ARTÍCULOS

De inmigrantes a delincuentes. La producción de los indocumentados como amenaza social en el discurso policial

GEADIS (Grupo de Estudios en Antropología y Discurso)^*

^* Compuesto por miembros del proyecto de investigación “Construcciones de Alteridad. Discursos de pertenencia y exclusión” (Ubacyt TF59), dirigido por Lucía Golluscio: Claudia Briones, Corina Courtis, Walter Delrio, Laura Kropff, Fernanda Longo Elía, Ana Ramos, Mariela Rodríguez y Susana Skura. E-mail: lag@filo.uba.ar. El siguiente trabajo fue presentado en la III Reunión de Antropología del Mercosur “Nuevos Escenarios Regionales e Internacionales”. Posadas, Pcia de Misiones, noviembre de 1999.

Fecha de entrega: febrero de 2002;
Fecha de aceptación: junio de 2002.

Resumen

En la última década, se registra en la Argentina una rearticulación de imágenes de peligrosidad que, tomando como blanco a determinadas minorías, actualiza en el/la “ciudadano/a común” sentimientos negativos hacia sus miembros. Partiendo de un enfoque que ve las prácticas discursivas no tanto como reflejo, sino como instrumento de construcción de “lo real”, nos interesa particularmente analizar los desplazamientos de sentido operados desde las instituciones de poder. Este trabajo se centra en el análisis del discurso policial sobre los inmigrantes. Observamos en él cómo, alentando una superposición entre las categorías “inmigrante”, “indocumentado” y “delincuente”, se construye a ciertos sectores de la población como amenaza social, en una búsqueda por legitimar la aplicación de prácticas represivas.

Palabras clave : Discurso policial; (In)seguridad; Inmigrante; Indocumentado; Delincuente

Abstract

Throughout the 1990s, Argentina has witnessed a rearticulation of images of perilousness. Targeting specific minorities, these images actualize negative feelings towards minority members in the “common citizen”. Approaching discursive practices less as a reflection of “reality” than as an instrument for its construction, we focus on examining the discourse about immigrantion produced by the Federal Police, to analyze displacements of meaning operated by power institutions. We observe how, by propitiating the overlap of the categories “immigrant”, “undocumented” and “delinquent”, police discourse constructs certain sectors of the population as a social threat, as to legitimize the exercise of repressive practices.

Key words: Police discourse; (In)security; Immigrant; Undocumented; Delinquent

1. Introducción

En la Argentina, la seguridad urbana se ha ido constituyendo en tema de distintos discursos sociales, en íntima relación con la construcción de algunos sectores de la población como responsables de la pérdida de la seguridad. El propósito de este trabajo es analizar las operaciones discursivas y metadiscursivas por las que se logra construir a estos actores sociales como agentes y causantes de la inseguridad definiéndolos como delincuentes “sin salida”. Así, se legitima el accionar represivo de la policía y se fundamenta la necesidad de incrementar su poder. Nos interesa explorar tales procesos de producción de entidades y relaciones sociales, en lo que M. Silverstein ha definido como “movimiento hacia la facticidad” (1997:628). Examinaremos dos documentos de la Policía Federal, “Violencia y Criminalidad” y “Seguridad Urbana”, centrando nuestro análisis en una serie de recursos poderosos en la construcción textual tanto a nivel léxico, como sintáctico, temático, y aún gráfico. Asimismo, nos interesa estudiar —ya en el nivel de la práctica discursiva— la construcción de enunciador/es, destinatario/s y r eferentes, por un lado y, por el otro, la selección y reproducción de determinados registros y órdenes del discurso (académico, médico, etc.), en relación con la intertextualidad. Por último, integraremos estos aspectos desde una perspectiva orientada hacia el lenguaje como práctica constitutiva y constituyente de lo social (Foucault 1972, Fairclough 1992).

2. Contexto: inmigración, seguridad y policía

Las migraciones son uno de los procesos de mundialización más importantes de la actualidad. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1999, entre 140 y 145 millones de personas viven hoy fuera de sus países. En 1985 esa cifra era de 104 millones y de 84 millones en 1975. Este dato tiene en cuenta solamente a los inscriptos legalmente.

Argentina es históricamente un país de inmigrantes. En 1991, según el Censo Nacional de Población, un 5% del total poblacional eran extranjeros procedentes, en su mayoría, de países vecinos. Aproximadamente la mitad de esos inmigrantes se localizaba en Capital y Gran Buenos Aires. Se trata de la tercera dinámica migratoria más importante del siglo, con diferencias con respecto a las dos primeras.

