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Cuadernos de antropología social

versão On-line ISSN 1850-275X

Cuad. antropol. soc.  n.20 Buenos Aires jul./dez. 2004

 

Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica Sofía Tiscornia (compiladora) Buenos Aires, Editorial Antropofagia y Facultad de Filosofía y Letras, Colección de Antropología Social, 2004, 469 páginas

Por Ruth Stanley*

* Doctora en Ciencia Política, Universidad de Berlín

   Esta compilación presenta una enorme riqueza, tanto en sí misma como en tanto fuente de hechos, análisis e interpretaciones para otras disciplinas. Los trabajos presentados por el Equipo de Antropología Política y Jurídica nos revelan aspectos de la relación Estado-ciudadanía que abren una serie de interrogantes para cualquier análisis de regímenes políticos democráticos. El Estado no es solo un concepto abstracto, sino que existe también en las prácticas de sus agentes. Cómo estos agentes condicionan la cualidad de la ciudadanía realmente existente es una cuestión que no se puede determinar a priori, sino sólo a través de investigaciones empíricas, prestando tanto atención a las prácticas de los agentes estatales como a las reglas formales. Así trabajan las autoras del libro, construyendo conocimientos "desde abajo".

   En primer lugar quisiera señalar la extrema ambivalencia del papel del Estado, analizada por las autoras. Por un lado hay una presencia estatal decisiva, un poder autoritativo de definición en asuntos tan aparentemente biológicos como la muerte y la paternidad, y ello se aprecia tanto en el artículo de Sofía Tiscornia y María José Sarrabayrouse Oliveira acerca de las sucesivas muertes burocráticas de una víctima de la dictadura militar, como en el trabajo de María Josefina Martínez sobre paternidades contenciosas. Por otro lado, hay una ausencia del Estado en su dimensión legal y una aplicación muy desigual de las leyes vigentes, cuestión que aparece en el artículo de Sofía Tiscornia sobre la aplicación de edictos de policía a señoras de la oligarquía porteña y en el uso de las relaciones personales en la justicia penal analizadas por María José Sarrabayrouse Oliveira. El abuso rutinario de las facultades policiales para hacer estadística y otros fines, descrito en el trabajo de Sofía Tiscornia, Lucía Eilbaum y Vanina Lekerman sobre detenciones por averiguación de identidad, también pone en evidencia la institucionalización de reglas informales. El concepto de las instituciones informales, introducido por O'Donnell como herramienta teórica para analizar el funcionamiento de las nuevas democracias de América Latina y otras regiones, ha adquirido un peso importante en la bibliografía. Sin embargo, no hay una abundancia de trabajos que analicen las relaciones entre instituciones formales e informales y los efectos concretos de estas últimas. Me parece que los trabajos señalados nos indican un campo rico para futuras investigaciones sobre esa cuestión.

   El trabajo de Carla Villalta sobre la justicia de menores muestra esas dos caras de la presencia y la ausencia del Estado: por un lado, todavía no rige la norma que, con la reforma constitucional del año 1994, elevó a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño al rango constitucional, lo que significa que el Estado no hace valer sus propias reglas formales. Por otro lado, eso permite la persistencia de la ideología tutelar con todo lo que ello significa en términos de poder paternalista, opresivo e intrusivo.

   En segundo término, una de las cuestiones centrales para las ciencias sociales en general y la ciencia política en particular surge de la globalización: ¿cuál es, cuál puede ser el papel del Estado en el marco de un mundo globalizado? Si bien la cuestión es discutida en todo el mundo, adquiere aun más urgencia en estados periféricos. Entendiendo la globalización no solo como un proceso económico sino también como la difusión de ideas, valores, símbolos y hábitos de consumo, hay dos trabajos en esta colección que me parecen muy interesantes. Uno es el estudio de Sofía Tiscornia y María Pita sobre el debate que se dio en la Argentina acerca de la filmación de la opera rock Evita, con Madonna en el rol de Eva Perón. El otro es el trabajo de Lucía Eilbaum sobre la versión argentina del concepto de policía comunitaria. La búsqueda constante de soluciones a problemas universales lleva a la exportación de unas supuestas prácticas mejores o recetas probadas, sean estas en el campo de la política de seguridad, la tolerancia cero o la policía comunitaria. La "comunidad epistémica" internacional, cuyos expertos avalan ciertas opciones y venden soluciones, no es sino un aspecto del mundo globalizado.

