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Interferencias en la conexión: las TIC en los planes de igualdad  de oportunidad y las agendas digitales de América  Latina

Interference in the connection. ICTs in equal opportunity plans  and digital agendas of Latin America

Ana Laura Rodríguez Gustá *

* Investigadora CONICET y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Correo electrónico: alrgusta@unsam.edu.ar.

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El propósito de este trabajo es presentar un panorama de las vinculaciones existentes entre los Planes de Igualdad de Oportunidades (PIO) como una expresión del compromiso del Estado con la igualdad de género y las modalidades en que la introducción, las condiciones sociales de apropiación y los impactos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) aparecen como asuntos a ser abordados en dichos planes. Pese a la relevancia indiscutible de las TIC en la transformación de la sociedad actual, resta un largo trecho por recorrer, desde una  óptica de género, en lo que tiene que ver en su relación con las políticas públicas. A su  vez, las agendas digitales, incluso las guiadas más claramente por una preocupación  por la igualdad social, no se han adentrado a vincular sus propuestas y acciones con las  cuestiones de la desigualdad de género.

Palabras clave: Género y tecnología; Tecnologías de información y comunicación; Agendas digitales; Políticas públicas y tecnología.

This paper aims to present a broad overview of the relationships between the Equal Opportunity Plans as an expression of the State’s commitment to gender equality and the ways in which the introduction, appropriation and impact of the new information and communication technologies (ICTs) are seen as issues to be addressed in such plans. Despite the enormous relevance of ICTs in the transformation of our society, there remains a long road ahead in terms of technology policies that incorporate a gender perspective. For instance, digital agendas –even those guided by the premise of social inclusion– still have to address issues concerning gender inequality.

Key words: Gender and technology; New information and communication technologies; Digital agendas; Public policy and technology.

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Introducción

El propósito de este trabajo es presentar un panorama de las vinculaciones existentes entre los Planes de Igualdad de Oportunidades (PIO) como una expresión del compromiso del Estado con la equidad de género y las modalidades en que la introducción, las condiciones sociales de apropiación y los impactos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) aparecen como asuntos a ser abordados en dichos planes. A efectos de completar la relación entre los lineamientos generales de las políticas públicas de género en la región –enunciados en los PIO– y las TIC, examinamos, además, las agendas digitales a fin de identificar cuáles son las vinculaciones que las mismas establecen respecto de la situación social de las  mujeres y sus derechos.

Tanto los planes de igualdad como las agendas digitales expresan transformaciones en las normas que estructuran las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad y representan opciones político-institucionales que, a su vez, suponen cambios en la organización social de género imperante en las instituciones sociales, políticas y económicas.

Al indagar la forma en que emergen, en los textos señalados, las problemáticas de la desigualdad de género a partir de la denominada Sociedad de la Información (SI), podemos indagar cuáles son las construcciones relativas a la posibilidad de edificar nuevos órdenes de género propiciados por los cambios tecnológicos.

América Latina es el continente más desigual del mundo. Las diferencias de género, junto con las existentes en la distribución de la riqueza y las discriminaciones que sufren los y las afrodescendientes y los pueblos originarios, producen sociedades donde la exclusión es un eje organizador del poder social, económico y político. Por ello, la relación entre la equidad de género y la inclusión social a partir de los nuevos entornos tecnológicos no es simple, puesto que la pobreza y la desigualdad son problemas fundamentales, al punto que una mayor vinculación entre institucionalidad y equidad se ha vuelto esencial para la gobernabilidad democrática (Calderón, 2008: 17).

Atentos a este contexto, cabe interrogarse si en el marco de las políticas de igualdad de oportunidades y de las agendas digitales, las TIC aparecen como dispositivos para resolver cuestiones prácticas de las mujeres, propias de su vida cotidiana o, por el contrario, se plantean como instrumentos útiles en aras de lograr una transformación en los papeles culturalmente asignados a varones y mujeres. El primer tipo de orientación llevaría a enfatizar, entre otras cuestiones, el acceso a servicios e información y la mejora en el empleo. El segundo implica reconocer que el ejercicio de derechos de mujeres y la expansión de la ciudadanía femenina podrían verse beneficiados por nuevos entornos y lenguajes de comunicación y expresión, aunque dicha asociación no sea automática y requiera medidas específicas de políticas públicas.

Respecto de las TIC, son tecnologías de naturaleza transversal que implican la puesta en marcha de procesos de comunicación veloces y de enorme amplitud y variedad. De este modo, no se reducen a simples instrumentos de ejecución de políticas. Estas tecnologías transforman los términos en los que se desarrollan las actividades del Estado y sus significados (Echeverría, 2008). Por cierto, no operan en el vacío sino que, por el contrario, están inmersas en contextos sociales, económicos, y políticos, por lo que se produce una relación iterativa entre el mundo on-line y el off- line (Warschauer, 2003). En este marco se edifican estructuras materiales y culturales que definen los parámetros para la acción. En definitiva, el empleo en las diversas actividades humanas de TIC constituye una práctica social que implica el acceso a los artefactos físicos, la comprensión de su contenido y las habilidades para interpretar información para la acción.

Ahora bien, los estudios sobre género y TIC han realizado importantes advertencias respecto del exagerado optimismo en torno a estas tecnologías (Bonder, 2002; Gurumurthy, 2004). Los mentados beneficios de las nuevas tecnologías de información y comunicación no están igualmente distribuidos en la población. En tal sentido, la brecha cuantitativa por sexo es, en definitiva, una manifestación de relaciones de desigualdad entre varones y mujeres propias de organizaciones socio- culturales patriarcales. A propósito, algunas autoras han señalado que las TIC son diseñadas y creadas en entornos culturales dominados por valores y construcciones que tenderían a favorecer a varones y, así, responderían en menor medida a necesidades y demandas de las mujeres (Huyer y Sikoska, 2003).

Por otra parte, los niveles de pobreza y analfabetismo atentan contra el uso que las mujeres puedan hacer de las nuevas tecnologías. El contenido de los portales de Internet, por ejemplo, puede presentar un lenguaje inadecuado para las necesidades de mujeres, e incluso desplegar temática sexista. Asimismo, estas tecnologías precisan contenidos más sustantivos en aras de atender a la interlocución entre el Estado y las organizaciones de mujeres (Sabanes Plou, 2004).

