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Cuadernos de antropología social

versión On-line ISSN 1850-275X

Cuad. antropol. soc.  no.32 Buenos Aires jul./dic. 2010

 

ARTÍCULOS

De brava a dura. La policía de la provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX

Osvaldo Barreneche*

* Doctor en Historia (University of Arizona, Estados Unidos). Profesor Titular de Historia Americana II (Moderna y Contemporánea), Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Correo electrónico: obarreneche@ciudad.com.ar.

Este artículo es una versión inédita elaborada especialmente para la Revista Cuadernos de Antropología Social.

Resumen

Este artículo analiza la transformación institucional de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX. Se estudia primero la etapa que va desde la separación con la policía de la Capital (década de 1880) hasta finales de los años veinte, durante la cual circula un repertorio de medidas reformistas de la policía que serviría de base para la época siguiente. Luego, se divide la transformación policial bonaerense en tres etapas: 1) la década del treinta, donde se ponen las bases para importantes cambios de la agencia policial; 2) la revolución de junio de 1943 más el período peronista, en el cual se llevó a cabo una profunda reestructuración policial; y 3) el período de la revolución libertadora, tratado en este trabajo a modo de conclusión. En conjunto, el artículo plantea el tránsito de una policía brava a una dura , que formuló sus propios objetivos institucionales dentro de un esquema de alineamiento con el poder político-militar de entonces.

Palabras clave: Policía; Instituciones; Reforma; Historia; Provincia de Buenos Aires.

Institutional transformation of the Provincial Police of Buenos Aires during the first half of the Twentieth Century.

Abstract

This article analyzes the institutional transformation of the Provincial Police of Buenos Aires during the first half of the Twentieth Century. First, the period from the 1880s when both city and provincial police were separated up to the 1920s is studied. Then, the institutional evolution of this Law Enforcement Agency is divided in three stages: 1) the 1930s when significant changes began to taking place, 2) the military coup of 1943 and the following Peronist period, when a deep administrative police reform happened. And 3) the years of the Revolución Libertadora from 1955 on, analyzed in this article as a conclusion. The entire piece refers to the transition from a brava (1930s) to a dura (1960s) police agency that issued its own institutional goals in concurrence with the political and military governments during those decades.

Key words: Police; Institutions; Reform; History; Buenos Aires Province.

A transformação institucional da polícia da província de Buenos Aires durante a primeira metade do século XX

Resumo

Este artigo analisa a transformação institucional da polícia da província de Buenos Aires durante a primeira metade do século XX. Estuda-se primeiramente a etapa que vai da separação da Polícia da Capital (década de 1880) até o final dos anos vinte, durante a qual circula um repertório de medidas reformistas da polícia que serviria de base para a época seguinte. Logo, se divide a transformação policial bonaerense em três etapas: 1) a década de trinta, quando se fixam as bases para importantes mudanças da agência policial; 2) a revolução de junho de 1943 mais o período peronista, no qual se realizou uma profunda reestruturação policial; e 3) o período da revolução libertadora, tratado neste trabalho como forma de conclusão. Em conjunto, o artigo propõe a passagem de uma polícia brava a uma dura, que formulou seus próprios objetivos institucionais dentro de um esquema de alinhamento com o poder político-militar de então .

Palavras chave: Polícia; Instituições; Reforma; História; Província de Buenos Aires.

Este artículo analiza una etapa histórica de profunda transformación en la policía de la provincia de Buenos Aires, la que va desde comienzos de la década del treinta hasta fines de los años cincuenta. En este periodo, la policía pasó de ser un instrumento maleable y de relativa efectividad al servicio de los gobiernos de turno, a transformarse en una agencia estatal disciplinada, verticalmente organizada e ideológicamente moldeada, que se alineó (con notables divergencias internas) a los objetivos militares y políticos con los que se pretendió neutralizar y anular las disidencias, la protesta social y la radicalización de las prácticas políticas opositoras a los gobiernos de turno a partir de los años sesenta.

Se comienza describiendo brevemente la etapa anterior, desde la separación con la policía de la Capital en la década de 1880 hasta finales de los años veinte. La mayoría de los intentos y propuestas reformistas durante ese periodo (escuelas de formación, reorganización de la estructura, plan de carrera, etc.) no se concretaron o tuvieron muy corta vida. Sin embargo, contribuyeron a la circulación de un repertorio de medidas que servirían de base para la época siguiente. Luego, se divide la transformación policial bonaerense en tres etapas: 1) la década del treinta, donde se ponen las bases para importantes transformaciones de la agencia policial; 2) la revolución de junio de 1943 más el periodo peronista, pues en lo que hace a las reformas de la policía provincial estos dos momentos históricos son en realidad uno solo, en el cual se llevó a cabo una profunda reestructuración policial; y 3) el periodo de la revolución libertadora, tratado en este trabajo a modo de conclusión, que definitivamente pone a la policía al servicio de un régimen reaccionario y opresivo, aprovechando una etapa madura de organización institucional con una fuerte impronta de militarización de su estructura y de sus cuadros. En suma, se analiza aquí el tránsito de una policía brava , como se la conocía durante los años veinte y treinta, a una dura , que formuló sus propios objetivos institucionales dentro de un esquema de alineamiento con el poder político-militar de entonces.

Esta es una síntesis basada en trabajos previos de una investigación en curso, que busca aportar una perspectiva histórica para el debate actual sobre el rol y desempeño de la justicia criminal y las instituciones de seguridad en el ámbito bonaerense. El desgobierno político de la seguridad pública y el colapso institucional de la policía de la provincia de Buenos Aires a fines de la década de mil novecientos noventa motivó una profunda revisión de las (casi inexistentes) políticas públicas sobre estas temáticas. Todo un campo de expertos hizo su aparición, junto a la conformación de equipos políticos y de investigación académica, para abordar tales cuestiones.1 De sus estudios, surgió un análisis detallado de la crisis del estado en materia de seguridad pública, causada por una delegación política -tácita o explícita- de la gestión y el manejo de la seguridad pública en la policía. Resguardada en una cuidadosamente elaborada autonomía política y contando con una independencia doctrinal, orgánica y funcional que consolidó su autogobierno, la agencia estatal policial bonaerense tuvo en sus manos muchas, sino todas, de las cuestiones atinentes a la seguridad, la vigilancia y el control de la población en los últimos decenios del siglo XX, desde el retorno a la democracia a comienzos de los años ochenta (Saín, 2008).

Todos los estudiosos del tema coinciden en que éste fue el resultado de un largo proceso vinculado a la constitución misma de las fuerzas policiales, su rol en el estado moderno y su vínculo íntimo con el poder político de turno, desde la etapa madura de ese proceso de formación estatal por el que pasó la Argentina a lo largo del siglo XIX hasta comienzos de la siguiente centuria. A partir de las ideas de Foucault (2000), Neocleous (2000) y Garland (2005), entre los más influyentes, algunos investigadores exploraron el origen de la institución policial en el Antiguo Régimen y cómo a través de un triple proceso de minimización, legalización y criminalización, la policía fue adoptando un perfil más definido a medida que se consolidaba un orden estatal en toda América Latina, vinculado al liberalismo y al autoritarismo al mismo tiempo (Sozzo, 2002).

