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Cuadernos de antropología social

versión On-line ISSN 1850-275X

Cuad. antropol. soc.  no.37 Buenos Aires jul. 2013

 

ARTÍCULO

El Acuerdo de Seguridad Democrática. La experiencia de la red de investigadores sociales en el marco del Acuerdo

Sofía Tiscornia*

 

* Doctora en Antropología Social. Equipo de Antropología Política y Jurídica. Sección Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: sofiat@filo.uba.ar.

Artículo elaborado especialmente para Cuadernos de Antropología Social a partir de la exposición de la autora en la Mesa Redonda "Experiencias regionales de intervención y activismo en la investigación en políticas de seguridad pública, violencia de estado y derechos humanos", X Congreso Argentino de Antropología Social, 29 noviembre - 2 diciembre de 2011, Buenos Aires.

 


Resumen

El objetivo del artículo es reflexionar sobre la experiencia de un grupo de investigadores especializados en temas de violencia, justicia y seguridad, en el marco del Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD) en Argentina. Para ello se da cuenta de los acontecimientos que dan origen al Acuerdo, el proceso de formación del mismo y la actuación de la red de investigadores.

Palabras clave: Activismo; Derechos Humanos; Violencia; Seguridad y justicia

The Democratic Security Agreement. The social researchers network experience in the framework of the Agreement

Abstract

The aim of this article is to reflect upon the experience of a group of specialized researchers in violence, security and justice, within the framework of the "Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD)" in Argentina. To that effect, the article accounts for the events that gave birth to the "Acuerdo", the process of its formation and the performance of the network of researchers. 

Key words: Activism; Human Rights; Violence; Security and justice

O Acordo de Segurança Democrática. A experiência da rede de investigadores sociales no âmbito do Acordo

Resumo

O objetivo do artigo é reflexionar sobre a experiência de um grupo de pesquisadores especializados em assuntos de violência, justiça e segurança no marco do "Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD)" na Argentina. Para isso, analisam-se os acontecimentos que estão na origem do "Acuerdo", o processo de formação dele e as atuações da rede de pesquisadores.

Palavras chave: Ativismo; Direitos Humanos; Violência; Segurança e justiça


Hace un año ya, por estos días de diciembre, ocurrían los trágicos hechos del Parque Indoamericano.1 Esa tragedia, como tantas otras, iba a parir muertos, heridos y violencia. Pero esta vez también produciría un hecho político largamente demandado por el activismo de los derechos humanos en el país: la conducción civil de las fuerzas policiales y de seguridad, así como la gestión de políticas democráticas en el tema, a través de la creación del Ministerio de Seguridad.2

Sabemos bien que las tragedias son el resultado de procesos complejos y, por ello, tanto comprenderlas como pacificar su legado son tareas arduas. La demanda de vivienda que desató la ocupación del Parque no ha sido aún respondida; los responsables de las muertes aún están siendo investigados por una justicia lenta e interesada; varios de los referentes sociales que participaron activamente para pacificar el conflicto han sido procesados por la justicia local. Por otra parte, la creación del Ministerio de Seguridad hace parte de una política interesante y promisoria.

Teniendo en la mira entonces estos dos hechos tan recientes, quiero compartir aquí algunas reflexiones sobre la experiencia de un grupo de investigadores especializados en temas de violencia, justicia y seguridad, en el marco del Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD). Para ello, explicaré brevemente qué es el Acuerdo y cómo se formó y actuó la red de investigadores.

 

¿Qué es el Acuerdo por una Seguridad Democrática?

Hacia fines de 2009, Gastón Chillier -director ejecutivo de un organismo de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- y la directora del área de justicia del Centro, Paula Litvachky, preocupados por la progresiva regresión de las políticas públicas de seguridad en la provincia de Buenos Aires en particular y en el país en general, así como por el desinterés del gobierno nacional en el asunto, proponen a un pequeño grupo de reconocidos referentes en el tema impulsar un acuerdo, pensando en los puntos básicos que una política de seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos debía encarar.

Ambos coinciden en que por aquel entonces se vivía un clima de desaliento y desazón con relación a la posibilidad de trabajar seriamente temas de seguridad democrática. El gobierno de Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires, proponía agravar y reinstalar los edictos de policía y limitar las excarcelaciones, el gobierno nacional dejaba hacer y el trabajo de incidencia y propuestas en las legislaturas era entonces cada vez más arduo, en particular por el clima de fuerte polarización política entre la oposición al gobierno y el gobierno mismo.

Así lo describe Paula Litvaschy:

Ante este escenario nos planteamos con otras organizaciones cómo salir a armar por lo menos un escenario, una foto, un espacio, algo que diga que hay gente que está pensando un poco diferente, que se están pensando cosas diferentes, que hay experiencias de gestión que muestran que puede haber otros resultados, que hay cosas que se pueden hacer, que se pueden discutir, con otro discurso, con otras cosas para mostrar.

