ARTÍCULOS

El ingreso de la sociedad civil al parlamento. Nuevos y viejos actores en el debate en torno a la modificación de la actual ley de drogas

Florencia Corbelle ^*

 

^* Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Miembro del Equipo de Antropología Política y Jurídica, SEANSO/ICA/FFyL/UBA. Becaria doctoral CONICET. Correo electrónico: florcorbelle@hotmail.com.

Fecha de recepción: marzo de 2013. Fecha de aprobación: julio de 2013.

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Resumen

En el presente trabajo analizo las transformaciones vinculadas con la creciente participación de la sociedad civil en el ámbito parlamentario luego de la crisis del 2001, a partir del debate iniciado a principios del 2011 en la Cámara de Diputados de la Nación en torno a los proyectos de modificación de la actual ley de drogas. Lo hago retomando el modelo de establecidos y outsiders –propuesto por Elías y Scotson (2000) y luego repensado por Noel (2011)– en la medida en que permite comprender el conflicto desatado entre la demanda de las diferentes organizaciones de la sociedad civil –los outsiders– de ser reconocidas como interlocutores válidos en el Congreso de la Nación y su reconocimiento o no como tales por parte de los actores socialmente legitimados para redactar y discutir proyectos de ley: legisladores, asesores y funcionarios –los establecidos–.

Palabras Clave: Debate parlamentario; Proceso legislativo; Sociedad civil; Activismo político; Ley de drogas

Civil society inside Parliament. Old and new actors in the debate on the amendment of the current drug law

Abstract

In this paper I analyze the transformations linked to increasing civil society participation in Parliament after the 2001 crisis, starting from the debate initiated in the Chamber of Deputies around the drug law reform projects in early 2011. To do so, I take up the established-outsiders model –proposed by Elias and Scotson (2000) and then rethought by Noel (2011)– insofar as it provides insight into the conflict unleashed between the different civil society organizations –the outsiders– claim to be recognized as valid spokesmen in the National Congress and their recognition –or not– by the socially-legitimated actors to draft and discuss bills: legislators, advisers and civil servants –the established.

Key Words: Parliamentary debate; Legislative process; Civil society; Political activism; Drugs Law

A entrada da sociedade civil ao parlamento. Velhos e novos atores no debate sobre a modificação da atual lei de drogas

Resumo

O artigo analisa as transformações ligadas ao aumento da participação da sociedade civil no parlamento após a crise de 2001, a partir do debate lançado no início de 2011 na Câmara dos Deputados sobre os projetos de modificação da atual lei de drogas. Retoma-se o modelo de estabelecidos-outsiders –desenvolvido por Elias e Scotson (2000) e logo repensado por Noel (2011)– na medida em que ele permete compreender o conflito que desencadeou-se entre a demanda das diferentes organizações da sociedade civil –os outsiders– para ser reconhecidos como interlocutores válidos no Congresso Nacional e seu reconhecimento como tais –ou não– por os atores socialmente legitimados para elaborar e discutir projetos de lei: legisladores, assessores e funcionários –os estabelecidos.

Palavras-chave: Debate parlamentar; Processo legislativo; Sociedade civil; Ativismo político; Lei de drogas

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Introducción

En el presente trabajo analizo las transformaciones vinculadas con la creciente participación de la sociedad civil¹ en el ámbito parlamentario luego de la crisis del 2001 (Arcidiácono, 2008; Gargarella, 2005; Hardt y Negri, 2004; Schuster, et al., 2005; entre otros), a partir del debate iniciado a principios del 2011 en la Cámara de Diputados de la Nación en torno a los proyectos de modificación de la actual ley de drogas.²¹ Lo hago retomando el modelo de establecidos y outsiders –propuesto por Elías y Scotson (2000) y luego repensado por Noel (2011)–, en la medida en que ha resultado sugerente para comprender el conflicto desatado entre los actores socialmente legitimados para redactar y discutir proyectos de ley: legisladores, asesores y funcionarios –los establecidos– y la demanda de las diferentes organizaciones de la sociedad civil –los outsiders–de ser reconocidas como interlocutores válidos en el Congreso de la Nación. Pero también, para pensar los diferentes tipos de respuestas que este conflicto genera, sean la estigmatización, la movilización de recursos propios o la construcción de fronteras, aun teniendo en cuenta los límites que el modelo presenta relacionados, sobre todo, a la diferencia existente entre los "casos" analizados –algo que sucede con frecuencia cuando empleamos herramientas analíticas–.

Para ello, describo las formas de trabajo y prácticas cotidianas de los establecidos, las características que han adquirido las acciones de demanda desplegadas por los outsiders en este escenario institucional, así como el modo en que se ha ido configurando una compleja trama de relaciones entre estos diferentes actores. Finalmente, resumo y expongo algunas reflexiones sobre el estado actual del debate parlamentario. Todo ello a partir del trabajo de campo realizado en la Cámara de Diputados de la Nación desde principios de 2011, que comprende tanto la observación participante en audiencias públicas,³ seminarios⁴ y reuniones de asesores y diputados, como entrevistas formales y conversaciones informales con miembros de diferentes organizaciones, asesores y otros empleados parlamentarios.

 

El proceso legislativo

La actual ley de drogas, además de penar el comercio de estupefacientes, penaliza la tenencia de drogas, aun cuando sea para consumo personal, enmarcándose, de este modo, en el paradigma prohibicionista reinante en el nivel mundial que persigue, estigmatiza y penaliza a los usuarios. En el 2010, integrantes de diversos bloques de la Cámara de Diputados de la Nación presentaron proyectos tendientes a descriminalizar a los usuarios de drogas.⁵ Los proyectos fueron enviados a dos comisiones, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Producto de un acuerdo con la Comisión de Legislación Penal, los proyectos comenzaron a ser estudiados en la Comisión de Prevención de las Adicciones, más precisamente en las reuniones de asesores. No obstante, allí fue poco lo que se avanzó. Ello así porque, por un lado, la mayoría de los asesores que conformaban la comisión no eran especialistas en el tema y, por el otro, los puntos a discutir, según los asesores, eran casi en su totalidad de "carácter político", por lo que se trataba de decisiones que debían tomar los diputados. En los meses siguientes, pese al esfuerzo de algunos legisladores por lograr un dictamen de comisión⁶ favorable a la reforma de la ley, la discusión no prosperó y el trámite legislativo se estancó.

