De la recuperación como acción a la recuperación como proceso: prácticas de movilización social y acciones estatales en torno a las recuperaciones de fábricas

María Inés Fernández Álvarez^*

^* Doctora en Antropología UBA-EHESS. Becaria posdoctoral CONICET. Integrante de los proyectos FI 041 UBACyT y PIP 5858 CONICET, Programa de Estudios sobre Protesta y Resistencia Social, dirigido por Mabel Grimberg, Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Integrante del Área de Identidad y Representación, CEIL-PIETTE, CONICET. Dirección electrónica: mifal@filo.ub.ar.

Fecha de realización: agosto de 2006. Fecha de entrega: noviembre de 2006. Fecha de aprobación: junio de 2007.

Resumen

Los estudios recientes sobre movilización social en Argentina estuvieron fuertemente influenciados por las corrientes desarrolladas en la academia norteamericana, cuya mirada se centra en las formas de acción, como emergentes o respuestas a las transformaciones sociales. La recuperación de estos enfoques por la academia local estuvo acompañada por el interés que despertó la creciente movilización social a comienzos del 2000, como las organizaciones de desocupados y las recuperaciones de empresas. Estas "nuevas" formas de acción fueron analizadas como la base de la constitución de nuevos actores y, en consecuencia, de nuevas identidades surgidas frente al "retiro" del Estado. A partir de un estudio etnográfico sobre empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires realizado entre el 2002 y 2005, este artículo reconstruye el modo en que recuperar una fábrica, más que constituirse en una forma particular de acción puede pensarse como un proceso que delimitó un campo de relaciones con el Estado.

Palabras Clave: Movilización social, Empresas recuperadas, Campo de disputa, Acción estatal, Acción colectiva

Abstract

Recent studies about social mobilization in Argentina have been strongly influenced by the American academic developments, which focus on the ways of action as an emergent or answer to social changes. These insights were recovered by the local academy since the awaken interest on the increasing social mobilization in the beginning of 2000, as unemployed organizations and enterprises recoveries . These "new" ways of action were analyzed as the base of the constitution of new actors, and consequently new identities, appeared due to the retirement of the State. From an ethnographic study on recovered enterprises in Buenos Aires City carried out from 2002 to 2005, this article reconstructs the way in which to recover a factory, more than become a particular way of action can be thought as a process that delimited a relation field with the State.

Key Words: Social mobilization, Recovered enterprises, Field of Struggle, State action, Collective action

Resumo

Os estudos recentes sobre a mobilização social na Argentina estiveram fortemente influenciados pelas correntes desenvolvidas na academia norte-americana, cuja mirada está centrada nas formas de ação , como respostas às transformações sociais. A recuperação destes enfoques na academia local esteve acompanhada pelo interesse que provocou a crescente mobilização social nos começos do ano 2000, como as organizações de desocupados e as recuperações de empresas. Estas "novas" formas de ação foram analisadas como a base da constituição de novos actores e, consequentemente, novas identidades, que surgiram frente ao "retrocesso" do Estado. A partir dum estudo etnográfico sobre as empresas recuperadas na cidade de Buenos Aires, que foi realizado entre os anos 2002 e 2005, este artigo reconstrói o modo no que recuperar uma fábrica, mais que constituir-se como uma forma particular de ação, pode pensar-se como um processo que delimitou um campo de relações com o Estado.

Palavras-chave: Mobilização social, Empresas recuperadas, Campo de disputa, Ação estatal, Ação coletiva

Introducción

Los enfoques sobre acción colectiva y movilización social desarrollados en los últimos años en Argentina, estuvieron fuertemente influenciados por los debates y convergencias entre las denominadas "Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales" de origen europeo y la "Teoría de la Movilización de Recursos", desarrollados principalmente en la academia norteamericana. Estas corrientes han confluido en propuestas integradoras, con una mirada centrada en los movimientos sociales, la protesta o los repertorios de acción colectiva, focalizando en las formas de organización o en los procesos de construcción identitaria. En ambos casos, se trata de lecturas que abordan las formas de acción como emergentes o respuestas a las transformaciones sociales, en las que éstas resultan una consecuencia de los cambios a nivel estructural o de la posibilidad de "explotar" determinadas oportunidades políticas.

La incorporación de estos enfoques por parte de la academia local (Auyero, 2002; Svampa y Pereyra, 2003; Schuster, 2005; Fajn, 2003; Favaro y Aizicson, 2003) estuvo acompañada por el interés que despertaron las variadas expresiones de movilización social en la Argentina de finales de los noventa y principios del nuevo milenio. Entre ellas se destacaron los estudios sobre organizaciones de desocupados a los que se sumaron luego los análisis sobre las recuperaciones de empresas. Haciendo eco de los debates desarrollados en otras latitudes, principalmente en Estados Unidos, estos estudios propusieron una mirada en términos de ruptura respecto de otras expresiones como el movimiento obrero, definiéndolas en contraposición. Desde estas visiones, las "nuevas" formas de acción fueron analizadas como la base de la constitución de "nuevos actores" y "nuevas identidades", surgidos frente al "retiro" del Estado. Se privilegió así un enfoque que focalizó en la acción y en función de ésta en la constitución del actor. En consecuencia, estas expresiones de movilización social -en nuestro caso en particular, las recuperaciones - fueron extraídas del proceso más general en el que se inscribían, limitando la posibilidad de mostrar la incidencia de procesos organizativos más amplios en los que se actualizan tradiciones sociales y políticas. Al mismo tiempo, esta concepción ponderó un estudio centrado en las formas de acción, consideradas emergentes o respuestas a las transformaciones sociales, inhibiendo el análisis sobre la forma en que las políticas sociales y las acciones del Estado configuran y regulan estos procesos, y generan a su vez un espacio de disputa.¹

Retomando aportes de una línea de la antropología política que analiza de manera articulada las formas cotidianas de resistencia y dominación, en este artículo nos proponemos reconstruir el modo en que recuperar una fábrica, más que constituirse en una forma particular de acción puede pensarse como un proceso en el que confluyen tradiciones y trayectorias sociales y políticas, a partir del cual se delimita un campo de relaciones con el Estado y se define un escenario de disputa.

