ARTICULO ORIGINAL

Los sindicatos en contra: luchas y protestas por el ajuste en córdoba. El sindicato de obras sanitarias y su enfrentamiento con el estado provincial¹

(Unions against: fights and protests over the setting in cordoba. The union of water works and its confrontation with the state provincial)

 

Gabriela Closa^a
a - Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba²

 

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Resumen:

En octubre de 1989 el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Reforma Administrativa del Estado Provincial. En esos días el gobernador de Córdoba era Eduardo César Angeloz, quien pertenecía a la Unión Cívica Radical. El proyecto tenía como objetivo reducir las funciones del Estado, promover la descentralización de muchas de sus actividades e impulsar la privatización de algunas de sus dependencias más importantes. A tono con la política delineada por el gobierno nacional de Carlos Menem, este proyecto de ley era la expresión local de lo dispuesto por las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado, recientemente sancionadas. Esta última  ley, a través del artículo 68, invitaba a las provincias a sumarse a sus lineamientos y por ello el gobierno nacional exigió a  las provincias que adecuaran su legislación a la nueva normativa. Por parte del gobierno provincial,  el proyecto también fue concebido como un instrumento propicio para superar la complicada situación económica que vivía la provincia por esos días, caracterizada por una creciente inflación y déficit en los recursos del Estado.  A causa de dichos factores había, en los asalariados de Córdoba, un descontento generalizado, el cual se evidenció en una sostenida demanda en pos de incrementos salariales.
Así,  el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba presentó a la Legislatura de la Provincia el proyecto de ley de Reforma Administrativa, también denominado de Emergencia, siendo tratado primero, como correspondía de acuerdo al procedimiento legislativo,  por la Cámara de Diputados. La presentación originó una intensa movilización de los trabajadores  en la ciudad de Córdoba quienes reorientaron sus protestas, preexistentes, hacia la oposición a la nueva ley. Las protestas estuvieron protagonizadas por los trabajadores del Estado, aunque también se sumaron los que  pertenecían al sector privado.
Este acontecimiento es,  entonces,  el punto de partida para analizar el papel que llevó adelante el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SiPOS) en contra del proceso de privatización puesto en marcha por el Estado Provincial. A principios de ese año había asumido la conducción del sindicato un conjunto de dirigentes que se opusieron a los nuevos lineamientos políticos,  iniciaron un cambio en las formas de lucha y marcaron las diferencias con respecto a quienes habían tenido, hasta ese momento, el control del sindicato.
En este marco,  el presente trabajo se propone analizar el desarrollo del conflicto desde la perspectiva de la teoría de los movimientos sociales, rescatando fundamentalmente los conceptos de oportunidades políticas, estructuras de movilización y creación de marcos interpretativos. Asimismo, reconocemos, a modo de hipótesis que si bien las acciones desarrolladas por el sindicato de los trabajadores de Obras Sanitarias de Córdoba, no dieron lugar a la formación de un movimiento social fueron expresión de nuevas formas de acción colectiva y demostraron cambios importantes en la dirigencia sindical prevaleciente en Córdoba de fines de los ochenta. 

Palabras clave: Reforma del Estado; Protesta sindical; Sindicato de Obras Sanitarias de Córdoba

Abstract:

In October 1989 the Executive of the province of Cordoba sent to the Legislature, the bill Provincial State Administrative Reform. In those days, the governor of Cordoba was Eduardo César Angeloz, who belonged to the Unión Cívica Radical. The project aimed to reduce the functions of government, promote decentralization of many of its activities and promote the privatization of some of its major units. In keeping with the policy outlined by the national government of Carlos Menem, this bill was the local expression of the provisions of the law the Emergency Economic and State Reform, recently sanctioned. The former, through Article 68, inviting provinces to join their guidelines and therefore the national government to the provinces required to adjust its law to the new rules. For the provincial government, the project was conceived as an enabling tool for overcoming the difficult economic situation in the province who lived in those days, characterized by rising inflation and shortfalls in state resources. Because of these factors had on the employees in Cordoba, a widespread discontent which was evidenced by a sustained demand in pursuit of wage increases.
Thus, the executive of the province of Cordoba presented to the Legislature of the Province the Bill of Administrative Reform, also called Emergency, and treated first, as it should according to the legislative procedure, the Chamber of Deputies. The presentation led to an intense mobilization of workers in the city of Cordoba who shifted their protests, pre-existing opposition to the new law. The protests were staged by state employees, but also joined those who belonged to the private sector.
This event is then the starting point for exploring the role that brought forward the Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SiPOS) against the privatization process launched by the Provincial State. Earlier that year he had assumed the leadership of a group of union leaders who opposed the new policy guidelines, initiated a change in the forms of struggle and marked differences with respect to those who had, until then, control of union.
In this framework, this paper seeks to analyze the development of the conflict from the perspective of social movement theory mainly rescue the concept of political opportunities, mobilizing structures and creation of interpretive frameworks. We also recognize, as a hypothesis that while the actions taken by the Union of Sanitation Workers in Cordoba, did not lead to the formation of a social movement was the expression of new forms of collective action and showed significant changes in the Cordoba prevailing union leadership of the late eighties.

Keywords: The Reformation of the State; Union protest; Union of Sanitary Works of Cordoba

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Introducción

A principios de 1989 se produjo un cambio en la conducción del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Córdoba (SiPOS). El nuevo grupo dirigencial constituía una ruptura con lo que había sido hasta ese momento la dirección del sindicato en manos del peronismo. Ese mismo año el Poder Ejecutivo provincial, ocupado en ese momento por el gobernador perteneciente a la Unión Cívica Radical, Eduardo César Angeloz, inició el tratamiento legislativo de la ley de reforma administrativa del Estado provincial, que tenía como objetivos fundamentales sanear el déficit del Estado, promover la descentralización de algunas de sus actividades y fomentar la privatización de importantes áreas y dependencias.

La Empresa Provincial de Obras Sanitarias encargada de la provisión y potabilización del agua corriente en Córdoba, era una de las que figuraban en la agenda privatizadora. La oposición al proyecto de ley presentado por el gobierno dio origen a un intenso ciclo de protesta que involucró no sólo a los trabajadores dependientes de ella, sino también al resto de los trabajadores estatales y a muchos pertenecientes al sector privado. Pero además, en el curso de la protesta, la nueva dirigencia del SiPOS inauguró nuevas estrategias de vinculación hacia el interior del sindicato como también hacia la sociedad. En ese proceso de lucha se realizaron acciones que influyeron sobre las marcas identitarias del sindicato que consideramos significativas para ser analizadas. 

