ARTICULO ORIGINAL

 

El sentido político de las intervenciones federales en el tercer gobierno peronista: "desplazar" a los "infiltrados" y "depurar" al peronismo

(The political meaning of federal interventions in the third peronist government, "move" to "the departed" and "cleanse" the peronism)

 

Alicia Servetto^a
a - CEA, UNC

 

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Resumen:

Entre 1973 y 1974 el gobierno central dispuso la intervención a cinco provincias argentinas. Apelando al artículo 6° de la Constitución Nacional, y argumentando  la necesidad de garantizar las formas republicanas  de gobierno, las intervenciones federales del tercer gobierno peronista fueron uno de los instrumentos legales utilizados para dirimir la contienda intraperonista y liquidar, de esta forma, bastiones de poder del peronismo revolucionario.
En la mayor parte de los casos, el inicio de los conflictos estuvo asociado a las pujas internas del partido gobernante, el peronismo, y a la distribución de los cargos entre los diferentes sectores que conformaban el oficialismo. Esta situación tendió a agravarse después de la elección de Perón como Presidente de la República, hecho que marcó el comienzo de una ola ofensiva tendiente a desplazar a los sectores ligados o apoyados por la izquierda peronista, a fin de reemplazarlos por los grupos más ortodoxos y verticalistas: Antenor Gauna en Formosa (noviembre de 1973); Ricardo Obregón Cano en Córdoba (febrero de 1974); Alberto Martínez Baca en Mendoza (agosto de 1974); Jorge Cepernic en Santa Cruz (octubre de 1974) y Miguel Ragone en Salta (noviembre de 1974).
En las cinco provincias intervenidas, los gobernadores fueron impugnados, acusados de permitir infiltrados en su gobierno.  La acusación provenía de las mismas filas del partido gobernante. Primó, por cierto, la lucha entre los sectores peronistas por el control de los espacios de poder, entendiéndose por esto, la lucha por el control del Estado, entre la izquierda revolucionaria y la derecha política sindical.

Palabras clave: Intervenciones federales; Tercer gobierno peronista

Abstract:

Between 1973 and 1974 the central government ordered the intervention to five provinces. Appealing to article 6 of the Constitution, and arguing the need to ensure the republican forms of government, federal interventions of third Peronist government was one of the legal instruments used to settle the contest intraperonista and settled, thus strongholds the power of Peronism revolutionary.
In most cases, the onset of conflict was associated with internal bids ruling party, Peronism, and the distribution of posts among the various sectors that formed the government. This situation tended to worsen after Peron's election as President of the Republic, marking the start of a wave offensive aimed at moving the sectors linked or supported by the Peronist left, to replace the most orthodox and verticalists: Antenor Gauna in Formosa (November 1973), Ricardo Obregón Cano in Córdoba (February 1974), Alberto Mendoza Martinez Baca (August 1974); Jorge Cepernic in Santa Cruz (October 1974) and Miguel Ragone in Salta (November 1974).
Intervened in the five provinces, the governors were challenged, accused of allowing infiltrators in their government. The accusation came from the ranks of the ruling party. Prevailed, by the way, the struggle between Peronist sectors for control of the areas of power, meaning, the fight for control of the state, between the revolutionary left and the political right.

Keywords: Federal interventions; Third government peronist

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Entre 1973 y 1974 el gobierno central dispuso la intervención a cinco provincias argentinas. Apelando al Artículo 6° de la Constitución Nacional, y argumentando  la necesidad de garantizar las formas republicanas  de gobierno, las intervenciones federales del tercer gobierno peronista fueron uno de los instrumentos legales utilizados para dirimir la contienda intraperonista y liquidar, de esta forma, bastiones de poder del peronismo revolucionario.

En la mayor parte de los casos, el inicio de los conflictos estuvo asociado a las pujas internas del partido gobernante, el peronismo, y a la distribución de los cargos entre los diferentes sectores que conformaban el oficialismo. Esta situación tendió a agravarse después de la elección de Perón como presidente de la República, hecho que marcó el comienzo de una ola ofensiva tendiente a desplazar a los sectores ligados o apoyados por la izquierda peronista, a fin de reemplazarlos por los grupos más ortodoxos y verticalistas. El Ministerio del Interior de la Nación, cuyo titular era Benito Llambí, tuvo un protagonismo exclusivo en la resolución de cada una de las intervenciones: a Antenor Gauna en Formosa (noviembre de 1973); Ricardo Obregón Cano en Córdoba (febrero de 1974); Alberto Martínez Baca en Mendoza (agosto de 1974); Jorge Cepernic en Santa Cruz (octubre de 1974) y Miguel Ragone en Salta (noviembre de 1974).

En todos los casos fueron intervenciones de un gobierno peronista a una administración provincial del mismo signo partidario, cuyos gobernantes habían resultado electos con más del 49% de los votos, es decir que llegaron al poder con un amplio apoyo electoral. Las fórmulas gubernamentales se habían definido en alianza con el sindicalismo, donde la CGT nacional y la UOM impusieron sus candidatos a las vicegobernaciones, con excepción de Córdoba.¹ En las cinco provincias, los gobernadores asumieron con el apoyo del ala radicalizada del peronismo, y en algunos casos, como en Mendoza y en Formosa, la izquierda peronista obtuvo importantes cargos en el Poder Ejecutivo y, en otras provincias,  contaron con bancas en la legislatura (Mendoza, Córdoba y Santa Cruz). En el caso de Córdoba, la Juventud Peronista obtuvo dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.² También, tuvieron el apoyo de los sectores más movilizados de las respectivas provincias. En Córdoba, el sindicalismo clasista, combativo y disidente que controlaba la CGT regional, apoyó la candidatura de Obregón Cano y López. Igualmente, en Formosa, la Unión de Ligas Campesinas de Formosa (ULICAF) fue un actor clave en la política provincial, el único con capacidad movilizadora que, con el apoyo de la Iglesia local, puso en jaque la estructura de poder de aquella provincia. Mendoza y Santa Cruz habían registrado levantamientos populares en la última etapa del gobierno de la Revolución Argentina, año 1972, que provocó la caída de los respectivos gobernadores, Gabrielli y Raynelli, aunque ello no derivó en la definición u organización de actores sociales con capacidad de inclusión. De todos modos, y en general, se trataba de sociedades movilizadas con experiencias disruptivas con respecto al orden político y social dominante.  

En cuatro de las provincias intervenidas hubo claras disidencias y rupturas entre el gobernador y el vicegobernador que derivaron en conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con capacidad de veto mutuo En dos de ellas, Formosa y Mendoza, previo a la intervención, los gobernadores fueron sometidos a un juicio político promovido por legisladores de su propio partido.

