ARTÍCULO

¿Destinatarias emprendedoras o beneficiarias dependientes? Segmentaciones discursivas en la implementación municipal de una política social en la Argentina

Ana Laura Rodríguez Gustá^*

 

^* Ana Laura Rodríguez Gustá es doctora en sociología por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos). Es investigadora adjunta del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. Correo electrónico: ana_laura_gusta@yahoo.es.

Fecha de recepción: junio de 2012. Fecha de aprobación: mayo de 2013

 

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Resumen

Este artículo analiza el régimen discursivo de género de la implementación de un programa de transferencia monetaria condicionada, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en el Municipio de Moreno, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. A partir de una metodología cualitativa centrada en entrevistas a actores institucionales, se reconstruyeron las imágenes acerca de las mujeres de menores recursos. El enfoque de economía social esgrimido por el Municipio no promovió una valoración de las competencias culturales de la totalidad de las beneficiarias. En principio, la gestión municipal habría favorecido a las mujeres que ya contaban con algunas competencias para asumir los desafíos de iniciar y mantener microemprendimientos. De esta forma, hay un régimen discursivo de género bifurcado según grupos de destinatarias, porque la construcción de imágenes en torno a las mujeres y sus condiciones de vida varía según se trate de las microemprendedoras o del resto de las beneficiarias. Se reproducen visiones tradicionales de género precisamente entre las mujeres más vulnerables.

Palabras clave: Políticas públicas de género; Regímenes discursivos de género; Programas de transferencias condicionadas; Gestión local; Políticas sociales

 

Entrepreneurial program recipients or dependent beneficiaries? Discursive segmentations in the local implementation of a social policy in Argentina

Abstract

This article examines the discursive gender regime in the implementation of a conditional cash transfer program, Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Unemployed Household Heads Plan) in the Local County of Moreno, Province of Buenos Aires, Argentina. Based on a qualitative research method centered on interviews with institutional actors, we reconstructed the images about women with scarce resources. The social economy approach held by the municipal management did not value the cultural competencies of the entire population of female beneficiaries. In principle, the local management favored those women with competencies that allowed them to assume the challenge of starting and maintaining micro enterprises and self-employment. Thus, there is a bifurcated gender regime depending on the group of beneficiaries, because the imagery about women and their living conditions vary depending on whether they are micro entrepreneurs or not. Traditional images are reproduced, precisely, among the most vulnerable women.

Key words:Public Gender Policies; Discursive Gender Regimes; Conditional Cash Transfer Programs; Local Management; Social Policies

 

Destinatarias empreendedoras ou beneficiárias dependentes? Segmentaçãoes discursivas na execução municipal da política social na Argentina

Resumo

Este artigo analisa o regime de gênero discursivo da implementação de um programa de transferência condicional de renda, o Plano de Chefes de Família Desempregados no Município de Moreno, na Província de Buenos Aires, Argentina. A partir de uma metodologia qualitativa baseada em entrevistas com atores institucionais, as imagens das mulheres de baixa renda foram reconstruídas. A abordagem da economia social proposta pela municipalidade não promoveu uma valorização das habilidades culturais de todas as beneficiárias. Em princípio, a administração municipal teria favorecido as mulheres que já tiveram algumas habilidades para enfrentar os desafios de iniciar e manter micro-empreendimentos. Assim, há um regime discursivo de gênero bifurcado por grupos-alvo, porque a construção de imagens sobre as mulheres e suas condições de vida varia entre as micro-empreendedoras e outras beneficiárias. Se reproduzem visões tradicionai! s de gênero precisamente entre as mulheres mais vulneráveis. Além disso, há avaliações de caráter maternalista que permeiam inclusive as valorações dos atributos das mulheres consideradas mais dinâmicas.

Palavras-chave: Políticas públicas de gênero; Regimes discursivos de gênero; Programas de transferências condicionadas de renda monetária; Gestão local; Políticas sociais

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Introducción

Este artículo analiza el régimen discursivo de género en torno a la implementación de un programa de transferencia monetaria condicionada, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, en el Municipio de Moreno en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Según las teorías feministas del Estado, por régimen discursivo de género entendemos los signos y símbolos culturales con los que las burocracias se refieren a la población destinataria de la ayuda pública social (Adams y Padamsee, 2001; Korteweg, 2006). Sobre la base de ellos, los actores estatales construyen imágenes acerca de quiénes son los merecedores de esta asistencia. En particular, las imágenes de género -así como las de clase y raza- son un eje primordial para establecer derechos y criterios de elegibilidad entre las personas beneficiarias y, también, para definir y dar sentido a las acciones implementadas desde el aparato estatal (Adams y Padamsee, 2001; Brush 2002; Korteweg, 2006; Misra y Akins, 1998).

Korteweg (2006) ha demostrado que las nociones de derechos sociales de mujeres no se edifican únicamente en las legislaciones y los programas nacionales, sino que, en gran medida, son fruto de las intervenciones públicas en los niveles micro y cotidianos del accionar del Estado. Así las cosas, las burocracias no son meras poleas de transmisión de mandatos normativos. Por el contrario, son actores que despliegan, en forma inmediata y en interacción con la población destinataria de políticas sociales, concepciones respecto del trabajo pago, del papel normativamente asignado a las mujeres y del valor de las tareas asociadas con la reproducción social (Haney, 2002). Por ende, todo régimen discursivo tiene consecuencias pragmáticas fundamentales sobre el orden de género, especialmente entre las poblaciones más vulnerables, puesto que sobre ellas las burocracias despliegan gran poder (Marrow, 2009).

A su vez, los regímenes discursivos de género estarían enmarcados, entre otros factores, en las ideologías institucionales, en las características de los actores que dominan las redes territoriales, así como en las trayectorias burocráticas y las biografías personales de quienes son responsables, en terreno, de la ejecución de las políticas sociales (Haney, 1996). Por tanto, un análisis de las valoraciones del trabajo de las mujeres en situación de pobreza y de sus competencias culturales implica una mirada amplia a la trama de la gestión de los gobiernos, a los perfiles de los actores y a las estructuras institucionales (Gidgeon y Molyneux, 2012). Un reciente estudio de programas de transferencia condicionadas en Costa Rica, Chile y El Salvador (Martínez Franzoni y Voorend, 2012) identificó que en la dimensión "igualdad de respeto" existía mucha variación según la fuente de implementación (por ejemplo, instituciones estatales u organizaciones no gubernamentales), produciendo importantes diferencias en la percepción del conocimiento que pudieran poseer las mujeres pobres. A su turno, esto influiría en cuánta libertad se les daría para disponer del subsidio.

A partir de esta literatura, la premisa de este trabajo es que los niveles locales de gobierno, particularmente los municipios, organizan relaciones de género entre las poblaciones destinatarias, pero dicho proceso no es unívoco. En efecto, los mensajes acerca de los papeles asignados a hombres y mujeres y los atributos culturalmente valorados como femeninos y masculinos son, comúnmente, contradictorios y están en constante flujo y redefinición. También son ambiguas y confusas las imágenes de la autonomía de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y de sus potencialidades personales.

El programa en estudio, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que comenzó en abril de 2002, se orientó a hogares de bajos recursos en respuesta a la aguda crisis económica y social. El Plan buscó asegurar un mínimo de ingresos a la población desocupada con menores de dieciocho años a su cargo. También comprendió a jefes de hogar con cónyuges, cohabitantes o concubinas en estado de gravidez, a desocupados jóvenes y a mayores de 60 años carentes de protección social. Se distribuyó un subsidio a cambio de actividades de "contraprestación" y de la realización de controles de salud y escolaridad de los menores.¹ El monto del beneficio ascendió a 150 pesos por titular, los que en 2002 era equivalente a 47 dólares americanos y a un 50 por ciento del salario mínimo (Faur, 2008). El subsidio fue compatible con la percepción, por parte de otros integrantes del grupo familiar, de becas estudiantiles, de programas adicionales por montos menores, o de ayudas alimenticias.

