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Procesos etnopolíticos en la transición democrática chilena. Gobiernos locales y la vía política mapuche

 

Claudio Espinoza Araya *

* Doctor en Antropología. Director Escuela de Antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano e Investigador Asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Santiago, Chile. Correo electrónico: cespinoza@academia.cl.
Artículo elaborado especialmente para Cuadernos de Antropología Social a partir de la exposición del autor en las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace. Julio de 2016, Buenos Aires, Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

 

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Resumen
Este artículo pretende reflexionar respecto de una suma de experiencias y procesos políticos ocurridos en contextos locales interétnicos, fundamentalmente en la Región de la Araucanía, territorio histórico mapuche, y que se vienen sucediendo con relativa intensidad y continuidad desde el retorno a la democracia en Chile. Me refiero, en concreto, al surgimiento de organizaciones y liderazgos mapuche que, tal cual ha sucedido con otros movimientos etnopolíticos en América Latina, se han propuesto la conquista de los gobiernos locales para intentar desde allí introducir transformaciones sociales. Dentro de estas transformaciones destacamos una: la inversión en las relaciones de poder. Todo esto sirve para evidenciar la relación existente entre participación electoral municipal y las cotidianeidades de los actores locales, así como para pensar en proyectos políticos que sean al mismo tiempo alternativos y significativos.

Palabras Clave: Chile; Transición democrática; Movimiento etnopolítico; Alcaldes mapuche; Participación electoral

Ethnopolitical processes in the Chilean democratic transition. Local governments and the mapuche political via

Abstract
This article reflects on experiences and political processes in local interethnic contexts, mainly in the Region ofAraucanía, historical mapuche territory, and that have been taking place withrelative intensity and continuity since the return to democracy in Chile. I refer in particular to the emergence of mapuche organizations and leaderships that, as has happened with other ethnopolitical movements in Latin America, have set to take control of local governments as a way to introduce social transformations. Within these transformations we emphasize one: the inversion in power relations. All this serves to show the relationship that exists between municipal electoral participation and the daily lives of local actors, as well as to think about political projects that are both alternative and significant.

Key words: Chile; Democratic transition; Ethnopolitical movement; Mapuche Mayors; Electoral participation

Processos étnicos e políticos na transição democrática chilena. Os governos locais e os meios políticos dos Mapuche

Resumo
Este artigo tem como objetivo refletir sobre uma totalidade de experiências e processos políticos que ocorrem em contextos locais interétnicos, principalmente na região de Araucania, província Mapuche, e que foram acontecendo com intensidade relativa e continuidade desde o retorno da democracia no Chile. Quero salientar, em particular, o surgimento de organizações mapuches e lideranças, como tem acontecido com outros movimentos étnicopolíticos na América Latina, que propuseram a conquista de governos locais para tentar desde esse lugar introduzir transformações sociais. Dentro destas transformações devemos enfatizar o investimento nas relações de poder. Tudo isto serve para destacar a relação entre a participação eleitoral municipal e as cotidianidades dos atores locais, assim como para pensar projetos políticos que sejam tanto alternativos como significativos.

Palavras chave: Chile; Transição democrática; Movimento etnopolítico; Prefeitos mapuches; Participação eleitoral

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Introducción

Con la transición a la democracia y el asentamiento de las políticas multiculturales, se configuró en Chile un escenario que posibilitó la emergencia de nuevos actores políticos; entre ellos, los alcaldes y concejales mapuche. Se dice nuevos actores porque, si bien los mapuche históricamente buscaron interactuar con el Estado y la sociedad nacional, a partir de la década de 1990 esta aproximación fue cualitativamente distinta.

El movimiento mapuche, desde su creación a principios del siglo XX y hasta aproximadamente la década de 1960, se condujo por un camino donde primó cierta adaptación a la lógica del Estado chileno para alcanzar sus objetivos (Bengoa, 1999), lo que se reflejó en un esfuerzo constante por participar en la vida política nacional. Una clara expresión de ello fueron las elecciones parlamentarias y municipales (Foerster y Montecino, 1988). Este camino de participación política fue interrumpido en 1973 por la dictadura militar, momento en el cual se produjo un quiebre entre los mapuche y el Estado y un vuelco de los primeros hacia una vía fuertemente étnica (Espinoza y Mella, 2013).

El retorno a la democracia y el deseo de reabrir los canales de participación posibilitaron que concurrieran al nuevo pacto muchos actores, entre ellos, ciertos sectores mapuche que, ya en una postura predominantemente étnica, trataron de conquistar los poderes locales y de utilizarlos para potenciar sus demandas y reivindicaciones. Así, emergieron movimientos etnopolíticos que vieron en estos gobiernos una vía para intentar, desde allí, introducir transformaciones sociales.

Las últimas dos décadas han sido testigo de una creciente transformación en la distribución del poder político municipal, en el que la presencia mapuche —ya sea como alcaldes o como concejales— ha aumentado de manera acotada, pero significativa. Es cierto que no todos ellos incorporan en sus planteamientos políticos reivindicaciones étnicas, aunque la mayoría sí lo hace. Y es cierto, además, que esta participación está cruzada por otras dimensiones de la acción política; por ejemplo, por la adherencia, ideológica o instrumental, a los partidos políticos. Aun así, y justamente dada dicha complejidad, es que el análisis de esta realidad permite, a la vez que conocer más profundamente estos componentes de la acción política, apreciar una serie de transformaciones que la emergencia y la consolidación de los gobiernos locales en manos indígenas ha traído consigo.

