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Cuadernos de antropología social

versão On-line ISSN 1850-275X

Cuad. antropol. soc.  n.26 Buenos Aires ago./dez. 2007

 

Economía política de la exclusión. Para una crítica desde la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT)

Hugo Trinchero*

* Doctor en Ciencias Antropológicas. Profesor regular titular de la cátedra Antropología Sistemática II (Antropología Económica). Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. El presente artículo constituye una versión corregida de la ponencia presentada en el VII RAM, julio de 2007. Dirección electrónica: hugotrinchero@filo.uba.ar.

Fecha de realización: julio de 2007. Fecha de entrega: agosto de 2007. Fecha de aprobación: diciembre de 2007.

Resumen

El presente trabajo trata el fenómeno de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) en el marco de la crisis económica, social y política emergente hacia finales de la década de los ‘90. Se discuten críticamente los intentos por caracterizar a las ERT en el entramado conceptual de las nociones de exclusión social, tercer sector de la economía y economía social. Al mismo tiempo que se intenta un análisis del campo de posibilidades y límites en el que se desenvuelve la autogestión obrera en dichas empresas recuperadas, se describen procesos de innovación social de interés para la Antropología Económica.

Palabras clave: Economía social; Tercer sector; Exclusión social; Empresas recuperadas por sus trabajadores

Abastract

This writing deals with the phenomenon of Companies Recovered by Workers (or ERT in Spanish) within the context of the economic, social and political crisis that took place by the end of the ‘90. The attempts made at outlining the ERT´s within the conceptual framework of the notions of social exclusion, third sector of economy and social economy are discussed from a criticism perspective. This is both an attempt at assessing the range of possibilities and boundaries in which workers self-management unfolds within those recovered companies and describing the processes of social innovation that are relevant for economic anthropology.

Key Words: Social economy; Third sector; Social exclusion; Companies recovered by workers

Resumo

O presente trabalho versa sobre o fenômeno das empresas recuperadas por seus trabalhadores (ERT) no contexto da crise econômica, social e política emergente no final dos anos 90. As tentativas de caracterizar as ERT no marco conceitual das noções de exclusão social, terceiro setor da economia e economia social são discutidas criticamente. Ao mesmo tempo em que se esboça uma análise do campo de possibilidades e limites no qual se desenvolve a autogestão dos trabalhadores em ditas empresas recuperadas, descreve-se processos de inovação social de interesse para a Antropologia Econômica.

Palavras-chave: Economia social; Terceiro setor; Exclusão social; Empresas recuperadas por seus trabalhadores

La genealogía de la noción de exclusión social remite a la de segregación, y en ese sentido a una situación de desigualdad social que no sería prototípica del modo capitalista de producción. Sin embargo, el contexto histórico-académico y sociopolítico en el que dicha noción se ha extendido y adquirido preponderancia es mas reciente. Dicho contexto no es otro que aquel que encuentra un límite al análisis de la “cuestión social” en la teoría de la marginalidad social. Así, los niveles de indigencia y pobreza producto de situaciones de desempleo estructural sobre todo a partir de la década de los ‘70 no resultaban inteligibles, según sus sostenedores, desde la lógica de los ciclos económicos. En estos análisis, determinada situación de pobreza no era una mera circunstancia del nivel de actividad económica sino que adquiría una modalidad específica del sistema capitalista en su actual etapa de concentración. Tal como lo señalan algunos autores, “la realidad que hace al término exclusión afirmar su estatuto sociológico es el desempleo en masa asociado a la reestructuración productiva, a la globalización económica y a la destrucción del estado social” (Ribeiro, 1999:37).

La profunda concentración de capital, el desarrollo de procesos de producción flexibles y una ofensiva política contra la organización del trabajo (con sus modalidades particulares de instrumentación en el Sur y el Norte de la economía mundial) han dado lugar, junto a otras situaciones sociales, a un deterioro de la denominada “sociedad salarial” (Castel, 1999), expulsando grandes masas de población por fuera de los circuitos mercantiles; es decir, de la puja salarial en el campo de las relaciones entre capital y trabajo.

Así, la noción de exclusión pretendió representar la realidad de una “nueva” pobreza que siendo semejante a la descripta para el siglo XVIII no avizoraba perspectivas de empleo por el capital como se teorizó para el siglo XIX, ni de los beneficios de la seguridad social conquistados en algunos períodos del siglo XX. Completaría el panorama la presencia de una gran heterogeneidad en el sujeto social (genero, etnicidad, edad, etc.), invisibilizada –según se sostiene– tras la noción de clase. A partir de este análisis, la “cuestión social” fue planteada también en el marco de una caracterización de la lucha social en términos de “nuevos movimientos sociales” (Castel, 1999)

Sin embargo, cuando hoy utilizamos la noción de exclusión social hay cuestiones que, en mi opinión, quedan necesariamente atrapadas en el empirismo o bien en un momento fenomenológico del análisis sociológico. Es decir, el estatus sociológico de la noción de exclusión se reduce a una forma del quehacer investigativo que ya fuera en su momento caracterizado por Bourdieu, entre otros, como dogma espontaneísta (Bourdieu y otros, 1975). Sostengo que tal vez la pertinencia de la noción “exclusión social” sea de tipo estadística, en tanto señalamiento de un estado de situación que descriptivamente supera algunas caracterizaciones estructuralistas de la noción de desocupación. Concretamente, sea desde el análisis de la economía política de la inmediata segunda posguerra o bien desde ciertos análisis estructuralistas de la economía, la noción de desocupación tendía a conceptualizar un índice estadístico que se consideraba como propio del funcionamiento de la reproducción del capital. En este sentido, se consideraba “legítima” (en términos del funcionamiento del capitalismo) una desocupación que podía rondar entre un 1% y un 5% y que, por tal razón, tendía a ser denominada “friccional” (dependiendo del ciclo de expansión o contracción de la actividad económica).1 Por lo general, las aproximaciones estructuralistas tomaban este dato para asociarlo a la noción de “ejército industrial de reserva”, que en última instancia y a contrapelo de otras interpretaciones de los análisis de Marx sobre el tema, no avanzaban mas allá de describir la misma situación de funcionalidad que la promovida por la economía política “del desarrollo”. Estas interpretaciones se refugiaban en una mirada coyuntural del funcionamiento de las “crisis” del capitalismo (confundiendo muchas veces dicha noción con la de ciclos económicos), es decir, limitando su análisis a la coyuntura del capitalismo de posguerra fría en la cual se configuró la forma estado como “estado de bienestar” o “estado providente” o –como afirma la autora citada anteriormente– “estado social”, en tanto proyecto de mediación de los conflictos entre el capital y el trabajo. El estado social estaba llamado, entre otras cuestiones, a morigerar los impactos del desempleo friccional. Sin embargo, no es posible –a riesgo de diluir el análisis del capitalismo a una genealogía limitada a la última posguerra– que esta forma de estado prototípica de una “época” se concidere “el” modelo de estado capitalista. Puede considerarse en parte y para dicha coyuntura como la búsqueda de legitimación de la hegemonía del capital sobre el trabajo frente a las modalidades de organización de los estados del bloque soviético en aquel entonces, pero también como el resultado de la capacidad constitutiva del trabajo a partir del desarrollo de sus organizaciones sindicales.2 En semejante contexto, el pleno empleo era un indicador que se sostenía como una categoría de integración social a pesar de los vaivenes de los ciclos económicos. Es en este sentido que digo que las interpretaciones dadas a esta forma de estado se han basado sobre todo en un análisis de coyuntura, pues desde una mirada del funcionamiento del modo capitalista de acumulación de mediano y largo plazo difícilmente puede sostenerse que tasas de desocupación como las reguladas en esa época constituyan la situación prototípica mediante la cual se expresa el fenómeno del desempleo en dicho modo. Aun más, puede decirse que altas tasas de desocupación han sido más representativas del modo capitalista de producción que la situación mencionada.

