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Revista Escuela de Historia

versión On-line ISSN 1669-9041

Rev. Esc. Hist. vol.9 no.2 Salta jul./dic. 2010

 

ARTICULO ORIGINAL

Los usos del pasado dictatorial en los primeros años de democracia. Argentina, 1983 - 1989

(Uses of dictatorial past during the first democratic years. Argentina, 1983 - 1989)

 

Lucía Brienza
Universidad Nacional de Rosario, becaria doctoral de CONICET, Paraguay 1642 Rosario, lubrienza@gmail.com

 


Resumen:

El presidente a partir de 1983, Raúl Alfonsín, y su gobierno intentaron establecer un relato sobre la historia del pasado reciente, pero no fue la única posible. En este trabajo mostraremos cuáles fueron algunas de esas diversas lecturas que entraron en pugna durante el gobierno alfonsinista, prestando particular atención a los usos de la historia en la esfera pública.
Debido a que el período es amplio y rico elegimos centrarnos en los discursos provenientes del poder político, plasmados esencialmente en las palabras y los actos de gobierno del presidente de entonces, Raúl Alfonsín; y por otro lado en los discursos emanados de los sectores militares. Esta selección responde a que, si bien no fueron las únicas voces y audibles entre 1983 y 1989, fueron sin duda las protagonistas más relevantes y las de mayor repercusión pública. Para esto analizaremos, además, el alzamiento de Aldo Rico en la Semana Santa de 1987 y los acontecimientos conexos, esperando mostrar así las diversas lecturas sobre el pasado reciente y los usos de ese pasado en acontecimientos específicos.

Palabras clave: Pasado reciente; Usos del pasado; Alzamiento militar de 1987

Abstract:

The president since 1983, Raúl Alfonsín, and his government tried to establish one story about de history of the recent past, but that wasn't the only one.In this work we intend to show the forms in which the different readings of the past of the seventies entered in struggle during the following democratic years, given special attention to the "uses of the past" in public sphere.
We've choice analyze the discourses of the politic power, specially the words and the acts of government of the president, and on the other hand the ways in which the military leadership interpreted this recent past. We have made this selection because we think that they were the most important protagonist and they have de major public repercussion. We analyze the episodes of Semana Santa 1987 leading by Aldo Rico, and we intend to show the different forms about reading the recent past and the uses of that past in specific events.

Keywords: Recent past; Uses of the past; Military revolt of 1987


 

Introducción

Cuando la derrota argentina en la Guerra de Malvinas en junio de 1982 se transformó en un dato ineludible de la realidad, los elencos militares que habían llevado a cabo aquella aventura se enfrentaron con una profundización inusitada de la crisis de la dictadura que encabezaban. Aquello que aparentemente la contienda bélica debía subsanar a través de una contundente victoria se hizo, por el contrario, cada vez más visible y perentorio de ser resuelto: la descomposición acelerada del poder militar, causada tanto por embates externos como por desinteligencias y desencuentros internos.

Consumado entonces el fracaso del enfrentamiento con Gran Bretaña, los militares en el poder comenzaron a diseñar una estrategia para el traspaso del poder político a los civiles. A partir de la estridente derrota y del encono generalizado con la dictadura provocado, entre otros motivos, por la creciente visibilidad de las denuncias sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se abrían tres vías en torno a las cuales la sociedad demandaba respuestas. La primera de ellas tenía que ver con la elaboración de un mea culpa de los militares por la aventura de Malvinas. La segunda aludía a la finalización de la intervención militar golpista en los asuntos institucionales. Por último, la tercera apuntaba a una asunción de responsabilidades en torno al terrorismo de Estado y una consecuente autodepuración. Las respuestas militares fueron la separación de los responsables de dirigir la guerra, una tibia autocrítica en cuanto al golpismo pero una tajante negativa en lo concerniente a aceptar cualquier tipo de juzgamiento por el terrorismo de Estado.1 Uno de los ejemplos más claros de la premisa de no revisar el pasado se encontraba en la ley Nº 22924, llamada de "Pacificación Nacional", y también conocida como "ley de autoamnistía". En los fundamentos para esta ley dados por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, se afirmaba:

".. la reconciliación nacional y la superación de pasadas tragedias son los antecedentes necesarios para la consolidación de la paz, que constituye uno de los objetivos fundamentales del Gobierno Nacional" (..) "No es sobre las recriminaciones de los sufrimientos mutuamente inferidos y provocados que se ha de reconstruir la unión nacional, sino sobre la voluntad sincera de reconciliación y la búsqueda común de caminos para una armoniosa convivencia, que puede llevar a una nueva etapa de paz y de trabajo, de calma y de progreso. Con el decidido propósito de clausurar esta etapa de desencuentros y violencia, se están sentando las bases de un nuevo ciclo político, bajo el signo de la Constitución".2

Al mismo tiempo, en el ámbito civil, la actitud a tomar frente al pasado reciente se transformó en un parte aguas al momento de la campaña, y en consecuencia fue, a la vez, uno de los ejes de la empresa electoral del candidato por el radicalismo, Raúl Alfonsín. En este sentido afirmaba:

".. en caso de ser electo, anularé la ley de amnistía anunciada por el gobierno militar; la medida posee por lo menos, dos grandes efectos negativos: el primero es hacer partícipe del mismo grado de responsabilidad al conjunto de las Fuerzas Armadas, equiparando al limitado grupo de jefes que tomó la decisión de iniciar y continuar una represión fuera de las leyes y a quienes aprovecharon la ocasión para cometer diversos delitos, con aquellos que se limitaron a ejecutar órdenes; el segundo efecto es que una ley de esa naturaleza, al conceder impunidad por lo actuado, sencillamente abre la posibilidad de que se repita lo mismo".3

Alfonsín construyó un modo particular de ruptura con el pasado que tomaba cuerpo en tres direcciones: en primer lugar, una ruptura con las violaciones a los derechos humanos; en segundo lugar, una escisión respecto al sindicalismo -vinculado directamente con el peronismo-  por la vía de su asociación con las prácticas violentas que se intentaban dejar atrás; por último, un quiebre en torno a una política exterior pasada que se describía violenta y frente a la cual se contraponía una política exterior pacífica ligada al régimen democrático.4

Nos proponemos aquí indagar particularmente las políticas hacia el pasado que llevó adelante el primer presidente constitucional luego de la última dictadura, tomando como objeto de análisis aquellas que intentaron establecer un corte con el pasado represivo; es decir, nos abocaremos principalmente a analizar las medidas relativas al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos. Es nuestro objetivo además analizar las modalidades asumidas por el intento de construir, desde el poder político, un relato homogéneo del pasado dictatorial, especialmente el relativo a los hechos represivos violatorios de los derechos humanos. Al mismo tiempo, nos resulta de particular interés señalar los diversos usos que se hicieron del pasado dictatorial durante los primeros años de democracia, al intentar concitar cierto consenso en determinadas lecturas del pasado que legitimaran las acciones del presente.

A la vez, mostraremos que este proceso no estuvo exento de contradicciones, oposiciones, conflictos y disputas tanto en lo concerniente a las políticas hacia el pasado como también en lo relativo a los sentidos que debían otorgarse a las acciones pretéritas. El recorte que interesa señalar aquí selecciona dos de las voces protagonistas de mayor relevancia por entonces: por una parte, las políticas hacia el pasado dictatorial represivo provenientes del poder político encarnado en el gobierno de Raúl Alfonsín y, por otra parte, los discursos provenientes de las filas militares que intentaron enfrentar las acciones gubernamentales y disputar los sentidos otorgados al pasado reciente.

Por último, nos abocaremos particularmente al análisis de la coyuntura de los acontecimientos de Semana Santa de 1987, en tanto consideramos que el alzamiento carapintada comandado por Aldo Rico en aquellos días resulta un buen analizador para mostrar los diversos relatos en pugna que nos proponemos analizar aquí.