El trabajo se organiza de la siguiente manera. Se inicia con una breve introducción a los planes de igualdad de oportunidades y agendas digitales en la región. Seguidamente, se realiza el análisis de las vinculaciones entre desigualdad de género y TIC para los casos de Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

1. Planes de igualdad y políticas públicas de TIC en la región

1.1. La institucionalidad de género

En las últimas dos décadas y, en especial, a partir de los noventa, la mayoría de los países de América Latina han desarrollado instituciones dedicadas a las temáticas de género en el seno del Estado. En particular, se han constituido agencias (en el Poder Ejecutivo) con el mandato específico de formular e implementar acciones que corrijan la desigualdad entre varones y mujeres. Ellas -que pueden ser consejos, institutos, vicepresidencias, o ministerios, de acuerdo con el país- han tenido a su cargo la elaboración de políticas públicas de género, siendo los planes de igualdad de oportunidades (PIO) una de las manifestaciones más emblemáticas de su labor.

Los PIO son políticas públicas que pretenden ser comprensivas en las medidas orientadas a instaurar mayores grados de igualdad de género y que, además, se instituyen como los lineamientos rectores en la materia. En tal sentido, conformarían una matriz básica de trabajo a partir de la cual las restantes acciones públicas deberían alinearse en cuanto a sus objetivos. En suma, son un compromiso del Estado con la igualdad de género.

Por cierto, varios de los documentos revisados están enunciados en estos términos. A título ilustrativo, por ejemplo, el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos de Uruguay expresa: "El Plan se propone revertir las desigualdades que afectan a las mujeres y combatir toda forma de discriminación. Es una herramienta integral que hace posible la generación de nuevas políticas públicas y la modificación de las existentes. Es, en síntesis, la manera más adecuada para que el Estado contribuya a la democratización de las relaciones sociales de género".

Las conferencias internacionales sobre los derechos de mujeres de las Naciones Unidas foguearon la creación de las agencias de género (True y Mintrom, 2001) e inspiraron los fundamentos orientadores de los PIO.1 En efecto, la totalidad de ellos alude a las declaraciones internacionales acerca de los derechos de mujeres y a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Otro aspecto común entre los PIO es el reconocimiento de los aportes de organizaciones de mujeres en su formulación y ejecución. Algunos de ellos mencionan verdaderos procesos participativos. De hecho, los movimientos feministas en la región son un actor significativo: sus reclamos y demandas han permitido la instalación de temas en la agenda pública, y motivado múltiples intervenciones por parte del Estado, estimulando, incluso, la creación de agencias (Guzmán, 2003). Asimismo, estos actores han ocupado un lugar central en la institucionalización de un discurso de derechos de mujeres, usualmente mediante alianzas globales.

1.1.1. Las agendas digitales

En los años ochenta, varios países de América Latina iniciaron esfuerzos de cara a elaborar instrumentos de política pública que permitieran apropiarse de los mentados beneficios de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Las primeras iniciativas de políticas públicas y TIC fueron las relativas al "gobierno electrónico", para luego continuar con programas de acceso universal, de incorporación de computadoras en el sistema educativo, así como con políticas de incentivos a la industria de telecomunicaciones, software y hardware.2 Hasta relativamente poco tiempo atrás, en la agenda de políticas públicas han predominado los programas de modernización de la gestión pública, los cuales procuran alivianar procedimientos y trámites mediante la instalación de portales gubernamentales para acceder a servicios públicos (Guerra et al, 2008).

Recientemente, han sido introducidas las denominadas agendas digitales, concomitantemente con el ingreso al debate de políticas públicas de la SI. Estas agendas orientan sus acciones hacia la incorporación de TIC en el conjunto de la sociedad y la economía de los países latinoamericanos.

Este giro en el enfoque hacia las TIC ha estado acompañado de renovadas formas de elaborar e implementar políticas públicas, con un mayor énfasis en la participación de los y las ciudadanas y la inclusión social, propiciado por redes nacionales, regionales e internacionales en la temática. Existe, además, un Plan de Acción Regional en los asuntos relativos a la Sociedad de la Información, elaborado con el apoyo de la CEPAL. El primero fue formulado en 2005 (eLAC2007) y el segundo en 2008 (eLAC2010). Se inspira en iniciativas semejantes de diversas regiones del mundo, por ejemplo: Europa 2002, 2005 y 2010, entre otras. Sus metas incorporan dimensiones económicas, sociales y culturales, apuntando a brindar soluciones en los asuntos de acceso e inclusión digital, creación de capacidades y conocimientos, transparencia y eficiencia del sector público, instrumentos de política y entorno habilitador.

Bajo la premisa de una SI "integradora y orientada al desarrollo", el Plan de Acción eLAC 2010 incluye preocupaciones en materia de género (CEPAL-eLAC, 2008). Entre los instrumentos de política y estrategias del nuevo plan, se propone la creación de un grupo de trabajo regional en género y TIC.3

Ahora bien, hasta el momento, las políticas públicas de género y las agendas digitales han sido verdaderos desarrollos paralelos por parte de los estados nacionales. A la luz de los profundos cambios políticos y sociales, podríamos preguntarnos de qué manera comienzan a relacionarse, en el ámbito de los planes y los programas, las problemáticas de la igualdad de género con las cuestiones relativas a la inclusión digital, puesto que esta última presupone no solamente acceso a Internet, sino también transformaciones en los entornos tecno-políticos de uso,  interpretación y apropiación estratégica de la información disponible (Camacho Jiménez, 2001).

A su vez, esta indagación cobra relevancia en vistas de la creciente conciencia de que las TIC son un asunto transversal y complementario de actividades en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Las cuestiones relativas a los derechos de mujeres y la igualdad de oportunidades en la familia y el trabajo, por ejemplo, no están divorciadas de las medidas orientadas a fomentar la participación de mujeres la construcción de nuevos saberes técnicos y científicos, ni tampoco de los contenidos de Internet en cuanto a su lenguaje y estereotipos de género.