Una mirada que se precie de profundizar en la historia del proceso de acumulación capitalista nos remite necesariamente al hecho de que, aún con pleno empleo (algo nunca ha acontecido en el modo capitalista de producción), las relaciones entre capital y trabajo siempre reproducen una relación desigual, algo fundado objetivamente en la dinámica de la acumulación capitalista y el funcionamiento de la denominada ley del valor, tal la crítica de Marx a los fundamentos de la economía política llamada clásica.

La noción de exclusión remite entonces a una forma especular de “inclusión” en aquel modelo de estado capitalista ideal, sin que se consideren las tendencias características del proceso de acumulación. Dichas tendencias contienen la permanente y sistemática expulsión de “trabajo vivo” de la producción, lo cual es parte del vínculo hegemónico y a la vez conflictivo entre capital y trabajo.3 Aquí no debería perderse de vista que el capital, en tanto modo de acumulación y de dominación, pretende permanentemente eludir las constricciones del trabajo a su concentración: el conflicto entre trabajo vivo y trabajo muerto, en la crítica caracterización con la cual Marx pretendía desandar la descripción tecnocrática realizada por la economía política (capital constante y capital variable). Esta tendencia, sólo morigerada en determinadas coyunturas por la capacidad política constituyente del trabajo (la organización política del trabajo y ciertas modalidades que adquiere éste en consonancia con la forma Estado), es la que al mismo tiempo va marcando ciertas debilidades del capitalismo en tanto proyecto de orden social legítimo. Al mismo tiempo, el análisis no debería perder de vista el hecho de que cada movimiento de expulsión de fuerza de trabajo por el capital implica luego un intento de reordenamiento de la situación social en peores condiciones de existencia para la clase trabajadora que la anterior. Dicho en otras palabras: nunca hay exclusión definitiva sino formas que habilitan modalidades de reinserción más desiguales y diferenciales del trabajo en los circuitos de producción y realización del capital. Así, lo único definitivo desde la historia política del capital es su necesidad de que se garantice una tendencia a la precarización constante, aunque desigual y diferenciada mundialmente de la capacidad constitutiva del trabajo. Esta situación se percibe con cierta claridad cuando los “excluidos”, aun en el marco de sus luchas reivindicativas, terminan recibiendo un salario social por debajo de sus condiciones mínimas de existencia, y esto en paralelo con proyectos políticos de debilitamiento de la capacidad demandante del trabajo.4

Mas allá de la constatación en el mundo real de la situación de “exclusión”, debe tenerse en cuenta que su uso académico muchas veces está coloreado por una especie de nostalgia por aquel “estado de bienestar” que caracterizó una coyuntura políticamente inclusiva de la relación capital/trabajo, sobre todo en Europa (como se dijo, en la posguerra fría). Una nostalgia de la cual nada habría que opinar a no ser por el hecho de que ella misma, en tanto ideología académica, limita el análisis de las condiciones sociales de emergencia de dicho Estado benefactor como un “momento” determinado de la historia del capitalismo reciente. En este sentido, no está de más indicar que aquella forma Estado estaba caracterizada por una preocupación de las fracciones dominantes del capital por la reproducción de la Fuerza de Trabajo (desde su punto de vista, por el control de la reproducción), en un contexto en el cual la capacidad demandante del trabajo y las condiciones de la producción hacían posible (y necesaria para la política del capital) la emergencia de un fondo público socializado para garantizar dicha reproducción (la fase madura del modelo denominado fordismo). Sin embargo, recordemos que en el ámbito planetario dicha forma Estado estuvo muy lejos de generalizarse, ya que la reproducción social de las grandes masas de trabajadores ha recaído para la mayor parte de la organización económica capitalista mundial sobre sus “economías domésticas” (Meillassoux, 1993).

La mirada que promueve la categoría de exclusión tiene como primera consecuencia la siguiente caracterización político-ideológica: ya no es el capital el que debe hacerse cargo de este sector del trabajo a partir de la mediación salarial, sino la “política” y más precisamente la política social.5 Una segunda consecuencia es que la categoría exclusión tiende a marcar un estatus del sujeto, en tanto sujetado por la situación de “estar afuera”, de “no pertenecer”, de estar “desafiliado”, en un proceso de des-socialización (Castel, 1999:38), y no por su capacidad de producción y su productividad en tanto sujeto. Esta mirada, que concibe al sujeto expropiado por el capital en el proceso de proletarización como un estatus definitivo, es altamente pesimista aunque no realista. Su pesimismo radica en que al sujeto excluido sólo le resta luchar por su “inclusión”, algo que por otra parte y de acuerdo a lo expresado sólo puede ser concebido en términos ideológicos. Esta mirada no es otra que el reverso de aquella que piensa que a la clase obrera “incluida” sólo le es legítimo preocuparse por la lucha salarial. Aquí también es importante señalar que el concepto de exclusión social no logra dar cuenta de las relaciones sociales que son productoras de sujetos y las luchas de estos por el cambio de dichas relaciones sociales.6

La sociología de la exclusión social, como otrora la de “marginalidad”, habilita la remergencia del dualismo en la caracterización de la sociedad y los sujetos sociales relevantes de la “cuestión social” (para el caso, excluidos/incluidos). Su crítica resulta relevante por otros dos motivos que también considero centrales. Por un lado, porque el concepto es recreado desde los organismos multilaterales de financiamiento de políticas sociales. En este caso “exclusión” apunta más a ser funcional al neoliberalismo (o la fase toyotista/flexibilizadora de la relación capital/trabajo). No por casualidad dichos organismos de financiamiento de las políticas sociales han adoptado dicha categoría y la han readaptado como justificación de las políticas compensatorias focalizadas de la actual forma Estado que, dicho sea de paso, no podría en ningún caso extenderse o universalizarse para contener la problemática de la desocupación en el mundo actual de manera tal que sus “éxitos” parciales y pasados puedan recrearse. Por otro lado, porque el dualismo sociológico que introduce dicha categoría, según lo ya señalado, impide pensar a los sujetos sociales como productores de alternativas a esta modalidad de la sujetación capitalista.

En el marco de una nueva ofensiva del capital sobre el trabajo la noción de exclusión, leída desde el poder hegemónico, permite transformar un problema del capital en una cuestión de “Sector”. Así, lejos de la voluntad ideológica de cierta sociología nostálgica del Estado de bienestar, lo que aparece como remedo de la exclusión social son las políticas asistencialistas focalizadas en el entendido de que las transformaciones estructurales acontecidas tardarán en “incluir” a los nuevos pobres resultantes en el contrato mercantil capitalista (nuevamente, esa eterna utopía que promueve el capital).