Los nuevos estudios sobre la historia social de la justicia en América Latina también han aportado a un renovado interés por saber sobre el pasado de las agencias estatales de seguridad, cuyo conocimiento estaba hasta entonces acotado a las publicaciones de historias institucionales producidas y patrocinadas por cada uno de esos organismos.2 Por ejemplo en el caso de México, aparte de la reciente compilación de Robert Buffington y Pablo Piccato (2009), un trabajo centrado en la justicia criminal a finales del siglo XIX se ocupó del rol de la policía en este tema y de la manera en que los jueces penales actuaban en los delitos donde estaban involucrados estos funcionarios (Speckman Guerra, 2002: 115, 273). Por su parte, Brasil ha tenido contribuciones importantes sobre la historia de la policía en ese país, fundamentalmente en la época del Imperio y de la Primera República (Holloway, 1993; Bretas, 1997), mientras que en la Argentina en el mismo periodo sobresale la producción de Lila Caimari (2004 y 2007) y sus trabajos sobre la administración del castigo, el control social y el rol de la policía en dichos procesos, junto a otros aportes compilados por Máximo Sozzo (2009). También aparecen recientemente estudios sobre el rol del estado y sus funcionarios (policías incluidos) en la historia argentina del siglo XX (Bohoslavsky y Soprano, 2010).

A pesar de estas contribuciones, y a medida que avanzamos en el siglo XX, las pesquisas sobre el pasado de las instituciones de seguridad siguen siendo relativamente pocas, con contribuciones provenientes de otras ciencias sociales (Kalmanowiecki, 2000; Tiscornia, 2004 y 2008) y del campo de la historia (Kahan, 2008; Barreneche, 2007, 2008 y 2009). Esto, por supuesto, hasta llegar a lo acontecido más recientemente, durante los años del terrorismo de estado de la última dictadura militar y especialmente sus secuelas, sobre lo cual hay más estudios centrados en la policía (Sirimarco, 2008), junto a otros relacionados con los dramáticos resultados que se obtienen de su interacción con distintos grupos y personas de la sociedad (Isla, 2007; Kessler, 2009; Míguez e Isla, 2010). De allí la necesidad de estudiar a fondo el devenir histórico de las policías en la Argentina, en general, y la de la provincia de Buenos Aires en particular.

Una "nueva" policía para un nuevo siglo

Con la federalización de Buenos Aires en 1880, comenzó una etapa histórica caracterizada por la escisión de la policía de la Capital y la de la provincia de Buenos Aires. Luego que las autoridades provinciales hiciesen entrega de la ciudad al gobierno nacional, el presidente Julio Roca designó como primer jefe de la policía de la Capital al doctor Marcos Paz (h). Por su parte, la legislatura bonaerense sancionó la ley del 13 de diciembre de 1880, por la cual se "creó" la policía de la provincia de Buenos Aires, confirmando posteriormente como su primer jefe al Coronel Julio S. Dantas, quien ya se venía desempeñando en el cargo desde los meses previos. La labor principal del jefe de policía Dantas durante ese tiempo fue la de agrupar y organizar las dispersas jurisdicciones policiales del interior provincial. Recorrió muchas comisarías de partido, buscando llevar a la práctica lo que la nueva legislación policial bonaerense le exigía, es decir el reconocimiento de una conducción centralizada de la institución. Y, para lograrlo, designó comisarios de policía dispuestos a obedecer a su jefatura, en detrimento de aquellos que resignaban su autoridad y su autonomía a los dictados de los Jueces de Paz locales. Estos magistrados legos habían desempeñado hasta entonces la doble tarea judicial y policial, ya sea en su misma persona o a través de la subordinación de los comisarios de su jurisdicción. Pero, a partir de 1880, se pasó a una etapa diferente de formación estatal, en la cual las autoridades ejecutivas buscaron recortar dicho poder.3 A pesar de que el nuevo Reglamento General de Policía fue aprobado en 1890, este proceso fue gradual. La conformación definitiva de una fuerza policial disciplinada y de dimensión provincial iba a darse recién en la segunda mitad del siglo veinte.

Los sucesivos jefes de policía, ya desde esta época, procuraron separar definitivamente las funciones de "alta y baja" policía, buscando circunscribir para sí las tareas específicas a la seguridad pública (alta) y transfiriendo todo el resto (baja: control sanitario, asistencia de todo tipo, ordenamiento urbano y edilicio, supervisión de los movimientos de población, cuestiones de familia y minoridad, etc.) a otras agencias estatales. Esto pudo realizarse, aunque no completamente en el caso bonaerense, a medida que con el crecimiento estatal estas nuevas agencias fueron efectivamente creadas.4 Los avances científicos y tecnológicos de esos años produjeron un nuevo repertorio metodológico para la investigación criminal, que abrió el camino para la futura policía científica. Mientras tanto, la creación de la Comisaría de Pesquisas en 1890 preanunciaba la aparición orgánica de la segunda rama operativa de la agencia estatal de seguridad: la policía de investigaciones. La consolidación de esta especialidad policial reavivó la discusión sobre qué autoridad debía controlar el proceso de investigación criminal y los medios utilizados para ello. Pionero en ese sentido, fue el sistema de identificación humana creado por Juan Vucetich en la provincia de Buenos Aires que comenzó a aplicarse en la última década del siglo XIX. Luego de su posterior aceptación universal y de gozar de un legítimo prestigio por tan significativo hallazgo, Vucetich no terminó bien sus días en la policía bonaerense. Él opinaba que este sistema de identificación, junto a todos los medios técnicos que se fueran sumando para la investigación criminal, debía quedar bajo la supervisión de las autoridades judiciales. La conducción policial de entonces, por otro lado, creía que este criterio debilitaría la naciente policía de investigaciones y no entendía esta "traición" del sabio Comisario. Así, Vucetich fue pasado a retiro mientras que él y sus discípulos prosiguieron su labor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.5 A pesar de estas autorizadas opiniones en sentido contrario, las pesquisas criminales y el uso de medios técnicos y científicos para dicho fin continuaron en manos de la policía de investigaciones. Contribuyó a esto una noción difundida entonces entre los miembros del poder judicial, acerca de que su labor abarcaba especialmente el terreno de lo jurídico y la interpretación de las leyes penales, considerándose como policial toda tarea relacionada con las pesquisas criminales que tuviese lugar de las puertas de los tribunales hacia afuera. Con la reorganización institucional de 1926, la rama de investigaciones de la policía provincial quedó consolidada, junto a la judicial , la administrativa y la central , que incluía a toda la policía de seguridad (Inspección General, Cuerpos y Comisarías).6

