ARTÍCULOS

Tendencias y retos recientes en tres metrópolis mexicanas: ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Juan Manuel Ramírez Sáiz^* y Patricia Safa Barraza^**

^* Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesor-investigador de ITESO, Universidad Jesuítica de Guadalajara. Dirección electrónica: jmramire@iteso.mx
^** Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS. Profesora investigadora del CIESAS en Occidente. Dirección electrónica: psafa@ciesas.edu.mx.

Fecha de recepción: 5 Febrero de 2009. Fecha de aprobación: 19 julio de 2009.

Resumen

En este trabajo analizamos varios rasgos o facetas en tres ciudades metropolitanas mexicanas contemporáneas: la multiculturalidad, la inequidad, la fragmentación social y urbana, la inseguridad pública y los proyectos enfrentados de ciudad. El artículo constituye un balance sobre la situación prevaleciente elaborado a partir de proyectos de investigación de los autores y de la revisión de la literatura reciente sobre el tema. Es por tanto un trabajo de carácter fundamentalmente teórico.

Palabras claves: Multiculturalidad; Inequidad Social y Urbana; Fragmentación Urbana; Inseguridad Pública y Proyectos de Ciudad

Recent trends and challenges in three large Mexican cities: Mexico City, Guadalajara and Monterrey

Abstract

In this paper we analyze a series of factors or aspects in three large contemporary Mexican cities: multi-culturality, inequality, social and urban fragmentation, public insecurity and conflicting conceptions of what the city should be. The article offers an overview of the current situation, on the basis of the authors' own research projects and a review of recent literature on the topic. It is therefore primarily a theoretical paper.

Key words: Multi-culturality; Social and Urban Inequality; Urban Fragmentation; Public Insecurity and Conceptions of City

Tendências e desafios recentes em três metrópoles mexicanas: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey

Resumo

Neste trabalho analizamos vários rasgos ou facetas em três cidades metropolitanas mexicanas contemporâneas: a multiculturalidade, a desigualdade, a fragmentação social e urbana, a insegurança pública e os projetos de cidade enfrentados. O artigo faz um balanço sobre a situação prevalecente e foi elaborado a partir de projetos de pesquisa dos autores e da revisão da literatura recente sobre o tema. É, portanto, um trabalho de caráter fundamentalmente teórico.

Palavras chave: Multiculturalidade; Desigualdade Social e Urbana; Fragmentação Urbana; Insegurança Pública e Projetos de Cidade

Introducción

En este trabajo realizamos un análisis acerca de las características o tendencias que se registran actualmente en las principales áreas metropolitanas de México, a partir de la revisión de la literatura reciente sobre el tema y los resultados de varias investigaciones llevadas a cabo por nosotros en las tres ciudades seleccionadas.

Como sucede a nivel mundial, en México más del 70% de la población vive en zonas urbanas.¹ Este cambio se generó, desde finales del siglo XIX y sobre todo a partir de los años cuarenta del siglo XX, a causa de la concentración del dinamismo económico y social en las tres ciudades analizadas. Su proceso acelerado de urbanización reciente se originó en la concentración en ellas de actividades principalmente económicas, que se tradujeron en mejores oportunidades de empleo, educación y condiciones materiales de vida, las cuales incentivaron la migración del campo a la ciudad. Sin embargo, en la medida en que ese desarrollo urbano ha sido desequilibrado y no planificado, las tres metrópolis seleccionadas enfrentan graves problemas de inseguridad, contaminación del medio ambiente, escasez de agua, falta de transporte urbano adecuado o congestionamiento vehicular. Ante este panorama, cabe preguntarse sobre el costo que representa el hecho de habernos convertido en una sociedad urbanizada.

