Acerca de los sentidos políticos del movimiento social en el norte argentino: el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi¹

Ivanna Petz* 

* Licenciada en Ciencias Antropológicas. Becaria UBA, FFyL, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Antropología Social. Dirección electrónica: ivanna_petz@hotmail.com.

Fecha de realización: julio de 2005. Fecha de entrega: julio de 2005. Fecha de aprobación: diciembre de 2005.

Resumen

Preguntarnos por las relaciones entre los Estados municipales, provinciales y nacionales y los movimientos sociales, configura el eje vertebrador del trabajo. Indagar en torno a dichas relaciones nos permite, por un lado, saltar el plano de lo manifiesto y comenzar a visualizar la génesis de las tensiones y contradicciones de los procesos de resistencia de los sectores populares; por el otro, nos brinda claves para pensar en el campo de posibilidades y límites de las prácticas y discursos de los sujetos colectivos que resisten. El trabajo que presentamos forma parte de una investigación en curso en torno a uno de los movimientos sociales que aparece fuertemente en el escenario político del norte argentino a mediados de los años '90, y que posee como antecedente principal el proceso privatizador de YPF: la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (UTD).

Palabras clave: Movimiento sociales, Protesta, Resistencia, Estado, Hegemonía

Abstract

The main theme of this essay is to inquire about the relations between national, provincial, local States and social movements. The exploration of these types of relationships may allow us to, first, analyze what is not perceptible and visualize the tensions and contradictions´ genesis in popular sectors resistance processes; and secondly, it may show keys to facilitate analysis of the possibilities and limits of the speech and practice of collectively resisting subjects. This work is part of a pending investigation concerning one of the more strongly appearing social movements of northern Argentina's political scenario during the 90´s, and which has its roots in the YPF's privatization process: the Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) from Gral. Mosconi.

Key words: Social movements, Protest, Resistance, State, Hegemony

Introducción

Las reflexiones que aquí se presentan forman parte de una investigación que vengo desarrollando en el norte de la Argentina, específicamente en el departamento salteño de San Martín. En dicha investigación busco analizar el campo de relaciones entre políticas de intervención estatal, movimientos sociales y relaciones interétnicas. Por el momento me he detenido en uno de los sujetos colectivos que por distintas cuestiones ha construido niveles de referencia social y política importantes a nivel regional al mismo tiempo que es considerado por algunos autores² como uno de los movimientos autónomos por excelencia, me refiero al Movimiento de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (UTD).

Al comienzo de la investigación me manejé con el supuesto, muy intuitivo por cierto, que no existen movimientos sociales autónomos. Luego, en un intento de salir de mi propio "espontaneísmo sociológico", al decir de Bourdieu, me pregunté sobre aquel supuesto en estos términos: ¿qué es autonomía?, ¿qué tipo de autonomía? ¿Es posible hablar de movimientos sociales y autonomía? ¿Es posible pensar en distintos niveles de autonomía, o más bien, por dónde pasa la autonomía? Lo cierto es que caracterizar a la UTD como un movimiento autónomo me generaba muchos interrogantes sobre todo en dos sentidos, uno más político dirigido a pensar a qué discurso es funcional aquella caracterización y otro, de raigambre más epistemológica y no por eso menos político, dirigido a pensar si este foco en lo autónomo en realidad no hace más que buscar aquello de extrañamiento y de exótico propio del objeto clásico antropológico y de esta manera lograr un distanciamiento del objeto a fin de conocerlo. Me permití la duda...

Por otra parte, también en los inicios de la investigación y habiendo consultado bibliografía sobre movimientos sociales, mi preocupación estuvo puesta en cómo no quedarme en lo que Menéndez (2002) a partir de un análisis crítico, denomina la cultura como verdad y que desde mi punto de vista no es otra cosa que aquello que reproducen las investigaciones que siguen la perspectiva del actor o puesto en términos geertzianos, el punto de vista del nativo. Estas posturas, en un intento de representar mejor al otro estudiado otorgándole su propia voz pretenden ser objetivas. Sin embargo bajo esta fachada de las múltiples voces, que devienen en múltiples verdades en la medida que el investigador no indaga más allá de ellas buscando sus condicionamientos, se esconde la búsqueda de la objetividad en tanto verdad y aquí está la vuelta al positivismo, paradigma al que pretenden cuestionar. En definitiva, mi preocupación siempre fue cómo analizar los sentidos políticos de los movimientos de protesta y resistencia que, como planteaba Carri (2001) no siempre corresponden a las opiniones de sus actores.