La policía y los gobiernos fraudulentos durante la década de 1930

Los intentos de centralización de la agencia policial bonaerense tuvieron un retroceso durante los primeros años de gobierno de los conservadores, quienes llegaron al poder mediante el fraude electoral a partir del derrocamiento de las autoridades constitucionales en septiembre de 1930. Estos tiempos distaban mucho de ser políticamente estables. Las disputas entre facciones, y las proscripciones y persecuciones políticas implementadas por este régimen requerían de un aparato de control que tenía en la policía a uno de sus pilares. Este control era articulado y ejercido territorialmente, por lo que las policías de cada jurisdicción desarrollaron una gran autonomía, contando con la protección política de los caudillos conservadores locales.7 Mientras tanto, a nivel provincial, se sucedían los jefes de policía sin poder estabilizarse en sus cargos y actuar más allá de la coyuntura diaria. Así, entre septiembre de 1930 (mes del golpe de estado que puso fin al gobierno radical) y febrero de 1936 (cuando Pedro Ganduglia asumió como jefe de policía, designado al inicio de su mandato por el gobernador Manuel Fresco) la policía bonaerense tuvo 15 jefes con un promedio de duración de cuatro meses en sus puestos (11 de ellos durante la gobernación de Federico Martínez de Hoz entre 1932 y 1935).8 Entonces, una de las preocupaciones de Fresco fue la de "corregir vicios" para que las fuerzas policiales en su conjunto respondieran al jefe de policía y al nuevo gobernador, restringiendo su poder autónomo.9 El gobernador y su jefe de policía Pedro L. Ganduglia, pusieron en marcha una importante reestructuración de la policía provincial que comenzó con una medida drástica: a poco de asumir, en marzo de 1936, todo el personal policial fue puesto "en comisión", quedando entonces supeditada su continuidad en funciones a la evaluación institucional que comenzaba al mismo tiempo.10
Las medidas iniciales buscaron que la autoridad del nuevo jefe de policía fuese reconocida. Así, se revocaron todos los nombramientos de empleados hechos en los últimos días de la gestión saliente, a cuyos vínculos políticos y lealtades personales respondían. Se prohibió la concurrencia de policías a los despachos oficiales que, como práctica común de aquellos años, iban a pedir ascensos, promociones, traslados, o ayuda por su situación personal y familiar, haciéndolo directamente en la sede del gobierno e ignorando a la jefatura de policía. Ganduglia también advirtió que no había informes disponibles sobre el funcionamiento de las comisarías y otras sedes policiales, por lo que dispuso que los Comisarios Inspectores cumplieran con dicha tarea, fijando un cronograma para tal fin.11 Todas estas medidas sólo podían demostrar una voluntad de ejercer el poder, pero estaban lejos de producir algún cambio inmediato en las prácticas policiales cotidianas, lo que se demuestra entre otras cosas por la reiteración de dichas "directivas" en sucesivas publicaciones de la jefatura. Los comisarios de policía contaban con el apoyo de los políticos locales, cuyos nombramientos les debían y a quienes reconocían como superiores inmediatos. Estos jefes policiales recibían del gobierno provincial el dinero para la paga de sueldos del personal. También recibían algunas partidas de dinero para gastos corrientes y, extraordinariamente, la provisión de armas y vehículos. Todo lo demás se lo procuraban con la asistencia de las autoridades locales a cuya suerte se ataban. La organización institucional hasta entonces respondía a un esquema de funcionamiento donde la mayoría de las medidas y resoluciones de la jefatura de policía tenían plena aplicación en el edificio mismo donde ésta funcionaba, en menor medida entre las comisarías y dependencias del radio de la ciudad de La Plata, y mucho menor o directamente ignoradas por la mayoría de los policías que se desempeñaban en otras jurisdicciones y partidos de la provincia. Ganduglia procuró (sin lograrlo totalmente) que sus órdenes fuesen conocidas por este último y numeroso grupo.

Como se indicó, la labor policial incluía funciones de seguridad, asistencia social, defensa civil, asuntos municipales y tareas sanitarias, sin contar las diligencias judiciales que también se llevaban a cabo. Ya desde finales del siglo XIX se debatía sobre la profesionalización de la policía, la cual se entendía como fruto del desprendimiento de todas aquellas funciones que no fueran propiamente vinculadas a la prevención y represión de delitos. Como las comisarías no podían dejar de atender todos estos asuntos, los cuales las anclaban a los poderes locales, el estado provincial apuntó a reforzar otros organismos policiales que le dependieran directamente. Tal fue el caso de la policía de investigaciones. Así, la jefatura de la División Investigaciones bonaerense fue ungida, en la figura de su temido jefe Víctor M. Fernández Bazán, con amplios poderes territoriales, de intervención y de control.12 Si bien el mote de policía "brava" durante estos años no se dio solamente por el accionar de su área de investigaciones, sin duda ésta contribuyó a la difusión de tal calificativo para toda la fuerza policial. El jefe de policía Ganduglia habilitó a la nueva División y a sus grupos operativos para entender en cualquier asunto vinculado a la investigación de los delitos, aun cuando los imputados fuesen policías bonaerenses, levantando las restricciones que existían respecto de la instrucción de sumarios por parte de la policía de investigaciones. Asimismo, se notificó a los comisarios su deber de cooperar e informar de todo aquello que les fuese requerido por Fernández Bazán o sus investigadores asistentes. Y para confirmar el alcance de estas funciones ampliadas, los grupos de investigaciones golpearon donde más dolía a las policías locales: irrumpiendo en los garitos y lugares de apuestas clandestinas de comisarías donde se "toleraban" estas prácticas ilegales.13 Evidentemente estas intervenciones eran selectivas y con fines específicos que no incluían necesariamente el objetivo de terminar con las apuestas ilegales, práctica socialmente aceptada en esta época y fuente de financiamiento alternativo de las policías, tanto la de seguridad como la de investigaciones.

Al no existir una escuela de policía en ese momento, los nombramientos del personal policial se llevaban a cabo en cada jurisdicción. El objetivo de Ganduglia fue, entonces, establecer mecanismos de ingreso que incluyesen a la jefatura de policía en el circuito de incorporaciones. En este sentido, no parecía importarle tanto la capacitación de ese personal, lo que se hubiese evidenciado en la propuesta de creación de algún tipo de curso de formación o entrenamiento básico. El interés mayor pareció radicar en saber quiénes eran estas personas que se incorporaban a la policía, siendo que muchas de ellas contaban con antecedentes penales o, sin tenerlos, eran en realidad individuos al servicio de facciones políticas locales. Por este motivo, se estableció que no se habilitarían las partidas de dinero para el pago de sueldos de los incorporados hasta que los comisarios no enviasen los datos y las fichas completas de los agentes novatos.14 También se exigieron ciertas aptitudes físicas para el ingreso a las filas policiales y se produjo un recuento de todos los agentes en actividad, lo que resultó en un decreto del gobernador con el listado final del personal policial que fue reconocido por cada comisaría. De esta manera, se intentó "depurar" la policía de aquellas personas que cobraban sueldos de la fuerza, pero que no cumplían funciones en la misma.15

En 1937 se aprobó el nuevo organigrama policial, salido del reformado reglamento de policía. El mismo tenía un fuerte sesgo centralizador, haciendo depender todo de la figura del jefe de policía, a quien respondían directamente las cuatro ramas en las que se dividió la tarea policial: División Judicial, de Investigaciones, Administrativa y de Seguridad. De esta última dependían las nuevas Inspecciones, encargadas de supervisar toda la labor de las comisarías. Y para balancear el poder otorgado a la policía de investigaciones, se estableció que estos Comisarios Inspectores podían también controlar las seis Brigadas de Investigaciones distribuidas en el territorio provincial.16 Esta normativa, muy resistida localmente, procuraba realinear las fuerzas policiales incrementando su dependencia de la jefatura provincial. Sin embargo, los cargos de supervisión creados no resultaron suficientes para quebrar las lealtades locales de los policías, a quienes se les pasó a exigir infructuosamente que presentaran la declaración jurada de su patrimonio, pues "no es necesario abundar en razonamientos para demostrar la conveniencia de obligar a quienes desempeñan funciones tan delicadas a justificar el origen de los recursos con que adquieren [sus] bienes".17 Tampoco faltaron nuevas normas que apuntalaran la reorganización en marcha. La legislatura provincial le dio al jefe de policía varias herramientas para este fin. Tal el caso de la ley 4.646, por la que se creó la carrera administrativa del personal policial, con inserción en las ramas de seguridad, investigaciones, judiciales, administrativa (propiamente dicha) o servicios especiales y técnicos.18 Se alcanzaba así la estabilidad laboral que la misma gestión de Fresco y Ganduglia había quitado inicialmente al poner a todos los policías en "comisión".