A su vez, en las cinco provincias hubo tensiones entre el gobernador y el interventor partidario del Partido Justicialista, esto es, con el delegado normalizador del Consejo Superior. Se trataba de Figuras políticas extra provinciales que asumían la misión de depurar las filas del peronismo.³ Prevalecía la concepción de que los cargos públicos y los mandatos electivos no pertenecían a los hombres sino al partido. Recordemos al respecto la premisa de Jorge Camus, secretario general del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista (CSMNJ): "Aquí, en el Movimiento Nacional Justicialista, no hay grandes figuras y nadie puede arrogarse representatividad, porque los votos son del partido".⁴

En síntesis, en las cinco provincias intervenidas, los gobernadores fueron impugnados, acusados de permitir infiltrados en su gobierno. En ningún caso el calificativo de infiltrados recayó sobre las propias figuras de los gobernadores (con excepción de Jorge Cepernic). La acusación provenía de las mismas filas del partido gobernante. Primó, por cierto, la lucha entre los sectores peronistas por el control de los espacios de poder, entendiéndose por esto, la lucha por el control del Estado, entre la izquierda revolucionaria y la derecha política sindical.

Al calor de estos datos, podemos, entonces, remarcar que las intervenciones federales de 1973 y 1974 fueron una herramienta política, entre otras, para frenar el estado de movilización social de las respectivas provincias, disciplinar a las filas políticas del partido gobernante, dirimir la contienda intraperonista y liquidar, de esta forma, bastiones de poder del peronismo revolucionario. En esta lucha, todos los métodos fueron válidos, desde la apelación al artículo 6° de la constitución para fundamentar las intervenciones federales hasta la legitimación del golpe policial ocurrido en Córdoba, conocido como el Navarrazo, o la impunidad del accionar de la Triple A, cuyos aparatos gozaban de libertad de acción mucho antes de la muerte de Perón. En cada caso, los gobiernos de las intervenciones federales fueron el soporte institucional y legitimador del inicio de la ofensiva represiva.

1. Intervención y desmovilización en Formosa

 El 17 de noviembre de 1973 el Congreso Nacional, con los votos del bloque justicialista, sancionó la Ley de Intervención Federal a los tres poderes de la provincia de Formosa. La fórmula Antenor Gauna-Ausberto Ortiz terminaba así abruptamente sus cinco meses de gobierno constitucional. Se sucedieron cuatro interventores federales⁵ y todos tuvieron por misión la tarea de reorganizar el esquema de poder en el interior del peronismo local⁶ y desmovilizar a los principales actores políticos y sociales de Formosa: la Unión de Ligas Campesinas de Formosa (ULICAF), el Frente de Coordinador de Acción Gremial Estatal, el Sindicato del Personal Público de Formosa (SEPPFOR) y  la Juventud Peronista de Formosa.

A diferencia de las provincias industrializadas, donde las grandes luchas fueron protagonizadas por los sindicatos ligados a las industrias de punta, en Formosa, por el contrario, las grandes movilizaciones fueron encabezadas por los pequeños productores agrícolas impulsados por el sector reformista de la Iglesia Católica y en vinculación con el ala radicalizada del peronismo. La ULICAF logró convertirse en el movimiento social y político más importante del período, agrupando a más de 5.000 familias. "Tierra para todos, Patria de ese modo", fue la consigna que encabezó las grandes movilizaciones campesinas, con acciones que incluyeron cortes de ruta, ocupaciones de campos, cortes de alambrados y penetración en tierras adjudicadas. Para el Estado, era necesario para frenar las demandas de los campesinos y limitar las medidas del gobierno provincial a favor del proceso de expropiación de tierras.⁷ Esta iniciativa podía llegar a convertirse en un conflicto potencialmente mayor, ya que traducía la politización de un clivaje social que cruzaba toda la sociedad formoseña.

Desde esta perspectiva, la funcionalidad de la intervención federal en Formosa estaba en consonancia con los propósitos desmovilizadores de la política del gobierno nacional. A pocos meses de intervenida la provincia varios actores del escenario político provincial, comenzaron a denunciar actos de persecución e intimidación. A saber:

1) Dirigentes peronistas ligados al ex gobernador Gauna elevaron nota al interventor partidario, José Presta, denunciando al interventor federal, Juan Carlos Beni, y a su equipo de gobierno, por actos arbitrarios y de persecución⁸; 

2) La Juventud Peronista de Formosa denunció la "fuerte represión" sufrida en la localidad de Pirané en ocasión del acto homenaje a Evita, donde encarcelaron a varios dirigentes y persiguieron a ex funcionarios del gobierno de Antenor Gauna.⁹ En la solicitada publicada el 30 de julio de 1974 denunciaron que el gobierno de la intervención había

"lanzado UNA COMPAÑÍA DE INFANTERÍA EQUIPADA CON LANZAGASES Y ESCOPETAS ITAKAS a reprimir a mansalva al pueblo, (...). Formosa no conocía la violencia institucional. Ni en las peores épocas de la Dictadura Militar hemos visto disparar granadas de gases y balas de goma contra niños y mujeres indefensos como se hizo en Pirané. Realmente, es lamentable que un gobierno que se titula peronista pase al recuerdo de los formoseños como lo hizo la Intervención Nacional como REPRESOR".¹⁰

3) La Gendarmería allanó la parroquia de San Luis de Rey, ubicada en la ciudad capital de Formosa denunciando la existencia de armas pertenecientes a la Juventud Peronista;¹¹

4) En octubre de 1974, varios partidos políticos publicaron una solicitada con relación a los allanamientos sin orden judicial ni autorización de los domicilios en horas de la noche y sobre las amenazas a la libertad de personas, mediante procedimientos de grupos armados de la Policía Federal, "porque se están empleando en nuestra provincia medios arbitrarios que violan todas las garantías constitucionales y colocan a los ciudadanos a merced de las fuerzas de seguridad que actúan al margen de la ley"¹²;  

5) La detención, por parte de la Gendarmería Nacional de ocho militantes de la JP Regional IV de El Colorado y la orden de captura en perjuicio de Rafael María Menéndez, Oscar Luis Viñas y Julio Federico Oviedo, denunciada por las Juventudes Políticas de Formosa¹³ y por los partidos políticos de la oposición.¹⁴ En un documento conjunto multipartidario expresaron que en Formosa "el estado de sitio se utiliza en forma arbitraria para violar las más elementales garantías constitucionales"¹⁵;

