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Distribución desigual de las capacidades de investigación en las ciencias sociales argentinas: una mirada relacional *

Distribuição desigual das capacidades de pesquisa nas ciências sociais argentinas: um olhar relacional

Unequal Distribution of Research Capacities in Argentine Social Sciences. A Relational Perspective

Fabiana Bekerman **

* Recepción del artículo: 17/05/2016. Entrega de la evaluación final: 12/06/2017. El artículo pasó por tres instancias de evaluación.

** INCIHUSA-CONICET, Argentina. Parte de este trabajo es resultado de una investigación que recibió financiamiento de la Unión Europea- Séptimo Programa Marco (7PM/20072013) en virtud del acuerdo de subvención n° 319974 (Interco-SSH). Correo electrónico: fbekerman@mendoza-conicet.gob.ar  

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Nos proponemos analizar la distribución de los recursos disponibles para la investigación en el caso particular de las ciencias sociales y las humanidades y describir el lugar que estas disciplinas ocupan en la estructura del campo científico-universitario argentino. Centramos nuestro análisis empírico en las dos instituciones que han sostenido históricamente la investigación: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y las universidades nacionales. Para ello hemos construido diversas bases de datos relativas a los institutos y los investigadores que forman parte de las instituciones mencionadas. En la primera parte revisamos algunos lineamientos teóricos sobre los cuales fundamos nuestra perspectiva y retomamos algunas medidas de política científica que modificaron la estructura disciplinar del campo científico argentino desde los años 50 hasta la actualidad. Luego analizamos la distribución institucional, regional y disciplinar de las research capacities, y finalmente presentamos una comparación entre los dos anclajes predominantes de estas disciplinas: la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET. Los principales resultados indican que existen marcadas asimetrías institucionales y disciplinares; que las ciencias sociales están concentradas en las universidades, mientras que el CONICET favorece otras áreas; y que la UBA juega un papel fundamental para estas disciplinas debido a la marcada concentración de recursos para la investigación bajo su dependencia.

Palabras clave: Campo científico universitario; Capacidades de investigación; Ciencias sociales y humanidades

Analisaremos a distribuição dos recursos disponíveis para a pesquisa no caso particular das ciências sociais e das humanidades e descreveremos o lugar que estas disciplinas ocupam na estrutura do campo científico-universitário argentino. Focamos a nossa análise empírica nas duas instituições que historicamente sustentaram a pesquisa: o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Tecnológicas (CONICET) e as universidades nacionais. Para isso, construímos diversas bases de dados relativas aos institutos e aos pesquisadores que fazem parte das instituições mencionadas. Na primeira parte revisamos algumas diretrizes teóricas sobre as quais baseamos a nossa perspectiva e retomamos algumas medidas de política científica que modificaram a estrutura disciplinar do campo científico argentino a partir dos anos 50 até a atualidade. Depois analisamos a distribuição institucional, regional e disciplinar das research capacities e, finalmente, apresentamos uma comparação entre as duas âncoras predominantes destas disciplinas: a Universidade de Buenos Aires (UBA) e o CONICET. Os principais resultados indicam que existem marcadas assimetrias institucionais e disciplinares; que as ciências sociais estão concentradas nas universidades, enquanto o CONICET favorece outras áreas; e que a UBA desempenha um papel fundamental para estas disciplinas devido à evidente concentração de recursos para a pesquisa sob seu controle.

Palavras-chave: Campo científico universitário; Capacidades de pesquisa; Ciências sociais e humanidades

We propose to analyze the distribution of resources available for research in the particular case of the social sciences and humanities and describe the place that these disciplines occupy in the structure of the Argentine scientific-university field. We will center our analysis on the two institutions that have historically supported research: the National Council of Scientific and Technological Research (CONICET, due to its acronym in Spanish) and national universities. In order to do this, we have built several databases about the institutes and researchers that make up the abovementioned institutions. In the first part, we review some of the theoretical guidelines on which we base our perspective and look at some of the scientific policy measures that modified the disciplinary structure of the Argentine scientific field from the 1950s until now. We then analyze the institutional, regional and disciplinary distribution of research capacities, and present a comparison between the two central supports of these fields, the University of Buenos Aires (UBA, due to its initials in Spanish) and CONICET. The main results indicate that there are marked institutional and disciplinary asymmetries. The social sciences are concentrated in the universities, while CONICET favors other areas, and UBA has a fundamental role in these fields due to the marked concentration of resources for the research under its aegis.

Keywords: University scientific field; Research capacities; Social sciences and humanities

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Introducción

El presente trabajo forma parte de un conjunto de investigaciones desarrolladas en el marco del Programa sobre Dependencia Académica en América Latina (PIDAAL), que se orienta a la compresión del espacio científico-universitario latinoamericano, con especial referencia en el caso argentino a los vínculos entre investigación y docencia. El conjunto de indagaciones realizadas en el programa nos ha permitido afirmar que el desarrollo histórico-estructural del campo científico-universitario argentino fue configurando un espacio predominantemente público con una marcada heterogeneidad estructural (Beigel, 2015; Beigel, Gallardo y Bekerman, 2018). En este sentido, podemos decir que las transformaciones ocurridas en los últimos años -orientadas a la expansión de la autonomía académica, en términos de institucionalización, profesionalización, circulación internacional del conocimiento endógeno y desarrollo de una agenda propia de investigación- han profundizado, al mismo tiempo, ciertas asimetrías entre las instituciones académicas y desigualdades intra-nacionales, y se ha producido una segmentación progresiva en la distribución del prestigio internacional ente los científicos.

Beigel (2015) ha demostrado la existencia de culturas evaluativas opuestas en las instituciones principales que desarrollan la investigación en el país: una claramente internacionalizada en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y otra orientada a nivel nacional con mayor arraigo en las universidades nacionales. Asimismo, las publicaciones internacionales están desigualmente distribuidas y eso impacta también en la diferenciación entre los investigadores internacionalizados y los de arraigo nacional. Se agregan, además, diferencias en relación al circuito nacional de las publicaciones académicas donde la mayoría de las revistas locales son de ciencias sociales, casi la mitad de las revistas totales no están indexadas y se editan en papel, con lo cual son distribuidas en pequeños círculos (Beigel y Salatino, 2015). Los docentes-investigadores del Programa de Incentivos (PROINCE) con las categorías más altas (I y II) se concentran en cuatro de las universidades más antiguas y prestigiosas del país: la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad de Córdoba (UNC) y la Universidad de Rosario (UNR), que concentran el 46% del total de estas categorías. La UBA representa un caso particular porque tiene el 25% de los docentes categoría I de todo el país -la mayoría de ellos también son investigadores de CONICET con categorías altas- y su participación disminuye a medida que descienden jerárquicamente las categorías, llegando al 10% en las categorías IV y V, todo lo cual indica que “su alta participación en la categoría I no se explica porque es una universidad masiva que ocuparía gran parte de todas las categorías” (Beigel, 2016: 12). El papel dominante de la UBA en las categorías superiores se manifiesta también en la distribución de los investigadores del CONICET, entre los cuales el 21% tiene lugar de trabajo en la UBA. En las ciencias sociales ese porcentaje aumenta al 29%. Entre los investigadores que tienen cargo docente en una universidad nacional (73% del total), el 26% pertenece a la UBA.

Fortalecemos la argumentación si incluimos datos que muestran la concentración de la formación de grado y posgrado de los investigadores del CONICET en la UBA: el 30% del total se graduó y el 29% se doctoró en esa universidad; muy lejos siguen los que se doctoraron en la UNLP (5%) y en la UNC (3%). En el caso específico de las  ciencias sociales, el 32% del total de investigadores pertenecientes a estas disciplinas se doctoró en la UBA.  Los datos que analizaremos en este trabajo responden al objetivo de explorar el estado actual de la distribución (inst itucional, regional y disciplinar) de los recursos para la investigación científica en el caso particular de las ciencias sociales y las humanidades, tratando de dimensionar los resultados de la expansión operada durante la última década y de comprender el peso de las especificidades disciplinares en la configuración de la heterogeneidad estructural que el sistema científico- universitario argentino presenta. Nos preguntamos: ¿cómo fue la distribución de las capacidades de investigación resultante de la expansión en el caso de las ciencias sociales y humanidades (CSH)? ¿Cómo se manifiesta la bisagra entre el CONICET y las universidades en estas disciplinas? ¿Cuál es el ámbito institucional preponderante de las ciencias sociales y qué implicancias tiene en términos de estilos de producción, circulación de conocimientos y cultura evaluativa dominante en estas disciplinas?

