ARTÍCULO

Construcción de demandas políticas de comunidades Mbyá guaraníes en contextos de conservación de la naturaleza

Muriel Papalia*

 

* Profesora en Ciencias Antropológicas (FFyL UBA). Correo electrónico: mpapalia1@gmail.com.

Fecha de entrega: marzo de 2012. Fecha de aprobación: noviembre de 2012.

 

 

---

Resumen

A partir del análisis de un conflicto que enfrentó a comunidades Mbyá y empresas forestales en la Reserva de Biosfera Yabotí (Misiones), se evidenció cómo referencias a la conservación de la naturaleza son recuperadas por estas comunidades para energizar la construcción de demandas políticas orientadas a activar la representación indígena en el "comité de gestión" de la Reserva de Biosfera Yabotí. Las comunidades profundizan una "estructura de oportunidad política" entablando alianzas con sectores ambientalistas e indigenistas e interpelando a la red de vínculos organizada en torno a esta categoría de conservación promovida por la Unesco. El proceso analizado evidencia procesos políticos donde se tensionan prácticas y categorías sociales relativas al rol de los sujetos indígenas en iniciativas de gestión "participativas" de la naturaleza, señalando además cómo, en este proceso, las comunidades generan modos de acción política ambientalmente informada.

Palabras clave: Comunidades Mbyá; Estructura de oportunidad política; Derechos globales; Empresas forestales; Reserva de Biosfera

Construction of political demands of communities Mbyá Guaraní in contexts of nature conservation

Abstract

Based on the analysis of conflict between Mbyá communities and forest enterprises in the Yabotí Biosphere Reserve (Misiones), I outline as references to the nature conservation are integrated by these communities in a process of construction of political demands. These demands are aimed at restoring the place of indigenous representatives to the "Management Committee" of the Yabotí Biosphere Reserve. Communities deepen a "political opportunity structure" entering into alliances with environmentalists and indigenous sectors and questioning to the network of links organized around this category of conservation promoted by Unesco. I reinstate in the analyzed process as is practical tensioned and social categories relating to the political role of the indigenous subjects in "participatory" nature management initiatives, pointing out also as the process communities generate environmentally informed political action modes.

Keywords: Mbyá communities; Political opportunity structure; Global rights; Forestall company; Biosphere Reserve

Construção de políticas demandas das Comunidades Mbya Guaraní em contextos de conservação da natureza

Resumo

Baseados na análise dos conflitos entre as comunidades Mbya e empresas de floresta da Reserva de Biosfera Yabotí (Província de Missões), tornou-se evidente como as referências em relação a conservação da natureza são integradas por estas comunidades através de um processo de construção de reivindicações políticas. Estas exigências estão destinadas a restabelecer o lugar dos representantes indígenas no "Comitê de gestão" da Reserva de Biosfera Yabotí.

As comunidades aprofundam-se numa "estrutura de oportunidade política" estabelecendo alianças com setores indígenas e ambientalistas, questionamento a rede de vínculos organizados em torno desta categoria de conservação promovida pela UNESCO. O processo analisado evidencia processos políticos aonde tencionam-se práticas e categorias sociais relativas ao papel dos sujeitos indígenas em iniciativas de gestão "participativas" da natureza, assinalando como, nesse processo, as comunidades geram maneiras de ação política ambientalmente informada. 

Palavras-chave: Comunidades Mbya; Estrutura de oportunidade política; Direitos globais; Empresa florestal; Reserva da Biosfera.

---

Presentación

En este artículo¹ analizo un conflicto entre comunidades Mbyá y empresas forestales presentes en la Reserva de Biosfera Yabotí (Misiones, Argentina),² focalizando en un proceso de construcción de demandas políticas por parte de estas comunidades desarrollado en el contexto de implementación de un modelo de "gestión participativa de la naturaleza". Las "reservas de biósfera" constituyen un modelo global de conservación que ha sido pionero en propiciar el rescate y valorización de la diversidad cultural y el fomento de la participación de los actores locales en su gestión cotidiana (Unesco, 1996 y 2008). Analizo los dilemas y oportunidades que abren los mecanismos de gestión participativa propuestos por las autoridades de la Reserva, y cómo las comunidades transitan, negocian y reformulan estos mecanismos, a la vez que cambian ellas mismas en el proceso.

Teniendo en cuenta la literatura específica del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB por sus siglas en inglés) (Unesco, 1985; 1996 y 2008), que enfatiza la dimensión humana de las Reserva de Biosfera (RB) y reconoce tres grandes grupos de actores sociales comprometidos en la gestión de una RB, es decir, aquellos del sector público encargados de planificación y ejecución, científicos y "población local" (Toribio y Soruco de Madrazo, 2005), busco comprender, en el conflicto analizado, cómo opera esta conceptualización de actor social y la noción de acción política que sustenta. En este sentido, indago, a partir del conflicto, sentidos subyacentes a estos criterios que convierten en legítima o ilegítima la participación de estos actores en la organización de las RB.

De esta forma me interesa problematizar el modelo de gestión participativa promovido para las RB a partir de analizar cómo la construcción de demandas y la reivindicación de los derechos indígenas tensan y ponen de manifiesto las contradicciones del propio modelo. A los fines de la discusión que presento, resulta importante destacar que, desde finales de la década del setenta, diversos organismos internacionales de conservación, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),³ plantean principios de reconocimiento y respeto por los pueblos indígenas que habitan áreas protegidas, visibilizando, junto a las luchas políticas de organizaciones indígenas, la problemática de los derechos de estos pueblos en las arenas globales (Ulloa, 2007). Además, estos organismos revisan y discuten las formas de administración, planteando la necesidad de orientar la gestión hacia un manejo adaptativo basado en una metodología participativa, "desde abajo", en vez de privilegiar un manejo centralizado institucionalmente que controle el proceso de forma externa a los habitantes (Berkes, 2004). Sin embargo, considero, a partir de los datos analizados, que estos principios y mecanismos participativos formulados en los documentos oficiales se configuran en la práctica mediante procesos conflictivos, los cuales requieren profundización. A su vez, el caso analizado me permite problematizar la configuración de estos mecanismos, ya que está atravesado por ambigüedades, como la tensión visibilidad/invisibilidad del sujeto indígena, es decir, visibilidad en el plano jurídico-legal en ámbitos globales y nacionales y una invisibilización de hecho en el nivel de las prácticas cotidianas. Además, los datos analizados evidencian que la puesta en marcha de los mecanismos de participación se inscribe en relaciones interétnicas asimétricas, ya que estos mecanismos han funcionado de forma discrecional configurándose como espacios de diálogo sólo para determinados grupos de interés dentro del área, por ejemplo, para el sector forestal y ONG ambientalistas, como Fundación Vida Silvestre. Es importante también problematizar los límites a la participación indígena que han plasmado estos espacios, ya que, a mi entender, el valor del caso analizado radica en que permite iluminar este proceso de construcción de demandas que reformula las relaciones con los diversos actores implicados en el área y genera para las comunidades nuevos desafíos a medida que logran reconocimiento como actores legítimos.

A partir del concepto de "estructura de oportunidad política" (Gómez Suárez, 2002), intento comprender cómo, a través de la lucha por sus derechos como pueblo y como agente político en la organización de la reserva, las comunidades Mbyá establecen alianzas con diversos sectores ambientalistas e indigenistas. Reconstruyo algunas de estas alianzas y su aporte al desarrollo del conflicto, en función de comprender cómo las comunidades interpelan la red de vínculos nacionales e internacionales que la propia categoría de Reserva de Biosfera trae aparejada.

Además, incorporo en mi análisis conceptos desarrollados por June Nash (2006) que me han permitido complejizar el análisis de las alianzas en el marco de la "estructura de oportunidad política" antes mencionada. En este sentido, consideré la noción de "sociedad civil emergente" vinculada con un contexto de "integración global". En el caso analizado, ésta puede ser comprendida como escenario dinámico donde ocurren dilemas específicos vinculados con la valorización del área desde el punto de vista tanto forestal como conservacionista. El caso analizado me permite pensar esta valorización como un proceso conflictivo, ya que, además de involucrar intereses contradictorios, también conlleva una reorganización momentánea de alianzas y mecanismos de participación durante el conflicto. De esta forma busco reflexionar en torno al rol del Estado en sus diversos niveles -municipal, provincial, nacional- en tanto propulsor de políticas sociales, económicas y de conservación, y a la vez acerca de la injerencia de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo y protección del ambiente. Como evidencian los datos analizados, las clasificaciones sociales que estos agentes producen en la marcación de los sujetos indígenas entran en tensión durante el proceso de construcción de demandas políticas de las comunidades Mbyá.

Un aspecto considerado en las alianzas entre comunidades Mbyá y organismos internacionales abocados a la conservación de la naturaleza, como la ONG Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) y Unesco a través del programa MAB, es la apelación a "derechos globales a la paz, al desarrollo sustentable, a una ecología equilibrada, como también el derecho a compartir la herencia común de la humanidad" (Nash, 2006: 206). En otras palabras, según mi análisis, la demanda de protección del ambiente natural y respeto por los derechos de los pueblos indígenas opera como punto de conexión para realizar estas alianzas que exceden el nivel local y producen modos de acción política ambientalmente informada.