2. Los links entre la desigualdad de género y la brecha digital: las variaciones encontradas

Respecto de cómo están incorporadas las TIC a las propuestas de acción para instaurar la igualdad de oportunidades y derechos entre varones y mujeres, podemos clasificar a los países en las siguientes categorías: a) Estados donde las TIC son significativas en los PIO, contando, por ejemplo, con discusiones específicas (Uruguay); b) naciones donde son incorporadas bajo una mirada sectorial, abordándolas como parte de las transformaciones en los ámbitos de la cultura, el empleo o la educación (Brasil, Perú y México); y, finalmente, c) países donde las TIC no están mencionadas en los PIO pero la problemática de género está abordada a partir de las recientes agendas digitales (Bolivia y Chile), en el marco de la preocupación por alcanzar una mayor inclusión digital.4 A continuación, presentamos cada una de estas categorías, ejemplificándolas con las situaciones nacionales identificadas.

2.1. Las TIC con entidad distintiva: el caso de Uruguay

En la región, Uruguay sobresale por el papel de empoderamiento otorgado a las TIC en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades así como por la discusión respecto de estas tecnologías en relación con la temática de género.

El Instituto Nacional de las Mujeres es de reciente creación y depende, jerárquicamente, del Ministerio de Desarrollo Social. Para acompañar su labor, cuenta con el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, el cual preside.5

En el año 2007 se aprobó la Ley 18.104 de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre varones y mujeres que enmarcó el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. En este, las TIC fueron abordadas en un capítulo distintivo en el marco de un enfoque de derechos humanos y una mirada de género, con concentración en las cuestiones que afectan a la igualdad de las mujeres.

El artículo 4 de la Ley 18.104 Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres brinda los tres principios rectores del Plan: i) garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las mujeres (sociales, civiles, políticos, económicos y culturales, ii) promover la ciudadanía plena mediante el ejercicio igualitario de los derechos de las mujeres; iii) promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones familiares, y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, ciencia y tecnología en los planes de desarrollo.

Por su parte, las experiencias en materia de gobierno electrónico y agenda digital han sido, en comparación con otros países latinoamericanos, un poco más tardías. Con todo, cabe señalar que Uruguay cuenta con una gran cobertura y que los problemas de acceso a los servicios universales es bastante menos acuciante que en el resto de la región.

En el año 2005 se creó la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC). Su misión es "impulsar el avance de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, promoviendo que los ciudadanos, las empresas y el gobierno realicen el mejor uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, transformando la gestión del Estado, aumentando la competitividad industrial así como la creación de empleos calificados, con el objetivo de lograr una sociedad más equitativa, integradora y democrática". A efectos de diseñar el Plan Estratégico de la AGESIC, se elaboró el Libro Verde de la SIC en Uruguay (mayo de 2007) y La Agenda Digital Uruguay 2008-2010 para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (mayo de 2008). Sus líneas estratégicas son: la equidad y la inclusión social, el fortalecimiento democrático, la transformación del Estado, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo económico basado en conocimiento, la cultura, educación y generación de conocimiento, y la integración e inserción regional. Ninguno de los lineamientos aborda temas de género explícitamente, pero sí de inclusión social. Aún así, AGESIC ha mantenido reuniones con el grupo de trabajo del PIO en aras de fomentar la capacitación de mujeres en TIC en el marco de los centros del Ministerio de Educación.6

Ahora bien, el Libro Verde presenta una sección dedicada a la inclusión social y digital y sobre la Sociedad de la Información y género.7 Al respecto, se reconoce que hay experiencias y proyectos pilotos pero no incorporados a programas y se espera que el tema TIC sea impulsado en el marco del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007-2011. 

En tal dirección, cabe señalar que el quinto objetivo estratégico del PIO consiste en "promover medidas tendientes a incentivar el desarrollo sostenible que contempla el acceso y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad a los procesos de innovación tecnológica, científica y cultural de manera de asegurar equidad en los niveles de bienestar social".

 En particular, el capítulo "El Uruguay Innovador" está dedicado a la vinculación ntre las TIC y las oportunidades y derechos de las mujeres. Las líneas estratégicas de trabajo proponen no solamente incrementar el acceso de las mujeres a las TIC sino que postulan, complementariamente, que las mujeres logren realizar, en términos del Plan, un "uso con sentido crítico" de ellas.

Las acciones específicas a propósito de las TIC atañen a: a) la identificación de las "barreras" que experimentan las mujeres al momento del acceso a las TIC y, a partir de ello, su facilitación mediante la "territorialización, ampliación y disminución de costos" de las TIC; b) la generación de instancias de "formación continua" en ámbitos de educación formal e informal; c) el desarrollo de "contenidos" que garanticen la incorporación de la "perspectiva de género y generacional" y que "promuevan una cultura innovadora equitativa y no discriminatoria"; d) la promoción del "uso y apropiación con sentido crítico y conciente de las TIC como medio para el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de la ciudadanía".

En este sentido, las actividades a impulsarse desde el Plan son comprensivas puesto que no se reducen al acceso – aunque está planteado como un asunto a atender. Las TIC son significativas para la igualdad de género porque permiten la construcción de capacidades para transformar las condiciones sociales y políticas de la vida de las mujeres y, así, modificar las expectativas tradicionales que pesan sobre ellas. En términos de Moser (1993), las TIC están vistas desde el ángulo de las "necesidades estratégicas de mujeres", es decir, como medios para generar entornos que transformen las instituciones y las creencias vigentes. Las mencionadas acciones orientadas a garantizar el acceso y la adecuación de los contenidos apuntarían a edificar "entornos habilitantes de TIC" (Huyer y Sikoska, 2003) para el empoderamiento de mujeres.

A pesar de estos importantes logros, es llamativa la ausencia de una mirada desde una perspectiva de género en el marco del Proyecto Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea). Se trata del plan de conectividad más importante del Uruguay y consiste en una iniciativa de una computadora portátil con acceso a Internet para la totalidad de niños y niñas escolares en el sistema público y sus maestros y maestras. Con todo, dentro de la reciente iniciativa "Rayuela" del Plan Ceibal, orientada a desarrollar contenidos educativos, se prevé la incorporación del enfoque de género a través de la participación del Instituto Nacional de las Mujeres.

2.2. Las TIC como un asunto sectorial: Brasil, Perú y México

Como discutiremos, las acciones hacia las TIC en el caso de Brasil se plantean desde el ángulo de las políticas del reconocimiento de las diferentes identidades, con un  fuerte hincapié en los contenidos culturales de las tecnologías. En Perú, son parte del acceso a servicios sociales y a una "cultura" de calidad, en particular entre poblaciones vulnerables. Finalmente, para México aún son problemáticos los obstáculos educativos para el acceso y uso con sentido de estas tecnologías.