Este trabajo intenta ser un aporte en este último sentido, si bien la investigación en la que el mismo se basa se encuentra en sus inicios. Centro la atención en una experiencia colectiva de resistencia surgida en el departamento de San Martín que tiene como antecedente principal a las privatizaciones llevadas adelante en el sector hidrocarburífero. Sin embargo, la explicación de su génesis y continuidad no debe reducirse exclusivamente a la situación de desestructuración-reestructuración económica. Considero que su explicación debe recaer en el análisis de los procesos de estructuración socioeconómica y cultural específicos mirados en su historicidad, lo que implica contemplar los contextos de relaciones sociales y los marcos políticos institucionales específicos (Melucci, 1994), las continuidades y rupturas (Argumedo, 1996), así cómo también observar las dimensiones identitarias del movimiento social mirando su territorialidad³ desde donde lo simbólico y cultural adquieren significación, teniendo en cuenta la más estrecha interpenetración que guardan con aquellos los procesos económicos (Viano y Ríos, 2003). A su vez, comparto la perspectiva de Grimberg (2005) para quien los procesos de resistencia y protesta social, que comprometen a sujetos y colectivos, deben concebirse en su totalidad, es decir en tanto procesos históricos y en tanto experiencias de vida; siendo así, su abordaje debe ubicarse en las tensiones y contradicciones de estos entrecruzamientos y, dichos procesos, deben ser resituados en un proceso de construcción de prácticas y sujetos en los contextos más abarcadores de las relaciones de hegemonía.

Contextualizando

El área de referencia de esta investigación forma parte de una región que asiste a un proceso muy dinámico del capital con elevadas tasas de inversión tanto en el sector agrario como en el hidrocarburífero. Desde los años '70 se suscitan importantes transformaciones en la estructura agraria constituyendo uno de los ejemplos de expansión más "dinámicos" de la frontera agraria (Trinchero y Leguizamón, 1995 y Trinchero, 2000). En el sector hidrocarburífero, desde comienzos de los '90, se destaca un fuerte proceso de inversión paralelamente a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado (Trinchero y Leguizamón, 2004).

El área de estudio forma parte de la provincia de Salta. Dicha provincia tiene una superficie de 155.488 km² y reúne, según el Censo 2001, 1.079.422 habitantes, alcanzando una densidad media de 7 hab/km². La distribución de la población al interior de la provincia asume una forma desequilibrada agrupándose en centros urbanos que presentan un desarrollo desigual. La ciudad de Salta capital concentra el 40% de los habitantes de la provincia (462.668 hab.) y es sede de gobierno y administración provincial. En otra investigación (Petz, 2002) avanzamos en observar que, en esta provincia, resaltan actualmente las marcas de una fuerte historia colonial, de un proyecto criollo-español con perfil agrícola-ganadero y un fuerte sesgo aristocrático, basado en un pacto entre la iglesia, el poder económico y político y construido sobre mecanismos contradictorios de inclusión/exclusión de la población aborigen y otros sectores populares. Según la división política provincial, la zona en estudio pertenece al departamento de San Martín. El mismo está conformado por 6 municipios. La cabecera departamental es Tartagal, le siguen en importancia Embarcación y Gral. Mosconi.⁴ Este espacio se caracteriza por la conexión de procesos económicos, políticos y culturales heterogéneos que a lo largo del tiempo fueron conformando la región como una "Formación social de fronteras" (Trinchero, 2000).

Desde mediados de la década pasada y como consecuencia de los procesos privatizadores de las empresas del estado, la zona presenta niveles inéditos de desocupación, aumento de la precariedad en las condiciones del empleo y una fuerte conflictividad social (Trinchero y Leguizamón, 2002), manifestada en puebladas y los cortes de la Ruta Nacional 34.⁵ Estas acciones colectivas fueron respondidas, muchas veces, con medidas de carácter represivo. En relación a esto cabe destacar los niveles de militarización ascendentes que presenta la región durante la década de los '90 en función de hipótesis de conflicto vinculadas a acciones de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y Sendero Luminoso en la frontera. Los operativos conjuntos entre el Ejército Argentino y la DEA (Drug Enforcement Administration), el Operativo Cabañas 2001 y el estatus particular que adquiere esta región de fronteras para Gendarmería, dan cuenta de lo expresado.