6) Las denuncias de la ULICAF por las detenciones ilegales que sufrían sus dirigentes y campesinos activistas. Estas denuncias eran confirmadas por el mismo obispo de la diócesis de Formosa, monseñor Pacífico Scozzina, cuestionando, en sus sermones dominicales, los desalojos rurales.¹⁶

En este contexto de persecución y represión, el 5 de octubre de 1975 la organización guerrillera Montoneros intentó copar al Regimiento 29 de Infantería de Monte con un saldo de 26 muertos, entre soldados y guerrilleros. A partir de entonces, un nuevo escenario se abrió para la provincia. Se desató una violenta represión con operativos antisubversivos que ocasionaron la detención de prácticamente toda la Comisión Coordinadora Central de la ULICAF, y detenciones de los principales dirigentes de la JP de Formosa. Ninguno de los interventores federales respondió públicamente a las variadas y sucesivas denuncias que los responsabilizaban de la implementación del accionar represivo. Por el contrario, su única expresión sobre el tema, estuvo ligada a la necesidad de conformar un equipo de gobierno enteramente identificado con la ortodoxia peronista y el verticalismo con respecto a la presidencia de la Nación y del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista.  

2. Córdoba: después del "navarrazo", el operativo "limpieza"

El 28 de febrero de 1974, el jefe de policía de la provincia de Córdoba, teniente coronel (Re) Antonio Navarro, se levantó contra las autoridades gubernamentales de la provincia, el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López, electos en segunda vuelta, con más del 50% de los votos. El jefe de policía encarceló durante dos días a las autoridades provinciales y a varios funcionarios del Poder Ejecutivo imponiendo un "virtual" estado de sitio: persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, con la argumentación de que debía controlar "las fuerzas enroladas en la extrema  izquierda quienes iban a provocar un desborde total".¹⁷ Este hecho fue conocido como el "navarrazo".

La respuesta del Poder Ejecutivo de la Nación, a cargo del teniente general Juan Domingo Perón, fue enviar al parlamento el proyecto de intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia, aprobada en ambas cámaras por la mayoría peronista.¹⁸ Después de marzo de 1974, la vida política de la provincia sólo conoció la intensificación de la crisis institucional y de la violencia política. Hasta marzo de 1976, se sucedieron tres interventores federales: Duilio Brunello, Raúl Lacabanne y Raúl Bercovich Rodríguez.

Ciertamente, Córdoba resultaba ser uno de los nudos neurálgicos de las gran­des agita­ciones sociales del período, inspiradas por el creci­miento de las agrupa­ciones de izquierda y de las organizacio­nes guerrille­ras, con expresiones en el movimiento obrero, en el movi­miento estu­diantil y en amplios sectores medios de la sociedad. Este contexto fue el marco interpretativo que llevó al presidente de la República, J.D. Perón, a calificar a Córdoba como "un foco de infección" debido, entre otras cosas, a la presencia de "infiltrados" en el gobierno provincial.¹⁹ Esta imagen, para caracterizar la situación de Córdoba, pretendía resaltar el estado de "amenaza latente" que existía en la provincia, sobre todo en función de la fuerte disputa que se libraba en el interior del justicialismo entre los diferentes sectores que lo integraban: la izquierda revolucionaria y la derecha política sindical.

Es de destacar la impronta del gobierno del segundo interventor federal, brigadier (Re) Raúl Lacabanne, basada en la lógica de un militar en acción. "Yo estoy en guerra", fueron sus primeras declaraciones. De acuerdo a sus expresiones, resultaba necesario imponer el "orden" para actuar en "libertad", pero no era posible alcanzar la "libertad sin orden" y no podía haber "orden sin autoridad".

Este proceso de "depuración ideológica" de las instituciones fue llevado adelante a través de las operaciones del Comando de Libertadores de América (versión local de la Triple A) estructura clandestina del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba que desató una sostenida acción criminal cuyas principales víctimas fueron dirigentes políticos, sindicales, estudiantes, profesionales, obreros, etc.²⁰ Con respecto a la participación del III Cuerpo de Ejército, Lacabanne declaraba que "... nos toca a la Intervención y a la policía, con el permanente apoyo y resguardo del III Cuerpo de Ejército, estar inmersos en este nuevo tipo delictivo de guerra". ²¹  Sobre esta lógica de acción, ordenó la captura para los dirigentes Agustín Tosco y René Salamanca, la intervención a los sindicatos de Luz y Fuerza y del SMATA,²² la prohibición de asambleas gremiales, atentados a domicilios particulares, sedes sindicales y el control de todos los espacios de participación pública. El operativo "limpieza" incluyó también la reestructuración de la administración pública, dando de baja a un centenar de trabajadores que no cumplían con "las aptitudes de servicio" y se produjeron los primeros exilios de docentes universitarios. "Estamos en la tarea de la limpieza final de la ciudad e impondremos el orden, la autoridad, la paz y el trabajo".²³

En consonancia con esta política, también, el propio partido gobernante fue sujeto a revisión. A fines de 1974, un nuevo interventor partidario, Armando Casas Nóblega²⁴ dejó sin efecto el funcionamiento de las unidades básicas y las juntas departamentales, exigiendo, por mandato del Consejo Superior, que todos los legisladores y autoridades provinciales pusieran sus renuncias a disposición del interventor partidario, encargado de dictaminar si existía "la necesidad de efectuar depuraciones internas entre dirigentes y afiliados".²⁵ La supresión de las unidades básicas pretendía cerrar, así, uno de los canales de participación y movilización de las bases, eliminando posibles focos permeables a los "infiltrados".

En los últimos meses de 1974 se asistió a la generalización del vocabulario militarista dentro del elenco gubernamental que incluyó  la redefinición del enemigo en términos de un "otro", a quien le atribuyeron toda la fuerza del mal, y la difusión e instalación de un imaginario de que en Córdoba se estaba viviendo una situación de guerra. Lacabanne resultaba, de este modo, una expresión de la militarización de la política y la legitimación de la represión ilegal desde un gobierno constitucional. Desde esta óptica puede entenderse la decisión del presi­dente provisorio de la Cámara de Senadores de la Nación, en ejer­cicio del Poder Ejecutivo, Italo Lúder, quien, al relevar al interventor brigadier (Re) Raúl Lacabanne y, ante el temor de un nuevo conflicto político-institucional similar al "nava­rrazo", designó interina­men­te en el gobierno provin­cial al coman­dante del III Cuerpo de Ejérci­to, general Luciano Benjamín Menén­dez, hasta tanto se hicie­ra cargo de la titularidadel nuevo inter­ventor federal, Raúl Bercovich Rodríguez.