El programa ha sido una de las respuestas gubernamentales más importante en materia de protección social y de transferencia de ingresos de las últimas décadas (Bogani et al., 2005). Con todo, este careció de provisiones específicas que garantizaran los derechos económicos y sociales de las mujeres, destacándose la ausencia de disposiciones para la conciliación del cuidado con las tareas de contraprestación (Pautassi y Zibecchi, 2010). A pesar de ello, las mujeres conformaron un 71 por ciento de los inscriptos (Roca et al., 2005) y la masividad del programa implicó importantes desafíos para la gestión descentralizada que fue responsable por la organización de las contraprestaciones. En los espacios locales, por ende, fue posible redefinir los términos de inclusión de las destinatarias, ya que la convocatoria y el armado de la contraprestación fue una atribución de los municipios y los consejos consultivos locales. Por ello, el Plan es un caso estratégico para un análisis de género, aunque ya no esté vigente.

El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados es una política social ampliamente estudiada. Existe discusión sobre la aptitud de este programa para garantizar el "derecho familiar a la inclusión social". Cortés et al. (2003) identificaron que el subsidio permitió estabilizar los ingresos de los hogares. Asimismo, el análisis estadístico de Del Tronco (2005) halló que el programa efectivamente concentró sus beneficios en los hogares más pobres, con individuos sin protección social y en situación de riesgo. Bogani et al. (2005) muestran que el Plan no desalentó la búsqueda de trabajo, sino que, por el contrario, al incorporar a mujeres previamente inactivas, aumentó el interés de este grupo en obtener un empleo formal. Pautassi (2004) encontró que el Plan promovió una mejoría relativa de las mujeres en términos de ingresos, pero la vulnerabilidad histórica de las mujeres frente a la discriminación se manifestó en las contraprestaciones realizadas.

La investigación empírica cualitativa es profusa y, principalmente, analiza las representaciones de la población beneficiaria respecto de los significados que adquiere la condición de titular del Plan, sus trayectorias ocupacionales previas y proyectadas, así como las relaciones barriales y familiares que circundan el desempeño de la contraprestación (Correa y Hermina, 2005; Di Marco et al., 2009; Perona et al., 2004; Veigel, 2006; Zibecchi, 2006). Estos estudios, generalmente, examinan procesos de (des)igualdad de género a los que están sometidas las beneficiarias en distintos ámbitos de contraprestación. En general, estos trabajos concuerdan en que el Plan fue, para muchas mujeres, una oportunidad de salir del mundo del hogar e incorporarse por primera vez en ámbitos públicos y comunitarios.

El diseño del Plan y su contenido discursivo formal también recibieron atención a efectos de identificar cómo entran las concepciones de trabajo, de inclusión social y de género. Graffigna y Lucero (2005) argumentan que los textos oficiales fueron omisos respecto del papel de la protección social, del funcionamiento del mercado y de las potencialidades de las propias personas beneficiarias. Tabbush (2008) señala que la narrativa del Plan combinó nociones de "madres morales", "trabajadoras peronistas" y activistas comunitarias, todas estas construcciones discursivas que no promocionan una inserción formal en el mercado de empleo.

El mayor análisis desde el ángulo de la institucionalidad formal fue un estudio sobre la conformación y las dinámicas de los consejos consultivos (Lupica et al., 2003). Se encontró que estos estaban representados, principalmente, por actores estatales locales. Además, se identificó que las organizaciones no gubernamentales enfrentaban serias dificultades para ejecutar las contraprestaciones. En menor número, algunas investigaciones abordan procesos institucionales locales mediante estudios de casos. Goren (2005) examina, dentro del Plan Jefes y Jefas, el componente vinculado con lo que fue el Programa Manos a la Obra en el partido de Quilmes, para identificar que este no logra superar una lógica asistencialista, en gran parte por la ausencia de apoyo del consejo consultivo local encargado de promover y aprobar los proyectos. En el municipio de Tres de Febrero, Salas (2006) encontró una suerte de reproducción de un sistema organizacional patrimonial vertical que afectó al consejo consultivo local y sus decisiones en la ejecución del Plan. Por su parte, Wyczykier (2006) aborda los procesos de articulación entre actores institucionales y sociales en el municipio de de Moreno. Casualmente, personas que ya venían realizando trabajo voluntario en organizaciones comunitarias (mayoritariamente mujeres) antes del inicio del programa, resultaron destinatarias del programa, por lo que este tuvo el efecto de consolidar el tejido asociativo local.

En este contexto, la contribución del presente trabajo a los estudios empíricos del Plan Jefes y Jefas es el abordaje, en el nivel local de implementación, de la dinámica institucional estatal desde un ángulo de género, un aspecto que ha recibido una menor consideración. Por tanto, se procura llenar un vacío poniendo énfasis en la construcción simbólica del orden de género por parte del Estado en los niveles micro sociales.

El municipio de Moreno, donde examinamos la implementación del Plan, también es escogido por ser un caso singular ya que su eje de gestión ha sido, desde 1995, la promoción socioproductiva de microemprendimientos y el autoempleo, propiciando medidas de economía social entre quienes reciben planes sociales. Des Champs y Barberena (2007) y Carmona y Anzoategui (2010) señalan que este municipio -considerado un bastión del Partido Justicialista- presenta verdaderas innovaciones institucionales en materia de desarrollo local y administración municipal. Con un contexto político estable, el municipio evidencia una estructura institucional sólida y articulada, así como una estrategia de desarrollo fuertemente direccionada desde las autoridades locales (Carmona y Anzoategui, 2010). En principio, el enfoque de economía social esgrimido se diferenciaría del asistencialismo² que predominó, respecto de este mismo Plan, en otras localidades (Rodríguez Gustá, 2008). Por tanto, el municipio ofrece una plataforma discursiva que podría producir un mayor reconocimiento de los derechos sociales y económicos de las mujeres pobres, valorando, entre otras cuestiones, sus competencias culturales.

Admitiendo que el Plan fue diseñado en el nivel nacional, pero dado que era posible una redefinición local de las condiciones de ejercicio de la contraprestación, podemos formular dos preguntas empíricas: ¿de qué manera este enfoque benefició a las destinatarias del Plan promoviendo, por ejemplo, contraprestaciones que potenciasen una proyección laboral? Además, dado que entre los sectores populares el cuidado es más un "deber" que un "derecho" (Esquivel, 2012: 143); ¿en qué medida una gestión centrada en la economía social inspiró construcciones simbólicas que jerarquizaran las tareas de reproducción social realizadas por las destinatarias y los conocimientos prácticos así adquiridos? Teóricamente, nos interrogamos si la asistencia pública bajo un enfoque de economía social podría edificar un régimen discursivo de género que produzca una mayor valoración cultural de las beneficiarias y de sus condiciones de vida y que promueva transformaciones en los mandatos de género tradicionales.

A continuación, presentamos un panorama descriptivo de la implementación del Plan en el municipio. Posteriormente, desarrollamos una sección analítica vinculada con la conformación del régimen discursivo de género en Moreno siguiendo tres ejes fundamentales: la autonomía de las mujeres, los saberes prácticos y la tensión entre la reproducción social y la proyección laboral formal de las destinatarias.

 

La economía social local como eje de la gestión municipal

El partido de Moreno, uno de los 24 municipios de la región del Gran Buenos Aires situado en la región norte de la provincia de Buenos Aires, es una típica área dormitorio básicamente comercial, ya que buena parte de su población se traslada diariamente por razones laborales a la Capital. Con más de 370.000 mil habitantes, la estructura de servicios es insuficiente, a lo que se suma una gran heterogeneidad social por su extensión. En 2001, poco antes del inicio del Plan Jefes y Jefas, un 22 por ciento de los hogares tenía necesidades básicas insatisfechas y el elevado desempleo afectaba en forma más aguda a las mujeres (51%) que a los hombres (38%) (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001).