Esta nueva normativa también confirmó la autonomía de la División Judicial de la policía. Por ella se procuraba sustraer de la órbita de la policía de seguridad (y por ende de la gran influencia de las autoridades locales) la instrucción de los sumarios, que habían sido la gran herramienta de poder en manos de los comisarios desde la creación misma de la policía de Buenos Aires a pocos años de la independencia.19 El gobernador y el jefe de policía conocían esta realidad, y mediante la propuesta de creación de un cuerpo de instructores seleccionados desde la jefatura de policía, que se hiciese cargo de la confección de todos los sumarios, buscaban concentrar ese poder en sus manos. Sin embargo, tal como lo señala María Dolores Bejar, la resistencia al proyecto en el ámbito legislativo encontró a la oposición radical y socialista por un lado, y a los dirigentes conservadores por otro, unidos para evitar que tal medida prosperase, logrando entre todos abortar la iniciativa oficial.20

La escasa información circulante en las distintas dependencias policiales constituía una limitación muy importante para el éxito de las nuevas medidas. Poco o nada se conocía de ellas territorialmente. Recién en estos años comenzaba a desplegarse la red de comunicaciones radiales entre las Comisarías de la provincia. En la práctica, la paga mensual y las eventuales promociones y ascensos, dependían directamente de las autoridades locales aun cuando las mismas terminaran decidiéndose en la capital provincial. En este sentido, la jefatura de Ganduglia buscó afanosamente contar con información fidedigna sobre el personal policial en funciones, para poder incidir en forma más directa sobre sus carreras. Se dispuso recopilar nuevos datos en los legajos y fichas existentes pero esto no pudo completarse, como tampoco se logró evitar completamente los "traslados del personal de cualquier jerarquía sin previa autorización de la Jefatura".21

Hubo un objetivo común entre la conducción policial provincial y las autoridades políticas y de seguridad a nivel municipal y local: la persecución ideológica. Una de las primeras medidas del gobernador Fresco fue la de decretar la represión del comunismo. La policía pasaría a tener un rol destacado en dicho objetivo, puesto que de acuerdo al gobierno "el Partido Comunista se ha infiltrado en diversos organismos políticos, sociales y culturales aparentemente inofensivos y especialmente en los sindicatos obreros de la Provincia".22 Esta labor desplegada coincidió con una convicción arraigada en muchos funcionarios acerca del carácter esencialmente represivo de la policía, cuya principal misión según ellos era la de controlar a la población y, frente al delito, actuar enérgicamente para contrarrestar la "lentitud de la justicia penal y sus consecuencias".23 Respecto del incremento de estos controles, también se ampliaron los requisitos para la expedición de certificados de buena conducta, indispensables en muchos casos para conseguir empleo. Esto, junto con la continuidad en la producción de un documento de identidad provincial (la cédula de identidad de la provincia de Buenos Aires), permitió la recolección de huellas dactilares y datos personales, no sólo de los procesados penalmente, sino también de la población civil en general.24 Este documento de identificación era indispensable para circular en el territorio provincial y debía completarse con la inclusión de cada bonaerense en el "Registro Policial de Vecindad", creado por decreto del gobernador Fresco. La policía habilitó también registros de reuniones públicas, recolectando información sobre estos eventos que se enviaba a distintos niveles gubernamentales.25 En este sentido, se puede argumentar que la gran recolección de información, que exitosamente llevó a cabo a nivel territorial la policía peronista, estuvo preanunciada por una etapa de "sensibilización" de dicho objetivo ocurrida durante la década previa. Parte de esta etapa la constituyó el gobierno de Fresco y la jefatura policial de Ganduglia. Ambas terminaron con la intervención federal a la provincia de Buenos Aires el 7 de marzo de 1940, dejando inconclusas muchas de las disposiciones relativas a la reorganización policial, quedando trunco el proceso de centralización que habían comenzado, el cual sería retomado con matiz propio a partir del golpe militar de 1943 y especialmente al inaugurarse el periodo peronista en 1946. Sería el peronismo provincial, en la etapa histórica posterior, el que finalmente pudo lograr penetrar e incidir en la dimensión local de la gestión policial, volviendo a aplicar y ampliando muchas de las iniciativas pergeñadas durante los años de gobierno conservador.

Policía y peronismo

Muchos fueron los militares que acompañaron el proyecto político del entonces Coronel Juan Perón desde el golpe militar de 1943. Uno de los más cercanos, sin duda, fue su compañero de armas Domingo Mercante, quien a partir de 1946 fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Éste, a su vez, designó a otro militar como jefe de policía: el Teniente Coronel Adolfo Marsillach, el cual llevó a cabo una profunda reforma en la estructura y funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los cinco años y un mes que duró su gestión.26 Esta reforma no fue ajena al proceso de transformación institucional encarado por el proyecto político del peronismo. A nivel provincial, las claves del cambio de la organización policial fueron la centralización, el reforzamiento de la autoridad jerárquica y el afianzamiento del sistema de escalafones, todo ello conforme a los lineamientos del orden y la doctrina militar. Uno de los objetivos principales de la reforma fue el de cortar los lazos entre las autoridades policiales locales y los dirigentes políticos (fundamentalmente conservadores y radicales) que actuaban en esos mismos niveles, contactos estos que fueron señalados como la principal causa del alto grado de corrupción policial en aquel momento. Se buscó reorganizar la policía para que respondiese exclusivamente a los lineamientos de la máxima autoridad provincial y se identificase con los postulados del peronismo, o lo que era lo mismo según los reformadores policiales, con los formulados por la "Revolución de Junio" [de 1943].27 Más allá de sus limitados resultados en reducir la corrupción a nivel local y cortar los vínculos entre los comisarios y los punteros políticos (que cada vez más pasarían a ser de extracción peronista), la reforma policial de Marsillach y Mercante consolidó un tipo de estructura y gestión policial que perduró por mucho tiempo.

El lenguaje, los gestos y las acciones llevadas a cabo en el inicio de la conducción policial de Marsillach no desentonaron con el carácter fundacional que todo el gobierno peronista quería imprimirle a su gestión. A medida que se ponían en marcha las primeras reformas administrativas y operativas, el nuevo jefe de policía salió a recorrer distintas dependencias policiales de la provincia para imponer su autoridad. Su mensaje pretendía lograr un alto impacto en la conducción policial, buscando la adhesión regional de quienes debían poner en práctica todas las disposiciones que se emitían desde La Plata. Es por eso que, junto a una cruda crítica al pasado institucional y político reciente, invitaba a trabajar "para la Policía del presente y del futuro. Cuando se manda una Institución de esta naturaleza [afirmaba Marsillach], no corresponde a la nobleza de los hombres mirar ese pasado".28 En otras palabras, la corrupción y desprestigio policial que crecieron durante la década del treinta debían ser erradicados, pero lo ocurrido anteriormente no sería revisado por las nuevas autoridades. Este esquema de "borrón y cuenta nueva" ya se había aplicado muchas veces durante los cambios de conducción policial coincidentes con nuevos vientos políticos, aunque ahora representaba un elemento de continuidad frente a un plan de reforma que se postulaba como integral y revolucionario. Analizando los cambios concretos en materia de política de personal y sistema de promociones implementados durante la gestión Marsillach, se ve que el plan implicaba una depuración policial gradual, a medida que se pusieran en funcionamiento esos instrumentos administrativos. Sin embargo, este curso de acción dejaba amplio espacio para que antiguos jefes muy vinculados a las prácticas políticas y policiales que la "Revolución de Junio" quería erradicar, se transformasen en los nuevos y dudosos pregoneros del cambio.