Organismos internacionales de financiamiento de políticas públicas como el Banco Mundial y el BID vienen promoviendo formas focalizadas de “contención” según el sector “excluido” del cual se trate, en un doble juego de diferenciación-diseminación como intento de cristalización de situaciones sociales. Diferenciación (por género, cultura, edad, etc.) que, si bien se afirma en sujetos colectivos concientes y entendidos, tiende a invisibilizar en tanto modo de categorización de lo social el anclaje de tales reivindicaciones en la lucha de clases que tipifica las relaciones sociales del modo capitalista de producción. Diseminación de los conflictos hacia ámbitos locales, particulares y territoriales. Este modo de conceptualizar tiende al mismo tiempo a desdibujar la inteligibilidad de las luchas del trabajo por su liberación en la actual dinámica de las relaciones de producción. Así, y con mas insistencia desde la década de los años ‘80 y ‘90, se ha enfatizado sobre la emergencia de un “tercer sector” de la sociedad (y por supuesto de la economía), que en ocasiones y no por casualidad se confunde o asocia con la “sociedad civil”.

Este tercer sector tendería a representar un conjunto de actividades orientadas por organizaciones autoidentificadas como de carácter no-mercantil. Se trata de empresas de perfil comunitario y social, organizaciones y redes de trabajo voluntario y solidario no gubernamentales que abarcan un sinnúmero de procesos de trabajo y que dan empleo a una creciente cantidad de trabajadores no ocupados directamente por las organizaciones empresariales típicamente capitalistas. Al incremento de las actividades en estas organizaciones se lo asocia en forma directa con el crecimiento del desempleo estructural. Algunos autores, apoyados en las cifras totales de crecimiento de estas actividades, le han dado excesiva preponderancia y de allí han inferido esta idea de tercer sector también como “novedad” sociológica. Ante todo es preciso señalar que, si bien es verificable dicha correlación, la misma debe ser relativizada ya que el crecimiento del empleo en dichas actividades es claramente inferior respecto al crecimiento de la desocupación en el mundo, sobre todo a partir de la década de los años ‘70. Y esto es un indicador también de sus limitaciones. Al decir de Antunes:

“Si bien dentro del tercer sector las actividades que vienen caracterizando a la economía solidaria tienen el rasgo positivo de actuar frecuentemente al margen de la lógica mercantil, me parece sin embargo un gran error concebirlo como una real alternativa transformadora de la lógica del capital y de su mercado, como capaz de minar los mecanismos de la unidad productiva capitalista. Como si, a través de la expansión de la economía solidaria, inicialmente en los márgenes del sistema, se pudiese revertir y alterar sustancialmente la esencia de la lógica del sistema productor de mercancías y de valorización del capital.” (2005:103)7

Estas precauciones sugeridas deben ser tenidas en cuenta al momento de caracterizar el campo de posibilidades y limitaciones de estas formas asociativas emergentes, las cuales por otro lado no constituyen un conjunto homogéneo que pueda ser distinguido sin mediaciones. Precisamente, son los organismos de financiamiento internacionales, y las formulaciones conceptuales de sus intelectuales orgánicos quienes tienden a generalizar los alcances y el campo de posibilidades de estas organizaciones como un todo indistinguible tras el concepto de tercer sector. Por otra parte, considero que es de interés reflexionar sobre la asociación que muchas veces se realiza entre “tercer sector” y “sociedad civil” ya que, según mi criterio, lo que se pretende con ello es desconocer el proceso histórico y conflictivo de “politización” de aquello que los clásicos denominaban sociedad civil, mediante la restauración de dicho horizonte clásico y a-histórico tras la noción de tercer sector. Así, los sectores excluidos integrarían aquella sociedad civil determinada por intereses particulares en oposición a la “sociedad política”.8 En este contexto y en tanto no-propietarios, las variadas y heterogéneas modalidades de organización encontrarían mecanismos de inclusión en el sistema político (en el campo de las negociaciones por sus derechos) a partir de estar “representados” por esa nueva forma de organización jurídica denominada Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, Iglesias, etc., a contrapelo de las formas de organización política alcanzadas en el marco de ciertas configuraciones actuales de la lucha de clases (por ejemplo, movimientos de piqueteros, empresas recuperadas por sus trabajadores, movimientos campesinos e indígenas “sin tierra”, entre otros). El modelo que pretende ser hegemónico y que recupera la mirada clásica sobre el problema es el siguiente: la sociedad estaría conformada por tres sectores; el Estado, que a través de las estructuras funcionales de la organización administrativa de sus instituciones asigna recursos para la reproducción de los sectores “incluidos” (Infraestructura, Educación, Salud, etc.); el Mercado, que a través de la oferta y la demanda asigna recursos para la producción y el consumo “privados”, y la redefinida “Sociedad Civil” o “tercer sector” a través de estas ONG’s y otros tipos de asociativismo jurídicamente reconocibles que asigna recursos a los sectores “excluidos”. Este modelo, además, está pensado en términos de “autocentramiento” de cada uno de ellos, es decir, si bien existirían parámetros de medida genéricos (abstractos y naturalizados técnicamente) de eficacia y eficiencia en la asignación de recursos, estos últimos provienen de fuentes diferenciales. Es en este contexto donde se hace inteligible la emergencia de la denominada economía solidaria o “economía social”, al menos para los organismos internacionales de financiamiento. Es decir, la economía social no sería otra cosa que el conjunto de lo producido, distribuido y consumido por los sectores excluidos del Estado y del Mercado y sus instituciones representativas.

Aquella fórmula tripartita para dar cuenta del orden social pretendido como política de los organismos de financiamiento internacionales, se asemeja a la fórmula trinitaria de la economía política clásica. Recordemos que para los economistas clásicos la sociedad concebida en sus elaboraciones era al mismo tiempo estamental y contractual. Partían de un modelo “ideal” (a-histórico) de sociedad en el cual ésta estaría dividida en tres grandes estamentos: los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores, quienes no obstante para sobrevivir necesitaban intercambiar entre sí sus “propiedades” (Tierra, Capital y Trabajo) para obtener cada uno un beneficio de acuerdo a su aporte a la producción de mercancías, siendo éste regulado por los mercados. La crítica de la economía política, como es sabido, insistió en el carácter fetichista de tal fórmula, demostrando principalmente la inequidad de dicho intercambio, y que el capital no es otra cosa que trabajo no pagado y por lo tanto expropiado y no un “estamento” existente a priori respecto a los otros. La legitimidad de dicho modelo de orden social no se sostiene, al menos en tanto orden resultante de la supuesta equidad tendencial del contrato capitalista, si el mismo se transparenta políticamente como modo permanente de funcionamiento de las relaciones entre capital y trabajo. De allí, al mismo tiempo, la necesidad de producción teórica por parte del capital en cada coyuntura, del trabajo por la mediatización de la lógica constituyente del capital. No con el mero objeto de “ocultar” dicha desigualdad fundante, sino y fundamentalmente como intento de naturalización de la misma. Con la fórmula tripartita Estado, Mercado, Tercer Sector (con sus organizaciones representativas y su sector social de la economía o economía social) sucede algo semejante, y nos remite al carácter fetichista de la pretendidamente nueva Economía Política Neoliberal. Los excluidos, en tanto sector autónomo de la economía, no serían el resultado del proceso expropiatorio del capital sino un estamento del “nuevo” capitalismo hacia el cual deben generarse los mecanismos para que se incorporen al proyecto de contrato social pretendido. Es decir, en calidad de nuevos pobres cuya reproducción en esas condiciones debe garantizar dicha “economía”, siendo la función del Estado la de producir los instrumentos jurídico-políticos de su reconocimiento y orientando hacia dicho reconocimiento la lucha política de la clase trabajadora.9

Política económica y recuperación de empresas por los trabajadores

La política económica y las políticas públicas asociadas al nuevo orden mundial, se sistematizaron como Programa en el denominado “Consenso de Washington”. Estas propuestas, muy difundidas en Argentina desde comienzos de los años ‘90, profundizaron patrones de relación entre el Estado y la economía iniciados en la última dictadura militar que se tradujeron en un proceso de regulación institucional, vinculado a un modelo de acumulación económica orientado hacia el incremento de la distribución regresiva del ingreso, la concentración y centralización del capital, el endeudamiento externo y la valorización y fuga de capitales financieros, como fenómenos más destacables (Basualdo, 2001).