En el siguiente apartado haré referencia al contexto político y económico de creación de la Reserva de Biosfera Yabotí (RBY) y discusiones relativas a las causas de esta creación. Luego presento debates con respecto a los mecanismos de gestión de RBY y las disputas en torno a su carácter participativo. Seguido de esto, desarrollo la trayectoria del conflicto en RBY entre las comunidades Teko'a Yma y Kapi´í Yvaté y la empresa Moconá Forestal S.A., y observo cómo, luego de la presión ejercida por las comunidades⁴ en sucesivas instancias de apelación provincial, nacional e internacional, alcanzan varios logros: el ingreso de representantes Mbyá al Comité de Gestión de RBY en 2005; la incorporación de la perspectiva de las comunidades guaraníes al diseño del plan de manejo; la inhabilitación provisoria de 10 ha -por parte del Ministerio de Ecología de Misiones- para explotación forestal en torno a las aldeas afectadas. Problematizo estos logros aportando datos acerca de los alcances de algunas de estas acciones y los debates a su alrededor.

La metodología para este artículo consistió en análisis de documentos oficiales y no oficiales pertenecientes a Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA) y FUNAM, como también registros en periódicos digitales. Considero pertinente la valorización de estos documentos como reconstrucciones situadas y registradas de los acontecimientos e ideas, las cuales he buscado poner en diálogo, retomando, a la vez, aspectos del análisis que hacen otros autores respecto de estos acontecimientos. Por lo tanto, a partir de una "etnografía en el archivo" (Rockwell, 2009: 157) busco "… tender puentes entre los documentos (…) y una práctica (…) concebida en toda su heterogeneidad" (Rockwell, 2009: 159) y recuperar de este modo, en mi análisis, la construcción de demandas políticas de las comunidades Mbyá. Además realicé entrevistas en julio de 2012 con algunos de los actores partícipes del proceso analizado, cuyas identidades he decido preservar. Las entrevistas constituyeron fuentes de información que me han permitido profundizar el contexto de producción de los documentos en los cuales me he basado. De esta forma, una aproximación etnográfica a estos documentos permite pensarlos como resultado de relaciones sociales y de poder, las cuales pueden ser recuperadas para el análisis complementando el trabajo a partir de otras formas de indagación, como las entrevistas (Muzzopappa y Villalta, 2011).

 

Dilemas del modelo de gestión participativa en Reserva de Biosfera Yabotí

En función de reconstruir cómo se ha configurado la posición de las comunidades Mbyá en la estructura de gestión de RBY, presento algunos datos recabados por Brian Ferrero (2005, 2008) relativos a la organización de las áreas protegidas en la provincia de Misiones y en particular referidas a RBY, como a su vez debates inscriptos en el Diario de sesiones de H. Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones (1993) vinculados a esta última.

Luego de la creación de Parque Nacional Iguazú en 1934, no se sumaron nuevas áreas protegidas hasta la década del 80, debido al predominio de políticas productivas que enfatizaban la transformación del monte nativo a través de la agricultura y la explotación forestal. Estas políticas de desarrollo económico implicaron procesos de colonización que fueron configurando un mapa de asentamientos y dinámicas específicas, las cuales se interrelacionan y yuxtaponen a las acciones posteriores de conservación.

La colonización espontánea, como señala Ferrero (2005; 2008), fue tolerada por el estado nacional o el provincial en determinados períodos y, por el contrario, fue rechazada en otros, catalogando a los pequeños y medianos productores como intrusos en el momento en que las tierras comenzaron a valorizarse desde el punto de vista conservacionista y desde la perspectiva de la industria forestal.

Desde la década del ochenta se refuerza el lugar de la conservación en la provincia a partir de acciones como la creación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. Al mismo tiempo, comienza a instalarse desde este sector un discurso que postula la inminente desaparición de la selva ante el avance de la "frontera agraria" (Ferrero, 2005), que vigoriza un modelo expulsivo de población rural de bajos recursos de las áreas protegidas provinciales, a pesar de que, a partir de la década del noventa, se inauguran áreas protegidas que buscan integrar aspectos productivos y de conservación, como es el caso de la RBY. Durante esta década también las políticas de conservación se orientan a consolidar las porciones de selva dentro de las unidades productivas y reservas ya existentes, favoreciendo la conectividad, antes que aumentar el número de áreas protegidas (Ley Provincial N° 2932, Ley Provincial N° 3631). De manera simultánea a este proceso de consolidación de las áreas protegidas, ocurren otros procesos paralelos resultado del desarrollo de políticas neoliberales, las cuales por una parte favorecen tanto la concentración económica y a los sectores acopiadores y manufactureros de yerba mate, tabaco, etc., como la concentración de tierras del sector empresarial forestal, y por otra parte generan empobrecimiento de productores rurales, entre los cuales la provincia promociona programas de desarrollo rural, introduciendo la temática del desarrollo sustentable entre estos pequeños y medianos productores (Ferrero, 2005; 2008; 2010).

Estos procesos van plasmando dos categorías sociales de poblador, los pequeños productores rurales como "intrusos", categoría que omite los procesos de colonización espontánea como una modalidad fomentada indirectamente por el Estado, y las comunidades Mbyá guaraníes como "actores con derecho a vivir en la selva…" (Ferrero, 2005:14).

En este contexto, la valorización del bosque nativo desde el punto de vista conservacionista y acciones como la creación de RBY han estado atravesadas por contradicciones como las que pude revisar a partir del debate en la legislatura misionera para la aprobación de la reserva. Es así que recupero las críticas del partido opositor al oficialismo del momento, que indicaban que los límites de la reserva coincidían con los de los latifundios, y se excluía a la población local de los posibles beneficios impositivos y tecnológicos que tal proyecto implicaba.⁵ La "población local" estaba indicada como los productores empobrecidos, minifundios de los municipios de San Pedro, San Vicente y El Soberbio. Además se destacaba la premura con la cual se aprobaba este proyecto, sospechando a la vez que fuera una operación propagandística ante la inminente reunión internacional Ecosur 93 en Posadas (Diario de sesiones de H. Cámara de Representantes, 1993). Estos debates son importantes porque indican, a mi entender, los dilemas que abre la implementación de una categoría de área protegida que indica: "Para que las reservas de biosfera tengan éxito, es indispensable que resulten aceptables para la población local" (Unesco, 1985:18) y que requiere la posibilidad de:

.que puedan participar en ella personas con diferentes intereses y puntos de vista (.) encaminados a la elaboración de estrategias prácticas y sostenibles para enfrentar los problemas (.) (ambientales, de uso de tierras y socioeconómicos), que afectan a una determinada región biogeográfica. (Unesco, 1985:8).

Esta delimitación de RBY afianzaba los discursos tendientes a considerar tanto las tierras pobladas por colonos como no plausibles de preservar, reforzando así la dicotomía Reserva/colonias, como reforzaba una invisibilización de las poblaciones indígenas. Porque, como indican las palabras de un funcionario del Ministerio de Ecología, las comunidades Mbyá eran consideradas como "una cosa muy difusa, hoy están mañana no están, son muy trashumantes (…). Cuando se hizo el proyecto no había nadie de nadie, no vivía nadie excepto los campamentos de obrajeros…" (Ferrero, 2005: 31-32).

Por otro lado, la municipalidad de San Pedro y el sector forestal fueron los que pudieron obtener algún beneficio, puesto que esta actividad productiva fue la única que se consideró a la hora de conciliar desarrollo y conservación.

Si bien el decreto de creación de RBY es del año 1993, la UNESCO reconoció legalmente el área en 1995. Esto implicó que las autoridades ambientales de Misiones consideraran algunas recomendaciones del programa MAB relativas a la incorporación de otros actores a la gestión de RBY. De esta manera, se proponía la ampliación del carácter puramente estatal provincial de la administración, lo cual correspondía a las estructuras de autoridad heredadas de los parques provinciales, que en ese momento se transformaban en áreas núcleo. Desde el Comité MAB argentino se impulsó el Primer Taller de la Reserva de Biosfera Yabotí (1996) ya que se buscaba alcanzar "una gestión más interdisciplinaria y participativa" (Reca, et. al., 1999; citado en Ferrero 2005:33).

Es interesante observar quiénes eran los actores que se encontraban entre los asistentes al primer taller: propietarios de tierras dentro de la Reserva, investigadores de la Universidad Nacional de Misiones, miembros de distintas ONG y organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales que organizaron un Comité de Gestión intersectorial (Ferrero, 2005: 33). Sin embargo, no estuvieron presentes en el taller ni pequeños y medianos productores, ni representantes de las comunidades Mbyá. Recién en el año 2002, son recibidos algunos representantes Mbyá, quienes denunciaban desde 1999 el avance de la explotación forestal sobre sus territorios.⁶ Destaco este momento porque el conflicto comienza a tomar relevancia provincial y nacional, situación evidenciada por la firma de un acuerdo en la sede del Ministerio de Ecología en Posadas para atender el reclamo Mbyá (Montenegro, 2005).

La ausencia de las comunidades Mbyá en el Comité de Gestión de RBY, como de pequeños y medianos productores, comienza a ser cuestionada también a partir del informe de los 10 años de RBY que menciona la necesidad de mecanismos de gestión participativa. Sin embargo, la ampliación de la participación en el Comité ha sido un proceso donde aparecen oposiciones de diferente índole, sobre todo del sector propietarios forestales. En este sentido, Walter Cattáneo,⁷ subsecretario de Ecología del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de la provincia de Misiones (MERNRyT) de la provincia de Misiones, señalaba:

.es tiempo de repensar cómo se define la metodología de funcionamiento, de la representatividad de los sectores, de los derechos a votos (.) pensar en cómo modificar el Reglamento del Comité de Gestión (XI acta de Reunión de Comité de Gestión de RBY, 2007:5).