Estas transformaciones, que abarcan diversos ámbitos, se insertan en un proceso de desplazamiento de lo político hacia otros lugares, tiempos y actores, con lo que generan una politización de la cultura y una culturización de la política. Al abrirse las dinámicas políticas hacia nuevos actores, estos ingresan sin abandonar sus dispositivos culturales, y provocan un cambio en tales dinámicas, ya sea que estas ocurran en el centro de las decisiones comunales como en sus periferias.

Una de las consecuencias de mayor relevancia observada en estos escenarios políticos locales es una inversión en las relaciones de poder; es decir, un proceso mediante el cual los menos poderosos han tenido la posibilidad de ejercer su poder y donde los más poderosos han visto disminuidas esas posibilidades.

Esto, a su vez, tiene dos caras estrechamente vinculadas: una, electoral formal —apreciable fácilmente en lo estadístico— que guarda relación con un cambio en la distribución del poder político municipal, y en el marco del cual se constata un creciente posicionamiento de dirigentes indígenas en los cargos públicos municipales. La otra cara —asequible etnográficamente— es la de las relaciones cotidianas en el nivel infracomunal,¹ donde se observa una clara y significativa transformación de las relaciones de poder.

Así, entonces, esta evolución en la distribución del poder político municipal que, insisto, tiene una estadística electoral clara, no es sólo una cuestión formal distanciada de la cotidianeidad de las personas que habitan esos espacios locales, sino que tiene un correlato significativo en dichas cotidianeidades, y de ahí entonces que ambos procesos se refuercen mutuamente. Es a esta relación a la que me referiré en este artículo.

A su vez, es importante mencionar que estas experiencias de participación son relevantes en cuanto reflejan tendencias que van a contracorriente de las dinámicas de representación política que se han configurado en el Chile contemporáneo, donde se observa una abstención electoral y un alejamiento ciudadano de los aspirantes a su representación cada vez más evidente. De manera que introducirse en el análisis de estos procesos, a la vez que explicita los estrechos márgenes de nuestras democracias, permite mostrar la posibilidad de romper tales márgenes e imaginar y constatar el surgimiento de movimientos que son, o pueden serlo, alternativos y significativos al mismo tiempo.

Por otro lado, y aludiendo en concreto a estas acciones llevadas adelante por organizaciones y líderes mapuche, y en términos de lo que han sido las dinámicas políticas del pueblo mapuche, estas experiencias vienen a representar, compartiendo con Pairicán (2014), uno de los dos lineamientos del movimiento mapuche contemporáneo: la vía política, la que, con experiencias similares en el contexto latinoamericano (Burguete, 2008), alude a colectivos u organizaciones indígenas que, sin salirse de la institucionalidad y a través de la negociación constante, disputan espacios de poder al Estado.

El movimiento mapuche que mira hacia los municipios

En línea con movimientos etnopolíticos latinoamericanos que en las últimas décadas se propusieron, a través de la vía electoral, alcanzar una representación en los gobiernos locales (Iturralde, 1998), algunas organizaciones mapuche vieron en el espacio constituido en torno a los municipios una posibilidad de potenciarse como pueblo (Foerster y Vergara, 2001).

Así, y aunque ya desde mediados del siglo XX es posible observar una base organizacional mapuche que miró hacia su posicionamiento en los gobiernos locales,² luego de terminada la dictadura y en los albores de la transición a la democracia, se observó una nueva orientación política mapuche que identificó a los municipios como uno de los ejes estratégicos hacia los cuales el movimiento mapuche debía orientar su accionar (Marimán, 1990). Esto se plasmó prontamente en las elecciones de 1992, cuando un número significativo de candidatos mapuche se presentaron a las elecciones municipales. En los años siguientes, y en paralelo a un nuevo movimiento étnico mapuche desarrollado a nivel comunal y regional (Durston, 2007), no tan sólo se vio aumentar el número de candidatos a los cargos municipales de elección popular, sino también se ha logrado evidenciar una transformación en la distribución del poder político municipal. En 1992, hubo cuatro alcaldes y 48 concejales mapuche; durante las elecciones municipales posteriores (1996, 2000, 2004 y 2008), el número fue aumentando, y dicha tendencia se confirmó en las elecciones de 2012,³ cuando resultaron electos 13 alcaldes y 109 concejales mapuche⁴ (tablas 1 y 2).

TABLA Nº 1. ALCALDES CON APELLIDO MAPUCHE 19922012

Elaboración propia. Fuente: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y Servicio Electoral de Chile (SERVEL).

TABLA Nº 2. CONCEJALES CON APELLIDO MAPUCHE 19922012

Elaboración propia. Fuente: CONADI y SERVEL.