Las políticas hacia el pasado durante la presidencia de Alfonsín

Una de las características de la transición de la dictadura a la democracia en Argentina -que ha sido señalada desde diversos análisis y perspectivas- ha sido, como hemos dicho, la imposibilidad de una salida negociada por parte de los militares a causa de la debilidad en la que se encontraban luego de la derrota sufrida en la Guerra de Malvinas en 1982, entendiéndola como el eslabón final de una situación de inestabilidad y estancamiento, configurando así una "fuga anticipada".5 Estas circunstancias no sólo precipitaron el llamado a elecciones y el traspaso del poder a los civiles, sino que también condicionaron de manera decisiva los modos en que la transición debía efectuarse. No fue posible tampoco establecer un pacto, entendiendo por éste "un acuerdo explícito, aunque no siempre explicitado o justificado públicamente, entre un conjunto selecto de actores que procuran definir (o mejor aún, redefinir) las reglas que rigen el ejercicio del poder, sobre la base de garantías mutuas concernientes a los 'intereses vitales' de quienes lo acuerdan".6 Por el contrario, las posturas de los representantes de la saliente dictadura fueron en general rechazadas por el candidato presidencial -y luego ganador de las elecciones- Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Si bien ha sido claramente demostrado que el frente militar distaba de ser homogéneo,7 también se ha coincidido en que el único tema sobre el cual no existían grandes discusiones era el de la "lucha contra la subversión", y posteriormente, ya durante 1983, acerca de cuál sería la postura oficial militar sobre cómo evaluar esa actividad represiva y cómo leer el pasado reciente. De ese modo, las tres fuerzas acordaron la elaboración y difusión del "Documento final de la Junta Militar sobre la lucha contra la Subversión y el Terrorismo" -emitido por cadena nacional el 28 de abril de 1983- y, posteriormente, la sanción de lo que denominaron "Ley de Pacificación Nacional". El documento constituía simultáneamente una toma de posición frente a los hechos que los habían tenido como protagonistas y un programa de acción frente al futuro inmediato, aquel que se avecinaba a partir del llamado a elecciones generales y del retorno de la democracia.

Los argumentos allí vertidos serían reforzados, pocos meses después, en los fundamentos y el texto de la ley mencionada, N° 22924, sancionada el 22 de septiembre de 1983 -a más de un mes de las elecciones abiertas- que pretendía eximir a los militares de cualquier delito cometido en su accionar. Si bien ellos la denominaron Ley de Pacificación Nacional, ésta sería rápidamente conocida como ley de autoamnistía debido a los objetivos que perseguía. Si nos detenemos en la recepción social que ambas intervenciones militares tuvieron, puede afirmarse que ésta fue más bien reticente en ambos casos, sin que se manifestaran decididos apoyos a su favor. El "Documento final.." no resultó bien visto y ni siquiera la Iglesia, que en otros momentos se había mostrado -al menos institucionalmente- afín a las disposiciones de las Juntas Militares, le dio su aval, y el 20 de mayo de 1983 se llevó adelante una manifestación en su repudio que llegó a reunir unas 35.000 personas. Con la ley 22924 de "Pacificación Nacional" pasó algo similar: cuando ya el Gobierno había anunciado que estaba preparando la norma, se realizó una manifestación el 19 de agosto de ese año en su repudio, que contó con una alta participación.

Tanto en el "Documento.." como en la citada ley se ofrecían las claves interpretativas que los círculos castrenses sostenían para dar cuenta de su accionar. En esta dirección, aparecían varios tópicos recurrentes que vale la pena mencionar, aunque más no sea someramente.

En primer lugar se historizaba el modo en que la "guerra" había comenzado, intentando situar los orígenes de una historia que aún no había concluido. Así, en el Documento se sostenía que se había producido en nuestro país una "agresión terrorista" que había desencadenado una guerra, en la cual las Fuerzas Armadas habían tenido un rol protagónico en tanto salvaguarda de la Nación. En el relato que éstas hacían existía un inicio claro de agresiones, llevadas a cabo por guerrillas de distinto tenor, que habían producido la "violación de los más elementales derechos humanos". Aunque podría parecer un detalle, la mención misma de los derechos humanos aunque, claro está, desde otra perspectiva, mostraba cuán hondo había calado aquel discurso y cómo éste se había tornado ineludible, sobre todo desde que se le otorgara el Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel a fines de 1980.8 Siguiendo la narración se postulaba que el enorme eco que estas organizaciones habían tenido en gran parte de la población y especialmente en amplios sectores de la juventud se explicaba por la puesta en funcionamiento de mecanismos de captación, miedo e infiltración. Se presumía la inocencia y candidez de muchos de los jóvenes y, en el peor de los casos, una desviación. Las Fuerzas Armadas se presentaban como las salvadoras de la Nación en aquella situación de caos y violencia indiscriminada.

A la vez, justificaban su propio accionar sosteniendo que "la naturaleza y características propias de esta forma de ataque sorpresivo, sistemático y permanente, obligaron a adoptar procedimientos inéditos en la guerra afrontada", hecho que explicaba la ausencia de datos sobre los desaparecidos. En el "Documento.." se afirmaba que:

"Durante todas estas operaciones fue prácticamente imposible establecer con precisión las bajas totales sufridas por las bandas de delincuentes terroristas y la identidad de sus componentes, incluso cuando sus cadáveres quedaron en el lugar de los episodios, dado que actuaban bajo nombres falsos y con apodos conocidos como "nombres de guerra" y porque su estructura celular, modo de operar y compartimentación de sus acciones imposibilitaron disponer de un panorama más completo de los acontecimientos".

 Tampoco hubo acuerdo en torno a los relatos sostenidos sobre el pasado reciente: desde el inicio mismo de la transición, las lecturas hechas por los diversos actores diferían sustancialmente unas de otras. Mientras que los militares pretendían dar por cerrado el pasado y proclamar su victoria en la lucha contra la subversión, los organismos de derechos humanos ambicionaban juicio y castigo para todos los partícipes del terrorismo de Estado. En una posición intermedia se encontraba Alfonsín, quien aspiraba a un tratamiento judicial limitado de lo acaecido durante la dictadura y, en lo posible, una autodepuración de las Fuerzas Armadas.9

Una vez ganadas las elecciones, Raúl Alfonsín tomó las primeras medidas que consideraba consecuentes con su posicionamiento durante la campaña electoral, sosteniendo con actos lo que había proclamado con palabras unos meses antes.

En su discurso de asunción, el presidente recién electo, Raúl Alfonsín, abordó ante el Parlamento el problema de la violencia de los últimos años casi desde los primeros párrafos:

"Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo, implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones".10

Además de volver sobre el problema de la violencia, el recién electo presidente de la Nación preanunciaba también en aquel discurso un modo de pensar lo sucedido en el pasado reciente y proponía, explícitamente, una lectura de la historia argentina y una idea de justicia. Decía entonces:

"Históricamente nos opusimos a que una pequeña minoría de la población, considerada a sí misma como población combatiente, eligiera al gobierno en reemplazo del pueblo. Por eso luchamos para defender el derecho a elegir gobierno, pero sólo para defender el derecho del pueblo a elegirlo. Esta distinción rechaza desde siempre a la filosofía de la subversión. Pero debe tenerse en cuenta que la Constitución y las leyes son subvertidas, también, por minorías armadas, que reemplazan la ley por las balas, tanto a través del guerrillerismo, como a través del golpismo. Por eso, señalamos categóricamente que combatiremos el modo violento de las élites, derechistas o izquierdistas".11

En esta dirección, algunas de sus primeras acciones de gobierno apuntaron a constituir un corte con respecto al pasado dictatorial, en especial en lo concerniente a las violaciones de derechos humanos. El 13 de diciembre de 1983 firmó dos decretos por los que se proponía llevar a juicio a quienes consideraba los responsables de los años de violencia vividos en el país durante la década anterior.12 En estos decretos, firmados consecutivamente, se señalaba la necesidad de perseguir penalmente tanto a los integrantes de las cúpulas militares como a los jefes guerrilleros. De este modo, el Gobierno intentaba señalar que no se trataba de una campaña anti militar sino de la actuación de la Justicia en general. La teoría de los dos demonios, así denominada porque a través de los decretos mencionados equiparaba el accionar represivo con el guerrillero, tomaba cuerpo en la opinión pública no como una voluntad impuesta exclusivamente por el Gobierno sino bajo el modo en el cual la sociedad podía explicarse lo sucedido.