 

Conflicto entre comunidades Mbyá y empresas forestales

A continuación presento la trayectoria del conflicto entre los años 2002 y 2007, lo cual me permite iluminar aspectos en la construcción de demandas políticas de los sujetos indígenas y a la vez recuperar su presencia en las diversas fuentes en las cuales se basa mi trabajo.

En el área delimitada por RBY y áreas circundantes existen diversas aldeas Mbyá; en este trabajo me referiré específicamente a Teko'a Yma y Kapi´í Yvaté, las cuales iniciaron reclamos en 1999 por el cese de la explotación de los montes nativos en torno a sus aldeas. En ese momento Artemio Benítez era el cacique de Teko'a Yma y Martín Fernández de Kapi´í Yvaté. Ambas aldeas habitan tierras propiedad de empresas forestales como Harriet S.A.A.G.C.I.F. -lotes 6a y b, 7a y b- y Moconá S.A -lotes 5a, 5b, y 8- (AMIRBY y MERN, 2009).

Con el fin de ordenar la exposición y análisis del conflicto, lo dividiré en dos etapas, las cuales presento a continuación y desarrollaré a lo largo de este y el siguiente apartado. Una etapa entre 1998 y 2004, caracterizada por un activo reclamo en diferentes instancias de apelación provincial, nacional e internacional, en la cual las comunidades afectadas fueron acompañadas por diversas organizaciones. Es el caso de Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) y Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA),⁸ a través de ENDEPA, organizaciones que acompañaron el reclamo presentado por FUNAM.⁹ Desde el sector estatal han intervenido de diversa formas, según los documentos hasta aquí relevados, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Ecología a través de las subsecretarías de Bosques y de Ecología, la Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG), y la Cámara de Diputados de la Nación.

La etapa siguiente, que sitúo entre 2004 hasta 2007, está caracterizada por determinadas medidas del Ministerio de Ecología -como la resolución N° 533/04, que paralizaba la explotación forestal por un año; la 296/06, que crea el Área de Manejo Integral de RBY (AMIRBY)- en respuesta a las demandas, con la intención de "aplacar" el conflicto y definir mecanismos de participación para las comunidades Mbyá en RBY. Identifico esta etapa como de lucha y negociación entre los diferentes actores por sostener y definir los términos de esa "participación".

Deseo aclarar que entiendo estas etapas como parte de conflictivas relaciones interétnicas que tienen profundas raíces históricas (Wilde, 2007; Enriz, 2011) y que, actualmente, el conflicto continúa, aunque atravesando otras instancias, situación que excede los límites de este artículo.

Durante la primera etapa señalada, desde junio de 1998, la empresa Moconá Forestal S.A. venía abriendo caminos para la extracción de madera nativa en áreas de uso de recursos de las aldeas, e incluso dentro de las aldeas mismas. La empresa había instalado un portón que dificultaba el ingreso a las comunidades, siendo sólo posible ingresar por Brasil. A su vez, los controles de la madera extraída eran escasos, por lo tanto no había registro del impacto ambiental que estaban experimentando (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004).

Los caciques Artemio Benítez y Martín Fernández manifestaron su preocupación a EMIPA, y solicitaron asesoramiento jurídico, lo cual fue llevado a cabo por el Dr. Julio García (ENDEPA). Las denuncias penales y acciones civiles en la provincia no tuvieron éxito porque, como lo expresa el Dr. García, la compatibilización que hicieron los jueces simplemente fue no aplicar la legislación internacional (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004). Por otro lado, la empresa venía actuando según las instrucciones del Manual aprobado por el Ministerio de Ecología mediante Resolución N° 020/1994, el cual paradójicamente, según datos relevados en las entrevistas y en el informe ambiental de Montenegro (2005), ignoraba la presencia y derechos indígenas. Si bien el aprovechamiento del monte por parte de la empresa en territorio indígena era una situación que venía ocurriendo con anterioridad a esta fecha, la contradicción se hizo visible e impulsó las denuncias cuando esta explotación alteró de forma acuciante la vida en las comunidades. Como indica María Josefa Ramírez (EMIPA):

Resulta que un día vino Artemio con gente de su comunidad preocupado y pidiendo ayuda porque había entrado la empresa y estaba tumbando árboles muy cerca de la comunidad. Mientras avisamos a los abogados para que vinieran, la empresa ya había llegado hasta las mismas viviendas, incluso abriendo caminos en medio de las casas, volteando árboles que estaban muy cerca y fue muy rápido el avance de los camiones, motosierras y topadoras en el lugar (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004).

Una exigencia del sistema jurídico para que las comunidades demandaran formalmente era su reconocimiento por parte del Estado provincial según los parámetros que impone la figura de la personería jurídica. En este aspecto, la Dirección de Asuntos Guaraníes colaboró con los trámites para que se les reconociera con urgencia la personería jurídica.¹⁰ La relación de las comunidades con la Dirección de Asuntos Guaraníes plantea tensiones a las que referiré más adelante, y el hecho mismo de definir la personería jurídica presenta dilemas para las comunidades,¹¹ sin embargo, esta intervención concreta de la Dirección de Asuntos Guaraníes ha sido resaltada por mis informantes como una colaboración positiva en aquel momento, en el cual las comunidades estaban apremiadas por encauzar denuncias para detener la explotación forestal en sus aldeas.

Por su parte, la empresa ofrecía entre 200 y 350 Has a las comunidades, una forma unilateral de resolver el conflicto, a mi entender, ya que este ofrecimiento no era producto de un diálogo y consulta previa a las comunidades, como lo indica el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. De hecho, las comunidades afectadas rechazaron este ofrecimiento. Prosiguieron las acciones de apelación hasta que el 2 de julio de 2002, producto de una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, se firmó un acta acuerdo en Posadas, que comprometió la suspensión de las actividades extractivas por parte de la empresa y la elaboración de un informe de impacto ambiental a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, el entonces ministro de Ecología de Misiones, Miguel Ángel Alterach, la Dirección de Asuntos Guaraníes, el INAI, y la participación de universidades nacionales y comunidades indígenas. Sin embargo, el acuerdo se incumplió ya que continuaron las actividades extractivas y no se concretó el informe. Ante esta falta, miembros de ENDEPA y representantes de las comunidades solicitaron al Dr. Raúl Montenegro -presidente de FUNAM- la realización del informe de impacto de la explotación forestal. Este fue elaborado durante el año 2003 a partir de la conformación de un "equipo intercultural" compuesto por indígenas y "no indígenas"; contó con la colaboración de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba), FUNAM y EDENPA; estas dos últimas instituciones aportaron recursos económicos (Montenegro, 2005). Como parte de este trabajo y de una campaña internacional encarada por FUNAM en apoyo a las comunidades, también se filmó un documental, el cual se tradujo al inglés y al francés.¹² A su vez, funcionarios del INAI y el subsecretario de Ecología de ese momento, Juan Pablo Cinto,¹³ se hicieron presentes en el lugar redactando informes que luego elevaron al Ministerio de Ecología, dando testimonio por escrito de la veracidad de las denuncias, el desmonte y la dramática situación por la cual estaban atravesando las comunidades a causa de la intrusión de la empresa en su espacio de vida. Si bien a partir de estos informes la situación no se modificó, en ese momento estos informes fueron importantes para la visibilización del problema (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004).

En la reunión del 16/06/2004 en el Congreso Nacional (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004), especialistas como el Dr. Raúl Montenegro y la Dra. Ana María Gorosito Kramer (UNAM), expusieron sobre cuestiones relativas al deterioro de áreas de provisión de recursos alimentarios y medicinales, y sus secuelas sobre la calidad de vida y la salud de los habitantes de las aldeas. Además, en el informe de impacto ambiental (Montenegro, 2005) se calcularon las dimensiones del territorio Mbyá en más 6500 ha, superficie propia de los desplazamientos del pueblo Mbyá cuya movilidad, aunque hoy restringida por el fraccionamiento del territorio, es fundamental para la obtención de recursos materiales y la producción y reproducción de las relaciones sociales; a la vez explicaron que este territorio no era sólo de provisión de recursos materiales, sino también espirituales e históricos. Estos aspectos del territorio Mbyá no serían considerados por el Ministerio de Ecología de Misiones, que  a su vez continuaba otorgando permisos a pesar de las denuncias, agravando de esta forma el conflicto, como ocurrió en ocasión de la tala de 120 árboles, constatada a fines de 2003, a metros del camino, el templo y las viviendas. La acción fue justificada por el Ministerio de Ecología afirmando que en ese sector no había gente Mbyá viviendo (Montenegro, 2005). Al mismo tiempo, FUMAM y ENDEPA llevaron informes de la situación de Tekoa Ima y Kapi´í Ivaté ante Mireille Jardín, directora de la División de Ciencias Ecológicas de la UNESCO en París, quien instó al Comité MAB argentino a tomar medidas. Previamente también habían establecido contactos con la Unidad de Coordinación del Programa MAB (UCPMAB) en la Argentina para que habilitara el proceso de revisión al que están sujetas las Reservas de Biosfera cada 10 años, y que debía realizarse en este caso durante el año 2005 (Montenegro, 2005).

Si bien en abril de 2004 el Ministerio de Ecología de Misiones reemplaza la resolución 020/1994 por la 226/04, que buscaría "aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una gama adecuada de sectores…" (Resolución 226/04), las críticas por parte del Dr. Montenegro continúan, ya que indica que en el Manual de Instrucciones Técnicas para la formulación de planes de manejo para monte nativo persiste una marcada orientación forestal, basada en criterios economicistas y no ecosistémicos ni de respeto por el Convenio 169 (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004 y Montenegro, 2005).