Para desarrollar este argumento, este trabajo se basa en resultados de un estudio etnográfico sobre empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires llevado adelante entre los años 2002 y 2005. En esta investigación trabajamos en un diseño articulado en dos niveles. Un nivel de análisis intermedio, de carácter sectorial, en el que se abordó el proceso en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la observación de las distintas experiencias. Un segundo nivel, en profundidad, en el que abordamos específicamente el análisis de una empresa en particular.²

A continuación, reconstruimos las características centrales de las recuperaciones , en base a tres casos de la Ciudad de Buenos Aires, considerando el proceso de formación de los movimientos de empresas y fábricas recuperadas constituidos en este ámbito, para luego detenernos en un análisis del proceso de construcción de demandas.

¿A qué se denominó recuperaciones de fábricas?

A partir de mediados de los años noventa se sucedieron en distintas regiones del país una serie de acciones que en su conjunto fueron conocidas como recuperaciones de empresas y fábricas. ¿En que consistieron las recuperaciones ? Para responder a este interrogante, reconstruiremos brevemente tres casos de la Ciudad de Buenos Aires, en base al relato de los trabajadores.

Finales de 2001. En una fábrica de Barracas, a las deudas salariales de algunos meses se suma el anuncio de suspensiones, primero de algunos trabajadores y más tarde de la producción. Cuando estos se reincorporan, una vez finalizadas las suspensiones, se encuentran con una faja de clausura y el anuncio de la quiebra. Sin embargo, aquellos que residían en la zona observan que la planta sigue funcionando. "Preocupados por su futuro" y con el objetivo de "evitar el vaciamiento", montan una guardia en la puerta de la fábrica, para la que cuentan con el apoyo del barrio. Se conectan con una cooperativa vecina de Avellaneda, cuyos trabajadores habían pasado recientemente por circunstancias semejantes, y a través de ellos con su abogado, quien se constituirá más tarde en presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). Con su asesoramiento, conforman una cooperativa de trabajo y solicitan una entrevista con el juez a cargo de la quiebra, a quien le presentan un proyecto para poner en funcionamiento la fábrica haciéndose cargo de la producción, amparándose en el artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras, modificado a comienzos de 2002.³ A través de este procedimiento buscan evitar el remate de los bienes y "ganar tiempo". Tras una serie de negociaciones, el juez asigna la administración de la empresa a la cooperativa, bajo forma de alquiler. Paralelamente, los trabajadores acompañados por los abogados y representantes de la organización inician la demanda de una ley de expropiación en la legislatura, para lograr "la continuidad de la unidad productiva" una vez vencido el plazo que otorga el juez. Se suceden reuniones con los legisladores y sesiones de las comisiones hasta que en septiembre de ese año se sanciona una ley -una de las dos primeras en la Ciudad de Buenos Aires- que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes.⁴

Barrio de Pompeya, año 1998. Como en el caso de numerosas empresas medianas, durante la década de los noventa se acrecientan las dificultades financieras de una gráfica dedicada principalmente a la edición de libros de arte. Durante ese año, la postergación en el pago de salarios se prolonga y la retención de aportes se acumula. Esta situación se agrava en el año siguiente y a comienzos del 2002 la empresa se presenta en concurso preventivo de acreedores. Los trabajadores observan "movimientos extraños" y previendo la intención de "los dueños" de sacar las máquinas de la planta porque "estaban vendidas" deciden permanecer en "custodia de la fuente de trabajo". José, uno de ellos, participa desde hace años en una organización de vivienda en su barrio, una mutual que viene manteniendo desde el año 2000 algunas reuniones con otras organizaciones, entre ellas miembros de cooperativas de trabajo recuperadas , nucleadas primero en el Movimiento Popular de Economía Social (MOPES), que tiempo después dará lugar a la conformación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). En los últimos meses ha conocido varios casos parecidos al de su fábrica. Comenta con ellos su situación y los invita a discutir con sus compañeros para encontrar una salida a la situación de su fábrica. Poco tiempo después conforman una cooperativa de trabajo. Con el objetivo de "evitar el vaciamiento de la planta", solicitan una reunión ante el juzgado de la causa y presentan un proyecto que les permita dar continuidad a la producción. Sin embargo el juez rechaza el pedido y solicita el abandono de la planta mediante una orden de desalojo que los obreros, apoyados por organizaciones del barrio y otras recuperadas, resisten. En mayo de ese mismo año, la empresa presenta la quiebra y el juez modifica su posición. Al mismo tiempo inician un pedido de expropiación en la legislatura, que en septiembre de 2002 sanciona una ley bajo las mismas características.

En el barrio de Mataderos funciona una empresa fundada a principios de los años sesenta que fabrica insumos para el calzado. Deuda de aportes, atrasos salariales y sospecha de vaciamiento forman parte de la cotidianeidad de los trabajadores de esta fábrica que llegó a ser líder en su rama. En diciembre de 2001 quedan suspendidos en conjunto, a través de un telegrama. Al reincorporase observan que faltan máquinas. Las deudas salariales se continúan y algunos empleados se consideran despedidos, intentando cobrar de esta manera las indemnizaciones. En diciembre de 2002 los dueños de la firma se presentan en convocatoria a acreedores y el síndico, evaluando la crítica situación financiera, solicita el pedido de quiebra. Un grupo de obreros se conecta con integrantes del MNER y conforman una cooperativa de trabajo. Para entonces las recuperaciones se habían constituido en "noticia corriente". Con la matrícula en trámite, se presentan ante el juez para solicitar la administración de la planta, que les es otorgada. Logran así la custodia de la unidad productiva y la posibilidad de mantenerla en funcionamiento. Retoman de forma autogestiva la producción, y en marzo de 2003 demandan a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el tratamiento de un proyecto de ley con características similares a los que vienen sancionándose desde septiembre de 2002. Algunos meses después la ley queda promulgada.