Así, comienzan a convocar y a conversar con organizaciones de la provincia de Buenos Aires y del nivel nacional y con grupos y personas con experiencia en gestión en temas de seguridad. Esto es, grupos y personas que pudieran mostrar formas de imaginar las políticas de seguridad en un registro diferente al manodurismo y a la demagogia punitiva. De esta forma comenzó a formarse un espacio que se proponía aglutinar diferentes fuerzas políticas, capaces de coincidir al menos en un mínimo consenso que permitiera construir un "frente discursivo" (Fonseca y Cardarello, 2005) con capacidad de enfrentar, desde un lugar legitimado, las tradicionales políticas de más penas y más castigo.

Del relato de los protagonistas de aquellos días, queda claro que se trató de un arduo y continuo trabajo para convencer a algunos, para limar las rispideces de otros, para no dejar a nadie afuera, para consensuar acuerdos mínimos. Cientos de pequeñas reuniones, de llamadas telefónicas, de correos que van y vienen, de amistades y relaciones que se activan, de elegir quién puede llamar a quién y en qué circunstancias, de qué argumentos usar para convencer y formar un frente. Se llega entonces a consensuar un documento base que es firmado por las principales fuerzas políticas, por referentes de organizaciones sociales, gremiales, de la cultura y religiosos y por autoridades e investigadores de las universidades nacionales.3

Así, el 29 de diciembre de 2009, en el Congreso de la Nación se presentan diez propuestas orientadas sobre tres ejes: fuerzas de seguridad, poder judicial y política penitenciaria. Se había logrado un gran acuerdo multisectorial del que sólo estaban ausentes el Partido Propuesta Republicana (PRO) y partidos o alianzas de la derecha tradicional. Además de los principales referentes de partidos políticos y de organizaciones sociales y gremiales, adhirieron y asistieron al acto un número ponderable de investigadores sociales y decanos de facultades de las universidades públicas.

Se había logrado la foto. De ahí en más se trataba de que la escena fotografiada se mantuviera vigente y cumpliera sus promesas.

Sobre este proceso, en 2009, quisiera hacer señalamientos que me serán útiles para mis argumentos posteriores. La creación del Acuerdo no fue el resultado de una tragedia nacional o local -como suele ocurrir con muchas iniciativas de organizaciones de la sociedad civil o del gobierno (como la creación del Ministerio de Seguridad)-, sino de la preocupación de un pequeño grupo de activistas en derechos humanos en temas cuya opacidad, hasta ese momento, era notoria y, como bien sabemos, la opacidad suele ser un buen telón para el avance sostenido de políticas regresivas.

Quiero decir, el trabajo o la acción del activismo en derechos humanos fue, en este primer momento, lograr un número significativo de adhesiones para dar forma a un grupo, a un clan nuevo, cuyos miembros provenían de diferentes linajes y tradiciones, de experiencias encontradas y adversas, pero, en ese acto fundacional, en el Congreso de la Nación, en la "foto", ese clan se presentaba en la promesa y el compromiso de un acuerdo que sería respetado en los futuros tiempos electorales, en los cuales, bien sabemos, la conjura de la inseguridad se resuelve prometiendo castigo y cárcel y no políticas democráticas y libertades. Los miembros del clan podían entonces ser demandados por sus pares si no cumplían sus promesas.

En ese clima y como firmantes del Acuerdo, a mediados de 2010, en compañía de Gabriel Kessler y María Victoria Pita, nos propusimos conformar una red de investigadores en el marco del Acuerdo, impulsada desde el CELS como organismo de derechos humanos. Propusimos una convocatoria amplia e inclusiva a todos los investigadores formados y especialistas en estos temas. Convocamos desde el CELS, promotor del Acuerdo y organismo de derechos humanos. Con los más cercanos veníamos hablando de la posibilidad de organizar un encuentro sobre temas puntuales y comunes, que aparecían luego de contarnos nuestras experiencias cotidianas de trabajo, pero claro, ello no sucedía con todos.

Porque todos reconocemos las diversas fronteras que muchas veces dividen nuestro campo -pertenencia institucional, adscripción a grupos diferentes, competencia por recursos y proyectos, historias personales, etc.-. Por ello, nos pareció apropiado hacer la convocatoria desde el campo de una organización de derechos humanos. Todo aquel que se reconociera en esa historia nacional, que asumiera esa identidad que a tantos nos une, se sentiría convocado. Además, el CELS acredita preocupación e interés genuino por el tema desde hace ya muchos años, ha sido un organismo pionero en pensar la violencia del Estado y la seguridad pública como un problema de derechos humanos y como materia de investigación social.