      Durante la gestión del nuevo interventor federal se sumó a la persecución y al asesinato la desaparición forzosa de personas. Estas eran alojadas en la Prisión Militar Campo La Rivera (proximidades del cementerio San Vicente), que funcionaba como centro clan­destino de detención de civiles.

      La respuesta oficial fue que la Policía no tenía ninguna participación en esas desapariciones y que, en hipótesis del entonces ministro de Gobierno Risso, se trataba de un "ajuste de cuentas" entre las organizaciones "subversivas".²⁶

3. Intervenir Mendoza y depurar el peronismo

La fórmula triunfante del FREJULI, compuesta por Alberto Martínez Bacca y Carlos Mendoza lejos estuvo de ser una expresión de la unidad peronista local. Mientras Martínez Baca contaba con el apoyo de la JP, de algunos legisladores ligados al peronismo revolucionario,  intendentes, y unos pocos gremios, Carlos Mendoza logró reunir en torno suyo la adhesión de las autoridades de la CGT, la mayoría de los legisladores, la estructura partidaria, intendentes y gran parte del gremialismo mendocino.

Desde el 13 de julio, con la renuncia del presidente Cámpora, Mendoza pasó a integrar la lista de las provincias cuestionadas. A partir de entonces, el sindicalismo local con la anuencia del vicegobernador se lanzó a recuperar el control del Estado provincial. Se aliaron en esta lucha el presidente provisional de la Cámara de Senadores, el dirigente sindical Edgardo Boris, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Motta, y varios legisladores provinciales del peronismo quienes manifestaron la necesidad de que en Mendoza comenzara a gobernar el justicialismo.²⁷

En diciembre de 1973, Eleuterio Cardozo, dirigente sindical del gremio de los frigoríficos, asumió como delegado interventor del Partido Justicialista. En su discurso inicial, anunció que llegaba a Mendoza con la idea de instalar "su cuartel general en la sede del PJ", como un militar en acción que venía a imponer disciplina y verticalidad.²⁸ A principios de febrero convocó una asamblea a la que llamó "Cabildo Abierto", bajo el lema "¡Perón, Mazorca, los zurdos a la horca!", en el que se exigió la separación de todos los funcionarios del Estado provincial cuestionados o identificados como infiltrados ideológicos, la renuncia a sus bancas de los legisladores o concejales sancionados por el partido y de los ministros del Poder Ejecutivo. Meses después, la Legislatura decidió impulsar el juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca. Sobre la base de una investigación en torno a ciertas operaciones de la bodega estatal GIOL, el dictamen de la comisión del juicio político  fue aprobado por mayoría.

A fines de julio de 1974, el Poder Ejecutivo de la Nación envió al Parlamento el proyecto de intervención federal a los tres poderes de la provincia de Mendoza, aprobado el 9 de agosto de 1974. Se sucedieron tres interventores, el primero de los cuales fue Antonio Cafiero.²⁹ Fue bajo su gobierno que comenzaron a escucharse y reproducirse las voces denunciando la situación de los presos políticos, de los traslados ilegítimos, del secuestro de personas y su posterior desaparición. Las denuncias eran realizadas por los miembros de la comisión de familiares de presos políticos peronistas.³⁰

Igualmente, el nuevo interventor partidario del Partido Justicialista, Mauricio Scatamacchia -quien relevó a Eleuterio Cardozo-, tuvo un rol importante durante la gestión gubernamental de Cafiero. Según sus expresiones, tenía la férrea misión de "devolver a la señora presidenta un partido monolíticamente unido, militarmente organizado, para estar preparados para cualquier evento porque es la única garantía de continuidad histórica de nuestra nación".³¹ Intervino todos los distritos del partido, desplazó a todas las autoridades partidarias y clausuró las unidades básicas, ateneos o centros no autorizados por el Movimiento.

De esta forma, cuando en una solicitada publicada en el diario Los Andes, el gobierno de la intervención anunciaba que, desde su asunción, se había conseguido la plena "vigencia de la paz y convivencia entre los mendocinos", daba cuenta de un nuevo escenario político en el que ya no tenían cabida los sectores disruptivos o radicalizados de la sociedad mendocina. En entrelíneas, podía leerse que con Cafiero no sólo se había puesto "fuera de la ley al marxismo infiltrado", desplazando del gobierno a todos los sectores vinculados a la gestión de Martínez Baca, sino que, también, significó el cierre de un ciclo, iniciado a principios de los años setenta, caracterizado por la movilización y politización de trabajadores y estudiantes que habían instalado sus demandas a través de otros canales de participación diferentes a los marcos tradicionales de expresión. 

El último interventor federal designado, previo al golpe de Estado de 1976, fue un militar, el general de brigada (RE) Pedro León Lucero. En su discurso de asunción, dejaba claro el espíritu militar con el que llevaría adelante su acción de gobierno:

"Como soldado interpreto esta designación como una convocatoria a servicio, como un destino que no puede eludirse y que se cumplirá con acuerdo a la clásica fórmula militar: con subordinación y valor.(...) como soldado llego al gobierno de Mendoza dispuesto a aplicar en mis funciones todo lo que mis largos años de vida militar me han enseñado en materia de conducción (...) Nadie será perseguido por sus ideas políticas, pero a nadie se le tolerará que se aparte de los cauces de la convivencia, (...) para ellos, para la guerrilla antiargentina, habrá la dura respuesta que merecen, y la aplicación de la ley con todo rigor.³²

En el marco del  estado de sitio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación el 6 de noviembre de 1974, Mendoza se transformó, al igual que el resto de las provincias, en blanco de la violencia institucional bajo formas paraestatales. La lucha contra las organizaciones armadas revolucionarias se realizó en forma clandestina a través del Comando Anticomunista de Mendoza integrado por militares, policías y civiles ligados a la derecha peronista.³³ En enero de 1976, antes del golpe de Estado, los dirigentes del Partido Peronista Auténtico publicaron un comunicado en el que responsabilizaban a la intervención federal de los atentados y persecuciones de las que eran víctimas.³⁴ A estas denuncias se sumaron la de los familiares de presos alojados en la Penitenciaria Provincial quienes informaban que, en esa fecha, 8 de enero de 1976, había alrededor de 90 detenidos políticos.

4. La intervención a Santa Cruz para enfrentar al enemigo "marxista"

En Santa Cruz fue electo gobernador el dirigente peronista Jorge Cepernic y, como compañero de fórmula, Eulalio Encalada, dirigente sindical de los petroleros. Durante la campaña electoral, Cepernic construyó un discurso disruptivo, acorde a los valores e imaginarios predominantes en la época. Fue fundamentalmente atractivo para la Juventud Peronista y para ciertos sectores del peronismo más radicalizado, anunciando, entre otras cosas, la disposición para llevar adelante la expropiación de las tierras en manos de las compañías inglesas con el fin de construir colonias agrícolas.

