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Cuadernos de antropología social

versión On-line ISSN 1850-275X

Cuad. antropol. soc.  n.18 Buenos Aires sept./dic. 2003

 

ARTÍCULOS

La responsabilidad profesional en el ejercicio de la profesión antropológica. El caso de la comunidad antropológica norteamericana

Luciana Gazzotti*

*Licenciada en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. lgazzotti@speedy.com.ar.

Fecha de realización: mayo 2003. Fecha de entrega: junio 2003. Aprobado: octubre 2003.

Resumen

Este trabajo pretende ser una contribución para aquellos interesados en problematizar acerca de las responsabilidades que tiene el antropólogo en el ejercicio de su profesión. A través del análisis de la producción teórico-normativa de la comunidad antropológica norteamericana se analiza el contexto de surgimiento, las transformaciones y los nuevos debates que surgen cuando se intenta debatir acerca de las responsabilidades que tiene el antropólogo cuando realiza investigación. La conflictividad de los sucesos que generaron la formulación de normativas específicas convierte al caso de la antropología norteamericana en uno ejemplificador de los posibles riesgos que pueden producirse en comunidades donde no existe ninguna reglamentación formal del ejercicio de la profesión.

Palabras claves: Etica; Responsabilidad profesional; Declaraciones; Dilemas; Consentimiento informado.

Abstract

This article, intent to be a contribution for anthropologist who want to incorporate the concept of professional responsibilities into their dailies practices. Since American's anthropological theoretical and normative productions we'll analyse the development, transformation and the new debates that arise when we want to answer the question: which are the responsibilities that anthropologist have when make development.

Key words: Ethics; Professional responsibilities; Dilemma; Principle; Inform consent.

Introducción

El siglo XX ha sido testigo de la elaboración de numerosas declaraciones, principios y códigos que reglamentan el ejercicio de la profesión antropológica. Estas reglamentaciones están cimentadas en el primacía de la responsabilidad profesional que tiene el antropólogo para con su objeto de estudio y la sociedad en su conjunto. El siguiente trabajo buscará analizar en profundidad las reglamentaciones que ha elaborado la comunidad antropológica norteamericana con el fin de establecer el contexto de surgimiento de las mismas, sus transformaciones a la luz de los cambios acaecidos en la realidad profesional y las implicancias actuales que surgen de casos donde está comprometida la responsabilidad profesional del antropólogo.

I. Contexto de surgimiento de la temática de la Responsabilidad Profesional.

La denuncia de Franz Boas suscitada por la participación de algunos antropólogos en actividades de espionaje; las discusiones sobre a quién le pertenece la información obtenida por el investigador cuando éste trabaja en agencias gubernamentales; y la participación de antropólogos en proyectos de contrainsurgencia fueron algunas de las circunstancias que contribuyeron más significativamente a que la temática de la responsabilidad profesional se convirtiera en objeto de investigación, discusión y reflexión en el seno de la comunidad antropológica norteamericana.

A. Participación de antropólogos en actividades de espionaje.

La percepción de que la profesión no podía ser compartida con actividades de espionaje suscitó una primera denuncia por parte de Franz Boas, quien en 1919, denunció comportamientos que consideraba impropios en el ejercicio de la profesión antropológica.

En una carta publicada en el periódico "The Nation" de 1919 señalaba:

"un número de hombres que tienen a la ciencia como su profesión, hombres que resigno designar en adelante como cientistas, han prostituido la ciencia utilizándola para encubrir sus actividades como espías... [con su comportamiento] no sólo han debilitado la creencia de la verdad de la ciencia, sino que han hecho el mayor perjuicio a la investigación científica. Como consecuencia de sus actos, todas las naciones verán con desconfianza la visita de investigadores extranjeros que quieran hacer un trabajo honesto, sospechando diseños siniestros..." (Fluehr-Lobban, 2002)

La denuncia de Boas no fue bien recibida. A pesar de haber sido el fundador de la disciplina antropológica en los Estados Unidos1 fue censurado por la Asociación de Antropología de Washington en 1919, quien argumentó que su opinión no era representativa de la Asociación Americana de Antropología. Cuestionando severamente una conducta poco profesional, Boas presagiaba el perjuicio que traería aparejado el mal ejercicio de la profesión para una disciplina que estaba en plena etapa de consolidación profesional.

B. Participación de antropólogos en agencias gubernamentales.

Durante la década del '30, numerosas agencias del Estado comenzaron a contratar antropólogos para que trabajaran en sus proyectos. La participación de antropólogos en agencias gubernamentales no fue en un primer momento visualizada como problemática, sino antes bien, como una posibilidad de crecimiento profesional por fuera del ámbito académico. Sin embargo, esta circunstancia planteaba la preocupación por los posibles usos de la investigación antropológica y por la libertad de investigación y publicación que podían tener trabajando para dichas agencias. La problemática de fondo puede plantearse del siguiente modo: la información producida por la antropología es relevante y resulta de interés para las Agencias del Estado, sin embargo: ¿a quién le corresponde la información obtenida por el antropólogo: a las personas con las cuáles trabaja; a la ciencia; o a las agencias que patrocinan la investigación?