2.2.1. Brasil

El país implementado su segundo Plan Nacional para las Mujeres: Conmemorar Conquistas y Superar Nuevos Desafíos, aprobado en 2008, en articulación con el Plan Plurianual 2008-2011. La Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres – creada en el año 2003 y dependiente de la Presidencia de la República con rango ministerial — es la encargada de formularlo y someterlo a discusión. En este proceso colabora el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer.

Elaborado en el marco de la Política Nacional para las Mujeres, el II Plan Nacional para las Mujeres apunta a reducir la brecha entre la igualdad de jure y la desigualdad de facto. El Plan está basado en siete principios rectores: igualdad, respeto y diversidad, equidad, autonomía de las mujeres, laicidad del Estado, universalidad de las políticas, justicia social, transparencia de los actos públicos, participación y control social. La perspectiva propuesta puede ser denominada de "interseccionalidad" (Hill Collins, 2001), ya que la discriminación de género no ocurre en forma independiente de la discriminación con base en la raza o etnia de los sujetos. En particular, estas tensiones colocan a las mujeres negras en posiciones extremadamente vulnerables y subordinadas. El enfoque hacia la desigualdad de género reconoce las múltiples facetas del fenómeno:

"Reducir la desigualdad pasa, fundamentalmente, por la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, entre las mujeres, por la transformación de la cultura organizacional patriarcal, discriminadora, racista y sexista de la sociedad que imputa una segregación racial y de género a determinados grupos, negando con eso la diversidad cultural, étnico-racial y de género presente en la sociedad. Garantizar un desarrollo de larga duración con reducción de las desigualdades, el respeto del medio ambiente y de la diversidad cultural, inclusión social y educación, pasa necesariamente por la participación y el poder de las mujeres en la perspectiva de autonomía económica, política y familiar".

Las TIC son abordadas en el capítulo titulado "Cultura, comunicación y medios igualitarios, democráticos y no discriminatorios". La preocupación central es la reproducción de construcciones que desvalorizan a las mujeres, a las etnias y razas del Brasil, fenómenos estructurales que deben corregirse mediante políticas públicas. Estas conductas estereotipadas se transmiten de diversas maneras, entre ellas la socialización, así como también a través de los medios de comunicación de masas cuya presencia cotidiana los constituye en agentes fundamentales en la reproducción de imágenes de desigualdad y discriminación.

Se establece, además, que la "inclusión digital es una cuestión central a ser considerada en este debate". En particular, la exclusión digital afecta a las mujeres negras, de acuerdo con la información brindada por el II Plan. La creciente convergencia tecnológica está visualizada como una oportunidad para la reducción de la desigualdad en la medida en que ocurran transformaciones en el valor simbólico de los mensajes.

Las políticas de promoción de la igualdad de género pasan, entonces, por la introducción de medidas culturales que incluyen acciones en torno a imágenes estereotipadas que circulan mediante las TIC.8 La perspectiva que vincula estas tecnologias con la desigualdad de género está guiada por un sentido de lógica de reconocimiento de la diversidad y las diferencias. El Estado, mediante sus políticas públicas, debe promover la construcción de mensajes que prevengan estereotipos y recuperen las imágenes de grupos con derechos vulnerados.

Con todo, y a pesar de los importantes avances que el II Plan implica en términos de relacionar las TIC con la agenda de igualdad de género, al observar los objetivos generales, los específicos, y las metas y acciones propuestas en torno de este capítulo, no se evidenciaron medidas orientadas a promover transformaciones que involucren a estas tecnologías.

En lo que respecta a las políticas públicas para la promoción de la SI, Brasil se caracteriza por contar con una canasta de programas más que con una agenda única. Como contrapunto, se evidencia un alto número de actividades, si bien interesantes, poco sinérgicas entre sí (Guerra et al, 2008). El Portal de Inclusión Digital de Brasil depende de la Presidencia y presenta un conjunto de 20 programas donde se incorporan actores públicos y privados para su ejecución. Tomadas aisladamente, algunas de estas iniciativas de inclusión social y TIC son sobresalientes en perspectiva comparada, aunque ninguna ahonda, específicamente, en temáticas de desigualdad de género.

En términos generales, algunos autores señalan que las políticas públicas de TIC no han sido elaboradas participativamente y el presupuesto destinado a iniciativas de inclusión digital se vio reducido entre 2006 y 2007 (Afonso, 2007; Guerra et al, 2008). Finalmente, Brasil enfrenta importantes desafíos puesto que la desigualdad socio- económica es palpable en los indicadores de TIC, como lo es el acceso a Internet y la tenencia de una computadora personal. A título ilustrativo, por ejemplo, solamente poco más de un 20 por ciento de la población mayor de diez años ha utilizado Internet alguna vez al año 2005.9

2.2.2. Perú

En este país, el Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2006-2010 también aborda la temática de las TIC desde un ángulo sectorial, aunque en la Agenda Digital 2005-2014 los asuntos concernientes a las desigualdades de género están prácticamente ausentes, por lo cual el diálogo entre estas dos políticas podría resultar poco sinérgico.

El PIO es responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), institución creada en el 2002.10 Se articula con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y con los planes nacionales de mediano plazo que benefician a la niñez y la adolescencia, a las personas adultas mayores, a quienes sufren alguna discapacidad, a la familia, y con el Plan contra la Violencia hacia la Mujer. Los siguientes enfoques normativos sustentan el actual plan de igualdad: derechos humanos, equidad de género (entendido como igualdad de oportunidades entre mujeres y varones), interculturalidad (reconociendo así la diversidad cultural de los pueblos), intergeneracionalidad y territorialidad. El Plan, de acuerdo con su Misión, "orienta y promueve las políticas públicas para el desarrollo de la mujer y la reducción de las inequidades de género, en el marco del respeto y ejercicio de los derechos humanos".

Con base en dichos enfoques, los principales lineamientos de políticas son: i) la transversalización la perspectiva de equidad de género en las políticas públicas, ii) la promoción de valores, prácticas, actitudes y comportamiento equitativos entre mujeres y varones en aras de garantizar la no discriminación hacia las mujeres, iii) la protección del ejercicio de derechos sociales y culturales de las mujeres, iv) la protección del ejercicio de derechos económicos de las mujeres, v) la protección del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres para asegurar el acceso equitativo a instancias de poder y toma de decisiones.