Reconstruyamos en base a estos tres casos los rasgos comunes de las recuperaciones . El punto de partida es sin duda la observación de signos de "crisis": el anuncio de la quiebra o el ingreso en el concurso de acreedores, la disposición de medidas como suspensiones o despidos, la persistencia de deudas salariales, y/o la observación de movimientos no habituales como el retiro de maquinarias. Es decir, a la presencia de un conflicto laboral se suma el temor al vaciamiento y cierre de la empresa . Al respecto resulta significativo el modo en que los trabajadores relatan el inicio de las recuperaciones , que no comienza con la ocupación o permanencia -como medida de fuerza frente al conflicto laboral- sino por la narración de los años previos, mostrando el proceso de deterioro que van atravesando las empresas. En estos relatos, los trabajadores resaltan signos de un cierre que se percibía como inevitable, dando cuenta en gran parte de los casos de procesos de vaciamiento , como si el conflicto laboral no fuera suficiente para justificar la recuperación . Para llevarla adelante fue necesario, en principio, dar pruebas de potenciales cierres resaltando, de ser posible, el carácter ilegal o ilegítimo de las acciones así como el comportamiento inmoral de los empresarios tanto respecto de los trabajadores, por el incumplimiento de la relación salarial, como respecto de la sociedad por abandono de la producción nacional.

La recuperación se inicia entonces como una medida para evitar el cierre de la "fuente de trabajo", ya sea mediante la ocupación o permanencia en la planta o bien con el acampe frente a ésta, para garantizar su custodia . El inicio de estas acciones es explicado por los trabajadores como "la única salida para defender la fuente trabajo", evitando convertirse en desocupados, es decir, manteniendo su dignidad. Como lo afirmaba una trabajadora al relatar el comienzo de una recuperación " lo que nosotros queríamos era trabajar. Porque el trabajo forma parte de la dignidad de cada ser humano. Se pierde el trabajo y automáticamente se pierde la dignidad ". Esta afirmación sintetiza el modo en que, quienes llevaron adelante las recuperaciones , otorgan sentido al trabajo, a partir del que se construyeron las argumentaciones desde las que se legitimaron las acciones (Fernández Álvarez, 2006).

En este proceso, un elemento central lo constituye "el encuentro" que se produce en algunos casos con trabajadores de otra fábrica o empresa recuperada, y en otros con miembros de alguna organización. A partir de este vínculo los trabajadores conforman una cooperativa de trabajo, adquieren la matricula en el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria (INAES)⁵ e inician una serie de negociaciones, primero con el juez a cargo de la quiebra o el concurso y más tarde con los legisladores, con el objetivo de lograr la continuidad de la producción. A través de este encuentro se transmite un saber, un aprendizaje que en este transcurso se hace rutinario. En este proceso dos elementos resultan centrales. El primero es la necesidad de "ganar tiempo". Si la sanción de la ley llega varios meses después de iniciada la recuperación , las negociaciones con el juez para lograr la tenencia son un paso inevitable para "frenar" el remate de los bienes -situación obligada una vez declarada la quiebra. El segundo, la búsqueda de una figura legal que permita asegurar la continuidad de la producción. Esta cuestión resulta un punto en común más allá de los discursos de las organizaciones que en algunos casos hacen énfasis en la "legalidad" con que se lleva adelante el proceso mientras que otras consideran que se trata de medidas "legítimas", más allá de las formas legales adoptadas.

Sintetizando, si el inicio de estas recuperaciones respondió a una diversidad de motivos (deudas salariales, despidos, suspensiones, amenazas de cierre) dando lugar a distintos recorridos que incluyeron situaciones más o menos conflictivas -como por ejemplo, desalojos-, la conformación de cooperativas de trabajo, las negociaciones con el juez para lograr la administración y las demandas de expropiación fueron reiterándose en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y se multiplicaron entre el 2002 y el 2003.⁶ En este camino, recuperar una empresa o una fábrica fue delimitando una modalidad específica de demandar la intervención del estado frente a la quiebra o cierre de una empresa, que definió un campo de disputa articulado en torno a las expropiaciones como forma privilegiada de demandar la continuidad de la fuente de trabajo.⁷ Comprender el modo en que la recuperación se constituyó en una modalidad privilegiada de demandar por la fuente de trabajo nos invita a considerar el proceso de formación de los movimientos ,⁸ que adquirieron un papel importante en la posibilidad de dinamizar las recuperaciones y en las características que éstas adquirieron.