A las visitas e inspecciones, pronto se agregó la difusión de un "folleto explicativo de la nueva estructuración policial". Se informaba allí la creación de siete Unidades Regionales, "y en cada una habrá un pequeño Jefe de Policía, con todas las atribuciones y responsabilidades del cargo; con personal de Investigaciones, de Seguridad, médicos y hasta Asesores Letrados [...incluyendo] funciones sociales".29 A partir de la reforma de Marsillach, la figura de los "Jefes Regionales" se agregó a la lista de los cargos más apetecidos por la conducción superior de la policía provincial. Con asiento original en San Martín, Avellaneda, San Nicolás, Junín, General Pueyrredón, Bahía Blanca y Azul, estos jefes superiores pasarían con el tiempo a tener un control casi total sobre las fuerzas policiales en sus jurisdicciones, funcionando como poleas de transmisión o freno, a su propio ritmo, de las modificaciones y reformas provenientes de la jefatura. De hecho, en lo que a seguridad pública se refiere, el jefe regional llegó a tener un poder de decisión e injerencia a nivel provincial mayor que muchos de los intendentes y políticos locales. De esta forma, si bien se iba a cumplir en parte el objetivo de recortar la autonomía de los comisarios en sus puestos de trabajo, el resultado fue transferir parcialmente ese poder a una instancia superior a ésta.30

Los lineamientos de la reforma policial de Marsillach tenían una clara fuente de inspiración: la organización del Ejército. De allí que "disciplina" y "cadena de mando" fuesen dos conceptos que se repetirían constantemente en esta etapa. Para desazón del nuevo jefe de policía, y tal como lo pudo comprobar personalmente al inicio de su gestión, en esa fuerza de seguridad "nadie controlaba nada". La respuesta a este tema fue el establecimiento del sistema de controles intermedios y de responsabilidades solidarias que también involucraba a los jefes. Este esquema permitió un mayor compromiso cotidiano con la gestión policial por parte de oficiales y comisarios pero, al mismo tiempo, consolidó una cadena de lealtades y obediencias que redujo en el largo plazo la autonomía de criterios y actuación de los subordinados:

Entiendan que las palabras que les digo a ustedes como Oficiales de Policía [explicaba Marsillach], son las mismas que hemos escuchado de nuestros Jefes cuando nos hemos iniciado en nuestra vida militar. Fíjense qué similitud de ideas y de principios hay entre las dos profesiones31

Efectivamente, la policía provincial modelada por el primer peronismo tuvo la impronta de una organización militar, aunque las tareas a desempeñar no eran tan similares como pensaba su jefe. Es cierto que se ponía énfasis en el servicio que la policía debía cumplir para con la sociedad y, en este sentido, se impulsaba la peronización de la fuerza policial. Pero, al mismo tiempo, se pretendía lograr esto por el camino de un modelo de organización vertical y rígido, diseñado para impermeabilizar al funcionario policial de las influencias de esas mismas fuerzas sociales con las que debía interactuar.32 En este juego de ideas cruzadas había, empero, un objetivo claro: arrancar de raíz la injerencia que los políticos locales (por el momento y en su mayoría de extracción no peronista) tenían con los comisarios de la zona.

Marsillach también reformó profundamente el sistema de calificaciones y promociones de la policía. Como vimos, la jefatura de policía llevaba registros deficientes de personal, por lo que resultaba difícil el seguimiento de cada empleado. En realidad, la mayoría permanecía en un único destino durante toda su carrera, especialmente si se trataba de suboficiales. Para los oficiales y comisarios existía una ficha con sus datos personales donde se indicaban los cambios de destino, aunque en muchas ocasiones era más fiable seguir la trayectoria de alguien en particular basándose en los informes del Departamento de Finanzas que registraba el destino al que se enviaba mensualmente cada sueldo. Los listados de ascensos se armaban "a pedido" y era en este momento, hacia finales de cada año, cuando se podían ver los frutos cosechados por los contactos entre policías y personas influyentes en el gobierno de turno. Justamente, para cortar esa injerencia se ideó y aprobó el nuevo sistema de promociones. Se basaba en una nueva "foja de calificaciones" anual que incluía la opinión de dos jefes: el directo y el superior. De acuerdo con este esquema, si bien un comisario podía calificar discrecionalmente a sus colaboradores directos, éstos también eran evaluados por el jefe regional. Las notas obtenidas eran promediadas, dando origen a un "orden de mérito" para el ascenso.33 Finalmente, la decisión recaía en juntas de calificaciones que se reunirían anualmente para evaluar al personal en condiciones de ascenso. Si bien el sistema no eliminaba los "pedidos", al menos estandarizaba el procedimiento haciendo de éstos una excepción y no la regla como hasta entonces.34 La política de personal implementada por Marsillach también se basó en el registro minucioso y sistemático de datos de todos los policías. Para ello se llevó a cabo un censo del personal policial entre mayo y julio de 1947.35 A partir de este censo, se comenzaron a compilar datos de los policías en actividad, dando como resultado la conformación de los nuevos legajos de personal que resultaron ser un verdadero compendio sobre la trayectoria institucional de cada integrante de la fuerza de seguridad provincial. Además de una fotografía de cuerpo entero, de la información personal y familiar, y de todos los datos de la foja de servicios que incluía los destinos por donde pasaba durante la carrera policial, el nuevo legajo requería a cada policía la inclusión de una declaración jurada de bienes.36

Con el incremento poblacional en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano bonaerense, la cantidad de efectivos policiales ya había aumentado significativamente durante los gobiernos previos al golpe de estado de junio de 1943. Esta información coincide con el crecimiento del estado y del empleo público en general durante la década del treinta. Los datos estadísticos no distinguen entre policías de seguridad (uniformados propiamente dichos) y los del personal de apoyo que trabajaba en tareas técnicas y administrativas, pero los números globales dan una idea de la evolución de la fuerza efectiva policial. En 1933 contaba con 10.221 agentes, llegando a 14.066 en 1943, es decir un incremento del 37,6% en 10 años de gobiernos conservadores. A partir de 1946, se inició una política de ingresos masiva y claramente dividida entre oficiales por un lado y agentes por el otro. En total, ya para 1947 había 17.937 integrantes de la fuerza policial (un incremento del 27% respecto de 1943) y en 1952, finalizando el gobierno de Mercante, esa cantidad ascendía a 19.092 (un 6,4% más respecto de 1947 y un 35,7% con relación a 1943).37 Más allá de las cifras, del discurso, del incremento de los controles y de los nuevos sistemas de promoción jerárquica, poderosas fuerzas se resistían a los cambios en marcha, o bien los aceptaban en la medida que no alterasen algunas prácticas claves de la labor policial. El dinero mal habido proveniente del juego y las apuestas, de las cuales la policía obtenía parte de sus recursos y de sus salarios, continuó. Llegaron entonces las sanciones, cesantías y exoneraciones para el personal o el comisario a los que se les comprobaba su vinculación con estas prácticas corruptas. De hecho, para Marsillach, el vínculo estrecho entre "la política caudillesca y la Policía" se alimentaba entre otras fuentes de ingreso mediante el juego clandestino. "Si en la Provincia se juega [decía], es porque el Jefe de Policía deja jugar. Como yo no dejo jugar, si en alguna localidad se explota el juego, es porque el Comisario es quien lo permite."38 Sin embargo, las apuestas ilegales no pudieron ser controladas totalmente ni mucho menos suprimidas.