Entonces, estos dos hechos: la aparición de una nueva dirigencia en el sindicato y el inicio de las acciones orientadas por el Ejecutivo provincial para modificar el modelo de gestión estatal prevaleciente hasta ese momento en Córdoba constituyen las coordenadas que enmarcan el desarrollo de este trabajo. En este sentido, nos proponemos analizar el conflicto aludido desde la perspectiva de la teoría de los movimientos sociales, rescatando fundamentalmente los conceptos de oportunidades políticas, estructuras de movilización y creación de marcos interpretativos. Asimismo, reconocemos a modo de hipótesis que, si bien las acciones desarrolladas por el sindicato de los trabajadores de Obras Sanitarias no dieron lugar a la formación de un movimiento social, fueron expresión de nuevas formas de acción colectiva y demostraron cambios importantes en la dirigencia sindical de Córdoba a fines de los ochenta.

Acción colectiva  y movimientos sociales

Las protestas que se generaron en Córdoba a raíz de la presentación del proyecto de ley de reforma administrativa pueden ser analizadas por medio del marco teórico de la acción colectiva. Las formas de acción colectiva se producen por la confluencia de una serie de factores interrelacionados. Siguiendo a Tarrow, una acción colectiva surge y se organiza como un desafío, por parte de un grupo a sus oponentes (la mayor parte de las veces, el poder instituido), porque dicho grupo considera que este poder es perjudicial para sus intereses. De este modo, los movimientos plantean sus desafíos a través de una acción directa disruptiva contra quienes son sus antagonistas, las elites, las autoridades u otros grupos.³ En efecto, para la conformación de la acción colectiva es necesario que un conjunto de personas adviertan que tienen un objetivo o motivo en común para movilizarse. Por lo general deben experimentar un sentimiento de injusticia, agravio, amenaza, pérdida de privilegios. Además, este sentimiento debe estar acompañado por la construcción de una identidad común, por la solidaridad entre los miembros del colectivo, de tal modo que sientan que son parte de lo mismo y que todos se ven afectados por el poder que los perjudica. En síntesis, "es el reconocimiento de una comunidad de intereses lo que traduce el movimiento potencial en una acción colectiva".⁴ Finalmente, lo que marca el paso o la transformación de una acción colectiva en un movimiento social, es la permanencia de la acción, el mantenimiento de la misma a lo largo del tiempo: "Los movimientos sociales que han dejado una impronta más profunda en la historia lo han logrado porque consiguieron mantener con éxito la acción colectiva frente a los oponentes mejor equipados".⁵

Para el análisis del surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales existe una amplia coincidencia entre los investigadores, de considerar tres índoles de factores: 1) Las oportunidades políticas; 2) Las estructuras de movilización; 3) Los procesos enmarcadores.

Con el concepto de estructura de oportunidades políticas nos referimos a las particularidades del sistema político en el que se inscriben las formas de acción colectiva y los movimientos sociales. Sobre el particular, se puede establecer la relación entre los movimientos sociales y la política institucionalizada o las relaciones informales de poder de un sistema político nacional dado. En síntesis, se trata de analizar las características, elementos y componentes de un sistema político, que favorecen o desfavorecen el surgimiento y desarrollo de un movimiento social. El concepto de oportunidades políticas es muy amplio y por ese motivo, su uso, sin mayores precauciones, conduce al riesgo de que se restrinja su poder explicativo.⁶ Por esta razón, consideramos de gran utilidad el aporte de McAdam quien identifica, siguiendo a Tarrow, las dimensiones que posibilitan el análisis de las oportunidades políticas. Las dimensiones son: el grado de apertura de la comunidad política, la estabilidad de las alineaciones políticas, la presencia o ausencia de elites aliadas, las divisiones en el seno de las elites.⁷ 

Atender a las estructuras de movilización posibilita comprender la trayectoria de la acción colectiva y los movimientos sociales. En efecto, "las decisiones que tomen los activistas respecto de la forma que, finalmente, revestirá su grupo, tendrá importantes consecuencias en relación a su capacidad para obtener recursos y movilizar a los disidentes, así como respecto del grado de legitimidad que adquieran a los ojos de la sociedad".⁸ El análisis de las estructuras de movilización significa desentrañar en el seno de qué tipo de colectivo surge la protesta, cómo se organiza y cuáles son las formas que se eligen para llevarla adelante.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el papel desempeñado por la cultura y la ideología en la protesta y movilización de los actores. Los conceptos de cultura, ideología y la creación estratégica de marcos interpretativos, van unidos "porque son tópicos que se refieren al contenido y a los procesos a través de los cuales se dota de sentido a objetos y acciones".⁹ Es un proceso de construcción y de representación que sirve para hacer inteligible el por qué de la lucha, por medio del cual se afianza la identidad de los actores que pertenecen al movimiento social, el sentido de pertenencia al grupo y se define a los amigos y a los oponentes. En el proceso de construcción de los marcos interpretativos son muy importantes los símbolos, el discurso y el lenguaje: "Los marcos son metáforas específicas, representaciones simbólicas e indicaciones cognitivas utilizadas para representar conductas y eventos de forma evaluativa y para sugerir formas de acción alternativas".¹⁰ 

Un proyecto, varios conflictos

En octubre de 1989 el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Reforma Administrativa del Estado Provincial también denominada ley de Emergencia. Como se ha señalado más arriba en esos días el gobernador de Córdoba era Eduardo César Angeloz, quien pertenecía a la Unión Cívica Radical.¹¹ A tono con la política delineada por el gobierno nacional, este proyecto de ley era la expresión local de lo dispuesto por las leyes de Emergencia Eco-nómica y Reforma del Estado, recientemente sancionadas.¹² Esta última ley, a través del artículo 68, invitaba a las provincias a sumarse a sus lineamientos y por ello, el gobierno nacional, exigió a las provincias que adecuaran su legislación a la nueva normativa. Por parte del gobierno provincial, el proyecto también fue concebido como un instrumento propicio para superar la complicada situación económica que vivía la provincia por esos días, caracterizada por una creciente inflación y déficit en los recursos del Estado. A causa de dichos factores había, en los asalariados de Córdoba, un descontento generalizado el cual se evidenció en una sostenida demanda en pos de incrementos salariales.