El trabajo de asesores y diputados se enmarca, entonces, en un trámite administrativo complejo que se inicia con la presentación de los proyectos de ley en Mesa de Entradas. Allí se abre el expediente, se le otorga un número y se le asignan las comisiones en las cuales será tratado. Los presidentes de las comisiones a las que ha sido enviado el proyecto no están obligados a ponerlo en el temario de la comisión ni a tratarlo. Si lo hacen, las comisiones se expedirán al respecto con uno o más dictámenes que, una vez publicados en el Orden del Día,⁷ podrán –previo acuerdo de los bloques políticos– ser parte del Plan de Labor Parlamentaria⁸ y, finalmente, tratados en la sesión parlamentaria. En definitiva, el trabajo cotidiano en el Congreso tiene lugar en ámbitos bien diferenciados: las comisiones, las reuniones de bloque y las sesiones parlamentarias. Dentro de las comisiones, los proyectos son estudiados, en un primer momento, en las reuniones de asesores. Siguiendo a Abélès (2006), prevalece allí una actividad exegética y semiótica centrada en la comparación de proyectos y en el análisis de "la letra chica de la ley" –es decir, en agregar o quitar una palabra o signo de puntuación, en modificar parte de una oración o en reformular una idea– orientado a las consecuencias prácticas de su aplicación. En otras palabras, el trabajo diario en las reuniones de asesores supone una discusión de "carácter técnico", entre quienes se presume que son especialistas en el tema, destinada a enmendar y enriquecer el texto original.

Por su parte, los legisladores son quienes toman las "decisiones políticas". Para ello, se reúnen con otros legisladores de su bloque, y en ocasiones de otros bloques, con la finalidad de discutir los temas trabajados en la comisión y, si hay "voluntad política", pueden acordar apoyar alguno de los proyectos originales, elaborar un nuevo texto conjunto o bien enriquecer alguno de los proyectos originales teniendo en cuenta las propuestas surgidas en las reuniones de asesores de la comisión. En este sentido, las negociaciones y la búsqueda de consenso dentro y fuera del propio bloque aparecen como elementos centrales en la sanción de un proyecto de ley. De ahí la importancia del lobby –la actividad que realizan grupos de personas que intentan influir en las decisiones de los funcionarios del Estado a favor de determinados intereses–, la "rosca política" –esto es, las operaciones políticas que se realizan por fuera de su "ámbito adecuado", sea el ámbito parlamentario o del partido político–, así comotoda otra serie de estrategias de cabildeo desplegadas por los legisladores que apelan a la filiación y confianza política, la amistad, el respeto, las presiones y acuerdos políticos para concitar adhesiones entre sus pares.

Al contrario, el trabajo de los diputados durante las sesiones de la comisión es usualmente menor y no es poco frecuente que reste únicamente efectuar la votación. Sin embargo, en palabras de una asesora entrevistada, "esto no quita –y lo he visto pila de veces en todos estos años– que llegue un proyecto súper consensuado a la mesa de diputados y, o vuelve atrás, o los mismos diputados le empiezan a hacer modificaciones en el mismo momento de la reunión". Por ello, varios entrevistados manifestaron que, al igual que ocurre con los asesores, los diputados también deberían ser especialistas o poseer amplios conocimientos de los temas tratados en su comisión. Ahora, si bien esto no siempre es así, de todos modos el grado de conocimiento que se tiene sobre el tema no deja de ser un valor a partir del que se juzga el trabajo de los diputados y asesores así como la calidad de la comisión. En este sentido, distinguen entre "comisiones de primera" y "comisiones de segunda",en donde las primeras se considera que son más "técnicas", con una agenda de trabajo "más formal" y contando con integrantes que "saben del tema"; mientras que, con respecto a las segundas, sostienen que "nunca sabés si el asesor habla por sí mismo o si habló con el diputado" y las discusiones son calificadas de pobres.

En lo que respecta a las sesiones parlamentarias, allí los proyectos no son objeto de verdadero debate. Más bien esta instancia es aprovechada para expresar el sentido de la votación usualmente decidida de antemano por los bloques políticos en las reuniones de los bloques parlamentarios. En otras palabras, la sesión plenaria se trata de "una confrontación cara a cara durante la cual el texto se convierte en un 'pretexto', una excusa para la demostración de fuerzas opuestas" (Abélès, 2006:39). De ahí que en los discursos abunden declaraciones de principios, juicios de valor y críticas al partido opositor interrumpidas por aplausos, gritos, bromas e insultos dirigidos al adversario.

 

El ingreso de la sociedad civil

Con todo, a partir del 2001 se hizo cada vez más frecuente la articulación de estas instancias con otros espacios de discusión destinados a fomentar la participación pública en el proceso de toma de decisiones. En parte, esto fue producto de las reformas introducidas en el reglamento de la Cámara de Diputados –entre otras, la reglamentación de las audiencias públicas (agosto de 2001), la obligatoriedad de garantizar la transmisión en vivo de las sesiones y el acceso público a la información a través del sitio web de la Cámara (septiembre de 2006). Sin embargo, más que un cambio en el reglamento, el 2001 puso en marcha una profunda transformación en las formas de trabajo de asesores y diputados, así como en su relación con la sociedad civil. Tal como varios asesores entrevistados señalaron, el 2001 fue un punto de inflexión en el proceso legislativo al que algunos caracterizaron como una oposición entre un "antes [cuando] era impensable la participación de la sociedad civil" y un ahora, en el cual "ningún proyecto que tenga efectos concretos en la realidad puede ser posible sin [su] participación". Ciertamente, el debate en torno a la modificación de la ley de drogas no fue una excepción. A lo largo de los dos años de debate, no sólo se redactaron proyectos de ley en conjunto con organizaciones sociales, se enviaron los borradores de dictámenes para que las organizaciones los pusieran en consideración, se otorgaron entrevistas y se recibió a militantes en oficinas y despachos, sino que también, al poco tiempo de haberse iniciado la discusión, se organizaron audiencias públicas, seminarios y reuniones con invitados.