La información sobre organización y control de las actividades sociales, pero también políticas y sindicales, que aportaba la policía al gobierno de turno era parte de una rutina muy anterior al peronismo. Esta fuerza de seguridad siempre lo había hecho. Sin embargo, las complejidades del desarrollo industrial y las relaciones entre los trabajadores y el estado hacían necesaria información más precisa y actualizada. Por eso se pusieron algunas pautas de trabajo para superar los meros "adelantos" e "informes" sobre actividades públicas de todo tipo que eran enviados por las comisarías a la jefatura de policía. La reorganizada "División Orden Público" propuso la creación de ficheros regionales "en el que se registren los gremios obreros de la jurisdicción" y archivos conteniendo legajos "con los antecedentes de cada conflicto". Entre los datos a compilar no debían omitirse los nombres de los dirigentes, como así tampoco "gremio al que pertenecen y si éste se halla adherido a una central o es sindicato autónomo".39 La formación de legajos se extendió a las actividades y especialmente a las reuniones políticas, las cuales por decreto del Ejecutivo provincial debían ser autorizadas y supervisadas por la policía. Ésta tenía derecho a acceder a los locales cerrados donde se realizarían los actos además de los espacios públicos. Aunque los fundamentos de la medida apuntaban a garantizar la seguridad de cada encuentro político, también dejaban amplio espacio para la recopilación de información sobre dichas actividades.40

En cuanto a la capacitación de la policía, hubo una reorganización de los cursos para aspirantes a agentes y oficiales de policía respectivamente. Mientras que la instrucción impartida y la duración de los cursos para ingresos de los primeros se mantuvieron, las exigencias para la incorporación de los segundos se incrementaron. Ya en septiembre de 1946 se aprobó el nuevo programa de exámenes en las incorporaciones para el curso de oficiales del año siguiente que incluyó historia argentina, instrucción cívica, lengua castellana y dactilografía.41 Claramente Marsillach apuntó a la mayor capacitación del grupo de oficiales, que en líneas generales representaba un tercio de toda la fuerza policial. Se profundizaron las exigencias en la formación inicial de estos nuevos policías en la escuela de cadetes, se prepararon los programas de estudio y cursos que, unos años después, llevarían a la creación de la escuela superior de policía. Mientras tanto, los cursos para ingresar como agentes de policía continuaron siendo de corta duración, con una instrucción basada en la adquisición de conocimientos prácticos que pudiesen poner rápidamente en actividad a los nuevos policías. Como complemento para los suboficiales que ya estaban trabajando, se diseñó un plan de capacitación que debía llevarse a cabo en las comisarías y destinos de cada uno, a cargo del personal jerárquico del lugar.42 Por ende, la formación de suboficiales y agentes no sufrió grandes modificaciones ni los esfuerzos educativos estuvieron dirigidos a ellos.

La perla de la reforma educativa de la era Marsillach fue el escalafón de oficiales. Es aquí donde se notaba claramente la influencia de la formación militar tanto del jefe de policía como del gobernador, quienes frecuentemente asistían a cuanto acto importante se llevase a cabo en la escuela de policía dedicada a la formación inicial de los oficiales.43 Este instituto policial no fue creación del gobierno peronista, sino de uno de los tantos interventores del gobierno nacional de la Concordancia que se sucedieron en la provincia de Buenos Aires entre 1940 y 1942. Este interventor en particular, Coronel (R) Enrique Rottjer, se desempeñó también como jefe de policía, una combinación muy apropiada para los tiempos en que la fuerza de las armas y del régimen político fraudulento determinaba los resultados de las elecciones. En el rol de jefe de policía, Rottjer inauguró la escuela de oficiales de policía en agosto de 1941.44 La llegada de Marsillach a la jefatura de policía implicó que los programas de estudio de la escuela fuesen reformulados desde 1947, confirmando el curso de dos años de duración, lo que fue aprovechado para producir un recambio considerable en el cuerpo de profesores, muchos de los cuales ya venían desempeñándose en gestiones políticas anteriores.45 Se mantuvieron las asignaturas vinculadas a la enseñanza del derecho junto a materias humanísticas, poniéndose énfasis en el aprendizaje de los principios de la doctrina peronista. Como una parte importante de esta última (en lo atinente al rol de las fuerzas armadas y de seguridad), se acentuó la formación castrense, plasmada en la estructura interna de la escuela mediante la creación de una "secretaría técnico-militar" que supervisaba directamente el nuevo grupo de materias y actividades militares cuya carga horaria se incrementó significativamente.46

De brava a dura

La reforma policial peronista se dio en un contexto político de cambio en donde se buscaba reformular las bases sociales de la Argentina. Ese entorno sin duda sirvió para que las medidas que se iban tomando tuviesen profundidad y, al menos, alcanzasen los niveles locales de las comisarías, destacamentos y puestos policiales que hasta entonces habían conservado un grado de autonomía que iban a comenzar a perder. Pero esta centralización no fue un hecho aislado en la policía, sino que formó parte de una tendencia que vemos reflejada en todas las agencias estatales de la época. En tal caso, y debido a la determinación política con la que se llevó a cabo la reforma policial, la fuerza de seguridad provincial acompañó y fue funcional a tal fenómeno. La reorganización de la policía, traducida en términos de refracción a los contactos con la sociedad civil, tenía una fuerte inspiración militar para alejar a los uniformados de la influencia que sobre ellos habían ejercido políticos y dirigentes sectoriales y locales inescrupulosos, especialmente durante la década del treinta. Ahora bien, los jefes policiales habían sido tan funcionales a esa interacción espuria como tantas fueron las ventajas que obtuvieron de tales prácticas. De allí que la reforma peronista no les resultaba tan revulsiva: pedía reducir lo primero sin que desapareciese lo segundo. Este proceso de cambio, que no dejó ningún aspecto de la vida institucional sin redefinir, contribuiría a inmunizar a la policía de los sucesivos marasmos por los que pasó la política bonaerense, atendiendo fundamentalmente a su propio interés.

Con la caída de Perón, se produjo la intervención de todas las agencias estatales, incluyendo, por supuesto, la policía bonaerense. Las nuevas autoridades de la "Revolución Libertadora" llevaron a cabo una purga significativa del personal, procurando la desperonización de la fuerza. Así, la cantidad de policías se redujo a 17.405 (frente a los 19.092 de 1952), lo que representó un descenso de casi el 10% de la fuerza efectiva policial. Al mismo tiempo, se modificaron los contenidos de los planes de estudio de los institutos policiales, removiendo todas las referencias a la doctrina justicialista, a la justicia social y a la política.47 Entre otras medidas significativas, se disolvió la Dirección de Orden Público, reemplazándola por un nuevo Servicio de Informaciones de la policía que se nutrió de los legajos informativos sobre actividades políticas y sociales recolectados durante la etapa anterior.48 También se incrementó el dictado de Edictos Policiales en materia de orden público y restricciones a la libertad de movimiento y de expresión de las personas.49 De hecho, al poco tiempo del derrocamiento de Perón, la policía parecía alineada a los mandatos de las nuevas autoridades militares. Así puede deducirse del público reconocimiento y ascensos extraordinarios otorgados por la intervención provincial con motivo de la actuación de dicha fuerza en el sofocamiento de la sublevación de militares y civiles pro peronistas liderados por el General Valle, quienes fueron fusilados en la localidad de José León Suárez en junio de 1956.50 Siguiendo esa misma línea de "apoyo" a la labor policial y teniendo como trasfondo el incremento de los abusos de autoridad de los uniformados, la jefatura de policía creó una Oficina de Discrepancias con el objeto de "comprobar la veracidad y consistencia de las diferentes denuncias que se formulan en contra de la Policía".51 Se iba así cerrando el círculo de protección institucional, a través de una estructura de protección legal y administrativa para tal fin.