Respecto de la gestión municipal, el gobierno del Partido Justicialista o peronismo (que ha detentado el poder ejecutivo local desde 1995 a la fecha), logró consolidar un proyecto centrado en el desarrollo socioproductivo de pequeña escala (Carmona y Anzoategui, 2010). En primer término, los actores municipales entrevistados afirman que la gestión, lejos de reducirse a las competencias clásicas de "alumbrado, barrido y limpieza", busca promover un desarrollo local social más amplio. Los emprendimientos de pequeña escala de "los sectores populares" y las "estrategias de las familias para generar ingresos" son los actores privilegiados de las medidas municipales porque procuran satisfacer necesidades sociales a partir de formas de producción e intercambio monetario y no monetario basados en la confianza, la reciprocidad y la solidaridad. En segundo término, el municipio se destaca por un perfil propio en el momento de implementar planes sociales nacionales, al reclamar mayores grados de libertad para adecuarlos a las necesidades locales: "Los programas a veces son muy enlatados. Siempre pedimos planes más blandos, que tengan en cuenta la realidad local, que tomen en cuenta lo que pensó el municipio y no sólo lo que se pensó como programa viable desde Nación" (coordinadora, Economía Social). En tercer lugar, el municipio ha introducido acciones innovadoras para el fomento de la producción de escala familiar, adelantándose a las medidas nacionales. A título ilustrativo, por ejemplo, la coordinadora de Economía Social expresó que, cuando comenzó a operar el Banco Social de Micro Créditos en 2001 (que otorga fondos y asistencia técnica para micro emprendimientos), "nos decían que no lo hagamos, que no le prestemos dinero a los pobres, que no tenía sentido; lo hacíamos en soledad, éramos una isla" (citada en Des Champs y Barberena, 2007:17).

En este marco, al iniciarse el Plan en 2001, ya existían medidas orientadas al desarrollo de la economía social cuyos ejes fundamentales son: a) el apoyo a pequeñas empresas, micro emprendimientos y emprendimientos familiares en toda la cadena del ciclo productivo (producción, logística y comercialización); b) la capacitación en oficios y c) la mejora del entorno barrial mediante el estímulo a iniciativas comunitarias.

Al ser indagados acerca de las razones de esta orientación, los actores municipales entrevistados opinaron que las carencias socio-laborales de quienes reciben ayuda social están asociadas a las omisiones de la gestión pública y no a la responsabilidad individual de sujetos en situaciones adversas:

Yo creo que en esto de cómo mirás vos al otro en cada intervención, ¿es un sujeto de derecho o es un señor al que vos le estás dando algo? Yo [creo] firmemente que vos no le estás dando nada, en todo caso el Estado no está procurando ni la décima parte de lo que tiene que poner, porque si la persona está en esas condiciones es porque le faltó laburo y si le faltó laburo es porque hay una política de Estado que hace que falte laburo (tutora, Proyectos productivos; énfasis agregado).

A fin de llevar a cabo una gestión con estos horizontes, se fortalecieron las capacidades institucionales y los recursos humanos, con niveles de profesionalización poco comunes entre municipios del conurbano (Carmona y Anzoategui, 2010). En el año 2000 se creó el Instituto de Desarrollo Económico Local (IMDEL) como organismo descentralizado de naturaleza autárquica. El IMDEL es responsable por los programas sociales y productivos a los que administra en forma coordinada:

Intervenimos por programas, pero los programas se tienen que relacionar. Y eso es un gran esfuerzo que hacemos. El esfuerzo es integrar las áreas; que pueda haber una visión generalizada. Laidea es que todos los profesionales y los actores que trabajan en los programas conozcan todo y puedan ver cómo articulan a los emprendimientos en una estrategia local (funcionaria, Economía Social; énfasis agregado).

El Instituto consolidó un cuerpo de profesionales y de tutores -formados en ciencias sociales y algunos de ellos con posgrados universitarios- para apuntalar los emprendimientos integrados por destinatarios de planes sociales. Al año 2008, el IMDEL tenía aproximadamente 100 personas (un 4% de la planta total municipal, entre permanentes y contratados), además de fondos adicionales para la contratación temporal de personal especializado. En 2011, el presupuesto del Instituto era de $ 9.154.530 y en 2012 de $ 13.301.666, lo cual representó un 3% y un 4% del presupuesto municipal total para esos años.³ El Instituto tiene una abundante oferta de capacitación en oficios que se brinda en articulación con organismos públicos y sindicatos.⁴ Por su parte, la Oficina de Empleo del IMDEL es ampliamente valorada por el Ministerio de Trabajo y por otros municipios.⁵ Un interlocutor de este ministerio, entrevistado a propósito de la experiencia del Plan Jefes y Jefas y de Manos a la Obra, expresó que dicha oficina "es fuerte por el servicio de intermediación y toda la gama de actividades, orientación, apoyo, asesoramiento a empleadores".

En este contexto de gestión, la llegada del Plan representó una nueva oportunidad para apuntalar actividades de desarrollo productivo en micro escala, así como acciones comunitarias y vecinales. Unánimemente, el personal entrevistado acordó en que el Estado es la entidad fundamental para promover el bienestar social de las personas. Por tanto, tiene reservado un papel significativo en la provisión sistemática de recursos para mejorar las condiciones de empleo, ya sea mediante la capacitación en oficios o el apoyo a los emprendimientos y el auto empleo:

[Cuando se inició el Plan] se trató de hacer algo que estuviera a medida de las personas. Brindamos capacitación y asistencia técnica. Después hacíamos que la gente se uniera, hacíamos muestras para que la gente pudiera ver lo que cada uno hacía, preguntábamos en los pequeños comercios si les interesaba comprar eso, la gente se sintió parte de algo, aparte de tener un mango en el bolsillo" (administrador general del IMDEL; énfasis agregado).

En la medida en que vos generás estas condiciones y la gente se siente involucrada, se siente con ganas para empujar, para crecer, para pensar otras cosas. Ganar el espacio público, ganar la calle en el sentido de que me relaciono con vos, significa que estás con ganas de volver a ahondar en el tejido social. No hay nada más deprimente que no tener laburo (administrador general del IMDEL; énfasis agregado).

Pero, dada la masividad del Plan, hubo que ajustar la estructura de capacidades disponibles. En Moreno se inscribieron aproximadamente 40.000 personas, llegando a 29.524 titulares en 2002, el momento de mayor cobertura (MTEySS y SIGEN, 2002). Por ende, a fin de organizar la ejecución del programa, se creó, en el seno del IMDEL, la Coordinación General de Economía Social que cumplió un papel importante en la definición de contraprestaciones. En cuanto a la organización de las contraprestaciones, hubo cuatro alternativas. Una primera variante fue la terminalidad educativa (que se derivó a otro sector del Municipio para su articulación con formación de adultos) y la capacitación en oficios. Esta última fue profusa y alcanzó una oferta de aproximadamente 400 cursos en 14 ramas. Una segunda variante consistió en tareas comunitarias propiciadas por el municipio que implicaron actividades en espacios públicos (construcción de veredas, señalización de escuelas, barrido de plazas, etc.). Por ejemplo, se conformó un grupo de cerca de 60 beneficiarios llamados Promotores de Desarrollo Local que actuaron de nexo entre las necesidades de los barrios y el IMDEL. Asimismo, se promovió la creación de cooperativas de beneficiarios y beneficiarias para trabajar en el marco del Programa Veredas, el Programa de Mejoramiento Barrial y del Programa Federal de Emergencia Habitacional. En octubre de 2002, de los 29.524 titulares, un 52% estaba con contraprestaciones y prácticamente la totalidad de estos (96%) realizaba tareas comunitarias del municipio (MTEySS y SIGEN, 2002). Como expresan dos integrantes del IMDEL:

Yo creo que fue un plan indispensable en ese momento. Nosotros en Moreno hicimos un gran esfuerzo para que fuera con contraprestación y no fuera algo que estuviera desvinculado de una relación con la comunidad. Tratamos de que fuera un pasaje que tuviera que ver con mejorar la capacidad de las personas y que redituara en una mejora para los barrios de las personas (coordinadora, Economía Social; énfasis agregado).