Con motivo del inminente tratamiento por la Cámara de Diputados de la ley de Reforma Administrativa, el gobernador Angeloz, dirigió un mensaje a la ciudadanía de Córdoba. En esa oportunidad, aludió a que este proyecto no tenía ningún afán persecutorio, ni iba a servir para "prescindir de personal o cercenar conquistas racionales y legítimas" pero destacó también la necesidad de "terminar los privilegios", promover la descentralización y dar participación al capital privado. Hizo referencia a la actitud del sindicalismo, a la que calificó de confrontativa, al tiempo que consideró que la misma parecía querer desmentir el clima de paz que había en la provincia. La paz siempre era exaltada por el gobierno provincial como uno de los rasgos  característicos de la gestión radical en la provincia de Córdoba y también era uno de los atributos propios de la democracia.

Era necesario que se aprobara el proyecto porque de esa forma se pondría fin a un modelo estatal que Angeloz consideraba anacrónico y perjudicial para el desarrollo del país. 

  "... hoy ya todos sabemos que una parte importante del descalabro económico que estamos padeciendo se debe a un Estado que en su tamaño y en sus funciones, en sus vicios y en sus necesidades ha distorsionado nuestro sistema productivo poniendo un grave inconveniente para nuestra calidad de vida." (...) hemos superado viejas consignas y rutinas ideológicas y se ha hecho carne en nosotros la convicción generalizada de que con un Estado como el que tenemos no hay ninguna posibilidad de salir del atolladero y de la asfixia económica que hace tiempo arrastramos y que cada vez hace más imposible que vivamos mejor. Se trata pues, de una vez por todas de dejar de dar vueltas a la noria, falsamente política e ideológica de sacarnos de arriba viejas modorras propias de un tiempo de bonanza que ya no existe, para poner definitivamente manos a la obra".¹³

Durante el mes de octubre se intensificaron las movilizaciones de los trabajadores de la ciudad de Córdoba en oposición al proyecto de ley de Reforma Administrativa. En efecto, los sindicatos rechazaron y cuestionaron el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de Córdoba porque el mismo implicaba una reducción de las funciones y de las dimensiones del Estado con el consecuente peligro de disminución del presupuesto y pérdida de puestos de trabajo. La protesta, se inscribió en el marco de una anterior relacionada con el deterioro salarial de los trabajadores locales como consecuencia de la crisis económica que afectaban a la provincia y al país desde hacía varios meses atrás.¹⁴

Los gremios movilizados fueron, Asociación Bancaria, Unión Obrera de la Construcción, Unión de Obreros y Empleados de la Industria Maderera, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Sindicato de Luz y Fuerza, Sindicato de Empleados Públicos, Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, el Equipo de Salud Humana, entre otros. El reclamo fue liderado, principalmente, por aquellos sindicatos que representaban a los trabajadores dependientes del Estado y se expresó de diferentes formas, como concentraciones en la Legislatura, marchas por las calles céntricas de la ciudad, asambleas en los lugares de trabajo, con interrupción de servicios, paros de actividades por horas o por días, huelgas de hambre, ocupación de lugares de trabajo.

Las que siguen son algunas de las estrategias de protesta y movilización que utilizaron los trabajadores en el marco del conflicto aludido. Los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), rechazaron el proyecto de ley de emergencia provincial, al tiempo que dispusieron un programa de asambleas de esclarecimiento que se iniciaron el 2 de octubre y acordaron la realización de paros de dos horas por turno. Al finalizar la reunión marcharon hacia la Legislatura y la columna estuvo encabezada por el titular del sindicato, Sixto Ceballos. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) convocó a una asamblea extraordinaria, donde se analizó la ejecución de un paro de cuarenta y ocho horas dentro del programa de movilización oportunamente aprobado.¹⁵ El cuerpo de delegados de éste último sindicato rechazó categóricamente el proyecto de ley de emergencia. Por su parte, la asamblea de los trabajadores de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS), decidió profundizar el plan de lucha que contemplaba  la ocupación de las instalaciones de la Empresa, la organización de una huelga de hambre, la aplicación del trabajo a reglamento y la realización de movilizaciones conjuntas con otros gremios que también hicieron público su rechazo al proyecto. Los docentes de la provincia, pertenecientes al sindicato Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), resolvieron realizar un paro por veinticuatro horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Asimismo, los profesionales del Equipo de Salud Humana, integrado por médicos, odontólogos, farmacéuticos, psicopedagogos, iniciaron un paro de actividades con cobertura de guardias mínimas. Ellos demandaron un aumento superior al cien por ciento.¹⁶

El día 12 de octubre se realizaron dos movilizaciones, protagonizadas por empleados estatales. Una de ellas, se nutrió de la casi totalidad de los empleados públicos y tuvo como punto culminante la Legislatura, en el centro de la ciudad. La otra, estuvo protagonizada por los trabajadores pertenecientes a la Asociación Bancaria y se reunió en la Plaza San Martín para desde allí marchar hacia la Casa de Gobierno.¹⁷

Del mismo modo, las entidades que integraban a distintos sindicatos compartieron el rechazo a la nueva ley: la Coordinadora de Gremios Estatales manifestó, especialmente, su oposición al plan de privatizaciones que se proponía concretar el gobierno. Por su parte, las dos sedes de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Córdoba también se expresaron en contra. La CGT Lima, liderada por el metalúrgico Horacio Salusso e integrada mayoritariamente por sindicalistas pertenecientes al peronismo renovador, recalcó que el Estado no debía renunciar a la prestación de los servicios esenciales por cuanto dicha renuncia implicaba el riesgo de dejar de atender las necesidades básicas de los sectores sociales más vulnerables.¹⁸ Asimismo, sostuvieron que la ley debía plantear una clara protección de los trabajadores, tanto en sus legítimos derechos laborales, como en la estabilidad y mantenimiento de las fuentes de trabajo.¹⁹ La CGT Chacabuco, liderada por Miguel Ángel Correa, perteneciente al sindicato de la Madera, tuvo consideraciones similares. Si bien anunció que se reuniría con diputados del bloque justicialista para interiorizarse del proyecto, no descartó que pudieran adoptarse medidas de fuerza, aunque afirmó que "la CGT no propicia paros".²⁰

También los presidentes de los cuerpos de delegados de los Sindicatos de Empleados Públicos, Jorge Cubillas; de Obras Sanitarias, Sergio Ávila, y de Luz y Fuerza, Jorge Astrada,  se pronunciaron en contra del proyecto de ley de Emergencia y consideraron  que:

"... la salida justa es terminar con esta colosal transferencia de recursos del Estado a los sectores del privilegio, recursos que debieran ser destinados a prestar servicios básicos al pueblo como salud, educación, saneamiento, transporte, comunicación, energía y salarios justos".²¹

Las presiones del gobierno nacional

El gobierno nacional presionó a los gobiernos provinciales para que sancionaran leyes de reforma y de administración del Estado, que estuvieran a tono con la situación de emergencia económica que atravesaba el país. Los objetivos perseguidos giraban en torno a tres cuestiones básicas orientadas a modificar la situación de las provincias. La primera consistía en la disminución de gastos, para lo cual era necesario reducir las funciones y competencias del Estado; en segundo lugar permitir el ingreso del capital privado en áreas que habían sido hasta ese momento de exclusiva responsabilidad pública y, finalmente, llevar adelante un proceso de descentralización administrativa que posibilitara el traslado de responsabilidades del Estado provincial hacia los municipios y comunas del interior. Así, por medio de la adecuación de la normativa de las provincias a la de la nación se crearía el marco legal para la aplicación de las reformas estructurales que impulsaba el gobierno de Carlos S. Menem.