De esta manera, hacia finales de la década del cincuenta, se comenzaba a completar el proceso de profesionalización de la policía de la provincia de Buenos Aires. De allí en adelante, esta fuerza iba a ser institucionalmente funcional a los intereses cívico-militares que detentaron el poder desde entonces. Para ello, mutó de brava a dura , esto es, de una policía que dirimía localmente su espacio de poder a través del ejercicio de una autoridad fuerte y que frecuentemente recurría a acciones extrajudiciales para la resolución de los conflictos, a cuenta y riesgo de sus propios apoyos políticos, a otra verticalmente estructurada y articulada en toda la provincia que con el aval explícito de las autoridades reprimió sistemáticamente la protesta social y la disidencia política, contribuyendo junto a otros actores políticos y militares a crear las condiciones para la instalación posterior del terrorismo de estado en la Argentina. En esa transición, que abarcó las décadas de 1930, 40 y 50, la policía también alcanzó un grado significativo de autonomía que le permitió negociar exitosamente la continuidad de sus propios "negocios" (vinculados al circuito de financiamiento ilegal de sus actividades) con los funcionarios políticos provinciales de turno.

Sin embargo, esta misma imagen monolítica debe ser desmenuzada. Junto con los objetivos institucionales señalados, fue creciendo el descontento entre las filas policiales hacia los gobiernos de turno, especialmente los de extracción militar. Las prácticas de resistencia peronista de aquellos años también emergieron dentro de la policía bonaerense, de la mano del personal de suboficiales y agentes que no veía reflejada en los sueldos de bolsillo toda la prédica aduladora de sus jefes, identificados con las autoridades castrenses. Los volantes impresos y los actos velados de protesta, ocurridos en distintas comisarías de la provincia, se fueron sucediendo durante toda la década del sesenta.52 Por lo tanto, esta policía dura, como resultado de la etapa aquí estudiada, iba a tener en realidad numerosas fisuras.

Notas

1 Ver Diego Galeano, "Gobernando la seguridad: entre políticos y expertos". En: Gregorio Kaminsky, Tiempos inclementes. Culturas policiales y seguridad ciudadana . Remedios de Escalada, Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús, 2005, pp 91-124.

2 Por ejemplo: Síntesis histórica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 1580-1980 . La Plata: Imprenta La Platense, 1981. Véase también: Crio. Gral. (R) Lic. Adolfo Enrique Rodríguez y Crio. Insp. (R) Eugenio Juan Zappietro. Historia de la Policía Federal Argentina. A las puertas del tercer milenio. Génesis y desarrollo desde 1580 hasta la actualidad . Buenos Aires: Editorial Policial. 1999.

3 Sobre la labor desarrollada por el jefe de policía Dantas durante dicho periodo, puede verse la biografía compilada por Ismael Bucich Escobar, que incluye varios documentos, titulada: El Coronel Julio S. Dantas como militar, como funcionario, como político, 1846-1922. Buenos Aires: Talleres Gráficos Ferrari Hermanos. 1923.

4 Al respecto, puede verse el trabajo de Diego Galeano, "En nombre de la seguridad. Lecturas sobre policía y formación estatal". En: Cuestiones de Sociología. Revista de Estudios Sociales . Número 4, invierno de 2007. pp 102-125.

5 Ver Revista de Identificación y Ciencias Penales . Publicación bimestral del Museo Vucetich, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Director: Dr. Luis Reyna Almandos. Año I, Tomo I, Número 1, noviembre-diciembre de 1927. La figura de Vucetich iba a ser rescatada posteriormente por las autoridades políticas y policiales bonaerenses, recién en la década de 1940.

6 Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires del 26 de mayo de 1926, citado en la Síntesis histórica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 1580-1980 . La Plata, Imprenta La Platense, 1981, pp 226-227.

7 María Dolores Béjar, "La construcción del fraude y los partidos políticos en la Argentina de los años 30". Sociohistórica. Cuadernos del CISH (Centro de Investigaciones Sociohistóricas) , números 15/16, primero y segundo semestre de 2004, La Plata: Editorial Prometeo y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, p. 65.

8 Nómina de Jefes de Policía. Museo Policial "Constantino Vesiroglios ". Dirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación. Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

9 Dichos objetivos fueron enunciados en el boletín oficial de la repartición. Ver Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición, Número 13789 del 20 de febrero de 1936. Al hacerse cargo de la gobernación de Buenos Aires el 18 de febrero de 1936, Manuel Fresco coronaba una trayectoria política de veinte años sirviendo a la causa conservadora. Se había iniciado como diputado provincial bonaerense en 1919 y durante la década del veinte participó de numerosas luchas políticas (en muchos casos dirimidas a los tiros) en contra de los radicales. A partir del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930, pasó a desempeñarse como comisionado y luego intendente del partido de Morón. Allí lo precedió como intendente de facto el Dr. Pedro L. Ganduglia a quien luego designaría como jefe de policía durante su gestión al frente del gobierno provincial.

10 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 13798 del 4 de marzo de 1936.

11 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 13821 del 1 de abril de 1936.

12 Fernández Bazán llegó luego a ocupar la jefatura de policía (3/11/43 al 20/7/44). Véase: Nómina de Jefes de Policía. Museo Policial "Constantino Vesiroglios ". Dirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación. Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

13 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 13832 del 17 de abril de 1936, sobre represión de los juegos de azar; Número 13845 del 4 de mayo de 1936, levantando las restricciones sobre sumarios para la policía de investigaciones. La amplitud de funciones de la policía de investigaciones fue ratificada con la aprobación de su nuevo reglamento: Orden del Día Número 14052 del 19 de enero de 1937.

14 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 13857 del 18 de mayo de 1936.

15 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 13975 del 13 de octubre de 1936 sobre aptitud física para el ingreso; Número 13982 del 21 de octubre de 1936, aprobando la reorganización de la policía provincial por decreto número 252 del 2 de octubre de 1936 (ley 4422); Número 13989 del 29 de octubre de 1936 sobre asignación de personal por cada comisaría.

16 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 14040 del 3 de enero de 1937, difundiendo el nuevo organigrama de la policía; Número 14227 del 26 de agosto de 1937, disponiendo que los Comisarios Inspectores también tienen jurisdicción sobre las Brigadas de Investigaciones; Número 14475 del 7 de julio de 1938, unificando y ampliando funciones de los Comisarios Inspectores.

17 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición 14093 del 10 de marzo de 1937, sobre declaración jurada de bienes, estableciendo sanciones y medidas expulsivas en caso de comprobarse enriquecimiento ilícito.

18 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 14344 del 21 de enero de 1938, publicando el contenido de la ley 4646.

19 Este tema ha sido desarrollado en mi libro Dentro de la ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina . La Plata: Ediciones Al Margen, 2001.

20 Béjar, María Dolores: El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943 . Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2005, pp. 156-157.

21 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 14459 del 10 de junio de 1938, disponiendo que las Secciones Legajo Personal y Sección Mayoría de Tropa, Maestranza y Servicio compilen datos del personal y armen también el fichero; Número 14516 del 29 de agosto de 1938, ordenando comunicar traslados internos antes de efectivizarlos.