Al observar desde el panorama nacional las cifras electorales, estas pueden parecer cuantitativamente irrelevantes; sin embargo, la relación cambia de manera radical si observamos los datos desde lo local. Si se analiza, por ejemplo, lo que ha sucedido en la comuna de Tirúa —caso paradigmático del movimiento etnopolítico en Chile—, se aprecia cómo a partir de 1992 —año de las primeras elecciones posdictadura— se ha vivido una profunda transformación en la distribución del poder municipal. Los mapuche de Tirúa, actores mayormente excluidos del sistema político local, fueron aumentando su presencia entre las autoridades municipales hasta al punto de hacerla casi absoluta (Gráfico 1).

Si mirados desde lo local estos datos aparecen tremendamente significativos, ¿cómo es que podemos comprender este tipo de experiencias locales a la luz del escenario político nacional y enmarcadas en las dinámicas generadas en la transición democrática chilena?

GRÁFICO Nº 1. Adscripción étnica autoridades municipales de Tirúa. Período 19722016
Elaboración propia con datos de SERVEL (www.servel.cl).

La transición inconclusa y la participación política en Chile

A diferencia de procesos ocurridos en países como la Argentina o Uruguay, la transición a la democracia en Chile se dio en un marco constitucional y de un modelo socioeconómico heredado de los militares. El pacto llevado a cabo entre los partidos de la Concertación y los llamados poderes fácticos —conocido como "democracia de los acuerdos"— definió contradictoriamente a la sociedad chilena posdictatorial. Como ha mostrado Garretón (2008), se trata de una democracia híbrida entre un régimen posdictadura no democrático y una vida política y gobiernos democráticos. Por un lado, existe una institucionalidad que busca, a través de la Constitución y del sistema electoral binominal, la reproducción de un modelo socioeconómico y un empate entre las fuerzas que apoyaron a la dictadura con las que se le opusieron; y por el otro, se observa la existencia de libertades públicas, participación política y gobiernos electos democráticamente, los cuales han resultado exitosos en diversos ámbitos, pero que sin duda no han concretizado el cambio definitivo hacia una verdadera democracia.

Esta dinámica dio como resultado un escenario social de participación ciudadana que relegó a las fuerzas sociales no articuladas a los partidos políticos a un plano secundario, por no decir completamente inexistente. De hecho, pareciera ser que esta ausencia ciudadana fue parte constitutiva del diseño institucional impulsado por las fuerzas políticas predominantes (Rivera y Paredes, 2009). El resultado no pudo ser otro que una inhibición de la participación ciudadana, ya sea que esta intentara expresarse por fuera del sistema de partidos o en el interior de ellos, lo que se manifestó, en este último caso, en una progresiva lejanía de las cúpulas respecto de las bases partidarias.

Este diseño institucional estuvo mayormente representado por el sistema binominal. Se trata de un sistema que, si bien fue sustituido en 2015, definió las dinámicas electorales chilenas posdictadura, inhibiendo el derecho a voz y participación efectiva de amplios e importantes sectores ciudadanos; por ejemplo, de sectores articulados a determinados partidos políticos minoritarios y, más aún, a quienes pretendían expresarse por fuera de ellos. Pero no tan sólo inhibió la expresión de la ciudadanía entendida en sentido amplio, sino que además entrabó cualquier intento de reforma sustantiva, salvo que contara con el apoyo de las dos grandes coaliciones que se han beneficiado de él (Rivera y Paredes, 2009).

El sistema binominal perpetuó a las dos grandes coaliciones que dominaron la escena política,⁵ pero además se mostró tremendamente excluyente, puesto que castigaba a los partidos políticos o a las alianzas minoritarias que no cabían en dichas coaliciones. Su condición inequitativa provocó el desinterés ciudadano por la participación política, lo que quedó reflejado en una creciente abstención electoral (Saldaña, 2009). Por otro lado, los ciudadanos que participaban con regularidad en las elecciones se enfrentaban continuamente al dilema del voto útil, viéndose obligados a votar de manera instrumental (Moulián, 2002).

A lo anterior hay que agregar los cambios ocurridos en los partidos políticos latinoamericanos, que se vieron enredados cada vez más en los circuitos de poder estatal. Al volverse cada vez más profesionalizados y restringidos a las funciones electorales, se fueron alejando de sus bases sociales, lo cual redundó en que cada vez menos votantes se sintieran cautivados por ellos (Roberts, 2002). Mientras perdían el espesor como partidos de masas, trataron de apuntar a una audiencia más amplia y diversificada con el objetivo central de lograr cierta prosperidad electoral y así conquistar el gobierno (Lánzaro, 2008).

En el caso chileno, si bien los partidos políticos tradicionales padecieron estos cambios, lograron sobrevivir a ellos justamente gracias a la institucionalidad electoral heredada de la dictadura. Ello permitió reproducir su capacidad para permear, en mayor o menor medida, el amplio abanico de experiencias políticas del país en su totalidad. En paralelo a esta institucionalidad electoral es posible identificar un cambio ideológico sustantivo que, tal cual ha mostrado Moulián (2002), se movió desde los polos hacia el centro –la centroizquierday la centroderecha–. Se trató de la transición de un sistema con polaridad, existente hasta antes del golpe de Estado de 1973, a un sistema consensual, en cuyos márgenes orbitaron sin éxito partidos extraconsenso, como hasta hace muy poco, por ejemplo, lo hacía el Partido Comunista.