En ese contexto, el elemento básico de presión fue el económico, el cual consistió en la aplicación de restricciones para los aportes económicos de la nación a las provincias, fuera de los fondos coparticipables. El ministro del Interior de la Nación, Eduardo Bauzá, ratificó el curso de la política implementada por el gobierno nacional. En declaraciones de prensa afirmó que:

"... no habrá ayuda económica para la provincia que dentro del plazo que establece la ley nacional no cumpla con la sanción de estas normas".²²

Asimismo, reveló que las sanciones no provendrían únicamente de la Secretaría de Hacienda sino también de otros ministerios como el de Acción Social que no aportaría fondos asistenciales a las provincias que se rehusaran a aplicar el régimen definido por las autoridades nacionales. Era, por lo tanto, sumamente importante que las provincias sancionaran leyes de emergencia económica y de reestructuración de los estados provinciales, al tiempo que advirtió que no entendía,

"... que la Nación haya hecho sacrificios y que las provincias todavía no hayan adoptado los medios necesarios para que se instrumente el marco indispensable para poder arrancar con una nueva Argentina".²³

Por su parte, el ministro de Economía de la Nación, Néstor Rapanelli, también se expresó en igual sentido al afirmar que la nación no iba a proporcionar ayuda financiera a las provincias que desistieran de instrumentar leyes de emergencia económica y de reforma del Estado y que otorgaran a sus agentes aumentos salariales superiores a los dispuestos por el Estado nacional. Asimismo, defendió la necesidad de modificar la estructura de los Estados provinciales para achicar el déficit fiscal.²⁴

La movilización de los trabajadores de Córdoba y los problemas que se generaron a causa de la presentación del proyecto a la Legislatura, no dejaban de causar preocupación en el gobierno nacional. En efecto, había inquietud y malestar por las repercusiones que podía tener la reacción de Córdoba, máxime cuando otras provincias, como Mendoza, Tucumán y Buenos Aires se aprestaban a sancionar leyes similares. Bauzá también se refirió a quienes se oponían a la ley:

 "Se van a tener que adaptar porque vamos a terminar en la Argentina con los privilegios y atacar definitivamente este Estado que hoy le produce grandes costos innecesarios a los usuarios".²⁵

De este modo, el gobierno nacional reclamaba a las administraciones provinciales la aprobación de proyectos de reforma del Estado como condición para mantener el apoyo económico. Los funcionarios nacionales justificaban la creación de la legislación de emergencia como una forma de sanear el déficit del Estado y terminar con los privilegios de quienes, de acuerdo a su perspectiva, se beneficiaban con la hipertrofia del Estado. En consecuencia, la adopción de estas medidas posibilitaría combatir la inflación, reducir los gastos y el déficit del Estado así como estimular la participación del capital privado en áreas y actividades que habían pertenecido hasta ese momento a la órbita estatal.²⁶

Las declaraciones de los funcionarios nacionales contrastaban con las de los sindicalistas de Córdoba, en su mayoría peronistas, por cuanto éstos consideraban que la nueva ley, lejos de contribuir a un mejoramiento de la situación en general, implicaba un considerable atraso en la legislación social. Por ese motivo, mayoritariamente, el sindicalismo de Córdoba, a pesar de las diferentes trayectorias y procedencias políticas que había en su interior, en general, se mantuvo en contra del proyecto. Aunque también hay que considerar que la pertenencia a la misma identidad política influyó a la hora de las definiciones. En ese sentido, algunos sindicalistas peronistas advertían "sustanciales" diferencias entre los proyectos de ley de Emergencia Económica y Reforma del Estado, aprobados a nivel nacional, por iniciativa del gobierno justicialista de Carlos S. Menem y el proyecto presentado en Córdoba, por el gobierno radical. Del mismo modo, la identidad política habría sido importante a la hora de votar en la Legislatura, al punto que los  legisladores peronistas fueron más sensibles a las presiones del gobierno nacional y en consecuencia, a pesar de las disidencias iniciales,  contribuyeron a la aprobación del proyecto.

Por parte del sector empresarial de Córdoba, dirigentes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) expusieron, ante ministros del gabinete del gobierno de la provincia, algunas objeciones al proyecto de ley provincial. En una mesa redonda con los ministros de Economía, Jorge Caminotti; de Trabajo, Jorge Sappia, y de Industria, Francisco Bobadilla, los empresarios consideraron que la iniciativa no preveía la privatización de las empresas estatales más importantes como son EPEC, EPOS y los bancos de la Provincia y Social, como tampoco la venta de los numerosos inmuebles que poseía la provincia.²⁷

Nótese que, a diferencia de la posición de los trabajadores que reclamaban por lo que la ley suponía en retroceso del papel del Estado,  en pérdida de derechos de los trabajadores e inestabilidad en relación al mantenimiento de las fuentes de trabajo, los empresarios advertían sobre lo que le faltaba a la ley en los aspectos privatizador y de reducción de injerencia  del Estado en los asuntos públicos.

Ante la crítica posición del empresariado, el ministro de Economía respondió que el gobierno tenía previsto concretar la transferencia de los inmuebles, como así también darle una estructura definitiva a los bancos, una vez que la reforma del Estado hubiera avanzado.²⁸

La labor en la Legislatura

La presentación del proyecto dio lugar al trabajo y discusión, en el interior de la Legislatura, de las distintas fuerzas políticas. En consecuencia, se intensificaron las reuniones entre legisladores radicales y justicialistas para acordar un despacho consensuado sobre el proyecto de ley provincial de Reforma Administrativa. En un momento existió la posibilidad de que el peronismo votara en general la iniciativa porque el  radicalismo aceptó la formación de una comisión bicameral para el seguimiento de los procesos de privatización y descentralización.