El PIO aborda asuntos relativos a las TIC en la temática de los derechos sociales y culturales de las mujeres, traducidos en el objetivo de garantizar el "acceso equitativo" de mujeres a servicios sociales y culturales "de calidad". Para el año 2010, el Plan espera que mujeres y varones estén beneficiados, en forma equitativa, del progreso científico y de la vida cultural, artística y recreativa. A dichos efectos, las acciones estratégicas establecidas apuntan a "incorporar el enfoque de género" en los programas y proyectos de TIC orientados a las áreas rurales y de "preferente interés social". En tal sentido, la perspectiva de género no es comprensiva para el sector TIC en su conjunto sino que está centrada en poblaciones rurales y en programas sociales de orden más específico.

A pesar de ello, los indicadores están establecidos en términos de acceso cuantitativo desglosado por sexo: i) porcentaje de mujeres que tienen acceso a las TIC y ii) porcentaje de mujeres capacitadas para la difusión de TIC. Cabe señalar que no hay mención a cuestiones relativas a los contenidos ni a la formación y uso con sentido de las tecnologías, aspectos usualmente enfatizados por la literatura de TIC y género. Además, estos indicadores quedan escuetos respecto de las intenciones de ampliar el ejercicio de derechos de mujeres vulnerables y rurales. Si bien los números importan, la presencia cuantitativa de más mujeres en el sector no necesariamente transformaría la organización socio-cultural que reproduce desigualdades de género ancladas en estereotipos culturales acerca de lo femenino y lo masculino.

Por su parte, entre los cinco objetivos de la Agenda Digital 2005-2014, sobresalen el acceso a la infraestructura y las comunicaciones, el desarrollo de capacidades, el papel de las TIC en el desarrollo del sector social promoviendo la inclusión social y el ejercicio de la ciudadanía, así como el apoyo a sectores productivos y empresariales. Tal vez el mayor desafío de la Agenda sea el hecho de que encierra múltiples enfoques que atañen a la competitividad, la modernización de la gestión y la inclusión social, entre otros, sin un esquema taxativo de prioridades. El organismo rector es la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), creada en 2003.

Podría pensarse que, en vistas de la incorporación de la problemática de la inclusión social, habría un espacio para abordar la temática de desigualdad de género. Respecto del primer punto, la Agenda Digital expresa:

"... para el establecimiento de la Sociedad de la Información, el Estado debe desarrollar el sector social de Perú garantizando el acceso a servicios sociales de calidad, promoviendo nuevas formas de trabajo digno, incentivando la investigación científica e innovación tecnológica, así como asegurando la inclusión social y el ejercicio pleno de la ciudadanía mediante la utilización de las TICs. En este aspecto debe darse particular atención a los grupos sociales vulnerables, a fin de que ellos puedan acceder a las TICs, otorgándosele a la oportunidad de participar en la toma de decisiones en condiciones de igualdad mediante el uso apropiado que hagan de ellas".

Un análisis pormenorizado del contenido de la Agenda así como de sus acciones revela una sola experiencia que explícitamente aborda temáticas de desigualdad de género. Bajo el objetivo número 3, precisamente el atinente a la inclusión social y el ejercicio de la ciudadanía, se efectuó un estudio de oportunidades de aplicación de teletrabajo en el sector público, elaborando un perfil de proyecto "Teletrabajo para personas con discapacidad y mujeres jefes de hogar en dos distritos de Lima", apuntando a los grupos de mujeres vulnerables. Incluso así, el estudio de Guerra et al (2008) identificó que la Agenda Digital 2005- 2014 en Perú no está lo suficientemente jerarquizada. Del total de 252 metas para los cinco objetivos estratégicos, solamente un 2 por ciento ha sido cumplido. Una de las razones que dan cuenta de este fenómeno es el hecho de que la Agenda no ha tenido suficiente difusión en el Estado. Las acciones que han prevalecido, por cierto, son las concernientes al acceso a infraestructura y gobierno electrónico. El tema de la inclusión digital podría verse postergado, lo cual afectaría además la posibilidad de incorporar una mirada de género.

2.2.3. México

En el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD), las TIC aparecen claramente vinculadas a cuestiones de educación. El Plan es gestionado por Instituto Nacional de las Mujeres (organismo creado en 2001) y sustentado por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades.

Los lineamientos de PROIGUALDAD están enmarcados en los cinco ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: i) Estado de derecho y seguridad, ii) economía competitiva y generadora de empleos, iii) igualdad de oportunidades, iv) sustentabilidad ambiental, v) democracia efectiva y política exterior responsable. En cuanto al enfoque adoptado, el Programa elige la perspectiva de la "transversalidad" de género:

"Transversalizar la perspectiva de género significa transformar la manera en que opera la Administración Pública Federal para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, es necesario trabajar en dos vertientes: por un lado, en realizar acciones que incidan en la construcción de una cultura institucional en cuya práctica cotidiana se observe la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y por otro, en incorporar esta categoría de análisis en planeación estratégica, de manera tal que desde el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se garantice un impacto positivo en beneficio de las mujeres".

PROIGUALDAD contiene siete objetivos desglosados en estrategias y líneas de acción, así como indicadores para el seguimiento y la evaluación de los avances en derechos, oportunidades y calidad de vida de las mujeres. Uno de los objetivos se propone "fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género".11 Busca que las mujeres accedan en forma igualitaria a los servicios básicos de educación y salud, al crédito y la tendencia de la tierra, a las oportunidades productivas y al empleo, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y superar la pobreza femenina.

La perspectiva adoptada buscaría remover los obstáculos que impiden que las mujeres hagan un amplio uso de las TIC. En efecto, dentro de la temática de la igualdad educativa que se propone el PIO, una de las líneas de acción planteadas concierne a las TIC. Específicamente, el documento propone "aplicar medidas especiales y realizar acciones afirmativas para disminuir la brecha de género en el acceso y utilización" de las TIC. A pesar del enunciado, no hay especificaciones acerca de las implementaciones.12

El Instituto cuenta con un Observatorio de los Medios de Comunicación con el propósito de monitorear las imágenes estereotipadas de género que aparezcan en medios electrónicos y escritos. Si bien no fue posible indagar mayor información, en principio apuntaría a examinar los contenidos de las plataformas virtuales para prevenir visiones discriminatorias y encapsuladas de las mujeres.