En esta dirección se inscribieron una serie de políticas hacia el pasado desde el gobierno de Alfonsín que pretendieron hegemonizar las visiones del pasado reciente y sustentarlas en un consenso social que, tributario de ese nuevo valor incuestionable que era la democracia, resultara incapaz de contradecir lo afirmado. Ellas tuvieron, entre otros, el carácter de intervenciones en la construcción de un relato desde el poder político sobre los años setenta. Estas políticas fueron, básicamente, el dictado de los decretos ya mencionados, la constitución de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la publicación del informe elaborado por esta comisión (Nunca Más), el Juicio a las Juntas y el fallo emanado de este juicio. No debe desdeñarse el rol que cumplió el libro Nunca más en el establecimiento de un relato ampliamente consensuado sobre lo ocurrido durante la última dictadura. En palabras de Emilio Crenzel,13 éste instaló una lectura fundacional sobre los años de la última dictadura en general y la violencia política en particular. En esta lectura, más allá de la condena que se hacía del terrorismo de Estado, se lo presentaba como consecuencia directa del accionar de la guerrilla. En palabras de este autor, "esta proposición encontró eco entre quienes vivieron con ajenidad o rechazo la violencia política, entre aquellos que encontraron en ella una fórmula para exculpar su pasado, en los actores cuyas responsabilidades no serían revisadas y entre militantes e intelectuales críticos de sus experiencias revolucionarias".14

Se produjo entonces la construcción de una idea de democracia incuestionable en tanto valor recuperado y en oposición al autoritarismo de los años previos. El discurso de Alfonsín en su campaña presidencial otorgaba a la democracia poderes y facultades incluidos per se, como la educación, el bienestar, la salud, y ponía a cuenta de un régimen político metas que ante todo debían alcanzarse en conjunto con la economía. La ausencia de análisis -en los primeros años de democracia-  en torno al Proceso de reorganización nacional y su consiguiente demonización impidieron, como fuera señalado, mostrar los alcances del proyecto económico que  por entonces, y no sin contradicciones, había plasmado el autoritarismo. Se suponía que la democracia, en oposición ideal a la dictadura, encarnaría los proyectos contrarios. Esta configuración valorativa de la democracia puede leerse tanto en términos de ruptura radical con el pasado que se pretendía abandonar, como también en términos de afirmación y consolidación de un valor no siempre estimado cuyo fortalecimiento coadyuvaría a frenar los posibles intentos de nuevos golpes de Estado, temor recurrente en los casos de transición de gobiernos autoritarios a democráticos. Sin embargo, en determinado momento ambos objetivos se tornaron contradictorios: si el gesto de ruptura con el pasado reciente del gobierno alfonsinista alentaba no sólo un cambio discursivo sino también medidas concretas de castigo que se plasmaron en los juicios a las Juntas y los procesos de ellos emanados, al mismo tiempo despertaba un malestar cada vez mayor entre las Fuerzas Armadas, que comenzaron a sentirse claramente amenazadas y llegaron incluso a generar situaciones de inestabilidad y de intimidación al régimen democrático.15 Algunas de ellas desembocaron en un cambio de políticas frente a lo actuado hasta entonces, pero no fueron sólo las situaciones vividas en el interior de las Fuerzas Armadas las que dieron origen al giro del Gobierno en materia de políticas hacia el pasado.

Alfonsín siempre había considerado, incluso desde la campaña, que debían establecerse escalas de responsabilidades.16 Habiendo ya asumido la Presidencia de la República, y en ocasión de la publicidad de los decretos ya mencionados, volvía a afirmar:

"La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes, desde uno y otro lado, han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de "pacificación" o de "amnistía". Esta ley, además de ser moralmente inaceptable, resulta políticamente irresponsable, al extender sobre toda la institución militar la culpa que sólo debería recaer sobre algunos de sus miembros".17

Avanzaba inclusive sobre los denominados "niveles de responsabilidad", sosteniendo que debían distinguirse al menos tres: quienes planearon y supervisaron la metodología del terrorismo de Estado, impartiendo órdenes; quienes se excedieron en el cumplimiento de esas órdenes y, finalmente, quienes se limitaron a cumplirlas y obraron bajo presión.

En cuanto a los juicios, Alfonsín había logrado que recayeran sobre los máximos responsables, pero posteriormente, el punto 30 de la sentencia de aquellos juicios sostenía:

"Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa, durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones".18

Este punto, además, remitía a un párrafo puntual de los fundamentos de la sentencia, aquel que se refería a la obediencia debida:

"Las órdenes ilícitas se entremezclaron dentro de la estructura legal de la lucha contra la subversión y fueron acompañadas de un intenso adoctrinamiento acerca de que se trataba de acciones de una guerra no convencional, y constituían la única forma de combatir la delincuencia revolucionaria. En esas condiciones es presumible que muchos subordinados puedan alegar en su favor la eximente de obediencia debida o un error insalvable respecto de la legitimidad de las órdenes que recibieron. Pero, aún así, no cabe duda de que hubo quienes por su ubicación en la cadena de mandos conocieron de la ilicitud del sistema, y hubo también quienes ejecutaron sin miramientos hechos atroces. De aquí se sigue que existen subordinados que no van a ser alcanzados por la eximente de obediencia debida, y que son responsables de los hechos conocidos junto a quienes impartieron las órdenes objeto de este proceso".19

A partir de aquí los camaristas destacaban que debía seguirse adelante con los juicios, involucrando ahora a otros integrantes de las Fuerzas Armadas y no sólo a sus comandantes.

Frente a los inconvenientes en imponer líneas de acción al Poder Judicial en lo concerniente a los procesamientos a militares, Alfonsín pidió a sus asesores que prepararan un proyecto de ley que pusiera fin a esta situación. Así nació el bosquejo de la ley de "punto final": consistía en imponer una fecha límite para la presentación de acusaciones contra aquellos sospechados de haber participado en la represión ilegal.

Paralelamente, los juicios a los militares seguían su curso: el 2 de diciembre de ese año el general Ramón Camps era condenado por la Cámara Federal a veinticinco años de prisión, el comisario general Miguel Etchecolatz a veintitrés,  el general Ovidio Richieri a catorce, el médico de policía Antonio Bergés a seis y el cabo primero Cozzani a cuatro. Tanto Etchecolatz como Richieri ocupaban un lugar intermedio en la cadena de mandos, lo que implicaba avanzar sobre los niveles de responsabilidad conforme había sido dispuesto por la Cámara Federal en el punto 30 de la sentencia del Juicio a las Juntas.20 Mientras la Justicia militar absolvía a quienes juzgaba, las cámaras federales condenaban a los mismos acusados. Pero no siempre la Justicia civil se pronunciaba en ese sentido. Paralelamente, Alfredo Astiz, símbolo de la represión ilegal, era absuelto también por la Cámara Federal frente a la que había sido apelada la resolución del Consejo Supremo, por considerarse la prescripción de la acción penal.