La articulación de aquellas políticas de apertura económica y privatizaciones confluyó en un diseño de reestructuración del sistema económico, caracterizado por una des-industrialización relativa de enorme impacto sobre el empleo. Además de lo enunciado, estas cuestiones han redefinido en las últimas décadas las formas de concebir teóricamente la relación entre capital y trabajo, bien desde las teorías hegemónicas a través de la noción de “capitalismo flexible” (toyotismo) o bien desde la crítica a partir de considerar estas situaciones como expresión de los límites del capital para garantizar un orden social legítimo (Matellanes, 1998; Trinchero, 1998). Esto, porque es precisamente la enorme y sistemática concentración de capital, el quiebre de miles de empresas y, como consecuencia de ello, la expulsión del trabajo asalariado de cientos de miles de trabajadores, el dato emergente de relevancia que ha dado lugar, como se dijo, a un fenómeno de protesta social masivo que fue generalizándose durante toda la década de los ‘90 aunque tardíamente incorporado a los estudios sociales académicos, precisamente –según mi entender– por el carácter hegemónico de la ideología sostenida por el nuevo modelo.10 A medida que estas protestas adquirieron cada vez más visibilidad social, fueron siendo tematizadas por los analistas aunque muy lentamente. Sin embargo, por lo general, las mismas fueron categorizadas como “protestas por la inclusión social”. Rápidamente, el modelo contractual de la inclusión vino de la mano de los organismos de financiamiento de la nueva política social mediante planes de contención al reclamo por el hambre capitalista. Al mismo tiempo, la protesta social fue mostrada (por los medios de comunicación y por las acciones gubernamentales) casi exclusivamente como actos por la obtención de los llamados “Planes Trabajar” u otras formas de contención de la protesta ligadas a un mínimo salario social que, por sí mismo y por sus propias características, no podría nunca garantizar la reproducción de la vida, y que al mismo tiempo regulaban el salario mínimo en la economía nacional. Resulta bastante claro que el incremento de la protesta social sucedido a partir de los primeros años de la década de los ‘90 y sobre todo del año 2000, es una consecuencia de esta respuesta del Estado para el logro de cierta contención social. Al habilitarse esta política, el reclamo se dirige inicialmente a la obtención de lo que el mismo Estado legitima como un derecho. Sin embargo, un análisis más pormenorizado –que tenga en cuenta los debates y programas aprobados en las múltiples asambleas y movilizaciones populares– daría cuenta de una experiencia de lucha política mucho más compleja.11 Independientemente de esto, la lucha social continuó siendo codificada por la política gubernamental en términos de demandas de Planes Trabajar, aunque aún los dispositivos y recursos del Estado no estaban adecuados para garantizar una oferta acorde a la generalización del fenómeno de la hiper-desocupación. La amplitud de la protesta y la salida masiva a las calles de la ciudad de Buenos Aires también por parte de la clase media pauperizada significó la caída del gobierno de De La Rua y la crisis política conocida tras los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Si bien no es el objeto de este artículo dar cuenta de la complejidad del fenómeno protesta social, no es posible desestimar el hecho de que las múltiples modalidades de articulación organizativa que viene adquiriendo se engarzan históricamente en las experiencias de lucha y organización de la clase trabajadora Argentina. Ahora bien, si hay un tipo de protesta social que, al menos en lo inmediato de la algidez de la lucha, pareció marcar una particularidad en la forma de resistencia a este modelo de cristalización estamental de los trabajadores desocupados, recategorizados como sector excluido y recluidos en el ámbito territorial, ha sido el de las luchas por la recuperación y autogestión de empresas vaciadas y cerradas por el capital privado.

El fenómeno de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, parece haber indicado un proceso en el cual el repliegue hacia la “exclusión” de los trabajadores por parte del poder del capital dejaba de mostrar una tendencia relativamente exitosa. Es en este sentido que el fenómeno reconocido en nuestro medio como el de las empresas recuperadas por sus trabajadores adquiere un interés específico. Pero antes de continuar con este planteo y analizar el campo de sus posibilidades y limitaciones, es importante realizar una breve caracterización de las empresas recuperadas por sus trabajadores como fenómeno inserto en la resistencia social.

Las empresas recuperadas por sus trabajadores: breve dimensionamiento y caracterización

En muchos ámbitos políticos, periodísticos y/o académicos se usan distintas denominaciones para hablar del tema; optamos aquí por hablar de empresas recuperadas por sus trabajadores (en adelante, ERT). Frente a fábricas ocupadas, fábricas tomadas o fábricas recuperadas, el concepto de empresas recuperadas es tanto más amplio como conceptualmente correcto que los anteriores. En primer lugar, porque la noción de fábricas ocupadas o tomadas refiere más a una etapa del proceso que, como ya dijimos, no es inclusivo de la totalidad de los casos. En segundo lugar, fábrica ocupada o fábrica tomada no es incorrecto por naturaleza, sino incompleto con relación al fenómeno (una empresa en producción autogestionaria es cualitativamente diferente a una fábrica tomada), o descriptivo de un momento de lucha que no refiere solamente a la problemática que analizamos, sino a la lucha gremial de los trabajadores en su conjunto.

La noción de fábrica recuperada, por otra parte, reduce la cuestión al ámbito industrial, fabril; y en la experiencia real hay trabajadores en empresas fabriles y no fabriles pertenecientes a distintas ramas, abarcando tanto al sector de servicios como de la producción. Lo que tipifica a estas organizaciones empresariales es su calidad de recuperadas por sus trabajadores, por lo general luego de un proceso de vaciamiento empresarial aunque variando en sus modalidades. De hecho, se han recuperado empresas u organizaciones claramente no fabriles, como clínicas o escuelas. En suma, no cuestionamos políticamente la elección de los distintos sectores sobre cómo llamar a las empresas recuperadas, pues eso escapa a nuestro propósito, sino conceptualmente, con el objetivo de poder dar cuenta de la complejidad del tema.

También es importante a los fines propuestos un dimensionamiento del fenómeno. Para ello me valdré de algunos resultados emergentes del Segundo Relevamiento de Empresas Recuperadas (PFA, 2004), llevado a cabo por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (en adelante, PFA-FFyL).12 Dado que el proceso es cambiante y complejo, la información siempre es relativa al momento de su obtención; de allí el cuidado que hay que poner en su análisis. De acuerdo con los datos de dicho relevamiento (realizado a fines de 2004), nos encontramos con que las ERT (según la caracterización realizada) son un total de 153, las cuales ocupan a casi 9000 trabajadores en su conjunto. Desde este dato concreto podría afirmarse que, en el contexto de la economía general del país, es un sector insignificante del conjunto empresarial; sin embargo, como fenómeno social y político de la clase trabajadora es la primera vez que en Argentina se produce un movimiento de recuperación de empresas de tal envergadura. Al mismo tiempo debe valorizarse la experiencia, tal como lo expresamos, en un contexto de la primacía de políticas sociales de atención hacia la exclusión social.