La recuperación como proceso de articulación

Las ocupaciones de espacios productivos han venido formando parte del repertorio de acción de los trabajadores en Argentina por lo menos desde finales de los años 50. Sin embargo, a partir de mediados de los años ochenta, y con más intensidad hacia fines de los noventa, estas acciones cobraron características específicas, definiendo una modalidad particular de demandar por la "fuente de trabajo". En efecto, bajo modalidades semejantes a las descriptas previamente, aunque con desenlace diferente, desde 1985 se produjeron una serie de ocupaciones de unidades productivas en la zona de Quilmes y Berazategui. Estas ocupaciones se plantearon como una herramienta puesta en marcha por la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) correspondiente a esta región, organización que se constituyó en una de las promotoras de lo que a comienzos del 2001 se convirtió en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). La conducción de esta seccional, en manos de la corriente Felipe Vallese desde el año 1984, definió una estrategia caracterizada por una política que sobrepasaba la tarea sindical abarcando cuestiones como la defensa de los derechos humanos o la participación en asentamientos (Martucelli y Svampa, 1997). En este marco, la seccional impulsó una modalidad de acción frente a procesos de cierre o quiebra, que consistió en la ocupación de la planta y la conformación de cooperativas de trabajo con el objetivo dar continuidad a la producción (Perelman y Davalos, 2003). En este contexto se conformaron una serie de cooperativas a partir de empresas en crisis, algunas aún en marcha. Sin embargo, en un número importante de los casos el proceso se cerraba cuando aparecían los dueños y se cobraban las indemnizaciones, como lo relata uno de los dirigentes del MNER:

"En el 86 y 87 había habido experiencias así pero no tan sólidas como las que después... sí 86 y 87. la cooperativa General Mosconi, la cooperativa Adavor. En la cooperativa Gral. Mosconi, en alguna cosa participamos, nosotros éramos de la UOM [Capital], teníamos mucha vinculación con la UOM Quilmes. Ya había experiencias, ya lo habíamos propuesto en esos años. Me parece que lo que acelera los procesos es la situación social que tiene el país. En ese tiempo, quizá algún compañero cobraba la indemnización, o se ponía un taxi o un kiosco o que se yo...; quisimos hacer esa nueva experiencia en los años 94 cuando cierra eh... la empresa de calefones como es... una en Quilmes... Saiar. Saiar era una empresa importante y cuando a los compañeros no les estaban pagando todavía la indemnización, cuando los compañeros plantean hacer la cooperativa, enseguida llego el camioncito de Juncadella, les pago a todos, los compañeros cobraron y se fueron. También lo quisimos hacer en una empresa de fundición que hacia todas las cajas de la Fiat, y también pasó lo mismo, cuando nosotros íbamos y proponíamos el tema de la cooperativa, la toma de la fábrica, aparece el camioncito con la guita y los compañeros preferían cobrar la indemnización. Entonces los compañeros cobran la indemnización y se van."

Pero será más de diez años después cuando las recuperaciones , bajo las características descriptas previamente, se convirtieron en una modalidad reiterada de acción y demanda frente a situaciones de cierres o quiebras. En efecto, hacia finales de la década del noventa comenzaron a desarrollarse algunos procesos en la provincia de Buenos Aires como en el caso del Frigorífico Yaguané o la metalúrgica Siam en el año 1996. En el primer caso se trató de una quiebra atravesada por un proceso de vaciamiento . Los trabajadores iniciaron medidas como manifestaciones frente a la planta y posteriormente la ocupación, con el objetivo de evitar el remate de las máquinas, conformando una cooperativa de trabajo que meses después retomó la producción. En el segundo caso, el proceso se inició cuando la empresa entró en concurso de acreedores y los obreros, con el asesoramiento del sindicato, conformaron una cooperativa de trabajo.

Hacia fines de la década se iniciaron procesos similares en la Ciudad de Buenos Aires, vinculados con agrupaciones gremiales dentro de la UOM opositoras a la dirección del sindicato. Bajo modalidades semejantes se desarrollaron también algunos procesos en la provincia de Santa Fe, apoyadas por militantes sindicales y políticos que habían participado previamente en la conformación de cooperativas de desocupados constituidas a partir de privatizaciones. De la misma manera, se conformaron cooperativas de trabajo también como resultado de procesos de privatización en la provincia de Buenos Aires, vinculados en este caso a la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), una organización constituida a finales de la década de los ochenta que recupera una tradición ligada al cooperativismo y al mutualismo.

A partir de estas experiencias, entre finales de los noventa y comienzos del 2000 se desarrolla una serie de procesos de articulación, con mayor o menor "formalidad", en el que confluyen cooperativas de trabajo -algunas de ellas resultado de empresas en quiebra que más tarde se denominarán recuperadas -, cooperativas de vivienda, mutuales y otras organizaciones sociales. En los primeros tiempos, esta confluencia dio lugar a acciones conjuntas frente a casos particulares, como apoyos durante el inicio y los primeros tiempos de las acciones, asesoramiento legal, etc. En este marco se conformó el MOPES, un antecedente del MNER según el testimonio de algunos de sus integrantes. El siguiente relato de un trabajador de una de las primeras recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires, narra este proceso de formación:

"Ahí, esa participación [en una mutual] me lleva a conocer lugares... otras cooperativas, como IMPA por ejemplo, cooperativas de vivienda en Quilmes, en Laferrere, compañeros que andaban sueltos, buscando un destino en la época del 99, en el 2000 que no se sabía adonde íbamos (.) Eso sirvió para que nos conozcamos, y la gente de otras cooperativas donde las necesidades eran todas parecidas. Y ahí ya se empieza a ver, ya en el 2000. después viene la etapa de salir a charlar, en este caso nos invita el INAES como Mutual y habían invitado a otras cooperativas para ver este fenómeno, para ver cómo podíamos hacer aunque sea el intercambio entre cooperativas y mutuales de los productos que teníamos. Y bueno yo fui, aprovechando para el tema de cómo se formaban las empresas que estaban viniéndose abajo (.) Eso fue en el 2000, más que yo veía eso que la empresa venía mal y como nos juntábamos todos los delirantes de las cooperativas a ver qué podíamos hacer con el tema de las empresas. Veníamos discutiendo por el asunto de que había una empresa que el sindicato empezó a dejarlos en descubierto y había muchas... Nosotros veíamos en las reuniones, que parecía que era el muro de los lamentos las reuniones 'estamos mal, todo andaba mal,' todos sabíamos que iba mal pero no había un remedio. Entonces la propuesta era... la idea era plantearle al Estado cómo se podían prevenir las quiebras... Discutíamos eso, y que si se incorporaba esa gente a los trabajadores en un movimiento, ya veníamos gestando un movimiento, pero no sabíamos qué clase de movimiento iba a salir, siempre era la discusión de hacer el famoso trueque y fomentar la mano de obra y todo eso..."