Otra instancia de demanda en esta etapa, como cité anteriormente, fue el 16/06/2004 en el Congreso Nacional en la Comisión de Población y Recursos Humanos. En esa oportunidad, los caciques Martín Fernández y Artemio Benítez, junto con las organizaciones acompañantes, viajaron por segunda vez al Congreso Nacional para actualizar el reclamo por el incumplimiento del acuerdo del 2002. De las actas taquigráficas de esa reunión recupero aspectos planteados por los representantes Mbyá, que dan cuenta de la construcción de la demanda política y las contradicciones que surgen, no sólo del modelo de "gestión participativa" existente en RBY, sino también entre la letra de las leyes que protegen los derechos indígenas y las prácticas cotidianas.

El cacique Fernández expresó en el Congreso la preocupación por el anuncio de la intención de traslado que el ministro de Ecología Luis Jacobo había realizado a través del diario Clarín el 13/06/2004. Fernández puntualizó el conflicto generado a partir de este tipo de decisiones:

.está muy mal porque se hizo sin consultar, sin la participación indígena. Esto lo dice la Constitución, el convenio y la propia ley 2727 de la provincia de Misiones. Por lo tanto, creo que el plan del ministro de Ecología de trasladarnos a otro lugar es sinónimo de desalojo. En nuestra comunidad hay muchas riquezas espirituales, entre ellas el cementerio. Quisiera preguntar si el ministro, al trasladar a los aborígenes a otro lugar, es decir, la reserva de Esmeralda, también puede trasladar a nuestros abuelos enterrados en ese lugar (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004).

Destaco, a partir de esta explicación, la tensión existente entre las demandas Mbyá y el tipo de discursos que circulaba, ya que es una contradicción proponer un traslado de una comunidad a un área legalmente protegida para la conservación, en la cual las actividades humanas están sumamente restringidas. Según considero, subyace a la propuesta una categorización de lo indígena como portador de un modo de vida mimético con la naturaleza, prístino y por lo tanto plausible de ser conservado en el mismo nivel en que se busca conservar la biodiversidad. A su vez, esta clase de "soluciones" propuestas por el Ministerio ponen en cuestión el concepto de territorio al homologarlo con el de tierras.

En este sentido, creo que Artemio Benítez expresa en las siguientes palabras una traducción de su territorio en términos del blanco para lograr así su defensa:

Queremos tierra apta y suficiente porque nosotros no sabemos medir cuántas hectáreas tienen que ser para nosotros. Siempre ocupamos todo el monte y hace mucho tiempo que vivimos donde estamos porque allí la producción se levanta bien, la mandioca, la batata, y para nosotros eso es importante (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004).

Además agrega una apelación relacionada con la conceptualización Mbyá respecto del ambiente natural (Cebolla Badie, 2005), y que en este contexto connota una alianza superior en términos de protección de ese ambiente: "Creo que todos somos dueños de esta tierra por lo tanto todos estamos involucrados para defender el medio ambiente y los recursos naturales…" (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004).

Fernández también indicó que la postura de su pueblo era continuar con "la guerra del papel" (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004), es decir, bajo las leyes que los amparan y en diversas instancias estatales. Subrayo la construcción de la demanda a partir de una valorización del sistema legal como mecanismo complejo y contradictorio que de todos modos ofrecería espacio para la acción política reivindicativa.

En esa reunión, el Ing. J. A. Gauto, entonces subsecretario de Bosques y Forestación del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, defendió la resolución 226, desmintió planes de traslado y reconoció la ausencia de un trabajo participativo. A su vez, expresó la contradicción persistente entre conservación y desarrollo sustentable y recordó, no casualmente, la relevancia del recurso forestal para la provincia.¹⁴ Según mi análisis, este representante del Estado provincial marcó una posición ambigua con respecto al arbitrio de los intereses de estas comunidades, y si bien expresó la contradicción que genera el modelo productivo extractivista predominante, no planteó mecanismos concretos para la participación indígena en la administración de los recursos en disputa. Otras voces dentro del estado provincial -diputados Miriam Bosch de Sartori (FR), Hernán N. L. Damiani (UCR)- indicaron la problemática conjugación de objetivos de conservación y el cumplimiento de las disposiciones internacionales en materia de derechos indígenas. Indicaron que las exigencias de organismos internacionales por conservar el monte deberían ir acompañadas de recursos económicos porque:

nosotros solos no podemos mantener esta reserva nacional y mundial (…) No estoy a favor de las grandes empresas. Creo que los aborígenes son los verdaderos dueños de las tierras. Pero esa tierra hoy está compartida por muchos blancos que también tienen que alimentarse (Bosch, 2004, Comisión de Población y Recursos Naturales).

Considero que estos planteos delinean el peso de la actividad forestal y su importancia para el Estado provincial, como a su vez las disyuntivas por sostener la categoría de Reserva de Biosfera en un contexto en cual se tensionan los intereses de este sector económicamente relevante, con las reivindicaciones planteadas por los sujetos indígenas, quienes a su vez complejizan el escenario al recurrir a "herramientas legales que atraviesan las fronteras locales", como el Convenio 169 de la OIT (Enriz, 2011:36).

De las actas taquigráficas, retomo la voz del cacique Fernández, quien, con respecto a estas disyuntivas, plantea su posicionamiento:

No necesitamos la tierra para comerciar sino que la necesitamos para tener medicinas, ya que en muchos casos no podemos comprar las medicinas de la farmacia y cuando se explota el monte también la farmacia indígena se va terminando (…) Creo que el Estado tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo indígena (Comisión de Población y Recursos Naturales, 2004).

Una de las consecuencias de las persistentes apelaciones fue la realización del informe de impacto ambiental por parte del MERN y T, encargado en julio de 2004 al ingeniero forestal Héctor Keller (UNAM). Su trabajo evaluó cinco aldeas guaraníes asentadas en los lotes 5, 6, 7 y 8 propiedad de la empresa Moconá S.A. y Juan Harriet S.A., confirmando las denuncias (Keller, 2004 y MERNyT, 2005/06).

Retomo el concepto de "estructura de oportunidad política" (EOP), en función de comprender, hasta aquí, la configuración de las demandas políticas del sujeto indígena en la trayectoria de este conflicto. Gómez Suárez (2002) operacionaliza este concepto a través de cinco variables relativas al contexto nacional e internacional, de las cuales seleccioné algunas para mi análisis.

La EOP está configurada por el grado de apertura del sistema político institucionalizado, relacionado con el marco legislativo internacional protector de los derechos indígenas y las reformas constitucionales latinoamericanas. El grado de apertura política del sistema institucionalizado argentino que entra en juego, y la instrumentalización de la legislación nacional e internacional, están tensados por diferentes interpretaciones de la ley que disputan la resolución del conflicto, siendo relevante el hecho de que tal legislación permite cierto margen de maniobra para los representantes Mbyá. Podemos pensar, como parte de esta variable, el recorrido de la demanda por diversas instancias. En los niveles municipal y provincial, EMIPA, equipo que venía trabajando en el área sobre todo desde la reforma constitucional de 1994, acompaña en las denuncias policiales, en la convocatoria a los abogados de ENDEPA y en las presentaciones ante la Cámara de Apelaciones de El Dorado. Considero que cobra especial sentido la expresión del cacique Fernández respecto de "la guerra del papel" en el momento de reflexionar en torno al grado de apertura del sistema político institucionalizado. Para estas comunidades, el reclamo implicó lidiar con los límites impuestos por el sistema judicial, ya que, como me indicaba un miembro de EMIPA, comenzaron a presentarse, ante policías y jueces, sin un manejo escrito y oral adecuado del idioma castellano, teniendo que firmar, en algunos casos, imprimiendo la huella digital y confiando en la persona que habían elegido para traducir la denuncia escrita. A su vez, el aprendizaje del castellano toma una dimensión política en función de contar con herramientas para la defensa del territorio sin intermediarios. A partir de este proceso, las comunidades plantearon la necesidad de que los jóvenes y niños aprendan el idioma castellano, pero respetando la modalidad de aprendizaje definida por las propias comunidades Mbyá. Otro aspecto que me interesa resaltar en "la guerra del papel" son los tiempos. Por un lado, un lapso de cinco años (1999 a 2004) para obtener alguna respuesta, por parte del Ministerio de Ecología, que se ajustara en alguna medida a las demandas. Y, por otro lado, los tiempos y traslados a los que los representantes Mbyá han tenido que sujetarse; así Fernández expresó "Es una vergüenza y nos provoca mucha tristeza tener que venir dos veces a Buenos Aires debido a que nos cuesta mucho adaptarnos a su ritmo de vida" (Comisión de Población y Recursos Naturales, 2004).

El reclamo llegó a instancias nacionales (Cámara de Diputados, en fechas 7/2002 y 6/2004), y provocando una interpelación que convocó a organismos como el INAI, el Defensor del Pueblo de la Nación -Eduardo Mondino-, el Comité MAB, entre otros que se involucraron a partir de la elaboración de informes y sugerencias. Más allá de que no se lograron resultados concretos en ese entonces, el problema que afectaba a estas comunidades tomaba creciente estado público, a la vez que se producía toda una serie de documentación -actas, informes oficiales y no oficiales, cartas documento, notas periodísticas, etc.-, que intento cruzar para "poner de relieve la importancia de analizar las contradicciones y tensiones que es posible advertir en sus interrelaciones, y la riqueza y complejidad que este tipo de examen nos ofrece..." (Crespo y Tozzini, 2011:72).