Hoy las grandes ciudades mexicanas se describen como conglomerados que sufren de un triple proceso negativo: disolución, fragmentación y privatización (García Canclini, 1998; Borja y Castells, 2000; Signorelli, 2001). Disolución por una urbanización desigual; fragmentación por la producción de un territorio disperso y cortado por vías de comunicación; privatización por la proliferación de guetos urbanos y por la sustitución de calles, plazas y mercados por centros comerciales. Sus habitantes son los primeros que reclaman el derecho a una vida de calidad frente a estos procesos de transformación negativos . Esta realidad hace pensar que profecías como la que Wirth (1988) anunció se han cumplido: tamaño, densidad y heterogeneidad llevan a un estilo de vida impersonal, anónimo, sin arraigo y cargado de conflictos sociales. Tal como a principios del siglo XX, la desorganización social de las ciudades mexicanas vuelve a ser un tema de interés no sólo de las investigaciones urbanas contemporáneas, sino también de las políticas públicas. Actualmente, estudiar y entender cómo viven los habitantes metropolitanos se convierte en un tema central por los reclamos de la población pero, sobre todo, porque es un problema y un reto para la gobernabilidad y la democracia.

La leyenda negra (que cubre sobre todo a las grandes ciudades, como las tres metrópolis mexicanas analizadas, que pronostica su inviabilidad y declara su muerte próxima, que anuncia la desurbanización de la ciudad o la urbanización sin ciudad y la desaparición de los espacios públicos) recuerda un tema clásico de la sociología urbana: las grandes ciudades como lugar del anonimato y la anomia (Anderson, 1975; Keller, 1975 y Wirth, 1988). Ciertamente en esas ciudades los encuentros son fugaces y con mucha gente; no se conoce a todos y se está expuesto a múltiples mensajes y formas de comunicación en el tiempo y en el espacio (Hannerz, 1986, 1992). Pero ¿es inevitable que sea así? ¿es éste el fin de la ciudad que hemos conocido históricamente? ¿son reversibles y reutilizables estos procesos? Al respecto, las tendencias o facetas que analizaremos en las tres áreas metropolitanas mexicanas son: la multiculturalidad, la inequidad, la fragmentación, la inseguridad pública y los proyectos enfrentados de ciudad. En cada uno de estos casos, se trata de problemas que afectan simultáneamente a la totalidad del espacio metropolitano y a sus habitantes.

La multiculturalidad

El carácter multicultural de las grandes ciudades mexicanas se manifiesta en el espacio urbano diferenciado que, como señalan Borja y Castells, debe entenderse tanto en términos estadísticos como simbólicos (Borja y Castells, 2000). Las grandes ciudades son escenario de heterogeneidad social, lugar de convergencia de culturas por las diversas procedencias de los migrantes (García Canclini, 1998; Prévot Schapira, 2001). Las grandes ciudades son multiculturales por las marcas que el pasado ha dejado en el territorio, por las tercas identidades locales de viejos pueblos y barrios que ahora forman parte de la ciudad (Safa, 1998), por las costumbres y tradiciones que acompañan a los migrantes en su traslado. Actualmente, refuerzan el carácter multicultural de las tres metrópolis la presencia y actuación no sólo de los migrantes rurales sino también de las comunidades urbanas de otras ciudades mexicanas (de Chiapas, de Puebla, del norte del país, etcétera). Asimismo, por las comunidades provenientes de otros países (Estados Unidos, Guatemala, Colombia, España, Cuba, la Argentina, Francia, etcétera). Igualmente lo son por las comunidades que se nuclean en torno a viejas y nuevas creencias religiosas (Pentecostales, Evangelistas, Testigos de Jehová, Luz del Mundo, etcétera). Y finalmente las que se originan en las preferencias sexuales o en las nuevas culturas juveniles ("punketos", "emos", etcétera).

La inequidad

Las tres metrópolis analizadas son inequitativas social y culturalmente. La pobreza en ellas es un hecho histórico, estructural, de larga duración, producto directo de las desigualdades sociales. La lucha por tener acceso a un techo y la batalla por obtener y preservar una fuente de ingreso son dos de los frentes vitales que durante décadas mantuvieron los sectores populares (Alonso, 1980). Junto con la migración del campo a la ciudad, comenzaron a expandirse los asentamientos irregulares (Azuela, 1997).