Si bien existen vastas instituciones que desarrollan la investigación científica y la enseñanza en el país, este trabajo se centra en la bisagra entre las universidades (públicas) nacionales y el CONICET, ya que son los principales pilares de un sistema científico público dominante. Además, el objeto de análisis se restringe a la investigación científica, y no a todo el campo académico, por lo cual ponemos nuestro foco en los docentes universitarios que están incluidos en el Programa de Incentivos, es decir: que realizan investigación y en los investigadores del CONICET, excluyendo de nuestro análisis a los docentes que no detentan una categoría de investigación y a los becarios del CONICET. Para el análisis empírico hemos construido diversas bases de datos con información primaria en el marco del PIDAAL. Para el caso de los espacios institucionales dedicados a la investigación se sistematizaron todos los institutos de investigación pertenecientes de forma exclusiva a las universidades nacionales o de doble dependencia con el CONICET; a estos institutos sumamos las Unidades Ejecutoras y Unidades Asociadas que forman parte del sistema del CONICET. Hemos denominado estos espacios con el término genérico “institutos”, alcanzando un total de 1050 al finalizar la base en diciembre de 2014. Para reconstruir la cantidad, distribución y características de los recursos humanos dedicados a la investigación, hemos considerado dos vías de acceso: una base de datos construida a partir de información del sistema SIGEVA-CONICET, con datos de los investigadores en sus diversas categorías, y la sistematización de la información disponible en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) sobre el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores (PROINCE), actualizada a diciembre de 2012.

En la primera parte del trabajo, revisamos algunos lineamientos teóricos sobre los cuales fundamos nuestra perspectiva y que resultan útiles para comprender el desarrollo de la función de investigación en el campo científico argentino. Incluimos un breve recorrido por las políticas científicas desde la década del 50 hasta la actualidad y nos detenemos en el desarrollo de la investigación en el caso específico de las ciencias sociales y las humanidades. En la segunda parte describimos la distribución institucional, regional y disciplinar de las capacidades de investigación en el espacio conformado por las universidades y el CONICET, y luego nos centramos en la estructura de distribución actual de las ciencias sociales y humanidades en términos de investigadores e institutos, intentando explicar las asimetrías institucionales existentes y la bisagra entre el CONICET y las universidades en este caso disciplinar. Finalmente esbozamos un análisis comparativo entre los anclajes predominantes de estas disciplinas en términos de investigación: el CONICET y la UBA.

1. Las políticas para la investigación en el campo científico-universitario argentino y el itinerario de las ciencias sociales: un breve recorrido

Tal como mencionamos, la investigación científica en Argentina se ha sostenido históricamente por las universidades nacionales y el CONICET. Estos espacios pueden ser analizados diacrónicamente, considerando su estructura como resultado histórico de procesos regionales y locales, así como de las políticas científicas que van delineando su funcionamiento, y sincrónicamente, teniendo en cuenta las relaciones entre los principales institutos que lo conforman y entre los agentes y las disciplinas científicas que lo dinamizan. Podríamos pensar al espacio conformado por estas dos instituciones como un campo científico-universitario y esto nos sería útil para comprender su conformación histórica y su dinámica de funcionamiento actual, sobre todo en lo que concierne a nuestro principal interés vinculado al lugar que ocupan las ciencias sociales y las humanidades.

Partimos de la perspectiva de Pierre Bourdieu (2003) quien define el campo científico como un microcosmos (espacio de posiciones y luchas entre los agentes que ocupan esas posiciones) dentro del espacio social o nacional que tiene sus propias reglas, diferentes a las de otros campos. La característica diferencial del campo científico es que en él el enjeu -interés, illusio- es intrínsecamente doble: es a la vez intelectual (vinculado al prestigio y basado en el reconocimiento de los pares) y político (poder institucional ligado a las posiciones en instituciones científicas). Esta diferenciación que hace el autor no se expresa de igual forma en nuestro campo nacional donde el capital simbólico más puramente académico o científico (distinciones, premios, traducción a otros idiomas, citación, invitación a coloquios internacionales) se fue construyendo de manera simultánea al proceso de institucionalización (creación de escuelas, institutos y asociaciones profesionales), lo cual implicó que “el prestigio institucionalmente reconocido se convirtiera en el capital simbólico más importante en juego” (Beigel, 2010: 16). En definitiva, creemos que, en campos como el nuestro, la vía a través de la cual se acumula capital científico y capital de poder institucional es la misma, y ambas propiedades responden a una misma lógica. Aclarada esta especificidad del espacio argentino, podemos asumir que su estructura se explica analíticamente a través de relaciones entre posiciones y que existen condiciones “objetivas” que pesan sobre las estrategias y representaciones de las instituciones, de los grupos disciplinares y de los agentes. Esta perspectiva nos remite indefectiblemente al concepto de “autonomía relativa” planteado por Bourdieu, quien sostiene que “el sistema de fuerzas que constituye la estructura del campo (tensión) es relativamente independiente de las fuerzas que se ejercen sobre el campo (presión). Dispone (...) de la ‘libertad’ necesaria para desarrollar su propia necesidad, su propia lógica, su propio nómos” (2003: 87).

En trabajos previos (Bekerman, 2012, 2016 y 2018) hemos dado cuenta de esta autonomía relativa, analizando las políticas científicas en distintos momentos históricos (desde 1950 hasta la actualidad) y el impacto de las decisiones que los grupos dominantes fueron tomando en el CONICET y en las universidades. Nuestro análisis sobre los hechos ocurridos en el CONICET durante la última dictadura militar constituye un ejemplo paradójico de una dinámica de doble sentido: por un lado, se vio fuertemente arrebatada la autonomía institucional más elemental, dada por la intervención directa del poder político, pero al mismo tiempo fue posible un espacio dinámico donde los agentes competían por el capital (científico e institucional) y cuyo resultado fue una distribución desigual de esos capitales -que dejó afuera a algunos agentes-, permitiendo a los grupos dominantes profundizar sus posiciones y tomar decisiones de política científica. Para un sector (vinculado sobre todo a las ciencias naturales y biológicas) fue posible sostener capitales más puramente científicos y de poder institucional como sustento de sus apuestas y sus luchas. Sin embargo, para otro sector (como fue el caso de las ciencias sociales) estas reglas científicas fueron alteradas y en su lugar se impusieron unas nuevas vinculadas a nuevos capitales y, en definitiva, a una lógica de funcionamiento externa, impuesta por la intervención militar. Estas constataciones empíricas, nos permitieron advertir la existencia de una importante “elasticidad” del desarrollo científico; es decir, pudimos constatar la coexistencia de fuerzas exógenas y endógenas que actuaron con mayor o menor fuerza en el campo, produciendo en algunos casos, una marcada expansión y reestructuración de ese espacio.

La incorporación de la función de investigación en las universidades latinoamericanas fue tardía. La bibliografía disponible coincide en sostener que desde sus orígenes estas instituciones, y como correlato la universidad argentina, han tenido una marcada orientación profesionalista (Gordon, 2013; Vasen, 2012; Prego, 2010; Buchbinder, 2005; Escotet et al., 2010). Recién en la década del 50 comienza a incorporarse, de manera aislada, la investigación en las universidades. Precisamente en este periodo las universidades nacionales iniciaron una fase de modernización y profesionalización, la cual se expresó en un importante aumento de puestos de tiempo completo (full-time) y en el crecimiento de la matrícula en nuevas carreras como la de educación y las ciencias sociales. Luego, a comienzos de la década de los 70, surgieron institutos y centros que trataron de implantar una mayor estructuración para la investigación, junto con la cooperación de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales y diversas fundaciones que facilitaron, mediante becas y programas de formación, una gran movilidad del personal científico y de conocimientos en toda Latinoamérica. Por su lado, los espacios extrauniversitarios comenzaron a configurarse como un complejo científico tecnológico también a partir de la década del 50, con la creación de una vasta cantidad de instituciones estratégicas para el área de ciencia y técnica (INTA, INTI, CNEA). El principal hito del proceso de institucionalización de la investigación científica por fuera de las universidades fue la creación del CONICET en 1958, cuyos mecanismos de promoción de la investigación científica fueron el sistema de subsidios, el programa de becas, la creación de la carrera del investigador científico y tecnológico, y del personal de apoyo a la investigación.