Actualmente, el país no presenta una única agenda digital comprensiva y, en su lugar, existen varios programas e iniciativas en diferentes sectores (Marino, 2008). Con todo, bajo la iniciativa del Sistema Nacional e-México se encuentra el portal que comenzó en el año 2000. Este portal establece grupos sociales de referencia, entre ellos mujeres, para la búsqueda de información en lenguas indígenas. A pesar de los esfuerzos, hay problemas con los contenidos puesto que no están actualizados o coordinados entre sí (Marino, 2008).13

Una carencia fundamental en México es la ausencia de un programa que instituya el acceso universal, ya que la infraestructura de acceso es aún deficitaria. Persisten brechas asociadas con ello tanto para los servicios básicos como para los de banda ancha (Guerra et al, 2008). Además, Marino (2008) menciona que los derechos a comunicar no han sido una prioridad entre los programas existentes, lo cual es una contradicción dado que no puede haber una utilización con sentido de las TIC sin tales derechos.

2.3. Vinculaciones entre género y TIC desde las agendas digitales: Bolivia y Chile

Tanto en Bolivia como en Chile, las relaciones entre la igualdad de género y las TIC son visualizadas en las agendas digitales pero no en los PIO. En el caso chileno, la actual discusión del tercer plan de igualdad de oportunidades podría corregir dicha omisión, en particular si tomamos en cuenta que estas nuevas tecnologías han sido planteadas en el marco de la Agenda de Género 2006/2010 promulgada por la presidenta Michelle Bachelet. 

2.3.1. Chile

Chile cuenta con una de las agencias de género más consolidadas en la región, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), creado en 1991 y alojado en el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). La máxima autoridad del SERNAM tiene rango ministerial. Este organismo está a cargo de supervisar que los compromisos asumidos en la temática de género sean cumplidos por el conjunto del Estado, para lo cual tiene el apoyo del Consejo de Ministros por la Igualdad. Actualmente, está culminando la ejecución del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010.

Este plan marcó el giro de un enfoque sectorial hacia "modelos de gestión más integrales y coordinados" en materia de igualdad de género. El contenido sustantivo del documento abreva sobre la noción de "equidad de género" como "objetivo insoslayable de las democracias modernas" y, en tal sentido, propugna por mayores grados de equidad en seis áreas temáticas: i) cultura de la igualdad, ii) derechos de las mujeres, iii) participación en las estructuras de poder o en la adopción de decisiones, iv) autonomía económica de las mujeres y superación de la pobreza, v) bienestar en la vida cotidiana y calidad de vida, vi) enfoque de género en las políticas públicas.

Una de las innovaciones de las políticas públicas en Chile son los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG), instrumentos de gestión para introducir temáticas transversales en el sector público, como lo son el gobierno electrónico y los asuntos de género. El PMG implica el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con un horizonte temporal de cuatro años en el ámbito de cada organización del Estado. A partir de la iniciativa del PMG de género, por ejemplo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones implementó políticas de acción afirmativa a fin de garantizar porcentajes mínimos de mujeres en los cursos de capacitación en TIC.

Respecto a la SI, Chile despliega una destacable trayectoria. Ocupó el vigésimo segundo lugar en el ranking mundial del "E-government Readiness Index", elaborado por las Naciones Unidas en 2004, posicionándose como el primer país en América Latina en este indicador y superando a naciones como Francia y Bélgica (United Nations, 2004).14

Este alto valor se habría debido, primordialmente, a los servicios on-line aunque también al diseño y la facilidad de navegación en los portales del Estado (www.gobiernodechile.cl). En 2008, ocupó el lugar número 34 del Networked Readiness Index del World Economic Forum, entre 127 países, aventajando a la región. Estos avances, no obstante, parecerían opacarse a la luz de la información brindada por el Informe del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo de 2006 (PNUD, 2006), el cual identificó que prácticamente la mitad de la sociedad  chilena no se siente parte del proceso de institución de las TIC por razones culturales y sociales más que infraestructurales y de acceso.

Bajo la responsabilidad del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, se han implementado a la fecha dos políticas públicas orientadas a instituir la Sociedad de la Información: la Agenda Digital 2004-2006 y la Estrategia Digital 2007-2010. Con el gobierno de Michelle Bachelet, han surgido innumerables propuestas enfocadas en el uso de las TIC (Guerra et al, 2008). En principio, estas iniciativas habrían adoptado una metodología participativa en mesas de trabajo sectoriales, descentralizadas y en red.

La Agenda Digital 2004-2006 fue evaluada exitosamente, puesto que se logró que la mitad de la población accediera a un computador y aproximadamente un millón de hogares estarían actualmente conectados a Internet. El acceso a la red ha experimentado un crecimiento constante. Dicho incremento ocurrió en el contexto de dos programas de fomento al acceso universal: el de Alfabetización Digital y de Coordinación Nacional de Infocentros. El primero, iniciado en 2003, superó su meta inicial de lograr capacitar a 500.000 personas, llegando a 630.000 en 2005 (PNUD, 2006: 169). El segundo, dirigido a construir una red nacional interconectada de infocentros, ha sido implementado por un consorcio de instituciones públicas y privadas que tienen a cargo la gestión.

La Estrategia Digital 2007-2010, de responsabilidad del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital (creado en 2007), expresa en sus fundamentos que:

"Será necesario favorecer la inclusión para contrarrestar los efectos negativos de una brecha digital, cuidando que la manera de abordar los distintos proyectos incluya la participación ciudadana en todas las fases en que sea posible, considerando la dimensión local y territorial; la transparencia en el accionar del conjunto de actores y, finalmente, que las acciones en torno a las empresas promuevan de manera significativa el aumento de la competitividad y productividad de las personas".

La elaboración de la Estrategia Digital contó con la participación de actores de diferentes sectores. Entre las mesas de trabajo que se conformaron, una de ellas abordó la temática de género. En consecuencia, entre las once metas planteadas en la Estrategia, se incluye la de "mejorar la inclusión de la mujer al mundo laboral utilizando TIC como oportunidad para mejorar su desarrollo y plena integración".