El mismo día en que Astiz quedaba en libertad, el 5 de diciembre de 1986, Alfonsín dirigía un mensaje a la población, en el cual anunciaba el envío del proyecto de ley de punto final al Congreso.

Lo hacía con palabras que resulta provechoso citar en extenso:

"Quiero decir que hemos concluido la reconstrucción y que ahora nos toca iniciar, profundizar, una verdadera transformación nacional Pero aún nos falta concluir lo que podríamos llamar 'la reunión de los argentinos', afianzar el punto de encuentro de todos los argentinos [..] Y me refiero aquí básicamente a nuestras Fuerzas Armadas: con el mismo espíritu con que hemos impulsado una convergencia programática, con el objeto de reunir fuerzas en la sociedad, debemos ahora encarar la reunión definitiva de todos sus componentes. Quiero decir que no alcanza para un país serio que quiere ser fuerte, que no alcanza para la epopeya que queremos protagonizar, simplemente que las Fuerzas Armadas no produzcan golpes [..] Ahora, al culminar la etapa de la revisión judicial, es imprescindible convocar una vez más a la sociedad para una nueva reflexión, porque, como dije antes, el horizonte que enfrentamos no es ya desterrar la práctica intolerante solamente, sino fundar los cimientos de una unión perdurable [..] Yo no creo en los puntos finales establecidos por decretos. No se cierran capítulos de la historia por la voluntad exclusiva de un dirigente, cualquiera sea la razón que esgrima; pero sí es necesario que exista conciencia y consenso alrededor de esto: es la sociedad misma la que en un acto de severa constricción y reconocimiento de su identidad está recogiendo la experiencia del pasado [..] Pero hay dos situaciones que requieren urgentes correcciones. Existe de manera clara una dificultad creciente, consecuencia del largo tiempo transcurrido en las investigaciones con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidades [..] Lo cierto es que se está afectando de modo directo tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable de las Fuerzas Armadas que experimentan dudas acerca de su situación procesal [..] Creemos necesario no sólo agilizar los trámites judiciales sino también poner un plazo, que luego de todo el tiempo transcurrido evite que continúe indefinidamente pesando sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad una suerte de sospecha interminable. [..] Estamos así abandonando el pasado. Estamos saldando nuestra historia que hicimos entre todos".21

La decisión del presidente fue resistida por varios sectores, incluidos por supuesto los organismos de derechos humanos. La CONADEP también se pronunció al respecto, afirmando que para que existiera la reconciliación era necesario el arrepentimiento previo, algo que no había prácticamente existido en el interior de las filas castrenses. Sus miembros afirmaban que "altos jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad justificaron los horrores perpetrados y hasta los exaltaron como expresión del honor nacional y como medio de preservar los valores occidentales y cristianos. Cabría preguntarse si los secuestros, las salvajes torturas y los asesinatos forman parte de esos valores espirituales".22 Por último se preguntaban: "¿Qué clase de reconciliación podrá lograrse con la impunidad de los que cometieron semejantes crímenes de lesa humanidad? ¿De qué manera la suspensión de la Justicia podrá llevar paz al espíritu de los hombres de armas que jamás cometieron ese género de aberraciones?".23

Los militares desmentían cualquier posibilidad de presión hacia el Ejecutivo que hubiese desembocado en el envío del proyecto de ley de Punto Final,24 y en el mismo sentido se manifestaban los funcionarios gubernamentales, al afirmar repetidas veces que el proyecto no era el resultado de presiones, sino que se trataba de la necesidad de interrumpir la incertidumbre de quienes no habían sido juzgados. El argumento que defendía la necesidad de sancionar la ley de "punto final", fundamentalmente hacia el interior del partido radical, era que el problema de juzgar y castigar a los responsables del terrorismo de Estado podía acarrear, dada la cantidad de involucrados, un problema institucional en las Fuerzas Armadas, en tanto podrían ser virtualmente disueltas en vista de que casi todos sus integrantes habían participado en mayor o menor medida de la represión ilegal. También se hacía hincapié en la consolidación de la democracia. El 10 de diciembre el proyecto de ley de "punto final" emanado del Poder Ejecutivo, que proponía la extinción de la acción penal para los imputados por los delitos cometidos durante la "lucha contra la subversión", fue derivado para su tratamiento en comisiones de la Cámara de Senadores.

El senador Manuel Vidal (del Movimiento de Integración y Desarrollo) afirmaba que su partido votaría positivamente porque no era su intención colocar obstáculos "a una iniciativa que, a pesar de todas sus limitaciones, implica la intención de hacer un aporte a la reconciliación y pacificación nacional y que tiende a fortalecer el proceso político institucional".25

Por su parte, y aunque votaría en contra del proyecto de ley, Elías Sapag -del Movimiento Popular Neuquino- reconocía en aquellos argumentos presidenciales los fundamentos del proyecto de ley que por entonces debatían, señalando que también buscaba la reconciliación pero no por ese camino.

Eduardo Menem, del Partido Justicialista, opinaba que "los hechos están demostrando que este proyecto, lejos de traer la reconciliación nacional, ha originado intranquilidad social. Está levantando nuevos resentimientos, reabriendo heridas que se estaban cerrando". 26

Por último, Fernando de la Rúa, uno de los ideólogos radicales de la ley, sostenía al defenderla que 

".. este proyecto que hoy consideramos busca la paz y la justicia. No es una amnistía como aquí se ha dicho, ni un punto final como se lo ha llamado. Su finalidad es impulsar los juicios, precisando su contenido y resolviendo los procesos pendientes y, a la vez, terminar con la nebulosa de incertidumbre que injustamente, para muchos subsiste después de tres años".27

Finalmente, el radicalismo logró aprobar el proyecto en la Cámara de Senadores, con algunas modificaciones.28 De allí el proyecto fue derivado a la Cámara de Diputados. Una vez arribado éste, el oficialismo logró que fuese tratado sobre tablas, en sesión extraordinaria. Los peronistas renovadores habían dado a conocer de antemano cual sería su posición: no concurrirían al recinto. La cámara de Diputados logró aprobarla en sólo dos días sin casi debatir con la oposición. El 24 de diciembre la ley fue aprobada en medio de una considerable oposición pública, que llegó a manifestarse incluso dentro del recinto en donde se votaba.29 La ley había sido finalmente aprobada casi en su totalidad en los términos en que el Gobierno lo había deseado y en los tiempos previstos. Lo inesperado, en esta ocasión, fue la reacción de las cámaras federales encargadas de tomar las denuncias para eventuales procesamientos. La respuesta generalizada de la Justicia fue la de cancelar la feria judicial de enero y mantener abiertas las oficinas para recibir las denuncias en el curso de los 60 días que la norma estipulaba.30 Una vez más, las disposiciones tomadas por el Gobierno, en lugar de llevar tranquilidad a las Fuerzas Armadas, generaban el efecto contrario, dado que no sólo posibilitaba procesamientos en tiempo récord sino que además ponían el problema de los juicios a los militares en el centro de la atención pública.31

En esa dirección, uno de los eventos más salientes y que, por su difusión y alcance, terminó de imprimir un giro definitivo en las políticas hacia el pasado, fue el primer levantamiento de Aldo Rico en la Semana Santa de 1987. Los sucesos comenzaron cuando el mayor Ernesto Barreiro se negó a concurrir a declarar frente a la Cámara Federal de Córdoba. Había sido citado para responder por una serie de cargos en su contra por violaciones a los derechos humanos ocurridos en el centro clandestino de detención "La Perla", de esa provincia.