En el marco de este proceso de articulación, se realizó a finales de 2001 un encuentro que los dirigentes entrevistados del MNER reconocen como un momento fundacional. Participaron del mismo distintas organizaciones y cooperativas de trabajo, algunas de ellas incorporadas en lo que actualmente es el MNFRT, otras impulsoras de los que fuera la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas (FENCOOTER), así como miembros de la FECOOTRA. Participaban igualmente integrantes de cooperativas de trabajo constituidas en la década del 80 en la zona de Quilmes y dirigentes de la UOM perteneciente a esa seccional. El acta del encuentro menciona como propósito "dar respuesta de manera organizada al cierre de fuentes de trabajo mediante la reapertura de empresas a partir de la autogestión". El siguiente fragmento de una entrevista con uno de los participantes relata el modo en que, a partir de este encuentro, su militancia se orientará hacia las recuperaciones :

"Yo era delegado de IESA, era una empresa que estaba en Barracas. Hicimos una agrupación, Agrupación 17 de octubre en capital, que era la oposición a Lorenzo Miguel en el gremio. En el 88 que era el auge de masas, sobre todo del pueblo movilizado, estábamos movilizados contra el gobierno de Alfonsín, pero aparte estábamos movilizados porque hacia poco que había empezado la democracia también y ahí pudimos armar una lista pero no llegamos por un acuerdo entre Alfonsín y Lorenzo que impugnó la lista y esas cosas. Y no fuimos a elecciones. Fue lista única al final (...) E n el año 97, principios del 98, los compañeros de IMPA se conectan conmigo cuando estaban, la mayoría... bah... ya todos suspendidos, casi despedidos. Y vinimos a IMPA a hacer lo que sabíamos hacer: traer el conflicto acá en la puerta y después tomar la fábrica."

A partir de entonces comenzaron a conformarse una serie de organizaciones con posicionamientos político-ideológico y tradiciones organizativas diferentes, que fueron adquiriendo un papel cada vez más importante en el desarrollo de los procesos, ya sea en las negociaciones con funcionarios de organismos estatales como juzgados o legisladores, o bien en el asesoramiento de los "pasos a seguir" en el proceso de recuperación. En estas interacciones se trasmitieron saberes y experiencias previas, en base a los que se fue conformando un proceso de aprendizaje, principalmente acerca del modo de llevar adelante las relaciones con los organismos públicos, que fue impregnando la modalidad en que estos procesos se desarrollaron.

Entre estas organizaciones se conformó el MNER, constituído como tal en el año 2001 a raíz del encuentro mencionado. En él confluyeron una serie de cooperativas y mutuales, así como militantes con trayectorias diversas, destacándose aquellos que provienen de la miltancia sindical de la UOM, así como referentes de las cooperativas constiuidas en Santa Fe -vinculadas con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)- y militantes de asambleas barriales que se suman durante el 2002. Participó también un abogado que venia asesorando a la FECOOTRA a raíz de su participación en una de las primeras recuperaciones de la provincia de Buenos Aires, quien se convertirá a comienzos del 2003 en presidente del MNFRT. En este caso, la vinculación se estableció a partir de su militancia social y política en Avellaneda, tal como lo relata en una entrevista en la que narra el modo en que su militancia lo acerca a las recuperaciones :

"Entre el 18 y el 20 de agosto del año 2000, los compañeros recibieron el telegrama de despido porque la empresa había quebrado, hasta ese momento no se sabía nada. ellos el día anterior a la tarde habían hecho una reunión en el Parque Dominico que queda ahí a diez cuadras y deciden tratar de entrar, dicen 'Bueno acá pasó algo, hacía dos días antes habíamos trabajado bárbaro y ahora nos envían el telegrama de despido' (.) Entonces los compañeros ingresan a la fábrica y ahí dicen 'bueno vamos a ver qué pasa'. Entonces salen a buscar la solidaridad de las instituciones, fueron al club del barrio, al Consejo Deliberante y ahí mi señora era concejal del partido justicialista, nosotros siempre tuvimos una militancia política dentro del justicialismo, más allá de la parte social. Yo me encontré con ellos un sábado, dentro de la misma semana todo, el martes le llegaron los telegramas, el jueves o viernes ellos tuvieron contactos con los compañeros, después el sábado a la tarde voy a verlos, yo estaba como delegado de la Pastoral social de la diócesis de Avellaneda-Lomas. había estado en las toma de tierra por ejemplo una vez en el Wall Mart una vez que les tomaron las tierras... de ahí yo tenía la experiencia de la expropiación."

De esta manera, los movimientos pueden pensarse como un espacio de articulación en el que convergieron historias de militancia y experiencias de organización, personales y asociativas, que confluyeron entre los años 2001 y 2002 en torno a las recuperaciones . Al mismo tiempo, estas organizaciones no sólo dinamizaron y aceleraron los procesos -a través del apoyo en momentos como desalojos o movilizaciones, asesoramientos legales o relativos a la producción-, sino también impulsaron las recuperaciones , iniciando medidas como la ocupación o el acampe en casos de empresas en crisis.