Esta progresiva desideologización de los partidos, la autoprivación de un discurso ideológico, los dejó –sobre todo a los partidos del ala progresista– sin capacidad de ofrecer futuro, cuestión que redundó en un escaso involucramiento de sectores ciudadanos que en el pasado habrían sido movilizados por ideologías fuertes. Frente a tal escenario, sostiene Moulián (2002), aquello que podría atraer a segmentos poblacionales importantes sería el desafío de construir un futuro distinto del presente, el regreso a una política con sentido colectivo.

La situación de empate entre las dos grandes coaliciones dificultó la aparición de alternativas en cualquiera de los dos extremos, pues sólo estas tenían posibilidades reales de hacerse con el gobierno. Si bien el diagnóstico de Moulián no apunta a la arena electoral municipal, ya que en este nivel las elecciones se regían por otro sistema, de igual modo lograron reproducirse allí las situaciones que venimos describiendo. Por ejemplo, una tendencia centrípeta de las alternativas políticas, las que propendieron a juntarse en el centro, y el hecho de que en los extremos se produjera un vacío, con lo cual, la izquierda y la derecha puras dejaron de existir. Lo preocupante es que en ninguno de los dos extremos aparecían nuevas oportunidades alternativas y, en el caso de que las hubiera, no eran significativas, ya que su influencia no incidía en la dinámica del sistema, por ser mínima en la distribución del poder político.

En resumen, el panorama del escenario político chileno de las primeras dos décadas posdictadura da cuenta de un fuerte sistema de partidos que, dividido en dos grandes bloques excluyentes y anclado en una institucionalidad no democrática (sistema binominal), muestra estabilidad, durabilidad y una gran capacidad de reproducción. Abierto a las tendencias regionales, este sistema, como ya fue dicho, mostró además una progresiva desideologización, todo lo cual desembocó en una exclusión de la participación ciudadana e inhibió cada vez más la identificación de la población con las organizaciones partidarias convertidas ahora en órganos profesionalizados.

Los actores sociales, expuestos inevitablemente a las dinámicas de este sistema, recurren en gran medida a él de manera instrumental, ya sea el ciudadano común que participa a través del "voto útil" o la pequeña organización partidaria o independiente que debe negociar con alguno de los grandes bloques para participar en algún grado en la distribución del poder político.

De allí que no sorprenda lo que tal vez sea el principal reflejo de este estado de la democracia chilena: la alta y creciente abstención electoral. Elección tras elección, ya sea que se trate de elecciones presidenciales, de senadores y diputados o municipales, los datos muestran que la gente vota cada vez menos (Cantillana, 2009; Saldaña, 2009; OBPE UDP, 2016).

Sin embargo, al detenerse y mirar el comportamiento electoral en las comunas que han vivido procesos etnopolíticos como los que intentamos reseñar en este artículo, los datos resultan reveladores. En ellas, al contrario de lo que sucede a escala nacional, la tendencia es exactamente inversa: la sucesión de cada elección muestra que la gente vota cada vez más, poniendo en entredicho la idea de que las personas se interesan cada vez menos en la política o que las elecciones hayan dejado de ser un espacio de interés ciudadano (Gráfico 2).

GRÁFICO Nº 2. Votantes en comunas con alcaldes mapuche⁶.VIII y IX Regiones
Elaboración propia. Fuente: CONADI y SERVEL.

 

¿Cómo puede explicarse este comportamiento electoral distinto? Una primera respuesta evidente es que en estos municipios se están sucediendo cambios notables en la distribución del poder político. La interpretación que defendemos aquí es que esto ocurre porque en estas comunas, y a través de estas acciones políticas, se están jugando cuestiones profundas, aspectos relacionados con las repercusiones concretas y palpables de la participación política en la vida de las personas.

Precisamente, al observar dicha participación, es fácilmente palpable el hecho de que la etnicidad se ha posicionado como un elemento importante y con incidencia en el comportamiento político. En este sentido, sugerimos comprender estos procesos como una etnización del espacio político local, es decir, como procesos en los cuales los actores indígenas no sólo pretenden ocupar espacios de gobierno, sino también "disputar, real o simbólicamente, las instituciones, jurisdicciones y gobiernos locales que pueden ser, y son, etnizados y significados como propios" (Burguete, 2008: 27). Resultado no muy distinto de lo que ha ocurrido en otros municipios interétnicos de países latinoamericanos (Burguete y Leyva, 2004; Laurent, 2005; Ospina, 2006; Albó, 2012), donde, dada la progresiva importancia que fueron adquiriendo los gobiernos locales (Dehouve, 2001), la revaloración de lo local como lugar de identidad a partir de una recomposición simbólica de lo propio (Aguilar y Bueno, 2003) y las versiones latinoamericanas del multiculturalismo (Agudelo y Recondo, 2007), numerosos colectivos indígenas se propusieron como objetivo político el control de los gobiernos locales. Muchas de estas formas de acceder al poder local se hicieron a través de movimientos etnopolíticos; es decir, mediante un proceso de reinvención y reafirmación de la identidad étnica que, en paralelo, ejerció acciones políticas activamente construidas para visibilizarse como indígenas y reclamar derechos o establecer políticas en función de dicho reconocimiento (Restrepo, 2001; Hoffmann y Rodríguez, 2007). En el fondo, se observó el anhelo por trascender el simple cambio formal en la distribución del poder político municipal para intentar que los gobiernos locales en manos indígenas tuvieran un sello propio (Ospina, 2006).