Pero la creciente participación de las organizaciones sociales no sólo supuso la creación de nuevos espacios de discusión. Las formas de concebir, orientar, pensar y valorar el propio trabajo también se vieron transformadas. A las ya tradicionales clasificaciones –esto es, "comisiones de primera" y "comisiones de segunda"; legisladores de izquierda y de derecha; los que trabajan en su provincia y los que están más al tanto de las discusiones en el Congreso; presidentes de bloque, presidentes de comisión o "diputados rasos"; legisladores "con peso político", "mediáticos" o que "están de casualidad"; "cuadros técnicos", "cuadros políticos" o "levanta manos"; con títulos en abogacía y medicina⁹ o sin formación–, se han sumado valoraciones vinculadas con la relación de los legisladores con la "sociedad civil". Así, los asesores señalan que hay legisladores que "tienen su proyectito cerradito y quieren que se apruebe" y legisladores que "te traen a la sociedad civil", legisladores que quieren el proyecto "Diputado Pérez" y otros que consultan y elaboran proyectos de acuerdo con las demandas de la "sociedad civil".

Por otra parte, las formas de hacer política, es decir, las estrategias, técnicasy prácticas políticas también se han modificado. Aunque el lobby, la "rosca política", así como toda otra serie de estrategias de cabildeo continúan ocupando un rol central en las negociaciones y la búsqueda de consenso dentro y fuera del propio bloque. En los últimos años, la forma de "militar los proyectos" –en palabras de una asesora entrevistada: "hacer todo lo posible para que se trate, hablar con los compañeros de bancada, armar consensos, pedir tratamiento, ir a defenderlo, que los asesores pidan su inclusión en reuniones, hacerle prensa"– ha cambiado. La participación pública ha ganado creciente importancia y se ha vuelto un aspecto imposible de soslayar en cualquier estrategia política. Contar con el apoyo de la "sociedad civil" y poder demostrarlo en las audiencias públicas, seminarios o reuniones con invitados, dota a los legisladores de un mayor poder de negociación en las reuniones que tienen lugar detrás de los bastidores, donde se toman gran parte de las decisiones políticas; pero también en aquellas discusiones que se dan en el recinto. Como sostienen los asesores entrevistados, armar un proyecto de ley y el trabajo cotidiano con diferentes organismos no sólo "te hace quedar bien" y "enriquece el laburo porque hay cosas que vos no sabés porque estás en una oficina con una computadora y los tipos vienen militando, vienen laburando los temas", sino que también "amplía el consenso y le da mucha más fuerza política", así como "le da mucha legitimidad y se les hace muy difícil discutir a los que están en contra".

Con todo, los mismos entrevistados no dudan en afirmar que la participación de gente que no conoce las leyes ni el juego político y carece de experiencia puede "hacer que las cosas no salgan bien". Si no, basta recordar el caso de Blumberg que, en palabras de un asesor, "estés a favor o en contra del aumento de las penas, no se puede negar que hizo un desastre del Código Penal. Hay penas de 50 años y es peor robar un auto que matar una persona. O sea es una cosa espantosa y el tipo iba ahí y decía 'esto no, esto sí, esto no'…".¹⁰ Además, consideran que convocar a una audiencia pública, organizar un seminario o invitar a las organizaciones a participar de una reunión de comisión es una aventura riesgosa que no siempre conduce al resultado esperado. Es más, la participación pública en estos espacios esconde un peligro latente, ya que contribuye a desdibujar los "extremos de la sociedad civil" animándola, por ejemplo, a interrumpir con gritos e insultos el discurso de los diputados durante las reuniones de comisión e incluso a pedir la palabra en las sesiones de la Cámara, amenazando así las prerrogativas de los legisladores como representantes de la sociedad.

Por ello, si bien estas transformaciones han sido, si no impulsadas, al menos bienvenidas por los legisladores y aunque esperan y aprecian la contribución de estos "nuevos actores", es igualmente cierto que consideran necesario indicarles los límites de su participación: "hasta dónde pueden llegar". De este modo, puede afirmarse que se desata en el seno de una discusión de carácter político, donde prima la lógica de las alianzas, un conflicto de carácter identitario caracterizado por el esfuerzo de los asesores, legisladores y funcionarios –en tanto establecidos– por definir y demarcar las anteriormente implícitas y poco problemáticas fronteras que los separan de la "sociedad civil" para poder defenderlas con mayor facilidad y precisión (Elías y Scotson, 2000; Noel, 2011).

 

Erigiendo fronteras

Curiosamente, al igual que ocurre en los procesos de crecimiento demográfico acelerado (Noel, 2011), los legisladores, asesores y funcionarios, en cuanto establecidos, se consideran los antiguos y tradicionales moradores del Congreso de la Nación, incluso cuando la mayoría de los legisladores ha ingresado al mismo tiempo o después que los supuestos "recién llegados".¹¹ Por ello, aunque el carácter de establecido sea expresado, en parte, en clave temporal, más bien descansa en "la capacidad de monopolizar y movilizar de modo exitoso ciertos recursos culturales, sociales y materiales" (Noel, 2011:117). Estos recursos, que pueden asirse en los repertorios cognitivos de los que disponen los asesores, legisladores y funcionarios y que los identifican como establecidos, en su mayoría están relacionados con el trabajo cotidiano en el congreso: conocer la "rosca política" y la "cocina de una ley", saber quién es quién, tener una historia compartida que es transmitida entre los miembros de los partidos políticos, asesores y otros empleados parlamentarios, reconocer los lazos de amistad y rivalidad ancestrales, los títulos universitarios obtenidos y los cargos políticos ejercidos. En suma, se trata de un saber que excede al conocimiento formal, técnico y especializado de las leyes, los códigos y reglamentos parlamentarios y que aparece más bien vinculado al oficio (Barrera, 2012; Eilbaum, 2011). De este modo, conocer el oficio, pero también el "haber sido elegidos por el pueblo", así como el "ser los únicos legalmente autorizados para votar en el recinto un proyecto de ley" es, sin duda, lo que les asegura a asesores, empleados y legisladores un lugar inexpugnable como establecidos. En este sentido, se traza un límite infranqueable para los outsiders quienes, al quedar por fuera, clarifican los límites del grupo del que han sido excluidos.