El período entre guerras constituyó no solamente un momento de consolidación de la disciplina al interior de los Estados Unidos, sino también uno en el cual numerosos antropólogos decidieron realizar sus investigaciones en otros lugares del mundo: Redfiel fue a México; Holmberg y Wagley a Sudamérica; M. Mead a Oceanía; Herskovits a África, entre otros.

La entrada a la guerra por parte de los Estados Unidos (luego del ataque a Pearl Harbor en 1941) reorientó la investigación hacia la prosecución de la defensa del país. En diciembre de 1941, la Asociación Americana de Antropología resolvió reorientar sus recursos, habilidades y conocimientos de sus miembros para la causa de la guerra. Así, algunos antropólogos (G. Bateson, M. Mead, R. Benedict) trabajaron en combinación con la Oficina de Guerra, y otros trabajaron para la OSS (Oficina de Servicios Estratégicos) que fue la precursora de la CIA.

En 1941, un grupo de antropólogos formó la Sociedad de Antropología Aplicada (SFAA), que estableció como marca distintiva de la antropología la preocupación por los problemas sociales, las relaciones humanas y las organizaciones estructurales. Este grupo, que trabajó para agencias de gobierno, en 1948, formuló la "Resolución de Libre Publicación".

En esta resolución se manifestaba:

"Una gran cantidad de investigaciones científicas en las ciencias sociales es financiada por instituciones que pueden tener el derecho legal de publicar, suprimir, alterar o disponer de otra manera los resultados del investigador, en un modo que puede ser contrario a la voluntad del científico, esto equivale a la represión y restricción de la libertad académica ... la Asociación Americana de Antropología insita a todas las instituciones patrocinadoras a garantizar para sus investigadores científicos la completa libertad para interpretar y publicar sus resultados sin censura o interferencia..."

En el contexto estadounidense de la Guerra Fría, donde existía censura de investigaciones científicas y de profesionales por su filiación al comunismo, donde antropólogos asociados con movimientos antirracistas eran investigados o perdían sus empleos; donde había financiamiento para investigar la cultura soviética2 y otras naciones emergentes consideradas vulnerables al comunismo, la Resolución de Libre Publicación fue un documento relevante.

A través de sus aseveraciones, pueden vislumbrarse las primeras disputas respecto al contenido de la investigación producida por el antropólogo y los posibles problemas que su uso fuera de contexto podía tener sobre poblaciones con las cuales el antropólogo había trabajado.

C. Participación de antropólogos en proyectos de contrainsurgencia.

La participación de antropólogos en proyectos de contrainsurgencia produjo en el seno de la comunidad antropológica norteamericana innumerables controversias. Se estableció la necesidad de reglamentar y establecer la temática de la responsabilidad profesional como un problema que requería de una respuesta y de una declaración formal.

El descubrimiento del Proyecto Camelot, trajo aperejada una serie de discusiones que cuestionaban el papel de los antropólogos en las actividades que los Estados Unidos tenían en países en vías de desarrollo, donde existían intereses estratégicos.

El Proyecto Camelot, fue un plan americano contra la insurgencia en Chile, originado en el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, patrocinado de modo indirecto por la Armada norteamericana y por una institución colateral del Ministerio de Defensa: el ARPA: Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Fue llevado a cabo bajo contrato de investigación con la Universidad Americana de Washington. Tenía por objetivo contribuir a la formación de naciones ayudando a los gobiernos locales a combatir la insurgencia activa. En su carta de reclutamiento señalaba:

"El ejército de los Estados Unidos tiene una misión importante en los aspectos positivos y constructivos de la formación de naciones en países menos desarrollados y tiene además la responsabilidad de auxiliar a los gobiernos amigos a solucionar los problemas de la insurgencia activa" (Nader, 1997: 56).

La carta concluye señalando que el proyecto estaba abordando los problemas de contrainsurgencia en Latinoamérica, y que el conocimiento que se obtenía a través de la investigación social permitiría al ejército hacer frente a las revoluciones internas de esa región3.

Sin embargo, debido a las numerosas críticas que se le hicieron al proyecto, el caso llegó rápidamente a la Cámara de Diputados chilena y al Congreso estadounidense. El ejército, rápidamente canceló el proyecto y fue abortado por el Departamento de Defensa en 1965.

El Proyecto Camelot generó gran controversia porque puso en evidencia que la ayuda financiera a estas investigaciones científicas, por parte de los organismos gubernamentales americanos, tenía un fin político estratégico: estudiar los factores sociopolíticos que pudieran llevar a un caos interno en aquellos países donde los Estados Unidos tenían intereses estratégicos.