En el marco de este discurso, su gestión de gobierno apuntó a concretar algunos puntos de las promesas electorales, entre ellos, el proyecto de expropiación de la Estancia Cóndor, cuya razón social era la "The Patagonian Sheep Farming Company Limited", Ganadera Coronel y Pardo Darwin (de 200.000 hectáreas cada una), todas propiedades de sociedades anónimas británicas. Ganadera Coronel S.A. era sucesora de "The San Julián Sheep Farming Co. Lted" y Pardo Darwin S.A. sucesora de "The Lai Aike Sheep Farming Co. Lted". Este proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados de la provincia y, si bien contó con la simpatía de todos los legisladores, el bloque mayoritario frenó su tratamiento debido a la negativa de Perón de apoyar la iniciativa.

La posición de Perón fue un punto de inflexión para el gobierno de Cepernic. A partir de entonces, Cepernic vio reducir su capacidad de maniobra política frente a la autoridad del liderazgo de Perón. El arco opositor estuvo conformado por varios actores, entre ellos la CGT regional liderada por Hugo Peralta, el titular de las 62, Luis Castellano, la mayoría de los legisladores peronistas, intendentes municipales y el interventor partidario (Isaías Manuel Juárez). Todos ellos comenzaron a exigir al gobernador que eliminara "a los izquierdistas infiltrados en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial".³⁵ El mismo delegado normalizador del PJ, Isaías Manuel Juárez envió al Consejo Superior una nota en la que acusaba a Cepernic de "marxista infiltrado"³⁶ y de instrumentar "bandas armadas conformadas por Montoneros de la Regional VII, dirigentes gremiales, tendencia revolucionaria, infiltrados en el peronismo que actúan bajo la sigla de las 62 organizaciones".³⁷

El conflicto interno del gobierno y las disputas intraperonismo se fueron acrecentando hasta instalar el tema de la intervención federal, decretada en noviembre de 1974 por la Presidencia de la Nación. Solamente se intervino al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz. En los considerandos del decreto se mencionaba que la "ineficiencia en gestión administrativa y la falta de flexibilidad política en el manejo de las relaciones con los demás poderes e instituciones legales" había provocado "un entorpecimiento manifiesto en las tareas de gobierno", producto, entre otras razones, de "las posiciones irreductibles que fomentaron estériles conflictos institucionales, con repercusión social y política".³⁸

Augusto Pedro Saffores fue el primer interventor federal designado. En el acto de asunción, Rocamora, ministro del Interior, afirmó que se trataba de

"... un cambio de guardia, un simple cambio debido a circunstancias políticas que obligan a nuevos métodos en esta lucha por la pacificación y la reconquista de nuestro país (...) y no hay momentos para claudicaciones, no hay momentos para indecisiones, sino para actos de decisión y de valentía para terminar con el verdadero y primordial enemigo que tiene el país".³⁹

El mismo día el diario La Opinión de Buenos Aires publicaba que la Policía Federal había realizado numerosos procedimientos en la Capital de la provincia, Río Gallegos, y varias personas fueron arrestadas, entre ellos altos funcionarios de la provincia, secretarios privados de diputados y de la gobernación. Se estimaba que el número de detenidos ascendía a más de 30 personas.⁴⁰

Desde entonces se sucedieron denuncias de los familiares de presos políticos por la situación de los detenidos y de algunos sindicatos por la detención ilegal de sus afiliados.

En octubre de 1975, Augusto Pedro Saffores presentó su renuncia. El sucesor fue Orlando Ludovico Parolin, interventor federal que duró hasta el golpe de Estado de 1976. Durante esta gestión se incrementaron los comunicados militares por los cuales las autoridades de la Guarnición Militar de Río Gallegos, conjuntamente con sus similares de la Jefatura de Área, reiteraron comunicados de prevención con motivos de los operativos antisubversivos.⁴¹ Los comunicados finalizaban diciendo; "¡Ciudadano de Santa Cruz: colabore con las Fuerzas del orden!". También explicaban que los operativos se realizaban en cumplimiento de las bases legales otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional: "La Patria está en peligro. Enfrentamos a un enemigo que reniega de nuestro pasado histórico, social y cultural y que además pretende imponernos, mediante el crimen, un régimen ateo, materialista y despótico".⁴²

5. La intervención federal a Salta: "Cayó el último gobernador con sustento de izquierda"

El 11 de marzo de 1973 fue electo gobernador, con más del 60% de los votos, el doctor Miguel Ragone. El dirigente sindical de los telefónicos, Olivio Ríos resultó su compañero de fórmula, quien, además, se desempeñaba como secretario general de la CGT regional.

Las primeras medidas del Poder Ejecutivo apuntaron a impactar positivamente en la población salteña. Se propuso revisar reglamentaciones, adjudicaciones de obras de la dictadura militar, e intervino varias instituciones de bienestar social. Igualmente, dictó resoluciones que preveían la reconversión de las funciones policiales, la eliminación de la custodia y el achicamiento del organismo burocrático de ceremonial.

Sin embargo, Ragone tuvo que sortear los conflictos suscitados en el campo gremial por el control de la CGT local -la disputa entre la CGT peronista y la CGT clasista- y los cuestionamientos que recibía de parte de los dirigentes sindicales y del propio partido gobernante. Desde septiembre de 1973 los opositores exigieron la renuncia del gobernador porque consideraban que el gobierno provincial estaba "copado de marxistas".⁴³ En sintonía con estas expresiones, el delegado reorganizador del Movimiento Nacional Peronista en Salta, Humberto Podetti, manifestaba la necesidad de concretar una depuración en las filas del gobierno provincial, exigiendo el alejamiento de todos los colaboradores de la Tendencia para resolver la crisis.⁴⁴ El mismo vicegobernador requería al gobernador que se apartara de la influencia de Montoneros y clasistas.