Aunque mediada por una serie de tensiones y disputas -expresadas en cuestiones como las estrategias que debían llevar adelante-, la recuperación fue instalándose durante estos años como una forma privilegiada de demandar al Estado la intervención frente a la crisis de una empresa, a través de lograr la continuidad de la unidad productiva, demanda que en caso de la Ciudad de Buenos Aires se expresó principalmente bajo la forma de las expropiaciones .

El modo en que se definió este proceso de construcción de demandas así como las características que adquirieron las expropiaciones, imprimió a su vez el proceso de recuperación , resultando ambas cuestiones mediadas por las acciones y políticas del estado en un doble sentido. Por un lado, en relación a la definición de las formas de intervención del Estado en materia de empleo y desempleo a partir de los años 90, marcadas principalmente por la implementación de programas de empleo transitorio (en particular a partir del "Plan Jefas y Jefes de Hogares Desocupados"), frente a los que la expropiación se definió como "alternativa". Por otro lado, en relación al carácter que estas adquirieron. Nos detendremos sobre esta cuestión en el último apartado.

La recuperación como alternativa al "plan"

La demanda por lograr un marco legal que permitiera "salvar" la unidad productiva en el caso de las "empresas en crisis" apareció como un elemento central en el acta del encuentro al que aludimos previamente, en el que se mencionaban como objetivos comunes:

" la generación de políticas públicas de apoyo y fomento a la recuperación de empresas en crisis por parte de los trabajadores organizados en cooperativas u otras formas de representación y la generación de un marco legal que proteja y promueva la recuperación de fuentes de trabajo mediante la formación de empresas de trabajadores (modificación de la ley de quiebras) contemplando alternativas que faciliten la tenencia provisoria, transitoria o definitiva de los medios de producción."

En este sentido, un eje común a las diferentes organizaciones lo constituyó la búsqueda de articular acciones frente a los procesos de crisis o cierre de empresas que habían comenzado a multiplicarse de manera acelerada hacia fines de la década del 90 y comienzos del 2000. Esta cuestión había constituido uno de los principales límites de los procesos desarrollados previamente, tal como lo relata este dirigente de la UOM Seccional de Quilmes:

"El caso de Inyecta que era una fábrica de aluminios importante en Quilmes, también, nosotros tomamos la planta, tuvimos varios meses de conflicto, hicimos la cooperativa, incluso hasta llegamos a producir nosotros solos, todo en negro porque no teníamos ninguna legalidad, ocupamos de hecho, de hecho hicimos producir la empresa, pero llegó un momento en que apareció un dueño con toda la plata, pagó todas las indemnizaciones, pagó todos los salarios... y bueno. Un dueño ¿me explico? Y no estaban tampoco en ese momento los procesos de expropiación porque había todavía capital en el sector empresario nacional pequeño y mediano para afrontar esas responsabilidades. Lo que pasó es que los cuatro años de recesión descapitalizaron absolutamente al pequeño y mediano empresario argentino, entonces ya para salvarse ellos no pagaban a los trabajadores, una actitud antisocial. Ahí sí, el trabajador no tiene alternativa, ¿cuál es?, me quedo sin trabajo, no me pagan salario, tampoco cobro nada... y bueno, de algún lugar tengo que recuperar lo que me pertenece, lo que me deben y además la posibilidad de poner a producir la empresa. Este es un poco el esquema nuevo que ha habido, por eso se armó este movimiento... y además ocurrió que hubo experiencias exitosas, entonces se ha demostrado que si bien muchos empresarios abandonaban porque no tenían tasa de rentabilidad muy grandes, entonces ya no les interesaba pero el trabajador puede hacer como primera etapa un sacrificio aunque sea ganar menos pero mantener su fuente de trabajo, porque la otra alternativa que le queda es el Plan Jefes y Jefas de Hogar, porque no hay trabajo, sale... deambula meses y meses... y no encuentra trabajo."

Tal como lo observamos en el relato previo, lograr las expropiaciones consistió un elemento central en la posibilidad de dinamizar los procesos. A través de estas leyes se conseguía "legalizar" las ocupaciones, impidiendo el remate de los bienes en el caso de las empresas en quiebra y evitando el desalojo de los trabajadores de las plantas, mediante una modalidad que se definía como opuesta a los "planes", en tanto permitía mantener el trabajo. En este mismo sentido, el siguiente fragmento de una entrevista con un dirigente del MNER destaca el peso de estas acciones en la posibilidad de multiplicar y sostener las recuperaciones, remarcando la diferencia entre aquellos ámbitos en los que lograr la sanción de las leyes fue posible, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires:

"El tema de las expropiaciones es un dato interesante, digamos por eso en la provincia de Buenos Aires hay casi 50 empresas recuperadas, en Capital hay 15 y en las demás provincias no hay tantas, porque no hay un acompañamiento de la clase política en ese sentido. Tampoco hay una presión tan importante de nuestro pueblo que exija esas cosas. Yo te digo la vinculación con el Estado es de pelea constante. Yo creo que no hemos convencido, que no se han convencido los funcionarios de Estado, ninguno de los funcionarios del estado con los cuales negociamos, que esta manera de construcción es posible, que los trabajadores puedan hacerlo. No están convencidos y por eso nos cuesta tanto cada una de nuestras empresas, por eso no tenemos una política clara de ninguno de los Estados con respecto a la recuperación de empleos en la Argentina. No hemos logrado que ningún estado argentino, ningún funcionario diseño de políticas para el movimiento. Vos sabes que los reclamos nuestros no son solamente la modificación de la ley de quiebras, que tenemos un proyecto de ley que es de expropiación de la unidad productiva."