22 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 13867 del 1 de junio de 1936, reproduciendo un decreto del gobernador sobre represión del comunismo y otras medidas.

23 Dr. L. Gámbara, "La represión". Revista Policial de la Provincia de Buenos Aires , La Plata, octubre de 1938, pp. 65-69.

24 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 13902 del 16 de julio de 1936 sobre normas y requisitos para expedir certificados de buena conducta.

25 Policía de la Provincia de Buenos Aires, Orden del Día de la Repartición Número 14104 del 3 de marzo de 1937 sobre información que debe volcarse al registro de reuniones públicas.

26 Marsillach fue designado jefe de la policía provincial el 16 de mayo de 1946, ocupando este puesto hasta su renuncia ocurrida el 15 de junio de 1951. Nómina de Jefes de Policía. Museo Policial "Constantino Vesiroglios" . Dirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación. Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

27 Golpe de estado del 4 de junio de 1943 que derrocó al presidente Castillo, instaurando un gobierno militar.

28 "Hagamos una Policía moderna al servicio del pueblo". Disertación del Señor Jefe de Policía Teniente Coronel Adolfo Marsillach pronunciada en la ciudad de San Nicolás el día 22 de octubre de 1946. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Oficina de Prensa. Período Gubernamental Coronel (R) Domingo A. Mercante, 1946-1950. La Plata: Talleres Gráficos de Policía, 1946, p. 4.

29 Expediente J25702. "Nueva estructuración policial; resolución de la Jefatura, estableciendo el procedimiento a seguir [...] en oportunidad de recibir los folletos explicativos de la misma". Orden del Día Número 16866 . Jueves 7 de noviembre de 1946.

30 La organización policial basada en 7 Unidades Regionales fue puesta en marcha en noviembre de 1946 y posteriormente ratificada por el Decreto Número 22.349 del Poder Ejecutivo Provincial de fecha 20 de marzo de 1947. Expediente M2140. Orden del Día Número 16979 , Viernes 28 de marzo de 1947.

31 "Hagamos una Policía moderna al servicio del pueblo". Disertación del Señor Jefe de Policía Teniente Coronel Adolfo Marsillach, pronunciada en la ciudad de San Nicolás el día 22 de octubre de 1946. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Oficina de Prensa. Período Gubernamental Coronel (R) Domingo A. Mercante, 1946-1950. La Plata: Talleres Gráficos de Policía, 1946, pp 5-6.

32 Adolfo Marsillach, "Función social de la Policía". Revista de Policía . Publicación de la Secretaría Técnico-Social de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Plata: Talleres Gráficos de Policía, 1950, pp 11-13.

33 Expediente J28945. "Foja de Calificación; resolución de la Jefatura aprobando el proyecto de la misma, que en lo sucesivo será incorporada al legajo personal de empleados de la Repartición". Orden del Día Número 16894 . Viernes 12 de diciembre de 1946.

34 Los ascensos extraordinarios, fuera de término o por "pedido", continuaron en el caso de los Suboficiales y Agentes. Por ejemplo: Expediente 895, "La inicial del apellido; promoción". Orden del Día Número 17011 . Martes 13 de mayo de 1947.

35 Lamentablemente, los valiosos datos particulares recogidos en este censo no han podido ser hallados. Sólo quedó registrado un total de 17.937 efectivos policiales activos en aquel año. Expediente 9176. "Censo Policial; resolución de la Jefatura aprobando la cédula censal para el personal de la repartición [...] y disponiendo se proceda a levantarlo". Orden del Día Número 17018 . Jueves 22 de mayo de 1947.

36 Expediente 18325. "Legajo Personal; resolución de la Jefatura adoptando el modelo presentado por la Comisión designada al efecto y derogando toda disposición que se oponga a la presente". Orden del Día Número 17278. Miércoles 21 de abril de 1948.

37 "Evolución histórica de la fuerza efectiva de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 1933-2005". En: Departamento Estadística . Dirección Provincial de Personal de la Provincia de Buenos Aires .

38 "Hagamos una Policía moderna al servicio del pueblo". Disertación del Señor Jefe de Policía Teniente Coronel Adolfo Marsillach pronunciada en la ciudad de San Nicolás el día 22 de octubre de 1946. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Oficina de Prensa. Período Gubernamental Coronel (R) Domingo A. Mercante, 1946-1950. La Plata: Talleres Gráficos de Policía, 1946, pp 9-10.

39 Expediente 24612. "Huelgas o paros de obreros; [...] señalando normas para cuando se produzcan conflictos de esa naturaleza". Orden del Día Número 17055 . Lunes 7 de julio de 1947.

40 Expediente 10276. "Decreto número 31.485 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires del 10 de julio de 1947 [...] reglamentando el otorgamiento de permisos a Partidos Políticos, Asociaciones o Personas, para celebrar reuniones". Orden del Día Número 17063 . Viernes 18 de julio de 1947.

41 Expediente E3662. "Escuela de policía; programa de ingreso a la misma". Orden del Día Número 16828 . Miércoles 18 de setiembre de 1946.

42 Expediente 12321. "Personal de la Repartición, resolución de la Jefatura aprobando las directivas para la educación e instrucción para el personal...". Orden del Día Número 17081 . Viernes 8 de agosto de 1947.

43 Por ejemplo, "En un acto de proporciones se entregaron diplomas a los egresados de la Escuela de Policía. Asistió a la ceremonia el señor Gobernador y altas autoridades. Palabras del Jefe de Policía". En: Revista de la Sociedad de Socorros Mutuos de Policía , Año VI, Número 69, enero de 1947, pp 11-12.

44 "Escuela de Policía; su inauguración". Orden del Día Número 15369 . 12 de agosto de 1941.

45 Sólo un ejemplo de estos recambios en Expediente 25. "Escuela de Policía; resolución de la Jefatura dando por terminadas las funciones de los profesores de la misma en las cátedras de Geografía y Derecho Administrativo...". Orden del Día Número 17199 . Viernes 9 de enero de 1948.

46 "La Escuela de Policía Juan Vucetich, por el Inspector Mayor Alberto Martín Sosa". En: Revista de Policía. Publicación de la Secretaría Técnico-Social de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Plata: Talleres Gráficos de Policía, 1951, pp 66-71. El nombre de "Juan Vucetich" a la escuela de oficiales fue también dado durante la jefatura de Marsillach.

47 Véase Orden del Día Número 19282 del 22 de diciembre de 1955.

48 Orden del Día Número 19288 , 30 de diciembre de 1955. Al respecto, ver también el trabajo de Patricia Funes, "Medio siglo de represión", Revista Puentes , número 11, Comisión Provincial por la Memoria, pp 35-43.

49 Por ejemplo, Orden del Día Número 19271 del 6 de diciembre de 1955 y Número 19273 del 9 de diciembre de 1955.

50 Decreto de la Intervención Militar a la Provincia de Buenos Aires número 9329 del 13 de junio de 1956, publicado en la Orden del Día Número 19402 del 19 de junio de 1956. Ascensos extraordinarios sobre este mismo tema en la Orden del Día Número 19414 del 6 de julio de 1956.

51 Orden del Día Número 19541 del 11 de enero de 1957.

52 Estas protestas, que eventualmente dieron lugar a una huelga general de policías ocurrida en marzo de 1973 -la cual analizo en otro trabajo en curso- fueron objeto de análisis y seguimiento por parte de las mismas autoridades policiales, tal como lo reflejan los reportes de Inteligencia recogidos. Ver Archivo DIPBA (Comisión Provincial por la Memoria), Mesa Referencia, Legajo 13206.

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