Etnización del escenario político local

En las últimas décadas hemos observado cómo en comunas que han tenido sucesivos gobiernos de alcaldes mapuche han aflorado una serie de elementos que dan cuenta de este proceso de etnización. Hemos sido testigos de la oficialización del idioma mapuche en la comuna de Galvarino, proceso encabezado tanto por el alcalde Huaquil y los concejales mapuche del municipio, como por la organización Consejo Territorial Mapuche de Galvarino. En la vecina comuna de Chol Chol se ha visto emerger una enorme cantidad de machis,⁷ todas ellas cumpliendo roles relevantes en los sistemas de salud intercultural y en actividades ceremoniales oficiales. Algo similar ha ocurrido en torno a la salud intercultural: hacia la costa, en la comuna de Puerto Saavedra, se destaca la presencia de lonkos⁸ que, aunque objeto de cierta crítica por algunos sectores dirigenciales e intelectuales mapuche de la comuna, han incrementado su número notablemente en la última década. De hecho, se atribuye al alcalde mapuche Ricardo Tripainao (20042012) la promoción de una generación completa delonkos como representantes y mediadores entre el gobierno municipal y los distintos territorios infracomunales.

Otros procesos cruzan transversalmente este tipo de comunas, por ejemplo, una serie de reconfiguraciones territoriales promovidas por las autoridades mapuche del municipio. Se trata de políticas que, junto con el intento de hacer más eficiente la implementación de los programas públicos mediante la participación activa y relevante de los sectores infracomunales en el diseño, programación y ejecución de tales programas, han buscado, en mayor o menor medida, recomponer o reinventar antiguas alianzas territoriales mapuche y empoderar dichos espacios con el objeto de posicionarlos —bajo una lógica autocomprendida como mapuche— en el centro de las dinámicas políticas locales.

También se ha observado en el espacio público de estas comunas una abundante presencia iconográfica mapuche. Cambios en algunos nombres de calles y plazas –para reemplazar o intentar desplazar los nombres de conquistadores españoles o militares chilenos por héroes originarios– se suman a cambios en los escudos, fachadas y diseños de los edificios municipales, además de una creciente presencia de esculturas y banderas indígenas. Un caso particularmente interesante es el de la comuna de Coyhaique, una comuna bastante alejada del territorio histórico mapuche, pero que en la actualidad posee una presencia de personas mapuche cercana al 20% (Encuesta CASEN, 2009; PLADECO, 2014) y que desde 2012 cuenta con un alcalde mapuche: Alejandro Huala Canuman, quien, como una de las primeras medidas de su gestión, izó una bandera mapuche al lado de la bandera chilena que flamea, como en todo el país, en el frontis del edificio municipal.

Estas y otras transformaciones ocurridas en el interior de las comunas con alcaldes mapuche han contribuido de manera importante a fortalecer la identidad y a aumentar los niveles de autoestima de las personas mapuche (Caniguan, 2007; Montero, 2007; Norero, 2007). Esto es así porque en el fondo estos cambios se anclan a cuestiones más profundas, al posicionamiento de proyectos políticos alternativos y significativos en el nivel local (Espinoza, 2014). Aunque en ningún caso se trata de proyectos que permanecen al margen de las dinámicas políticas nacionales, de hecho, se configuran en buena medida por los factores que los engloban, al mismo tiempo, constituyen experiencias que llevan fuertemente el sello de las dinámicas locales y, sobre todo, constituyen proyectos que son pensados como propios por sus protagonistas.

Nos parece entonces que la tendencia electoral —opuesta al resto de las comunas del país— ocurre porque el espacio municipal se ha ido constituyendo en un campo de disputa que provocó que allí confluyeran dinámicas con una densidad política particular. Los actores locales se han volcado hacia las elecciones municipales porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto del país —donde los electores han debido pronunciarse por cuestiones mínimas, generalmente consensuadas— en estas comunas las elecciones pueden poner en juego cuestiones más relevantes.

¿Qué tipo de cuestiones? Entre otros elementos, un reacomodo e inversión de las relaciones de poder en el nivel infracomunal. Para apoyar esta idea recurriremos al registro etnográfico del caso emblemático de movimiento etnopolítico que consiguió controlar el gobierno local, la comuna de Tirúa, allí donde es posible observar más nítidamente las formas de etnización del espacio político local.

Transformaciones en las relaciones de poder infracomunales

Tirúa es una pequeña comuna del centro sur chileno, ubicada en el extremo sur de la provincia de Arauco, que bordea la escarpada costa del territorio mapuche lafkenche. Creada por decreto presidencial en 1972, posee una población que alcanza alrededor de 10.000 habitantes, divididos en porcentajes cercanos entre personas que se autorreconocen como mapuche y quienes lo hacen como no indígenas (47% y 53% respectivamente, según el censo de 2002). A partir de 1992, Tirúa vivió un extraordinario período de transformaciones políticas encabezadas por el alcalde mapuche Adolfo Millabur. El dato más revelador en este sentido se aprecia en los cambios ocurridos en la distribución del poder político municipal, donde los mapuche, actores mayormente excluidos del sistema político local, fueron aumentando su presencia entre las autoridades municipales hasta al punto de hacerla casi absoluta (Gráfico 1).