El 24 de octubre de 1989, en sesión especial, la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, dio media sanción a la propuesta de emergencia presentada por el Poder Ejecutivo. A la norma se le introdujeron numerosas modificaciones, fundamentalmente a pedido del Partido Justicialista. Esta ley otorgaba al gobierno provincial facultades para reestructurar, reformar, transformar, descentralizar, escindir, suprimir y liquidar organismos y empresas dependientes del Estado provincial. Particularmente se contemplaba el proceso de descentralización de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS) y la privatización periférica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). En el anexo A del proyecto se enumeraban las funciones y servicios a descentralizar: 1) Recaudación y verificación de pagos de impuestos, tasas y tarifas provinciales; 2) Tratamiento, conducción y distribución y venta de agua potable; medición, facturación y cobro; 3) Conducción, distribución y venta de gas; medición, facturación y cobro; 4) Generación, distribución y venta de energía convencional y no convencional; medición, facturación y cobro; 5) Reparación y mantenimiento de la red vial troncal provincial, obras de infraestructura especial y nuevos tramos; 6) Redes urbanas de recolección de residuos, cloacales y plantas de tratamiento; 7) Construcción, mantenimiento y ampliación de los edificios del Estado Provincial; 8) Conservación y mantenimiento de guarderías infantiles. Unidades recreativas y hogares de ancianos dependientes del Ministerio de Asuntos Sociales; 9) Puestos sanitarios, dispensarios, centros de salud materno - infantil y hospitales vecinales, dependientes del ministerio de Salud; 10) Viveros y parques provinciales. En el anexo B, bajo el título de Privatizaciones se detallaban las siguientes empresas y actividades: 1) Frigorífico Regional Deán Funes S. A; 2) Complejo Ferial Córdoba S. A.; 3) Ex Hotel Sierras de Alta Gracia; 4) Parque Industrial San Francisco S. A.; 5) CORATEC S.E.; 6) Tratamiento, conducción y venta de agua potable. Medición, facturación y cobro; 7) Redes urbanas de recolección de residuos, cloacales y tratamiento; 8) Conducción, distribución y venta de gas. Medición, facturación y cobro; 9) Generación, distribución y venta de energía convencional y no convencional. Medición, facturación y cobro; 10) Reparación y mantenimiento de la red vial troncal provincial, obras especiales de infraestructuras especiales, nuevos tramos; 11) Construcción, mantenimiento, ampliación de edificios del Estado Provincial; 12) Obras Hidráulicas, de riego y explotación de riberas y perilagos; 13) Jardín Zoológico y Rueda de Eiffel.²⁹

 Se excluyó del traspaso a manos privadas el Boletín Oficial de la provincia, como también se acotó el polémico artículo referido a reubicación del personal, de manera que en ningún caso se menoscabaran los derechos de los trabajadores y se respetara el encuadramiento sindical. En relación a las convenciones colectivas de trabajo, se reconocieron las leyes que regulaban las actuales convenciones a nivel nacional. El Partido Justicialista (PJ) y la Unión Demócrata de Centro (UDC) decidieron integrar una comisión bicameral de control de los procesos de descentralización y privatización.

En el debate, la bancada oficialista vinculó la propuesta del Ejecutivo Provincial con la política que se delineaba desde la nación y se resaltaba la creación de consenso en torno a las cuestiones planteadas:

"Hay un deseo generalizado en la sociedad, y es que su dirigencia política no confronte sino que busque consensos, que busque acuerdos, hay un deseo en cada cordobés anónimo, en cada trabajador que sufre los efectos de la inflación y del último proceso hiperinflacionario, más allá de su color político hay un deseo íntimo de que el Presidente Menem acierte en su política económica y del mismo modo en cada cordobés anónimo más allá de su color político de que también Angeloz acierte en la modificación del Estado provincial...". ³⁰

Ese día, a la mañana, se congregaron en la puerta de la Legislatura los gremios que se oponían al proyecto. Un conjunto de sindicatos estatales, que en total reunieron cerca de tres mil personas, manifestaron en contra de la iniciativa. En el marco de la movilización hubo destrozos en la sede de la Legislatura y los manifestantes tuvieron altercados con la policía que custodiaba el lugar. Se produjo la rotura de vidrios, la explosión de petardos en el interior de la sede y la agresión a los policías que estaban allí. En total fueron dieciséis los policías que resultaron heridos. El diario La Voz del Interior describía de la manera que sigue lo sucedido en la sede de la Legislatura.

"Los graves desmanes contra la sede de la legislatura se iniciaron ayer pocos minutos después de las 10, cuando promediaba el tratamiento en particular del proyecto de ley de emergencia y cuando activistas gremiales hicieron estallar una bomba de estruendo en el palier de entrada del edificio. El artefacto de gran poder fue arrojado por encima de los manifestantes al interior de la sede y al detonar despidió violentamente a un agente de la brigada femenina de la policía que inconsciente fue conducida a la presidencia de la Cámara y posteriormente a un centro asistencial. Luego comenzó una intensa pedrea por lo cual se rompieron gran parte de los vidrios del piso superior y una segunda bomba volvió a detonar en el palier de entrada de la sede. Enseguida se cerraron las puertas. Participó personal policial y de la guardia de infantería. Por un momento se pensó que la intención de los manifestantes era tomar la sede legislativa. Un grupo de manifestantes descolgó andamios de la obra que se realiza enfrente y comenzaron a golpear la puerta con el objetivo aparente de derribarla. Por eso el presidente del cuerpo, Elvio Molardo, decidió un cuarto intermedio y se convocó a una urgente reunión con los titulares de las tres bancadas para valorar los acontecimientos, decidiendo de inmediato reanudar las deliberaciones y votar aceleradamente los veinticinco artículos que faltaban".³¹

La sesión en la Cámara de Diputados se inició minutos antes de la medianoche y la aprobación en general del proyecto se produjo cerca de las cinco de la mañana del día 24 de octubre. Cuando la situación afuera se hizo más tensa, en el interior de la sala de sesiones se realizó el primer y único cuarto intermedio. El clima de tensión que había en el exterior aceleró el tiempo del debate parlamentario y luego de once horas de deliberaciones los diputados aprobaron  rápidamente los artículos que quedaban. En tan sólo diez minutos se trataron los veinticinco artículos restantes. El proyecto contó con la aprobación casi unánime de los legisladores de las distintas bancadas en su tratamiento en general y, en forma imprevista,  recibió también el apoyo del PJ y de la UDC para más de la mitad de los artículos.