En octubre de 1974, Oscar Valdéz asumió como delegado reorganizador del PJ salteño. El secretario general del PJ, diputado nacional Jorge Camus, al ponerlo en funciones, dejó asentada la consigna de acción: "... Los que no se consideren peronistas, deben abandonar la casa (...) La bandera que sostenemos es nacional y cristiana y el que no lo entienda así, que forme un partido socialista. Quiero ser claro: no les pido, les exijo que respondan a la verticalidad peronista".⁴⁵

Como gesto de verticalidad, pero sobre todo como instrumento de negociación política hacia el interior del partido, en septiembre de 1974, diputados, senadores y miembros del Poder Ejecutivo provincial, incluido Ragone, presentaron la renuncia a sus bancas y sus cargos al entonces interventor partidario, el cordobés Oscar Valdéz. A raíz de esta iniciativa, Valdéz anunciaba que "El peronismo de Salta está totalmente unido para recibir cualquier medida que el Ejecutivo nacional y la conducción del partido establezcan para Salta, ha llegado la hora cero para la situación institucional de la provincia".⁴⁶

A diferencia del resto de las provincias, donde los conflictos inter-nos del peronismo se dirimieron en el Ministerio del Interior, la tensión gubernamental de Salta, en virtud de la acefalía planteada, fue trasladada para su resolución a las máximas autoridades del partido gobernante, esto es, el Consejo Superior. El argumento de acefalía producida en los tres poderes provinciales, aunque existía, tenía un valor puramente partidario, no institucional. Los hechos indicaban que un diputado provincial de Córdoba galvanizó la intervención en Salta. Oscar Valdéz recabó las renuncias que se esgrimieron como demostración de acefalía. Pero tales dimisiones fueron giradas al Consejo Nacional del PJ, no a los organismos que las constituciones, nacional y provincial, prescribían. No se supo que la cúspide partidaria hubiera aceptado: el PE adujo la sola presentación para darlas por efectivas. Así, el gobierno nacional asumió las funciones de la dirección del partido oficialista y, simultáneamente, las del poder administrador, en una misma instancia.

Finalmente, el 23 de noviembre decretó la intervención federal a los tres poderes, justificada en la acefalía total del gobierno a consecuencia de la renuncia del gobernador, vicegobernador, diputados, senadores y miembros de la Corte de Justicia. En los fundamentos se sostenía que el gobierno provincial había mostrado ineficacia represiva por lo cual "la comunidad se [sentía] abandonada e indefensa" frente a la acción de fuerzas cuya actividad ha sido declarada al margen de la ley, generando caos institucional y demostrando ineptitud para desempeñarse.⁴⁷

Dieciocho meses duró el gobierno de Ragone. Fue la última intervención federal del gobierno justicialista inaugurado en 1973. El diario capitalino La Opinión titulaba la noticia: "Cayó el último gobernador con sustento de izquierda".

La designación del interventor federal recayó en el dirigente peronista cordobés Alejandro Mosquera, quien expresó que estaba dispuesto a "librar esta batalla en el terreno que sea necesario".⁴⁸ Veinticuatro horas después de haber asumido, se produjeron detenciones de varias figuras políticas, autorizadas por el interventor federal, entre ellas la del ex ministro de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Farat Sile Salim, ex legisladores nacionales y provinciales y el ex intendente Héctor Bavio. Por cierto, días antes de la intervención federal, familiares de presos políticos manifestaron su preocupación por los numerosos detenidos a cargo de la Policía Federal de Salta.⁴⁹ En marzo de 1975, aplicó la Ley de Prescindibilidad, dejando cesantes a 76 emplea-dos públicos: "... el gobierno de la intervención federal combate a la subversión en todas sus manifestaciones, no sólo a aquellos que utilizan las armas como medio, sino también a los guerrilleros económicos".⁵⁰

En septiembre de 1975, Mosquera fue relevado. En su reemplazo fue designado Ferdinando Pedrini, con aval del entonces presidente provisional, Italo Lúder. Su actitud frontalmente antimarxista, pero sobre todo, por los cuestionamientos a la presidente María Estela Martínez de Perón, lo llevaron rápidamente al alejamiento del cargo. A principios de 1976, declaró enfáticamente  que el entorno que rodeaba a la presidente tenía pocos días de vida.⁵¹ René Saúl Orsi fue el último interventor antes del golpe militar. Durante su breve mandato, el ex gobernador Ragone fue secuestrado (12 de marzo de 1976). El operativo dejó como saldo un muerto, un herido, y el cuerpo del ex mandatario desaparecido.

6. A modo de cierre

El proceso abierto con las elecciones de 1973 fue trágicamente cerrado con el golpe de Estado de 1976. En ese lapso, se sucedieron tres presidentes peronistas, Héctor Cámpora, electo con el 49,5% de los votos. No llegó a gobernar dos meses, un golpe palaciego hacia el interior del peronismo, lo obligó a renunciar luego del retorno al país del líder Juan Domingo Perón, después de 18 años de exilio y proscripción. Nuevas elecciones en septiembre de 1973, le otorgaron el triunfo al viejo líder peronista con más del 60% de los votos. Su muerte en julio de 1974 dejó en manos de su esposa, la vicepresidente María Estela Martínez de Perón, la Jefatura del país y del partido. Fue derrocada en marzo de 1976. Durante estos tres años de gobierno, el rasgo común de la política argentina fue la intensificación de la crisis social y económica acompañada de un acelerado deterioro de las instituciones que se mostraron incapaces e ineficaces para procesar la conflictividad social y política. 

Pero predominó, sobre todo, la consolidación de estructuras de poder ilegítimas y la tendencia a resolver los conflictos políticos por medio de la violencia organizada. La lucha intraperonista desatada por el control de los recursos del poder del Estado, y también por control del monopolio de la identidad peronista, dominó el campo de la lucha política, guiada por la consigna de que para que uno sobreviviera debía eliminarse al "otro", según la lógica de la relación "amigo-enemigo".⁵²

La funcionalidad de las intervenciones federales debe leerse en el marco de este conflicto, donde la derecha peronista desplazó a la izquierda política revolucionaria valiéndose de todos los métodos, legales o extralegales. Fue, también, un recurso del gobierno central para disciplinar políticamente al partido de gobierno y desmovilizar a los actores sociales radicalizados, eliminando, con ello, el ciclo de protesta y movilización de la sociedad Argentina iniciado en 1969. De hecho, la represión recayó, no solamente sobre las organizaciones armadas peronistas, sino también sobre un amplio espectro de la oposición política y social, disidente, combativa y disruptiva. La represión incluía asesinatos a sindicalistas, dirigentes políticos y sociales, abogados ligados a la defensa de presos políticos, como así también persecuciones, cesantías de empleados públicos, allanamientos, intervención a sindicatos combativos, órdenes selectivas de captura y detenciones masivas.