Luego del malogrado Proyecto Camelot, otros mega proyectos de investigación fueron puestos bajo examen y revisión. Así se conocieron emprendimientos similares en Tailandia, como el Proyecto Agile (patrocinado por el ARPA); en América Latina, como el Proyecto Simpático en Colombia, (patrocinado por la American University y el Special Operation Research); el Proyecto Colonia en Perú (financiado por el Departamento de Defensa) y el Proyecto Marginalidad en Argentina, (patrocinado por la Fundación Ford). También se empezaron a cuestionar algunos estudios que facilitaban la dominación de pueblos aborígenes instalados sobre minas de uranio (abastecedoras de las tecnologías nucleares); proyectos secretos que estudiaban sistemas rurales tailandeses o vietnamitas, y la ayuda4 de las fundaciones y corporaciones para que se desarrollaran técnicas de relevamiento de datos en las ciencias sociales, que permitieran saber por ejemplo cuales serían las condiciones mínimas para una rebelión campesina u otros posibles factores de insurgencia.

David Price, un antropólogo que ha estudiado con profundidad las relaciones existentes entre la Asociación Americana de Antropología y la CIA, señala que la primera habría colaborado en forma secreta con la CIA a comienzos de los años 50, entregando una lista de todos los miembros de la asociación, indexada por su tipo de investigación, interés geográfico y especialidades lingüísticas.

"La CIA quería un resumen detallado de nuestros miembros, nuestros contactos, nuestros perfiles militares, nuestros hábitos de viaje, nuestras áreas de investigación y nuestras habilidades lingüísticas, y eso fue exactamente lo que tuvieron" (Price, 2002).

Durante la década del 60, y a la luz del descubrimiento de estos proyectos y sus implicancias políticas y éticas, la antropología norteamericana comenzó a desarrollar reglamentaciones para la investigación y normativas éticas para el ejercicio profesional.

II. El camino hacia la declaración de los Principios de Responsabilidad Profesional. Algunos antecedentes.

Las controversias suscitadas por la participación de antropólogos en proyectos de contrainsurgencia generó una etapa fecunda de declaraciones de principios de lo que debía ser el ejercicio profesional. Este proceso de reglamentación formal irá configurando una normativa que se consolidará posteriormente en los Principios de Responsabilidad Profesional de 1971.

A. "Problemas de la Investigación Antropológica y Ética"

En 1965, el Consejo Directivo de la Asociación Americana de Antropología decidió nombrar una comisión para que "explore las relaciones entre los antropólogos y las agencias privadas y de gobierno, que patrocinan la investigación"5. Ralph Beals encabezó la comisión y escribió el informe "Background Information on Problems of Anthropological Research and Ethics" en el cual se sugería que los antropólogos no debían obtener datos para la inteligencia.

Como respuesta a este informe, en marzo de 1967, la Asociación Americana de Antropología formuló la "Declaración acerca de los Problemas de la Investigación Antropológica y la Ética", que según G. Berreman, constituye el primer borrador del Código de Ética y de los Principios de Responsabilidad Profesional.

En esta declaración se manifestaba:

"...Es necesario que los investigadores tengan plena oportunidad para estudiar grupos y su cultura, para publicar, diseminar y discutir abiertamente los resultados de la investigación, continuando con la responsabilidad de proteger la privacidad de aquellos estudiados... Obligaciones, engaños e investigaciones secretas no tienen lugar en la ciencia..."

Con respecto a la libertad de publicación, reafirmó la Resolución de 1948 y agregó que:

"excepto en el caso de declaración de guerra por el congreso, las instituciones académicas no deben emprender actividades, o aceptar contratos en antropología que no estén relacionados al normal funcionamiento de la enseñanza, la investigación y el servicio público. No deben prestarse a actividades clandestinas..."

Casi cincuenta años más tarde de lo anticipado por Boas, en esta Declaración se menciona:

"la reputación internacional de la antropología ha sido dañada por actividades de individuos sin título, que han pretendido ser antropólogos o estar dedicados a la investigación antropológica mientras perseguían otros fines. También hay buenas razones para creer que algunos antropólogos han usado su derecho profesional y el nombre de su institución académica para disimular su recolección de datos para inteligencia... Las instituciones académicas y los miembros individuales de la comunidad académica, incluidos los estudiantes, deben escrupulosamente evitar estar comprometidos en actividades de inteligencia clandestina, y en usar el nombre de la antropología... para encubrir actividades de inteligencia".

En esta declaración el concepto de responsabilidad profesional estaba estrechamente ligado a tres nociones fundamentales. En primer lugar el antropólogo tiene la responsabilidad de proteger la privacidad de aquellos con quienes trabaja; en segundo lugar no debe participar de actividades clandestinas o secretas y por último, la información por él producida, debe ser utilizada en los mismos términos en los cuales fue creada.

B. Contexto de surgimiento de los Principios de Responsabilidad Profesional.

En 1968 la Asociación Americana de Antropología nombró una Comisión de Ética Ad Hoc (compuesta por Schneider; Aberle; Adams; Jorgensen; Shack y Wolf) para que se considerara el rol de la Asociación con respecto a la conducta ética de sus miembros. La comisión escribió un informe aconsejando la creación de un Comité de Ética Permanente. Chance, Eric, Suttles, T. Turner, Werner y Berreman fueron los miembros elegidos en para conformar el Primer Comité de Ética que debía ser aprobado en Mayo de 1970. Redactaron el código de ética y cuando lo elevaron al Consejo Directivo, éste lo renombró como "Principios de Responsabilidad Profesional". Fueron adoptados por la Asociación Americana de Antropología en mayo de 1971.