En México, durante el período de 1950-1970, el 64,7% de las viviendas fueron financiadas por los mismos sectores populares gracias a la invasión de terrenos y la autoconstrucción de la vivienda y los servicios urbanos (Garza y Schteingart, 1978: 75). Esta forma de acceso al suelo fue tolerada y, en algunos casos fomentada por el Estado, como una vía para solucionar el problema habitacional que la migración había agudizado. Por lo menos hasta la década de los ochenta, la regularización del terreno y la introducción de servicios urbanos en las nacientes colonias ocuparon la mayor parte del presupuesto y de los esfuerzos públicos en materia urbana (Ramírez Sáiz, 1995). A partir de 1982, la irregularidad urbana dejó de ser una alternativa para los sectores populares en parte por las restricciones económicas —deterioro de los ingresos, desempleo e incremento de la economía informal—, pero también por el endurecimiento de las autoridades para permitir la invasión como mecanismo para acceder a una vivienda (Coulomb, 1989; Sánchez Mejorada, 1992).

Las recurrentes crisis económicas ocurridas en México en las últimas décadas afectaron, de manera central, el ámbito del Estado que se reorientó hacia una política conservadora y de ajuste neoliberal. El mundo del trabajo y de la organización social fue radicalmente afectado. Los resultados que acarrearon estos procesos de cambio han incrementado trabajos de tiempo parcial, el subempleo y el desempleo. La seguridad en el puesto de trabajo es cada vez más difícil, hay mayor polarización en el mercado laboral. Los resultados después de estos 25 años de política neoliberal han sido la radicalización de la desigualdad y la presencia constante del malestar social, tanto por las condiciones de existencia del presente, como por las difíciles perspectivas del futuro inmediato (Guillén, 2001).

En la actualidad, el mercado habitacional es la única alternativa para acceder a una vivienda popular, aunque para los solicitantes es difícil ser "sujeto de crédito" por la insuficiencia de salario o por participar en el mercado informal en donde resulta difícil comprobar ingreso. Por ejemplo, para obtener un crédito del Infonavit (Instituto de Fomento a la Vivienda) se debe demostrar que la persona tiene un empleo estable y reunir un puntaje, lo cual se determina por el monto del salario, la edad del trabajador, el número de hijos, los años que ha cotizado al Instituto y el saldo de la subcuenta del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro). Hoy en día, para los más desfavorecidos, poseer una casa se ha convertido en una misión realmente difícil (Sánchez Mejorada, 1992).

También se han deteriorado las condiciones de vida en las colonias populares, en parte por lo limitado del presupuesto de los gobiernos locales que impide la inversión de obra pública básica y el funcionamiento de servicios como la recolección de basura y el transporte público. Este abandono del papel del Estado como gestor y regulador del crecimiento y funcionamiento de las ciudades ha repercutido en el deterioro de la calidad de vida urbana (Ziccardi, 2001).

La ciudad inequitativa que se expresa en la segregación espacial convierte a las grandes ciudades en archipiélagos, de islas bienestar en algunos casos y que contrastan con espacios urbanos cada vez más deteriorados, tanto de las colonias populares como de las clases medias empobrecidas. Una de las características de la estructura urbana de las tres ciudades es la combinación de proximidad física entre asentamientos de distintas clases sociales, pero al mismo tiempo la fragmentación o separación material evidenciada por elementos que agudicen la diferenciación social como rejas, muros, casetas de policía que controlan el acceso de los ajenos a las zonas residenciales (Safa, 2002; Duhau y Giglia, 2008). Lo anterior señala la necesidad de restablecer y/o ampliar los servicios del Estado, de manera que garanticen una distribución equitativa de los bienes públicos en todas las zonas urbanas y atenúen los efectos de la desinversión causada por el retiro parcial o completo de las instituciones públicas.