Por otra parte, en aquellas instancias de debate en las que la sociedad civil es invitada a participar, como lo fueron la audiencia, el seminario y las reuniones con invitados, estas fronteras retóricamente construidas y moralmente reforzadas se materializan en el uso de la palabra, del espacio y del tiempo, tanto como en las prácticas de legisladores, funcionarios y asesores. En el caso de la audiencia pública, del esfuerzo inicial por simbolizar la igualdad de los participantes y de las condiciones de participación –reflejado, entre otras cosas, en la posibilidad de escoger el lugar donde sentarse, la igualdad en el tiempo pautado para la intervención y la ausencia de una jerga especializada–, se pasó progresivamente a la demarcación de un límite entre establecidos y outsiders que se plasmó en las formas de tratamiento y presentación de los expositores, en la valoración jerárquica y consiguiente ocupación diferencial del espacio, y en el manejo arbitrario de los tiempos y de las posibilidades de intervención (Corbelle, 2012a). En lo que respecta al seminario y las reuniones con invitados, más allá de las diferencias, ambos espacios se caracterizaron por un mayor control de los usos del tiempo, el espacio y la palabra. El ingreso a la sala, la ocupación del espacio, el orden y el tiempo de cada exposición fueron todos cuidadosamente planificados con antelación.¹² Por ende, si bien estos ámbitos fomentaron la participación de la sociedad civil, al mismo tiempo actuaron como mecanismos ritualizados de reforzamiento de relaciones jerárquicas e identidades diferenciales. En otras palabras, la dimensión ritual de la audiencia, del seminario y de las reuniones con invitados también colaboró para delimitar, demarcar y consagrar fronteras, haciéndolas conocer y reconocer a todos los participantes del ritual (Corbelle, 2011; Douglas, 2007; Sarrabayrouse, 1998).

No obstante, esta inclusión con exclusión y en algunos casos estigmatización de la que son objeto los "recién llegados" no ha engendrado, a diferencia de lo que sostiene Elías (2000), un "efecto paralizante". Al contrario, los outsiders no por ello pierden capacidad de acción dentro de este escenario institucional, sino que, como desarrollaremos a continuación, al mismo tiempo que defienden los derechos de los usuarios de drogas unos y el paradigma prohibicionista los otros, movilizan sus propios repertorios cognitivos y morales, con mayor o menor éxito, para ser reconocidos como miembros del colectivo socialmente legitimado para debatir los proyectos de ley en el Congreso Nacional.

 

Los outsiders

Lejos de ser un grupo homogéneo, los outsiders son en realidad una gran cantidad de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Algunas están conformadas por especialistas, otras por familiares, consumidores y activistas. Asimismo, al igual que ocurre con los legisladores, algunas de ellas están a favor de la descriminalización del usuario de drogas y otras defienden el modelo prohibicionista. Sin embargo, más allá de su postura en torno al llamado "problema de la droga", podemos distinguir cuatro grandes grupos de acuerdo con los repertorios cognitivos y morales que movilizan para ser reconocidos como interlocutores válidos: las instituciones de reducción de daños, las comunidades terapéuticas, la red de familiares y las agrupaciones de usuarios. Estos repertorios que movilizan los outsiders para fundar autoridad y legitimidad no desconocen, más aún, se entrelazan con la lógica de las alianzas, los consensos y acuerdos políticos. No obstante, lo cierto es que, al apelar a estos repertorios, lo que se resaltan no son los puntos en común en apoyo de alguna de estas dos perspectivas, sino las diferencias, las particularidades, la propia experiencia y experticia.

En el caso de las instituciones de reducción de daños, se trata de un grupo conformado, entre otras, por las ONG Intercambios y Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), pero también por diversos especialistas que tienen un diálogo más o menos fluido con ellas. Los miembros de este grupo son partidarios de la descriminalización del usuario de drogas y comparten la posibilidad de acceder a un repertorio de prestigio similar al de los establecidos. Este repertorio se articula sobre la base de una formación universitaria en derecho, salud, psicología, sociología y/o trabajo social, de una amplia trayectoria profesional y de años de experiencia en la materia y en la defensa de los derechos humanos. No obstante, aunque tienen acceso a recursos materiales, sociales y culturales que los sitúan sin mayores inconvenientes como interlocutores válidos dentro del colectivo al cual reclaman pertenencia, a lo largo de las entrevistas realizadas a sus miembros surge cómo, dada la frecuente renovación de la Cámara, esto no resulta tan sencillo y más bien implica un permanente esfuerzo de acercamiento y diálogo. A pesar del esfuerzo, también buscan distinguirse de los establecidos. Para ello, hacen hincapié en su "perfil de organización con un trabajo fuerte de incidencia política, pero bastante ligado, basado en un trabajo más académico y científico" (entrevista a miembro de ONG).

Por otra parte, aunque estén bien posicionados y los recursos culturales, sociales y materiales a los que tienen acceso sean poco asequibles para los demás outsiders, vigilan las fronteras que los separan de éstos. Así, si bien consideran a los usuarios aliados, también los califican de "inexpertos" y a sus propuestas de "poco factibles". A los familiares, mientras que unos los describen como actores con "legitimidad real" que son cooptados por discursos prohibicionistas y a quienes se desearía convencer de los beneficios de la reducción de daños, otros, en cambio, rechazan su legitimidad al señalarlos como "presos de una red de negociaciones con los punteros políticos y las organizaciones sociales". Al hacer referencia a las comunidades terapéuticas hacen énfasis en sus intentos de acercamiento y remarcan que no están en contra de su existencia, pero luego, off the record,dicen que se trata de "un negociado", hablan del bajo nivel de profesionalización y algunos de sus miembros son calificados como "chantas", tratando de impugnar las virtudes que suelen adjudicarse.

Este otro grupo, al que rotulamos comunidades terapéuticas, cuenta entre sus miembros con los administrativos y profesionales de la salud de las vulgarmente llamadas "granjas", así como con otros especialistas afines a la "lucha contra las drogas", muchos de cuyos miembros, al igual que los de las instituciones de reducción de daños, pueden recurrir a un repertorio anclado en la formación universitaria, sobre todo en salud, y una amplia trayectoria en la materia. Con todo, como las comunidades terapéuticas y el modelo prohibicionista no gozan de un amplio respaldo,¹³ constantemente sus miembros, para ser reconocidos como interlocutores válidos, hacen un esfuerzo por impugnar el repertorio movilizado por las instituciones de reducción de daños y reafirmarse como los especialistas por antonomasia. En este sentido, sostienen que del otro lado hay mucha "gente que se considera experta por autodesignación" cuando "no han hecho ninguna formación". En cambio, ellos no sólo tienen formación en salud, sino experiencia práctica al ser quienes trabajan día tras día en las "granjas". Esta cercanía con las "víctimas" y sus familiares es resaltada, pero guardando bien las distancias. Ellos, en cuanto especialistas, aportan "los datos científicos"; los familiares y "ex-adictos", "la experiencia". Por otra parte, su relación con los activistas usuarios de drogas es, cuanto menos, problemática. Estos no son considerados "víctimas", sino "agentes del narcotráfico", por lo que su participación en el debate es claramente impugnada.