Así, las muchas y sin duda genuinas diferencias dejaron de tener relevancia. Decíamos en la primera convocatoria:

Pensamos que, como intelectuales que trabajamos temas comunes, es importante que nos reunamos para comenzar a discutir diversas formas de aportar y/o afrontar el debate público y académico, más aún teniendo en cuenta el año electoral venidero y la expansión de lo que se ha dado en llamar el populismo punitivo. Por otra parte, varios de nosotros somos firmantes del Acuerdo y creemos que la discusión común es una forma de darle encarnadura.

Proponemos entonces una primera agenda de discusión acerca de cómo pensar nuestras investigaciones en relación al Acuerdo; cambiar opiniones acerca de cuál es nuestro lugar como investigadores respecto a opinar, proponer, apoyar o criticar políticas públicas en el campo de la políticas criminales; cómo instalar temas en la agenda pública y también, como plantear nuestra relación con los medios de comunicación.

La reunión tuvo lugar en septiembre de 2010, en la sede del CELS. Participaron más de quince investigadores sociales formados, de las universidades y centros de estudios de la ciudad y el conurbano. Sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, filósofos. Armamos una minuta, con un breve programa de trabajo en el que se proponía:

La idea es que en la reunión podamos poner en común nuestros trabajos de investigación, y especialmente aquellas cuestiones que provienen del trabajo de campo, del trabajo empírico y de la indagación histórica. Buscamos con esto, por una parte, reunir datos y problemas resultantes de estas investigaciones, con miras a recopilar y sistematizar información cuali y cuantitativa y junto con ello avanzar en la discusión conceptual y metodológica. Pero también, simultáneamente, aspiramos a llevar adelante un trabajo estratégico tendiente a instalar sentidos e interpretaciones del "problema de la seguridad pública" capaces de debatir fundadamente con el paradigma dominante. Deseamos entonces con esta primera reunión iniciar una serie de encuentros que resulten en una red nacional de investigadores a través de la cual circule nuestra producción y se generen debates y reuniones de trabajo.

Entendíamos que de esta manera podíamos dar carnadura a los contenidos programáticos del Acuerdo, y generar las condiciones para refutar lugares comunes cristalizados y argumentaciones erradas o falaces respecto de la violencia, la relación legalidad-ilegalidad, el delito y el desempeño de las fuerzas de seguridad; así como consolidar una voz propia en torno a estas cuestiones y a nuestra(s) diversas participaciones o intervenciones, ya en el análisis, ya en la formulación de políticas públicas específicas.

A esta primera reunión siguieron dos más. En una, a principios de noviembre, se incorporaron jóvenes investigadores y becarios y en la segunda, a comienzos de diciembre, se invitó a investigadores de las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Tucumán y Salta y a Roberto Kant de Lima por su experiencia de trabajo en Brasil. Hubo así una puesta en común de los trabajos de investigación de todos los invitados y sus equipos de investigación y fue posible debatir sobre las diferentes dinámicas locales y regionales, así como sobre la dimensión histórica de los problemas, imaginada como una herramienta comparativa. Compartimos también preguntas e inquietudes, en particular con respecto a la relación con los medios de comunicación y con posibles estrategias para no quedar atrapados en un discurso que escapa a nuestro control y propósitos. Por ello se propuso avanzar en/hacia la construcción de una agenda para discusión pública que definiera temas y encuadres específicos sobre asuntos puntuales.

Coincidimos también en poner en común y trabajar sobre dos grandes corpus de datos para los que está vedado el acceso a la información pública: los datos cuantitativos y estadísticos producidos por diferentes agencias estatales sobre criminalidad, delito y participación de las policías en ellos y, por otra, los archivos históricos de las diferentes fuerzas de seguridad. En particular, de la Policía Federal Argentina, cuyas bibliotecas y archivos no son de acceso público para la investigación científica.

Con una agenda de trabajo armada y con una importante red de investigadores movilizados, llegamos a fines del año pasado. Entonces ocurren los hechos del Parque Indoamericano. Seriamente preocupados por la situación, resolvimos convocar a una nueva reunión, y esta vez sumar a investigadores que provenían de diferentes áreas: especialistas en el tema de vivienda, en la lucha por la tierra, en migraciones, en políticas públicas; invitamos también a referentes sociales del barrio y a defensores públicos que habían tenido una destacada actuación en el conflicto.

La reunión fue importante para demostrar que no hay problemas de seguridad, sino que la seguridad pública está íntimamente ligada con problemas sociales y económicos, con problemas históricos y con intereses políticos y sectoriales. Es cierto que todos lo sabemos bien, pero poder reunirnos y debatirlos desde los diferentes campos disciplinares y de acción política ha sido un acontecimiento bastante extraordinario.