El plan tenía que ser con contraprestación porque no podíamos, en ese momento, tirar un plan a la marchanta; tenía que haber un compromiso de recomposición del tejido social. Porque si vos tenés a un grupo de gente trabajando en el barrio por mejorar la placita, dando una contraprestación por esa ayuda, recomponés mucho más un tejido social que si cada uno se va a su casa con los 150 pesos (tutora, Proyectos productivos; énfasis agregado).

Según estos testimonios, la contraprestación tendría su mayor valor por el fomento de la asociación entre vecinos y por promover encuentros sociales.

En sintonía con el enfoque de economía social, una tercera opción implicó considerar como contraprestaciones las prácticas de autoempleo y los microemprendimientos. A tales efectos, en el momento de la inscripción al programa, los equipos municipales realizaron "talleres de inclusión en el Plan", una instancia de intercambio que permitió el armado de perfiles de las personas y la identificación de emprendimientos familiares y/o vecinales. Esta opción fue una adaptación local del Plan (no prevista en su diseño original) que permitió identificar y reunir emprendimientos personales, familiares y/o vecinales y apoyarlos con las medidas de economía social del municipio:

Nos interesaba abordar este sector invisible, escondido, que no llegaba, porque veíamos que se acercaban y que seguramente eran muchos más de lo que parecía. Fortalecer esa actividad de auto empleo significaba primero fortalecer lo que ellos mismos habían aprendido como estrategia familiar y también significaba menos dependencia de otros planes sociales de ayuda directa. Por lo tanto nos interesaba abordar a este sector desde un área específica y enmarcarlos en un proyecto de desarrollo local, en vez de atenderlos en forma sueltita (coordinadora, Economía Social; énfasis agregado).

El Municipio proveyó infraestructura y herramientas para los microemprendimientos y se destacaron las ramas textiles (mayoritariamente mujeres) y de gastronomía (más balanceados en su composición por sexo). El total de beneficiarios y beneficiarias del Plan Jefes y Jefas que tuvieron emprendimientos fueron aproximadamente dos mil personas. Adicionalmente, en Moreno, el programa Manos a la Obra (un plan nacional de apoyo a iniciativas asociativas de pequeña escala) llegó a 300 proyectos con aproximadamente 1000 personas.⁶ Estos proyectos recibieron créditos del Banco Social a fin de contar con capital de giro, lo que hizo más viable los emprendimientos.

Cuando la crisis era brutal [en 2001], la gente que se metía con los créditos del Banco Social al cabo de dos meses tenía el ingreso de 150 pesos [del Plan Jefes y Jefas] más 300 pesos que le daba la actividad, en un momento que implicaba por lo menos estar ahí de salir de la línea de pobreza. Era lo mínimo que queríamos garantizar (administrador general del IMDEL).

Lo cierto es que el Plan tuvo varios años de ejecución y esto coincidió con la salida de la crisis y una evolución económica favorable del país. Una vez superado el contexto de crisis, los microemprendimientos desarrollados al calor del programa comenzaron a visualizarse con un horizonte diferente: "una posibilidad real de integrarse a un sistema productivo" y no como "un lugar de resistencia", en términos de una tutora de proyectos productivos. Entonces, el municipio fomentó las ruedas de negocios y las ferias y confeccionó una "Guía de productos de economía social". Se comenzó a proyectar una estrategia de comercialización más ambiciosa, con la posibilidad de exportación de productos locales. De hecho, varios de estos microemprendimientos actualmente emplean la marca "Hecho en Moreno" (HEM), un sello de mercado solidario y precio justo que recibe asesoramiento del Centro Municipal de Diseño y Desarrollo de Productos.⁷

Ahora bien, como fue dicho anteriormente, un enfoque de economía social puede redefinir algunos aspectos de la implementación del Plan, particularmente en lo que respecta a las contraprestaciones. En estos ámbitos es posible dar significado a qué es autonomía de los sujetos, cómo son sus saberes prácticos y cómo organizar las responsabilidades de reproducción social en función de una inserción laboral.

 

Los límites de la economía social para la justicia de género

La literatura de economía social destaca que esta se compone de formas colectivas y horizontales (cooperativas, asociaciones mutuales, redes vecinales, etc.) para la producción y comercialización de bienes y servicios, con el fin de otorgar beneficios materiales y simbólicos a sus miembros. Pero, además, estas organizaciones procuran vincularse con sus comunidades para mejorar el bienestar social (Merlinsky y Rofman, 2004). Algunos autores resaltan los valores democráticos y solidarios de estas expresiones económicas, así como los aprendizajes colectivos que facilitan el reconocimiento de necesidades y la articulación de derechos (Larrabure et al., 2011). En particular, estos últimos afirman que las organizaciones de economía social despliegan procesos de aprendizaje entre sus participantes que les permiten rescatar saberes cotidianos y desarrollar mayores grados de autonomía gracias a reglas de auto gobierno. Pero, además, las formas de economía social más recientes en la región son, para estos autores, pre-figurativas,porque introducen prácticas que transformarían los términos en los que el mercado define las actividades con valor económico. Como resultado, las iniciativas de economía social crearían "nuevos sujetos sociales y nuevas relaciones basadas en la dignidad, la igualdad y la libertad" (Larrabure et al., 2011: 183).

Como contrapunto, la literatura sobre género, microemprendimientos y desarrollo ofrece herramientas para comprender que la economía social y el mentado desarrollo social local pueden oscurecer las condiciones disímiles que hombres y mujeres enfrentan en el acceso y usufructo de recursos. Específicamente, las acciones autónomas de los sujetos, los procesos de recuperación y desarrollo de saberes y las prácticas pre-figurativas podrían no traer los frutos esperados para las mujeres. Mayoux (2001), por ejemplo, señala que, si bien habría evidencia de que algunos programas de microfinanciamiento incrementarían la autonomía femenina, hay que considerar las relaciones de poder y las normas que gobiernan los emprendimientos asociativos y las redes. Al ignorarse la complejidad de las relaciones de género, las redes sociales locales pueden acarrear efectos negativos, como recargar de trabajo a las mujeres, volverlas enteramente responsables por los ingresos para el bienestar del hogar y perpetuar condiciones familiares de extrema subordinación (Mayoux, 2001; Maclean, 2010).

Por su parte, las investigaciones sobre programas de transferencia condicionada advierten acerca del abuso del trabajo voluntario femenino y de la territorialización de los emprendimientos como forma de control social. Molyneux (2007) señala que las políticas de combate a la pobreza están predicadas sobre concepciones de género sumamente tradicionales, reproduciendo desigualdades cuyas consecuencias negativas se observan, incluso, en el largo plazo. Martínez Franzoni y Voorend (2012) hallaron que los programas de transferencia condicionada de Costa Rica, El Salvador y Chile descansan en principios de "maternalismo patriarcal", que pone en desventaja a mujeres adultas y a niñas.⁸ Por su parte, Arraigada (2005) afirma que las dificultades de estos programas radican en su diseño: las actividades de mujeres vulnerables permanecen invisibles frente a los ojos de quienes elaboran y ejecutan políticas públicas. Valencia Lomelí (2008) señala que, en varios programas de transferencia condicionada, el Estado impone como asuntos exclusivos de mujeres las tareas de reproducción social (maternidad, cuidado y actividades domésticas), por lo que sugiere instrumentar políticas sociales que reviertan roles de género tradicionales. En efecto, una revisión regional de estos programas hecha por Cecchini y Madariaga muestra que uno de los nudos críticos es su "débil o nula consideración de estrategias de conciliación del trabajo remunerado y doméstico, así como de compensación frente a la mayor sobrecarga de trabajo doméstico que afecta a las mujeres en el proceso de cumplimiento de las corresponsabilidades" (2011: 152).