A pesar del abismo que los separa, muchos de los integrantes de las instituciones de reducción de daños y de las comunidades terapéuticas comparten una historia en común, basada en los más de cuarenta años de trabajo e investigación en el área. Es decir, se trata de verdaderos pioneros, son quienes han importado el modelo de la Daytop Village de Estados Unidos¹⁴ y el "Progetto UOMO" de Italia,¹⁵ creado el Fondo de Ayuda Toxicológica,¹⁶ fundado las primeras comunidades terapéuticas e instituciones de reducción de daños y asumido cargos directivos de la SEDRONAR ni bien ésta fue creada.¹⁷ Algunos de sus integrantes, además, al haber participado de reuniones internacionales, haber sido funcionarios e incluso haber ocupado cargos políticos electivos, han circulado por este espacio u otros similares a éste, por lo que poseen un tipo de experiencia de la que los demás outsiders carecen. Asimismo la mayoría utiliza un lenguaje académico y se comporta y viste de un modo formal. En el caso de los hombres, todos usan trajes y, en el caso de las mujeres, trajes sastres, polleras y pantalones de vestir. De modo que hablan, actúan y lucen en forma similar a lo que lo hacen los establecidos. En pocas palabras, su pertinencia como interlocutores raramente es cuestionada, aunque debe ser año tras año renovada.

Un tercer grupo, la red de familiares, está conformado casi en su totalidad por las asociaciones que componen la Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas. Las primeras organizaciones fueron creadas en el 2000-2001 con la aparición del paco¹⁸ en las villas y barrios del conurbano. Aunque muchas llevan una década de existencia, no habían logrado unificar objetivos hasta octubre de 2011 cuando, frente a la amenaza de una probable despenalización de la tenencia de drogas, consiguieron el ansiado consenso en el "Encuentro Nacional de Organizaciones" llevado a cabo en Goya (Corrientes) junto a representantes de las comunidades terapéuticas.¹⁹ Ahora bien, a pesar de compartir objetivos con las comunidades terapéuticas, la forma de construir autoridad y afirmar la legitimidad de su participación en la discusión de la ley es diferente. Los familiares no apelan a la ciencia ni a la experiencia profesional, sino "al amor y al dolor que experimentan en carne propia como cualquier persona que ha amado y criado a sus hijos".²⁰ El dolor se constituye en eje de sus presentaciones y "… puesto en circulación como valor, legitima y, en este sentido, funda una autoridad moral que, presentándose como incuestionable, construye el puente hacia el 'derecho' a intervenir, a reclamar" (Pita, 2010:193).²¹

Por otra parte, los miembros de este grupo pertenecen a una clase social diferente que el resto de los participantes del debate. A este respecto, Elías y Scotson sostienen que, si bien la diferencia de clase es un aspecto importante para comprender la relación establecidos-outsiders, no es el único "diferencial de poder" existente.Más aún, afirman que"… aunque la naturaleza de los recursos de poder puede variar enormemente (…), la figuración entre establecidos y outsiders exhibe características y regularidades comunes" (2000:223).No obstante, en este caso la diferencia de clase es un aspecto que no se puede soslayar debido a que es en ella donde descansa la imposibilidad que tiene este grupo de emular los rasgos diacríticos y acceder a los recursos que los otros grupos –incluidos los establecidos– exhiben para indicar identidad. Así las cosas, su estrategia es, por un lado, marcar esta distancia y reforzarla mediante el uso de pañuelos negros, remeras estampadas con el logo de la Red, carteles y otras insignias que los identifican y, por el otro, desvalorizar los recursos a los que no tienen acceso. En este sentido, suelen remarcar que no hay educación universitaria ni experiencia profesional tal que pueda explicarles a ellas –en su mayoría se trata de mujeres– el "problema de la droga". Tal como lo afirman, han sido ellas quienes sin recursos, frente al abandono del Estado y con la ayuda de las comunidades terapéuticas, le han puesto el cuerpo a la droga y luchado por la vida, no los defensores de la reducción de daños que "fomentan la enfermedad", "atentan contra la libertad y los derechos", "perpetúan el narcotráfico" y ahora pretenden "generar un genocidio" despenalizando la droga. Menos aún merecen su respeto las asociaciones de usuarios conformadas por "chicos de clase media", que "no saben lo que hace la droga en los barrios", a quienes, por otra parte, se considera que no tienen derecho a intervenir ni deben ser escuchados porque son "agentes del narcotráfico" que "enseñan a nuestros hijos a consumir y plantar marihuana".²²

El cuarto y último grupo, el de las agrupaciones de usuarios, está compuesto por las redes de usuarios, las asociaciones cannábicas y el equipo de trabajo de la Revista THC y la Haze, entre otros activistas. Sean de reciente formación, como la mayoría de las asociaciones cannábicas, o tengan un tiempo prolongado de existencia, como las redes de usuarios, todas estas organizaciones cuentan con miembros que tiene una experiencia de larga data en la lucha por la descriminalización del usuario. A pesar de que comparten objetivos, entre ellos también existen diferencias. Mientras que algunos abogan por una legalización de la marihuana, otros defienden la despenalización de todas las drogas como un paso previo y necesario, y no falta quienes prefieren restringir la legalización sólo para los usos medicinales. Sin embargo, la mayoría de estas agrupaciones suele trabajar en conjunto y la pertenencia de sus miembros superponerse.

Ahora bien, dado el carácter ilegal del consumo de drogas, sus actividades –la Marcha Mundial de la Marihuana, las copas cannábicas, las reuniones periódicas de las agrupaciones, etc.– han sido blanco del control policial o bien han sido forzadas a permanecer en la clandestinidad. Recién en el 2006, con la aparición de la Revista THC, este mundo adquiere mayor visibilidad y sus posibilidades de participación se van acrecentando. Tanto es así que en 2010 el equipo de la revista se incorpora en la redacción de uno de los proyectos de ley y comienza a participar activamente en los debates dentro del Congreso, secundado, dos años más tarde, por una agrupación cannábica que con el respaldo de la Mesa por la Igualdad también aportaría otro proyecto de ley al debate parlamentario (Corbelle, 2012b).