La mayoría de las ERT se encuentran en el Gran Buenos Aires: el 24% de ellas están en la Ciudad de Buenos Aires, el 56% en el conurbano bonaerense y el 20% restante en distintas provincias del interior del país, respondiendo a una lógica relativamente proporcional a la localización general del conjunto empresarial del país.

Otro dato significativo es el que registra la evolución temporal del proceso de recuperación de empresas. La recuperación de empresas se incrementa sustancialmente a partir de 1999 y tiene su pico en el marco de la crisis política del 2001 (el dato total se refiere a la muestra del relevamiento), es decir, desde el momento de agudización de la protesta social en Argentina. El promedio de trabajadores por ERT es de 64,5 siendo que la mayoría de ellas pertenece al denominado sector de las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), aunque algunas del conjunto sean empresas de gran envergadura en cuanto a la cantidad de trabajadores y el producto. El 76% produce artículos de consumo final, el 43% de consumo intermedio y sólo el 4% produce materias primas.

La puesta en producción por parte de los trabajadores de estas empresas resulta altamente problemática por varios motivos (independientemente de los estructurales), especialmente porque la recuperación de las mismas se ha dado en el marco de un fuerte conflicto social y legal, en muchos casos con violencia y represión por parte de las autoridades estatales. En el informe citado se expresa esta situación: “no es lo mismo pasar a gestionar una empresa luego de una negociación con la patronal que luego de un proceso de lucha de meses y años con desalojos y alto nivel de conflictividad” (PFA, 2004:13). Ello se demuestra en el propio informe a partir de constatar que aquellas empresas que no han pasado por una situación de alta conflictividad en el proceso de recuperación por sus trabajadores son las que mayor productividad alcanzan. Esto se explica en parte también porque en el conflicto un sector del personal tiende a buscar otros horizontes laborales, principalmente, como lo demuestra el mismo relevamiento, por parte del personal administrativo.

La gran mayoría de las ERT sufrió un proceso de vaciamiento y/o quiebra fraudulenta; en muchos casos, el vaciamiento significó un grave impedimento para la continuidad de la producción especialmente por la falta de maquinarias esenciales, siendo en algunos casos dicha falta prácticamente total. En general, el proceso de vaciamiento y/o quiebra ha llevado bastante tiempo, implicando el deterioro no sólo de la relación laboral sino también de la infraestructura y la inserción en el mercado de los productos correspondientes. De allí que la gestión obrera de la empresa resulte en estos casos mucho más desafiante.

La gestión o autogestión obrera de las ERT tipifica también al movimiento de los trabajadores involucrados en dichas empresas, aunque las formas específicas que adquiere dicho proceso de autogestión son muy variadas. Por ello, no nos detendremos en este texto en todos los aspectos relativos a esta problemática de gran interés aunque demasiado específica. Me interesa aquí, en un primer análisis, dar cuenta de algunos aspectos de la autogestión obrera que se vinculan con las consideraciones críticas realizadas en torno a la categoría de exclusión social y la noción de economía social.

En este sentido, es importante señalar que el movimiento de las ERT vuelve a poner en el centro de la escena a los trabajadores desocupados en resistencia, en el seno de la producción. Precisamente, la lucha por la recuperación de las empresas y el movimiento de autogestión obrera que impulsan la mayoría de ellas resiste las pretensiones de naturalización de la situación de este sector de la clase trabajadora en términos de excluidos sociales. Implica, más allá de sus heterogeneidades y dificultades específicas, un proyecto de resistencia que les da un lugar en la disputa por el campo económico en términos concretos (independientemente de los análisis susceptibles de realizar en torno a sus posibilidades y limitaciones). Esto quiere decir que, al menos en parte, este movimiento vuelve a situar la lucha social y política por el trabajo en el centro de las contradicciones de la sociedad, es decir, la que existe entre el trabajo y el capital.

Desde lo conceptual es importante tener en cuenta que las ERT pretenden ser asimiladas a la llamada “economía social” o “economía solidaria”. Esta caracterización, fundada tal vez en el hecho de que la gran mayoría de las ERT se organizaron como cooperativas de trabajo, implica otra particularidad que también me interesa resaltar. Dicha particularidad se expresa en el hecho de que dichas formas cooperativas no resultan del asociativismo de desocupados promovidos por ONG's, por las políticas sociales del Estado, de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito o particulares que ven en el cooperativismo la mejor forma de lograr objetivos de realización de determinado proyecto, sino de la necesidad de mantener en funcionamiento una empresa quebrada por sus patrones a riesgo de caer en el desempleo estructural.

Según lo dicho anteriormente, la caracterización de la economía social –independientemente de los esfuerzos realizados por muchos autores (Coraggio, 2005; Saguier, 2005 entre otros)– agrupa procesos y organizaciones muy disímiles, que no tienen una expresión siquiera de articulación propia que pudiera caracterizar prácticas y acciones conjuntas entre sus agentes. Mientras que las distintas fracciones de capital se organizan en cámaras y asociaciones en pos de sus intereses específicos y el Estado se configura como un conjunto de instituciones articuladas para garantizar la reproducción de los “incluidos”, el denominado sector social de la economía expresa intereses difusos, diversos y por lo tanto escasamente compatibles para su articulación social (Rebón, 2004; Fajn, 2003; Heller, 2004). Al integrar el conjunto de repertorios teóricos y conceptuales promovidos por las reformas neoliberales de las últimas tres décadas del capitalismo globalizado, no debe descuidarse el hecho de que su impulso inicial, en nuestro medio, se orienta hacia la intervención sobre la reproducción social en tanto intento de generar un muro de contención frente al estallido social. Junto con ello está la pretensión de sujetar a los sectores más postergados de la sociedad en la dependencia de donativos y subsidios estatales o de ONGs. Pero el objetivo final pretendido es maximizar el desentendimiento del capital respecto a la reproducción social del trabajo.

Ahora bien, más allá de las utopías y miopías del capital y sus intelectuales orgánicos, debe entenderse también a la economía social en el marco de su dialéctica contradictoria. Así, aquello que el capital promociona como su política de control social y elusión de las resistencias del trabajo a la acumulación y concentración capitalista genera al mismo tiempo potencialidades (siempre en un contexto de extremas constricciones, tal las reglas del juego del capital) para el desarrollo de alternativas para la misma clase trabajadora. Como en otras oportunidades, es la propia resistencia creativa del trabajo la que también puede construir en parte los contenidos de aquello que la ingeniería social del capital desarrolla como economía del tercer sector o economía social, teniendo en cuenta además que lo que hoy se “descubre” tras esa noción tiene una genealogía más profunda en la experiencia histórica de los trabajadores argentinos (Elgue y Cieza, 2005:145-147).

La crítica a la economía social, entonces, no puede ser dogmática ni doctrinaria. En tanto categoría que interpela a la clase trabajadora en su calidad de “desocupados”, está sujeta también a la resignificación que la resistencia del trabajo produzca en torno a su sentido social. Desde dicha situación, puede entenderse a la “economía social” como un espacio de disputa política.

En el sentido anteriormente descrito, puede decirse que las ERT han tendido a trasvasar la noción de economía social como política económica de la exclusión social al incorporar la defensa del trabajo a un proyecto que re-sitúa a los trabajadores dentro del aparato productivo, y lo hacen de una forma que también les permite discutir las relaciones sociales en las que se insertan y participar desde allí en la disputa política y económica.