Además de dichas medidas represivas, la respuesta del poder político ha sido la implementación de diferentes políticas focalizadas para "los excluidos". Entre ellas se destacan diferentes planes de empleo de carácter nacional y financiamiento externo: Plan Trabajar y de Emergencia Laboral (gestión Menem y De la Rúa), Plan Jefas y Jefes de Hogar (gestión Duhalde) Plan Jefas y Jefes de Hogar, Programas de Empleo comunitarios, Plan Manos a la Obra (gestión Kirchner).⁶ Por su parte, la provincia, ha desplegado sus propios planes de empleo: Salta Trabaja y Salta Solidaria. Ambos planes, para agosto de 2004, llegaban a 1.400 "beneficiarios" y estaban concentrados principalmente en el departamento de San Martín. Sin embargo, su impacto en la región es por demás limitado. Cabe destacar que el departamento en su conjunto deviene en un campo de interferencia entre políticas de intervención provenientes del Estado nacional y aquellas implementadas por la provincia.

En contrapunto a los impactos que sobre el trabajo y el territorio producen los avances del capital y a los diseños de políticas de intervención estatal anteriormente señalados, han emergido distintos movimientos de resistencia cuya reivindicación más importante es por trabajo genuino y que se caracterizan por resistir en el ámbito territorial (Trinchero y Leguizamón 2004). En el departamento de San Martín algunas de las fuerzas sociales y políticas presentes que resisten son: Unión de Trabajadores desocupados de General Mosconi (UTD Mosconi), Movimiento Territorial de Liberación (MTL-Partido Comunista), Corriente Clasista Combativa (CCC-Partido Comunista Revolucionario), Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST-Movimiento Socialista de los Trabajadores), Polo Obrero (PO-Partido Obrero), Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Movimiento Trabajadores Desocupados Evita, Unión Trabajadores Desocupados de Pocitos y distintas agrupaciones de ex trabajadores de YPF.

Otra de las características de la región en cuestión es que ha sido históricamente lugar de otras luchas y reivindicaciones. Entre ellas cabe destacar: a) la reivindicación de los Pueblos Originarios por el derecho al territorio, base de la reproducción social y cultural de sus comunidades. Recordemos que la zona involucrada reúne la mayor diversidad étnica y presenta un importante peso de población indígena siendo asentamiento de parcialidades aborígenes pertenecientes a distintos grupos étnicos, entre ellos: Guaraní, Chané, Wichí, Chorote, Chulupí. Según datos de la Dirección de estadística de la provincia de Salta (2004), el porcentaje de hogares con miembros indígenas en el departamento de San Martín en relación al total provincial asciende a 28.8%. b) Las luchas llevadas adelante por los trabajadores organizados en defensa de mejoras en las condiciones de trabajo y, frente a los procesos de tecnificación de las agroindustrias azucareras (fines de los años '60 y comienzas de los '70), las luchas por la defensa de los puestos de trabajo. c) Las luchas sindicales en contra de la privatización de las empresas del Estado y por la defensa de los puestos de trabajo. En este punto recordemos las movilizaciones y cortes de ruta producidos por los trabajadores en Aguaray (1985), Campo Durán, Gral. Mosconi y Tartagal (1991), prácticas de protesta que se recuperan bien entrados los años '90 y en muchos casos por los mismos sujetos.

Hasta ahora señalé una serie de procesos y características particulares de la región norte de Argentina. A continuación realizo algunas consideraciones sobre el Municipio de General Mosconi, territorio de despliegue del accionar social y político de la UTD.

General Mosconi

General Mosconi tiene una superficie de 2.758 km² y, según el censo de 2001, cuenta con una población de 19.811 habitantes. La Ruta Nacional N° 34 une a lo largo de 50 km esta localidad con Bolivia al norte y la ciudad de Salta al sur.

El desarrollo de General Mosconi se vio íntimamente ligado a la empresa hidrocarburífera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF se creó en 1922 en el contexto del nacionalismo económico que tuvo lugar luego de la Primera Guerra Mundial y se constituyó como empresa del Estado en estrecha vinculación con políticas estatales basadas en el modelo de regulación keynesiano. A nivel geopolítico, la modalidad de explotación y ocupación del territorio por parte de YPF permitió consolidar la presencia estatal en un área de fronteras al tiempo que promovió desarrollos regionales. A nivel económico, muchos autores manifiestan que dichas modalidades responden a la categorización de "economía de enclave".⁷ Por su parte, Svampa y Pereyra (2003), plantean que YPF fue un modelo de "civilización territorial" ya que la modalidad de ocupación del territorio no se limitó a la explotación de recursos naturales sino que incorporó una extensa red de servicios sociales, recreativos y residenciales para el personal de manera tal que se fue construyendo una cultura del trabajo en articulación a la empresa.