Tras los incidentes, los diputados radicales que integraron una comisión especial para analizar el proyecto de ley, coincidieron en adjudicar "responsabilidad concreta" a la dirigencia de los gremios estatales de Córdoba por "la violenta agresión" contra la Legislatura. En ese sentido consideraron que tanto los legisladores justicialistas como los dirigentes sindicales de esa misma línea política tuvieron la oportunidad de modificar los artículos de la ley y no hicieron ninguna observación. Además, se advirtió que "algunos dirigentes gremiales como el titular del Sindicato de Empleados Públicos, se han hecho totalmente los distraídos cuando se sancionó la ley nacional, que es mucho más severa que la provincial".³² 

En el desarrollo del conflicto la Legislatura se convirtió en un lugar de alto contenido simbólico. Además de ser el ámbito donde se discutía el proyecto y por ende la presencia de manifestantes podía influir en el desarrollo del debate, desde la recuperación de la democracia, en 1983, era éste uno de los lugares donde expresaban sus reclamos distintos actores sociales y políticos. En efecto, hacia allí ó desde allí se dirigieron, en distintas circunstancias, los ciudadanos para peticionar a los legisladores, demostrar su apoyo al sistema democrático o tratar de impedir, como en este caso, la sanción de un proyecto de ley. Por ese motivo en los muros de este edificio se escribieron en reiteradas oportunidades leyendas alusivas a los reclamos. Desde la recuperación de la democracia la fachada de la Legislatura tuvo que ser pintada diecinueve veces a causa de la cantidad de leyendas escritas en sus muros.

El sindicato de Obras Sanitarias

En enero de 1989 asumieron la conducción del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Córdoba (SiPOS) dirigentes pertenecientes a la lista Verde y Azul, siendo designados secretario general y secretario adjunto, Luis Félix Bazán y Gustavo Spedale, respectivamente. Esta lista nucleaba a miembros de dos listas preexistentes, la Verde y la Azul, a la que se sumó, un sector independiente. De acuerdo al testimonio de sus dirigentes, la primera era portadora de posiciones radicalizadas, mientras que la segunda era expresión de un sindicalismo pluralista y más moderado. El triunfo de la lista Verde y Azul desplazó de la conducción del sindicato a la tradicional dirigencia peronista. Los puntos alrededor de los cuales se articuló el accionar de la nueva gestión fueron: honestidad, pluralismo ideológico, democracia sindical y combatividad. En efecto, la conducción del sindicato fomentó la participación de los trabajadores en las posiciones adoptadas, por medio de la generalización de las asambleas: "Logramos ganar la conducción del sindicato con una propuesta de sindicalismo alternativo, progresista y de izquierda, cuando lo más lógico hubiera sido que se refrendara el modelo sindical del justicialismo (...) Nosotros accedemos a la conducción por haber logrado una profunda inserción en el seno de nuestro gremio y a la vez una buena capacidad organizativa y de representatividad de dirección".³³

El principal problema con el que tuvo que enfrentarse la nueva conducción del Sindicato fue el inicio del proceso de privatización de la Empresa de Obras Sanitarias, el cual recibió un importante impulso con la sanción de la ley de Reforma Administrativa de 1989 y concluyó con el traspaso de la Empresa a manos privadas en mayo de 1997.

Por iniciativa del Estado provincial, a lo largo del tiempo los servicios vinculados a la provisión y potabilización del agua en Córdoba, habían sido objeto de transformaciones. A principios de la década de 1980, los servicio de agua potable y tratamiento de líquidos cloacales estaban a cargo de la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS), creada en 1982. Diez años después, esta empresa se fusionó con la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH), dando lugar al nacimiento de  la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS), entidad que tenía a su cargo la conservación de los recursos hídricos de la provincia, el servicio de agua potable y la recolección y tratamiento de los líquidos cloacales.³⁴ En 1996, se introdujeron modificaciones a la repartición, denominándosela, a partir de ese momento, Dirección de Agua y Saneamiento (DAS). Asimismo, se adoptaron medidas para reforzar la dependencia de esa Dirección con el gobierno provincial. Por ello se la integró a la estructura de la administración central, perdió autonomía para la administración de sus recursos y se dispuso que su director fuera elegido por el Poder Ejecutivo de la Provincia.³⁵ En el momento de la privatización, hacía ya un tiempo, la Empresa sufría la desatención del Estado en todo lo relativo a su mantenimiento. Esto se evidenciaba en la falta de inversión, la obsolescencia de instalaciones y equipos, la ineficiencia en la organización del trabajo, lo cual redundaba en la mala calidad del servicio. Las características mencionadas sirvieron de justificativo y, de hecho fueron utilizadas como argumentos para crear un clima de opinión favorable para el traspaso de la Empresa a manos privadas.

En el marco del proceso de reducción de las funciones del Estado y de privatización de los servicios públicos, puesto en marcha por el gobierno nacional, la sanción de la ley de Reforma Administrativa del Estado provincial fue un paso importante para la privatización del servicio de agua en Córdoba y es relevante analizar la estructura de movilización que utilizó el sindicato en oposición a la iniciativa del gobierno.

El proceso de privatización implicó la diferenciación de las actividades: por un lado, la potabilización del agua, medición, facturación y cobro; por otro, el tratamiento de los líquidos cloacales y servicios de alcantarillado. Lo primero se privatizó, lo segundo se transfirió a las órbitas municipal y/o provincial, según correspondiera. Además se puso en marcha un proceso de descentralización hacia los municipios del interior por el cual éstos se hicieron cargo de funciones que correspondían anteriormente a la provincia. La descentralización aludida, motivó que se redujera, de manera sostenida, la cantidad de personal empleado en la Empresa: mientras algunos tuvieron la posibilidad de permanecer en ella, otros optaron por el retiro voluntario o fueron transferidos a distintas dependencias del Estado.

Los trabajadores se opusieron al avance de la privatización  desarrollando variados repertorios de confrontación. La estrategia desplegada por la conducción sindical de la lista Azul y Verde se orientó en dos direcciones. La primera, hacia adentro del sindicato, para favorecer la cohesión interna de los trabajadores y fortalecer a la dirigencia, se luchó por el salario y la preservación de las fuentes de trabajo. También se ampliaron los servicios que brindaba el sindicato como por ejemplo la creación del Seguro de Salud para garantizar las prestaciones médicas, la compra de un edificio propio para la atención de la salud, la apertura de la Casa de los Trabajadores, ámbito donde se desarrollaba la labor cultural y de capacitación política. La segunda, hacia afuera del sindicato, extendió la oposición a la privatización a la arena social y se la presentó como un conflicto en pos de la salud de la población y en defensa del patrimonio del Estado. Gustavo Spedale, explicaba la estrategia desarrollada por el sindicato: "Nosotros desde nuestra conducción no hemos desechado ningún tipo de método, desde organizar ollas populares en las calles, atender al público en la calle sacando los muebles, hasta el paro: desde el abandono de tareas hasta la teatralización de los conflictos. La cuestión es instalar el conflicto en la opinión pública".³⁶  Por su parte, Luis Bazán, afirmaba: "Los métodos de lucha contra la privatización deben estar dirigidos esencialmente a movilizarse para que la ciudadanía, la opinión pública, pueda asumir el debate (...) Más que apuntar a paralizar el servicio, a deteriorar la prestación, en nuestro caso es necesario apuntar a desnudar el carácter perjudicial que la privatización del servicio de agua implica para los usuarios".³⁷