La fragmentación

En el mundo actual, las grandes ciudades juegan un papel fundamental pero en continua competencia por la acumulación y gestión del capital, lo que ha generado un desarrollo desigual "entre territorios más dinámicos de las sociedades y los que corren el riesgo de convertirse en irrelevantes desde la perspectiva de la lógica del sistema" (Castells, 1998: 28). La manera como una ciudad logre colocarse en la nueva geografía del mundo dependerá de su dinamismo —económico, tecnológico y empresarial— y de la disponibilidad de una adecuada infraestructura de servicios urbanos y de vivienda, de salud, de educación y de cultura. Estas nuevas exigencias han llevado a los gobiernos —nacional y locales— a adoptar políticas urbanas más orientadas a la lógica del mercado, que privilegian la privatización y/o la construcción de infraestructura urbana que favorezca a las grandes empresas o a las inversiones privadas para competir en este nuevo concierto mundial. Ello se traduce, muchas veces, en la pérdida de una visión de conjunto o una política distributiva más justa entre las distintas regiones, ciudades y al interior de las mismas, lo que explica que las distintas ciudades mexicanas se caractericen hoy en día por la fragmentación.

En las últimas dos décadas del siglo XX, la sociedad mexicana experimentó, de modo desigual y diferencial, cambios de carácter estructural en la esfera económica y transformaciones en los sistemas sociopolítico y cultural. El modelo del "Estado de Bienestar" entró en crisis fiscal por el incremento de la deuda externa y la demanda de nuevos bienes y servicios que reestructuraron el gasto público. El eje de la acumulación capitalista actual se centra en la apertura al mercado externo, la atracción de capitales transnacionales y los flujos de capital que aporta el turismo y las remesas de los migrantes, por ejemplo, y ya no tanto, como ocurría a mediados del siglo XX, por el desarrollo manufacturero que privilegiaba al mercado interno. Las recurrentes crisis ocurridas afectaron de manera central el ámbito del Estado que se reorientó hacia una política conservadora y de ajuste neoliberal.

Los cambios experimentados por la sociedad mexicana actual no han estado alejados de los acontecimientos del orden mundial, ya que se ha incorporado a tal dinámica en algunos aspectos y ha resistido a tales presiones en otros. Sin embargo, la influencia del sistema mundial agudiza el problema de la desigualdad social y urbana en las grandes ciudades del país. Como señalan varios autores, la globalización no involucra a las mayorías, es un fenómeno parcial, "no es en todo y para todos" (Garretón, 1999). La mundialización ha creado nuevos centros/periferias y nuevas asimetrías que se muestran en los entornos urbanos (Hannerz, 1986; Janoschka, 2002). En este sentido, la modernización de las ciudades mexicanas es parcial. Algunas zonas de las ciudades se han transformado con una rapidez inusitada, pero en otros espacios la influencia de la globalización se vuelve irrelevante y, frente al debilitamiento del estado de bienestar, se padece con mayor fuerza el acceso desigual a los bienes y servicios de la ciudad.

La crisis urbana se identifica con la liberación de la economía que, a la par, implicó el incremento espectacular de lo informal, el desempleo y la pobreza urbana. Sin embargo, como señala Prévot Schapira, esta crisis no la generan las disfuncionalidades que siempre han existido (contaminación, escasez de vivienda, insuficiencia de los servicios urbanos), sino que se vincula con la fragmentación que han vivido las ciudades en los últimos años: a) en su componente espacial, por la desconexión física y discontinuidades morfológicas de las distintas zonas de la ciudad; b) en su componente social, por el repliegue comunitario y el predominio de lógicas exclusivas y excluyentes en el habitar, y c) en lo político, por la dispersión de actores y autonomización de dispositivos de gestión y regulación urbana (Prévot Schapira, 2001). Es decir, la fragmentación social y física que sufren las ciudades expresa la disociación de las partes en relación con un conjunto urbano como unidad y su reemplazo por una serie de territorios claramente diferenciados (Prévot Schapira, 2001).