El modelo social desarrollado por esta empresa (derechos sociales, protección social, bienestar general), se instrumentó a través de una extensa red social, que diferencias mediante, incluyó a todas las categorías laborales. No obstante, dicho modelo de relaciones sociales adquirió un perfil fuertemente jerárquico y se caracterizó por la separación espacial entre los diferentes sectores del campo laboral. En esta parte de lo que se denomina la Cuenca Petrolera Noroeste, la residencia de los directivos, profesionales y trabajadores más calificados fue Campamento Vespucio (a 5 km de Mosconi); el asentamiento de los trabajadores cuyas calificaciones laborales eran más bajas fue Gral. Mosconi y la zona comercial: Tartagal (a 10 km al norte de Mosconi por la Ruta Nacional 34). Esta segmentación espacial permitió la configuración de espacios y relaciones sociales bastante homogéneos a su interior constituyendo uno de los rasgos diferenciadores de General Mosconi respecto de otras localidades fundadas por YPF (Svampa y Pereyra, 2003).

En síntesis, YPF se ha configurado históricamente en la región como un actor protagónico tanto en el ámbito de la producción como en el de la reproducción erigiéndose como actor central en la organización social. Además, el gobierno local adquirió un carácter meramente formal mientras YPF estuvo en manos del Estado. A nivel de referenciación hacia la población, la administración de YPF se encontraba más valorizada que el propio municipio.

Mosconi era una ciudad de plena ocupación y relativo bienestar hasta ya iniciado el proceso de privatización de YPF en 1993. La importancia de YPF en el departamento de San Martín se evidenciaba, en lo que hace a la generación de empleo, todavía en 1995. Para esta fecha, cada puesto directo de trabajo en actividades hidrocarburífereas generaba 13 puestos indirectos de trabajo (MTySS 2000, citado en Lapegna, 2000:14). Pero, si bien en el sector hidrocarburífero se generaron nuevas inversiones, el proceso privatizador devino en un achicamiento de la empresa que implicó tanto licencias como retiros voluntarios. Los ex trabajadores/as dirigieron sus indemnizaciones a la generación de emprendimientos productivos independientes, proliferando de esta manera subunidades económicas (servicios de transporte de corta distancia –remiserías–, comercios, fletes, etc.). Sin embargo, el modelo de reconversión de trabajadores en pequeños empresarios que ofrecían sus servicios a YPF se agotó tempranamente.

La desocupación creció a niveles inéditos y muy superiores a otras regiones de Argentina. Según la Encuesta Permanente de Hogares que se realizó en la localidad de Mosconi para octubre de 1996, el índice de desocupación llegó al 23% y la subocupación al 19%, mientras que para diciembre de 1997 la desocupación descendió al 17% mostrando una mejoría y la subocupación ascendió al 25%. La ausencia de una política de desarrollo regional dirigida a absorber a los trabajadores desocupados llevó, entre 1997 y 2001, a que el índice de desocupación ascienda al 42,8%. A partir de 1997 y como resultado de las primeras movilizaciones, se disponen desde el gobierno nacional las primeras políticas de emergencia laboral centradas en los planes de empleo.

Dicha política continúa en la actualidad.⁸ Prestemos atención a los siguientes datos: según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para Julio de 2004, la cantidad de hogares en General Mosconi es de 4548, de los cuales son "beneficiarios" del Plan Jefes y Jefas de Hogar aún para julio de ese año un 85,4%, esto es 3.884 hogares. Según la misma fuente, para Abril de 2005, los hogares con "beneficiarios" de dicho plan asistencial significan un 79,9%, esto equivale a 3.633 hogares.

Ahora bien, en primer lugar, el hecho de la proliferación de "emprendimientos independientes", y frente al colapso de dicha modalidad, encarar la situación de desocupación desde planes de empleo que no llegan a los 200 pesos, contrasta con la memoria colectiva acerca de los sentidos que asumía el trabajo en décadas anteriores. Recordemos que la identidad de los trabajadores/as de YPF se construía bajo la perspectiva de un desarrollo laboral enmarcado en la idea de empleo estable, protección y seguridad social. Desde esta dimensión la identidad de ex trabajadores/as de la empresa actualmente desocupados, se configura en base a las experiencias inmediatas de acuerdo con un paradigma que se ha transformado en los últimos años. Pero además, se quiebra el sujeto trabajador como sujeto colectivo y se vive la experiencia de la desocupación en términos individuales. Vivida de esa manera la desocupación no es solamente un problema económico, además es un problema de quiebra de la autoestima, que da origen a procesos de autoculpabilización, de angustia, de resentimiento, de violencia, de desintegración, que actúa como mecanismo de disciplinamiento social y de atomización reenviando la desocupación a un problema individual y no colectivo. Esto vale también para aquellos que estuvieron indirectamente vinculados a YPF. Los jóvenes que vivieron la experiencia inmediata de ser hijos de "ypefeanos" y poseen una experiencia mediata de lo que significaba trabajar, adquirida a través de la experiencia-conocimiento-conciencia de otras personas (Piqueras, 1997), viven hoy la experiencia de la desocupación.