Sin embargo, puede afirmarse que el malestar dentro de los círculos castrenses era visible desde hacía ya varios meses,32 y la ley de Punto Final no había conseguido calmarlo, sobre todo porque no había logrado que cesaran las citaciones de la Justicia a los militares de medio y bajo rango. El 18 de febrero de 1987, Aldo Rico le expresaba a su comandante de brigada su disgusto por las citaciones mencionadas y atacaba a la vez a los jefes de los Estados Mayores del Ejército por su inacción frente a ellas. En aquella oportunidad, haciendo mención de los efectos que producían en las Fuerzas Armadas las últimas medidas de gobierno, se preguntaba:

"¿Qué quedará de la cohesión de los cuadros, basados en la confianza en el camarada, si la Fuerza decide entregar a la vindicta pública orquestada por aquellos que en su oportunidad fueron derrotados, a los camaradas que combatieron a la subversión marxista? ¿Cuál será el sentimiento cohesionante en el próximo conflicto si se destruye el concepto de responsabilidad y el de camaradería es reemplazado por la desconfianza horizontal y vertical?".33

Al mismo tiempo, anticipaba que aún sabiendo que el castigo sería la baja, habría muchos soldados que podrían resistirse a declarar en el contexto de los procesos, ya que preferirían ese castigo antes que "el agravio de ser considerado y tratado como un delincuente común por haber combatido a los enemigos de su Patria".34 Un modo divergente del oficial de leer el pasado dictatorial seguía abriéndose camino y consolidándose entre las filas militares: no sólo se ratificaba la vieja idea del accionar en defensa de la Patria, sino que se fortalecía además la premisa de no revisar el pasado y de corroborar la idea de que se había tratado de una guerra, en la cual los militares habían resultado vencedores, al menos en lo concerniente a la lucha contra la "subversión", y que no podían ser castigados, perseguidos ni enjuiciados por esto. La prosecución de los juicios y el apoyo que éstos recibían de la opinión pública era posible, en opinión de los militares, gracias a que habían perdido la "batalla cultural".

La actitud de los amotinados buscaba su legitimidad en el pasado, no en el presente, y ponía al primero al servicio del segundo. En esta dirección, afirmaban: ".. los juicios son anticonstitucionales. La guerra es un hecho político. La solución debe ser política, no jurídica. Su seguridad nos costó mucha sangre. No negociaremos con los testaferros de la guerrilla".35 La afirmación de que ellos combatieron para defender a la sociedad era una constante en los argumentos militares, y la lectura que predominaba era que la sociedad, encabezada por un gobierno constitucional,36 había ido a golpear las puertas de los cuarteles buscando el orden y el final de la oleada de violencia. Por otra parte, Rico afirmaba que no podían seguir pagando los errores del pasado que habían cometido sus mayores, y que la política de seguir adelante con los juicios iba a generar mayores resistencias en las Fuerzas Armadas y, a la vez, iba a producir una crisis interna cada vez más marcada.37 Intentaba además alterar la dicotomía ya instalada entre dictadura y democracia afirmando en varias oportunidades, especialmente en un diálogo sostenido con el periodista Mareco el 17 de abril, que se trataba de un problema institucional de las Fuerzas Armadas y que de ninguna manera podía hablarse de un "enfrentamiento entre dictadura y democracia ni en contra del gobierno del Dr. Alfonsín". Llamaba, por último, a la reconciliación nacional por la vía de la mentada solución política al problema de los juicios, aunque no quedaba del todo claro a qué se refería con esto.

No eran esos, sin embargo, los términos en los que se leía la situación desde el poder político: en principio se proclamaba la viva amenaza a la democracia que maniobras de ese tenor producían, volviendo a erigir a la democracia como el bien más importante que se había logrado conseguir en los últimos años -afirmación que resultaba casi incontrastable- pero también agitando los viejos fantasmas del pasado en cuanto a la posibilidad de un nuevo golpe militar. En esa dirección, se filiaba al alzamiento carapintada con la historia de los golpes militares que habían asolado al país, aún cuando quienes lo protagonizaban insistieran en su respeto por las instituciones, del cual obviamente y debido a los acontecimientos, podía dudarse. El 16 de abril, en un discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa, Alfonsín afirmaba: ".. aquí no hay nada que negociar, la democracia de los argentinos no se negocia. Se terminó para siempre el tiempo de los golpes, pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos y los planteos".38 Siguiendo la línea de los discursos que lo habían llevado a la Presidencia, Alfonsín concluía el mensaje recitando una parte de la Constitución Argentina.

El presidente se refería al pasado en términos que le permitían legitimar también a él sus acciones en el presente. Y no sólo porque pretendía erigirse en el paladín de la democracia, sino sobre todo porque era en base al temor colectivo producido por la mera posibilidad de un golpe de Estado que asentaba las decisiones a tomar en esos momentos clave. En el mismo mensaje había sostenido: ".. reafirmaremos en hechos concretos los criterios de responsabilidad que permitan la definitiva reconciliación de los argentinos".39

Pero al mismo tiempo que se desenvolvían los acontecimientos, la movilización popular fue tomando dimensiones inusitadas. Las manifestaciones congregaban a miles de participantes en todos los puntos del país. Si bien las primeras fueron espontáneas, más tarde el Gobierno llamaría al pueblo a movilizarse e incluso la CGT declaró una huelga por tiempo indeterminado "en defensa de la democracia".40 Durante los últimos años de historia, la gran mayoría del pueblo argentino había asistido a las intervenciones militares en política con mayor o menor entusiasmo, pero sin ver allí ningún rasgo de peligro o de anomalía. Sin embargo, las secuelas de la última dictadura y la divulgación que éstas tuvieron a través del informe de la CONADEP y de los juicios a las Juntas influyeron decisivamente para que no se repitiera aquella posición prescindente. Un periodista de entonces afirmaba: "Las familias que llevaron niños no sólo a la plaza, sino incluso a Campo de Mayo, simbolizan lo que ocurrió, muy simple en su inmensa grandeza: después de haber mirado hacia otro lado durante los años negros, los argentinos sienten ahora más vergüenza que miedo".41 (Gabetta, 1987).

El conflicto, más allá de su resolución y de las consecuencias que trajo aparejadas a nivel político, social y judicial, mostró claramente dos modos diferentes de leer el pasado y, por lo tanto, el presente: dos formas diferentes de servirse de ese pasado para intervenir en el presente. Así lo manifestaba Alfonsín en un discurso pronunciado pocos días después del levantamiento:

"El pasado, en efecto, pretendió alcanzarnos por un instante y estuvimos ahí mismo, en las fronteras de un desastre colectivo, en los bordes concretos del enfrentamiento interno, que nos hubiese sacado del terreno de la política y nos hubiese hundido en el pantano de una lógica de guerra y desintegración".42

Aunque con una interpretación prácticamente opuesta, también los militares se servían del pasado, no sólo para justificar su accionar presente, sino que el reclamo era, entre otras cosas, por los modos mismos de leer e interpretar el pasado reciente. Afirmaba Rico:

"... (no queremos ser más) atacados, ni queremos ser más segregados de la sociedad argentina, nosotros lo que hicimos luchamos por la sociedad argentina, atrás de una bandera que creímos justa y que todavía sostenemos como justa, y ya por los errores que pudimos haber cometido, yo creo que hemos pagado suficiente".43

Se mezclaba también en este conflicto otro de más vieja data concerniente a lo ocurrido durante la Guerra de Malvinas: si ni el Gobierno ni la sociedad estaban dispuestos a reconocer que aquello que los militares denominaron "guerra contra la subversión" no había sido una guerra, ni tampoco había tenido como vencedoras a las Fuerzas Armadas, al menos deberían reconocer el valor de los combatientes en esa otra guerra, más real y tangible, que había sido la librada en Malvinas,44 y que si bien había contado con oficiales heroicos que habían arriesgado su vida al lado de la de los soldados, también había incluido a jefes de escritorio que se habían entregado sin dar batalla.