No obstante, el período entre las primeras formulaciones (1968) y la adopción de los Principios de Responsabilidad Profesional (1971) fue turbulento.

En Marzo de 1970, estudiantes de la agrupación "Estudiantes movilizados para detener la guerra de Vietnam" denunciaron que tenían copias de materiales que indicaban la participación de varios investigadores en actividades clandestinas, de contrainsurgencia y otras actividades en el sudeste asiático, especialmente en Tailandia. Estas copias fueron enviadas a estudiantes, investigadores, y a algunos miembros del Comité de Ética. Los materiales consistían en archivos, cartas, informes de contabilidad, actas, que habían sido reunidas por una estudiante empleada por el antropólogo Michael Moerman de la UCLA durante el transcurso de su trabajo de campo.

Algunos miembros del Comité de Ética se pronunciaron contra este hecho (Eric Wolf, Joseph Jorgensen, y Gerald Berreman) sin embargo, el pronunciamiento no fue bien recibido por el Consejo Directivo, quien culpó a sus miembros por haber hablado en nombre de la Asociación. Un mes más tarde, como consecuencia de esta controversia, el Consejo Directivo propuso la creación de un Comité Ad Hoc para que evaluara el caso por completo: las actividades del Comité de Ética y las de los antropólogos involucrados en Tailandia. Este Comité Ad Hoc fue presidido por Margaret Mead, William Davenport y David Olmsted.

Este nuevo Comité presentó su informe el 27 de septiembre de 1971. En él se exculpaba a todos los miembros de la Asociación de haber actuado de manera incorrecta o poco ética y señaló:

"ningún miembro de la Asociación contravino los principios trazados en las Declaraciones acerca de los Problemas de la Investigación Antropológica y Ética de 1967, en su trabajo en Tailandia".

El pragmatismo del informe de Mead fue muy cuestionado porque planteó que a veces era necesario redireccionar las investigaciones científicas a fin de obtener los recursos financieros gubernamentales para continuar con las investigaciones.

Cuando se estaba por votar la exculpación de los miembros criticados por su trabajo en Tailandia, dos integrantes del Comité de Ética leyeron una serie de documentos en los cuales se demostraba claramente que miembros de la Asociación habían estado profundamente involucrados en proyectos faltos de ética profesional en Tailandia.

El primer informe "Búsqueda de blancos humanos a baja altitud" (producido por un antropólogo en 1965 en Bangkok) detallaba información cuantitativa para que observadores desde el aire pudieran ver e identificar blancos humanos en la tierra, específicamente en los campos de arroz, plantaciones con muchos arbustos y árboles.

El segundo consistía en un extracto de un proyecto en el cual estaba involucrado un miembro de la asociación. El mismo se titulaba "Contrainsurgencia en Tailandia: el impacto económico, social y político de los programas de acción"6. Después de introducir el problema de cómo diseñar medidas contra la insurgencia en Tailandia señalaba:

"La lucha entre el gobierno establecido y las fuerzas insurgentes supone tres tipos diferentes de operaciones: la primera es hacer entradas al sistema social que permitan ganar el apoyo activo de la creciente población, amenazas, promesas, ideologías prometedoras, y beneficios tangibles son la forma de entrar más frecuentemente utilizadas. La segunda es reducir el flujo de entradas del partido contrario instalando mecanismos de antiinfiltración, cortando líneas telefónicas, asesinando portavoces claves, fortaleciendo mecanismos de represalias y similares medidas preventivas. La tercera es contrarrestar o neutralizar el éxito político alcanzado por grupos comprometidos en el lado equivocado. Los cientistas sociales pueden hacer significantes contribuciones para diseñar cualquiera de estos tres tipos de operaciones"7

Después de la lectura de tan polémico informe, el informe de la Comisión Mead fue rechazado punto por punto en enero de 1972.

C. Principios de Responsabilidad Profesional.

Los Principios de Responsabilidad Profesional plantean que el ejercicio de la profesión antropológica conlleva responsabilidades básicas para con: las poblaciones con las cuales el antropólogo trabaja, el público en general, la disciplina, los estudiantes, los patrocinadores, el propio gobierno y los gobiernos de las sociedades que los reciben. A los fines de una presentación abreviada, nos referiremos a las principales consideraciones de esta declaración.

C.1. Responsabilidades con las poblaciones con las cuales el antropólogo trabaja.

"Cuando se realizan investigaciones, la responsabilidad antropológica más importante es con el estudiado. Cuando existe un conflicto de interés, éste individuo debe estar primero. Los antropólogos deben hacer todo lo que está a su alcance para proteger el bienestar físico, social y psíquico y honrar la dignidad y privacidad de los estudiados".

C.2. Responsabilidades con el público.

"Los antropólogos también son responsables para con el público o consumidor de sus esfuerzos profesionales. A ellos se deben en el compromiso, la franqueza y la verdad en la divulgación de los resultados de su investigación..."