Las ciencias sociales argentinas tuvieron sus inicios a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando se crearon las primeras cátedras de sociología o ciencia social. Sin embargo, el proceso pleno de institucionalización ocurrió durante las décadas de 1950-1960 cuando verdaderamente se reconocieron como áreas de conocimiento dignas de ser incluidas en el sistema académico (De Sierra et al., 2007), y a partir de allí estas disciplinas se fueron fortaleciendo tanto en sus funciones de docencia como de investigación. En 1947 se fundó el Instituto de Sociología de la UBA; luego se crearon la Revista de Sociología y la carrera de sociología. En 1958 se inauguró la carrera de antropología y en 1968 la de ciencia política. Dos centros privados de investigación cumplieron un rol central en el proceso de institucionalización: el Instituto de Desarrollo Económico, creado en 1958, y el Centro de Sociología Comparada, fundado en 1963. Estos centros estaban asociados a dos revistas: Desarrollo económico (1958) y Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (1965). También tuvieron importancia para la legitimación de las ciencias sociales argentinas dos editoriales: Paidós y Eudeba. La creación del CONICET propició la institucionalización de la actividad de investigación y, si bien las áreas sociales no fueron prioritarias en ese momento, sí recibieron el impulso que les brindó un organismo dedicado exclusivamente a la investigación.

De acuerdo con Beigel (2010 y 2013), durante estas décadas surgieron dos tipos diferentes de capital académico que aún actúan en el campo científico. El primer tipo era un prestigio institucionalmente reconocido, más extendido en las universidades provinciales y relativamente dependiente del poder universitario. El segundo tipo, prestigio de reconocimiento internacional, prevaleció principalmente en el CONICET y en las universidades nacionales más grandes y antiguas, como la UBA, la UNC y la UNLP. Era una forma de lo que Bourdieu llamaba “capital científico”, pero con una particularidad: el hecho de que su valor local se volviera cada vez más dependiente de las normas internacionales determinadas por el sistema editorial. Algo que se ha ido profundizando y que prevalece con fuerza hasta la actualidad.

El golpe de Estado de 1966 fue devastador para el proyecto universitario modernizante, para la actividad científica en general y para las ciencias sociales en particular. En las universidades, luego del desalojo violento de estudiantes y profesores y de la fuerte represión conocida como “La noche de los bastones largos”, “alrededor de trescientos investigadores y docentes optaron por el exilio y se incorporaron a universidades e institutos de investigación del exterior” (Buchbinder, 2005: 190). En el CONICET el directorio sostuvo que su tarea era eminentemente técnica y en virtud de ellos los directores no debían presentar sus renuncias; el acta de la reunión señalaba que “este grupo de científicos trabaja independientemente de toda consideración política” (citado en Hurtado, 2010: 127-128). Ese mismo directorio aceptó una resolución de los servicios de seguridad por la cual, antes de considerar los antecedentes de un candidato a ingresar a la carrera del investigador, su nombre debía ser sometido a investigación por los servicios de seguridad.

El breve interregno democrático (1973-1974) estuvo caracterizado por huelgas, disturbios, movilización estudiantil y politización de los ámbitos académicos y científicos. En ese contexto, se decretó la intervención de las universidades nacionales y del CONICET. Para las primeras significó la instauración de una nueva política que suprimía las trabas al acceso, simbolizada en el examen de ingreso, e intentaba establecer una «universidad nacional y popular». Para el CONICET se inauguró una modalidad de intromisión directa del poder político, que suprimió el directorio y designó un interventor. A mediados de 1974, como corolario de la muerte de Perón y en medio de un contexto de agudización de la conflictividad política y social, se produjo un giro fundamental en el gobierno nacional que para el ámbito científico-académico se vio cristalizado en la designación de Oscar Ivanissevich como ministro de Educación. La denominada “misión Ivanissevich” y el simultáneo accionar de la Triple A significaron la antesala de la intervención y represión militar que desembocó en la dictadura más cruenta de la historia argentina

Durante el periodo de la última dictadura militar (1976-1983), la investigación científica en las universidades se vio gravemente reducida y concentrada en el CONICET, donde se crearon más de cien institutos de investigación bajo su control. Como resultado, hubo una profunda ruptura entre las dos instituciones, lo que se tradujo en una escisión entre investigación y docencia, y este aspecto trascendió los límites temporales de la dictadura, convirtiéndose en una característica estructural del sistema científico y universitario argentino (Bekerman, 2012 y 2013). En las universidades se cerraron institutos y carreras, se disminuyó el presupuesto, se implementaron medidas para disminuir las dimensiones del sistema, tales como los cupos por carrera y por universidad o el arancelamiento de los servicios educativos.  La dictadura se ensañó contra las ciencias sociales en general, identificadas por el régimen con la penetración ideológica subversiva en la universidad (Vessuri, 1992). En Mar del Plata, Salta y Rosario se cerraron las carreras de antropología. En Buenos Aires, La Plata y Misiones lograron sobrevivir, aunque limitadas en los contenidos y por la política de cupos universitarios. Estos hechos favorecieron el despliegue de los centros académicos independientes (CAI) que, sobre todo en estas áreas disciplinares, fueron exitosos como modo de preservación y desarrollo del nivel científico, llegando a ser la “última llama de investigación independiente” (Vessuri, 1992: 357). Los CAI tuvieron una “mentalidad de catacumbas”, que incluía un perfil bajo, poca difusión de sus trabajos y temáticas recortadas. A pesar de que la visibilidad de los CAI fue reducida, su producción escrita es más conocida regional e internacionalmente y su volumen supera con mucho la producción realizada durante el periodo en las universidades. Entre esos espacios se cuentan el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), el CISEA (Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración), el CENEP (Centro de estudios de población) y el EURAL (Instituto de investigaciones europeo-latinoamericano). Se destaca, además, el CEAL (Centro Editor de América Latina), donde gran parte de los científicos sociales pudieron publicar los resultados de sus investigaciones.

En el CONICET la dictadura inició un periodo contradictorio caracterizado por el disciplinamiento y, simultáneamente, por el crecimiento y la expansión. Se crearon nuevos institutos, aumentó el número de investigadores y becarios, y se establecieron centros regionales de investigación en las provincias del interior del país. Los institutos e investigadores dependientes exclusivamente del CONICET, que no mantenían vínculo institucional con las universidades nacionales, concentraron el financiamiento, las becas y los ingresos a carrera de investigación, para lo cual se creó un sistema dual de comisiones asesoras que los favorecían. Las ciencias sociales mantuvieron una posición marginal en el proceso de expansión: entre 1974 y 1983, la distribución según áreas disciplinares de los institutos de investigación pertenecientes al CONICET no había cambiado para el caso de las ciencias sociales, que mantuvieron una proporción del 13% entre un año y otro. Para el resto de las disciplinas hubo reacomodamientos: las ciencias exactas y naturales pasaron del 56% al 46%, las ciencias médicas crecieron del 20% al 24%, y las tecnologías e ingenierías pasaron del 11% al 16% (Oszlak, 1976; Bekerman, 2013). Lo característico de las ciencias sociales en el CONICET durante la dictadura fue que representaron la versión más pura de una lógica de funcionamiento exógena impuesta en el campo científico: los directores designados por la intervención militar detentaban el menor prestigio científico en relación al conjunto y no poseían capital de poder institucional; muchos de ellos fueron cuestionados por malversación de fondos públicos a través de fundaciones privadas que administraban institutos del CONICET y procesados durante el reinicio de la democracia. Los institutos pertenecientes a estas disciplinas que fueron creados generalmente dependían del CONICET o estaban en convenio con fundaciones privadas.1  Sin embargo, para otras disciplinas (como las ciencias biológicas y naturales) la autonomía académica y la illusio científica funcionaron para reforzar posiciones dominantes en el campo. En definitiva, no encontramos durante este periodo una dominación absoluta de una regla, sino una coexistencia de por lo menos dos principios de jerarquización (exógeno y endógeno) que representaban poderes complementarios en la mayoría de los institutos.