En segundo lugar, la situación de pobreza y marginalidad que caracteriza aún hoy a la mayoría de los hogares de Mosconi contrasta con el nivel de facturación de las petroleras asentadas en ese territorio. Las preguntas en relación a dónde van a parar las ganancias y por el criterio del reparto de las regalías se manifiestan en la población cotidianamente.

En este contexto, la conformación de instancias colectivas, agrupamientos donde no sólo participan ex trabajadores/as sino también cantidades de jóvenes que nunca tuvieron la posibilidad de trabajar y trabajadores/as precarizados adoptan un rol importantísimo al constituirse en un espacio de contención y pertenencia colectiva.

Hasta aquí y a grandes rasgos revisamos históricamente el espacio social, espacio de relaciones donde la UTD dispone su política, con la pretensión de brindar un panorama que nos arroje algunas claves para poder ir explicando este presente.

Surgimiento de la UTD

En el sentido anteriormente planteado me detengo en primera instancia en la reflexión sobre el surgimiento de este movimiento. Más específicamente en su primera acción política en tanto acto fundante.

La UTD se creó en el año 1996 y tuvo como acto fundante la toma del Concejo Deliberante local.⁹ Dicha institución reúne a los concejales, es decir el ámbito deliberativo de los representantes locales. Como corolario de este hecho político se consiguieron los primeros planes de empleo y bolsones que quedaron bajo la administración del municipio.¹⁰

Pretendo analizar los sentidos políticos de esta primer acción colectiva que se despliega al interior del municipio en relación a dos planos. El primero coyuntural, vinculado a analizar este hecho político en relación a los cambios sufridos en lo político, económico y cultural; el segundo, relacionado a mirar dicho hecho en relación al sujeto colectivo de protesta.

El proceso privatizador de YPF no impactó solamente en el plano de la producción sino también en el de la reproducción social provocando una serie de rupturas o quiebres en el modelo según el cuál la población se pensaba a sí misma. Pero además, si la empresa era responsable de la reproducción social supliendo la gestión política local (asistencia social, hospitales, escuelas, salas de primeros auxilios, vivienda, entre otros), a partir de la privatización dicha gestión quedó depositada en el Estado municipal. Sin embargo, otras medidas estructurales (Reforma del Estado) estuvieron a la orden del día en la región. En efecto, el rol del Estado durante los '90 ha ido mutando. La reducción del gasto público implicó una reestructuración del Estado en sus distintos niveles y la gestión política vinculada a garantizar aquellos derechos universales no recayó bajo responsabilidad estatal.¹¹ Por otra parte, se suma la falta de una política con arreglo a promover un modelo de desarrollo regional.

Entonces, si tenemos en cuenta lo dicho hasta ahora además de la creciente situación de pobreza, abandono y desocupación de la población, podemos ir señalando que uno de los sentidos políticos que adopta la toma del Concejo Deliberante local se vincula a interpelar el rol del Estado. Se hace visible, se lleva al centro mismo de la escena política local la situación de desocupación, imponiéndola en la agenda de gobierno. Se expresa la bronca popular respecto del "para quién gobiernan nuestros representantes", interpelando a los sectores gobernantes locales tanto en su capacidad de gestión como de intervención al tiempo que deja de manifiesto una crisis de representatividad.

A nivel de la organización, esta primer acción colectiva, otorga niveles de referenciación hacia la población. Hacia los sectores gobernantes, expresa la presencia de un sujeto colectivo que se organiza y no solamente en torno a la reivindicación de "trabajo genuino", sino en torno al mejoramiento de las condiciones de vida de todo el pueblo el Mosconi.