También su negatividad respecto a la cristalización de los trabajadores como excluidos y pertenecientes al tercer sector se evidencia en el hecho de que la experiencia de los trabajadores lleva en su seno los límites de la empresa capitalista en cuanto al sostenimiento del trabajo. De haber sido trabajadores organizados gremialmente para la lucha salarial, típica de la relación mercantil del trabajo con el capital, pasaron a ser trabajadores que se encuentran frente al imperativo de sostener el trabajo y el salario por sus propios medios. Sin embargo, por más solidarias que sean las relaciones sociales al interior de una empresa, necesariamente deberán enfrentarse al problema de insertarse en relaciones mercantiles que poco y nada tienen que ver con los objetivos, al menos expresos, de lo que se denomina economía social o solidaria como mecanismo auto centrado de reproducción de la vida.

A modo de ejemplo, resultaría difícil categorizar algunas empresas recuperadas como economía solidaria si observamos, por ejemplo, el caso de una empresa metalúrgica que ocupa a más de 100 trabajadores y que produce insumos para la producción de maquinaria pesada, ya que aquí los trabajadores vuelven a enfrentarse con sus capacidades y limitaciones al capital en su propio terreno. No por casualidad y conscientes de esta situación, más allá de diferencias claramente expresadas, las ERT se han organizado en movimientos políticos reivindicativos que han puesto sobre el tapete, discutiéndolo críticamente, el remanido intento de separar la lucha social de la lucha política y de clases que el neoliberalismo ha pretendido imponer como modelo.

Semejante situación conflictiva y contradictoria se expresa, entre otros aspectos, cuando desde las políticas públicas no se sabe con claridad cómo clasificar y calificar una intervención del Estado hacia el “sector”. Así, siendo las empresas recuperadas un programa surgido de la lucha política de la clase trabajadora, las intervenciones políticas del Estado intentando domeñar su desarrollo sólo tienden a subsidiar –y, obviamente, en forma limitada– la reproducción de los trabajadores involucrados en tanto individuos, ya que otro tipo de intervención (crediticia, de financiamiento de la producción autogestionada, o bien de franca inversión) se enfrenta a parámetros instituidos por el capital de eficiencia y viabilidad mercantil. Desde las políticas públicas, al estar orientadas por el modelo indefinido de “economía social” se intenta en algunos casos puntuales generar algún tipo de subsidio (por ejemplo, para el mejoramiento de algún eslabón en el proceso técnico de determinada ERT), aunque dejando librado el éxito y sostenimiento de las ERT a una supuesta “lógica del mercado” que, por otra parte, es una reducción al absurdo, teniendo en cuenta que ha sido el mismo mercado quien transformó a dicha empresa en “inviable”.

Es claro que, desde el punto de vista del “mercado” –y esto ha sido parte importante de las discusiones en el seno de las organizaciones que nuclean a las ERT–, las empresas desvastadas por el propio capital resultan “inviables”. Sin embargo, desde el punto de vista del trabajo, al no seguir la lógica destructiva de la competencia capitalista hacia la concentración sino aquella que prioriza garantizar el empleo de la capacidad de trabajo, deberían motorizar criterios de eficiencia y eficacia de otro tipo.13 De todas maneras, es importante indicar que estas iniciativas de los trabajadores, al poner en funcionamiento empresas que en sus condiciones actuales resultan inviables para el capital, someten al trabajo a un conjunto de restricciones. A modo de ejemplo, pueden señalarse las siguientes: a) la reinserción en la cadena de valor en la cual fue gestada originariamente la empresa; b) la capacidad de gerenciamiento en un contexto competititvo; c) la formación de capital (desarrollo tecnológico).

Desde un inicio, las demandas de las ERT tuvieron como principal objetivo la expropiación para resolver la cuestión legal de la tenencia obrera de la empresa. A sabiendas de que estas cuestiones implican una capacidad de ejercicio de estas reivindicaciones, las ERT se organizaron políticamente, aunque respondiendo a distintas variantes y modalidades. Estas demandas y luchas por la expropiación dieron lugar a varios casos de resoluciones legales favorables (aunque con variaciones importantes en sus contenidos) y, recientemente, a la generación de una Ley de Expropiación en la Ciudad de Buenos Aires y la incorporación de proyectos semejantes en otras provincias y en el ámbito nacional.14 Es importante destacar que estos avances, más allá de sus distintas formas jurídicas, fueron producto de la lucha y la organización política conjunta de la mayoría de las ERT, independientemente de las modalidades organizativas que asumieron y de una representación política atravesada por los cuestionamientos emergentes de la lucha social.15

Finalmente, y hechas las salvedades anteriores, me interesa plantear un tema aún escasamente explorado del proceso reciente de autogestión en las ERT, como es el de la capacidad innovativa tecnológica, organizacional y sociocultural (para llamarlas de alguna manera) del trabajo para hacer funcionar a las ERT en situaciones impensables para el capital. Si uno de los problemas centrales de la capacidad de persistencia de una ERT es la superación de la crisis de inserción en la cadena de valor, un rasgo a destacar en la mayoría de los casos es la capacidad creativa del trabajo puesta en práctica para resolver algunas cuestiones puntuales en tal sentido. Algunos ejemplos tomados al azar dan cuenta de lo expresado.

La empresa recuperada por sus trabajadores IMPA tuvo que enfrentarse a las reticencias de su tradicional proveedor de insumos, en este caso aluminio (ALUAR), y para ello recuperaron técnicas de reciclado de dicho insumo, haciendo convenios con cartoneros proveedores de envases que contienen aluminio; esto significó una menor calidad de algunos productos, aunque lograron mantener la producción también orientándola principalmente hacia productos alternativos a la anterior gestión.

La fábrica de tractores ZANELLO diseñó luego de la recuperación un modelo de gestión novedoso, consistente en la integración de la cooperativa en una sociedad anónima donde participan las cadenas de comercialización (vendedores y concesionarios), profesionales calificados en el diseño y el municipio donde se asienta la planta en la provincia de Córdoba. Crearon, entre otros productos, el primer tractor a GNC recientemente presentado en una feria rural.

CANTERAS SIME es una empresa recuperada luego del vaciamiento, y se enfrentó al problema de la falta de maquinarias y de mercado para sus actividades tradicionales. Los trabajadores recurrieron entonces al aprovechamiento de la conchilla propia del yacimiento y la aplicaron a la producción de alimentos de consumo animal dado su alto contenido en calcio natural.

En el caso de SUPERMERCADOS TIGRE, frente al vaciamiento de la empresa por la política de concentración en el rubro por parte del capital, los trabajadores –imposibilitados de recrear el sistema de mercadeo propio de la empresa– decidieron hacer un convenio con la Universidad de Rosario y reconstruir el Comedor Universitario en un sector del inmueble y un convenio con el municipio para instalar una feria de micro emprendimientos promocionados por el propio Estado.

CERAMICAS ZANÓN apuntó a la creación de diseños Mapuche en la línea de cerámicos que produce la empresa y además –y tal vez sea esto lo importante– desarrolló la construcción de un espacio organizativo-político popular novedoso.

Estas experiencias entre muchísimas otras –de las que aquí damos cuenta en forma muy sintética y restringida– indican que, a pesar de las limitaciones encontradas y más allá de la gran heterogeneidad de situaciones de innovación obrera, éstas conforman un proceso de experiencia social y formación política y económica de especial interés para, por ejemplo, el estudio de las nuevas subjetividades del trabajo frente a los desafíos de la autogestión.