Desde 1983, con la restauración de la democracia, hubo un intento de revertir esta tendencia en un contexto en el cual los ámbitos científicos, culturales y educativos ocuparon un lugar central en la retórica y las medidas que el nuevo gobierno impulsó. La prioridad estuvo puesta en la necesidad de normalizar y ordenar la vida institucional en un momento de fuertes restricciones presupuestarias, lo cual significó que los recursos para ciencia y tecnología permanecieran congelados durante el periodo. En el CONICET se tomaron medidas que cambiaron el rumbo de la institución, como la derogación de las disposiciones que establecían controles ideológicos a través de exigencias informativas de “seguridad” para el ingreso a carrera, la supresión del carácter secreto de los dictámenes, la modificación en el otorgamiento de los subsidios que comenzaron a destinarse a grupos de investigación y no a directores, la convocatoria pública a proyectos de investigación, la unificación de las comisiones asesoras para la evaluación y el otorgamiento de subsidios, entre otras (Bekerman, 2016). Entre las medidas más importantes orientadas al restablecimiento del vínculo entre el Consejo y las universidades nacionales, se encuentra el lanzamiento de proyectos de investigación (PID y PIA) que incluían explícitamente a los investigadores universitarios mediante un concurso abierto en el que la pertenencia o no al CONICET no formaba parte de los criterios de evaluación. Además, el lanzamiento de tres programas: el Sistema de Apoyo a los Investigadores Universitarios (SAPIU), el Programa de Apoyo a Núcleos Universitarios de Investigación (PROANUI) y los Laboratorios Nacionales de Investigación y Servicios (LANAIS), cuyo objetivo era facilitar la compra de equipamiento científico de alto costo para ser ubicado en las instituciones de educación superior.

En las universidades se restableció la autonomía, se designaron rectores normalizadores, se restituyó el ingreso directo, se revisaron los concursos efectuados durante la dictadura, se reabrieron carreras que habían sido cerradas en la etapa precedente, se reformaron planes de estudio y se modificaron los lineamientos de los concursos docentes y de los estudios de postgrado, entre otros aspectos significativos. Hubo, además, un crecimiento de los institutos de investigación e incorporación de docentes vinculados principalmente a las ciencias sociales y humanidades y a las agrarias, mientras que en el CONICET se frenó la creación institucional. Si bien fue una etapa de recomposición de la investigación, la docencia continuó siendo la actividad dominante en las universidades hasta los años noventa (Leal, Robin y Maidana, 2012). En términos de orientaciones de las ciencias sociales, la restauración democrática tuvo el efecto de incorporar a los teóricos “de izquierda”, aunque la visión marxista de las ciencias sociales no llegó a ser hegemónica y ni siquiera a compensar la fuerza de otras tendencias (Lértora Mendoza, 2006). A las disputas ideológicas se sumó el conflicto entre los cesanteados y exiliados que se formaron en el exterior y los profesores que se quedaron en el país con restringidas posibilidades de formación y publicación. Según Beigel (2016) esta confrontación se resignificó en las nuevas generaciones a través de la oposición entre los profesores con trayectoria básicamente docente frente a los investigadores de CONICET con antecedentes principalmente de investigación. Estos últimos son vistos por los primeros como candidatos “externos” que compiten en los concursos regulares- efectivos, mientras los “internos” llevan muchos años designados a través de contratos renovables. El enfrentamiento no atraviesa por igual a todas las instituciones y áreas científicas, sino especialmente a aquellas con menor desarrollo de la investigación.

A principios de la década del 90 las nuevas autoridades suprimieron el SAPIU, lo cual fue una clara expresión del fortalecimiento de los centros e institutos propios del CONICET. En 1993 se creó la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), agregando un nuevo actor en la mesa de decisiones de las políticas científicas, junto con la SECYT, el CONICET y las universidades. A mediados de los 90 se incorporaron reformas definidas por organismos internacionales de crédito y con ello se creó un conjunto de nuevos programas y estructuras institucionales que incorporaron mecanismos competitivos en el sistema científico y universitario e inauguraron el rol evaluador del Estado: entre ellos, un fondo que asignaba recursos para la mejora de la docencia por mecanismos competitivos (FOMEC) y la Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Además, se promulgó la Ley de Educación Superior y el Programa de Reforma de la Educación Superior y se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). La SPU impulsó el PROINCE, cuyo objetivo era aumentar la investigación en las universidades públicas por medio de la asignación de un plus salarial a los docentes que acreditaran la realización de investigaciones, previo proceso de evaluación curricular a través del cual se les asignaba una categoría de investigación. Su aplicación mostró las debilidades de la práctica de la investigación llevada a cabo en las universidades y la porción mínima de profesores con títulos de posgrado, con publicaciones científicas; al mismo tiempo favoreció la diferenciación salarial entre los docentes y la segmentación en el mercado académico (Chiroleu et al., 2011; Gordon, 2013). En términos generales, en las universidades crecieron los institutos y la incorporación de docentes e investigadores, mientras que en el CONICET se avanzaba hacia un periodo de crisis institucional y congelamiento de los ingresos a carrera del investigador. Los vínculos entre ambas instituciones durante este periodo se restringieron a los instrumentos tradicionales de promoción en el Consejo: institutos, carrera del investigador y del personal de apoyo a la investigación y programa de becas. (Oregioni y Sarthou, 2013). En el ámbito específico de las ciencias sociales se produjo un pasaje desde el cientista social comprometido y con un rol político hacia el científico-técnico instrumentalista, con altas posibilidades de aplicabilidad empírica inmediata y directa: “(...) en los 60-70 son los imperativos revolucionarios y de formación de los estados nacionales los que marcan el pulso de la producción de las ciencias sociales; en los 80-90, las exigencias democratizadoras y modernizadoras vía reformas estructurales de corte neoliberal” (Castellanos, 2008: 14).

Desde principios de los 2000, luego de un periodo de desconcierto y crisis social y económica, comenzó una reestructuración del espacio científico-universitario caracterizada por la expansión, el crecimiento presupuestario y los intentos por restablecer los vínculos entre el CONICET y las universidades. El área de ciencia y tecnología pasó a ocupar un lugar destacado en la política pública, lo cual quedó reflejado en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) en 2007 y la multiplicación de institutos de investigación, becas de doctorado y puestos full-time. Se crearon 22 nuevas universidades públicas y nuevos centros regionales en el CONICET. Entre 2003 y 2015 los investigadores del Consejo se triplicaron de 3500 a 8900, las becas crecieron de 2351 a 8886 y el personal técnico y administrativo aumentó en un 38% (MINCYT, 2015; CONICET, 2014).

Un aspecto fundamental del crecimiento del sector fue el incremento del gasto destinado a ciencia y tecnología que pasó de 2194 millones de pesos en 2004 a 5745 millones en 2013 (MINCYT, 2015). 2 Sin embargo, vale la pena aclarar que la composición de ese gasto según sector de ejecución indica que el 75% se canalizó a través del sector estatal, mientras que el sector privado fue insignificante. Además, su evolución entre 2009 y 2013 muestra un incremento en la participación porcentual en este gasto de los organismos públicos, donde está incluido el CONICET (pasando del 46% al 48% entre un año y otro), mientras que las universidades nacionales disminuyeron (del 27% al 26%). Algunos autores habían advertido un proceso de desinversión del gasto destinado específicamente a la investigación en las universidades nacionales iniciado en los 90 (Mosto, 2011; Lugones et al., 2010). Si bien existen fuertes limitaciones en la información publicada por diversas instituciones para reconstruir el dato de la inversión en investigación en las universidades, la bibliografía disponible, al igual que nuestros trabajos previos, nos permiten afirmar que el crédito que las universidades reciben desde la Función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional, junto con los recursos provenientes del Programa de Incentivos, representan el grueso de los fondos recibidos exclusivamente para las actividades científicas y tecnológicas del presupuesto público y que no pueden utilizar para otros gastos. El resto de los recursos (propios; directos, provenientes de subsidios o convocatorias que obtienen los investigadores o las instituciones de la Agencia u otros organismos; o indirectos, originados en el plus salarial al acoger a investigadores del CONICET) son inestables y no existe un registro sistematizado de todo el sistema universitario (Escotet et al., 2010). La evolución de la Función Ciencia y Técnica entre 1993 y 2009 muestra que el CONICET tuvo durante todo el periodo una participación superior a la de las universidades: el primero incrementó su participación un 446%, mientras que las segundas lo hicieron en un 378%. El PROINCE tuvo un incremento de docentes categorizados, de 16.662 en 2003 a 24.014 en 2012, aunque este hecho no estuvo acompañado de una actualización salarial.