Ahora bien, del '96 a esta parte, el proceso de resistencia iniciado por este movimiento se ha ido profundizando y fue pasando por distintos momentos. Desde mi primer trabajo de campo me pregunté acerca de la respuesta que obtuve por parte de uno de los referentes de la organización frente a mi pregunta: ¿qué es la UTD? La respuesta fue "somos un municipio paralelo", y de ahí en adelante nunca más dejé de pensar en aquella primer acción colectiva recientemente descripta ya que permanentemente vuelvo a ella para seguir trazando relaciones. Mayor fue mi asombro al recorrer los distintos lugares construidos, los microemprendimientos, a medida que iba conociendo los proyectos, hablando con el resto del pueblo, ya que de alguna manera todo coincidía para recuperar aquella categoría social de "municipio paralelo" al momento de describir que es la UTD. Volví entonces sobre unas de mis preguntas que me llevó a detenerme en Mosconi pensando en que por ahí debía cambiarla o al menos complejizarla. Dicha pregunta planteaba ¿por qué en otras localidades surgidas en torno a YPF como Cutral-co y Plaza Huincul el conflicto se encauza a partir de la intervención del Movimiento Popular Neuquino con una política donde prevalece la "contención social" (Svampa, 2003) "municipalizándose" el conflicto, y en cambio en Mosconi aún hoy sobresalen los niveles de organización alcanzados por los sectores populares implicados en el proceso y la confrontación con políticas de cooptación del gobierno? Luego de esta vuelta al origen y frente a la consideración que tienen los propios sujetos que resisten de la UTD como "municipio paralelo", me pregunté: ¿es posible considerar a la UTD como un sujeto colectivo que logra conducir y encauzar el conflicto social a nivel local? Y si esto es así, ¿qué relaciones fueron permitiéndolo?, ¿qué sentidos tiene? Conciente de la complejidad de la realidad me dispuse a mirar este proceso de resistencia en el marco de relaciones y procesos de hegemonía.¹²

Entre la protesta y la propuesta social

El proceso de resistencia de la UTD alterna entre la protesta y la propuesta social. Si bien la protesta cuestiona algunos aspectos de las relaciones de dominación/subordinación, la propuesta social, por su parte, aparece permitida por las instancias de negociación con el gobierno y las empresas petroleras, sectores estos contra los cuales se protesta. Sin duda el proceso de resistencia se presenta contradictorio y lleno de tensiones.

La UTD ha generado expresiones de protesta y ha participado de manera protagónica en otras convocadas por sujetos diferentes. Al hablar de expresiones de protesta me refiero a aquellas acciones orientadas a defenderse de las estructuraciones que genera la evolución del capital en esta área de fronteras. En esta línea se encuentran la toma de los espacios públicos, cortes de ruta, puebladas, movilizaciones y concentraciones, piquetes en las puertas de las empresas petroleras. Desde el '96 a esta parte estas medidas se han implementado para cuestionar ciertas prácticas políticas, para reclamar por planes de empleo, trabajo genuino, distribución de regalías. Vale aclarar aquí que las expresiones de protesta han ido variando de acuerdo a los diseños de políticas asistenciales estatales así como también las respuestas obtenidas se fueron modificando según los espacios de negociación abiertos por las distintas gestiones de gobierno a nivel nacional y los intentos de las empresas petroleras por modificar las representaciones que de ellas tiene la población de la región.

No podemos dejar de mencionar las fuertes represiones a los prolongados cortes de ruta de la UTD¹³ y los niveles de visibilidad que adquirieron dichas protestas y su represión, y como consecuencia de ello el reconocimiento del colectivo por parte del Estado como interlocutor para la negociación. Teniendo en cuenta que el Estado se guarda para sí el monopolio de la violencia, monopolio que se niega a perder, me parece interesante pensar en la violencia del corte de ruta en los mismos términos que Benjamin reflexiona sobre la violencia de la huelga. Este autor plantea que dicha violencia implanta o modifica las condiciones del derecho y que el Estado teme por esta violencia al ser precisamente fundadora de derecho y por tener que reconocerla en esos términos (Benjamín, 1999).

Me detengo ahora en el análisis de aquello que permite la propuesta de la organización. Pero más que mirar la propuesta en sí misma intentaré articular procesos sociopolíticos que implicaron cambios en las modalidades del accionar político de los sectores gobernantes, con las iniciativas y sus reelaboraciones por parte de la UTD. Para esto recorto dos momentos: los inicios del gobierno de la Alianza y los inicios del gobierno de Kirchner. Adopto esta práctica sabiendo los límites explicativos que puede tener semejante recorte ya desde la propia sincronía.