C.3. Responsabilidades con la disciplina.

"Los antropólogos tienen la responsabilidad de construir una buena reputación de la disciplina". "No deben hacer investigación secreta o alguna investigación cuyos resultados no puedan ser libremente derivados y públicamente informados" "Deben intentar mantener un nivel de integridad y entendimiento del campo tal que con su conducta y ejemplo no ponga en peligro futuras investigaciones allí. La responsabilidad no es solamente analizar e informar sin ofender a nadie, sino también conducir la investigación con honestidad, con preguntas abiertas, con comunicación clara de quienes son los sponsors y cúales son los objetivos de la investigación, e interesarse por el bienestar y la privacidad de los informantes".

C.4. Responsabilidades con los estudiantes.

"En relación con los estudiantes, los antropólogos deben ser francos, justos, no explotarlos, y comprometerse con el bienestar y progreso de los estudiantes... Como profesores tienen responsabilidades éticas en la selección, la instrucción ética, los consejos profesionales, la supervisión académica, la evaluación, la indemnización y la preocupación por que sus estudiantes se ubiquen en puestos de importancia".

C.5. Responsabilidades con los patrocinadores.

"En relación con los patrocinadores de la investigación, los antropólogos deben ser honestos acerca de sus calificaciones, capacidades y propósitos(...). Deben ser especialmente cuidadosos de no prometer o suponer la aceptación de condiciones contrarias a su ética profesional o a un compromiso contrapuesto... Deben conservar el derecho a realizar todas las decisiones éticas en su investigación. No debe entrar en contratos secretos con sponsors con respecto a las investigaciones, resultados o informes".

C.6. Responsabilidades con el propio gobierno y el de las sociedades anfitrionas.

"En relación con el propio gobierno y con el gobiernos anfitriones, las investigaciones antropológicas deben ser honestas y francas. Los antropólogos deben exigir garantías de que no va a ser comprometida su responsabilidad profesional y ética como condición del permiso para investigar".

"Cuando los antropólogos, a través de sus acciones, pongan en peligro las poblaciones bajo estudio, sus colegas profesionales, estudiantes u otros, o si de otra manera traicionan sus compromisos profesionales, sus colegas pueden legítimamente indagar acerca del decoro de sus acciones, y tomar esas medidas como mentiras dentro de los poderes legítimos de la Asociación, como los miembros de la Asociación consideren apropiado..."

Un mes después de la adopción de los Principios, Jorgensen ratificó la importancia de la creación de un Código de Ética:

"Este código debe reconocer y afirmar el derecho de privacidad de los individuos. La personalidad privada debe ser respetada ganando el consentimiento de todos los informantes en la conducción de la investigación; el engaño intencional y la falsificación no pueden ser tolerados. La confidencialidad de los sujetos debe ser mantenida separándola lo más efectivamente posible de los datos obtenidos... Los resultados de nuestra investigación deben estar publicados libremente y disponibles para todos" (Jorgensen, 1971: 333).

Los Principios de Responsabilidad Profesional constituyeron un verdadero avance en el campo de la ética y en la definición del correcto o deseable ejercicio de la profesión antropológica. A modo de síntesis los principales temas que plantea son:

1. La responsabilidad antropológica más importante es para con el estudiado. Cuando existe un conflicto de intereses, éste individuo (o grupo) debe estar primero.

2. Los informes deben estar disponibles para todo tipo de público. Esta declaración denuncia la investigación secreta y clandestina.

3. Los antropólogos tienen la responsabilidad de sostener la reputación de la disciplina.

4. Cuando los antropólogos, a través de sus acciones, pongan en peligro a las poblaciones bajo estudio, sus colegas profesionales, estudiantes u otros... pueden legítimamente indagar acerca del decoro de sus acciones.

5. Ante el propio gobierno o los gobiernos anfitriones los antropólogos deben exigir garantías de que no va a ser comprometida su responsabilidad profesional y ética como condición del permiso para investigar.

Después de 1971, no hay documentación que demuestre participación de antropólogos en estudios de contrainsurgencia, actividades secretas o clandestinas.

III. La Antropología Norteamericana ante una nueva etapa.

A fines de la década del 70 comenzó a producirse un cambio en las relaciones laborales. Numerosos antropólogos comenzaron a obtener empleo fuera del ámbito académico y fueron contratados por organismos privados. En este nuevo escenario, el antropólogo no es el único que decide acerca de los estándares éticos que va a utilizar en su investigación, sino que sus decisiones éticas son negociadas en una nueva relación de empleador – cliente.

Este cambio en la forma de ejercer la profesión se hizo sentir sobre los Principios de Responsabilidad Profesional, ya que esta nueva generación demandaba que los mismos se adaptaran a las nuevas realidades profesionales que tenían los antropólogos.

Las transformaciones que se proponían tenían como principal característica la omisión de anteriores declaraciones, que pudieran resultar conflictivas con los nuevos intereses del mercado, produciéndose así un proceso de vaciamiento paulatino.