La EOP también está configurada por la presencia o ausencia de aliados entre las elites emergentes del llamado tercer sector: agencias gubernamentales de cooperación para el desarrollo y organismos internacionales. En este punto, entiendo que el conflicto ocasionado por la vulneración de derechos indígenas en un territorio definido como RB configuró un contexto en el cual el reclamo indígena podía tomar dimensión internacional. La UNESCO, a través del programa MAB, resultó ser un actor interpelado por este reclamo y se constituyó como "aliado" al ejercer presión, instando al Ministerio de Ecología para que tomara medidas pertinentes en tanto autoridad de la RBY.

A su vez, este contexto se conforma por la difusión del conflicto en el ámbito internacional. La denuncia es llevada al plano internacional por FUNAM a través de comunicaciones con la Unidad de Coordinación del Programa MAB en la Argentina, y dos campañas solicitando enviar cartas a los funcionarios del Ministerio de Ecología para que detengan el aprovechamiento forestal en territorio indígena. Este, a su vez, constituye un ejemplo del impacto local de redes conformadas en el nivel internacional.

En la comprensión de estas interrelaciones, he considerado las reflexiones planteadas por Nash respecto de la "sociedad civil" como un proceso incesante de movilización de diversos sectores sociales que buscan la inclusión en la arena política que antes los rechazaba. Esta búsqueda reúne diversidad de sectores "que pueden encontrar una causa común en un tiempo de transformación social" (Nash; 2006:206). Este proceso en Latinoamérica tiene la particularidad de conjugar multiplicidad de grupos étnicos, es decir que las alineaciones no pueden ser comprendidas según criterios exclusivos de etnia o clase, sino por interrelaciones dinámicas y contextos específicos que van configurando las bases de la sociedad civil. En este caso, las comunidades Mbyá afectadas por la explotación encuentran, en la defensa de sus derechos como pueblo, aliados en grupos originados en instituciones dependientes de la Iglesia católica, como EMIPA y ENDEPA, y ONG abocadas a la defensa del ambiente, como FUNAM, además de otras que colaboraron en la difusión, como Greenpeace y la Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (RENACE) (Montenegro, 2005). Organizaciones que a su vez ayudan a la promoción del reclamo a la UNESCO, presente en el área a partir del programa MAB.

En función de comprender la trascendencia del conflicto analizado, retomo la idea de Nash, quien indica que la sociedad civil actual, como proceso desafiante del status quo, traspasa fronteras nacionales animando intereses colectivos vinculados con los "derechos globales". Estos son asumidos por organizaciones no gubernamentales trasnacionales, como es el caso de FUNAM y las otras ONG ambientalistas antes mencionadas, que difunden la situación de las comunidades afectadas a partir de campañas a través de Internet. En particular FUNAM insta la participación de comunidad nacional e internacional al solicitar el envío de cartas de reclamo a funcionarios del Ministerio de Ecología (FUNAM, 2012). La visibilidad en este plano está dada en parte porque estas comunidades habitan lo que queda de la selva paranaense, cuyos recursos forestales, a la vez, son valiosos para el mercado forestal.

De esta manera, los "derechos globales" están vinculados con el aspecto ideológico de la EOP mencionado por Gómez Suarez. Es decir, una "ideología global" de los derechos humanos asociada a movimientos étnicos, ecologistas, etc., que critica la "civilización occidental" y revaloriza, en contraste con esta, las "formas de producción tradicional". En este sentido, entiendo la apelación que realiza Artemio Benítez a una unión en términos ambientalistas, que puede potenciarse en el discurso de movimientos ecologistas que critican:

(la) civilización (…) industrialista, consumista y depredadora (…) y utilizan como modelos ideales de referencia las "formas de vida" típicas de las comunidades indígenas basadas en la autonomía, el autoabastecimiento, (…) las relaciones sociales de igualdad…" (Gómez Suárez, 2002: 120).

Una reflexión que surge a partir de retomar estos puntos de contacto en el análisis de ambas autoras es que, si bien este discurso de los "derechos globales" puede reificar las "formas de vida tradicionales", también puede ser apropiada por las comunidades Mbyá como herramienta para el establecimiento de alianzas con ONG, organismos internacionales, etc. y reforzar -siempre con contradicciones- la imagen de los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos en la arena nacional e internacional. Por otro lado, es interesante reflexionar a partir del planteo de Bartolomé (1997), ya que la utilización de este discurso no significa aceptar como válida la perspectiva instrumentalista que concibe a los grupos étnicos sólo como grupos de interés. Y esto es así porque las comunidades Mbyá pueden movilizarse en determinado momento y hacer pública la defensa de sus derechos como pueblo, pero su "existencia se prolonga más allá de la obtención de los intereses en cuestión" (Bartolomé, 1997:64), es decir, hay continuidad como miembros de un grupo étnico una vez satisfechas, o no, sus demandas. Si se puede recurrir a "lo Mbyá", o a cualquier aspecto de la identidad étnica, es porque esta existía previamente. En cambio, la perspectiva instrumentalista obtura la profundidad histórica del fenómeno étnico porque lo reduce a sus manifestaciones contextuales (Bartolomé, 1997). El debate en torno a las interpretaciones instrumentalistas del fenómeno étnico es relevante, ya que esta perspectiva atraviesa las discusiones respecto de las demandas de las comunidades indígenas y la cuestión de la legitimidad o ilegitimidad de sus reivindicaciones.

 

La gestión participativa en disputa

En la descripción y análisis de la etapa que situé entre los años 2004-2007, me interesa destacar algunos aspectos elaborados en el informe de Héctor Keller (2004) relativos a la producción de la territorialidad Mbyá. El autor menciona las continuas migraciones del pueblo Mbyá, que tradicionalmente se desarrollan en sentido Este-Oeste (Keller, 2004:5) y están motivadas por la búsqueda de la elevación espiritual, lo cual ha generado una trayectoria migratoria desde el actual Paraguay, hacia la Argentina y luego hacia Brasil. También señala que en la actualidad, debido al avance de la deforestación de la selva paranaense, ocurre un proceso en dirección opuesta, arribando a la Argentina grupos desde Brasil. Esta dinámica, junto con otros aspectos aquí no analizados, va configurando un mapa histórico de aldeas abandonadas y aldeas activas. Las primeras se transforman en cementerios o espacios donde no se puede retornar a vivir debido al peligro que reviste la presencia del espíritu de un líder allí fallecido y enterrado. En el área delimitada por RBY, Artemio Benítez informa a Keller (2004) acerca de aldeas de ocupación prolongada que han sido abandonadas por algunas familias, mientras recibían a otras, hasta quedar totalmente deshabitadas, como Ítakua ovyí (bambú azul) o Peri rogue (lote 7), antigua residencia de Artemio y de muchos de sus parientes. Luego de una sucesión de fallecimientos y entierros de líderes, como el de su abuelo Celestino o su tío Bernardo, muchas personas se desplazaron más al sur, hasta que Ítakua ovyí quedó deshabitada y alimentó la población de Aldea Grande o Teko'a guachu (lote 8), que también fue abandonada y actualmente es el cementerio de las aldeas Teko'a yma y Kapi'í yvate (Keller, 2004:8-9), donde "'moran' alrededor de 200 difuntos" (Keller, 2004:8, 9 y 29).

Keller (2004) reconstruyó la territorialidad Mbyá en el informe de impacto socio-ambiental, identificando sus "componentes" y evaluando los graves daños causados por la explotación forestal sobre estos (Keller, 2004). De esta forma presentó, instruido por sus interlocutores Mbyá, aspectos relevantes de esta territorialidad puntualizada en términos de "componentes" como: aldeas, islas de recursos, recursos de distribución aleatoria, cementerios, senderos, sitios de descanso y pernoctación (Keller, 2004).

Este informe es relevante para el análisis ya que, además de conformar una referencia para las autoridades de RBY en la delimitación del área habitada por las comunidades y los usos del territorio, también es un registro de cómo estas son representadas a partir de informantes clave -en este caso los caciques- que instruyeron al autor y juntos compusieron una especie de fotografía de la territorialidad.

El informe de Keller y la presión nacional e internacional influyeron en la aprobación, por parte del Ministerio de Ecología, de la resolución 533/04, la cual paralizaba la explotación forestal por un año sobre casi 10 mil hectáreas, y solicitaba la conformación de un equipo de trabajo para "determinar la localización de los componentes de la territorialidad natural de las comunidades en dichas áreas y medidas de protección de los mismos" (MERNR y T, 2005/06:3). A su vez, comprometía a los propietarios a elaborar planes de manejo especiales, observando recomendaciones del Equipo de Trabajo antes de reiniciar las actividades extractivas en dichas hectáreas(MERNR y T, 2005/06:3).

Luego de prorrogarse esta resolución por seis meses más -Resolución 395/05-, el secretario ejecutivo del Comité de Gestión, Diego Ciarmiello, organizó un equipo interdisciplinario e intergubernamental de carácter consultivo y no resolutivo para desarrollar esta tarea (MERNR y T, 2005/06). Este equipo estaba integrado por guardaparques provinciales, ingenieros forestales de UNAM, como Keller, quien ya venía realizando trabajos con estas comunidades, también profesionales de la Fundación Vida Silvestre, e investigadores de CONICET, entre otros. Este equipo visitó las comunidades y mantuvo reuniones con sus miembros con la idea de construir información acerca de cómo abordar el problema. Excede los límites de este trabajo analizar la dinámica y composición de estas reuniones, sólo deseo aclarar que también participaban de ellas actores que no eran parte del Equipo interdisciplinario, como EMIPA y la Dirección de Asuntos Guaraníes.