Más allá del uso político del recurso constitucional de la figura de la intervención federal por parte del gobierno central para disciplinar, controlar, imponer o garantizar determinadas políticas de acción y/o niveles de gobernabilidad acordes a los intereses de la coalición dominante, -que por otra parte siempre han existido en la historia argentina-, lo que nos interesa resaltar es que durante el tercer gobierno peronista, las intervenciones federales actuaron como marco legitimador para el ejercicio de la violencia estatal, fuese ésta utilizada con procedimientos legales o con mecanismos ilegales y clandestinos. A partir de las intervenciones federales, en cada una de las provincias se impusieron prácticas y discursos políticos que convalidaron la represión oficial como mecanismo político de coerción y disciplinamiento. Se trató de gobiernos dispuestos a llevar adelante la "limpieza ideológica" que consistió en eliminar los "enemigos infiltrados" de la administración gubernamental y desmovilizar a los actores sociales conflictivos.

Este tipo de discursos y de prácticas políticas impuso y convalidó la lógica de la guerra y, con ello, la militarización de la política. De lo contrario, ¿en qué clave se puede leer la designación de militares en el cargo de interventores federales como Raúl Lacabanne y Menéndez en Córdoba, o Pedro León Lucero en Mendoza? ¿Qué reflexiones merecen los silencios, omisiones o eufemismos del accionar de las fuerzas de seguridad en su lucha contra la guerrilla armada? ¿Cómo pensar las respuestas evasivas de los gobiernos de las intervenciones federales a las demandas y reclamos de los familiares de presos políticos y los organismos de derechos humanos? En este sentido, las concesiones de poder civil al poder militar fue una demostración más del estímulo a la intervención de los militares llamados a defender el orden vigente  por un grupo en el poder en franca desintegración. A su vez, las fuerzas armadas estaban avaladas por la Doctrina de la Seguridad Nacional. Según esta Doctrina, la tarea de las fuerzas militares locales era controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía y, eventualmente, reprimir las manifestaciones políticas de los ciudadanos que, desde su punto de vista, fueran subversivas.

Resulta explicativo el concepto de Pilar Calveiro acerca de la instalación del "Poder Desaparecedor" que, en un primer momento, a cargo de las organizaciones paraestales como la Triple A, fue adquiriendo el carácter de modalidad represiva oficial, cuando en febrero de 1975 por decreto del Poder Ejecutivo se dio la orden de aniquilamiento a la guerrilla, a través del Operativo Independencia. Se inició en Tucumán una política institucional de desaparición de personas, con el silencio y el consentimiento del gobierno peronista y de la oposición partidaria y de amplios sectores de la sociedad, Iglesia y sindicalistas. Es en este punto, donde es necesario detenerse e indagar una y otra vez, no sólo en lo que el poder del Estado mostraba y escondía al mismo tiempo, sino en las tramas de un poder que circuló en todo el tejido social y que dio lugar a los campos de concentración, mucho antes del Golpe de Estado.

Notas:

1. Los vicegobernadores de las provincias intervenidas eran Ausberto Ortíz (Formosa, UOM), Carlos Mendoza (Mendoza, UOM), Olivio Ríos (Salta, del gremio de telefónicos),  Eulalio Enca-lada (Santa Cruz, del gremio de los petroleros) y  Atilio López (Córdoba, del gremio del trans-porte público, UTA). Este último no respondía a la línea del sindicalismo de la CGT nacional, cuyo secretario general era José Ignacio Rucci. La provincia de Buenos Aires registró una situación similar, aunque no fue intervenida por el gobierno central. Su gobernador, Oscar Bidegaín, renunció en enero de 1974, acusado de actuar con "desaprensión" luego del ataque guerrillero que realizara el ERP al cuartel del Ejército en la localidad de Azul en el mismo mes. En su reemplazo, asumió la gobernación el vicegobernador y dirigente sindical, Victorio Calabró. Este recambio fue apoyado por las Fuerzas Armadas, la cúpula de la CGT y por el líder radical, Ricardo Balbín.

2. Los diputados nacionales electos que respondían a la Juventud Peronista eran Roberto Vidaña y Rodolfo Vittar.

3. Los interventores del Partido Justicialista designados por el Consejo Superior en las respectivas provincias fueron varios entre 1973 y 1976. Al respecto, mencionamos a Luis Longhi  y Armando Casas Nóblega en Córdoba; Humberto Podetti y Oscar Valdez en Salta, Eleuterio Cardozo y Mauricio Scatamacchia en Mendoza,  José Presta y el General (Re) Rafael Ortega en Formosa e Isaías Manuel Juárez en Santa Cruz.

4. Diario Los Andes, Mendoza, 12/12/74.

5 - Rómulo Rodríguez Fox (19-11-73 / 6-12-73), Juan Carlos Beni (7-12-73 / 30-6-75), Juan Carlos Taparelli (1-7-75 / 5-11-75) y Horacio Carlos Gorleri (6-11-75 / 24-3-76).

6 - El 22 de diciembre fue puesto en funciones el delegado normalizador del Partido Justicialista, José Presta, quien expresó que esperaba la colaboración de todos, a fin de salvar los malos entendidos. Sus declaraciones apuntaban a remarcar que él no había venido a ofrecer dádivas ni dinero ni cargos, sino organización, disciplina y verticalidad: dos  líneas de acción que se conjugaron con la política del interventor federal para concretar la desarticulación de los actores sociales y políticos más movilizados de Formosa.

7 - El Gobierno provincial había dictado el Decreto 408 por el cual dispuso la revisión de todas las adjudicaciones en venta y-o permisos de ocupación a cualquier título, otorgadas  sobre tie-rras fiscales rurales, dentro del período comprendido desde el 28 de junio de 1966 hasta el 24 de mayo de 1973. Asimismo, también fue sancionada la Ley N° por la Cámara de Diputados que declaraba de utilidad pública sujetos a expropiación y-o caducidad y-o anulación total o parcial de predios y-o derechos reales que sobre ellos tuvieren y-o propietarios pretendieren tener sus respectivos adjudicatarios y-o propietarios. La Ley incluía aproximadamente a unas 49.000 hectáreas. Estas iniciativas fueron impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a cargo de Eliazile Pedrozo, vinculado a la Juventud Peronista. Tuvieron la oposición de la Sociedad Rural de Formosa.

8 - Diario La Mañana, Formosa, 5-2-1974.

9 - Se denunciaba públicamente los intentos de detención de los dirigentes Oscar Viñas, Julio Federico Oviedo y del Ing. Rafael Menéndez (h).

10 - Diario La Mañana, Formosa, 30-7-74. La solicitada fue firmada por Rafael Menéndez (h), ex subsecretario de Recursos Naturales; Rogelio Nenning, ex diputado provincial y Eliazile Pedro-zo, ex  ministro de Agricultura. El resaltado con letras mayúsculas respeta la versión original del texto.

11 - Diario La Mañana, Formosa, 27-8-74.