Por su parte, Daeren (2004) argumenta que, en América Latina, las instituciones de asistencia social percibirían a las mujeres pobres como desconocedoras y desinformadas de lo que es adecuado y conveniente para sus hijos e hijas, al punto que se introducen "requisitos" y "condicionalidades" para que sean "mejores madres". La expropiación por parte de las burocracias de los saberes de mujeres -y de grupos vulnerables como minorías étnicas- ha sido un hallazgo de la literatura feminista y de los estudios críticos de las organizaciones. Según Christopher Lasch (1980), el Estado expandió su control a expensas de la autoridad femenina, la cual habría estado anclada en el ejercicio de saberes adquiridos en la práctica, en la economía doméstica y en el cuidado de hijos e hijas.

Recapitulando, estos corpus de estudios nos llevan a considerar tres dimensiones relevantes para el análisis de un régimen discursivo de género en el marco de un enfoque de economía social: las construcciones culturales de las burocracias en torno a la autonomía económica y social de las mujeres, a los saberes prácticos y a la tensión entre las tareas de reproducción social y la inserción en el mundo del trabajo remunerado.

Paralelamente, la incorporación de construcciones culturales que valoren a las mujeres de menores recursos y sus horizontes de vida suponen la presencia de una institucionalidad de género o bien un equipo técnico con sensibilidad en materia de derechos de mujeres. En el curso de la implementación del Plan, el municipio careció de una política de igualdad de género y de una Secretaría de la Mujer. La Dirección de la Mujer, por ejemplo, recién se inaugura en marzo de 2012, a impulso del gobierno de la provincia de Buenos Aires.⁹ En ausencia de estas estructuras institucionales, un cambio discursivo que permitiera la incorporación de signos y símbolos de reconocimiento de los derechos sociales y económicos de las destinatarias del Plan Jefes y Jefas es menos probable. Como veremos a continuación, los actores municipales perciben la autonomía de las destinatarias en forma compleja y contradictoria, con tensiones en cómo sus competencias culturales pueden ser apoyadas por el Estado para lograr insertarse en el mercado.

Autonomías de las mujeres

Las medidas de ayuda social dependen, en gran medida, de cómo son construidas las poblaciones destinatarias: como dependientes y vulnerables o, por el contrario, como sujetos con horizontes de superación. Al examinar las concepciones de autonomía desde un ángulo de género, Madhok (2007) argumenta que quienes diseñan políticas emplean concepciones excesivamente centradas en los resultados palpables de acciones manifiestas, concretas e inmediatas. Para la autora, la acción de las personas depende de los contextos y de un conjunto complejo de compromisos y valores sociales y morales, por lo cual su ausencia no debería equipararse con falta de autonomía por parte de los sujetos. Incluso los deseos pueden no ponerse en acción, por lo que Madhok (2007) introduce la noción de "autonomía relacional": las personas son socialmente constituidas y sus identidades están cruzadas por las relaciones sociales de género, de etnia, raza y clase. Cualquier lectura sobre la acción finalmente realizada, sin considerar los grados de libertad propiciados por las realidades circundantes y las motivaciones de los sujetos, llevaría a conclusiones falaces sobre la mentada autonomía.

Con estas consideraciones teóricas en mente, este estudio identificó que las construcciones acerca de la autonomía social y económica de las destinatarias difieren según se trate de beneficiarias con microemprendimientos o de quienes realizaron otras contraprestaciones. Respecto del primer grupo de mujeres, se reconoce una autonomía preexistente que se potencia con la gestión municipal y las relaciones sociales entabladas entre ellas mismas. Estas destinatarias eran, ya de por sí, dinámicas y con competencias culturales que les permitieron tomar ventaja de las oportunidades disponibles. Además, estas jefas con emprendimientos fueron visualizadas con "ganas de superarse" y con "iniciativas":

Veo en el rol de la mujer fundamentalmente una actitud ante la crisis de "que tengo que dar de comer a mi familia" y tal vez nunca a esa persona se le transfirió un oficio. Sólo hacía comida para la familia y pensó que esa comida la podía vender y desde una estrategia de supervivencia decidió salir a vender lo que hacía para darles de comer a sus hijos. Y muchas de esas mujeres, que se pusieron en sus casas o que salieron a vender, al integrarse en una red, al ver que tenían posibilidades de crecer su emprendimiento, se integraron en un sistema ya más de consolidación del emprendimiento (coordinadora, Economía Social; énfasis agregado).

La gente con la que trabajé que pasó por el Plan fueron personas con muchas iniciativas y con ganas de superarse. Pero yo trabajé con el sector más promocionado y el sector que tenía un auto empleo, entonces no es la realidad del Plan entero. Esto ya connota que la persona era muy emprendedora porque hay gente que cobró los 150 pesos del Plan y en lugar de comprar comida compró mercadería en un kiosco, pensando en después venderla para hacer más dinero... Nosotros no vamos a obligar a nadie a hacer emprendimientos, trabajamos con el que ya tiene una idea o proyecto en marcha. Entonces, yo te puedo hablar de la parte de aquel grupo dentro del Plan que tenía una actividad muy activa de generación de ingresos. Porque la verdad que para querer poner una ventanilla por 150 pesos en un momento de crisis o que el valor de la harina te implique pasar de hacer pan a hacer costura, tenés que tener una actitud emprendedora o una estrategia de sobrevivencia increíble (coordinadora, Economía Social; énfasis agregado).

Por cierto, un indicador de autonomía, como sugieren los siguientes extractos, es el hecho de que estas mujeres decidieran continuar con su emprendimiento incluso cuando otros integrantes del hogar recuperaran su empleo.

Y, por más que el marido consiga trabajar, con el desarrollo del emprendimiento se fue consolidando como otra actividad importante de generación de recursos en esa familia y ya no quisieron dejar el emprendimiento, más allá de que hubiera otros ingresos en la familia (tutora, Proyectos productivos).

Lo verificamos cuando evaluamos los créditos del Banco Social. Porque allí está toda la economía familiar, entonces vemos que la mujer continúa con el emprendimiento y lo va fortaleciendo como un ingreso al que ya no quiere renunciar, más allá de que recuperen el empleo un hijo u otros miembros de la familia (coordinadora, Economía Social).

Respecto de las destinatarias que no participaron de emprendimientos, las percepciones de su autonomía por parte de los actores estatales, son más restringidas. En lugar de tomar en cuenta las restricciones contextuales de este grupo de beneficiarias, su autonomía aparece como un asunto en gran medida psicológico y producto de la voluntad individual. La proyección laboral de estas mujeres dependería de un proceso de "empoderamiento" propio más que de dinámicas colectivas de reconocimiento de necesidades y adquisición de competencias culturales para ejercer mayor autonomía:

El taller de educación, trabajo y género de la mujer, específicamente relacionado con el género femenino, trata de mostrar a las mujeres cuál es el presente actual, haciendo como un recuento del mercado laboral, de cuál es la situación actual de la mujer y cuál fue antes (...) No solamente tiene que contar con un ingreso de un plan social de asistencia, sino que también ella misma debe comprometerse y cambiar su estructura, en cuanto es posible, a través de la capacitación, mejorar su condición económica actual (funcionario, Oficina de Empleo; énfasis agregado).

Este testimonio ilustra una concepción de autonomía excesivamente centrada en la acción manifiesta y en resultados lineales (la capacitación lleva a la mejora económica), a partir del compromiso individual de las mujeres con las transformaciones de sus circunstancias de vida. No hay consideraciones explícitas de cómo operan las estructuras relacionales de los sujetos ni las del mercado para el que muchas veces la capacitación, por sí sola, es insuficiente. Precisamente, respecto de estas beneficiarias, se expresó que ellas "no podrían dejar su dependencia del plan social. Lamentablemente, lo van a seguir teniendo por el género, por su condición. Algunas tienen mayores posibilidades que otras, en esto vamos a ser realistas"¹⁰ (funcionario, Oficina de Empleo).