Paralelamente se había comenzando a "fortalecer" el Comité de Gestión, siguiendo las recomendaciones del Comité MAB. Esta acción implicaba incluir actores hasta ese momento ausentes, es decir, participación de la subsecretaría de Ecología, ya que, como me informó un miembro de AMIRBY, el Comité de Gestión había estado integrado sólo por representantes del sector forestal y productivo a cargo de la Subsecretaría de Bosques. En estas reuniones, el equipo planteó la importancia de la presencia Mbyá en el renovado Comité de Gestión. Concretamente, en abril de 2005 los caciques Martín Fernández y Alejandro Benítez -aldea Pindó Poty- fueron reconocidos como representantes de las comunidades Mbyá presentes en RBY (MERNR y T, 2006). Con relación a la elección de estos caciques, en entrevistas realizadas tanto a guardaparques que participaron de ese proceso, un miembro de EMIPA y un cacique Mbyá de RBY, estos indicaron que la "designación formal" fue avalada por las comunidades mediante formas de reunión y construcción de consenso definidas según criterios "tradicionales" del pueblo Mbyá. Menciono la inclusión de dos representantes Mbyá en el Comité de Gestión y la modalidad de designación referida por varios actores como hecho relevante para el proceso, sin embargo, excede mi problematización la conformación de los liderazgos en este caso particular.

Entre diciembre 2005 y marzo 2006, el equipo elaboró un informe en el que recomendaba, entre otras cosas, mantener la inhabilitación para la explotación forestal, la realización participativa del plan de manejo de RBY,¹⁵ sugiriendo proyectar a largo plazo la creación de una Reserva Natural Cultural que incluya la superficie de la "territorialidad natural" de las cinco aldeas comprometidas. Esto último demandaría la adquisición, por parte del Estado, de los terrenos involucrados y mejorar la definición e implementación de esta categoría de manejo (MERNR y T, 2005/06:10). Otro cambio provocado por la visibilidad del conflicto y la necesidad del Ministerio de Ecología de su superación definitiva fue la creación del "Área de Manejo Integral de RBY" (AMIRBY) -resolución 296/06- dependiente de la Subsecretaría de Ecología. AMIRBY estaba integrada por guardaparques convocados especialmente que fueron parte del Equipo Interdisciplinario. Según testimonio de un cacique Mbyá de RBY y también de un miembro de EMIPA, estos guardaparques constituyeron un canal de comunicación directa que les posibilitó evitar "burocracias" asociadas con tiempos de espera de presentación de notas, denuncias, etc., ya que podían comunicarse telefónicamente y acudir al lugar cada vez que la norma de prohibición de aprovechamiento era vulnerada.

Desde AMIRBY comienza a organizarse un "Taller para la identificación de la Visión Guaraní para la elaboración del futuro plan de manejo consensuado de la Reserva de Biosfera Yabotí" (AMIRBY, 2006a y 2006b). Este taller, como mecanismo participativo, responde a las demandas de apertura de diversos actores: las comunidades mbyá de RBY, organizaciones como ENDEPA, FUNAM, el Consejo de Caciques del Pueblo Guaraní, y también a lo observado en el informe de los 10 años de RBY. Este taller recibe apoyo financiero del PNUD para su realización (AMIRBY, 2006a).

Una comisión organizadora del taller define el equipo de trabajo¹⁶ y plantea la metodología del taller. Me interesa problematizar la metodología en función de comprender cómo el Estado -en su diversidad institucional- reconoce a los sujetos sociales y cómo los sujetos adoptan diversas modalidades de relacionamiento con las instancias estatales. El informe de la primera etapa de este taller (AMIRBY 2006a) señala que la metodología fue adaptada, en función del pedido realizado por los caciques Alejandro Benítez y Martín Fernández de respetar "las formas tradicionales guaraníes de reunión (Aty Guachu) y por ende (…) que no se pongan plazos y/u horarios" (AMIRBY y MERNR, 2006:5). La exigencia, según testimonios obtenidos en entrevistas, era respetar las formas de construcción de consenso y los tiempos necesarios de diálogo. Por eso, el informe señala que se define una fecha de inicio en la aldea Pindo Poty, y se estima una fecha de reunión al tercer día con todo el equipo de trabajo, es decir, con aquellos que no participaban del Aty Guachú,¹⁷ como las autoridades de RBY y representantes de Universidad Nacional de Misiones.

Un dato importante para mi análisis, señalado por este informe, es que la logística estuvo a cargo de AMIRBY. La Subsecretaría de Ecología y el PNUD¹⁸ aportaron recursos para movilizar en esta primera reunión ocho comunidades, además de gastos en comida, alojamiento y abrigo.

Si bien el informe del Ministerio describe un espacio de diálogo donde las diferencias de poder estarían superadas gracias a la existencia de mecanismos de participación, por otro lado la logística prestada por AMIRBY ha sido una condición necesaria para la realización de los talleres bajo esta modalidad. Esto se debe a que la intervención de AMIRBY permitió articular tiempos Mbyá¹⁹ con el tiempo de los funcionarios y de "resolución" del conflicto, pretendido por el Ministerio de Ecología, que también debía dar respuesta a las empresas. Si esta logística ha sido una condición necesaria para la organización de estos Aty Guachú en particular, habría que interrogar por qué existe este requerimiento, y qué consecuencias tiene esta dependencia para la participación Mbyá en la estructura de RBY. En función de comprender el contexto en el cual este modelo de gestión participativa se desarrolla, retomo el análisis de Gorosito Kramer (2006), quien indica que han existido y existen presiones políticas sobre el pueblo Mbyá Guaraní trazadas por la historia de interacción interétnica enmarcada en relaciones de poder asimétricas con las agencias estatales y confesionales, las cuales han marcado los liderazgos Mbyá a través de los modelos de representación y vinculación que han impuesto. A su vez, se despliegan presiones económicas vinculadas con

la explotación progresiva de los bosques nativos (…), la pérdida del valor relativo de las plantaciones de yerba mate, organizadas anteriormente en unidades de explotación de 50 y 100 hectáreas, que están siendo transferidas al sector reforestador, y un notable proceso de desmonte y ocupación de las zonas selváticas por una masa de población rural y periurbana excluida en estos procesos de alta concentración de tierras y capital, con retracción de los mercados de trabajo estacionales en el sector agrícola remanescente (Gorosito Kramer, 2006:26).

De esta forma, según mi análisis del caso, existen límites y posibilidades propias de estas formas de relacionamiento "participativo", configuradas por el contexto social general y reconfiguradas por los actores que se enfrentan en el marco de una gestión participativa de la conversación y el desarrollo. Porque si bien, según testimonios recabados, las comunidades pasaron a tener un lugar permanente en el Comité de Gestión de la Reserva, y encuentran desde el rol de los guardaparques de AMIRBY un canal de comunicación y de escucha de un sector dentro del Estado, los límites de su marginación política y subsunción económica prosiguen. Información pertinente en este sentido es el hecho de que el Comité de Gestión se reunió hasta el año 2010, y los talleres se interrumpieron ya que, por los cambios de gestión estatal, AMIRBY no recibe fondos para sostener estas actividades.

Si bien el espacio del Comité de Gestión también debe ser problematizado, porque la sola presencia Mbyá no garantiza su participación real y el respeto por sus derechos, ha sido un espacio de visibilidad en el nivel local y de discusión con representantes del Estado y las empresas forestales muy valioso en este sentido, como así me lo indicaba un representante Mbyá de RBY.

Mientras encontraban un espacio de relativa apertura e intento de escucha en este período a partir de AMIRBY, la tensa relación de estas comunidades con la Dirección de Asuntos Guaraníes era también expresada en este espacio, como lo expresa el Manifiesto Pindó Poty²⁰ (30/11/07), firmado por representantes de comunidades de RBY. En este manifiesto plantean que la Dirección de Asuntos Guaraníes no los ha representado ante el Estado, por el contrario los ha "discriminado" y exigen "una oficina de gobierno que se preocupe por el tema Guaraní", la cual debería llamarse "Dirección Provincial de Defensa de los Derechos Guaraníes", reivindican su capacidad de organización, el derecho a elegir libremente sus autoridades y la búsqueda de "reuniones añetegua (sinceras), sin manejos ni actas preparadas…" (Manifiesto Pindo Poty, 2007).

Otro aspecto que resalto de este documento es el persistente reclamo por el cese de la explotación forestal de la selva en RBY y en la provincia, la advertencia en torno a la vulnerabilidad de la salud de los miembros de las comunidades debido al deterioro del ambiente y por la falta de recursos del monte. Por otro lado, si bien en este manifiesto afirman que la Subsecretaría de Ecología a cargo de Walter Cattaneo, y los guardaparques de AMIRBY han colaborado e intentan respetar su cultura, existe, a mi entender, un problema de base vinculado con la propiedad de las tierras. Esta es propiedad de las empresas forestales que pujan por hacer valer sus intereses y porque prevalezca su definición de los derechos de explotación. Esta postura es manifiesta en las reuniones del Comité de Gestión, donde los representantes del sector forestal rechazan los reclamos guaraníes y exigen al Subsecretario de Ecología que haga cumplir "las leyes blancas" en contraposición a las "leyes aborígenes" (X Acta Comité de Gestión RBY, 2006). A su vez, consideran "contradictorio" el proceder de la Subsecretaría de Ecología porque, según su argumento, la incorporación de la presencia Mbyá en los planes de manejo sería un obstáculo para su desarrollo productivo (VII Acta Comité de Gestión RBY, 2005). En este sentido, el modelo de gestión participativa, si bien abre las posibilidades de que los actores interesados en el área expresen sus intereses, también se transforma en el marco de enfrentamientos, no sólo por los intereses particulares de cada grupo o sector, sino porque también se disputan sentidos subyacentes que convierten en legítima o ilegítima la participación de estos actores en la organización de las RBY.