Podríamos decir, entonces, que el espacio privilegiado por la política pública de la última década para fomentar la investigación científica ha sido el CONICET, lo cual se ha manifestado en el incremento presupuestario y en la incorporación de recursos humanos, mientras que los recursos para investigación destinados a las universidades se han estancado, reservando a estas instituciones las tareas docentes, salvo contadas excepciones de universidades antiguas y prestigiosas que han desarrollado una carrera de investigación en sus propios centros o institutos.

2. La estructura del campo científico: asimetrías disciplinares e institucionales

Al momento de nuestro trabajo de campo (2014), el CONICET contaba con una estructura de red institucional conformada por 218 Unidades Ejecutoras, 22 Unidades Asociadas y 14 Centros Científicos y Tecnológicos (CONICET, 2014). Las universidades nacionales de gestión estatal sumaban 52, entre las cuales existen diversas modalidades de promoción de la investigación. La mayoría de ellas tiene una secretaría de ciencia y técnica que depende del rectorado y, con algunas diferencias y la existencia de programas específicos en cada universidad, el “modelo estándar” contiene los mismos elementos de promoción de la investigación: subsidios, becas y el PROINCE, que tiene mayor relevancia cuanto más débil es la política de investigación de la universidad (Vasen, 2013).

El análisis empírico que presentamos se sostiene en tres matrices de datos, tal como mencionamos al inicio. Una, conformada por institutos de investigación pertenecientes a las universidades nacionales y al CONICET, a diciembre de 2014. Otra, con información sobre los investigadores del CONICET construida sobre la base SIGEVA, a junio de 2014. Y finalmente una matriz construida con información disponible en el anuario de la SPU sobre los docentes que están categorizados en el PROINCE, a diciembre de 2012 (último dato disponible). Hubiésemos querido compatibilizar las últimas dos bases de datos para obtener el número real de personas que desarrollan investigación en las dos instituciones que estudiamos; sin embargo, fue imposible debido al desfasaje temporal de ambas bases de datos. De manera que decidimos trabajar en forma separada estas tres matrices: institutos, investigadores del CONICET en sus diversas categorías (entre los cuales estarán incluidos los que forman parte del PROINCE también) y docentes-investigadores de las universidades (incluidos aquí los que pertenecen también al CONICET). Este análisis nos brindará un panorama más completo de la cantidad y distribución de los recursos institucionales y humanos disponibles para la investigación en el espacio científico-universitario argentino.

La distribución de los institutos de investigación incluidos en nuestra base de datos indica que el 77% de ellos depende exclusivamente de una universidad nacional, mientras que el restante 23% corresponde al sistema del CONICET, tanto en forma exclusiva como de doble dependencia con una universidad nacional u otros organismos públicos de ciencia, universidades privadas, asociaciones y demás. Para analizar la distribución regional de las capacidades de investigación, hemos considerado una clasificación elaborada en el marco del PIDAAL, que divide para todo el país ocho regiones académicas, considerando indicadores demográficos y académicos que dan homogeneidad relativa a cada espacio (ver Tabla 1). Cada una de estas regiones cuenta con al menos una universidad creada antes de 1960, que funciona como una especie de nodo regional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es claro el papel dominante de la UBA que concentra prácticamente un tercio de las capacidades nacionales de investigación. Las cuatro regiones que siguen en importancia son Gran Buenos Aires, Centro-Oeste, Centro-Este y Bonaerense, respectivamente. Cada una tiene una tradición de investigación pertinente, aunque la contribución de los graduados de posgrado y doctorado es menor. Norte-Oeste y Nordeste contribuyen muy escasamente a los nuevos graduados y doctorados, a pesar de tener universidades con más de 50 años de existencia y una cantidad apreciable de profesores pertenecientes al PROINCE. Sur se revela como la región más extensa con menor cantidad y densidad poblacional en Argentina y tiene nuevas, pero todavía pocas, instituciones de educación superior, aunque se ha beneficiado de las políticas de federalización en CONICET, reclutando más investigadores nuevos que el Noroeste y el Noreste juntos (Beigel, Gallardo y Bekerman, 2018).

Tabla 1. Indicadores de población y educación por regiones académicas

Las asimetrías intra-nacionales son visibles en la distribución de los institutos de investigación. El Gráfico 1 refleja la concentración que el sistema del CONICET tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (31% de sus institutos funcionan en esta región), lo cual incluye los institutos dependientes de forma exclusiva o en convenio con instituciones públicas o privadas, así como aquellos de doble dependencia CONICET-UBA. En el subsistema universitario, el 26% de los institutos tiene su sede en el Gran Buenos Aires (donde funciona la Universidad Nacional de La Plata - UNLP) y el 23% en la región Centro-Oeste (que incluye a la Universidad Nacional de Córdoba - UNC). De manera que, nuevamente, las universidades más grandes y antiguas y la región metropolitana, que históricamente han concentrado los recursos, son las que centralizan las estructuras institucionales disponibles para el desarrollo de la investigación científica.

Gráfico 1. Institutos universitarios/CONICET según distribución geográfica (2014, n=1050)

Si analizamos la distribución de los institutos y de los investigadores del CONICET según las áreas de conocimiento (Gráfico 2), observamos las siguientes tendencias. En el caso de las ciencias biológicas y de la salud (CBS), más de la mitad de los institutos de investigación (53%) pertenece exclusivamente a una universidad nacional; sin embargo, el 76% de los investigadores de estas disciplinas tiene como lugar de trabajo un instituto que depende del CONICET (aunque aquí están incluidos aquellos de doble dependencia CONICET/universidad nacional). Las ciencias exactas y naturales (CEN) reflejan una tendencia similar: una proporción muy elevada de investigadores con lugar de trabajo en un instituto del CONICET, aunque en este caso la distribución de los institutos es más equitativa: 46% depende exclusivamente de una universidad y 54% forma parte del sistema del CONICET. Las ciencias agrarias, ingenierías y de materiales (CAIM) presentan una proporción muy elevada de institutos de investigación pertenecientes al sistema universitario y, contrariamente, una proporción elevada de investigadores de CONICET que desarrollan sus actividades en institutos dependientes de ese organismo. El caso que atrae nuestro mayor interés es el de las ciencias sociales y las humanidades, cuya distribución es bien llamativa: el 91% de los institutos de nuestra base de datos depende exclusivamente de una universidad nacional y el 65% de los investigadores del CONICET desarrolla sus actividades en uno de ellos. La proporción de institutos e investigadores en el sistema del CONICET es bastante menor en relación al resto de las disciplinas. Considerando que tanto el CONICET como las universidades nacionales tienen jurisdicción nacional, podríamos concluir que el Consejo tiene menor estructura institucional pero mayor dotación de investigadores y que, inversamente, las universidades disponen de mayor cantidad de institutos, pero con menor dotación de investigadores del CONICET.

Gráfico 2. Institutos universitarios/CONICET e investigadores CONICET  

Resulta claro, además, que las ciencias biológicas y de la salud, así como las ciencias exactas y naturales, tienen mayor arraigo institucional en el CONICET y esto ha sido así históricamente; mientras que las ciencias sociales y humanidades, así como las agrarias, han tenido mayor arraigo y desarrollo en las universidades nacionales. Estas tendencias se profundizaron durante la última dictadura militar; de hecho, la evolución de la creación institucional, desde 1970 hasta la actualidad, indica que hasta 1976 los institutos universitarios superaban en cantidad a los del CONICET y tenían una marcada preponderancia de aquellos dedicados a las CSH y las CAIM. Esta tendencia se invirtió en el periodo de dictadura, cuando crecieron los institutos del CONICET, sobre todo los de CBS y CEN, impulsando una fuerte expansión en ese organismo que fue paralela a una marcada contracción en el caso de las universidades. A partir de 1984 se produjo una recuperación del sistema universitario reflejado -entre otras cosas- en la creación de nuevos institutos. En el caso del CONICET, los años 80 y 90 muestran cierto estancamiento en el crecimiento institucional hasta principios de los 2000, cuando se inició una expansión de ese organismo manifiesta no sólo en la creación de institutos, sino también en la incorporación de recursos humanos.  