A propósito, esta Estrategia representaría un avance respecto de la anterior. Con todo, algunas organizaciones de mujeres como Mujeres en Conexión son críticas respecto a la reducción a cuestiones productivas que realiza la Estrategia, sin incorporar asuntos concernientes al contexto socio-cultural y ejercicio de derechos de  mujeres.15 Entre varios argumentos, se esgrime que las brechas sociales se reproducen en el acceso y uso con sentido de Internet, precisamente a partir de los datos del Informe del PNUD (Peña Miranda, 2008). Además, el enunciado es demasiado amplio y existen pocas acciones específicas a efectos de comprender su cabal significado.

En suma, las TIC son visualizadas como un instrumento para mejorar la inserción laboral de las mujeres pero al no proponer líneas de trabajo más concretas, se corre el riesgo de "evaporar" el enunciado de la política. Además, esta noción no incorpora un mayor número de dimensiones que hacen al trabajo, de acuerdo con la Agenda Hemisférica del Trabajo Decente de la Organización Internacional del trabajo (OIT) apoyada por los gobiernos de la región en 2006, ni tampoco retoma explícitamente lo establecido en el PIO 2000-2010 sobre género y trabajo.

2.3.2. Bolivia

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien" (de diciembre de 2008) parte de la premisa de que el país está caracterizado por una amplia diversidad cultural y, en consecuencia, resulta sumamente complejo proponer políticas públicas de género comprensivas sin caer en el riesgo del "reduccionismo cultural". Adopta los ejes de desarrollo establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática" (aprobado en 2007). Su visión establece, en términos generales, la necesidad de la "distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales".

El Plan de Igualdad propugna por una ruptura con las políticas de ajuste estructural de los años 80 y 90 que asentaron un "orden colonial interno de exclusiones" así como "un orden patriarcal de jerarquías preconstituidas, de modo que las mujeres, sobre todo las indígenas y las de estratos populares, resultaron doblemente afectadas". A propósito de las consecuencias de dichas políticas, se reconoce un impacto heterogéneo entre mujeres de acuerdo con otras desigualdades existentes respecto de los cuerpos y la sexualidad, por ejemplo. Se cuestiona la noción de "equidad de género" y, en su lugar, se habla de "sociedad patriarcal". Asimismo, se propone recuperar el concepto de género, "descolonizándolo".

La tercera parte del Plan, titulada "Estrategias de Desarrollo" define los objetivos y las acciones más específicas. A pesar de la amplitud de temáticas abordadas, no se establecen vinculaciones entre las TIC y la condición de vulnerabilidad de las mujeres. La mención en materia de tecnologías está situada en el marco del eje económico, productivo y laboral pero no está referida a las TIC.

Respecto de la SI, en 2002 fue creado el Programa de Desarrollo Institucional para la Sociedad de la Información, en un convenio con el BID. En ese mismo año se creó la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (ADSIB), una entidad descentralizada bajo la dependencia de la Vicepresidencia de la República. En 2005 se elaboró la Estrategia Boliviana de TIC para el Desarrollo (ETIC) que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue elaborada mediante un proceso participativo que insumió más de un año de trabajo con la presencia de organizaciones de mujeres. El programa se apropia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en sus fundamentos, entre ellos la igualdad entre varones y mujeres (ODM 3). Con relación a la vinculación entre las TIC con sus entornos económicos, sociales y culturales, la Estrategia reconoce dicha imbricación, por lo cual la tecnología deja de ser un mero "medio" o "instrumento".

Este plan está estructurado en cuatro pilares: contenidos, capacidad humana, conectividad e infraestructura, financiamiento y sostenibilidad, y normativa y regulación. Estas bases promueven acciones en los sectores de educación, desarrollo rural, gobierno, ámbito empresarial y salud. Actualmente se está confeccionando el Plan Nacional de Inclusión Digital 2008.16 La Agenda transformaría a la Estrategia de TIC en una política pública que formalice su puesta en marcha.

El enfoque de ETIC, al cual contribuyeron más de 3176 personas en 700 organizaciones (Guerra et al, 2008) presenta una clara orientación hacia la reducción de la pobreza y la inclusión social y la ampliación de la democracia. Asimismo, aborda cuestiones relativas a las mujeres rurales y las niñas en la temática de formación en TIC para ciudadanos y ciudadanas, dirigida al uso con sentido y apropiabilidad de la información. A propósito, cabe señalar que Bolivia cuenta con un 15 por ciento de población analfabeta de más de 19 años.

En suma, parecería esbozarse un enfoque donde las TIC son un medio para el empoderamiento de mujeres en su calidad de ciudadanas y la satisfacción de sus necesidades estratégicas, con especial interés en mujeres vulnerables. Aún resta la traducción de estos pilares en las acciones específicas en el Plan Nacional de Inclusión Digital.

A modo de cierre

Las políticas de igualdad de género apuntan a resolver injusticias socio-económicas como así también de orden simbólico relativas a las pautas sociales de representación, interpretación, y comunicación (Fraser, 2000). Esta doble consideración implica que cuando las TIC ingresan en el ámbito de las políticas de género, ya no es suficiente garantizar el acceso físico a computadoras e Internet, sino que se requiere de un amplio conjunto de políticas adicionales, como lo son, por ejemplo, las de participación ciudadana, alfabetización digital e inclusión social, ampliamente concebidas.

La literatura sobre género y TIC reconoce que el acceso equitativo a ellas es una condición fundamental, ya sea por parte de mujeres individuales o por colectivos de mujeres, aunque es insuficiente frente a las dinámicas sociales relativas a la desigualdad entre ambos sexos. Ninguno de los casos examinados está centrado, exclusivamente, en el acceso a las TIC, si bien en algunos países de la región continúa siendo un tema importante.

La noción de uso con sentido estratégico de la información de Internet y las posibilidades de crear entornos tecno-políticos que permitan el empoderamiento de mujeres son asuntos escasamente abordados por los PIO o, alternativamente, por las agendas digitales de la región, con la excepción de Uruguay. En suma, la tendencia es que los planes de igualdad de oportunidades no visualicen a las TIC en su naturaleza transversal, capaz de afectar las condiciones de paridad en una amplia gama de materias simultáneamente –salud, educación, cultura, empleo, ejercicio de derechos, entre otros.