La corriente migratoria más importante llegó desde Europa en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX, en la etapa de expansión del modelo de acumulación agroexportador y de consolidación del Estado moderno. Entre 1869 y 1914, el promedio de la población extranjera residente en la Capital era de entre un 70 y 80%. La inmigración transatlántica formó parte de la transformación que convirtió a nuestro país en un Estado moderno. Se confiaba en los europeos como portadores de los valores de la civilización que se aspiraba a introducir en la sociedad local. Los inmigrantes eran considerados la materia prima de una «nacionalidad» en formación.

Después de la crisis del 30, la Argentina desarrolló un nuevo modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones. En este contexto, en las décadas posteriores, se produjo el segundo movimiento migratorio importante en nuestro país: la migración interna. Los nuevos inmigrantes, provenientes de las provincias y convertidos en clase trabajadora, fueron integrados a la escena nacional a partir del proyecto político del peronismo.

Aunque la legislación estuvo pensada para los inmigrantes de ultramar, permitió también el ingreso de inmigrantes de países limítrofes que han representado un flujo de lento pero constante crecimiento demográfico. Hacia 1960 comienza a acelerarse el proceso de concentración de migrantes limítrofes en el Area Metropolitana. Gradualmente, la normativa inmigratoria tiende a regular la permanencia de inmigrantes de países limítrofes en contraposición con la tradicional propensión a regular la entrada de inmigrantes ultramarinos. Un decreto de 1965 introduce dos categorías de ilegalidad: los “ilegales por ingreso” y los “ilegales por permanencia”, autorizando a la Dirección Nacional de Migraciones a disponer la expulsión de los mismos. En 1969, otro decreto inspirado en la Ley de Residencia (4144/02) habilita a expulsar a cualquier extranjero que atente “contra la paz social, la seguridad nacional o el orden público”. La responsabilidad del Estado pasa ahora menos por proteger al inmigrante que por regular la inmigración a través del control de la permanencia en desmedro del control del ingreso (Pacecca 1998). El decreto 1434/87 cierra directamente el acceso a la residencia permanente o temporaria a los inmigrantes de escasos recursos, estableciendo una lista de tipos de inmigrantes admisibles. En ella, se otorga prioridad a la posesión de capital material y/o cultural, los vínculos de parentesco con argentinos, o la pertenencia a religiones oficialmente reconocidas.

En la actualidad, el proceso migratorio se da en un contexto de proyecto político neoliberal librado a la economía de mercado que no contempla la integración de la mano de obra, sino que tiene entre sus principales consecuencias el crecimiento del desempleo. En este marco, los inmigrantes no forman parte de la preocupación del Estado ni de un proyecto nacional, sino que constituyen una amenaza. Desde el Estado, se consolidó un discurso que responsabiliza a los inmigrantes limítrofes por los problemas sociales, económicos y de seguridad del país, el cual fue acompañado por políticas de persecución policial de los trabajadores ilegales y de varios proyectos de endurecimiento de la ley migratoria.

Este proceso se desarrolla, a su vez, en un contexto de deterioro general de las instituciones y, en particular, de la institución policial. La problemática de la inseguridad urbana pasó a ser, desde 1997, una de las principales preocupaciones de la comunidad. El crecimiento de la delincuencia en los últimos años es, para la opinión pública, el principal problema del país después del desempleo (Saín 1998), aun cuando las cifras oficiales sean confusas o pretendan desmentirlo.

Amenazada y desacreditada desde distintos flancos, la Policía Federal encontró en el fenómeno de la inmigración ilegal el chivo expiatorio para legitimar su accionar represivo y la necesidad de reforzar su poder. De esta forma intentó liberarse de la responsabilidad social que le cabía por su incapacidad para controlar y prevenir el delito. Los inmigrantes ilegales fueron construidos, así, como causa de la criminalidad y la inseguridad.

Herencia del pasado autoritario, la seguridad pública fue vinculada al sistema policial: se interpretó que eran las instituciones policiales las principales encargadas de garantizar la seguridad y la estabilidad institucional. En este marco, el aparato policial fue adquiriendo amplios márgenes de corporativización y autonomía con respeto a los órganos de gobierno. El Estado fue perdiendo la capacidad de gobernar integralmente su aparato coactivo, y relegando su responsabilidad de garantizar la seguridad pública (Saín op.cit.)

Los documentos analizados en el presente trabajo fueron producidos en un contexto particular generado a partir de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en octubre de 1996, y del Código de Convivencia Urbana, en marzo de 1998. Este último marcó el fin de la vigencia —por más de medio siglo— de los edictos policiales, los cuales habían sido hasta ese momento el principal instrumento utilizado por la Policía Federal para desarrollar su función de seguridad, de acuerdo a su propia concepción institucional: la prevención del delito, actuando sobre los estados «predelictuales». La institución presionó, entonces, para no perder las facultades para detener personas al margen del sistema jurisdiccional.