El sindicato creó marcos de interpretación para la acción colectiva preocupándose por otorgar sentido a la lucha y fortalecer la identidad de sus miembros como también instalar de otra manera el conflicto en la sociedad. En ese sentido, rescatamos la publicación del sindicato, que llevaba el nombre de Canillita y fue un medio importante para informar y concientizar a los trabajadores. Las consignas expresaban la posición del sindicato y enfatizaban el objeto principal de la Empresa: el agua. Por ejemplo, una consigna muy difundida era: "No nos lavemos las manos", con la que se instaba a profundizar la participación y el compromiso de los trabajadores. También se hacía mención a: "Una propuesta transparente para solucionar el problema del agua en Córdoba", con lo cual se resaltaban, aludiendo a una de las características que debe tener el agua de buena calidad -la transparencia-, el tipo de propuesta formulada por el sindicato para dar solución al problema, y la existencia de  transparencia, como sinónimo de honestidad y sinceridad, en el accionar del sindicato.³⁸ Asimismo, en la construcción de marcos es importante subrayar el impacto de los repertorios de confrontación empleados, por cuanto fue significativo que se desplegara un esfuerzo en presentar la lucha en dos dimensiones, como un problema sectorial y, a la vez, como un problema que afectaba a la población en su conjunto. 

En el contexto de las políticas de ajuste y de reducción de las dimensiones del Estado, implementadas por el gobierno de la provincia, el Sindicato de Obras Sanitarias se constituyó en uno de los más férreos opositores a estas iniciativas. A diferencia de los otros sindicatos "grandes" de Córdoba, como Empleados Públicos, Bancarios, Luz y Fuerza, y de las entidades de tercer grado (CGTs), éste no estaba dirigido por el peronismo y dicha característica le permitió enfrentar con mayor intensidad y autonomía la nueva orientación económica. El liderazgo de Luis Bazán representó la emergencia de un tipo de sindicalista confrontativo  y contestatario con el poder. En 1992 el sindicato se adhirió a la Central de los  Trabajadores Argentinos (CTA).³⁹

Consideraciones finales

La presentación y consecuente aprobación del proyecto de ley de Reforma Administrativa, en octubre de 1989, constituyó un acicate para la intensificación de la protesta en Córdoba. El proyecto constituía la materialización de un cambio de modelo en la organización del Estado y el correlato, en el ámbito provincial, de las políticas neoliberales desplegadas desde hacía poco tiempo en la nación.

En ese contexto, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias fue el protagonista obligado en la confrontación con el Estado provincial por cuanto la privatización del servicio del agua en Córdoba, avanzó no sin complicaciones, pero sí a un ritmo sostenido para concluir, en mayo de 1997, con el traspaso de la Empresa a capitales privados. 

La protesta y la lucha desarrollada por el SiPOS en contra de la transformación impulsada por el Ejecutivo de la provincia es susceptible de ser analizada por medio del marco teórico de la acción colectiva y los movimientos sociales. Como estructuras de oportunidades políticas identificamos que la protesta se inscribió en el marco del avance del ímpetu privatizador y de reducción de las funciones del Estado, lo cual constituyó un elemento que dinamizó el planteo de formas de oposición. Además se desarrolló en un contexto de apertura del sistema político que, si bien posibilitó la expresión de los actores involucrados, puso en evidencia el creciente divorcio entre la determinación política de las autoridades y los planteos de los trabajadores y sectores afectados. La estructura de movilización fue representada por el sindicato, particularmente por la nueva conducción que desarrolló variados repertorios de confrontación y se preocupó por sostener la protesta. Finalmente, la conformación de los marcos interpretativos estuvo dada por la forma en que se le otorgó sentido a la protesta y, en ese plano, se advierte un esfuerzo deliberado del sindicato por ampliar el universo de los afectados por la privatización. En efecto, la privatización constituyó un problema que involucró no sólo a quienes pertenecían a la Empresa sino también a toda la sociedad.

La protesta fue general e intensa, congregó a muchos trabajadores y hasta evidenció algunos signos de violencia, pero sin embargo no llegó a convertirse en un movimiento social por una confluencia de factores. Entre ellos, nos parece importante mencionar la falta de permanencia en el tiempo, el hecho de que el gobierno contó con los recursos suficientes como para mantener su posición y los participantes, afectados, fueron defeccionando, en función de soluciones y arreglos coyunturales.

Notas:

1 - Algunos de los puntos desarrollados en este artículo fueron planteados en el trabajo perteneciente a la misma autora titulado, "Trabajadores en conflicto: protesta e imaginarios en la emergencia económica de Córdoba", Documento de Trabajo Nº 15, (Córdoba: Maestría en Partidos Políticos y del Archivo de la Palabra del Centro de estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, 2008).

2 - Gabriela Closa es docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

3 - Tarrow, Sidney, El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. (Madrid: Alianza, 1997) p. 22.

4 - Ibídem, p. 24

5 - Ibídem, p.25

6 - Gamson, A. y Meyer, D, "Marcos interpretativos de la oportunidad política ", en Mc. Adam, Dough, Mc Carthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas. (Madrid: Itsmo, 1999) p. 389.

7 - Mc Adam, D. "Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación", en Mc Adam, Dough, Mc Carthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.), op. cit, p. 54.

8 - Mc Carthy, J. "Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades", en Mc Adam, Dough, Mc Carthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.), op cit, p. 205.

9 - Zald, M. "Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos", en Mc Adam, Dough, Mc Carthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.), op cit, pp. 370 - 371.

10 - Ibídem, p. 371.

11 - Este era el segundo período de gobierno de Eduardo César Angeloz. El primero se había extendido desde 1983 a 1987, el segundo desde 1987 hasta 1991 y habría un  tercero desde 1991 hasta 1995. De este modo, el radicalismo obtuvo durante dieciséis años el control de los gobiernos provincial y municipal, con lo cual adquirió la categoría de partido predominante. Un sistema de partido predominante se caracteriza por la existencia de un partido que obtiene el apoyo de una gran mayoría de los electores, lo que le permite gobernar con mayoría absoluta, en un marco de pluralismo político. Sartori, Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos (Madrid, Alianza Editorial: 1987) pp 245 y ss.