En términos de acciones concretas, no todas las capacitaciones adaptaron sus horarios a las restricciones de tiempo de las mujeres, ni tampoco se promovió, desde el municipio, un pasaje claro de la capacitación al mercado de empleo en el caso de las beneficiarias con menores niveles educativos y mayores cargas familiares. Las medidas existentes de promoción y apoyo para la inserción laboral de poblaciones específicas estuvieron destinadas a jóvenes y a discapacitados,¹¹ pero se careció de políticas dirigidas para las mujeres vulnerables. Por su parte, las acciones de promoción de empleo femenino instrumentadas no cubrieron a esta población. A título ilustrativo, por ejemplo, existió un acuerdo con la empresa Wal Mart para la incorporación de operarias de 30 a 40 años con educación secundaria culminada, un perfil educativo que excluyó a las destinatarias del Plan. De hecho, solamente solo un 9,5% de los titulares del Plan había completado este nivel educativo (Des Champs y Barberena, 2007).

En suma, al no visualizar la autonomía desde un enfoque más relacional y reducirla, de hecho, a consideraciones individuales, el destino de un segundo grupo de beneficiarias quedaría a su suerte -una importante omisión desde una lógica de economía social que valora la conformación de grupos para la superación de los sujetos-.

Los saberes de las mujeres

Al igual que con las construcciones de autonomía, los saberes percibidos de las destinatarias difieren según grupos. En primer término, las destinatarias con emprendimientos tendrían conocimientos prácticos previos, adquiridos en el trabajo cotidiano de reproducción social. Dado que estos saberes fueron encauzados en estrategias de sobrevivencia, el municipio los pudo potenciar:

"La mayoría [de las personas en emprendimientos en el Jefes y Jefas] fueron mujeres. Porque las mujeres ya venían sosteniendo emprendimientos que muchas veces tenían que ver con sus conocimientos domésticos como la comida y la costura" (coordinadora, Economía Social).

En principio, entendemos que la sociedad esparce de diferentes maneras, el tema es trabajar asociativamente. Para comenzar me parece muy positivo que se conozcan, que empiecen a articular lo que sea y se da eso, lo ves en todos los grupos, como hay transmisión de saberes; esta cuestión de no sentirse solo, aislado; ya desde ahí está bueno. De ahí apostamos a más por supuesto (tutora, Proyectos productivos; énfasis agregado).

De esta forma, el municipio colaboró con estas destinatarias para que pudieran agregar valor a su producción. Además de capacitación, proporcionó asistencia tecnológica, ayuda en el diseño y en la comercialización de productos y acceso a los créditos del Banco Social:

Estamos pensando en el mercado interno e incluso exportación de productos, pero desde procesos organizativos grupales... En esto hay toda una transferencia de conocimiento, de diseño, de packaging, que hace que se posicione en el mercado, entonces estamos pensando en alguien que antes hacía una economía de pobres para pobres, con un nuevo modelo de país, pueda ahora integrarse entre sectores productivos para vender y tener una franja del mercado que no sea marginal (coordinadora de Economía Social, citada en Des Champs y Barberena, 2007: 17).

Asimismo, mediante el sistema de tutorías, se da un sostén continuado a los emprendimientos de este segmento de beneficiarias del Plan:

Nosotros nos hemos presentado muchas veces como el puente entre el emprendimiento y la institución [por el Municipio] y esto me parece que ya está materializado, esa vinculación está. La gente conoce y sabe qué es el IMDEL, sabe que puede tratar cualquier inquietud que tengan, no duda en averiguar más. Como referencia eso es un logro, que no es poco porque muchos de los emprendimientos han caído porque no saben a dónde recurrir; sabemos que la información es valiosa y de este recursos también carece la gente, no solo el económico (tutora, Proyectos productivos; énfasis agregado).

Con todo, los saberes domésticos de las mujeres que han sido adquiridos en su socialización y trayectoria de vida, en ocasiones, serían construidos como algo "natural":

Hay mucho personal femenino en el ámbito textil, pero naturalmente porque la mujer tiene ese conocimiento. Todas las mujeres de los sectores populares tienen los conocimientos de arreglar la casa, entonces a partir de ahí hay una cuestión ya más natural (administrador general, IMDEL).

Así concebidas, las capacidades y las habilidades serían algo propio de la condición femenina, con el consecuente riesgo de producir tajantes divisiones entre tareas "de hombres" y "de mujeres" y de mantener una cultura bipolar de género perjudicial para ellas. Aunque no podemos establecer vinculaciones entre la asimilación de ciertos saberes a cuestiones "de mujeres", con consecuencias materiales tangibles para el caso estudiado, la literatura sociológica señala que, cuando las actividades son estereotipadas como típicamente femeninas, su valoración social y remuneración resultan reducidas.

Pero el núcleo más problemático respecto de la interpretación de los saberes prácticos de mujeres gira en torno a quienes no conformaron microemprendimientos asociativos. Estas destinatarias fueron asignadas a actividades de interés comunitario, las cuales, según el estudio de Des Champs y Barberena (2007), no demandaron calificación especializada. Respecto de estas contraprestaciones, una auditoría del Ministerio de Trabajo y de la SIGEN verificó, incluso, una asignación excesiva de personas así como la ausencia de herramientas necesarias para la realización de labores, por lo que muchas mujeres llevaron elementos propios (MTEySS y SIGEN, 2002:16). En consecuencia, estas beneficiarias no tuvieron la oportunidad de fortalecer saberes previos ni de acumular nuevos y ejecutaron actividades bajo condiciones materiales inapropiadas. Los saberes anteriormente establecidos como "naturales" para las emprendedoras no son imputados a estas mujeres, quienes ni siquiera serían portadoras del conocimiento tácito de lo doméstico. Además, se afirmó que este segundo grupo de beneficiarias no se habría "arriesgado" frente a las posibilidades de aprovechar un seguro para la capacitación en oficio a fin de orientarse hacia el mundo del trabajo remunerado.¹² La boca de salida de este grupo fue, mayoritariamente, el pasaje al Plan Familia y el trabajo doméstico.

Reproducción social versus proyección laboral: el "empleo no mercantil"

Un interlocutor de la Oficina de Empleo del IMDEL expresó que "el esfuerzo de capacitación y de calidad educativa hay que hacerlo con aquellos que tienen posibilidades de insertarse en un país con crecimiento". Esta presunción excluiría a las destinatarias con mayores dificultades para obtener un empleo remunerado. Ante esta disyuntiva, la respuesta discursiva desde el enfoque de economía social fue el "empleo no mercantil".

En grandes trazos, como refleja el siguiente testimonio, las actividades de reproducción social y el cuidado de personas deberían valorizarse. En la medida en que estas tareas sean comunitarias y, por tanto, puedan ser objeto de regulación estatal, el sector público podría remunerarlas:

Hay mucha gente del Plan Jefes y Jefas que no va a reinsertarse en el mercado formal porque el mercado formal, por su edad o por su escasa capacitación, no los va a tomar. Yo creo que habría que conservar una porción del Plan como empleo no mercantil, como hacen muchos países europeos, un empleo muy útil que no es productivo en lo mercantil, pero que podría tener que ver con ayudas y redes sociales: acompañar abuelos, ayudar en comedores o trabajar con personas con capacidades especiales. Todas estas ayudas se necesitan y, especialmente, las mujeres en los barrios podrían hacer un trabajo de mucho impacto social y de inversión social, cobrando una ayuda económica porque no podrían presentarse al mercado productivo (funcionaria, Economía Social; énfasis agregado).

Paradójicamente, esta idea abre y cierra, simultáneamente, las oportunidades de desarrollo disponibles para las mujeres de menores recursos. Al ponderar positivamente el circuito de la economía social y entender que el desempeño de tareas comunitarias es una forma de empleo, se está reconociendo el trabajo de las mujeres dedicado al cuidado de sus familias y sus barrios. En principio, podríamos afirmar que este trabajo sería jerarquizado y reconocido con un ingreso. Se podría suponer que se trata de una alternativa pre-figurativa propia de la economía social, al desafiar la visión culturalmente dominante de la reproducción social como una actividad sin valor. Así, la organización comunitaria y el accionar local del Estado podrían edificar circuitos de creación de valor (y riqueza) que no pasan necesariamente por el mercado.