Los edictos, en efecto, atribuían rasgos observables a ciertos grupos de personas en función de su condición social, su orientación sexual o su edad. Al identificar estos rasgos, la agencia policial podía proceder a la detención, recolección de pruebas y juzgamiento de individuos. Como señalan Rusconi (1998:194) y Chillier (1998:5), la policía había cumplido hasta entonces dos funciones: como “policía de seguridad” y como “policía judicial o de investigación”. Dentro de la Policía, se fue construyendo la figura del “sospechoso”, a partir de la cual giraría gran parte de la política de prevención de la criminalidad que, basada en la detención masiva de personas (Chillier 1998:7), puso en práctica un “derecho penal paralelo” (Rusconi 1998:192).

La “inmigración ilegal” ingresó en esta categoría de “sospechoso”. De acuerdo con lo que señaló el Comisario General Pelacchi en 1995, ésta se incluiría como un “factor de distorsión de la inserción del país en el mundo desarrollado”. En ese artículo, el comisario Pelacchi definió al inmigrante ilegal como un colectivo indiferenciado al que atribuía una condición inherente: “contingentes marginales y antisociales” en “virtual estado predelictual” (Chillier 1998:8)

Otro hecho relevante fue la disputa por el traspaso de la Policía Federal desde el ámbito nacional al metropolitano. El problema giraba no sólo en torno a los fondos para mantener y transformar la institución, sino a la pérdida de poder y control social. De acuerdo con las expectativas electorales, ambos poderes —ejercidos en ese momento por diferentes fuerzas políticas— hicieron suyos reclamos de la misma institución policial o de sectores de la comunidad, atribuyéndose mutuamente la responsabilidad por los reiterados picos de inseguridad urbana. Esto se incrementó a partir de la crítica al Código de Convivencia Urbana, bajo el argumento de que se le había quitado “poder” a la Policía para controlar el delito.

En 1998, ante las frecuentes crisis de inseguridad urbana que se manifestaron en los medios de comunicación, se puso en marcha un operativo llamado “espiral urbana” y durante los primeros meses de 1999 se llevó a cabo un operativo de control de “inmigrantes indocumentados”, principalmente en los barrios del Abasto y Once. En este último episodio, desde el gobierno nacional, se hizo hincapié en que se trataba de medidas en contra del delito y de la falta de empleo.¹

3. Análisis

Creemos que existe un tipo de discurso históricamente situado que atraviesa y penetra desde el decir de la calle o el de los medios hasta los discursos oficiales e institucionales, como el de la transformación educativa y laboral, el político o el policial.

La relación pragmática que parece dominar los documentos policiales foco de nuestro trabajo es retórica, esto es, el enunciador tiene la intención de provocar un cambio de opinión, posición o conducta en su destinatario (Renkema 1993). En ese marco, estos textos se definen por tres movimientos discursivos que interactúan en torno a la creación de: (a) facticidad (Silverstein op.cit.), (b) consenso y (c) el “deber ser-deber hacer”.

Nos detendremos en la constitución del primero de ellos, el movimiento a la facticidad que se logra mediante la puesta en práctica de ciertas estrategias discursivas. Estas apuntan a la creación de hechos y entidades que el destinatario debe interpretar como realidades inapelables. Examinaremos, primero, la organización de la argumentación; luego, la construcción de enunciador/res, destinatario/s y referentes. Nos apoyaremos, en especial, en los siguientes recursos léxico-semánticos y gramaticales constructores de texto: relaciones gramaticales y roles semánticos, selección léxica ( wording ), constitución de campos semánticos y uso de tropos e imágenes.

3.1 Organización de la argumentación

Los documentos en estudio manifiestan su marcada intención retórica desde la composición, ubicación y encadenamiento de sus títulos y subtítulos.

Orientación argumentativa general

Se reconocen, en ambos documentos, tres estrategias retóricas:

1. Responder polifónicamente a las acusaciones sobre la ineficacia de la institución policial presentando una situación social crítica, caracterizada por la violencia, el crimen y el delito, y atribuyendo, a la vez, la responsabilidad de esa situación a “causas exógenas”: el Estado, la familia, los inmigrantes, la televisión, la prensa, la crisis de valores del mundo moderno, el consumo de drogas, etc.

2. Sostener, en ambivalencia con la tesis anterior de “incremento del delito”, que éste ha derivado en una “sensación de inseguridad” antes que en una “objetiva peligrosidad”.