Así como en un primer momento el concepto de responsabilidad estaba ligado a la denuncia, a la idea de una disciplina ejercida con responsabilidades que trascienden el propio interés, regulando su actuación profesional a través de correcciones y sanciones, se pasó a un segundo momento donde el concepto de responsabilidad profesional estaba ligado a las oportunidades del mercado, a la negociación de los estándares para la obtención de los empleos, y a la focalización más en la educación a través de casos ejemplares, para prevenir futuras situaciones conflictivas (como posibles demandas, sea de organismos patrocinadores o de las mismas personas involucradas en la investigación).

A mediados de la década del 80, como Los Principios de Responsabilidad Profesional comenzaron a ser considerados obsoletos, se propuso que la Comisión de Ética preparara un nuevo borrador del código. Heider, Bainton, Brues, Milanich y Roberts fueron los miembros nombrados para diseñar el nuevo código. Si bien fue terminado, revisado y considerado por la Comisión Directiva en 1982, no fue presentado hasta 1984. El Código de Ética de 1984, nunca fue sancionado debido a la gran controversia que generaron sus declaraciones. En primer lugar suprimía la declaración más importante de Los Principios de Responsabilidad Profesional acerca de que "la responsabilidad antropológica más importante es con el estudiado" proponiendo:

"los antropólogos deben considerar seriamente la responsabilidad moral de sus actos cuando hay riesgo de que un individuo, grupo u organización pueda ser perjudicada, explotada, puesta en peligro psíquica, legalmente, en su reputación o en su autoestima como resultado de esos actos" (Berreman, 1991: 58).

En segundo lugar eliminaba la declaración que decía que la actividad secreta y clandestina no tienen lugar en la antropología y que constituyen una falta de ética profesional. En tercer lugar eliminaba la responsabilidad antropológica en caso que se violaren principios éticos. El nuevo Código no planteaban mecanismos para que un individuo pueda ser llamado a dar cuenta de sus acciones. Por último se eliminaba la responsabilidad positiva de la antropología para hablar acerca de lo que sabe y cree, como resultado de su experiencia profesional.

Es pertinente un comentario de G. Berreman acerca de esta situación:

"Si las prioridades de las corporaciones se convierten en prioridades de los antropólogos, no es de esperar que los sujetos de estudio estén primeros, no es de esperar entonces que se condene la actividad secreta o clandestina ni que los antropólogos sean cautelosos con sus responsabilidades éticas de su profesión..." "Los antropólogos en ese rol son agentes de sus empleos, no están dedicados a quienes estudian ni a los principios de su profesión" (Ibid, 1991: 64).

También manifiesta

"...la posibilidad de censurar u otras medidas de responsabilidad dentro de la Asociación, a pesar de ser leves y simbólicas, da credibilidad a nuestras solicitudes de estándares éticos y tienen un saludable efecto en su realización..." (Ibid, 1991: 54).

En 1988, un documento de la NAPA (National Association for the Practice of Anthropology) da cuenta del cambio producido en la realidad profesional de la antropología norteamericana de la década del 80.

"Debemos hacer nuestro trabajo de manera tal que el empleador comprenda por completo nuestras prioridades éticas, compromisos y responsabilidades. Si en algún momento, durante el transcurso de la investigación, las demandas del empleador nos exigen violar los estándares éticos de nuestra profesión, tenemos la responsabilidad de clarificar la naturaleza del conflicto entre sus exigencias y nuestros estándares y proponer alternativas que sean consistentes con nuestros estándares. Si el conflicto no puede ser resuelto, debemos poner término a la relación."... "Nosotros tenemos la obligación de determinar si el trabajo para el que se nos requiere es consistente con nuestro compromiso de sostener los derechos y el bienestar de las personas afectadas por nuestro trabajo... También debemos discutir con nuestro empleador o cliente las intenciones del uso de los datos o material producido por nuestro trabajo, y clarificar el grado en que la información desarrollada durante nuestras actividades puede estar disponible al público".

IV. Desde 1990 hasta nuestros días. La AAA y un nuevo Código de Ética

La década del 90 no estuvo libre de casos emblemáticos que han convulsionado el ámbito académico norteamericano. A pesar de su crudeza y dramatismo, han redundado en una reformulación del debate ético. Se ha enfatizado acerca la importancia del consentimiento informado; se ha problematizado acerca de la validez o invalidez del uso del engaño como método de recolección de datos y se ha discutido acerca de la utilidad de los códigos de ética.

En 1990, se promulgó una ley del NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act), que:

"protege específicamente los artículos culturales, incluyendo sitios de entierro no excavados, restos humanos, objetos funerarios asociados a ritos funerarios, objetos sagrados o ceremoniales y el patrimonio cultural de importancia para los pobladores nativos".

Esta ley señala que:

"la posesión de los restos humanos y objetos pertenecen a: 1) los descendientes lineales de dichos restos; 2) a la organización indígena o la Organización Hawaiana de Indígenas de cuyas tierras los restos y objetos fueron descubiertos; 3) a la tribu y organización cultural de filiación más cercana"8.