12 - Diario La Mañana, Formosa, 6-10-74. Los partidos firmantes fueron la UCR, el Partido Socialista Popular, Demócrata Progresista, Comunista, Intransigente, MID y Unión Popular.

13 - Las Juventudes Políticas de Formosa estaba integrada por la Federación Juvenil Comunista, la Juventud Radical, la Juventud Socialista Popular, la Juventud Revolucionaria Cristiana y la Juventud Peronista Regional IV. Véase Diario La Mañana, Formosa, 10-10-1974 y 29-11-1974.

14 - UCR, Partido Comunista, Socialista Popular, Intransigente y Revolucionario Cristiano.

15 - Diario La Mañana, Formosa, 2-1-1975.

16 - Diario La Mañana, Formosa, 19-11-74.

17 - Revista Gente y actualidad. Testimonios de 1035 dramáticos días, 290676, citado en Victoria Itzcovitz, Estilo de gobierno y crisis política, 19731976, Buenos Aires, CEAL, 1985, p.55.

18 - No fueron intervenidos el Poder Legislativo ni el Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

19 - Expresiones del presidente Perón ante la mesa directiva de las "62 organizaciones peronistas" nacio­na­les y del secretariado general de la CGT, días antes del suceso del "navarrazo" en febrero de 1974.  Diario La Voz del Interior, Córdoba,  21-2-74.

20 - Entre las figuras más destacadas se cuentan el asesinato del abogado de los presos políticos, Alfredo Curutchet y al ex vicegobernador y dirigente sindical del gremio de UTA, Atilio López.

21 - Diario La Voz del Interior, Córdoba, 21/8/75.

22 - El mismo Lacabanne declaraba que "se acabó el negocio de alentar o encubrir las estructuras subversivas que lideraban Tosco y Salamanca". Diario Córdoba, 16/12/74.

23 - Diario La Opinión, Buenos Aires, 11/10/74.

24 - Ex gobernador de la provincia de Catamarca (19521955), se desempeñó como subsecre-tario general de la Gobernación durante la gestión del interventor Brunello.

25 - Diario Córdoba, 26/11/74.

26 - Carol Solís y Silvina Oviedo: "Violencia institucionalizada y formas de resistencia: Los organismos de derechos humanos en Córdoba durante la dictadura", (Córdoba: UNC - FFyH, Tesis de Licenciatura en Historia, 2006).

27 - Diario La Nación, Buenos Aires, 6-10-73.

28 - Diario Los Andes, Mendoza , 17-12-73.

29 - Le sucedieron como interventores: Luis Rodríguez Marcó del Pont (desde mayo de 1975 hasta noviembre de 1975) y el Gral. de Brigada (RE) Pedro León Lucero (noviembre de 1975 a marzo de 1976).

30 - En octubre de 1975, un comunicado del Partidos Peronista Auténtico, distrito Mendoza, denunciaba: "En la provincia existen detenidos políticos y gremiales. Hay represión y persecuciones. Se realizan operaciones intimidatorias con miles de detenidos o demorados semanales". Diario Los Andes, Mendoza,  10-10-1975.

31 - Expresiones de Jorge Camus, Secretario General del CSMNJ. Diario Los Andes, Mendoza, 12-12-74.

32 - Diario Los Andes, Mendoza,  8-11-1975.

33 - En Potrerillos tenían su base de entrenamiento donde, entre otras cosas, realizaban prácticas con armas de fuego. Entre los hechos confirmados bajo la órbita de su responsabilidad, se pueden citar los atentados al Centro Cultural Israelita (20-9-74), a la sala del Taller Nuestro Teatro, al auto del ex diputado peronista Eduardo Molina,  a la casa del juez Jorge Marzari Céspedes, a la sede del Partido Comunista, y otros atentados a domicilios particulares.  

34 - Diario Los Andes, Mendoza, 7-1-76.

35 - Diario La Opinión, Buenos Aires, 13-2-74.

36 - Diario La Opinión, Buenos Aires, 31-1-74.

37 - Diario La Nación, Buenos Aires, 8-5-74.

38 - Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, p.2897.

39 - Diario La Nación, Buenos Aires, 8-10-74.

40 - Diario La Opinión, Buenos Aires, 8-10-74.

41 - Entre ellos, recomendaban transitar portando documentos, respetar las señales en las operaciones de control, no tratar de eludir el control en caso de los operativos realizados a los vehículos, apagar las luces exteriores y encender las interiores, aproximarse con las ventanillas abiertas, entre otras indicaciones.

42 - Diario La Opinión Austral, Río Gallegos, 4-1-76.

43 - Diario El Tribuno, Salta, 28-9-73.

44 - Diario El Tribuno, Salta, 1 y 13-2-74.

45 - Diario La Opinión, Buenos Aires, 121074.

46 - Diario El Intransigente, Salta, 9-11-74.

47 - Diario de Sesiones de la HCSN, p..2898.

48 - Diario La Nación, Buenos aires, 24-11-74.

49 - Según sus expresiones, los que están encarcelados son "auténticos peronistas que durante toda su vida dieron muestras de su convicción por la causa del pueblo y de Perón y se entregaron a ella sin retaceos", Esta es la situación de Bavio, Urrutia, Tártalos, Álvarez, Vuistaz, Vargas y Aurelia Vera. Los últimos fueron detenidos por la Policía Provincial de Orán y entregados a la gendarmería nacional. No se conocen las causales ni sus paraderos.  La nota está firmada por Silvia S. de Vuistaz, Blanca Tártalos, M. de Nadalich, Margarita Tártalos, María Aguilera, Adela Rojas de Álvarez y otras más. Diario El Tribuno, Salta, 17-11-74.

50 - Diario El Tribuno, Salta, 7-3-75.

51 - Diario El Intransigente, Salta, 24-2-76.

52 - La política como relación amigo-enemigo fue desarrollada por Carl Schmitt, según la cual la esfera de la política coincide con la esfera de la relación amigo-amigo. "De acuerdo con esta definición el campo de origen y de aplicación de la política sería el antagonismo y su función consistiría en la actividad de asociar y defender a los amigos y de dividir y combatir a los enemigos". En este sentido, el conflicto por excelencia sería la guerra, en donde los conten-dientes,  uno frente al otro como enemigos, se posicionan, según la lógica por la cual, la vida de uno depende de la muerte del otro. Al respecto, véase Carl Schmitt: El concepto de lo político, (México: Folios Ediciones, Colección El tiempo de la política, 1984). También Norberto Bobbio, Incola Matteucci y Gianfranco Pasquino: Diccionario de política (México: Siglo XXI, 7º edición, 1994), p.1221.

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