Decía antes que una de las consecuencias del conflicto del Parque Indoamericano fue la decisión presidencial de la creación del Ministerio de Seguridad. Sin duda, en ello, las acciones del Acuerdo de Seguridad Democrática fueron más que relevantes: el gobierno se decidía a encarar políticas de seguridad pública y a asumir el control civil de las fuerzas.

Durante el pasado verano, varios de los integrantes del Acuerdo para la Seguridad Democrática y de la red de investigadores fueron convocados como funcionarios del nuevo Ministerio y han aceptado. Otros preferimos seguir trabajando desde la universidad, desde el Acuerdo, desde la investigación. A comienzos de este año, y con un nuevo horizonte, participamos de un Seminario Internacional organizado por el Acuerdo, en una mesa en la que la historiadora Lila Caimari, los sociólogos Gabriel Kessler y Mercedes de Virgilio y yo misma presentamos la red. En otras mesas, otros investigadores debatieron los ítems de agenda que nos habíamos propuesto. La ministra de Seguridad cerró el Seminario. Durante este año 2011, la red ha funcionado virtualmente, así como a través de encuentros informales y consultas variopintas.

Por un lado, varios de los integrantes de la red, decía, son hoy funcionarios activos del nuevo Ministerio, otros, han sido convocados como consultores o miembros de comisiones, otros más comenzamos a entrar como investigadores por las puertas que se nos abren en un campo tradicionalmente vedado y cuya veda hemos denunciado reiteradamente.

Es claro que la experiencia que narro está aún en marcha y es reciente. El nuevo Ministerio ha tomado varias de las históricas demandas de los investigadores, en muchos casos impulsadas por nosotros mismos: identificación y apertura de los archivos policiales, a cargo ahora de profesionales civiles idóneos en el ordenamiento, clasificación y resguardo de los datos; mesas de discusión con especialistas acerca de cómo producir datos sobre la cuestión criminal; intervención activa sobre la formación y actuación de las fuerzas policiales y de seguridad; publicidad de las acciones y políticas del Ministerio, entre otras.

¿Cómo continuaremos trabajando en la red? ¿Cuál será la vida de la red? No puedo dar respuesta sobre ello. Es cierto que se nos abre un campo fascinante de trabajo y que todos estamos comprometidos en él, con diferentes intereses. Es posible que ello resulte en otros grupos y en otras asociaciones o no.

Pero no quiero dejar de señalar que me parece particularmente importante que a los investigadores nos una el horizonte de los principios de los derechos humanos. Porque es una muestra cabal que el significado de los derechos humanos, en nuestro país, incluye los problemas y las tribulaciones del presente, en el reconocimiento de la singularidad de este presente, pero también de la complejidad de nuestro pasado.

Notas

1 Entre el 7 y el 10 de diciembre de 2010, fue ocupado por familias con graves problemas habitacionales el Parque Indoamericano, ubicado en el barrio de Lugano de la ciudad de Buenos Aires. La ocupación pacífica dio lugar a una violenta represión ordenada por la justicia y el gobierno de la ciudad, en la que participaron la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana, dejando como resultado dos muertos y cientos de heridos. Así, las fuerzas de seguridad traspasaron el límite de no represión de la protesta social que ha sido política del gobierno nacional los últimos años. Días después, por medio de la intervención nacional, se convocó a referentes sociales que participaban de la ocupación, se diseñó un cerco perimetral con fuerzas de Gendarmería Nacional y se resolvió una salida política que permitió levantar la toma pacíficamente (CELS: 2012; AA. VV.: 2011).

2 El Ministerio de Seguridad fue creado en diciembre del año 2010 - Boletín Oficial del 15 de diciembre, Decreto 1993/2010.

3 El listado de los firmantes y los documentos está disponible en: http/www.asd.org.ar

Bibliografía:

1. AA. VV. 2011. "El Parque Indoamericano en 2010. Otras tramas otras miradas". Revista Electrónica Temas de Antropología y Migración, Nro.1. http://www.migrantropologia.com.ar/images/stories/PDF/Revista1.pdf. (3 de agosto de 2012)        [ Links ]

2. CELS. 2012. Derechos Humanos en Argentina Informe 2011. http://www.cels.org.ar/common/documentos/cels_final_2011.pdf. (3 de agosto de 2012)        [ Links ]

3. FONSECA, Claudia y CARDARELLO, Andrea. 2005. "Derechos de los más o menos humanos". En: Tiscornia, S. y Pita, M.V. (eds.). Derechos Humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios de Antropología Política. Buenos Aires: Antropofagia. pp. 66-98.         [ Links ]

 

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