CBS = ciencias biológicas y de la salud; CEN = ciencias exactas y naturales Veamos, ahora, cómo es la distribución al interior del sistema universitario. Entre el total de institutos que dependen de una universidad en forma exclusiva, dedicados a las CAIM, el 50% se concentra en tres universidades: UNLP (24%), UBA (13%) y UNC (13%); la otra mitad corresponde al resto de las universidades nacionales. Las CBS presentan mayor concentración en la UNC (39% de los institutos universitarios de nuestra base pertenecen a esta universidad), 21% son de la UNL y 5% de la UBA; el restante 39% se distribuye entre las universidades nacionales. En el caso de las CEN, la distribución es más equilibrada porque el 70% está repartido entre diversas universidades, exceptuando la UNC (16%), la UNLP (11%) y la UBA (3%). Para las CSH encontramos destacable el lugar de la UBA, que representa el 10% de los institutos de nuestra base, mientras que la UNC tiene el 6% y la UNLP el 4% de los institutos, restando un 80% que se divide entre otras universidades del país.

El caso de los investigadores de CONICET, muchos de los cuales pertenecen al PROINCE, con lugar de trabajo en un instituto universitario (Gráfico 3), presenta una distribución que muestra el peso de las tres universidades más antiguas y prestigiosas (UBA, UNLP y UNC) en todas las disciplinas, pero se destaca en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, donde la proporción de investigadores en institutos de la UBA alcanza el 46%, muy lejos de aquellos que trabajan en institutos pertenecientes a las UNLP (5%) o a la UNC (4%), y representan casi la misma proporción que los investigadores repartidos en el resto de las universidades del país. El caso opuesto está representado por las CAIM, cuyos investigadores con lugar de trabajo en institutos universitarios se distribuyen en un 67% entre varias universidades y las tres más grandes concentran en menor medida estos recursos. En las CBS también se destaca el lugar de la UBA, donde trabaja el 27% de los investigadores del CONICET, con lugar de trabajo en un instituto universitario, y en las CEN ocurre lo mismo con la UNLP (19% pertenece a esta universidad).

Gráfico 3. Investigadores del CONICET con lugar de trabajo en un instituto universitario exclusivo según universidad y disciplina (n=2278)

Los docentes-investigadores categorizados en el PROINCE, entre los cuales se encuentran también los investigadores del CONICET, se distribuyen desigualmente, concentrándose en las mismas tres universidades centrales del sistema académico argentino: el 14% pertenece a la UBA, el 11% a la UNLP y el 8% a la UNC; mientras que el 67% se reparte entre las 37 universidades restantes. La distribución disciplinar de estos docentes muestra una preeminencia de las ciencias naturales (30%) y de las sociales (22%), seguidas de las ingenierías/tecnologías con una proporción del 14%, luego de las humanidades con el 11%, las ciencias agrícolas (10%) y finalmente de las ciencias médicas, que alcanzan el 7% (existe un 5% de docentes sobre los cuales no hay datos disponibles). En todos los casos se destaca el rol de la UBA, sobre todo en las ciencias médicas. Para las ciencias sociales y humanidades el 14% de los docentes pertenece a la UBA, el 11% a la UNL y el 8% a la UNC; el resto de las universidades se reparte el 67% de los docentes incentivados en estas áreas.

La concentración de las capacidades de investigación en la UBA, la UNL y la UNC no se explica sólo por una superioridad numérica de estas universidades, sino que los datos que presentamos en este trabajo, así como en trabajos previos, nos permiten afirmar que cumplen un rol fundamental en la conformación y concentración de las élites académicas. La pertenencia a estas instituciones favorece la incorporación de saberes institucionales que se reproducen en el proceso de formación académica, diferenciando perfiles de producción, estilos de publicación y circuitos de consagración. Ya mencionamos que, para ciertas áreas disciplinares, estas universidades representan el anclaje institucional principal de los investigadores de CONICET, y veremos que estas mismas instituciones, sobre todo la UBA, concentran el grueso de los docentes-investigadores del PROINCE con las categorías superiores I y II (Gráfico 4). A medida que disminuyen jerárquicamente las categorías del PROINCE, disminuye también la proporción de docentes pertenecientes a la UBA, mientras que para el resto de las universidades la tendencia es totalmente opuesta. Si bien es cierto que la UBA -al igual que la UNLP y la UNC- tiene mayor trayectoria y por lo tanto sus docentes han tenido mayores posibilidades de acceder a las categorías superiores, también podríamos encontrar una alta proporción de docentes en las categorías inferiores, dado el peso numérico de estas universidades. Sin embargo, esto no es así y la UBA concentra el 25% de las categorías I y el 18% de las categorías II del total de docentes incentivados en el país.

Gráfico 4. Docentes-investigadores que perciben el incentivo según categoría de investigación y universidad (2012)

Beigel (2015 y 2016) ha profundizado sobre la conformación de las élites académicas en Argentina y sostiene que los saberes que generan estos grupos no son nunca exclusivamente de orden académico, conocimientos teóricos o aplicados, sino también un saber-hacer y un saber-ser. Esos saberes se cultivan en las instituciones que los forman y, para ser eficaces, siempre deben estar asociados a ciertos tipos de recursos sociales y políticos. En este sentido, la autora sostiene que:

“(...) un postulante proveniente de una universidad prestigiosa no tiene mejores posibilidades de ingresar al CONICET porque su título es, por ejemplo, de la UBA sino porque su paso por esa institución le dio un conjunto de saberes, una serie de redes y una particular habilidad para construir una carrera académica con un estilo de producción y un perfil internacionalizado, acorde a las expectativas reinantes en ese organismo. Puede decirse, entonces, que este “capital institucional” y los saberes que entraña constituyen un tipo particular de capital social” (Beigel, 2015: 11).

La distribución desigual de los recursos para la investigación entre instituciones y disciplinas es el resultado de la historia del campo científico-universitario argentino, en el cual fueron interviniendo diversos factores (formas de acumulación de capital cultural, objetivado e institucionalizado, circuitos de publicación, flujos de movilidad académica, financiamiento y redes de investigación colaborativa, entre otros) que se fueron articulando con el peso de la internacionalización en el proceso de construcción local del prestigio, asentándose con más fuerza en determinadas disciplinas científicas y en ciertas instituciones. Por una parte, el prestigio institucionalmente reconocido, resultante del peso del poder universitario y del capital militante, sobre todo dominante en las universidades del interior, y especialmente en las ciencias sociales y humanas. Por el otro, un prestigio internacionalmente reconocido, resultante del capital científico “puro”, una illusio fuertemente valorizada con el respaldo de un organismo autónomo como el CONICET, en el que siempre han dominado las ciencias exactas y naturales (Beigel, 2010 y 2013).

Estas dos formas de construcción del prestigio tienen su origen, en buena medida, en la escisión entre el CONICET y las universidades nacionales ocurrida durante la última dictadura, cuando, como mencionamos anteriormente, se fortalecieron los espacios extrauniversitarios y se acentuó un distanciamiento entre ambas instituciones (Bekerman, 2013).

2. Las ciencias sociales hacia adentro: distribución de institutos e investigadores

Al igual que para el resto de las disciplinas, en el caso de las ciencias sociales y las humanidades la evolución de la creación de institutos de investigación indica entre 1970 y 1983 una contracción del sistema universitario, debido al cierre de muchos institutos, mientras que en el ámbito del CONICET se produjo una expansión y descentralización institucional. A partir de 1984 comienza una recuperación universitaria que se expresó, entre otras cosas, en la creación de nuevos institutos sobre todo vinculados a estas disciplinas y, contrariamente, en el Consejo hubo un largo periodo de estancamiento hasta la etapa iniciada en 2006/2007. A partir de ese momento, ambos espacios institucionales experimentan un crecimiento con la creación de nuevos institutos y con la incorporación de recursos humanos.

Ya hemos mencionado una primera asimetría en la distribución disciplinar que mostraba la concentración de las ciencias sociales en el ámbito universitario. Del total de institutos dependientes exclusivamente de una universidad y dedicados a las CSH, el 16% pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, seguida por la de Cuyo y Tucumán con la misma proporción (11%), luego la Universidad Nacional de San Martín (10%) y en el cuarto lugar la UBA (9%); el resto de las universidades presentan proporciones menores. Esto no es suficiente para tener una idea acabada del lugar que esas universidades ocupan en términos de las capacidades de investigación, sino que tenemos que considerar la cantidad de investigadores que trabajan en esos institutos. Porque, por ejemplo, la UBA aparece en cuarto lugar en cantidad de institutos; sin embargo, sólo el Instituto Gino Germani cuenta con 203 investigadores, 248 becarios y 140 personal auxiliar o técnico; es decir, tiene una concentración muy elevada de recursos humanos (Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2014- 2015). Cuando analizamos la distribución de los investigadores del CONICET dedicados a las CSH con lugar de trabajo en una universidad (Gráfico 5), la UBA escala al primer lugar, concentrando el 38%, con una marcada diferencia respecto a otras universidades: 10% en la UNLP y 8% en la UNC; el resto de las universidades tienen un porcentaje igual o inferior al 5%. Habíamos mencionado que, entre los docentes-investigadores pertenecientes al PROINCE en el área de las CSH, el 14% pertenecía a la UBA, el 11% a la UNLP, el 8% a la UNC y el resto de las universidades  del país se repartían el 67% de estos investigadores. A su vez, entre los docentes del PROINCE con las categorías superiores (I y II) de CSH, el 40% pertenece a la UBA. De manera que las capacidades de investigación en CSH en el sector universitario están concentradas principalmente en esta universidad nacional.