En diciembre de 1999 asumió el gobierno de la Alianza a nivel nacional en el marco de una profunda crisis política e institucional, altos niveles de corrupción y una fuerte conflictividad social ocasionada en parte por los altos niveles de desocupación. Este contexto ya iba mostrando los límites del modelo neoliberal que, si bien su génesis puede rastrearse a partir del Golpe de Estado de 1955 a Juan D. Perón, se implementó a partir de la última dictadura militar y se consolidó durante los años del menemismo. Hasta ese entonces la crisis social se venía controlando desde el sistema de relaciones políticas generadas por el Partido Justicialista (PJ). Una de las primeras medidas que llevó adelante la entonces Ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, en pos de desarticular aquel sistema de relaciones pero también con la condición de reducir el gasto social que implicaba el sostenimiento de aquel sistema, fue una serie de cambios en la distribución de los subsidios para desocupados. Si hasta ese entonces la distribución de los planes de empleo había sido monopolizada por los municipios, en adelante, se otorgó la posibilidad a las organizaciones sociales de gestionarlos y ejecutarlos. El efecto no deseado por los tecnócratas fue la institucionalización y crecimiento de las organizaciones sociales y políticas a partir de "los planes". En relación al caso en estudio, luego del corte de la Ruta Nacional N° 34 en diciembre de 1999, se otorgaron los primeros 220 planes de empleo a la UTD que comenzó a administrar de manera independiente al municipio. De aquí en más, dicha organización realizó una serie de acciones de protesta en aras a la consecución de más Planes Trabajar, resignificó la concepción acerca de esos planes y comenzó a desarrollar una serie de prácticas vinculadas a ciertas carencias locales: construcción de salas de primeros auxilios, reparación de escuelas, forestación del ejido urbano, etc. Hasta donde pudimos avanzar en nuestro trabajo de campo, dichos planes de empleo no son percibidos como concesiones del poder, como dádivas del Estado. Son considerados producto de la lucha y de la acción colectiva. Es esta "conquista", la que desde la perspectiva de la UTD, permite su utilización "transformándolos" en planes productivos. Sin embargo, es lícito hacer notar que el control del otorgamiento de los planes a la organización lo mantiene el Estado, logrando grados de sujeción del grupo limitando la "autonomía".¹⁴ ¿Y el Estado provincial y municipal? Para 1999 en la provincia como en el municipio seguía gobernando el PJ y al menos en la provincia el sector mas proclive a la defensa de las formas de acumulación provenientes de sector financiero. Durante los episodios de protesta, el gobierno provincial prácticamente no se involucró dejando que el conflicto fuera resuelto por el gobierno nacional, salvo cuando el conflicto se vinculó explícitamente desde los medios de comunicación con la población aborigen.¹⁵ La explicación posible de esta ausencia puede recaer en la pretensión del gobierno salteño de horadar la gobernabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto al Estado municipal, este ha intentado, por distintas vías, negociar con los individuos en particular y no con la organización. Ante esta relación conflictiva con el Estado municipal, la UTD ha intentado una serie de iniciativas propias vinculadas a aportar a la solución de necesidades locales que contrarrestan las políticas estatales de "individuación" (Holloway, 1994).

El 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, luego del gobierno provisional de Eduardo Duhalde. Se caracteriza por ser un gobierno que cuestiona las políticas neoliberales, si bien es posible analizar que hacia su interior existen sectores que defienden dichas políticas. A partir del control de algunas áreas del Estado, la presente gestión generó espacios de diálogo con los distintos sectores que van desde el empresariado y las privatizadas, los sindicatos y los sectores populares. En relación a nuestro caso de estudio, se entablaron, entre la UTD y el Ministerio de Planificación, de Desarrollo Social y la Secretaría de Presidencia, una serie de intercambios. Considero que esto es posible y redituable políticamente para el gobierno por varias cuestiones, entre ellas: a) La UTD no posee ninguna filiación partidaria, posee una política a partir de la cual decide no fijar posición explícita a favor o en contra del actual gobierno nacional, planteándose fundamentalmente el plano local como su ámbito de intervención. b) El ámbito de desarrollo de la UTD si bien es la localidad de General Mosconi, tiene mucha influencia en el resto de la Cuenca Petrolera Noroeste, lugar donde se asientan las grandes petroleras, lugar de vías de comunicación con los países vecinos y que permiten el abastecimiento de energía a nivel interno y externo, lugar estratégico sin duda. c) El gobernador de la provincia de Salta es Juan Carlos Romero y si bien pertenece al mismo partido político (PJ) que el presidente, demostraron estar enfrentados políticamente. En este enfrentamiento, el "kirchnerismo" puede encontrar en la UTD un aliado político en una provincia cuyo gobierno resulta difícil, al menos hasta hoy, que apoye en las próximas elecciones a la gestión actual.

Para la UTD, las instancias de negociación permiten obtener recursos para la organización logrando amplificar su desarrollo territorial al tiempo que disputa con el municipio la referencia política.