Sin embargo, mayor visibilidad no implica aceptación y para ser considerados interlocutores válidos los usuarios se valen de un repertorio que los sitúa como las "verdaderas víctimas" de la prohibición. Esto no sólo implica ubicarse como quienes sufren los costos sociales de la penalización y cuyos derechos como ciudadanos, amparados tanto en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional como en tratados internacionales de rango constitucional –i.e. poder elegir un estilo de vida, hacer libre uso del propio cuerpo, poder acceder al sistema de salud, etc.–, son sistemáticamente violados al ser detenidos por la policía y/o enfrentar un procesamiento judicial,²³ sino también situarse como quienes saben mejor que nadie qué comporta consumir drogas ilegales y cuáles son los peligros que un usuario debe enfrentar. Así, resaltando su experiencia y saber práctico, buscan diferenciarse no sólo de las instituciones de reducción de daños afirmando que tanto su trabajo con los usuarios de drogas inyectables como su política de reducción de daños basada en la distribución de jeringas es una "pérdida de tiempo" debido a que "la cantidad de gente que consume drogas por vía inyectable es ínfima" y, en todo caso, "el mayor número de muertes entre los consumidores de drogas inyectables en Argentina no es el HIV, sino los cortes"²⁴ (entrevista a miembro de una agrupación de usuarios), sino también, y sobre todo, de la red de familiares y miembros de comunidades terapéuticas cuya "completa ignorancia" sobre el uso/abuso de drogas es, en su opinión, patente.

Con todo, estas credenciales corren el riesgo de ser impugnadas por aquellos establecidos, familiares y miembros de las comunidades terapéuticas que continúan considerando a los usuarios como no-personas, sujetos aislados, seres dependientes, enfermos, faltos de voluntad, autonomía, responsabilidad, sin un proyecto de vida, que no estudian ni trabajan y suelen tener una mala relación familiar, además de cómplices del narcotráfico, delincuentes y "propagadores del mal".²⁵ Por este motivo, para reforzar su lugar como interlocutores válidos, este grupo de usuarios se autodefine como "usuarios responsables", es decir, "personas serias" con quienes se puede hablar y quienes, al igual que cualquier otra persona, tienen un trabajo, estudian y tienen una familia que cuidar, diferenciándose así de esos "otros consumidores" que "la bardean", que fuman en la plaza, no trabajan, no estudian, no tienen una familia y ninguna clase de responsabilidad. Esta frontera es custodiada con gran intensidad y algunos usuarios buscan materializarla, además, en el uso de traje y en el hincapié que hacen en sus estudios universitarios, en caso de tenerlos, dentro del Congreso Nacional.

Por lo dicho hasta aquí, se puede afirmar, por un lado, que los outsiders durante sus disertaciones en este escenario institucional, sea que se trate de una audiencia pública, un seminario o reuniones de comisión, no sólo reclaman por los derechos de los usuarios o abogan por la continuidad del modelo prohibicionista, sino que también hacen un esfuerzo por sentar las bases de su autoridad y legitimidad para participar y, de este modo, ser admitidos en el colectivo socialmente legitimado para debatir los proyectos de ley en el Congreso Nacional. Por el otro, se pone de manifiesto en los repertorios cognitivos y morales que movilizan las instituciones de reducción de daños, las comunidades terapéuticas, la red de familiares y las agrupaciones de usuarios para construir autoridad y legitimidad, que la relación entre establecidos y outsiders no puede ser caracterizada como una mera oposición polar (Elias y Scotson, 2000). No sólo porque, como dice Noel, la relación establecidos-outsiders alcanza su adecuada extensión empírica cuando se la interpreta como un "continuum de posiciones en el cual los outsiders de ciertos establecidos pueden bien ser (esto es, reclamarse como) los establecidos de otros outsiders" (2011:101), sino también porque, si bien tanto los establecidos al sentirse amenazados por estas "nuevas gentes" como los outsiders en la lucha por ser reconocidos como interlocutores válidos, buscan cerrar filas y erigen fronteras, las relaciones entre establecidos-outsiders se dan en el marco de una discusión política en donde prima la lógica de la construcción de alianzas, consensos y acuerdos políticos.

En definitiva, con el ingreso de la sociedad civil al debate parlamentario se engarzan dos conflictos disímiles, pero contemporáneos. Uno, de carácter político, que enfrenta a aquellos que están a favor de la descriminalización del usuario con quienes defienden el modelo prohibicionista; y otro, del que nos hemos ocupado en este artículo, de carácter identitario que se manifiesta en las pretensiones de las diferentes organizaciones de la sociedad civil de ser reconocidas como interlocutores válidos en el Congreso de la Nación y su reconocimiento o no como tales por parte de los establecidos. El primer conflicto supone defender una postura política en relación con el llamado "problema de la droga". El segundo vuelve imperativo para las organizaciones sentar las bases de su autoridad y legitimidad para proponer soluciones y evaluar decisiones que se tomen en relación con la problemática de las drogas en general, pero particularmente en el proceso de modificación de la ley actual. En el primero, prima la lógica de las alianzas entre grupos con valores morales compartidos. En el segundo, la construcción de fronteras mediante la movilización de repertorios cognitivos y morales, así como la acentuación de lo que Barth (1976) llama rasgos diacríticos.

 

A modo de cierre: breve reflexión sobre el estado actual del debate parlamentario

Hasta aquí he analizado las formas de trabajo y prácticas cotidianas de los establecidos, las características que han adquirido las acciones de demanda de los outsiders en este escenario institucional, así como las relaciones que se van tramando entre estos diferentes actores. A continuación expondré cómo estas transformaciones que han tenido lugar en el proceso legislativo se han plasmado en el desarrollo y desenlace del debate en torno a la modificación de la actual ley de drogas.

A mediados de 2011, unos meses después de haber ingresado los proyectos al temario de la Comisión de Prevención de las Adicciones, los presidentes de esa comisión y de la Comisión de Derechos Humanos coordinaron una audiencia pública. En aquella oportunidad, se contó con la presencia de jueces, abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo, especialistas, periodistas, ONG, agrupaciones cannábicas y otras organizaciones sociales en su mayoría a favor de la descriminalización de los usuarios de drogas. Poco tiempo después, los partidarios del modelo prohibicionista, enrolados bajo un pequeño partido provincial, organizaron en respuesta el seminario "Avance de las drogas en la Argentina. El debate en el Congreso". Entre sus invitados, si bien también había jueces y funcionarios, prevalecieron los miembros de las comunidades terapéuticas y de la Red de Madres y familiares Víctimas de las Drogas. Pese a estas iniciativas, el año legislativo finalizaría sin mayores novedades. Como diría un asesor, no había "voluntad política", era año de elecciones y, claramente, éste era un tema piantavotos, es decir, un tema complejo.