Gráfico 5. Investigadores CONICET de CSH con lugar de trabajo en institutos universitarios de dependencia exclusiva y de doble dependencia CONICET/universidad,según universidad (2014, n=1319)

Nos interesa analizar cuáles son las disciplinas específicas que los institutos de CSH promueven, lo cual no fue una tarea fácil porque la mayoría de los grupos de investigación desarrollan proyectos y programas en los cuales convergen varias áreas disciplinares. Hemos asignado la categoría “interdisciplinario” para aquellos casos en los cuales nos resultó imposible identificar una disciplina específica o para los que explícitamente declaran realizar investigaciones desde esta perspectiva. La distribución disciplinar en ambas instituciones (CONICET y universidades) (Gráfico 6) indica que el 27% de los institutos de CSH realiza sus actividades de investigación de manera interdisciplinaria (o por lo menos multidisciplinaria), el 11% se dedica a la economía, el 10% a la literatura, el 9% a las ciencias de la educación o pedagogía y un porcentaje similar a las artes. El resto de las disciplinas tiene una proporción igual o inferior al 6%. En el caso del CONICET, predominan los institutos interdisciplinarios y las disciplinas más tradicionales: antropología, economía, filosofía, historia, geografía, literatura. En las universidades nacionales encontramos mayor cantidad de institutos que desarrollan disciplinas específicas, probablemente como consecuencia del sistema de cátedras que pudo haber favorecido una mayor diferenciación disciplinar, y al mismo tiempo encontramos mayor presencia de disciplinas menos convencionales como artes, comunicación, psicología, administración pública.

Gráfico 6. Institutos universitarios/CONICET de CSH según disciplinas específicas (2014, n=457)

La distribución regional de los recursos para la investigación en el caso de las CSH presenta asimetrías similares a las que describimos para la estructura general del campo científico. Las tres regiones que se destacan por la proporción de institutos e investigadores son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (donde la UBA concentra el 12% de los institutos universitarios/CONICET y el 46% de los investigadores del CONICET), Gran Buenos Aires (que incluye la UNLP, aglutina el 22% de los institutos y el 19% de los investigadores del CONICET) y Centro-Oeste (a la cual pertenece la UNC, tiene un 20% del total de institutos de nuestra base y un 13% del total de investigadores del CONICET).3 El resto de las regiones poseen proporciones bastantes menores tanto en relación a los recursos institucionales como a los humanos.

2.1. CONICET y UBA: ámbitos por excelencia para las capacidades de investigación en ciencias sociales

Si bien el CONICET tiene jurisdicción nacional y la UBA tiene una única sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos demostrado que ambos espacios, los institutos y recursos humanos de CSH disponibles en estas dos instituciones, constituyen unas estructuras que justifican su tratamiento por separado, como sistemas en sí mismos, y hacen sumamente interesante su comparación. Nuestro universo de análisis en este apartado está constituido, entonces, por los institutos de CSH existentes en el CONICET y en la UBA y por los investigadores de CSH del CONICET, cuya distribución (Gráfico 7) indica que el 49% de los institutos pertenece en forma exclusiva a la UBA y el 54% de los investigadores de nuestra base de datos trabaja en un instituto perteneciente a esa universidad (recordemos que habíamos dicho que casi el 14% de los docentes de CSH categorizados en el PROINCE pertenece a la UBA; entre ellos están incluidos tanto los investigadores del CONICET como los que no pertenecen a este organismo). La comparación resulta valiosa en términos relativos porque nos permite decir que, si bien la UBA y el CONICET disponen de una proporción cercana de institutos, la UBA concentra más de la mitad de los recursos humanos (sigue siendo mayor la proporción de investigadores en la UBA, aun si agregamos al CONICET el 6% de los que desarrollan sus tareas en institutos de doble dependencia).

Gráfico 7. Institutos UBA/CONICET e investigadores CONICET de CSH según pertenencia institucional (2014)

La evolución de la creación de institutos de CSH en ambas instituciones (Gráfico 8) refleja claramente el desarrollo histórico particular del campo científico argentino, que hemos mencionado para el resto de las disciplinas. La política de creación de institutos en el CONICET comenzó hacia 1970 muy tímidamente y durante el periodo de dictadura se profundizó, mientras que la UBA ya tenía una tradición anclada en la creación de los primeros institutos de investigación en el país -que tuvieron su asiento, precisamente, en las universidades nacionales- y la etapa militar significó una fuerte contracción. Para ambas instituciones, el periodo de expansión que se inicia en 2003 fue fructífero porque las incluyó en términos de creación de institutos e incorporación de recursos humanos. De manera que, encontramos marcadas diferencias en dos etapas: una, entre 1970 y 1983, cuando el CONICET se expandió, mientras que la UBA sufrió una fuerte desinstitucionalización, sobre todo en el caso de las CSH; y otra, entre 1984 y 1989, donde la tendencia fue absolutamente inversa, representando para la UBA un periodo de crecimiento y para el CONICET lo contrario.

Gráfico 8. Institutos UBA/CONICET de CSH según periodo de creación (1950-2014, n=62) CONICET (CSH)

Respecto de la distribución regional de los institutos de CSH del CONICET y la UBA, el 69% está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (40/82 son exclusivos de la UBA y 17/82 pertenecen al CONICET o son de doble dependencia). La distribución según áreas de estos institutos (Gráfico 9) advierte, nuevamente, que en el CONICET existe menor diferenciación disciplinar que en la UBA. De hecho, predominan los institutos multidisciplinarios y algunas disciplinas como antropología, derecho, demografía, literatura, sociología, mientras que la UBA concentra los institutos de administración pública, psicología, economía, ciencias de la educación/pedagogía, arqueología, y en menor medida tiene institutos multidisciplinarios. Los de doble dependencia se dedican principalmente a la historia o la economía.

Gráfico 9. Institutos de CSH de UBA y CONICET según distribución disciplinar (2014, n=81)

Comentarios finales

El espacio conformado por las universidades nacionales y el CONICET ha sido considerado analíticamente como un campo científico-universitario, en el cual podemos identificar -en términos de Bourdieu- algunas invariantes presentes en cualquier campo: es un espacio estructurado de posiciones y de luchas entre los diferentes grupos de agentes disciplinares e institucionales que ocupan esas posiciones; estas luchas tienen por objeto la apropiación de un capital científico (de poder institucional y de prestigio) que está desigualmente distribuido como resultado de una relación de fuerzas histórica entre los agentes en el campo; si bien las luchas que en él se desarrollan tienen una lógica interna, existen luchas externas al campo que pesan fuertemente sobre el efecto de las relaciones de fuerza internas. En trabajos previos hemos profundizado en el desarrollo de las políticas científicas y las luchas entre grupos de poder al interior del campo científico, identificando momentos de reestructuración en los cuales algunos grupos disciplinares lograron posiciones dominantes en el CONICET y en las universidades, y en cómo esta estructura fue cambiando como resultado de dinámicas externas e internas. En este trabajo nos propusimos como objetivo principal analizar el resultado de esas luchas, que es, precisamente, la estructura actual de distribución de las research capacities entre disciplinas e instituciones.

