infiltrados que ocupaban nada más y nada menos que la conducción táctica del movimiento. De este modo hicimos, casi sin escalas, el tránsito desde el nacionalismo popular a la izquierda peronista que lucha por el socialismo." (Vélez Carreras, 2005; 7 y 13).

43. Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista, (Buenos Aires: Ariel, 1994) 65.

44. Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista, (Buenos Aires: Ariel, 1994) 66.

45. Debemos aclarar que los motivos de apoyo a la figura de Perón fueron muy variados, y en algunos casos hasta contradictorios. Por ejemplo, como sostienen Novaro y Palermo, "... frente a la movilización social y la amenaza guerrillera, sectores militares y conservadores que se sentían arrinconados podían ver en Perón la tabla de salvación del orden, el único capaz de frenar una mutación revolucionaria." (2004; 28).

46. Halperín Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista, (Buenos Aires: Ariel, 1994) 59.

47. Hilb, Claudia: La responsabilidad como legado, en César Tcach (comp.), La política en consignas. Memoria de los setenta, (Rosario: Homo Sapiens, 2003) 12. 

48. Cfr. Palermo, Vicente: Legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina: El caso brasileño, mimeo (Buenos Aires. 2004).

49. Palermo, Vicente: Legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina: el caso brasileño, mimeo. (Buenos Aires, 2004) 2.

50. Palermo, Vicente: Legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina: el caso brasileño, mimeo. (Buenos Aires, 2004) 2.

51. Palermo, Vicente: Legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina: el caso brasileño, mimeo. (Buenos Aires, 2004) 4.

52. Cfr. Palermo, Vicente: Legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina: el caso brasileño, mimeo. (Buenos Aires, 2004) 1.

53. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 254.

54. Romero, Luis Alberto: Breve historia contemporánea de la Argentina, (Buenos Aires: FCE, 1994) 257.

55. Palermo, Vicente: Legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina: el caso brasileño, mimeo. (Buenos Aires, 2004) 4.

56. Palermo, Vicente: Legados autoritarios en las transiciones a la democracia en América Latina: el caso brasileño, mimeo. (Buenos Aires, 2004) 4.

 

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