Siguiendo la tendencia de este tipo de movimientos etnopolíticos, en el sentido de actuar dentro de la institucionalidad y, a través de la negociación constante, disputar espacios de poder al Estado, el grupo de dirigentes mapuche que se propuso la conquista del poder local se apoyó en la institucionalidad estatal para ocuparla según sus propios objetivos, otorgándole un sentido y objetivo étnico. El primer y más evidente hecho de esta naturaleza lo constituye, justamente, la etnización del poder local, el municipio, instancia que fue resignificada y convertida en herramienta para alcanzar objetivos con sello étnico.

Una de las primeras tareas a desarrollar fue el despliegue de un intenso trabajo político con las comunidades indígenas de la comuna. Para ello se llevó a cabo una labor diferenciada en cada uno de los sectores mapuche de Tirúa, que consistió fundamentalmente en difundir cierta conciencia política mapuche, tratando de posicionar las demandas y las reivindicaciones de las comunidades y, al mismo tiempo, de empoderar a los sectores indígenas, de transformarlos en sujetos políticos y sacarlos de su marginación y exclusión política. Un revelador ejemplo de esto lo constituye el caso de Ponotro y el uso y reapropiación de la Ley Indígena.

El sector de Ponotro, ubicado en la costa centro de la comuna, es uno de los tres sectores con alta presencia mapuche de Tirúa y, a diferencia de los otros dos —habitados casi exclusivamente por mapuche—, posee un carácter fuertemente interétnico. Las comunidades mapuche de este lugar tuvieron un prolongado e intenso contacto con la población no indígena, pero, a pesar de ello, y tal vez por lo mismo, mantuvieron un fuerte apego a sus rasgos culturales. Por ejemplo, además de albergar una serie de alianzas parentales, estas comunidades desarrollaron una compleja red ceremonial, todo lo cual redundó en que fuerancaracterizadas, a diferencia de otras, como comunidades más culturalistas que políticas.

Estas comunidades eran, hasta hace poco, descritas recurrentemente como comunidades que tenían escasa, por no decir ninguna, experiencia política. De hecho, tal identificación poseía una serie de hitos concretos que pueden avalar tal calificación. Se trata de eventos, intra e interétnicos, que marcaron con cierta marginalidad y exclusión a los habitantes indígenas de Ponotro, pero que con el tiempo, e inmersos en los procesos de etnización de la política local, lograron revertir.

Históricamente los habitantes mapuche de Ponotro permanecieron en los márgenes de las dinámicas políticas locales. La representación política de este sector giraba alrededor de la Junta de Vecinos, instancia que era encabezada por dirigentes no indígenas. Según todos los testimonios recogidos, los mapuche que participaban en esta organización territorial eran muy pocos, y los que lo hacían coinciden en catalogar dicha participación como marginal, periférica, y se refieren al trato establecido con sus vecinos no indígenas como un trato vejatorio y discriminatorio:

Ellos, por ejemplo, no dicen 'son mapuche', ellos dicen 'ahí están los indios', y siempre miran en menos, dicen mapuchitos, indiecitos…Yo participaba en las reuniones de ellos…, y ¿sabe qué? Ellos en verdad siempre discriminaban a los mapuche; por ejemplo, nunca escuchaban ni hacían caso de lo que uno decía. Cuando habían mingas o alguna celebración, ellos comían en el comedor, adentro de la casa y nosotros afuera, en el patio, o ellos tomaban del mejor vino y a los mapuche le daban del más malo… Entonces ya cuando se formó la comunidad, la comunidad Ponotro, porque primero se formó esa comunidad y participábamos todos, entonces ahí ya los mapuche nos juntábamos puros mapuche y ya nadie iba a las reuniones de ellos, de la junta de vecinos (Bernardo Lepuman, presidente comunidad Antipi, sector Ponotro, agosto 2007).

Una de las formas para revertir este tipo de relaciones políticas infracomunales tuvo que ver con la lógica de uso y apropiación de la institucionalidad estatal que hemos señalado. Hacemos referencia en específico a la Ley Indígena 19.253, sancionada en 1993, y cómo dicha ley fue ocupada para obtener beneficios acotados: becas en educación, acceso a compra de tierras, proyectos de inversión, entre otros; pero además, y principalmente, el proceso político encabezado por el alcalde Millabur, la aprovechó para dar un estatus político diferente a las comunidades indígenas y con ello posicionarlas en la dinámica política local. Es decir, se pasó de una ley que etnifica a una que, reutilizada por los actores locales, sirvió para etnizar el escenario político local.

La Ley Indígena de 1993, entre otros aspectos, otorgó la posibilidad de revertir el decreto ley 2658 de 1978, que había disuelto la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, dejándolas sin ningún estatuto específico, es decir —y tal cual lo señaló el ministro de Agricultura de la época—, al acabarse las tierras indígenas, se acababan también los indígenas en Chile (Rupailaf, 2000). La Ley Indígena de 1993 dio un vuelco a este proceso al abrir la posibilidad de que las comunidades y asociaciones mapuche pudieran ser reconocidas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) con un estatus jurídico particular, y promovieron con ello un proceso de reetnificación de las zonas rurales.