El análisis diacrónico de las políticas científicas y la creación de institutos nos permitió identificar algunos periodos que fueron claves para el campo científico- universitario. Uno de ellos, fue el de la política militar (1976-1983), que impulsó dos procesos imposibles de comprender de manera aislada: el fortalecimiento y la expansión del CONICET y, simultáneamente, la contracción del espacio universitario. Hemos demostrado en trabajos anteriores (Bekerman, 2010, 2011, 2013 y 2018) que este doble proceso profundizó una característica estructural del campo científico argentino: nos referimos a la escisión entre investigación y docencia. Si bien el crecimiento de institutos e investigadores concretado en el CONICET fue sostenido principalmente por las ciencias exactas y las biológicas, pudimos ver cómo la creación de institutos de ciencias sociales y humanidades durante este periodo fue fructífera en el Consejo y casi nula en las universidades. Sin dudas, otro periodo clave para el desarrollo del campo científico se inició a principios de los 2000, cuando progresivamente el presupuesto destinado a ciencia y tecnología comenzó a recuperarse y la política pública ubicó a esta área en un lugar prioritario. Sin embargo, hemos podido identificar marcadas asimetrías institucionales, disciplinares y regionales que fueron conformando un espacio marcadamente desigual.

En este sentido, los datos empíricos que hemos analizado nos han permitido sostener que el campo científico-universitario argentino de las últimas décadas representa un espacio fuertemente institucionalizado y dotado de grandes recursos, pero al mismo tiempo estructuralmente heterogéneo debido a la distribución desigual del poder científico entre instituciones y disciplinas (Beigel, 2015 y 2016), lo cual se manifiesta en diversos sentidos, algunos de los cuales han sido objeto de nuestro análisis. Una de las principales asimetrías se relaciona con la distribución regional, que refleja una marcada concentración de los institutos y los investigadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual se agudiza en el caso de las ciencias sociales y las humanidades. Entre los institutos universitarios, las diferencias regionales son menos marcadas porque cobran peso algunas regiones en las cuales funcionan universidades grandes, antiguas y prestigiosas como la UNLP y la UNC. Hemos podido demostrar el rol fundamental que cumple la UBA para el desarrollo de las ciencias sociales, no solamente porque concentra una proporción muy alta de recursos humanos orientados a estas disciplinas, sino además porque esos investigadores conforman una suerte de élite científica (un número significativo de ellos detenta las categorías más altas en el PROINCE y en la carrera del CONICET).

Analizamos, también, las asimetrías vinculadas a la pertenencia institucional, mostrando que durante la última década hubo un crecimiento exponencial de investigadores y recursos presupuestarios en el CONICET y, paralelamente, un proceso de desinversión de los recursos para la investigación en el caso de las universidades, tanto en la Función Ciencia y Técnica como un congelamiento salarial correspondiente a los incentivos que reciben los docentes-investigadores. Sumado a esto, pudimos constatar que, a pesar de la mayor disponibilidad de institutos de investigación en las universidades, los recursos humanos dedicados a esta actividad se concentran en el CONICET (en institutos dependientes exclusivamente de este organismo).

La distribución disciplinar de los institutos e investigadores fue configurándose históricamente y, sobre todo como resultado de la última dictadura militar, se consolidó una marcada preeminencia de las ciencias biológicas y de la salud y de las  ciencias exactas y naturales en el ámbito del CONICET. En paralelo, las ciencias agrarias, ingenierías y de materiales, al igual que las ciencias sociales y humanidades, han tenido un mayor anclaje en el espacio universitario. Pero nuestro trabajo nos ha permitido comprender que el caso de las ciencias sociales y humanidades es muy particular, porque se ubica en el extremo de este continuum de asimetrías disciplinares. Como demostramos, el 51% de los institutos universitarios se dedica a estas disciplinas (frente al 18% en el CONICET) y el 41% de los investigadores que trabajan en un instituto universitario pertenece a las ciencias sociales y humanidades (frente al 22% de los que trabajan en un instituto del CONICET).

En definitiva, las ciencias sociales y las humanidades tienen un anclaje preponderante en las universidades nacionales, entre las cuales se destaca fuertemente la UBA. Este hecho tiene varias implicancias que nos invitan a reflexionar sobre el lugar que estas disciplinas ocupan en el espacio científico-universitario.

Hemos mencionado que los recursos presupuestarios destinados específicamente para la investigación en las universidades nacionales iniciaron un proceso de desinversión en la década de los 90 que no se ha revertido sustancialmente: el crecimiento de los fondos que el MINCYT incrementó durante los últimos años fue direccionado principalmente al CONICET y otros espacios extrauniversitarios donde las ciencias sociales tienen un desarrollo postergado y, además, los recursos del PROINCE permanecen estancados, a pesar del crecimiento exponencial de los docentes incentivados. Pareciera, entonces, que las políticas de investigación que las universidades podrían implementar tienen escasas posibilidades de ejecutarse en un contexto de postergación presupuestaria, a pesar de que estas instituciones debieran cumplir un rol central como productoras de conocimientos.

Sumado a esto, hemos mencionado el profundo divorcio existente entre investigación y docencia que se profundizó durante la dictadura y que actualmente se manifiesta no sólo en el nivel de las políticas de investigación que se planifican en ámbitos escindidos (MINCYT y Ministerio de Educación), sino también en las políticas institucionales (la docencia no es obligatoria para los investigadores del CONICET y la investigación no es determinante en la carrera docente de las universidades nacionales). La distribución de los recursos institucionales y humanos dedicados a la investigación en el caso específico de las ciencias sociales refleja claramente esta escisión, porque hay una proporción baja de institutos de doble dependencia y de investigadores del CONICET con lugar de trabajo en un instituto universitario respecto al resto de las disciplinas.

En trabajos previos hemos demostrado que el proceso de construcción del prestigio local estuvo determinado por la distribución desigual de los recursos para la investigación, resultante del desarrollo histórico del campo científico-universitario, y por procesos de internacionalización que anidaron con mayor o menor peso en ciertas disciplinas e instituciones. Por un lado, un prestigio institucionalmente reconocido dominante en las universidades del interior del país y especialmente en las ciencias sociales y humanas (en el circuito de publicaciones locales, casi la mitad de las revistas no están indexadas y se editan en papel, con lo cual son distribuidas en pequeños círculos y la mayoría de ellas son de ciencias sociales). Por otro lado, un prestigio internacionalmente reconocido, resultante del capital científico puro y fuertemente valorado por el CONICET.

Dijimos, además, que la pertenencia a la UBA -y en menor medida a otras universidades centrales, prestigiosas y antiguas como la UNLP o la UNC- favorece la incorporación de un conjunto de saberes y habilidades que facilitan la construcción de una carrera académica y un estilo de producción internacionalizado acorde a las expectativas reinantes en el CONICET. ¿Significa, entonces, que las ciencias sociales, cuyo anclaje principal se encuentra en la UBA y el CONICET, están conformadas principalmente por una élite científica? No necesariamente. Lo que sí podemos afirmar es que en estas disciplinas es posible encontrar una coexistencia de dos vías de construcción de prestigio: uno más endógeno y local en las universidades del interior; y otro más internacionalizado en la universidad metropolitana y en el CONICET. Lo cual no implica que haya existencia exclusiva de uno u otro perfil en ciertas instituciones, sino convivencia de ambos. Lo relevante de esta afirmación radica en pensar que existen estilos de producción y circulación de conocimiento diferentes que determinan y están determinados por culturas evaluativas diversas, con mayor o menor asiento en una u otra institución. 

Resulta valioso preguntarnos si el proceso de categorización de los docentes en el PROINCE pone en juego criterios de evaluación diferentes de aquellos que se aplican en las comisiones asesoras del CONICET cuando se evalúa a sus investigadores y cómo difieren estos criterios en las diversas disciplinas científicas. Estos y otros interrogantes orientan las indagaciones que estamos desarrollando actualmente y que tienen como punto de partida los hallazgos empíricos presentados en este trabajo.

Notas

1. Muchas de ellas denunciadas por desvío de fondos públicos. Véase: CONICET, 1989.

2. Los valores están expresados en miles de pesos constantes de 2004 y corresponden al gasto de todas las actividades científicas y tecnológicas que realizan las instituciones (públicas o privadas) que desarrollan esta actividad en el país. Está basado en una encuesta aplicada anualmente por el MINCYT, cuyo último año disponible corresponde al 2013.

3. No pudimos incluir a los docentes-investigadores del PROINCE en las regiones académicas construidas en el PIDAAL porque no disponemos de datos primarios, sino de la información que publica la SPU, con las limitaciones que ello implica. En este caso, una clasificación geográfica diferente a la que nosotros elaboramos.

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Cómo citar este artículo

BEKERMAN, F. (2018): “Distribución desigual de las capacidades de investigación en las ciencias sociales argentinas: una mirada relacional”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad -CTS, vol. 13, n° 37, pp. 257-288.