Los desafíos no se han restringido únicamente al ámbito de la producción y/o comercialización, sino también a los intentos por rediseñar el uso social de la empresa.16 En tanto experiencia social de los trabajadores, la autogestión de las ERT y la configuración de movimientos organizativos colectivos para sostener su dinámica nos conduce hacia un primer lugar de interés para el estudio desde la Antropología Económica. Entendemos, en este caso, que dicha disciplina debería poder realizar aportes más que interesantes a la dinámica organizativa de las ERT en tanto programa de crítica a la economía política hegemónica. Dicho aporte necesariamente debería superar el voluntarismo metodológico que, a modo de desliz ideológico sobre la cuestión, pretenda que la recuperación de una empresa implica inmediatamente la recuperación de la capacidad de orientar el trabajo productivo hacia un proyecto liberador. O bien su contracara: dado que la algidez del proceso de recuperación de empresas se ha ralentizado, es decir, no se observa en esta coyuntura de los últimos cuatro años con la intensidad anterior, se presupone que dicho movimiento de la clase trabajadora ha sucumbido frente a las estrategias del capital. Por el contrario, el trabajo de la crítica necesariamente debe mostrar comprometidamente el campo de posibilidades y limitaciones de que una dicotomización semejante de la cuestión impida su recuperación tanto para su análisis teórico como para su socialización en tanto experiencia política.

Es en tal sentido que se intentó discutir algunos de los problemas asociados al estudio de las ERT en el entramado de las categorías de exclusión social, tercer sector y economía social, proponiendo no perder de vista su emergencia en tanto categorías teóricas en un momento específico del desarrollo contradictorio de las relaciones entre capital y trabajo. Es decir, un momento en que los niveles de desocupación y pauperización de la clase trabajadora a escala mundial son de tal magnitud que la política del capital pretende cristalizarlos (y recluirlos) socialmente, dados sus intereses por continuar con los niveles de renta y concentración de la riqueza alcanzados principalmente en los últimos treinta años.

Tal vez el impacto más fuerte del proceso de recuperación de empresas por parte de los trabajadores se haya producido sobre la ofensiva ideológica del capital en las últimas décadas. Es decir, sobre aquella utopía de una burguesía “liberada” del trabajo, en analogía con la “noticia del fin del trabajo”. Así, la protesta territorializada, recluida tácticamente en el barrio, la villa, el monte, si bien encontraba en las rutas un modo de hacerse visible y –más allá de sus impactos sobre la circulación– permitía aún la sostenibilidad ideológica y política del triunfo del capital sobre el trabajo, el ámbito de la producción seguía siendo aquel de la libertad del capital de hacer y deshacer a su antojo, de soslayar las contradicciones del capital mediante la libre competencia capitalista: si las fábricas cerraban y las empresas se fundían, esto era producto de la dinámica creativa del capital. Al irrumpir los trabajadores sobre las ruinas del capital muerto y reactivar la producción mediante el trabajo vivo, una nueva señal política se avecinaba. Una señal tal vez en principio ambivalente, pues si bien daba lugar a la emergencia de un nuevo desafío del trabajo frente a los intentos de cierre de empresas, podía este hecho al mismo tiempo considerarse como una “salida” del propio capital frente a aquellas unidades productivas “ineficientes” y obsoletas para sus intereses. Pero esta mirada “funcionalista” de la cuestión debe complementarse con otra que perciba el impacto de este movimiento sobre las condiciones del trabajo en el conjunto del sistema de relaciones capital/trabajo: la experiencia de la toma de fábricas y empresas, y la autogestión de las mismas por trabajadores previamente despedidos, se constituye también como una modalidad alternativa resistente frente a la flexibilización omnipresente y además se configura como una proceso amplio de control social del trabajo frente a los desmanes del capital sin trabajo.

Notas

1 Estos límites (1% y 5%) eran “teóricos” y variaban con relación a cada situación nacional. Así, por ejemplo, en Japón generalmente dicha tasa era menor al 1% mientras que en América del Norte y América del Sur era superior (llegando hasta el 5%). También deben tenerse en cuenta las variaciones en las modalidades de registro de fenómeno. Esta “legitimidad” del desempleo friccional estaba también asentada en las transformaciones tecnológicas propias del capitalismo que, al desplazar a trabajadores, requería de un proceso de recapacitación que llevaba tiempo, situación empírica que se utilizaba como intento de explicación.

2 Por lo general se hace referencia al período de la segunda posguerra hasta la década los años ‘70. Aquí también deben considerarse situaciones nacionales diferenciales; por ejemplo, en los países nórdicos –sobre todo Suecia– modalidades del denominado estado providente funcionaron antes de la segunda posguerra. En Argentina, el peronismo dio lugar a un Estado de Bienestar como modo de regulación de las relaciones entre capital y trabajo prácticamente único en América Latina y anterior incluso como generalización de la experiencia de gran parte de los países europeos.

3 Recordemos aquí que ciertas lecturas “positivistas” de Marx descansan sobre la pretensión de de-construcción de su crítica. Tal cosa sucede, según mi parecer, con la noción de “acumulación originaria”, un concepto utilizado “científicamente” por la Economía Política interesada en mostrar que el enorme proceso de expropiación a que el capital sometía a las masas rurales era una necesidad, una “única vez”, un proceso originario y único que luego, vía el recurso ideológico a la figura del mercado, se estabilizaría. En Marx, y me permito aquí mi propia lectura, la acumulación capitalista es una constante, una necesidad de la relación social capitalista, un proceso que pone no en armonía sino en contradicción constante al trabajo con el capital.

4 En la última década (1996-2006), el desempleo en el mundo según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha rondado entre el 6.1 y el 6.3 de la fuerza de trabajo. En la actualidad, esto significa un total de más de 192 millones de personas (téngase en cuenta que la OIT integra a la población económicamente activa a personas mayores de 15 años y a los trabajadores/as de economías domésticas sin remuneración), es decir que el número de desocupados se ha mantenido prácticamente constante; por otra parte, debe señalarse que los trabajadores que viven con un salario de dos dólares estadounidenses por día, eran en 1996 del 54.8 y en el 2006 de 47.4 puntos porcentuales del total de la fuerza de trabajo. Esto implica que más de 1.367 millones de los trabajadores del mundo reciben un salario que los coloca en situaciones de pobreza extrema. Téngase en cuenta que también más de 200 millones son trabajadores infantiles. Estos trabajadores en situación de extrema pobreza pertenecen en su totalidad a las regiones de Asia Meridional, Oriental y Sudoriental y el Pacífico, que explican más de mil millones de trabajadores en tales condiciones, siguiendo en importancia África Subsahariana, América Latina, África del Norte y Oriente medio y finalmente, en un porcentaje muy menor, los países europeos no pertenecientes a la Comunidad Europea.

5 El salario es la forma mercantil de inclusión del trabajo bajo la hegemonía del capital y, por consecuencia, la producción del capital es la extracción de valor al trabajo productivo para su apropiación capitalista. De allí que la noción de exclusión remitiría entonces a situaciones en las cuales amplios sectores del trabajo ya no estarían incluidos en la relación desigual capital/trabajo. A partir de esta caracterización, los amplios sectores del trabajo “excluidos” de la relación salarial pasan a conformar una “población sobrante” y de la cual el capital ya no puede promover su contención a manos de un organismo socializado como lo fue el Estado providente.