El abandono de la gestión y control del desarrollo urbano por parte del Estado, a causa de las políticas de ajuste de corte neoliberal, ha favorecido la regulación del espacio urbano por actores privados con proyectos comercializables, redituables y valiosos para el mercado y que han reemplazado el patrón previo de ciudad abierta e integradora (Janoschka, 2002). Los fraccionamientos cerrados o cotos en las grandes ciudades son el ejemplo por excelencia de esta tendencia (Lacarrieu, 1998; Safa, 2002).

La proliferación de estos modelos de habitar en la ciudad ha tomado dos caminos. Por un lado se vinculan con proyectos inmobiliarios promovidos por la iniciativa privada y avalados por un gobierno que fomenta la renovación de la ciudad como territorios de la globalidad, es decir, que buscan habilitar, construir o consolidar espacios urbanos adecuados para el comercio, las finanzas y la vivienda de la clase alta y media alta (Ramírez Sáiz y Safa, 2009) también se califica a estos espacios como una respuesta privada de las clases medias y altas frente a la inseguridad y caos urbano en las grandes metrópolis. Sin embargo, es necesario adoptar una perspectiva más compleja no por negar la importancia de estas dos explicaciones, sino porque en México la construcción de condominios y fraccionamientos cerrados ha adoptado rutas muy heterogéneas. Es decir, no se puede analizar los proyectos urbano-arquitectónicos residenciales cerrados sólo por su forma externa más evidente: fortalezas vigiladas y excluyentes que se construyen frente a la inseguridad. Levantar muros, contratar vigilancia privada y controlar el acceso a los condominios o fraccionamientos cerrados para vivir mejor y más seguros promueven un estilo de vida de distinción y exclusividad, pero también incrementa y protege el valor de la propiedad y del suelo urbano (Safa, 2002).

La inseguridad pública

Los reclamos frente a la inseguridad van de la mano de las desigualdades sociales, de la falta de empleo y de oportunidades de futuro y de vida. Son condiciones que favorecen la proliferación del crimen organizado que reclutan entre los jóvenes sin futuro a sus colaboradores. Como en otras áreas metropolitanas del país, en las tres analizadas, los problemas de inseguridad no distinguen clases sociales. Para sus habitantes, el robo, la violencia e incluso el secuestro no constituyen una posibilidad, real pero lejana, sino una experiencia cercana, próxima a su persona, a su casa y a sus parientes directos.

Las desigualdades sociales, la falta de empleo y el deterioro de la calidad de vida urbana constituyen condiciones que propician la proliferación de conductas a-sociales y el incremento de la violencia que originan la inseguridad. El crimen organizado favorece, sobre todo, los delitos vinculados a la venta y consumo de drogas (Ziccardi, 2001; Pansters y Castillo, 2007). Para ello, recluta entre los jóvenes urbanos "sin oportunidades de futuro" a sus colaboradores. Por su parte, la corrupción y la complicidad de muchos de los responsables de combatir el crimen organizado agudizan este sentimiento de impotencia que lleva a la población a organizarse "como pueda" para enfrentarla. La lucha contra la inseguridad, en sus respectivos espacios residenciales, es un movimiento tanto de los ricos como de las clases medias empobrecidas por la crisis y de los sectores populares. Asimismo, para mejorar las condiciones comunes o generales de seguridad, se dan alianzas entre estos sectores sociales, cuyos intereses urbanos son diferenciados y no coincidentes (organizaciones sociales y campañas surgidas en 2004 y 2005, tales como "México Unido contra la delincuencia", "Por un México Seguro" e "Iluminemos México"). Estas alianzas evidencian que la "seguridad" no se reduce a construir fortalezas frente a "los de fuera" y a los delincuentes. Supone el intercambio y la construcción de redes de protección mutua ciudadana.