3. Construir una imagen positiva de la “fuerza policial” y su rol “comunitario” en respuesta a demandas de la misma sociedad. En cumplimiento de dichas demandas, la institución policial plantea la necesidad de recuperar el poder institucional deteriorado en los últimos tiempos.

Análisis de los títulos

“Seguridad Urbana” —título de uno de los textos— remite a un reclamo de la sociedad y lo actualiza, reforzando su significado como tema en la arena discursiva vigente. Entendemos por tema “la expresión de una situación histórica concreta”, esto es, el sentido de un enunciado total generado en relación con la producción del horizonte valorativo de un grupo social determinado (Voloshinov1992[1929]:146, 148, 149). Ya desde la carátula, se produce una relación de cohesión entre la explicitación del autor-fuente del texto —“Jefatura de Policía”— y el título, orientando en la audiencia la creación de una implicatura particular (Grice 1975): existe un agente específico capaz de velar por la seguridad urbana, y es el que suscribe ese documento. Asimismo, desde su primer subtítulo “Crisis de la seguridad urbana, causas reales y aparentes,” se instaura la fragilidad de la seguridad como tópico central del texto a la vez que se lo construye como efecto, y la búsqueda de las “causas reales y aparentes”, como objetivo de la primera parte del documento.

En cuanto al documento “Violencia y Criminalidad”, su autor aparece más fuertemente personalizado: ya no es el sustantivo abstracto fuente del anterior —“Jefatura”— sino un autor concreto e identificable —“el Comisario Pelacchi”—. También en este caso, por cohesión se produce una inferencia en el destinatario por la que se comprende el título como respuesta al subtítulo: “¿Qué sucederá con nuestras sociedades actuales?”. Si, como sucede a continuación, resultan discursivamente asociadas e identificadas “nuestras sociedades actuales” con la “Sociedad Democrática”, el resultado es la construcción de una ambigüedad estructural y estructurante que define este tipo de discurso. Se trata de la creación de un quiasmo interpretativo en el que se presentan, en órdenes inversos, dos discursos: un Discurso 1, de aparente convergencia con las pautas de una “Sociedad Democrática” a la que incluso se evalúa (hiper) positivamente por medio de las mayúsculas, y un Discurso 2, que predice, en futuro certero, su final caótico.

Dentro de los recursos creadores de marco interpretativo (Goffman 1974), el acápite del documento: “En la búsqueda de valores compartidos”, en posible intertextualidad con la obra de Proust “En busca del tiempo perdido”, contribuiría a crear significación en torno a un tiempo añorado, anterior a la “Sociedad Democrática”.

El término “valores” instala el discurso en el campo de la ética, mientras que el adjetivo “compartidos” contribuye a fortalecer la imagen de la policía como servidora de la comunidad haciéndola coincidir con el slogan de la Policía Federal: “Al servicio de la comunidad”. Estos significados, condensados en los títulos, se expanden en los primeros párrafos. Veremos en el apartado siguiente cómo se va produciendo discursivamente el encadenamiento argumentativo en ambos documentos.

Estructura argumentativa

La argumentación dominante es de tipo causal. En “Seguridad Urbana” la dirección resulta inversa a la esperada: se plantea primero la consecuencia, el efecto, y luego la causa. Así, la putativa crisis de la seguridad urbana es remitida a causas exógenas y endógenas a la función policial —las primeras, directamente relacionadas con la coyuntura política y socioeconómica; las segundas, resultado indirecto de ella—. Una instalada crisis del principio de autoridad se presenta como efecto de probadas deficiencias en las instituciones de la sociedad, a la vez que se la considera causa de la creciente ola de violencia de la cual se predica la existencia. Finalmente, se postula el aumento del crimen, que se imputa a los menores y a la droga.

En el otro documento, se produce un desplazamiento de la “violencia y criminalidad” como consecuencia de factores sociales desfavorables que caracterizan las sociedades actuales hacia su constitución como causa de la pérdida de seguridad. En este juego en el que se vuelve difusa la distinción entre causas y consecuencias, quedan atrapados los migrantes que, en una operación de redefinición, aparecen como eslabón de una cadena discursiva que asocia marginalidad—migración—delincuencia. De este modo, los migrantes son, a la vez, producto de la violencia social y productores de ella. Concebir la condición migratoria simultáneamente como causa y consecuencia, legitima la actuación policial sobre ella.