A pesar de estos buenos augurios, esta perspectiva encierra múltiples contradicciones y eventuales efectos adversos para las destinatarias. Las tareas de cuidado mencionadas en la narración anterior refieren a poblaciones con necesidades muy disímiles entre sí (ancianos, niños, discapacitados). De esta manera, el cuidado, en lugar de ser un conjunto de tareas diferenciadas, sería reducido a un todo homogéneo. Esto desconoce que el cuidado consiste en actividades especializadas y complejas en el manejo de las relaciones personales y, usualmente, de alto estrés emocional (Nizhikawa y Tanaka, 2007).

Además, estas tareas deberían reconocerse en el mercado formal en lugar de conformar un segmento diferenciado de actividad económica. En caso contrario, hay una pérdida relativa de la capacidad regulatoria del Estado, por lo que se rescinde la posibilidad de valorar las tareas de reproducción social, mayoritariamente en manos de mujeres. De hecho, actividades con mentado "alto impacto social" (contención social y cuidado) son construidas como suplementarias a lo validado por el mercado, un mecanismo cuya racionalidad y primacía no se disputa. Siguiendo a Faur (2010), se desconocería tanto el valor formativo del cuidado como la necesidad de una corresponsabilidad de instituciones y actores. Se ignora, además, que la reproducción social contribuye con el producto bruto interno de los países al punto de que, si fueran medidas, se estima que las mujeres pasarían a ser claras "proveedoras" de los hogares.

Las políticas de conciliación y corresponsabilidad entre el trabajo y la familia están lejos de plantearse tanto en la adaptación local del Plan como en otros planes sociales nacionales (Pautassi y Zibecchi, 2010). El siguiente extracto ilustra que, para el municipio, la única salida para las mujeres pobres sería una capacitación sin proyección de inserción laboral que, en todo caso, tendría únicamente una función de bienestar familiar.

Son mujeres, tienen hijos, no tienen posibilidad de conseguir un empleo salvo de servicio doméstico o de cuidado de ancianos o cuidado de niños porque no les dan los tiempos. Esta persona se puede capacitar, pero no puede dejar a sus hijos en la jornada de trabajo porque son menores y porque no tienen ingresos como para poner una niñera. Entonces detectamos que son mujeres, que tienen esa necesidad de estar con sus hijos. Que los críen, que les den la posibilidad de que estos chicos estudien, que estudien ellas (funcionario, Oficina de Empleo, IMDEL; énfasis agregado).

Se reproduce la lógica simbólica de que "nadie cuida tan bien como una 'madre'" (Faur, 2010: 79), quien, en todo caso, cuidaría mejor al adquirir mayores grados de educación. En síntesis, persisten mensajes de tinte maternalista en cuyo marco las tareas de cuidado son parcialmente visualizadas, pero finalmente devaluadas respecto de su contribución económica. En consecuencia, las proyecciones de vida de las mujeres de menores recursos y que no tuvieron microemprendimientos se subordinaron a sus tareas de cuidado, las cuales, a su vez, permanecen sin un cabal reconocimiento y valoración ni apoyos concretos por parte del municipio.

En suma, hay una palpable bifurcación en las construcciones culturales respecto del valor de las receptoras de ayuda social, ya que se distinguen las microemprendedoras de la restante población de mujeres. En la percepción de los actores institucionales, este último grupo estaría conformado por mujeres con altas cargas familiares, con menores niveles de educación y antecedentes laborales. De hecho, casi la mitad de los titulares del Plan en el Municipio solamente tenía la primaria completa (46%) y un 19% no la había terminado (Des Champs y Barberena, 2007). Además de ello, se trataría de mujeres que, en la opinión de los actores municipales, no contarían con lazos familiares que proveyeran suficiente apoyo, lo cual es un rasgo común de los hogares pobres. Como contrapunto, entre las beneficiarias que conformaron emprendimientos, estos vínculos funcionarían en forma más virtuosa:

"Yo veo que, evidentemente, debe haber todo un tema familiar en ese grupo de gente con autoempleo, que se va transmitiendo el tema de generar recursos por sí mismo. Yo lo veo como algo que viene desde los lazos familiares. Uno no es emprendedor mágicamente, porque eso no existe (tutora, Proyectos productivos; énfasis agregado).

 

Conclusiones

Este artículo señaló la existencia de un régimen discursivo de género segmentado que presenta valoraciones disímiles respecto de dos grupos de beneficiarias del Plan Jefes y Jefas, en el municipio de Moreno. Este hallazgo sugiere que las nociones de sujetos de derechos y de responsabilidades del Estado por la suerte laboral de las personas (esgrimidas desde el enfoque de economía social) tuvieron una menor relevancia en el momento de valorar los horizontes de acción de la totalidad de las destinatarias.

En efecto, las construcciones simbólicas respecto de las competencias culturales y de las posibilidades de superación de las destinatarias con microemprendimientos y sin ellos son opuestas entre sí. Para los actores municipales, las microemprendedoras, quienes han sido capaces de generar autoempleo aun como una estrategia precaria de supervivencia, son mujeres con autonomía económica y social y cuyos saberes domésticos podrían cambiar sus circunstancias de vida. La visualización de actitudes personales, como el afán de superación personal, da sentido a las acciones del municipio y a los esfuerzos de los profesionales involucrados con la economía social. En efecto, las imágenes ostentadas por los actores estatales respecto de este segmento de destinatarias corresponden a personas a ser potenciadas en condiciones socio-organizativas adecuadas. Por ello contaron con un cuerpo de tutores, tuvieron acceso prioritario a los créditos del Banco Social y se les otorgaron apoyos derivados de otros planes sociales y productivos. Así, estas beneficiarias distarían de ser sujetos pasivos que únicamente procuran el amparo asistencial del Estado. Por el contrario, son consideras dinámicas y dignas del merecimiento del apoyo municipal. Pero en el contexto del Plan, este grupo de mujeres fue una minoría numérica.

Como contrapunto, la mayoría de las beneficiarias -quienes no tuvieron micro emprendimientos y generalmente participaron de proyectos comunitarios- tendrían, en la perspectiva de los actores estatales, un escaso horizonte de superación por su "condición" de género. Por tal, se interpreta la carga del cuidado de los hijos, vista como una situación fija sin posibilidad de modificación, a lo que se sumaría un escaso nivel educativo. En el mejor escenario, un plan social podría capacitarlas, pero este capital humano tendría como salida el bienestar familiar (la crianza de los hijos) y no una inserción laboral formal de las mujeres. Maternidad, cuidado de hijos e hijas y escasos niveles educativos conformarían tres signos culturales básicos de este segmento de beneficiarias del Plan, sobre los cuales el municipio consideró que poco podría hacer.

A ello se suman interpretaciones de los atributos psicológicos de estas mujeres, como su escasa toma de riesgos o bien valoraciones respecto de sus vínculos familiares, que en principio serían de poco sostén. Así las cosas, las construcciones discursivas en torno a estas mujeres no visualizan la posibilidad de transformación de contextos relacionales adversos, que sí necesitaría de un continuado apoyo coordinado del Estado. Paradójicamente, respecto de estas beneficiarias, se mencionó que tendrían, ellas mismas, que "comprometerse" para lograr un mayor "empoderamiento" y cambiar su entorno. Sin la oportunidad de nutrirse de recursos materiales y simbólicos, un cambio de esta envergadura no es factible. En suma, se considera que estas destinatarias, con escasas competencias culturales para insertarse en el mercado formal, deberían, casi por ellas mismas, transformar sus condiciones inmediatas de vida o, eventualmente, resignarse a continuar dependiendo de un plan social. Los actores municipales ni siquiera mencionaron los saberes vinculados con la reproducción social que sí fueron considerados un capital humano significativo entre las emprendedoras.