En cuanto a las posibilidades que este dinámico espacio de negociación abrió, hubo algunas acciones concretas, como la organización para la traducción al guaraní del Convenio 169 de la OIT. Participaron del proceso de traducción María Josefa Ramírez de EMIPA, en colaboración con caciques, maestros, escribas y miembros de distintas comunidades (AMIRBY, 2008).

Analizo la traducción de la normativa legal al idioma Mbyá, en relación con el planteo de Roseberry (2007) acerca de los procesos hegemónicos como una lucha por establecer un marco discursivo común "para vivir, hablar de y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por la dominación" (Roseberry, 2007:127). La posibilidad de organizar la traducción es un punto de ruptura con el marco discursivo hasta ese momento vigente. También la normativa se transforma en un debate, un punto de controversia, que permite identificar un ámbito para reflexionar acerca del proceso de dominación y su co-construcción conflictiva, tanto por el "Estado" como por los sujetos indígenas. Es decir que el ejercicio de traducción me permite pensar cómo las comunidades Mbyá encuentran mecanismos de visibilización, dirigiéndose al poder estatal en los términos prescritos por este y tensionando su formulación.

 

Reflexiones finales

El análisis de un conflicto entre comunidades Mbyá y empresas forestales localizadas en RBY me ha permitido problematizar el modelo de gestión participativa de la naturaleza que entraña la categoría de Reserva de Biósfera. Según los datos analizados, este modelo en la práctica presenta contradicciones, las cuales he podido indagar a partir del análisis de la construcción de demandas políticas por parte de las comunidades Mbyá de RBY, que buscaban reivindicar sus derechos como pueblo indígena y como actores legítimos en la mesa de diálogo de RBY. En el análisis de este proceso retomo el concepto de "estructura de oportunidad política" que me ayudó a comprender cómo los representantes y organizaciones acompañantes de las aldeas afectadas transitan instancias legales de apelación y discusión, visibilizando el conflicto en la arena pública nacional e internacional. También este concepto me permitió pensar el desarrollo de las relaciones y los puntos de unión entre las comunidades, con organismos de defensa de los derechos en el nivel nacional, con ONG ambientalistas de alcance internacional y con organismos internacionales. A su vez, a partir de la noción de "sociedad civil emergente", he profundizado la comprensión de estas vinculaciones como parte de un proceso continuo de configuración de las bases de la sociedad civil. Esta implica una movilización de diversos sectores que, en la búsqueda de transformación del contexto político que obstruye la participación y niega los derechos de los pueblos indígenas, encuentran puntos de conexión que propician un debate en los niveles nacional e internacional. A su vez, este caso me permitió pensar cómo la apelación a la defensa de un conjunto de derechos que Nash denomina "derechos globales" genera modos de acción política ambientalmente informada y moviliza la red de vínculos que la propia categoría de Reserva de Biosfera trae aparejada. En este proceso he podido observar cómo se tensan y redefinen categorizaciones sociales relativas al rol de los sujetos indígenas como sujetos políticos.

Por último, en la indagación de este proceso me planteo una serie de interrogantes con respecto al devenir de las transformaciones resultantes una vez iniciado este proceso de reconocimiento del pueblo Mbyá en RBY. Según las evidencias presentadas, este reconocimiento no garantiza una participación real, por lo tanto es necesario profundizar en los alcances, las limitaciones y la continuidad o discontinuidad de los espacios de negociación, como el Comité de Gestión, los talleres para la incorporación de la visión guaraní, e incluso indagar cuáles son los canales de diálogo con las instancias estatales que persisten, producto de las transformaciones que lograron las comunidades Mbyá a partir de la construcción de demandas políticas en el marco del modelo de gestión participativa de la naturaleza planteado en RBY.

 

Agradecimientos

Por la amable disponibilidad para el diálogo y toda la valiosa información que pusieron a mi disposición miembros del Ministerio de Ecología de Misiones, de EMIPA y representante Mbyá de RBY, entrevistados para la realización de este artículo. También deseo agradecer a la Dra. Ana María Gorosito Kramer por la entrevista que me brindó, en la cual sus sugerencias me alentaron a profundizar y mejorar esta investigación.

 

Notas

¹ El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Plurianual/CONICET "Lidiando con la solidaridad y el mercado. Un estudio etnográfico de emprendimientos y encadenamientos productivos de la 'economía solidaria' en Argentina", dirigido por el Dr. Sebastián Carenzo.

² Ubicada en el centro-este de la provincia de Misiones, departamento de San Pedro y Guaraní. Fue creada por Ley Provincial Nº 3041/91, reglamentada por Decreto Nº 2472/93 y reconocida en el año 1995 por UNESCO. Posee una superficie de 236.313 hectáreas. Las áreas núcleo son Parques Provinciales Esmeralda, Moconá y Ca´á Yarí, además existen la Reserva Forestal Guaraní perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones y la Reserva Natural Cultural Papel Misionero perteneciente a la empresa Papel Misionero S.A.I.C.F. En la zona de transición hay 27 propiedades correspondientes a 118 lotes, la actividad económica predominante allí es la explotación del bosque nativo supeditada al Manual de Instrucciones Técnicas para la Formulación de Planes de Manejo para los Montes Nativos en la RBY. Aproximadamente el 74% (174.692,87 has.) de la superficie total de la Reserva se encuentra bajo esta modalidad de aprovechamiento. Además, 20 colonias minifundistas son vecinas a la Reserva y Pepirí-Miní se ubica dentro de ella. Las comunidades Mbyá-guaraní suman 17 (MERNR y T, 2011).

³ El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las arenas globales se desarrolla a partir de recomendaciones como la 12.05 (1975) de UICN, que previene sobre los desalojos de pueblos indígenas en áreas protegidas y la consulta previa, como a su vez en instancias de reunión como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Brasil 1992; Congreso Mundial de Parques de UICN, Montreal 1996, y Durban, 2003; II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, Bariloche 2007 (Carpinetti, 2006).

⁴ El término comunidad referido en este texto es una categoría nativa utilizada por los caciques de los asentamientos Mbyá ubicados en RBY y su entorno, así como por las autoridades provinciales, investigadores y organizaciones que asesoran jurídicamente. Además, profundizando el concepto mbyá de comunidad, puede ser entendido como  "… unidad social basada en relaciones de producción económica, política y cultural que se desenvuelven en el asentamiento" (Wilde, 2007:95).

⁵ Eximición de impuestos inmobiliarios para los propietarios que acordaran integrar la Reserva, beneficios en la recaudación impositiva para el municipio de San Pedro, ya que el Estado provincial se hizo cargo de las deudas de tasa municipal de grandes propiedades cuando estas fueron incorporadas como tierras de reserva (Ferrero, 2008).

⁶ Los colonos o pequeños y medianos productores tampoco encuentran representación, aunque esta situación también entra en fuerte tensión, proceso al que no me referiré en este artículo.

⁷ Período de gestión 2004-2007.

⁸ Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), organismo ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen de la Iglesia católica argentina del cual forma parte el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA).

⁹ Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) es una ONG sin fines de lucro, con sede en Córdoba (Argentina). Creada en 1982 con Personería Jurídica 173A/82, tiene status consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y recibió el Premio Global 500 de Naciones Unidas. En FUNAM (18 de octubre 2012)

¹⁰ Teko´a Yma, personería jurídica por disposición 4/99 de fecha 30 de septiembre de 1999 y Kapi'í Yvaté, disposición 2/2000 de fecha 20 de marzo del 2000.

¹¹ Para ampliar la discusión, ver Gorosito Kramer, (2008) y Hau y Wilde (2009).

¹² "Genocidio Silencioso". Realizado en noviembre 2003. Copyright ENDEPA y FUNAM 2004.

¹³ Subsecretario de Ecología, junio-diciembre 2003.

¹⁴ La selva, de alguna forma, da de comer a toda la sociedad misionera (Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004).

¹⁵ En ese momento, el MERNR y T. se encontraba gestionando, ante el Programa Araucaria de la Agencia de Cooperación Española, el financiamiento para la elaboración del Plan de Manejo Integral de la Reserva de Biosfera Yaboty (MERNR y T. 2005/06).

¹⁶ Participaron miembros de AMIRBY, representantes tanto de las Comunidades Guaraníes de RBY, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Misiones, de EMIPA, y del Consejo de Caciques del Pueblo Guaraní (AMIRBY y MERMR y T, 2006).

¹⁷ Para mayor información, ver Gorosito Kramer, Ana María (2006).

¹⁸ Aportaron recursos para la realización de los Aty Guasú la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Programa Regional Araucaria XXI-Bosque Atlántico, Fundación Frontera Verde y, en los comienzos del proceso, el PNUD y Eden Project de Inglaterra (AMIRBY, 2008).