3. 2 Construcción de enunciadores y de agencias

En el documento “Seguridad Urbana”, el emisor real del discurso es “Jefatura”, productor colectivo que asume el rol de firmante. Enunciativamente, este discurso se caracteriza por la ausencia de marcas de persona y la utilización recurrente de impersonales (ej.: “si se pretende”), nominalizaciones (ej.: “la actuación o la sola presencia policial”), presupuestos de existencia (ej.: “las deficiencias estructurales”) y el uso del tiempo verbal presente del modo indicativo. Es decir, el discurso se construye a sí mismo como “objetivo” y “verdadero” acentuando el efecto de despersonalización al eludir la manifestación de opiniones y las evaluaciones que no aparezcan sustentadas por la “evidencia” de los hechos, o los discursos ajenos a los que se les adjudica autoridad en la materia y las reglas pertenecientes a la “argumentación científica”. El sujeto de la enunciación es cancelado, instaurando la “realidad evidente” y los “principios axiomáticos” como garantes de la argumentación.

“Violencia y Criminalidad” reconoce como autor empírico y firmante del documento, como hemos dicho más arriba, al “Comisario Pelacchi” quien, en el momento de producción del texto, desempeñaba el cargo de Jefe de la Policía Federal Argentina.

En el nivel enunciativo, y en cumplimiento de su finalidad retórica, la primera parte de este documento se caracteriza por la ausencia de identificación de los agentes de la violencia y la criminalidad. Tal manejo del suspenso discursivo crea un mayor efecto de sentido a la segunda parte de la argumentación, donde se plantea una relación “natural” y casi automática entre la violencia, la criminalidad y el delito antes presentados, y los marginales, inmigrantes y delincuentes ahora introducidos. Cuando el enunciador es explicitado como la Policía o la “fuerza policial”, también se define su función: no controla las causas, sino que actúa sobre los efectos. No es iniciador, sino receptor de los reclamos sociales que lo obligan a actuar.

Por otro lado, este documento también se caracteriza por su pretensión de “objetividad”. Sin embargo, el enunciador —autor textual definido en el discurso— se representa de modos diversos. Si bien el uso de impersonales y entidades abstractas es frecuente a lo largo del texto, también aparecen marcas de persona que no contradicen la construcción de ciertos hechos como “verdaderos” ni de las argumentaciones como lógicas y objetivas. En esta dirección describimos diferentes figuras que adopta el enunciador cuando asume estas marcas.

Son pocas las veces en las cuales quien firma la nota se presenta como “yo”. Cuando lo hace, es en función de insertar una cita propia o ajena; en ambos casos, el discurso referido se presenta ya sea como una elección “objetiva” o como un “principio indiscutible” e impersonal:

“He señalado en otra ocasión que la violencia y la criminalidad constituyen, sin duda, el reflejo del medio y de la época en la que se produce”

Desde su status jerárquico, el enunciador construye un “nosotros jefatura internacional”:

“... junto con otros jefes de Europa y Estados Unidos [...] coincidimos en apreciar un grado creciente de violencia y una complejidad mayor en el cumplimiento de nuestra misión”

“compartimos también nuestra preocupación y experiencias para tratar de ‘manejar’[...] las consecuencias de la marginalidad y de las migraciones ilegales”.

Esta estrategia discursiva permite, por un lado, construir una posición privilegiada desde la cual autorizar y legitimar el discurso; por el otro, generalizar “hechos” y “afirmaciones” locales.

Además, el enunciador incluye explícitamente en un “nosotros policía” a los miembros de la fuerza policial que constituyen la audiencia para delimitar las funciones, obligaciones y derechos de esta institución:

“no nos toca a nosotros teorizar sobre el delito y la violencia...”

“avanzaremos con mayor enjundia y convicción que nunca en nuestras posibilidades prevencionales”, “...el compromiso, que hoy (...) renovamos ante nuestra comunidad”.

Este uso se registra en oposición a ciertos colectivos construidos como “ellos”: los medios de comunicación, los representantes políticos y, principalmente, los “ciudadanos comunes”. La “comunidad” es representada a lo largo de todo el texto como objeto o meta del accionar negativo de los delincuentes —jóvenes drogadictos o alcohólicos, muchedumbres exaltadas, inmigrantes ilegales— y del hacer positivo de la policía.

Precisamente en el apartado ‘Migraciones’, el enunciador se ubica en un colectivo más amplio, el “nosotros argentinos” construido en relación con un “otro inmigrante”:

“también incorporamos a aquellos que hacen del delito su modo de vida”.

El texto es, en algunos casos, ambiguo con respecto a las referencias que pueden actualizarse en el uso del “nosotros inclusivo”: el “nosotros policías” se desplaza sin marcas precisas al “nosotros comunidad”:

“Estamos de pie, quizás más comprometidos que nunca con nuestra comunidad, pero creo que juntos, unidos y solidarios debemos persuadir a nuestros representantes políticos...”.