Además de que el Estado combata frontalmente y con determinación al crimen organizado, una de las formas de enfrentar la inseguridad son las políticas públicas sobre las grandes ciudades. Ellas pueden consolidar "territorios gobernables mediante actuaciones positivas a favor de la regeneración de los centros y de las áreas degradadas, las nuevas centralidades, la mejora de la movilidad y de la visibilidad de cada zona de la región metropolitana, la promoción de "nuevos productos urbanos" que reactiven el tejido económico y social y creen empleo y autoestima" (Borja, 1997: 9). En ese mismo orden, es decisiva la recuperación de las calles y parques (espacios públicos por excelencia, abandonados por la inseguridad), para que operen como ámbitos de intercambio y comunicación en la búsqueda de un modelo de seguridad participado. La ciudad ha dejado de ser lugar de intercambio de servicios e información, ámbito de identificación simbólica y de participación cívica. El espacio público no es ya visto como ese espacio protegido y protector. Refugiarse en los hogares y conectarse con el mundo, y la ciudad, a través de los medios de comunicación empobrece la calidad de vida en las grandes ciudades (García Canclini, 1989; Martín Barbero, 1994).

Los proyectos enfrentados de ciudad

Entre los diferentes actores sociales y políticos, la defensa del espacio residencial propio provoca la definición y confrontación entre distintos proyectos de ciudad, por ejemplo, los promovidos respectivamente por el gobierno, por las empresas inmobiliarias y por los movimientos sociales urbanos (Ramírez Sáiz, 1989). En el proyecto urbano del gobierno debe destacarse que, con anterioridad a la aplicación de las políticas urbanas neo-liberales, el Estado era el planificador y el gestor de las ciudades. Su proyecto de ciudad tomaba cuerpo y se instrumentaba a través de planes y programas urbanos específicos (de suelo urbano, de vivienda, de infraestructura, etcétera). Pero acciones decisivas para la estructuración de la ciudad (especulación urbana, la socialización de la plusvalía, etc.) no pasaban por ellos. Actualmente, es determinante su aprobación de los megaproyectos urbanos privados (por ejemplo, Santa Fe en el D.F., el proyecto "Puerta Guadalajara" en el Área Metropolitana de Guadalajara —AMG—) y de las grandes plazas comerciales. Este proyecto mantiene el estado de cosas vigente en la ciudad: fragmentado, segregativo y contaminado. Coopta y anula otros proyectos de ciudad planteados por los movimientos sociales urbanos. Está altamente influenciado por los intereses y las presiones de los desarrolladores urbanos. Se define y legitima mediante la realización formal de consultas públicas; pero evita la discusión abierta y la intervención real y decisoria de los ciudadanos.

El proyecto de los desarrolladores urbanos se fundamenta en la defensa sistemática de la propiedad privada y se manifiesta, especialmente, a través de los megaproyectos urbanos y de las grandes plazas comerciales y en aquellas ocasiones en que siente afectados sus intereses inmobiliarios o de estatus residencial. Mantiene un modelo de ciudad segregativo de las mayorías urbanas y relegador de las propuestas formuladas por los movimientos sociales urbanos. Dispone de fuertes y variados recursos (económicos, políticos e ideológicos) para legitimar y hacer pasar como proyecto general el que, en realidad, es representativo de sus intereses sectoriales.

El proyecto de los movimientos sociales urbanos se formula a contracorriente de las concepciones predominantes (del gobierno y de los desarrolladores urbanos) que dificultan la legi­timación y la puesta en práctica de sus propuestas sobre varios elementos centrales de la estructura urbana: la vialidad, el medio ambiente, la defensa de los centros históricos y de los espacios públicos, el rescate de las calles por los peatones y por los ciclistas, la vivienda popular, la seguridad pública, etc. Es resultado de la lucha social desplegada por organizaciones y redes urbanas que exigen la recuperación del protagonismo de los gobiernos locales en la política urbana y la participación ciudadana en los planes y proyectos urbanos, así como la recreación del concepto de "ciudadano" como sujeto de la política urbana y que interviene en la construcción y la gestión de la ciudad (Borja, 2003:72).