Según este relato, conseguir las expropiaciones resultó una conquista que exigió una "vinculación con el Estado de pelea constante", un logro conseguido a través del "convencimiento de los funcionarios del Estado". Más aún, como lo expresa este dirigente, a diferencia de las reivindicaciones de los movimientos, que se orientaron a las modificaciones del marco legal que permitieran "salvar" la unidad productiva en el caso de las empresa en crisis a partir de un criterio general y universal -mediante reivindicaciones como la "Ley especial de expropiaciones de unidades productivas" o la "Reforma de la Ley de Concursos y quiebras"-, las expropiaciones estuvieron marcadas por el carácter particular de las medidas. Esta cuestión, imprimió no sólo la forma en que debían desarrollarse las recuperaciones , sino también configuró el modo en que se definieron las relaciones con los agentes del estado y la forma en que resultó posible plantear las demandas.

Las expropiaciones fueron definidas frente a casos puntuales, realizándose a partir de la exigencia hacia los trabajadores de la exposición de una serie de pruebas relativas tanto a sus condiciones de vida como a la situación de la empresa. Es decir, las leyes fueron sancionadas de manera particular, en nombre de un grupo específico de trabajadores, de aquellos que "merecen" la sanción de las leyes -retomando las expresiones de los legisladores al momento de aprobarlas-. Este "mérito" se fundó en el cumplimiento de una serie de requisitos "técnicos", tales como entregas de informes de factibilidad, conformación de la cooperativa de trabajo aprobada por el INAES, indicadores de viabilidad económica. Pero principalmente, "merecer" la expropiación fue el resultado de la exposición de ciertas condiciones por parte de los trabajadores, como la capacidad de "lucha" y "sufrimiento" por "la continuidad de la fuente de trabajo", la "voluntad y capacidad de trabajo", el "saber" obtenido a través de años de trayectoria laboral, el "sacrificio del trabajo" frente al "abandono y la traición de los dueños" que no dudaron en "vaciar" las empresas a las que ellos habían "entregado su vida". Mostrar "pruebas de verdad" (Fassin, 2001) que incluyen no sólo la exposición de ciertas condiciones sino también el desarrollo de estrategias discursivas orientadas a lograr la sanción de las leyes. Estas "pruebas" quedaron plasmadas en el modo en que se fundamentaron las declaraciones de utilidad pública, requisito que exige la posibilidad de declarar un bien sujeto a expropiación, realizadas en base a una serie de ejes que se articularon en torno a la "dignidad del empleo" frente a la "indignidad de la desocupación". La expropiación se planteó como una estrategia de generación de empleo que asegura la dignidad reafirmando la "cultura del trabajo" y contrapuesta a la "ayuda social".

El carácter que adquirieron las expropiaciones quedó asimismo expresado en el desarrollo de una serie de acciones de protesta como la exhibición de artículos realizados por las cooperativa en diferentes espacios públicos, la realización de maquinazos -una modalidad particular de cortes de calle, en los que se instalaron máquinas en la mitad de la vía pública frente a la fábrica o a organismos públicos desarrollando su producción-, o el reparto de productos confeccionados por los trabajadores durante las secciones legislativas en las que se trataban los proyectos de ley. Acciones tendientes a mostrar la "capacidad productiva", el "saber" y la "voluntad de trabajo" de quienes llevaban adelante la recuperación y lograr el "convencimiento de los funcionarios del Estado". Prácticas que los trabajadores desplegaron, en la mayoría de los casos, acompañados por referentes de los movimientos, y que incluyeron también numerosas reuniones con asesores y legisladores en las que se discutieron contenidos del proyecto a presentar; recorridos por las oficinas en las que se buscó el apoyo a la sanción de la ley, o participación en las reuniones en las diferentes comisiones en las que se debatió el proyecto. Los trabajadores resultaron así caras conocidas para los legisladores que tuvieron la tarea de votar la ley, personas con quienes se había establecido un vínculo previo, de quienes se conocía el nombre de pila, a quienes se saludaba en los pasillos y a quienes se abrazaba una vez aprobado el proyecto. Los asesores y legisladores, a su vez, visitaron las empresas sobre las que se discutió el proyecto de ley, recorrieron las instalaciones con el objetivo de comprobar el estado de la planta y la viabilidad de la misma, indagaron sobre la vida de quienes conforman las empresas. En otras palabras, se trató de relaciones directas, personales, en las que se buscó lograr el convencimiento y el apoyo previo a la presentación de la ley, en las que los trabajadores tuvieron que dar una serie de pruebas que incluyeron mostrarse como tales, expresar su voluntar de trabajo, demostrar la capacidad de producir, presentar la viabilidad de la propuesta (Fernández Alvarez, 2006).

Al mismo tiempo, estas prácticas se combinaron con una serie de argumentaciones a partir de las que se sostuvieron las demandas, que hicieron eje en la "dignidad del trabajo genuino", el trabajo "verdadero" en oposición a expresiones "falsas" como los "planes". Dignidad que sólo era posible garantizar recuperando la "fuente de trabajo", es decir, impidiendo el cierre de las fábricas. Este "lenguaje de la protesta" (Roseberry, 1994) requirió adoptar formas y discursos compartidos con aquellos a quienes estuvo orientada la demanda, a partir de lo que fue posible movilizar su intervención, estableciendo de esta manera una obligación a actuar. Mediante este "acto de concesión" (Thompson, 1984) el Estado otorgó de manera puntual y frente a cada caso particular la expropiación de una fábrica (fallida), estableciendo hacia sus trabajadores una serie de obligaciones como la conformación de cooperativas de trabajo, y a partir de éstas el establecimiento de una serie de controles como aquellos relativos a la formación y mantenimiento de las cooperativas o la definición de planes de viabilidad económica.