En los documentos, la reflexión acerca de entornos de TIC "habilitantes" y "no habilitantes" para las mujeres es escasa. La tecnología parecería verse como una categoría dada más que como un proceso de aprendizaje y descubrimiento altamente dependiente de su contexto social de uso. Así, algunos enunciados examinados que auguran que las TIC son útiles en aras de la "inclusión" de las mujeres en el mercado laboral, podrían llevar a reproducir desigualdades y erigirse como entornos no habilitantes en lo que respecta a las condiciones de igualdad. Por ello, y admitiendo el contenido general de todo enunciado programático, con excepciones, el detalle de acciones específicas así como el adecuado desglose de definiciones y términos es un vacío importante identificado en los textos de la región.

En términos generales, se precisan reflexiones más activas acerca de las necesidades y los derechos de las mujeres en los procesos de transformación en materia de tecnología de información y comunicación. En la medida en que estas tecnologías interactúan con entornos sociales y políticos caracterizados por desigualdades, podrían reproducir asimetrías y amplificar atávicas relaciones de poder entre varones y mujeres. Más aún, sin vinculaciones explícitas desde los PIO, la institucionalidad de género del Estado carece de instrumentos para el cambio social y la intervención organizacional en momentos donde los avances tecnológicos son crecientemente sistémicos.

En síntesis, este trabajo plantea que, pese a la relevancia indiscutible de las TIC en la transformación de la sociedad actual, resta un largo trecho por recorrer en cuanto a las políticas públicas de TIC desde una óptica de género. A su vez, las agendas digitales, incluso las guiadas más claramente por una preocupación por la igualdad social, no se han adentrado a vincular sus propuestas y acciones con las cuestiones de la desigualdad de género. Respecto de este último punto, la escasa incorporación de dicha problemática en estas agendas devela que la mentada transversalización en las políticas públicas es todavía una tarea pendiente, en particular en temáticas  novedosas como las tecnológicas. En definitiva, y más allá de las excepciones, los PIO y las agendas digitales conforman mundos paralelos al menos en sus planteamientos programáticos.

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Notas

1. De particular relevancia ha sido la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995.

2. Finquelievich y Lago Martínez (2004) identificaron que los gobiernos no propugnaron por el descenso de costos telefónicos ni de conexión, lo cual hubiera permitido un mayor acceso a la población a las TIC y, en particular, a Internet. También identificaron que el desarrollo de contenidos de Internet para uso local no parecería ser una prioridad.

3. La medida número 73 del Plan expresa: "Crear un grupo de trabajo regional, con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y visiones de distintos actores sociales sobre la relación entre género y TIC, que favorezca la elaboración de propuestas destinadas a desarrollar iniciativas de TIC con enfoque de género, a niveles regionales y nacionales, y que oriente la inclusión de la perspectiva de género como un eje transversal en la implementación del eLAC2010" (CEPAL-eLAC, 2008: 13).

4. Argentina y Colombia carecen de planes nacionales de igualdad de oportunidades y derechos, por lo cual no han sido incorporados en este estudio. Si bien Ecuador cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2004-2009, éste no aborda cuestiones de TIC. Por su parte, Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007-2012 no especifica acciones o problemáticas relativas al género y las mujeres. En tal sentido, este caso ha sido excluido del análisis, si bien organizaciones de mujeres participaron en la formulación del Libro Blanco de la Sociedad de la Información de dicho país. Paraguay, por su parte, está ejecutando su tercer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2017, pero no se plantea las tecnologías de información y comunicación como un ámbito específico de trabajo más allá de menciones muy puntuales en el texto. La agenda digital está en reciente construcción y no se cuentan con documentos específicos. Finalmente, en Venezuela está llegando a su término el Plan de Igualdad para las Mujeres (PIM) 2004 – 2009 y hay otra política en elaboración. En tal sentido, dada la perspectiva de coyuntura del presente artículo, hemos optado por no incluir este caso hasta no contar con el nuevo plan de igualdad.

5. El consejo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Congreso de Intendentes, de la Universidad de la República y de la sociedad civil.

6. Se agradece a Ana Laura Rivoir (AGESIC) esta información. Comunicación personal, febrero de 2009.

7. El Libro Verde es un documento oficial elaborado por Ana Laura Rivoir y Mauro Ríos.

8. Brasil fue uno de los primeros países en ratificar la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad en las Expresiones Culturales en 2006.

9. Datos del Observatorio para la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (OSILAC): www.cepal.org/socinfo (accedido: enero de 2009).

10. El MIMDES sustituyó al Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (PROMOUDEH), instaurado en 1996.

11. Objetivo número 5 de PROIGUALDAD.

12. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres desarrolla cuatro programas: el Fondo Proequidad, el Modelo de Equidad de Género (MEG) para la gestión de organizaciones públicas y privadas, el Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Federal, y el Programa Vida Sin Violencia. Ninguno de ellos plantea en forma directa la temática de las TIC.

13. Por su parte, la Estrategia de Gobierno Digital que establece los pilares de la estrategia de gobierno electrónico en México, no hace mención a la problemática de la desigualdad de género en materia de TIC –ya sea acceso o bien uso estratégico de la información por parte de mujeres. De tinte modernizador, esta estrategia tiene como fin impulsar "la utilización óptima de las tecnologías de información y de comunicaciones para hacer más eficiente la gestión gubernamental, proporcionar servicios de mayor calidad y oportunidad a la ciudadanía, transparentar la función pública en todos sus ámbitos de gobierno y combatir las prácticas de corrupción al interior de la Administración Pública Federal" (www.digital.gov.mx).

14. De acuerdo con el Global Information Technology Report 2009-2010, publicado en marzo de 2010, Chile continúa con el liderazgo de América Latina al ocupar el lugar número 40 del ranking global y el puesto número 45 del E-government Readiness Index del Foro Económico Mundial (de un total de 131 países).

15. El grupo de trabajo Mujeres en Conexión de Chile es una agrupación voluntaria de mujeres de la sociedad civil, muchas de ellas académicas. El grupo es muy activo en la realización de propuestas de política en temáticas de TIC y género desde el enfoque de derechos y está dedicado a la incidencia de política. Ha efectuado talleres y encuentros con organizaciones de la sociedad civil. Por más información véase: www.mujeresenconexion.org

16. Comunicación personal con el director interino de la ADSIB, enero de 2009.

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México

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