6 Tampoco podría decirse que el pasaje del Estado restringido al Estado ampliado, según la fórmula gramsciana, esté marcado por una “evolución” lineal y de carácter universal de la politización de la sociedad civil, sino en una dialéctica más compleja de politización/despolitización, en el marco de diferenciaciones y desarrollos desiguales cada vez más importantes de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el sistema mundial.

7 Continúa Antunes: “Una cosa es presenciar en las diversas formas de actividad propias de la economía solidaria y del tercer sector un mecanismo de incorporación de hombres y mujeres que fueron expulsados del mercado de trabajo y de las relaciones de empleo asalariados y pasaron a desarrollar actividades no lucrativas, no mercantiles, incorporándose a las limitadas (pero necesarias) formas de sociabilidad que el trabajo posibilita en la sociedad actual... Al desmoronarse el Estado benefactor en aquellos pocos países en los que existió, estas asociaciones o empresas solidarias llenan en alguna medida los vacíos producidos. Ahora bien, atribuirles la posibilidad, con su expansión, de sustituir, alterar, y en última instancia, transformar el sistema global de capital me parece un equívoco enorme. Como mecanismo minimizador de la barbarie del desempleo estructural, cumplen una efectiva (aunque limitadísima) acción. Sin embargo cuando se las concibe como un momento efectivo de profunda transformación social, acaban convirtiéndose en una nueva forma de mistificación que pretende, en la hipótesis más generosa, “sustituir” las formas de transformación radical, profunda y totalizante de la lógica societal por mecanismos paliativos y parciales, de algún modo asimilables por el capital.” (Antunes, 2005: 104).

8 La noción de sociedad civil , a partir de la experiencia histórica de la relación capital/trabajo, debe ser analizada en su doble sentido: como forma de la organización política del trabajo y como espacio identificado por las necesidades de generar consenso sobre los gobernados por parte de Estado, entendido éste como organización política que expresa las relaciones de hegemonía de los sectores dominantes del capital. El proceso de politización de la sociedad civil, en el sentido de producción de organizaciones políticas, ha sido analizado por Gramsci a partir de la noción de “Estado ampliado”. Para un análisis de este concepto puede consultarse el interesante trabajo de Rosemary Dore Soares (Soares, 2000).

9 En este discurso, las protestas sociales de las últimas décadas de ciclo neoliberal del capitalismo mundial pretenden ser asimiladas a las protestas proletarias de los “orígenes” del capitalismo industrial, las cuales en la medida que se restaure el principio de equilibrio en los mercados dejarán de tener la centralidad manifestada y pasarán a constituir expresiones marginales producto de desajustes coyunturales.

10 Un dato de interés es que el modelo de capitalismo flexible instaurado en nuestro país ha sido estudiado sobre todo a partir de sus impactos sociales y económicos, pero aún son escasos los estudios sistemáticos sobre las causas de su hegemonía y menos aun desde las alternativas contra-hegemónicas que fue experimentando la clase trabajadora. En tal sentido, sería importante auscultar los iniciales imaginarios que produjeron sobre la clase media argentina no sólo las políticas privatizadoras de servicios sino también las posibilidades de ascenso social a través de la generación de microempresas sustitutas en el campo principalmente de los servicios. Incluso el caso de los mismos trabajadores de las empresas privatizadas que veían en dicho proceso la posibilidad de constituirse como “proveedores” a partir de organizarse como microempresas. Rescato un trabajo realizado con trabajadores de YPF de General Mosconi donde analizamos algunas trayectorias de este tipo (por ejemplo, trabajadores despedidos que con la indemnización conformaron una pequeña empresa de transportes del personal que al poco tiempo fue desplazada y entró en bancarrota). Otro caso a mencionar es la multiplicidad de quioscos y empresas remiseras que instalaron trabajadores despedidos en zonas industriales desguasadas como Villa Constitución. Sin embargo, tal imaginario fue cediendo progresivamente a la indignación y a la protesta provocadas por la situación general de precariedad de las condiciones de vida resultantes, dando lugar a formas novedosas de organización de los trabajadores desocupados (un interesante pasaje desde la diseminación territorial hacia la organización trans-territorial).

11 Un caso es por ejemplo el programa que reivindicaron las asambleas populares en General Mosconi, que incluía un planteo sobre las regalías petroleras de la región, la entrega de tierras a las comunidades indígenas, la reestatización de YPF, entre otros reclamos programáticos de los denominados “piquetes”.

12 El Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras viene desarrollando acciones de solidaridad y trabajos de relevamiento a pedido del Movimiento de Empresas Recuperadas desde hace más de tres años. Se complementa con un Proyecto de Investigación UBACyT de Urgencia Social (F701) que articula acciones de investigación y transferencia interdisciplinaria en Empresas Recuperadas por sus Trabajadores entre las Facultades de Filosofía y Letras, Ingeniería, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales en la UBA. Los datos presentados fueron extraídos en su totalidad de los resultados de los relevamientos realizados por dicho Programa.

13 Por ejemplo, entre otros posibles, la eficacia en la creación de empleos productivos con respecto al nivel de productividad, tomado tanto en relación con el nivel de producción de cada empresa como en su conjunto, y comparado con otras empresas sea de una determinada rama o incluso como totalidad de la actividad empresarial privada.

14 En noviembre de 2004, en la Ciudad de Buenos Aires se promulga una ley de expropiación para varias ERT. Uno de sus artículos expresa: “Articulo 3: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede a título oneroso los inmuebles y todas sus instalaciones expropiados de conformidad al articulo 1, con cargo a continuar con la explotación de las unidades productivas y con la consecución de sus fines solidarios, autogestionarios y cooperativos a las siguientes Cooperativas de Trabajo: Cooperativa de Trabajo VIEYTES Limitada, Cooperativa de Trabajo CHILAVERT ARTES GRAFICAS Limitadas, Cooperativa de Trabajo LA NUEVA ESPERANZA Limitada, Cooperativa de Trabajo DIÓGENES TABORDA Limitada, Cooperativa de Trabajo COOPERPEL ENVASES INDUSTRIALES Limitada, Cooperativa de Trabajo VINIPLAST Limitada. Cooperativa de Trabajo 18 DE DICIEMBRE Limitada, Cooperativa de trabajo, GRAFICA PATRICIOS Limitada, Cooperativa de Trabajo LA ARGENTINA Limitada, Cooperativa de Trabajo FÉNIX SALUD Limitada, Cooperativa de Trabajo MADERERA CORDOBA Limitada, Cooperativa de Trabajo LACTEOS MONTE CASTRO Limitada.

15 Para un detalle de las organizaciones de ERT existentes y sus procesos políticos, ver Julián Rebón (2004).

16 Un caso representativo aunque no el único ha sido, en este sentido, el de IMPA (Industria Metalúrgicas Plásticas Argentinas), que se ha caracterizado por contar con estrechos vínculos con la comunidad a través del funcionamiento de un centro cultural en la fábrica denominado “La Fabrica Cultural”, que funciona dentro de la misma con espectáculos, talleres de diversas disciplinas artísticas, realización de muestras, etc. También funciona en esta ERT un centro de salud gratuito tanto para el personal como para el conjunto de la comunidad, a través de un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde IMPA pone las instalaciones, la luz y el gas y este último el plantel médico y, recientemente, se ha creado un bachillerato para adultos. Otro, que aún funciona es el caso de la Empresa Gráfica Chilavert que, además de un Centro Cultural, alberga un Centro de Documentación sobre Empresas Recuperadas en el País, sostenido por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

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