Esta ley generó grandes debates al interior de la disciplina a lo largo de la década, ya que planteó dilemas éticos acerca de a quiénes pertenecen los objetos materiales que el antropólogo recoge e identifica cuando realiza investigación. Por otra parte, ha enfrentado a grupos nativos con arqueólogos, porque imposibilita la continuidad del estudio de esos objetos materiales; y por otro lado enfrentó a gobiernos que reclaman a países desarrollados el derecho de que sus pertenencias culturales vuelvan al propio territorio y ya no residan en museos internacionales.

Durante 1995-1997, se formó una Comisión para revisar las declaraciones acerca de la Ética. Esta comisión, conformada por Peacock; Fluehr-Lobban; Frankel; Gibson; Levy y Wax reformuló el borrador y publicó en nuevo código de ética en junio de 1998.

A. Un nuevo Código de Ética

El nuevo Código de Ética plantea algunas diferencias con los Códigos anteriores. La comisión que formuló el Código señala:

"...El Código de Ética debía reflejar el mundo cambiante en el cual los antropólogos trabajan. Muchos miembros de la AAA ejercen investigación en ámbitos no académicos... Para la mayoría, estudiar en sitios o en poblaciones aisladas son oportunidades del pasado... Las personas estudiadas muchas veces quieren estudiarse ellas mismas, proteger sus historias, planear su propio futuro, y usar la información y los resultados de la investigación antropológica para su propio beneficio..."9

Se incorporaron las preocupaciones surgidas por la nueva modalidad de empleo de la "antropología aplicada". Sin embargo, se llegó a la conclusión de que la investigación siempre es investigación, sea cual fuere la fuente de financiamiento de la misma, (pública o privada). De esta manera, no se permiten dobles estándares de comportamiento ético. La única conducta que se requiere es que la investigación sea abierta en sus propósitos, posibles impactos y fuentes de financiamiento. Este código abarcó por primera vez a cuatro sub-áreas de la antropología: la antropología cultural; la arqueología; la antropología física y la antropología lingüística. Dio una clara directiva acerca del consentimiento informado, considerándolo como un proceso dinámico, complejo, producto de una negociación que se logra de la interacción constante con el grupo estudiado. Expresa la importancia de la educación en lo que refiere a la problemática de la ética. Sin embargo, no hace mención alguna acerca de estar involucrados en actividades secretas o clandestinas. Como crítica a la falta de mención acerca de las investigaciones secretas o clandestinas David Price señala:

"...la mejor manera de que los miembros de la AAA reconozcan que el pasado secreto de la investigación antropológica con las agencias de inteligencias fue un error, es readoptando las prohibiciones contra la investigación encubierta... Es cierto que este lenguaje puede perjudicar a investigaciones metodológicas y prácticas de antropólogos prácticos y académicos. Pero que la prohibición contra la investigación secreta pueda complicar (o hacer más difícil de conducirla) no es buena razón para rechazar esos códigos éticos de conducta. Los códigos de ética no están hechos para simplificar el trabajo del investigador. Los lineamientos éticos están designados para asegurar que todos los individuos y grupos asociados con la investigación sean respetados, informados y protegidos de algún daño." (Op. Cit, 2002).

En 1998 existió un conflicto entre el Banco Mundial (a través de una de sus agencias, la International Finance Corporations) y un grupo indígena Chileno, "los Pehuenches". El antropólogo Theodore Downing, fue contratado por el Banco Mundial para evaluar los impactos que la construcción de una represa sobre el río Bio-Bio tendría sobre la población local. Siguiendo los estándares éticos de su profesión, Downing compartió el resultado de su investigación con la población bajo estudio, demostrándoles que la construcción de la represa traería efectos negativos sobre la comunidad. Inmediatamente el Banco Mundial, amenazó con demandar al antropólogo si no mantenía en privado esa información. Sin embargo Downing, recordó que a pesar de haber firmado una cláusula de confidencialidad ésta tenía algunas modificaciones, ya que ninguna investigación secreta estaba permitida en la antropología, y porque actuar así contradecía su ética profesional. En vez de mantener en secreto la investigación, denunció al IFC porque a través de sus acciones estaban violando sus derechos como antropólogo y los derechos humanos de los pehuenches. La comisión de Derechos Humanos de la AAA investigó el caso y concluyó que las acciones del IFC permitían el abuso de los derechos humanos de los Pehuenches y que no se podían aceptar las tácticas punitivas que habían usado para prevenir que Downing revelara su investigación. La AAA pidió que el Banco Mundial se disculpara y que reintegrara a su puesto a Downing como consultor, sin embargo él decidió no trabajar más para ese organismo.

Este es tan solo un ejemplo en el cual se vislumbra cómo el antropólogo está inmerso en disputas de poder que comprometen su ética profesional y cómo la resolución de los conflictos recae cada vez más en una decisión individual. El nuevo código de ética señala:

"...el antropólogo como investigador puede elegir moverse, hacia una posición que implique la toma de partido... Esta es una decisión individual, no una responsabilidad ética".