   Como investigadora nacida en Inglaterra y radicada desde hace mucho tiempo en Alemania, un enfoque comparativo se me impone, aun cuando esa no sea la intención de las autoras. Una peculiaridad me llama la atención: el papel muy destacado de los familiares de víctimas de la violencia policial. Como destaca María Pita, tanto entre los grupos de familiares de violencia policial como en muchos grupos del movimiento de derechos humanos se trata de organizaciones donde participan en mayor medida familiares de víctimas, que incluso emplean como apelativos autoreferenciales ese carácter. Este proceso de familiarización no aparece en los países europeos. Sería interesante investigar el marco cultural y/o político que da lugar a ese fenómeno y analizar cómo la presencia de familiares influye sobre el discurso acerca de los derechos humanos y la violencia estatal. Veo aquí la posibilidad de un debate muy rico entre la antropología, con su sensibilidad acerca del significado de los lazos familiares, y la ciencia política, con su defensa de la universalidad normativa de los derechos humanos y de ciudadanía.

   Otros trabajos analizan procesos que me parecen universales, aunque, claro está, las autoras prestan mucha atención a y muestran una gran sensibilidad hacia el contexto específico local. Así, el trabajo de Deborah Daich sobre la judicialización de la violencia familiar nos habla de la apropiación de conflictos por parte del aparato estatal. Me parece que esta redefinición del conflicto interpersonal en términos legales forma parte inevitable del Estado de derecho. Por otra parte, desde el punto de vista del movimiento para los derechos de la mujer, la judicialización de la violencia familiar, o sea, el involucramiento del Estado en asuntos previamente vistos como "privados", es un logro notable. Tal vez aquí hay una mirada bien distinta por parte de la disciplina de la antropología de un lado y de la ciencia política del otro, que podría dar lugar a otro debate fructífero. También el estudio histórico de Vanina Lekerman sobre la construcción discursiva a principios del siglo XX de la prostitución urbana como problema científico y moral, pero también como cuestión de la identidad nacional, parece reflejar el espíritu de la época y medidas similares adoptadas en otras grandes ciudades.

   Me parece muy interesante el trabajo pionero de Mariana Sirimarco sobre la socialización de los aspirantes policiales en el mundo policial. El trabajo analiza aspectos que se podría llamar universales en la formación profesional de los policías, como son el disciplinamiento de los cuerpos, la jerarquización, la idealización de la tradición policial, y la convicción de que "a ser policía se aprende en la calle". Resulta asimismo muy interesante la cuestión de si estos aspectos de la cultura policial que pueden aumentar la tendencia a la desviación institucional (abusos policiales) son más fuertes, más intensos, en la formación policial en la Argentina que en países europeos. Desde los tiempos de Robert Peel, se enseña al policía británico a hacerse respetar para evitar el uso (el uso ajeno y el uso propio) de la violencia; los aspirantes policiales entrevistados por Mariana Sirimarco parecen adoptar una estrategia distinta, la de inspirar miedo.

   Quiero señalar, para terminar, la importancia de las investigaciones sobre las prácticas concretas de los agentes estatales. Si el tema del uso de la coerción estatal se ha podido establecer acá en la Argentina como una cuestión política, eso se debe, a mi entender, no solo a la gravedad del problema, sino también al trabajo de organismos de derechos humanos como el CELS y de grupos antirrepresivos como la CORREPI, y, también, al trabajo de investigadores como los miembros del Equipo de Antropología Política y Jurídica. Como he intentado mostrar, sus análisis van más allá de su propia disciplina, y es de esperar que se los toman en cuenta los que, desde otras disciplinas, abarcan temas acerca del Estado, la democracia, y la calidad de la ciudadanía.

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