El predominio de uno u otro de estos tres proyectos urbanos es decisivo para el presente y futuro inmediato de las metrópolis como espacio común o "la ciudad de todos". Puesto que los respectivos actores sociales asumen posiciones diferenciadas y hasta opuestas, aquellas que se subordinan al gobierno o lo utilizan para sus propios intereses se oponen en el fondo a la introducción de cambios significativos en la estructura urbana, porque prefieren mantener su situación privilegiada y seguir lucrando con la ciudad. Por el contrario, quienes actúan de manera corresponsable constituyen puntos de apoyo para transformarla autogestivamente.

Este rescate de la ciudad y de la ciudadanía se refuerza con la revalorización de las organizaciones vecinales, que buscan preservar o proteger sus lugares de residencia. Desde éstos, no sólo demandan soluciones a sus problemas locales sino también de la gran ciudad y, a veces, imaginan el futuro urbano deseable. El barrio, la colonia, la calle, el lugar donde se vive, son referentes de identidad individual o colectiva. Los residentes se vinculan a dichos lugares gracias a procesos simbólicos y afectivos que permiten la construcción de lazos y sentimientos de pertenencia. Este proceso no es estable, sino construido y constructor de la comunidad urbana de la que forman parte y, a través de ella, de la realidad de la metrópoli. En los vecindarios de las grandes ciudades, sus asociaciones buscan rescatar los lugares de la sociabilidad, crear redes y construir espacios colectivos como alternativas para recuperar el control de sus vidas y entornos, no exentos de conflictos. Porque dichas organizaciones representan nuevas formas de inclusión y exclusión, social y urbana, entre y al interior de ellas. Algunas son defensivas y preservacionistas de sus espacios residenciales, o se interesan exclusivamente en su mejoramiento. Pero otras cuestionan las políticas urbanas, demandan mayor participación en la toma de decisiones y se constituyen en interlocutores obligados para el gobierno de la ciudad (Safa, 1998; Ziccardi, 1998).

La importancia creciente de estas organizaciones locales se explica, en parte, por la agudización de los problemas metropolitanos, pero también por la emergencia de una mayor conciencia vecinal, que exige el derecho a opinar e intervenir en el destino de su entorno local. Y aunque los alcances políticos de estas organizaciones son inciertos, se han convertido en espacio de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la ciudad. Su importancia se incrementa, además, ante un Estado que progresivamente renuncia a su rol regulador de la ciudad y frente a los desarrolladores urbanos que buscan en ella su exclusivo beneficio.

Reflexión final

Durante el siglo XX, la urbanización en México privilegió la industria a costa del campo, lo que provocó un desarrollo desequilibrado entre las regiones. La migración del campo a la ciudad estimuló el crecimiento acelerado, y poco planificado, sobre todo de las grandes ciudades. Desde sus inicios, esta urbanización se gestó con base en las desigualdades sociales y territoriales. Ciudades fragmentadas y divididas por el acceso desigual y diferenciado de la población a los servicios urbanos, educativos, de salud, entre otros. Sin embargo, como afirma Prévot Schapira, por lo menos hasta la década de los setenta, fueron ciudades integradoras para los recién llegados que en su trayectoria fueron encontrando empleo, aunque casi siempre mal remunerado, y vivienda, por lo general autoconstruida y gracias a la invasión de terrenos en un movimiento "tolerado" por las autoridades (Prévot Schapira, 2001). Este traslado y arribo fue posible gracias a las redes familiares y sociales que se activaron para recibir y encaminar a los recién llegados (Lomnitz, 1976). Las luces de la ciudad prometían escapar de la pobreza sufrida en el pueblo y una oportunidad de mejorar las condiciones de vida y, para los hijos, oportunidades educativas y mejores empleos. Se originaron así ciudades multiculturales por la incorporación a la mancha urbana de viejos pueblos y barrios; porque las redes de amigos y parientes reconstruían en este nuevo contexto comunidades de origen, porque la otredad enriquecía la vida de los urbanitas. No por esto ciudades equitativas, de todos y para todos. Las desigualdades sociales históricamente construidas y reproducidas también daban forma a ciudades enormes, pero fragmentadas por la pobreza y la distribución inequitativa de bienes y servicios urbanos.