De este modo,

"la carga de una práctica antropológica responsable recae sobre el antropólogo individual, para que esté conciente de las decisiones éticas que toma y quizás no decida llevar a cabo la investigación si los conflictos no pueden ser resueltos" (Fluehr-Lobban, 2002).

Dos años después de la creación del Código de Ética de 1998, en septiembre del 2000 se desató una nueva polémica cuando Patrick Tierney publicó "Darkness in El Dorado: How scientists and journalist devasted the Amazon". Patrick Tierney es un investigador independiente que pasó más de una década investigando la devastación médica y cultural que habían experimentado los Yanomami a partir de años de contacto con genetistas, antropólogos, misioneros, periodistas y aventureros. "Estos individuos, han seguido sus propios intereses científicos, ideológicos y comerciales a expensas de los Yanomami, una población indígena del río amazonas en Venezuela y Brasil" (Fluehr-Lobban, 2002) En este artículo, Tierney acusa de falta de ética al antropólogo Napoleón Chagnon quien trabajó con los Yanomami desde 1960 hasta mediados de 1980. Lo acusa de haber introducido (o fallado al tratar) una epidemia; de haber explotado para ganancia personal a los indígenas; de desatender el bienestar físico de los mismos; de no haber obtenido consentimiento informado y de haber usado el engaño como método para la obtención de información.

Numerosas normas éticas y morales han sido violadas y todavía el caso es motivo de discusión y de declaraciones definitivas. Sin embargo lo que importa señalar aquí es cómo el trabajo del antropólogo ha afectado a este grupo indígena, y cómo se ha violado también la máxima de "evitar perjudicar o dañar, entendiendo que el desarrollo del conocimiento puede provocar cambios que pueden ser positivos o negativos para las personas ...que estudiamos"10

V. A modo de conclusión

El análisis exhaustivo de las reglamentaciones del ejercicio de la profesión antropológica que ha elaborado la comunidad norteamericana, ha permitido relacionar y poner en tensión lo que se entiende por responsabilidad profesional en cada período histórico con los intensos cambios en la realidad laboral en la cual el antropólogo se inserta como investigador.

Al incorporarse a nuevos contextos de trabajo y de producción etnográfica, el antropólogo requiere normas más maleables ante las nuevas situaciones de empleo. Las transformaciones que se realizan a las reglamentaciones irán creando una nueva manera de entender la responsabilidad profesional.

En las décadas del sesenta y setenta, el hincapié estaba puesto en cómo los antropólogos podían hacer todo lo que estaba a su alcance para que el bienestar físico y psíquico de los grupos con los cuales trabajaba fueran preservados; y de qué manera debía realizar su investigación para que se pudieran prever los posibles impactos que la misma tendría sobre esa comunidad.

Hoy día, el concepto de responsabilidad profesional pareciera estar más orientado a la omisión de ciertas declaraciones que pudieren resultar problemáticas con un mercado laboral que se ha tornado cada vez más competitivo; a construir recaudos para defenderse de estos "otros" (grupos, empleadores u agencias patrocinadoras) que pueden ser el día de mañana futuros litigantes; y a convertir la responsabilidad profesional en una decisión individual.

De este modo, sería interesante cuestionar si este proceso de trasformación hacia una responsabilidad profesional librada a decisiones individuales, no traerá aparejado nuevos casos éticamente cuestionables que convulsionen a las comunidades académicas, quienes tendrán que responder con nuevas declaraciones, principios, o códigos de ética profesional.

Notas

1 Franz Boas fundó en 1888 la Asociación Americana de Folklore, y en 1900, la Asociación Americana de Etnología y la Asociación Americana de Antropología.

2 En 1947, con apoyo de la Fundación Carnegie y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la CIA y los militares, se creó el Centro de Investigación sobre Rusia, cuyo director fue el antropólogo Clyde Kluckhohn.

3 El proyecto contaba con un presupuesto inicial de seis millones de dólares y en 1964 ya contaba con un director y una larga lista de cientistas sociales contratados como consultores.

4 La Fundación Ford donó 138 millones de dólares entre 1952 y 1964. Ver L. Gary Cowan y colaboradores. "Informe sobre la Comisión sobre Estudios Africanos" preparado por la Fundación Ford, 1958.

5 Anthropology Newsletter, 7: 1-2, 1966.

6 Esta investigación fue presentada por la Agencia de Investigación de Proyectos de Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Pittsburg en 1967 y contó con un apoyo de medio millón de dólares.

7 American Institutes for Research, 1967:I. Citado en Berreman, Gerald. Ethics versus "Realism" in Anthropology. On: Ethics and the Profession of Anthropology. Dialogue for a New Era. Carolyn Fluerhr-Lobban. University of Pennsylvania Press. Philadelphia. Pp. 48.

8 NAGPRA, Public Law 101-601, 101st Congress, November 16, 1990. Citado en Carolyn Fluehr-Lobban. Revised second edition of: Ethics and the profession of anthropology: the dialogue continues. Altamira Press.

9 Commission To Review The Aaa Statements On Ethics. Final Report. II. Commission Goals.

10 Code Of Ethics Of The American Anthropological Association. (1998). C. 2.

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