Aún así, el reclamo por haber participado de la Guerra de Malvinas quedaba desdibujado en las palabras de los rebeldes liderados por Rico, que privilegiaban ante todo el pedido de cese de las acciones legales a quienes habían participado de la represión durante la última dictadura. En definitiva, la demanda que se repetía incesante de boca de Rico era la de "amnistía general".45

Se trataba de una disputa entre diferentes interpretaciones, de debates por imponer sentidos cuyas consecuencias dirimían la política de esos días: de ellos dependía, en parte, la prosecución de los juicios contra los involucrados en el terrorismo de Estado. Las manifestaciones en contra de Rico y los amotinados no fueron las únicas. También hubo algunas muestras de apoyo en su favor, aunque hayan sido visiblemente inferiores en número.46 Evidenciaban de este modo la existencia de un sector que, a pesar de tener menor fuerza y visibilidad pública, pretendía imponer su propia visión del pasado, aunque respetando a la democracia, al menos discursivamente.47 Paralelamente, aun cuando los sucesos de Semana Santa habían conseguido fracturar horizontalmente al Ejército,48 (dado que los mandos intermedios no respondían a sus superiores y, además, aún cuando no todos comulgaban con las posiciones de los rebeldes, no habían logrado reprimir la asonada) estaba claro que existía una ajustada solidaridad intrafuerza en lo concerniente a la exigencia de poner fin al accionar de la Justicia.

Reaparecieron desde diversos ámbitos los llamados a la reconciliación nacional, la afirmación de que era necesario "dejar atrás el pasado" y, por lo tanto, también las demandas de finalizar las acciones judiciales. Sin embargo, la afirmación de la democracia como valor fundamental y el rechazo hacia los militares y sus intentos de intervenir en la política nacional, confluyeron en que amplios sectores de la sociedad se mostraran reacios a coartar el accionar de la Justicia y a ceder frente a los reclamos militares. La falta de espacio no nos permite ahondar en los debates que se produjeron, posteriormente al alzamiento, en torno a la "Ley de Obediencia Debida". Baste señalar que, en lo que a interpretaciones y usos del pasado se refiere, se reeditaron las antinomias que venimos señalando.

Conclusiones

Durante todo su gobierno, pero especialmente durante los primeros años, Alfonsín recreó el concepto de democracia, oponiéndolo a la dictadura previa y haciendo todo tipo de esfuerzos por diferenciar dos períodos históricos que pretendía radicalmente opuestos. Intentó, además, establecer una clara ruptura entre los años de su gobierno y aquellos que le precedían, en una especie de antagonismo insalvable que funcionaba como línea divisoria entre un "nosotros" y un "ellos", entre el pasado y el presente. El consenso establecido en torno al respeto a las instituciones, los límites que debían ser impuestos a los militares que no aceptaran el imperio de la ley, y los derechos y garantías que ofrecía la Constitución en la vida del país -y que ahora eran revalorizados, operaban como valla a las pretensiones militares, pero también terminaban jugando como escudo de defensa frente a los movimientos del Gobierno que implicaban un freno a la Justicia. De ahí que, al comenzar a debatirse más abiertamente la posibilidad de plasmar en una ley los diversos grados de responsabilidad de los que hablaba Alfonsín desde su campaña presidencial, amplios sectores sociales se opusieron o fueron renuentes a la decisión gubernamental.

Los militares, primeros sindicados en protagonizar un período que debía ser sepultado a través de prácticas democráticas del todo diversas a las entonces efectuadas, se convertían en los enemigos que otorgaban identidad y cohesión a la sociedad que aspiraba diferenciarse de ellos y sus actos. Desde este lugar, quizás sin buscarlo, colaboraron decididamente en la construcción de un pasado demonizado, en tanto se mantuvieron incólumes en su decisión de no revisar lo actuado y, a la vez, de justificar lo hecho en la por ellos denominada "lucha contra la subversión", sin mostrar atisbos de arrepentimiento, duda o equivocación. Al mismo tiempo, los distintos alzamientos que protagonizaron durante el gobierno de Alfonsín, les otorgaron una renovada identidad golpista frente a los ojos de la mayoría de la gente, y aún cuando consiguieron frenar los juicios y los procesos en su contra, no tuvieron el mismo éxito en renovar o modificar la imagen de las Fuerzas Armadas y convertirla en diferente de aquella que había quedado coagulada en el imaginario popular luego del informe de la CONADEP y el Juicio a las Juntas.

A pesar de las leyes de "Punto Final" y de "Obediencia Debida" que impulsara Alfonsín y que luego fueran sancionadas por el Parlamento, la potencia del corte con el pasado efectuado en los primeros años de gobierno fue tan grande que aquello que fue leído por algunos analistas como un retroceso en la legislación no fue equivalente a un retroceso en la imagen que la mayor parte de la sociedad tenía de las Fuerzas Armadas. Antes de estos episodios, el Gobierno había impulsado diversas acciones tendientes a acotar los juicios pendientes a los uniformados, esgrimiendo el objetivo de llevar tranquilidad a las filas castrenses a la par que terminar con la incertidumbre logrando la reconciliación nacional. Los acontecimientos posteriores mostraron el escaso éxito obtenido. Por otra parte, aún cuando gracias a las leyes finalmente los juicios fueron acotados, la mentada pacificación no fue posible: ni los organismos de derechos humanos, ni los militares de mayor o menor rango quedaron conformes con las decisiones, ni respaldaron la idea de la reconciliación más allá de algunas pocas palabras esgrimidas por los jefes militares.

Las Fuerzas Armadas tampoco lograron renovar o modificar la imagen que la sociedad tenía de ellas y que había sido firmemente construida desde la transición a la democracia hasta el Juicio a las Juntas. Sin embargo, no debe suponerse que esta imagen era monolítica y que se encontraba exenta de cuestionamientos: durante todos los años del gobierno alfonsinista se siguieron escuchando las voces que afirmaban que se había tratado de una guerra y que los militares eran los salvadores de la patria, y como hemos visto, no provenían exclusiva y únicamente del interior de las Fuerzas Armadas.49 A pesar de esto, la democracia se había convertido en un valor que la sociedad hacía propio y que debía defenderse poblando las calles cuando era amenazada. Las mismas Fuerzas Armadas en tanto institución, y los protagonistas de los alzamientos carapintada, buscaban poner fuera de duda el respeto por ella. No obstante, el apoyo de la civilidad y el viraje discursivo militar no fueron suficientes para hacer frente desde el poder político a la corporación castrense, que seguía ostentando su poder de presión.50

En todos estos hechos, imágenes y representaciones, las luchas por imponer los sentidos del pasado resultaron determinantes. El modo en el que se construyeron dos relatos divergentes y opuestos acerca de lo ocurrido durante la última dictadura militar -por un lado, el discurso impulsado por el poder político, apoyado

por una gran parte de la ciudadanía; por el otro, el relato construido por los militares con fundamento explicativo en una supuesta guerra, sustentado en menor medida por otros grupos menores -no estuvo nunca desligado ni de las visiones sobre el pasado, ni mucho menos de las pretensiones de actuar en el presente. Quizás con excesiva simpleza, pero no por ello con menor tino, en los días del levantamiento carapintada de diciembre de 1988, el diputado César Jaroslavsky resumía esa situación: "Creo que las Fuerzas Armadas no van a cejar en su demanda de reivindicaciones por su lucha contra la subversión. Es un debate estéril, un capítulo que no cerrará. No convenceremos jamás a las Fuerzas Armadas de que hicieron mal, y ellos no nos convencerán de que hicieron bien". 51

Citas y Notas:

1. Paula Canelo, "La descomposición del poder militar en la Argentina. Las Fuerzas Armadas durante las presidencias de Galtieri, Bignone y Alfonsín (1981 - 1987)", comp. Alfredo Pucciarelli Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? (Buenos Aires: Siglo XXI, 2006), 76.         [ Links ]

2. Ley 22924. En http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73271/norma.htm  Consultada por última vez el 23 de mayo de 2008.