En relación a la primera instancia analizada, me interesa apuntar cómo una modificación en la política de distribución de "los planes" favorece el crecimiento organizativo de la UTD como colectivo demandante de derechos y que disputa la gestión política local. Al respecto de la segunda, mi interés pasa por señalar que la UTD accede a los espacios de negociación siendo reconocida como un sujeto colectivo que interviene no solamente por medio de la confrontación sino también en la resolución cotidiana de los problemas locales a partir de la organización de los sectores afectados. Cuáles son los límites y los alcances de este dispositivo para el proceso de resistencia de la UTD, es la pregunta obvia y que nos queda abierta.

Últimas consideraciones

En estas páginas describí procesos y características de la región norte de Argentina, así cómo el espacio social donde surge la UTD y despliega su política. Me detuve también a pensar algunos de los sentidos políticos de la primera acción colectiva del movimiento. Por último, intenté reflexionar acerca del campo de relaciones sobre el que se desarrolla el proceso de resistencia gestado por el sujeto colectivo aquí involucrado.

Al comienzo del trabajo me preguntaba por los movimientos sociales y la "autonomía" y como muchas veces las elaboraciones teóricas reproducen sin más la voz de los sujetos sin problematizarla a la luz de los condicionamientos que posee toda práctica sea ésta política o no. Creo que mirar precisamente dichos condicionamientos en el marco de relaciones de hegemonía nos permite abordar los sentidos políticos de los colectivos que protestan y resisten, capturando aquello que está más allá de lo manifiesto.

Son muchas las dimensiones que no llegamos a abordar en este trabajo y que quedarán para otra oportunidad, entre ellas podemos señalar la relación de la UTD con las empresas petroleras, la política de alianzas con las otras fuerzas políticas y sociales presentes en el territorio y los impactos que se producen, a partir de los cambios en las relaciones entre la UTD, el Estado y las empresas, sobre el proceso político en esta región de fronteras.

Notas

¹ Este artículo es una versión mejorada de la ponencia presentada en el grupo de trabajo: Resistencia, protesta social y movimientos sociales de las III Jornadas de Investigación en Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, del 3 al 5 de agosto de 2005.

² Entre otros: Colectivo Situaciones, 2001; Svampa y Pereyra, 2003; Mazzeo, 2004.

³ Nos referimos al territorio como aquel espacio antigeométrico, espacio constituido históricamente donde se articulan relaciones sociales y se disputa poder.

⁴ Luego vienen Aguaray y Profesor Salvador Mazza, se completa con Gral. Ballivián.

⁵ La Ruta Nacional 34 constituye el eje norte sur del umbral al Chaco argentino y principal vía de circulación de la producción regional hacia los mercados nacionales e internacionales

⁶ La modalidad de ejecución de cada uno de estos programas así como el monto recibido fue variando de acuerdo a cada gestión de gobierno

⁷ No nos animamos en este momento de la investigación a adoptar esta categoría debido a las distintas operacionalizaciones que se han realizado de la misma.

⁸ Según la Secretaría de la Producción Municipal, el desempleo contando a los subocupados y los "beneficiarios" del PJH, actualmente alcanza el 40%.

⁹ Muchos de los militantes que estuvieron en la toma del Concejo Deliberante tuvieron militancia política y sindical. Resulta interesante señalar estas trayectorias por las modalidades que imponen a las acciones colectivas y las formas de pensarlas y explicarlas.

¹⁰ Recordemos que los primeros planes de empleo durante la gestión Menem, eran monopolizados por los municipios. En este armado no tenían ingerencia las organizaciones sociales que demandaban.

¹¹ La reducción del gasto público, que implicó el achicamiento de la administración pública impactó fuertemente en la zona aumentando los niveles de desocupación por los despidos de empleados estatales. Por otra parte, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y de la educación en la zona se precarizaron aún más. Estos fueron algunos de los antecedentes de la pueblada de Tartagal y del incendio a la Municipalidad de dicha localidad por parte del movimiento social.

¹² Sigo a Grimberg (2005) cuando utiliza hegemonía para referirse a aquellas relaciones de poder que vinculan coerción y consenso tensionándolos. Dicha noción subraya el rol de la agencia y las múltiples acciones e interacciones entre sectores sociales dominantes y subalternos, en un proceso de mutuas apropiaciones y resignificaciones.

¹³ Dejaron un saldo de 5 muertos, 120 heridos de balas y un sin número de causas legales abiertas a los militantes.

¹⁴ Tomo aquí autonomía como la capacidad del movimiento de defender la soberanía de la organización como sujeto colectivo frente a las políticas estatales de individuación.

¹⁵ Ver diario Clarín del 12-11-2000, "Cuando los Indios se volvieron piqueteros". Cf. Trinchero y Leguizamón, 2004.

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