Esta misma ambigüedad es la que, sobre el final del texto, aparece en la construcción del destinatario:

“ellos, ustedes, nuestros vecinos y amigos de Buenos Aires, son los auténticos destinatarios del esfuerzo y compromiso vocacional...”.

La exhortación final “No desfallezcan, dentro del ejercicio de la democracia, peleen por sus libertades recortadas” puede ser, de acuerdo con lo dicho, interpretada de modo polivalente: puede ser una apelación a los policías, en cuyo caso las “libertades recortadas” remitirían a los edictos, o puede tratarse de un llamado a la comunidad, donde la restricción en las libertades tendría como causa la “inseguridad”.

Los distintos modos de construcción del “nosotros” que hemos mencionado contribuyen efectiva y poderosamente al movimiento discursivo hacia la facticidad. La cancelación del sujeto de la enunciación, por ejemplo, crea el marco interpretativo por cual el discurso debe entenderse como “verdadero” y los hechos descriptos, como “realidad indiscutible”. Al mismo tiempo que se actualizan y recrean pertenencias (“nosotros policía”, “nosotros comunidad”, “nosotros argentinos”), se construyen “enemigos” comunes (“el gobierno”, “los medios”, “los delincuentes”, “los inmigrantes”) y se adjudican responsabilidades frente a los “hechos evidentes”.

3. 3 Creación de referentes: inmigrantes e inseguridad

Nos centraremos ahora en la construcción discursiva del referente “los inmigrantes”. Según Ana Alonso (1994), el “nosotros” de tipo nacional tiene la particularidad de desplazarse uniforme y atemporalmente a lo largo de la historia, definiendo así diversos tipos de “otros”. En el caso que nos ocupa, el “nosotros argentinos” opone el colectivo nacional con dos tipos de inmigrantes: la inmigración europea de principio de siglo, aquellos que “arribaron a nuestras costas” y que constituyeron un “ingrediente casi imprescindible” para el desarrollo de la nación, y las “corrientes” actuales de inmigrantes “ilegales”, “no calificados”, “que hacen del delito su modo de vida” y “agravan aún más los ya deteriorados servicios sociales, la educación pública y la carencia de vivienda”. Esta clasificación se basa en la asociación de criterios dispares tales como “orígenes y características personales y necesidades concordantes de un país”.

Selección léxica (wording)

La construcción del migrante como delincuente se apoya, además, en el trabajo discursivo sobre la inseguridad. A las operaciones de redefinición fundantes de la cadena discursiva que, en el plano argumentativo, asocia marginalidad—migración—delincuencia, se suman las operaciones de selección léxica o wording en torno a la noción de “crisis” —incluso de “colapso”—en materia de seguridad urbana. Esta aparece como “problema” o “conflicto” que demanda “soluciones”, estado producido por otros procesos y resultado del que se deben identificar causas “reales” y “aparentes”. Entre las primeras se citan como “origen” de la crisis —y en calidad de dato que se negativiza progresivamente— las “profundas transformaciones” políticas, económicas y culturales de los últimos tiempos. Entre las segundas, encontramos la “creciente sensación de inseguridad” y la “sensación de impunidad”. La tensión entre realidad y percepción que mencionamos como estrategia retórica se hace acá explícita:

“Desde un punto de vista estrictamente policial, la situación debería calificarse según criterios de objetiva peligrosidad y no haciendo referencia a la denominada sensación de inseguridad”.

La inseguridad entendida como percepción nos remite a la cuestión de los campos semánticos.

Campos semánticos

Semantizada simultáneamente desde diversos campos, la inseguridad aparece como un tópico nodal en ambos documentos. Así, elementos léxicos pertenecientes a campos semánticos dispares como el de la psicología, la medicina, la democracia, el derecho y la guerra se conjugan para producir una imagen retóricamente potente.

En la creación discursiva de la inseguridad, confluyen ciertos campos semánticos vinculados con la ciencia. El abordaje en términos de percepción subjetiva constituye un artilugio de psicologización de la inseguridad que expande los límites de su definición más allá de la realidad objetiva:

“La sensación [de inseguridad], dependiendo de la percepción personal (...) hace referencia a temores que incursionan en el campo de lo estrictamente subjetivo (sicológico).”

Por su parte, la inseguridad aparece cuantificada en términos característicos de disciplinas como la economía o la medicina: “niveles aceptables de seguridad”, “índices tolerables de seguridad” o “síntomas de déficit en materia de seguridad”. El uso de cifras y estadísticas —a la vez recurso de verosimilización propio del discurso científico y práctica discursiva de regimentación social— apoya esta estrategia.