¹⁹ Tiempos que llevaría recorrer a pie las distancias desde las diversas aldeas Mbyá hasta el punto de encuentro y también para obtener los recursos para alimentarse y abrigarse durante los días que puede durar la reunión.

²⁰ Documento producto del Aty Guachu del 27 al 30 de noviembre de 2007, donde asisten representantes de Tekoa Guaraní, Teko´a Yma, Kapi´i Yvate, Jejy, Caramelito, Aracha Poty, Takuaruchú.

 

Bibliografía

1. Bartolomé, Miguel Alberto. 1997. Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México. México: Siglo XXI - Instituto Nacional Indigenista.         [ Links ]

2. Berkes, Fikret. 2004. "Rethinking Community-Based Conservation". Conservation Biology, Vol. 18 (3): 621-630.         [ Links ]

3. Carpinetti, Bruno. 2006. Derechos indígenas en el Parque Nacional Lanin. De la expulsión al co-manejo. Buenos Aires: APN.         [ Links ]

4. CEBOLLA BADIE, Marilyn. 2005. Ta'y ñemboarái. La miel en la cultura mbya-guaraní. www.ub.edu/antropo/.../Cebolla_Marilin_2005.pdf. (13 de enero de 20012)        [ Links ]

5. CRESPO, Carolina y TOZZINI, María Alma. 2011. "De Pasados Presentes: hacia una etnografía de archivos". Revista Colombiana de Antropología, enero-junio. Vol. 47 (1): 69-90.         [ Links ]

6. Enriz, Noelia. 2011. "Políticas públicas para familias indígenas en Misiones". RUNA Vol. XXXII (1): 27-43.         [ Links ]

7. ESCOBAR, Fabiana y TORRESIN, Jerónimo (eds.). 2011. "Diagnóstico de Amenazas a la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Yaboty". Documento Técnico. Misiones, Argentina: Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.         [ Links ]

8. Ferrero, Brian. 2005. Estudio de la gestión territorial y de los recursos naturales, de la población rural del Área de Influencia de la Reserva de Biosfera Yabotí-Argentina. Buscando alternativas para un desarrollo local sustentable en torno a una Reserva de Biosfera. Programa Man and Biosphere, UNESCO. www.unesco.org/MAB/doc/mys/2004/ferrero.pdf. (12 de diciembre 2012)        [ Links ]

9. Ferrero, Brian. 2008. "Más allá del dualismo naturaleza-sociedad: poblaciones locales y Áreas Naturales Protegidas en Misiones". En: Bartolomé, L. y Shiavoni, G. (eds.). Desarrollo y Estudio Rurales en Misiones. Buenos Aires: Ciccus.         [ Links ]

10. Ferrero, Brian. 2010. El ambientalismo como arena de participación política en el norte argentino. http://www.historiarural.org.ar. (9 de diciembre de 2012).         [ Links ]

11. Gómez Suárez, Águeda. 2002. Estructura de Oportunidad Política de los movimientos indígenas Latinoamericanos. Alteridades, Nro. 23: 109-123.         [ Links ]

12. Gorosito Kramer, Ana María. 2006. "Liderazgos guaraníes. Breve revisión histórica y nuevas notas sobre la cuestión". Revista Avá, Nro. 9: 11-27.         [ Links ]

13. Gorosito Kramer, Ana María. 2008. "Convenios y leyes: La retórica políticamente correcta del Estado". Cuadernos de Antropología Social, Nro. 28: 51-65.         [ Links ]

14. Hau, Matthias y Wilde, Guillermo. Julio 2009. "'We Have Always Lived Here': Indigenous Movements, Citizenship and Poverty in Argentina". BWPI Working Paper 99. Manchester: Brooks World Poverty Institute - The University of Manchester.         [ Links ]

15. Keller, Héctor. 2004. Evaluación de impacto ambiental de la explotación maderera en torno a las comunidades guaraníes Teko'a Yma, Kapi'i Yvate, Takuaruchu y asentamientos del arroyo Barra Chica. Reserva de Biosfera Yabotí. San Pedro: MERNRyT.         [ Links ]

16. MONTENEGRO, Raúl. 2005. El silencioso genocidio de los Mbya Guarani. Vida y lucha de dos comunidades que viven tradicionalmente en la selva misionera de Yabotí pese a las madereras y la indiferencia de los gobiernos. Mimeo.         [ Links ]

17. MUZZOPAPPA, Eva y VILLALTA, Carla. 2011. "Los documentos como campo: Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales", Revista Colombiana de Antropología. Vol. 47 (1): 13-42.         [ Links ]

18. Nash, June. 2006. Visiones Mayas. El problema de la autonomía en la era de la globalización. Buenos Aires: Antropofagia.         [ Links ]

19. Rockwell, Elsie. 2009. "La etnografía en el archivo". En: La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Buenos Aires: Paidós. pp 157-181.         [ Links ]

20. Roseberry, William. 2007. "Hegemonía y el lenguaje de la controversia. Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestarías en América Latina".  En: M. Lagos y P. Calla (comp.). Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina, Cuaderno de Futuro 23, Informe sobre Desarrollo Humano, Bolivia: INDH/PNUD. pp 117-139        [ Links ]

21. Ulloa, Astrid. 2007. "La articulación de los pueblos indígenas en Colombia con los discursos ambientales, locales, nacionales y globales". En: M. De La Cadena (ed.). Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina, Popayán: Envión.         [ Links ]

22. UNESCO. 1985. Ejecución del Plan de Acción para las Reservas de Biósfera. http://www.unesco.org/new/es/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/. (9 de diciembre de 2012).         [ Links ]

23. UNESCO. 1996. Reservas de Biósfera, la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial. 2http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103849sb.pdf. (13 de diciembre de 2012).         [ Links ]

24. UNESCO. 2008. Plan de Acción Madrid para las Reservas de Biosfera (2008-2013).Madrid. http://www.unesco.org/new/es/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/. (13 de diciembre de 2012).         [ Links ]

25. WILDE, Guillermo. 2007. "De la depredación a la conservación. Génesis y Evolución del Discurso hegemónico sobre la selva misionera y sus habitantes". Ambiente & Sociedade, Vol. X (1): 87-106.         [ Links ]

 

Documentos

AMIRBY- MERNR y T. 2008. La provincia de Misiones y su experiencia con el programa MAB. San Pedro, Misiones.

AMIRBY- MERNR y T. 2009. Documento base para el análisis de un corredor biológico en la Reserva de Biosfera Yabotí, provincia de Misiones. San Pedro, Misiones

AMIRBY- MERNR y T. 2009a. Documento base para la creación de un Área Natural Cultural en la Reserva de Biosfera Yabotí, Misiones (Argentina). San Pedro, Misiones.

AMIRBY- MERNR y T. Diciembre 2005-marzo 2006. Informe preparado por el Equipo de Trabajo creado en el marco de la Resolución Ministerial 533/2004 del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovales y Turismo de la Provincia de Misiones. El Dorado, Misiones.

AMIRBY- MERNR y T. Julio 2006. Proyecto: Taller para la incorporación de la visión Guaraní en el plan de manejo consensuado de la Reserva de Biosfera Yabotí. San Pedro, Misiones.

AMIRBY- MERNR y T. Julio 2006b. Taller para la incorporación de la visión Guaraní en el plan de manejo consensuado de la Reserva de Biosfera Yabotí. Informe de la primera etapa. San Pedro, Misiones.

Acta de Reunión de Comité de Gestión de RBY N° VII del 4 de noviembre 2005. 

Acta de Reunión de Comité de Gestión de RBY N° IX del 18 de agosto 2006.

Acta de Reunión de Comité de Gestión de RBY N° X del 1 de diciembre 2006.

Acta de Reunión de Comité de Gestión de RBY N° XI del 28 de junio 2007.

Blog Aldea Pindó Poty. Denuncias de FUNAM y EMIPA de tala de árboles en Tekoa Yma por parte de la empresa Madera de los Saltos S.A. abril 2010. http://aldeapindopoty.blogspot.com/2009/10/manifiesto-pindo-poty-lidio-lee- y as.html. (3 de marzo 2011)

Comisión de Población y Recursos Humanos, 2004. Actas taquigráficas del Informe de Impacto Ambiental Reserva de Biosfera Yabotí, Buenos Aires, 16 de junio de 2004, H. Cámara de Diputados Nacional. http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpydhumanos/VersTaq2004.htm. (10 de febrero de 2011).

Diario Clarín, 2004. http://edant.clarin.com/diario/2004/06/14/sociedad/s-03402.htm (3 de marzo de 2011).

Diario de sesiones de H. Cámara de Representantes. 1993. Versiones taquigráficas 26/08/93. http://www.diputadosmisiones.gov.ar/leertaqui.php?id=2867 (5 de febrero de 2011).

FUNAM. 2011. http://www.funam.org.ar/mbyaunescorepercusiones.htm. (3 de diciembre de 2012)

FUNAM. 2012. http://www.funam.org.ar/comunidadesmbya.htm. (3 de diciembre de 2012)

FUNAM. 2012. http://www.funam.org.ar/yabotí#2. (3 de diciembre de 2012)

Ley Provincial de Areas Naturales Protegidas Nro. 2932/92. http://www.misiones.gov. ar/legal/leyes/2932.htm. (5 de febrero de 2011)

Ley Provincial Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable, Corredor Verde de la Provincia de Misiones Nro. 3631/99. http://www. redyaguarete.org.ar/legislacion/ley-corredor-verde.html. (18 de octubre de 2012)

Manifiesto de Pindo Poty. Noviembre de 2007. Mimeo.