3. Alfonsín, R. Clarín y La Nación del 13 de agosto de 1983.

4. Gerardo Aboy Carlés, Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem, (Rosario: Homo Sapiens, 2001), 174.         [ Links ]

5. Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 4: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. (Buenos Aires: Paidós, 1988), 36.         [ Links ]

6. O'Donnell y Schmitter, Transiciones, 63.

7. Marcos Novaro y Vicente Palermo, La dictadura militar, 1976 - 1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, (Buenos Aires: Paidós, 2003);         [ Links ] Hugo Quiroga, El tiempo del "proceso". Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976 - 1983 (Rosario: Homo Sapiens y Editorial Ross, 2004);         [ Links ] Canelo, "La descomposición..", ob. cit.

8. Adolfo Perez Ezquivel recibió el premio Nóbel de la Paz en el año 1980. Era por entonces secretario del SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia de la República Argentina. La noticia acerca de que le sería entregado el premio fue dada a conocer en octubre de ese año. Tanto en la conferencia de prensa que dio entonces como en su discurso de aceptación del premio hizo particular hincapié en la importancia de los derechos humanos y cómo éstos eran sistemáticamente violados en nuestro país. Véase La Nación, 13 de octubre de 1980. Para el discurso de aceptación, puede consultarse www.adolfoperezesquivel.com.ar , página consultada por última vez el 5 de diciembre de 2009.

9. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz, "Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional" en ACUÑA, C. et. al Juicios, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. (Buenos Aires: Nueva Visión, 1995).         [ Links ]

10. Mensaje presidencial de Raúl Alfonsín a la Honorable Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 1983.

11. Ibid.

12. Nos referimos a los decretos 157 y 158. El primero se proponía "afianzar la justicia" mediante la promoción de "la persecución penal que corresponda contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política, cuya presencia perturbó la vida argentina, con particular referencia al período posterior al 25 de mayo de 1973". Quienes debían ser perseguidos penalmente según este decreto eran Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Galimberti, Obregón Cano, Pardo y Gorriarán Merlo. En el segundo decreto, con el mismo objetivo de "afianzar la justicia", se promovía la acción penal contra "los responsables de aprobar y supervisar operaciones cuya ejecución necesariamente había de resultar violatoria de bienes fundamentales de la persona humana tutelados por el derecho criminal". Los nombres, en este caso eran: Videla, Viola, Massera, Agosti, Graffigna, Lambruschini, Galtieri, Anaya y Lami Dozo.

13. Emilio Crenzel, La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina, (Buenos Aires: Siglo XXI, 2008).         [ Links ]

14. Emilio Crenzel, La historia, 58.

15. Es cierto que los objetivos de Alfonsín en materia de juicios eran puntuales y acotados a los integrantes de las Juntas. Sin embargo, el tratamiento en el Parlamento de los temas conexos a los juicios, esencialmente la reforma del Código de Justicia Militar, hizo que los objetivos presidenciales se vieran modificados por distintos señalamientos del arco opositor. Para un análisis detallado de este punto, véase López, E. (1994).

16. Remitimos al lector a la cita del discurso de campaña en la Introducción de este trabajo.

17. Raúl Alfonsín, discurso pronunciado el 13 de diciembre de 1983.

18. El libro de El Diario del Juicio. (Buenos Aires: Perfil, 1985), 542.

19. ibidem,  520 y 521.

20. Véase La Nación, 3 de diciembre de 1986. Cabe señalar que, en su fallo, la Cámara no sólo identificaba a quienes habían impartido órdenes sino también a quienes las habían cumplido. Véase también Clarín, 3 de diciembre de 1986.

21. "Mensaje del presidente Raúl Alfonsín, desde la residencia presidencial de Olivos, emitido por la Cadena de Radio y Televisión, comunicando el envío de un proyecto de ley al Congreso de La Nación que contempla un plazo de extinción de la acción penal a miembros de las Fuerzas Armadas y que procura acelerar el proceso de juzgamiento, pronunciado el día 5 de diciembre de 1986" en Alfonsín, Raúl Discursos presidenciales, (Buenos Aires: Ediciones de la Secretaría de Información Pública, Dirección General de Difusión, 1987), 111 y siguientes.

22. Comunicado de los miembros de la CONADEP en respuesta al mensaje del presidente Alfonsín del 5 de diciembre de 1986. En Clarín, 9 de diciembre de 1986.

23. Ibidem.

24. Clarín, 10 de diciembre de 1986.

25. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, Buenos Aires, Ediciones de la Imprenta del Congreso Nacional, 22 de diciembre de 1986. Pág. 4619.

26. Ibidem, pág. 4648. Eduardo Menem había comenzado su alocución señalando que hacía tres años exactos el Senado había tratado el proyecto de ley por el cual se declaraba inconstitucional e inexistente la denominada ley de "autoamnistía". Recitó entonces largas citas de senadores radicales que habían hablado de la necesidad de impartir justicia y de hacer lugar a la verdad. Decía entonces: ".. me he permitido recordar estas palabras, no para reprochar ni echar en cara lo que dijeron en ese momento estos señores senadores a quienes aprecio y estimo, sino para marcar la diferencia producida en sólo tres años con respecto a la posición que hoy está asumiendo la bancada oficialista". En Diario de sesiones.. Ob.cit., pág. 4646.

27. Ibidem, pág. 4654.

28. Las modificaciones consistieron en ampliar de 30 a 60 días el plazo de prescripción para la presentación de acciones penales; en que no estuvieran comprendidos dentro de los delitos eximibles los de supresión del estado civil o desaparición de niños, y la inclusión de civiles sospechados de presuntas acciones subversivas entre los beneficiados por la ley. Tampoco desconocemos aquí que las opiniones sostenidas tanto por los legisladores como por los partidos políticos están atravesadas por las disputas políticas, respondiendo a ellas más que a convicciones personales o partidarias, con algunas excepciones, incluso dentro de la UCR.

29. Un grupo de militantes de la Asociación Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos, en un momento de la discusión de la ley, se colocaron capuchas similares a las que les colocaban a los detenidos en los centros clandestinos de detención y comenzaron a cantar "punto final, la lucha sigue igual". Ante esto, la Policía procedió a desalojarlos del recinto a golpes y empujones. Véase Clarín, 24 de diciembre de 1986.

30. La primera medida de este tipo fue tomada el 29 de diciembre de 1986 por la Cámara Federal de Córdoba (al mismo tiempo que su par de Buenos Aires), que decidió dejar sin efecto la feria judicial de enero y, además, solicitó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la remisión de las causas que obraban en su poder. Al mismo tiempo le pidió a dicho Consejo, en relación a la causa CONADEP - La Perla, que "adopte las medidas necesarias para evitar las prescripciones penales del personal militar y civil involucrado por falta de citación o indagatoria". Véase Clarín, 30 de diciembre de 1986.