Instalada en el campo semántico de la democracia, la inseguridad se presenta, además, ligada a la “crisis en la confianza pública” y a la alteración de “ese denominado pacto social”. Inseguridad equivale a amenaza contra la libertad y la dignidad, “derechos constitucionalmente consagrados” y, por ende, “valores aceptados por el consenso de las mayorías”. Es interesante la recuperación y resignificación del valor democrático “tolerancia” para diagnosticar “una especie de tolerancia al crimen” y prescribir —a través de un juego polifónico en el que se cita a altos funcionarios del gobierno nacional y de la policía neoyorquina en tanto fuentes autorizadas— la llamada “tolerancia cero” contra la delincuencia y la violencia. Esta redefinición, que actualiza el reclamo policial por la restitución de atribuciones, se apoya en la presentación de la inseguridad en los términos jurídicos de un “vacío legal” cuyo riesgo debería evitarse. Es en ese sentido que la apelación al léxico militar se torna funcional:

“... se empieza a ganar [la batalla de la democracia] en el mismo instante en el que todos nos unimos... frente a la adversidad, defendiendo a la sociedad como un imperativo moral sin descansar ni desfallecer, con devoción y espíritu de lucha”.

Como sugiere Briggs (1997), la selección léxica y la constitución de campos semánticos crean relaciones poderosas de implicatura. A la vez que construyen referentes insertos en matrices particulares de significado, ambos recursos ponen en escena órdenes del discurso reconocidos y valorados socialmente. Contribuyen, así, al movimiento discursivo que hemos llamado “creación de consenso”, en el cual el enunciador busca presentar una imagen positiva de la fuerza policial en tanto interlocutor legítimo de diversos actores sociales.

Imágenes y tropos de (in)seguridad

Alonso (1994:382) define los tropos como recursos que dan forma material a ideas y entidades no concretas, inscribiéndolas como “cosas” tangibles en el lenguaje ordinario y la vida cotidiana. En tal sentido, los tropos debieran verse como operadores en el movimiento hacia la facticidad.

La metáfora organicista del “cuerpo social” — de uso frecuente en el discurso autoritario—, tropo cohesivo de las relaciones entre sujetos y sectores, permite reivindicar el rol policial de prevención como “tendiente a localizar focos de personas en estado predelictual y actuar sobre ellos”. La imagen de “foco”, que conjuga medicalización (foco infeccioso) y militarización (foquismo político), funciona en pos de la espacialización de la presencia inmigratoria.

El fenómeno de la inmigración, por su parte, aparece entendido en los términos conceptuales de una avalancha o invasión, siendo la masividad, la durabilidad y la intención de saqueo los rasgos fundantes de la analogía:

“...miles de personas, aún dentro del Tercer Mundo, se están desplazando de países más pobres a países más ricos [...] Lo cierto es que los desplazamientos masivos tienden a caracterizar la etapa y seguirán produciéndose, y más allá de la afectación de los servicios sociales, vivienda, trabajo y educación, no podemos señalar ningún signo positivo en cuanto a la incidencia de estas masas en el factor seguridad, más bien todo lo contrario.”

La metáfora de la avalancha es consistente con la personificación del delito, al que los inmigrantes quedan estrechamente ligados:

“...en este momento hay que apelar a todos los medios para avanzar al delito sino el delito va a seguir avanzando hacia nosotros...” (citando al presidente Menem).

Y si los delincuentes son “verdaderas fieras”, los inmigrantes también quedan incluidos en esta categorización que evoca el ámbito salvaje de una jungla donde “la gente se sienta abandonada a su propia suerte”. Paradójicamente, son “...nuestros conciudadanos [quienes resultan] injustamente atrapados por el temor y la inseguridad”² .

Por último, vale la pena resaltar el carácter opositivo de los tropos inspirados en la arquitectura, que contraponen la “presión social” al “último muro de contención”³ corporizado en la policía. La predicción de un “derrumbe social” —sugestivamente asociado a la democracia— justifica el reclamo policial:

“Las fuerzas policiales conforman entonces el último muro de contención a estos problemas. Si no se detiene la presión social que genera la creciente sensación de inseguridad, tarde o temprano se derrumbará sobre quienes lo ignoraron, o creyeron con indiferencia o ingenuidad que resultaría autosuficiente.”

4. Conclusiones

Decíamos, al comenzar nuestra exposición, que la “seguridad urbana” se ha ido constituyendo en tema en la última década. Ahora bien, una de las prácticas sociales que ha contribuido de manera predominante en ese proceso de configuración social del significado “seguridad” como tema es, sin duda, el discurso. Nuestro trabajo se centró, justamente, en el análisis de un orden de discurso —el discurso policial— que, por el carácter de su emisor, resulta de particular relevancia en este proceso de producción social.