En definitiva, el enfoque de economía social no promovió una transformación en la manera de apreciar las competencias culturales de los distintos tipos de beneficiarias. La gestión municipal habría construidos imágenes positivas sobre aquellas mujeres que asumieron los desafíos de iniciar y mantener prácticas de autoempleo mediante emprendimientos individuales y/o colectivos. Pero, entre las beneficiarias más vulnerables, las construcciones de género del Estado resultaron más tradicionales, deslindadas de la responsabilidad de ayudar en el cuidado y en la transición hacia el empleo formal.

Con todo, aun entre mujeres valoradas como dinámicas, las imágenes de género no toman en cuentan las jerarquías de género de las familias y de las redes territoriales. Las capacidades de las mujeres para emplear sus recursos están condicionadas por las relaciones asimétricas en el interior de los hogares e, incluso, en la comunidad. De esta forma, el Estado podría, en forma no intencional, expandir las responsabilidades femeninas sin considerar que los arreglos domésticos conllevan una significativa situación de subordinación.

A fin de institucionalizar prácticas burocráticas que estimulen la justicia de género, es preciso contar con imágenes y signos culturales que hagan salientes las necesidades específicas de las mujeres, así como las dificultades que enfrentan por sus trayectorias de vida e inserción familiar. Sin consideraciones de este tipo, funcionarias y funcionarios del municipio recurren a las nociones estereotipadas de género culturalmente disponibles en el entorno, que se hicieron visibles entre las mujeres más vulnerables y, paradójicamente, más necesitadas de la asistencia pública enmarcada en un enfoque de economía social. Más allá de la recuperación de las mujeres con micro emprendimientos como sujetos activos, en el caso de las otras destinatarias reaparecen signos que las segmentan a cierto tipo de actividad -de menor valor y jerarquía- y que desvinculan al Estado de las responsabilidades de brindar infraestructura de cuidado y de promover mejores condiciones de empleo. De esta forma, el Estado rescinde sus capacidades de regulación de intercambios entre el mundo laboral y el doméstico.

Consecuentemente, en ausencia de una perspectiva de género, las políticas de fomento al empleo enmarcadas en la economía social no serían tan disímiles de las de asistencia compensatoria que el municipio considera inadecuadas. Una agenda específica de género es potencialmente complementaria con la de economía social, pero requiere que el Estado local logre reconocer, interpretar y valorar cabalmente el aporte de las tareas de cuidado a la producción y al bienestar. Más aún, una agenda de género haría posible conceptuar el cuidado como un bien colectivo y, en tal sentido, debería ser provisto por instituciones que aseguren un acceso universal. Tanto para mujeres que han consolidado emprendimientos como para aquellas con mayores dificultades de inserción en el mercado, medidas públicas de reconocimiento de la reproducción social son esenciales para una fehaciente justicia de género.

 

Notas

¹ Las contraprestaciones podían ser de tres tipos: a) la incorporación de los titulares del Plan a la educación formal (terminalidad educativa), o bien su participación en cursos de capacitación laboral; b) su incorporación en proyectos productivos; c) inclusión en proyectos comunitarios y servicios públicos municipales; y, finalmente, d) la inserción laboral en el mercado bajo convenios entre el Ministerio de Trabajo y empresas.

² La política social asistencial está destinada a atender a los sujetos no integrados socialmente por la vía de los mecanismos centrales de inclusión social como la inserción laboral formal, la seguridad social y los servicios sociales universales. Cuando las intervenciones del Estado se reducen a esta política social asistencial, como única vía de promover la inclusión social entre poblaciones vulnerables, estamos frente a una perspectiva asistencialista.

³ Datos reconstruidos a partir de: datos transmitidos en la entrevista por personal del IMDEL, noticias del Municipio extraídas de su página de Internet y actas del Concejo Deliberante registrando la aprobación de los presupuestos anuales de 2011 y 2012 (disponibles en el sitio de Internet del Municipio).

⁴ Según el folleto de capacitación del IMDEL, "Cursos de formación para el trabajo", hay cursos gratuitos en 14 ramas: gastronomía, textil, servicios, artesanías, turismo, idiomas, construcción, economía social, sector cuero, comunicación, metalmecánica, maderas y muebles, sector agroindustrias y ambientación y arte decorativo.

⁵ Las personas encargadas de las oficinas de empleo de Morón y de San Martín señalaron a la de Moreno como una de las más sólidas (entrevistas realizadas en el marco de esta investigación).

⁶ El Plan Manos a la Obra fue iniciado en abril de 2003 y puesto en ejecución en agosto de 2003 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Su objetivo fue apoyar los emprendimientos de economía social realizados por personas desocupadas u ocupadas de bajos recursos mediante asistencia financiera, asesoramiento técnico y así fortalecer las redes territoriales.

⁷ En 2011, una cooperativa textil con el sello HEM recibió el premio "Mujeres innovadoras" otorgado por la Comisión de Discapacidad, Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de la Presidencia del Senado de la provincia de Buenos Aires.

⁸ El maternalismo es una ideología de género que supone que las mujeres son titulares de derecho en calidad de madres o esposas dependientes.

⁹ La única manifestación institucional identificada fue la Mesa local contra la violencia familiar, en funcionamiento desde 2009, pero que no abordó el tema de inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.

¹⁰ Por ello este grupo fue incentivado a pasarse al Plan Familia, iniciado en 2005.

¹¹ El Programa Emprendimientos Juveniles tenía como meta, en 2007, contar con 1000 jóvenes financiados y con asistencia técnica.

¹² Esta posibilidad fue dada por el programa Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo en 2006.

 

Agradecimientos

Este artículo es resultado de la investigación Evaluación de la implementación del Programa de Jefes y Jefas de Hogar en el Gran Buenos Aires, coordinada por Graciela Di Marco con un subsidio de la Universidad Nacional de San Martín. Agradezco los comentarios de Graciela Di Marco y Constanza Tabbush. Cualquier error cometido es de mi entera responsabilidad.

Este trabajo es parte de una investigación más general sobre la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar en tres municipios del Gran Buenos Aires. Para el presente análisis, fueron tomadas únicamente las entrevistas realizadas en el municipio de Moreno y sus documentos e información. Trabajamos con siete entrevistas a actores institucionales: cinco de ellos están situados en cargos de decisión, por lo que aparecen como "funcionarios/as" en el texto, más allá de sus vinculaciones contractuales específicas. Adicionamos una entrevista a una tutora de proyectos productivos y otra a una docente de terminalidad educativa. A fin de contextualizar los hallazgos, fueron revisadas diez entrevistas a destinatarias y a actores de las redes sociales y lo complementamos con nuestras notas de observación y profusos documentos, memoranda y folletería del municipio. La información municipal de la página de Internet (http://www.moreno.gov.ar) fue recopilada durante los años 2008, 2009 y 2010. En 2013 se amplió la revisión de información, incorporando noticias del municipio de 2006 a 2012, que constan en su página de Internet.

Las entrevistas fueron semi-estructuradas y ninguna duró menos de una hora. Fueron grabadas y transcriptas verbatim. La guías para los actores institucionales buscaron producir información respecto de las capacidades del municipio (estructura, organización general, recursos administrativo), imágenes de la población destinatarias (percepciones generales, calificativos y adjetivos utilizados por los actores institucionales, justificaciones de motivos), así como imágenes respecto del Estado (capacidad y voluntad de acción, vinculación con las redes territoriales y con organismos nacionales, restricciones y oportunidades de las políticas públicas). Procuramos evitar respuestas generales sobre estos tópicos y procuramos anclarlas en las experiencias cotidianas de los actores municipales, solicitando ejemplos de situaciones efectivamente vividas. Las entrevistas alcanzaron puntos de saturación por su extensión. El tratamiento de producción para la construcción de categorías dialogó con la literatura mencionada en el artículo, que ayudó a delimitar los ejes sustantivos: autonomía, saberes y tensiones entre empleo y reproducción social.

 

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