31. Alfredo Pucciarelli ha señalado, además, que la ley de Punto Final terminó teniendo un "efecto boomerang". En ese sentido, afirma: ".. las inesperadas decisiones en sentido contrario [a las de los jueces federales], adoptadas por otro tipo de jueces, convirtieron a la Ley de Punto Final en una nueva paradoja institucional de imposible solución. En contraste con el rumbo adoptado por aquellos jueces federales, los jueces de cámara intervinientes en los procesamientos iniciados a los oficiales superiores hicieron prescribir veintisiete casos, alegando problemas de procedimiento, por no haber sido citados a declarar antes de la fecha de prescripción fijada por la ley. Se invertían así, dramáticamente, los criterios de imputación que había venido utilizando la Justicia civil, hasta llegar a contradecir, en los hechos, el sentido y la naturaleza de las disposiciones contenidas en el punto 30 del dictamen de la Cámara Federal: los oficiales superiores, responsables políticos y operativos de la aplicación del terrorismo de Estado, quedaron definitivamente desprocesados, y los oficiales que en el plano formal estaban exentos de actuar por propia iniciativa y habían operado bajo su mando, cumpliendo sus órdenes, eran involucrados en un complejo y extenso proceso judicial de resultados inciertos". Alfredo Pucciarelli, "La República no tiene Ejército. El poder gubernamental y la movilización popular durante el levantamiento militar de Semana Santa" en Alfredo Pucciarelli, coord. Los años de Alfonsín, 118.

32. El semanario El Periodista, en su edición número 76 de febrero de 1986, titulaba su portada del siguiente modo: "Aunque no hay espacio para el golpe, los conspiradores no se rinden". Allí puede leerse una exhaustiva nota de Horacio Vertbisky en donde se señalan lineamientos posibles de una rebelión futura. El protagonista que denunciaba Vertbisky era Mohamed Alí Seineldín.

33. Aldo Rico, carta del 18 de febrero de 1987.

34. Ibidem.

35. Panfleto dado a conocer el 17 de abril de 1987.

36. Un argumento reiterado dentro de las Fuerzas Armadas que tiene vigencia aún hoy es que actuaron bajo las órdenes y el amparo de un gobierno constitucional, y citan como aval los decretos de Isabel (María Estela Martinez de Perón): el primero de ellos, decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975, decretaba: "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". El segundo, decreto 2772/75 del 6 de octubre del mismo año, por su parte ordenaba: "Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

37. Ver cables teletipográficos emitidos por la agencia Noticias Argentinas el 17 de abril de 1987, en Grecco y Gonzalez (1988).

38. Discurso de Raúl Alfonsín, 16 de abril de 1987, en Clarín, 17 de abril de 1987.

39. Ibidem.

40. El periodista, N° 137, abril de 1987.

41. Carlos Gabetta, "Doble poder", El periodista. Año 3, Nº 137. 24 al 30 de abril, 1987.

42. Raúl Alfonsín, 1 de mayo de 1987, en La Nación, 2 de mayo de 1987.

43. Aldo Rico, 17 de abril de 1987, en Clarín, 18 de abril de 1987.

44. Aldo Rico había combatido en Malvinas bajo las órdenes del coronel Mohamed Alí Seineldín.

45. En contradicción con quienes, como Arosa, sostenían que no era necesaria una amnistía porque no había hechos que amnistiar: las Fuerzas Armadas habían actuado acorde a la ley.

46. Véase "Vivaron a Rico", Clarín, 22 de abril de 1987.

47. No sólo Rico había hecho hincapié en el respeto por la democracia, palabras que en el marco en el que fueron proferidas quedaban evidentemente relativizadas, sino que días después también se manifestó en el mismo sentido la agrupación FAMUS. Véase La Nación, 29 de abril de 1987.

48. Marcelo Saín ha señalado que se trataba de una ruptura horizontal en tanto "separaba y oponía a los cuadros medios y subalternos con la conducción del arma, la que se había comprometido en una estrategia que para la gran mayoría de los cuadros era errónea y era vista como la causa de la crisis desatada". Saín, Marcelo: Los levantamientos carapintada. 1987 - 1991. (Buenos Aires: CEAL, 1994), 87.

49. Véase, por ejemplo, "Críticas en una misa de FAMUS", Clarín, 3 de mayo de 1987. Pueden leerse allí las críticas de la Iglesia a las políticas del gobierno alfonsinista y su claro apoyo a lo que denominan "reconciliación". En esa misa, el sacerdote afirmaba que "Argentina se salvó gracias a la fe, al patriotismo y a la acción decidida y heroica de todas las Fuerzas Armadas de la república acompañadas por la parte más numerosa y sana de la población. Por eso les estamos reconocidos y agradecidos". Otra señal en la misma dirección fue que el 21 de mayo de 1987 estuvo a punto de publicarse una solicitada con más de 5000 firmas en la que se expresaba "reconocimiento y solidaridad" con Jorge Videla por su papel en la "guerra contra la subversión". Véase "Los dueños del silencio" en El Periodista, Nº 142, 29/05/87 al 04/06/87. La solicitada no fue publicada debido a que varios sindicatos de prensa y periodistas radicaron una denuncia ante un juez federal que finalmente prohibió la publicación, hecho que generó la airada protesta de algunos medios debido a la "poca libertad de expresión".

50. Debe señalarse que, como hemos narrado líneas más arriba, si bien los militares que participaron del alzamiento de Semana Santa no fueron numerosos, lo cierto es que ningún compañero de armas se decidió a reprimirlos ni a llevar adelante las órdenes que provenían de la Presidencia, aún cuando para esto estuvieran rompiendo con la cadena de mando que obligatoriamente debían cumplir.

51. Clarín, 6 de diciembre de 1988.

FUENTES

Raúl Alfonsín, "Mensaje del Sr. Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, dirigido a todo el país por radio y televisión, el 13 de diciembre de 1983", consultado 19 de julio de 2008, http://lanic.utexas.edu/project/arl/pm/sample2/argentin/alfonsin/830128d.html

Raúl Alfonsín, "Discurso del presidente Raúl Ricardo Alfonsín pronunciado ante la Asamblea Legislativa el jueves 16 de abril de 1987, en Diario Clarín.

Raúl Alfonsín, "Mensaje del Sr. Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, a la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 1987". Consultado 19 de julio de 2008.  http://lanic.utexas.edu/project/arl/pm/sample2/argentin/alfonsin/830128d.html

Cables teletipográficos emitidos por la agencia Noticias Argentinas el 17 de abril de 1987.

Decretos 157 y 158 del 13 de diciembre de 1983. Consultados 15 de mayo de 2008. www.desaparecidos.org 

El periodista. Edición extraordinaria. Año 3, Nº 137. 24 al 30 de abril de 1987. Publicación semanal, Ediciones de la Urraca.

Carlos Gabetta, "Doble poder", El periodista. Edición extraordinaria. Año 3, Nº 137. 24 al 30 de abril de 1987. Publicación semanal, Ediciones de la Urraca.

Jorge Grecco y Gustavo González ¡Felices Pascuas! Los hechos inéditos de la rebelión militar, (Buenos Aires: Planeta, 1988).

Ley 23492. Consultada 27 de mayo de 2008.  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21864/norma.htm

Ley 22924. Consultada 23 de mayo de 2008. http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73271/norma.htm . El libro de El Diario del Juicio,  (Buenos Aires: Editorial Perfil, 1985).

Panfleto dado a conocer por Rico y sus seguidores el 17 de abril de 1987.

Aldo Rico, "Documento elevado por el Teniente Coronel Aldo Rico a su comandante de brigada", 18 de febrero de 1987.

Aldo Rico, Diálogo telefónico entre el Tte. Cnel. Aldo Rico y el periodista Juan Carlos Mareco, conductor del programa "Cordialmente" de Radio Mitre de la Capital Federal, 17 de abril de 1987.

Panfleto dado a conocer por Rico y sus seguidores el 17 de abril de 1987.

Aldo Rico, "Documento elevado por el Teniente Coronel Aldo Rico a su comandante de brigada", 18 de febrero de 1987.

Aldo Rico, Diálogo telefónico entre el Tte. Cnel. Aldo Rico y el periodista Juan Carlos Mareco, conductor del programa "Cordialmente" de Radio Mitre de la Capital Federal, 17 de abril de 1987.