Se seleccionaron dos documentos que tienen como fuente la Jefatura de la Policía Federal Argentina, en uno de ellos como institución y en el otro, personalizada a través de la figura de su Comisario General, que se asume como autor. El examen de los textos permitió reconocer los principales movimientos discursivos que no sólo definen la seguridad como valor de la sociedad y la instauran como tema, sino que corporizan en un sector determinado de la población la “amenaza” a tal seguridad, volviendo necesario e ineludible el accionar represivo sobre estos putativos agentes de la “Violencia y Criminalidad”. Mediante recursos gramaticales y léxicos, creadores de relaciones semántico-pragmáticas causales, así como también de sucesivas operaciones de redefinición, el enunciador va afinan do su mira, desde la marginalidad y la pobreza, hasta centrar su foco discursivo —y represivo— sobre un grupo particular: los migrantes indocumentados.

Hemos identificado en la construcción de la estructura retórica que caracteriza estos discursos tres movimientos que actúan a la vez en torno a la creación de facticidad, de consenso y del “deber ser-deber hacer”. El primero se define por la construcción discursiva de hechos y entidades orientada directamente hacia el destinatario, para fijar en él una interpretación de los mismos como “realidad”. El segundo abarca distintas estrategias de fortalecimiento y mejoramiento de la propia imagen del enunciador, que incluyen intentos de disminución de la dimensión “amenazante” respecto del “otro” social y una aparente valoración de discursos de ese “otro”, diseñado como audiencia potencial. Con este doble fin se suceden distintas estrategias, a saber: apropiación y uso del discurso del “otro” (mediante, por ejemplo, la introducción de citas de autoridad y la réplica de órdenes del discurso reconocidos por la sociedad, como los discursos académico o científico), concesión ante opiniones o valores del otro, mitigación, negociación. Sin embargo, al cierre de ambos documentos, el enunciador se define, y define su rol, asumiéndose como policía —más aún, como militar—, reclamando mayor poder y fundiéndose con sus “tropas” a las cuales, como sucede en “Violencia y Criminalidad”, exhorta. Es esta modalidad la que define el tercer movimiento discursivo.

Como los tres movimientos actúan simultáneamente, el discurso resulta particularmente ambiguo y hasta contradictorio. En realidad, se construye intencionalmente como un discurso dialógico, pero es en esencia monológico y autoritario. Acá no emergen ni se filtran las otras voces, sino que el enunciador las introduce en un intento por blanquear el pasado y construir una imagen positiva de sí mismo ante la sociedad democrática en la que busca hacerse un lugar. En todo caso, la voz que se filtra, a través de recursos gramaticales aparentemente neutros, selecciones léxicas, el uso de tropos e imágenes y la construcción de relaciones semántico-pragmáticas, es la del “terrorismo de Estado”, que brota de la nostalgia de “otros tiempos”, ésos en los que la evocada “fuerza de azul” detentaba pleno poder: un pasado no nombrado que el emisor indexa permanentemente, desde el comienzo de los documentos, y que los atraviesa, fantasmal y amenazador.

Quisiéramos concluir nuestra presentación destacando las características particulares de este discurso en el que se suceden y coexisten el conceder y el negar, la ubicación explícita del discurso y de la fuerza policial en la “Sociedad Democrática” junto a la arenga a las tropas reclamando mayor poder para reprimir. Este discurso confunde algunos fragmentos de discursos autorizados socialmente en la construcción de un mundo que se pretende sea interpretado como “realidad”, diluyendo así la voz del autoritarismo, dominante pero subyacente. La comparación con otros órdenes del discurso vigentes en ese momento —como el legal o el de la transformación educativa—, revela continuidades significativas que merecen ser estudiadas, para determinar si tales rasgos podrían caracterizar, de manera más amplia, el discurso de la década menemista⁴. Dejamos abierta la cuestión.

Notas

¹ Estos operativos coinciden con el segundo aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En el primer aniversario —enero de 1998— se había realizado una movilización masiva en contra de “la maldita policía” (como se llamó a la policía de la Provincia de Buenos Aires, a la que se acusa de responsabilidad en este hecho).

² Nótese la intertextualidad con la expresión “aluvión zoológico”, acuñada en la década del ’40 para referir a la migración interna

³ En calidad de “valla de contención” primordial, aparecen mencionadas la familia y la escuela.

⁴ Este artículo fue escrito en octubre de 1999, durante la segunda presidencia de Carlos Menem. En ese momento los discursos aquí analizados tenían plena vigencia y sintonía con el clima político imperante. Posteriormente, los cambios políticos operados en el país hicieron que algunas de estas cuestiones se revisaran.

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