A finales de los 80, México adoptó un modelo neoliberal, al que acompañó una crisis financiera del Estado de Bienestar. El gobierno es "menos integrador, menos redistribuidor y menos prometedor" (Prévot Schapira, 2001: 36). En las ciudades se fue haciendo evidente el deterioro del medio ambiente, la ineficiencia de los servicios urbanos y, sobre todo, la inseguridad que comenzó a dar forma a la ciudad del miedo .

La apertura del país a la economía mundial obligó a repensar el desarrollo de las ciudades. Se privilegió la inversión privada en el sector de los servicios pero, sobre todo, el desarrollo de algunas zonas de la ciudad para estar a la altura de cualquier ciudad global. Han sido las compañías inmobiliarias las que han desarrollado los nuevos conceptos del habitar, de zonas de confort, de distinción y seguridad para los más favorecidos. Estas innovaciones se vieron acompañadas con el deterioro paulatino de las colonias populares y de las clases medias empobrecidas por el retiro y abandono del papel de los gobiernos locales como gestores y reguladores del desarrollo urbano. Hoy en día nos encontramos con ciudades fragmentadas y excluyentes, de territorios amurallados y de vías de comunicación rápidas, de espacios públicos empobrecidos y deteriorados. La gente se conoce poco, evita o prefiere refugiarse en el hogar frente a la inseguridad que reina en las calles. En este contexto, se revitalizan las organizaciones vecinales que buscan, desde lo local, reconstruir la ciudad de todos . Sus proyectos se dibujan a partir de la ciudad deseada .

Considerando conjuntamente los cinco retos analizados (multiculturalidad, inequidad, fragmentación, inseguridad y proyectos de ciudad), es clara la situación diferencial que existe entre ellos. El primero y el quinto son ambivalentes. Constituyen, al mismo tiempo, un problema y una oportunidad. La "multiculturalidad" puede ser problemática cuando opera como factor que dificulta la convivencia entre los diferentes. Pero es enriquecedora de la comunidad metropolitana, si es reconocida y asumida, con respeto y tolerancia, como un valor que la potencia. De manera similar, la existencia de distintos "proyectos sobre la ciudad" puede producir conflictos y enfrentamientos entre sus proponentes, al intentar cada uno imponerse sobre los restantes o cancelarlos. Sin embargo, las diferencias entre ellos pueden conciliarse en torno a un proyecto plural sobre la ciudad, que garantice a todos los habitantes los niveles mínimos de justicia y de vida digna. Pero "la inequidad, la fragmentación y la inseguridad" acusan, en el periodo de estudio, grados crecientes de gravedad y manifiestan el deterioro urbano, social y político por el que atraviesan las tres metrópolis. Constituyen los nuevos retos (o la fuerte agudización de los previamente existentes). Por su parte, las organizaciones vecinales desempeñan dos roles distintos por ser tanto preservacionistas de su exclusivo bienestar residencial como defensoras de la calidad de la vida en el conjunto de la ciudad. Pero las más responsables y ciudadanizadas de ellas intentan hacer efectiva la conciencia del "derecho a la ciudad" y su creciente reclamo. En el panorama de los actores sociales metropolitanos, esta es, quizá, una de las innovaciones esperanzadoras.

Notas

¹ En 1910, más del 70% de la población en México vivía en zonas rurales. En 1970, la población rural representaba el 41% pero a partir de los noventa, en cambio, solamente el 28% de la población vivía en zonas rurales (INEGI, 1999: 30-31).

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