Las comunidades de Ponotro obtuvieron su estatus jurídico en 1996 y a partir de ese momento los mapuche del lugar contaron con un tipo de organización propia que, además de conseguir personalidad jurídica y, por tanto, otorgar la posibilidad de suscribir convenios, les permitió abandonar la participación en la junta de vecinos. Con ello se produjo un cambio en las relaciones de poder, pues Millabur, según su propio testimonio, comenzó a entenderse políticamente con la entidad orgánica que emanaba de la comunidad indígena y ya no con la anterior figura, la junta de vecinos. Esto generó un reacomodo del escenario político infracomunal, pues la antigua organización territorial que servía de mediador entre los vecinos y el municipio dejó de tener ese poder y este pasó a la comunidad.

De este modo, la dinámica política local se abrió hacia otros lugares y hacia nuevos actores, quienes tuvieron su propia instancia de representación que los posicionó como actores relevantes en el escenario comunal, pues las comunidades de Ponotro no tan sólo pusieron fin a años de exclusión en el nivel infracomunal, sino que también pudieron empoderarse a tal nivel que lograron ingresar al centro mismo de las decisiones comunales: el concejo municipal.

Sucede que las comunidades indígenas de Ponotro, además de haber sido excluidas por sus vecinos no indígenas, vivieron una serie de otras exclusiones en las que tuvieron participación tanto agencias gubernamentales como otras comunidades mapuche de la comuna. El primero de estos eventos sucedió a propósito de la respuesta local a la Ley de Pesca y Acuicultura de 1991, que limitó el libre acceso al uso y explotación del mar, con lo que obligó a una explotación controlada por parte de sindicatos de pescadores, a quienes les correspondería una determinada área de extracción, denominada área de manejo. Como las comunidades de Ponotro —al igual que el sector mapuche del sur de la comuna, conocido como Tirúa Sur— practican de forma regular la recolección de algas marinas y moluscos, requerían necesariamente contar con una de estas áreas. La forma de conseguir entrar en las modalidades requeridas por la ley fue a través de la gran organización Pu Lafkenche, que aglutinaba a todas las comunidades mapuches del sector sur de la comuna más las comunidades de Ponotro. Sin embargo, al momento de implementarse el área de manejo, las comunidades mapuche de Ponotro se enteraron de que habían quedado fuera del arreglo.

Pocos años después se implementó el Programa Orígenes, un programa social para indígenas financiado con aportes del Estado y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este programa tuvo dos etapas, la primera comenzó a ejecutarse a partir del año 2001; y la segunda —a propósito de las comunidades que quedaron excluidas de la primera—, a partir de 2006. Ponotro, al igual como había sucedido con la Ley de Pesca, quedó excluido de la primera etapa, motivo suficiente para que las comunidades de este sector decidieran desarticularse de la organización Pu Lafkenche y seguir un camino de fortalecimiento organizacional fuertemente estimulado por el municipio. El primer resultado, ya señalado, fue el hecho de contar con una organización jurídica propia que les permitiera actuar en términos políticos en el interior de la comuna.

A partir de allí, estas comunidades entraron en un espiral de dinámicas políticas disímiles que comenzó con la división de la gran comunidad de Ponotro para luego dar paso a un proceso de reorganización que terminó por conformar la Mesa Territorial PonotroQuidico, instancia sociopolítica que redibujó el territorio infracomunal y que terminó posicionándolo como un territorio protagónico en el escenario político local.

El proceso de división ocurrió entre 2003 y 2004, y de esa manera quedaron constituidas cuatro comunidades indígenas en la zona de Ponotro. Una vez que estas comunidades se alejaron de la organización Pu Lafkenche, cuando se separaron y cada una obtuvo su estatus jurídico independiente y, a su vez, cuando se posicionaron como actores relevantes y con acceso directo a las autoridades del municipio, vino la etapa de reorganización en un territorio más amplio, que supuso la incorporación de comunidades de otros sectores lejanos de la comuna, por ejemplo, de aquellas insertas en territorios de colonización en la cordillera de Nahuelbuta, con el objeto de adscribirlas a la segunda etapa del Programa Orígenes.

Poco a poco se fue conformando una Mesa Territorial que, efectivamente, fue estimulada en gran medida desde "arriba", en el sentido de establecer una plataforma adecuada para el reparto de recursos que llegaban a través del Programa Orígenes. Sin embargo, en este proceso se fue constituyendo una segunda generación de posicionamiento político que los llevó incluso a competir en las elecciones municipales de 2008 con un concejal mapuche que representó a todo el territorio infracomunal, candidatura que, por lo demás, resultó exitosa.

En resumen, lo que observamos es una sucesión de hechos que fueron permitiendo un reacomodo y una inversión en las relaciones de poder en el nivel infracomunal. Las comunidades de Ponotro fueron percibidas desde siempre como apolíticas y fiel reflejo de la imagen estereotipada del indígena sumiso y subalterno a los colonos no indígenas. Su participación en la instancia sociopolítica correspondiente, la junta de vecinos, era en extremo escasa y, cuando lo hacían, ocupaban lugares más bien marginales.