12 - En julio de 1989 asumió la presidencia de la república,  en un contexto de crisis económica e hiperinflación, Carlos Saúl Menem quien llevó adelante un plan de profundas innovaciones. Como afirman Gerchunoff y Torre este gobierno lanzó una combinación de políticas de estabilización y de reformas estructurales que se caracterizaron por su radicalidad. Una de las primeras medidas, fue la aprobación por parte del Congreso de dos leyes fundamentales, la ley de Emergencia Económica y la ley de Reforma del Estado. La primera de ellas suspendió, por un tiempo, primero, y definitivamente, después,  los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones como así también las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras del Estado. Igualmente se autorizaron los licenciamientos de los empleados públicos y se puso fin a los esquemas salariales de privilegio en la administración pública. Por su parte,  la ley de Reforma del Estado, fijó el marco normativo para la privatiza-ción de gran número de empresas públicas, como compañías de aviación comercial, compañías de teléfono, ferrocarriles, empresas petroquímicas, rutas, puertos, empresas siderúrgicas, entre otras. Gerchunoff, Pablo, Torre, Juan Carlos, "La política de liberalización económica en la administración de Menem", Desarrollo Económico, Vol 36, Nº 143, octubre - diciembre de 1996, p. 735 - 736.

13 - La Voz del Interior, 20/10/89, p. 1A.

14 - El agravamiento de la situación económica evidenció el fracaso de los planes guberna-mentales durante la gestión radical en la conducción de la nación.  A partir de febrero de 1989 se desató la estampida del dólar que desembocó en la hiperinflación de los meses de mayo y junio. El corolario de la debacle económica fue el adelanto en el traspaso del mando de Alfonsín a Menem. El mismo debía realizarse, de acuerdo a la duración del mandato presidencial en diciembre y tuvo que llevarse adelante en julio de 1989.

15 - La Voz del Interior, 03/10/89, p. 5A.

16 - La Voz del Interior, 04/10/89, p. 1A.

17 - La Voz del Interior, 13/10/89, p. 6A.

18 - La Renovación nació como una línea o facción interna del justicialismo, a consecuencia de la crisis que se desató en el interior del Partido por la derrota electoral de 1983. En 1987 logró el control del Partido Justicialista de Córdoba.

19 - Este pronunciamiento estaba firmado por Walter Grahovac (docentes), Rubén Daniele (municipales del departamento capital), José Néstor Chavarría (construcción), Raúl Zalazar (caucho), Jorge Campos (aguas gaseosas), Héctor Morcillo (alimentación), Florencio Lescano (vitivinícolas).

20 - La Voz del Interior, 18/10/89, p. 5A.

21 - La Voz del Interior, 21/10/89, p. 6A.

22 - La Voz del Interior, 13/10/89, p. 6A.

23 - Ibídem.

24 - La Voz del Interior, 26/10/89, p. 1A.

25 - La Voz del Interior,  13/10/89, p. 1A.

26 - Al comenzar su gobierno en julio de 1989, Menem formuló un diagnóstico para superar la hiperinflación que había en el país. Gerchunoff y Llach afirman que, basándose, Menem, en la premisa que la hiperinflación era ante todo la consecuencia de una profunda crisis del Estado y que la estabilidad de precios se derivaría casi automáticamente de la solución de esa crisis estructural, promovió la necesidad de la reforma del Estado. Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas.  (Buenos Aires: Ariel, 2003) p. 429.

27 - La Voz del Interior, 24/10/89, p. 8 A

28 - Ibídem.

29 - Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la  provincia de Córdoba. Córdoba, sesión del 23 de octubre de 1989, p. 1704 y 1775.

30 - Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba. Córdoba, sesión del 23 de octubre de 1989, p. 1706.

31 - La Voz del Interior, 25/10/89,  9 A.

32 - La Voz del Interior, 26/10/89, 11 A.

33 - Rauber, Isabel, Con la terquedad de la esperanza. (Córdoba: Casa de los Trabajadores - SiPOS, 1996), pp. 21 y 22. Entrevista de Isabel Rauber a Luis Bazán.

34 - Pesce, Julieta, "La concesión del servicio de agua potable al capital privado en la ciudad de Córdoba. Una experiencia conflictiva, 1997 - 2006", Documento de Trabajo Nº 19, (Buenos Aires: Flacso, 2008) pp. 8 - 11.

35 - Ibídem, p. 12.

36 - Rauber, Isabel, op.cit., p. 53. Entrevista de Rauber a Gustavo Spedale.

37 - Ibídem, p. 52. Entrevista de Rauber a Luis Bazán.

38 - Ibídem, p. 56 y 87.

39 - La CTA se formó en 1992 y buscó diferenciarse tanto de la Confederación General del Trabajo (CGT) como del Partido Justicialista. Armelino, Martín, "Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA", en Schuster, Federico, Naishtat, Francisco, Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.), Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. (Buenos Aires: Prometeo, 2005) p. 275 y ss.

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2. Armelino, Martín, "Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA", en Schuster, Federico, Naishtat, Francisco, Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.), Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Prometeo, 2005.         [ Links ]

3. Borón Atilio, "El experimento neoliberal de Carlos Saúl Menem", en Peronismo y Menemismo. Avatares del populismo en Argentina. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1995.         [ Links ]

4. Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas.  Buenos Aires: Ariel, 2003, p. 429.         [ Links ]

5. Gerchunoff, Pablo, Torre, Juan Carlos, "La política de liberalización económica en la administración de Menem", Desarrollo Económico, Vol 36, Nº 143, octubre  - diciembre de 1996.         [ Links ]

6. Jelín Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 2002.

7. Mc Adam, Dough, McCarthy, John, Zald, Meyer (eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Ediciones Itsmo, 1999.         [ Links ]

8. Oberti, Alejandra, Pittaluga, Roberto, Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2006.         [ Links ]

9. Pesce, Julieta, "La concesión del servicio de agua potable al capital privado en la ciudad de Córdoba. Una experiencia conflictiva, 1997 - 2006", Documento de Trabajo Nº 19. Buenos Aires: Flacso, 2008.         [ Links ]

10. Sartori, Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos. Madrid: Alianza Editorial, 1987.         [ Links ]

Fuentes:

1. Diario La Voz del Interior, octubre de 1989.

2. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1989.

3. Rauber, Isabel, Con la terquedad de la esperanza, Córdoba, Casa de los Trabajadores - SiPOS, 1996.