En mayo de 2012, el debate se revitalizó cuando los principales referentes, tanto del oficialismo como de la oposición que trabajaban el tema, lograron consensuar un borrador de dictamen favorable a la modificación de la ley penal. Una vez concretado el acuerdo, los establecidos que participaron de él esperaban poder concitar adhesiones dentro de sus propios bloques parlamentarios. Para ello, organizaron una reunión conjunta entre las comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones a la que invitaron a participar a los outsiders. Dado el carácter interpartidario del acuerdo y el apoyo de los outsiders, los establecidos confiaban en que el dictamen sería votado al concluir el plenario de las comisiones. Sin embargo, a pesar del amplio respaldo que recibió la iniciativa, la discusión se dirigió hacia la necesidad de contar con un plan de atención de los consumos problemáticos como prerrequisito para reformar la ley penal, tal como deseaban los prohibicionistas. Es así que el debate se trasladó al ámbito de las comisiones de Prevención de las Adicciones, Salud y Presupuesto.

Como se desprende de los párrafos precedentes, el debate parlamentario contó desde su inicio con la participación de la sociedad civil, no sólo en la redacción de proyectos, sino también en audiencias públicas, seminarios y reuniones de comisión. No obstante, el apoyo que manifestaron las organizaciones sociales al cambio de la ley no bastó para que se avanzara hacia la firma de un dictamen de comisión que hubiese permitido tratar el tema en el recinto. Esto no debe llevarnos a pensar que las audiencias públicas, seminarios y reuniones con invitados son escenarios de discusión estériles, cuya función es simplemente proyectar una imagen que ayude a mejorar el prestigio institucional al cumplir con las demandas de transparencia y participación públicas. Al contrario, como intentamos dar cuenta a lo largo de este artículo, estos nuevos espacios de debate son más bien el reflejo de un profundo cambio en las formas de trabajo y en las formas de hacer políticade asesores y diputados que puede caracterizarse como un fino equilibrio entre proximidad y distancia, entre la edificación de fronteras y la construcción de alianzas con los "recién llegados", en donde, si bien la "sociedad civil" participa activamente del debate, son los establecidos quienes, en última instancia, continúan tomando las decisiones políticas.

 

Notas

¹ Dada la polisemia del término sociedad civil, resulta necesario aclarar que en el presente trabajo, lejos de aquellas concepciones que la definen como una entidad unívoca, homogénea y opuesta al Estado, la entenderemos, en tanto categoría analítica, como una trama heterogénea de organizaciones, atravesada por múltiples disputas, conflictos y escenario de luchas sociales y procesos políticos (Gramsci, 1975), que interactúa permanentemente en y con las burocracias y agencias que conforman el Estado (Gupta, 1995). Mientras que, cuando aparezca entre comillas, su uso remitirá a la categoría nativa utilizada para referirse a un grupo de organizaciones activistas que impulsan políticamente un tema. En este sentido, no sólo es la forma en que legisladores y asesores se refieren a estas organizaciones, sino también las propias organizaciones a ellos mismos.

² La actual ley de drogas (Nº 23.737) consta de una multiplicidad de artículos. Pero los delitos que ingresan con más frecuencia al sistema judicial son aquellos que penalizan la "tenencia para comercialización", la simple tenencia de estupefacientes –"tenencia simple" –, y "la tenencia para uso personal". A su vez, estos artículos se complementan con otros vinculados con la aplicación de una "medida de seguridad curativa o educativa"en caso de que la persona que está siendo juzgada dependa de estupefacientes. Por otra parte, es preciso no olvidar la existencia de los delitos por contrabando de estupefacientes tratados en el art.866 del Código Aduanero, que en su mayoría recaen en los eslabones más débiles del tráfico y que también son objeto de discusión en la actualidad.

³ De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, las Audiencias Públicas son reuniones que organizan las comisiones para debatir proyectos o asuntos sometidos a su consideración. Para ello, se convoca a especialistas y a todas aquellas personas interesadas en brindar información o presentar su opinión sobre el tema –entiéndase, la ciudadanía en general, personas jurídicas de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad–. Generalmente se celebran varias audiencias, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, para recabar la mayor información posible y la opinión de referentes sociales sobre el tema.

⁴ Los seminarios no aparecen mencionados en el Reglamento de la Cámara de Diputados. No obstante, al igual que las audiencias públicas, son organizados por diputados o por comisiones parlamentarias. Pero, a diferencia de las audiencias, el tema a debatir o estudiar no necesariamente está vinculado con la discusión de uno o más proyectos de ley. Además, la convocatoria no es pública, sino que la lista de invitados es confeccionada por los organizadores. Entre los invitados puede haber legisladores, funcionarios, especialistas, miembros de ONG y otras personas.

⁵ Los proyectos fueron presentados por diferentes bloques políticos, específicamente, la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente para la Victoria (FPV), el Partido Socialista, Libres del Sur y el GEN (Generación para un Encuentro Nacional).

⁶ El dictamen de comisión es una decisión adoptada por una o varias comisiones sobre un proyecto sometido a su consideración. Los dictámenes se realizan por escrito y pueden ser de diversos tipos: por unanimidad; por unanimidad con modificaciones al proyecto original; por la mayoría o por la minoría, con o sin disidencias parciales (Glosario de la Fundación Directorio Legislativo. Disponible en: http://www.directoriolegislativo.org).

⁷ Publicación impresa de los despachos emitidos por las comisiones del Congreso de la Nación (Glosario de la Fundación Directorio Legislativo. Disponible en: http://www.directoriolegislativo.org).

⁸ Confeccionada por la Comisión de Labor Parlamentaria, contiene el temario a tratar en las sesiones parlamentarias.

⁹ La abogacía y la medicina son las profesiones más valoradas dentro del Congreso.

¹⁰ Juan Carlos Blumberg es un empresario textil cuyo hijo fue secuestrado y posteriormente asesinado por sus captores en marzo de 2004. El crimen movilizó a un sector de la clase media que, en una serie de marchas a los edificios que albergan los distintos poderes del Estado, reclamó por la inseguridad en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. En estas oportunidades, Blumberg presentó y entregó a diferentes funcionarios un petitorio de siete puntos con miras a endurecer las penas, bajar la edad de inimputabilidad y reformar el sistema judicial. A lo largo de 2004, varias de estas peticiones se volvieron ley pasando a ser conocidas como las "Leyes Blumberg" (Martínez, 2005; Van Den Dooren y Calzado, 2008; entre otros).