Con el tiempo, aprovechando la infraestructura legal del Estado y en forma paralela al posicionamiento de Millabur como alcalde, las comunidades ocuparon un lugar protagónico en las dinámicas políticas de la comuna, cuestión que antes no ocurría. Pero además, poco a poco, estas comunidades fueron incrementando su posicionamiento, hasta redibujar el territorio infracomunal y modificar la distribución del poder local, poniendo a uno de los suyos en el centro del poder comunal.

De este modo, la respuesta al porqué en este tipo de comunas las personas acuden a votar en las elecciones municipales tal vez tenga relación con que, de cuando en cuando, el voto puede tener consecuencias directas en las cotidianeidades de esas mismas personas.

Conclusiones

El surgimiento de las organizaciones mapuche en las primeras décadas del siglo XX —cuestión que, subrayamos, da el puntapié inicial a lo que después se denominaría el movimiento mapuche contemporáneo— tuvo una característica bien identificable: su intención de participar en plenitud en la vida política nacional. Entre otros aspectos, esta intención se reflejó en la participación en las elecciones parlamentarias y también en las municipales, que se hizo desde plataformas organizacionales mapuche, pero también en compañía de los partidos políticos, militando o adhiriendo a ellos.

En la actualidad, cuando las condiciones interétnicas son muy diferentes —es decir, cuando se ha consolidado una vía fuertemente étnica en el interior del movimiento mapuche—, la militancia en partidos políticos pasó a un segundo, y a veces ni siquiera existente, plano. Pero esta es una tendencia más global. Los partidos políticos han perdido adhesión en las bases sociales, tanto indígenas como no indígenas. Hoy, al menos en Chile, los partidos políticos padecen de un desprestigio que no cesa de aumentar y, coherentemente con ello, la militancia es cada vez menor. Los mapuche, que no han estado ni están al margen de las fuerzas globales, también muestran un alejamiento paulatino de los partidos. Y entonces surge la pregunta: ¿qué hay de distinto en su caso? La diferencia estriba en un punto no menor: hoy, además de alejarse de los partidos políticos, las personas se alejan también de las elecciones. La historia de la transición en Chile está marcada, entre otras cosas, por una democracia incompleta que alejó a la sociedad civil de las urnas. La falta de proyectos alternativos a las dos grandes coaliciones que han dominado la escena electoral chilena ha redundado en una ausencia progresiva de los procesos electorales.

Los mapuche, en cambio, muestran que, en el caso de las elecciones municipales, van a contracorriente. Mientras los votantes del resto del país disminuyen elección tras elección, en las comunas del territorio histórico mapuche, que han tenido o tienen alcaldes mapuche, la tendencia es exactamente al revés.

Nuestra interpretación es que esto sucede porque dichos alcaldes están más o menos cerca de proyectos etnopolíticos que, actuando dentro de la institucionalidad, han etnizado el escenario local llenando la propuesta política comunal con un contenido que responde a las necesidades de la población local mapuche, históricamente excluida de estos procesos. Se trata de proyectos que han intentado revertir el orden de los factores, uno de los cuales, como se muestra en este artículo, es la distribución del poder político y, con ello, una inversión de poder en el nivel infracomunal.

Notas

1. Entenderemos por nivel infracomunal aquellos espacios que, por debajo del nivel comunal, albergan instancias sociopolíticas tales como las comunidades indígenas, las juntas de vecinos u otro tipo de organización funcional o territorial que, entre otros aspectos, establecen un vínculo entre la sociedad civil y el gobierno local.

2. Una investigación en curso nos permite afirmar que, entre 1941 y 1971, la presencia mapuche en los gobiernos locales se fue incrementando elección tras elección, llegando a contarse 93 regidores mapuche en comunas pertenecientes a las regiones VIII, IX y X, consideradas parte del territorio histórico mapuche.

3. La última elección municipal ocurrió en octubre de 2016. Estamos en un proceso de análisis de dichos datos, pero desde ya podemos afirmar que la tendencia en la presencia de representantes mapuche se mantiene.

4. Siguiendo la tendencia en este tipo de estudios (Sánchez, 2001), en este artículo se considerará mapuche a un candidato cuando al menos uno de sus apellidos sea mapuche según el registro de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) (Painemal, 2011).

5. Nos referimos a la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición que gobernó el país desde 1990 hasta 2010 y que hoy, con algunos cambios, se denomina Nueva Mayoría, y a la Alianza por Chile, hoy autodenominada Chile Vamos, que gobernó el país entre 2010 y 2014 bajo el mandato de Sebastián Piñera.

6. Las comunas son Los Álamos y Tirúa en la VIII Región, y Chol Chol, Curarrehue, Galvarino, Lumaco, Pucón, Puerto Saavedra, Renaico y Temuco en la IX Región. Salvo Temuco, correspondiente a una ciudad capital que posee una población mayoritariamente urbana y no indígena, en todas las otras comunas la tendencia es hacia el crecimiento del electorado.

7. Figura chamánica por excelencia de la cultura mapuche.

8. Literalmente, "cabeza". "jefe".

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