Palabras finales

En este artículo reconstruimos el modo en que recuperar una fábrica, más que constituirse en una forma particular de acción puede pensarse como un proceso en el que confluyen tradiciones y trayectorias de militancia sociales y políticas, delimitando una serie de relaciones con el Estado que define un campo de disputa. En este campo de disputa se desarrolla una serie de prácticas que incluyen no sólo expresiones públicas de protesta sino también el establecimiento de relaciones directas con agentes estatales a partir de las que se establecen una serie de obligaciones. Como pudimos ver, este campo de relaciones está marcado por las formas que adquiere la intervención del Estado en materia de empleo en los últimos años, cuestión que imprime el carácter de las argumentaciones que sostienen las demandas y las prácticas sobre las que se apoyan, que se articulan en torno a la idea de "dignidad".

En este sentido, nuestra intención no es negar la incidencia de procesos estructurales, en este caso en particular aquellos que refieren a las acciones estatales y la definición de políticas públicas. Por el contrario, intentamos pensar de manera articulada las prácticas desarrolladas por parte de quienes llevaron adelante las recuperaciones en relación a la definición de estas políticas, considerando que las primeras no se "derivan" o "emergen" de las segundas. A diferencia de una mirada centrada en la acción, de la que se derivan no sólo actores o sujetos sino también identidades o más aun subjetividades, intentamos plantear una mirada que considere el proceso y permita, a partir del mismo, considerar las interacciones . Esta óptica resulta enriquecedora, a nuestro entender, en tanto muestra relaciones y prácticas sin otorgarles contenido a priori, es decir, sin definir el carácter que estas adquieren, como "novedosas", "autónomas", etc. Al mismo tiempo, centrar el análisis en las relaciones por sobre las acciones pone en evidencia el modo en que estas últimas, tanto aquellas desarrolladas por los agentes del Estado como aquellas desarrolladas por los trabajadores y los movimientos, resultan articuladas en relaciones contradictorias a partir de las que es posible establecer determinadas "concesiones", que si bien no ponen en cuestión las relaciones de poder, expresan "actos de lograr" y definen "conquistas" desde las que se disputan recursos y derechos.

Notas

1 Hemos trabajado esta cuestión en Manzano, Fernández Álvarez, Triguboff, Gregoric y Grimberg (2006).

2 En trabajo de campo se extendió entre abril de 2002 y abril de 2005. En este marco, se realizaron entrevistas en profundidad con trabajadores de diferentes recuperaciones , dirigentes de las organizaciones de empresas y fábricas recuperadas y funcionarios de distintos organismos públicos vinculados con el sector. En este trabajo reconstruimos tres casos correspondientes a las ramas alimenticia, grafica y del calzado.

3 A comienzos de 2002 se incorporaron modificaciones parciales a la Ley de Concursos y Quiebras sancionada en 1995 (Ley 24.522), cuyo rasgo predominante habián sido la tendencia a la liquidación inmediata de los bienes. Una modificación central en relación al caso de las recuperaciones , fue el artículo 190, que otorgó al juez a cargo de la quiebra, la posibilidad de dictaminar la continuidad de la unidad productiva de manera temporaria a los trabajadores constituidos en cooperativa de trabajo. El artículo determina que la cooperativa debe estar compuesta por trabajadores en relación de dependencia de la empresa fallida. Esto quiere decir que se contempla la posibilidad de que se traspase la potestad del síndico para administrar los bienes a los trabajadores, hasta el momento del remate. Con este fin estos deben presentar una propuesta al juzgado en la que expresen la voluntad de dar continuidad a la producción.

4 Como en la amplia mayoría de las recuperaciones de la Ciudad de Buenos Aires, la ley declaró de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria , los bienes inmuebles que fueron cedidos en comodato a la cooperativa de trabajo por un lapso de dos años (a la que se autoriza, pasado ese lapso a expropiar el bien) y sujetos a expropiación los bienes muebles existentes en el inmueble, y los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes. El 25 de noviembre de 2004 fue sancionada una nueva ley (Ley 1529) que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas sus instalaciones de las cooperativas constituidas en la Cuidad de Buenos Aires a partir de procesos de recuperación , sujetas a ocupación temporaria durante el 2002 y 2003.

5 El Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria (INAES) es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, encargado de asesorar y promover las cooperativas, mutuales etc. Las cooperativas deben matricularse ante este organismo y obtener una matrícula que otorga el organismo para poder funcionar como tales, cumpliendo con los requisitos que exige la Ley Nacional de Cooperativas.

6 Las « recuperaciones » que se aceleran en distintas regiones del país a comienzos del 2000, alcanzan su mayor crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2002 y 2003. Los acontecimientos de diciembre de 2001 dieron particular dinamismo a estos procesos. Por un lado, el desarrollo de las recuperaciones estuvo acompañado por el crecimiento de las asambleas cuyos integrantes apoyaron y sostuvieron los procesos. Por otro lado, la situación critica del país, principalmente en relación a los indicadores de desempleo y personas bajo la línea de pobreza que alcanzaban en el año 2002 el 22% y el 54,3% respectivamente, favorecieron en este ámbito la posibilidad de establecer espacios de negociación con diferentes agentes del gobierno local.

7 Esta consideración se inspira en el análisis sobre el piquete como "forma social" propuesto por Virginia Manzano (2005). A partir del desarrollo teórico propuesto por Lygia Sigaud (2000), la autora analiza las características del piquete como forma social dando cuenta de las relaciones sociales -entre el estado y las organizaciones de desocupados- que modelaron su forma y del campo de fuerzas que se configuró a partir de estas.

8 En lo que sigue nos concentraremos principalmente en las organizaciones con mayor presencia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. A estas dos organizaciones, denominadas movimientos, deben sumarse otras entre ellas algunas definidas como federaciones como la Federación de Cooperativas de Trabajo (FENCOOTRA), la Federación de Empresas de Trabajo Autogestionadas (FETIA).

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