¹¹ En nuestro país, la tasa de reelección de los legisladores es una de las más bajas de Latinoamérica. Es más, la mayoría de los legisladores en ejercicio no se presenta a renovar su mandato (Asociación por los Derechos Civiles. 2006. Informes del Congreso 2005. Disponible en: http://www.adclegislativo.org.ar).

¹² El Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación nada dice sobre seminarios así como tampoco regula la forma en que deben conducirse las audiencias públicas. Simplemente se limita a indicar que deben regirse "por los principios de simplicidad, oralidad, informalismo, participación y economía procesal", dejando a discrecionalidad de las autoridades de la comisión o comisiones los requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes (art. 114 bis). Lo que no implica que estas reuniones no se planifiquen con antelación.

¹³ La "mala fama" de muchos de estos establecimientos –entre ellos, Gran Paraíso, Manantiales, Ibicuy, Volver a Empezar– se fue construyendo y consolidando sobre la base de denuncias hechas por familiares, profesionales de la salud y funcionarios por abusos, castigos psíquicos, malas condiciones habitacionales, malversación de fondos públicos y bajo nivel de profesionalización de sus empleados. Algunas de estas denuncias han sido recogidas por los medios de comunicación. En este sentido, se pueden consultar las notas del diario Página/12 "El castigo como un tratamiento", del 29/03/1998, "Buscarlos, pero no para encerrarlos" del 25/03/2009, "Rompe el negocio de internar", del 26/08/2009, "Un protocolo común para atender a los consumidores", del 21/09/2009; la nota del diario Clarín "A juicio por huir de una granja para adictos: fueron absueltos", del 28/06/2011; y "Vigilar y Castigar", publicada por la Revista Veintitrés el 25/04/2012, entre muchas otras.

¹⁴ La comunidad terapéutica Daytop Village es fundada en 1963 por el Dr. Daniel Casriel y el padre William O'Brien, de la iglesia católica de los EEUU. El modelo propuesto se caracteriza por la estructura verticalista y jerarquizada, la participación de profesionales y "adictos recuperados", las estancias prolongadas, el tratamiento por etapas, un sistema de premios y castigos, la confrontación directa y el enfoque abstencionista (http://www.daytop.org/).

¹⁵ En 1979, Mario Picchi, quien conducía desde 1971 la Organización Civil "Centro Italiano de Solidaridad" (CeIS), encargada de brindar servicios asistenciales, funda junto a Juan Pares Plans, en el marco de esta organización, "Proggeto UOMO". Si bien en sus orígenes el proyecto estaba muy ligado al modelo Daytop, en la década del 80 desarrollará características propias, como ser: el reconocimiento de la importancia del abordaje familiar y la definición de objetivos terapéuticos más individualizados (http://www.ceis.it/).

¹⁶ Fundado en 1966 por el Dr. Alberto Calabrese, funcionó hasta el año 1980 en la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

¹⁷ La SEDRONAR fue creada por decreto presidencial en 1989, el mismo año en que se sancionó la actual ley de drogas Nº 23737.

¹⁸ Nombre con el que se popularizó la PAsta base de COcaína en nuestro país a partir del incremento de su consumo, luego de la crisis del 2001. Es una droga de muy bajo costo elaborada con residuos del proceso de producción de clorhidrato de cocaína. Se suele consumir por vía respiratoria en pipas (generalmente caseras).

¹⁹ Al encuentro asistieron las asociaciones civiles Honrando la Vida, Nuestra Señora de Luján, Nazareth, Reencontrándonos, Provida, Grupo Padres Preventores Las Varillas, Madres Guiando la Vida en la Lucha Contra el Paco, Red Madres contra el Paco Corrientes, Hay Otra Esperanza, Asociación Antidrogas de la República Argentina; y las fundaciones Vida, Cultura y Sociedad, Ayudar, entre otras.

²⁰ Existe una organización, la Red Madres Contra el Paco y por la Vida de Lomas de Zamora, que está por fuera de dicha red, ya que, a diferencia del resto, no acuerda con la lógica prohibicionista y defiende la despenalización. Esto, por otra parte, no implica que la forma de construir autoridad y legitimidad no sea exactamente la misma que la de las organizaciones que conforman la otra red.

²¹ En este sentido, su forma de hacer política es muy similar a las de otros grupos de familiares, a este respecto ver Pita (2010).

²² El esfuerzo por silenciar a este grupo puede rastrearse, por ejemplo, en las repetidas ocasiones en que han intentado cerrar la Revista THC por apología del consumo de drogas. La más conocida de ellas es la que fue presentada por la Asociación Antidrogas de la República Argentina contra la Revista THC ante la fiscalía especial contra la droga (UFIDRO), que fue desestimada.

²³ Al hacer uso de la retórica judicial y poner en circulación valores tales como la libertad, la salud y la autonomía personal, las agrupaciones de usuarios ingresan a la discusión en los mismos términos que lo hacen determinados funcionarios y ONG, con los que muchas veces no terminan de acordar. Sin embargo, los usuarios sostienen que presentar sus reclamos y demandas de otra forma les quitaría todo apoyo y efectividad. Por otra parte, la elección de estos valores como orientadores de determinados cursos de acción no se limita a una formulación conceptual –cercana al lenguaje judicial–, sino que también, como diría Balbi (2007), está estimulada por una fuerte carga emotiva ligada a su formulación conceptual, que puede rastrearse en las múltiples narrativas sobre amigos que han perdido, han experimentado intoxicaciones por los cortes en las sustancias, no han podido recurrir a un hospital o han terminado internados o presos en algún penal. Así, los sentidos otorgados a estos valores morales, al igual que su carga emotiva, dan cuenta de que los valores tiene amplitud de variación ya que son producto de procesos sociales y entramados de relaciones sociales específicos y, por ende, deben ser interpretados situacionalmente (Balbi, 2007).

²⁴ Se llama corte a las sustancias agregadas a la droga con fines de adulteración, para obtener mayores beneficios económicos.

²⁵ Esta forma de comprender el consumo y al usuario de drogas no sólo puede rastrearse en los argumentos utilizados por los operadores judiciales en los procesamientos penales por infracción a la ley de drogas (Corbelle, 2010), sino también entre los empleados de las comunidades terapéuticas (Renoldi, 2001) y entre los vecinos, familiares y amigos del usuario, cuando no entre los propios consumidores (Corbelle, 2010; Epele, 2010).

 

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