doi: 10.34096/cas.i49.5301

ARTÍCULOS ORIGINALES

Tensiones y ambigüedades de las políticas sociales en el mundo del trabajo agrícola. La Asignación Universal por Hijo en Tucumán y Misiones, Argentina

Tensions and ambiguities of social policies in the world of agricultural work. Universal Child Allowance in Tucumán and Misiones, Argentina

Tensões e ambiguidades das políticas sociais no mundo do trabalho agrícola. A designação universal para a criança em Tucumán e Misiones, Argentina

Alfonsina Albertí¹ y Elena Mingo Acuña²

 

¹ Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) - CONICET, Ciudad A. de Buenos Aires, Argentina
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina.
Correo electrónico: ava1903@hotmail.com

² Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) - CONICET, Ciudad A. de Buenos Aires, Argentina
Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, Argentina;
Correo electrónico: elenamingo19@gmail.com

Recibido: Octubre de 2018
Aceptado: Marzo de 2019

 

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Resumen

Este escrito se desprende de una investigación que analiza cómo una política social de transferencia monetaria condicionada (como la Asignación Universal por Hijo –AUH–) se articula con las condiciones de vida y de trabajo de asalariados/as agrícolas. Nuestro referente empírico está constituido por trabajadores y trabajadoras agrícolas de zonas rurales y periurbanas de las provincias de Misiones y Tucumán. Específicamente, el texto analiza dos cuestiones: 1) la desarticulación que se produce entre políticas laborales y políticas sociales; y 2) las tensiones que se generan con la condicionalidad educativa vinculada a la AUH y las condiciones de vida y trabajo de sus beneficiarios. Mediante una metodología de tipo cualitativa se reponen los sentidos de los sujetos acerca de la problemática estudiada.

Palabras clave: Trabajo agrícola; Políticas sociales; Políticas laborales: Misiones; Tucumán

Abstract

This paper stems from research that seeks to understand how a conditional cash transfer social policy (Universal Child Allowance, AUH for its initials in Spanish) is articulated with the life and work conditions of agricultural employees. Fieldwork was conducted with agricultural workers from rural and peri-urban areas of the provinces of Misiones and Tucumán, who are in turn beneficiaries of AUH. Specifically, the text analyzes two issues: 1) the disarticulation that occurs between labor policies and social policies; and 2) the tensions generated by the educational requirements linked to the AUH and the living and working conditions of its beneficiaries. Through a qualitative-type methodology the subjects’ meanings about the problem are gathered.

Key words: Agrarian workers; Social policies; Labor policies; Misiones; Tucumán

Resumo

Este trabalho deriva-se de uma investigação que procura compreender como uma política social de transferência monetária condicional (Atribuição Universal por Criança, AUH por suas iniciais em espanhol) é articulada com as condições de vida e de trabalho dos empregados agrícolas. Nossa referência empírica está constituída por trabalhadores agrícolas das áreas rurais e urbanas periféricas das províncias de Misiones e Tucumán, República Argentina, que por sua vez recebem a AUH. Especificamente, o texto analisa duas questões: 1) a desarticulação que ocorre entre políticas trabalhistas e políticas sociais; e 2) as tensões geradas com a condicionalidade educacional vinculada à AUH e as condições de vida e trabalho de seus beneficiários. Através de uma metodologia de tipo qualitativa, os sentidos dos sujeitos são resinificados sobre o problema estudado.

Palavras-chave: Trabalhador agrícola; Políticas sociais; Políticas Trabalhistas; Misiones; Tucumán

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Introducción

En la fase actual del capitalismo agrario, la estrategia de acumulación del capital implica el aumento de empleo temporario en detrimento del permanente. Las trayectorias laborales de los trabajadores del agro se encuentran fragmentadas en el tiempo, implican ingresos monetarios magros y discontinuos, así como la activación de estrategias para cubrir los tiempos entre cosechas; como por ejemplo, realizar trabajos temporarios distintos a los agrícolas, generar actividades cuentapropistas e incluso migrar a otras provincias.

En el contexto de esta vulnerabilidad social, vinculada a la precariedad del empleo, estos sujetos son beneficiarios de ciertas políticas de protección social, las cuales en algunos casos implican ingresos monetarios más estables que los salarios (aunque no suficientes) para lograr la reproducción del trabajador y su familia. Muchas de estas políticas públicas forman parte de los programas de transferencia monetaria que se implementaron en toda la región de Latinoamérica, hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, para proteger a los sectores poblacionales insertos por fuera de los sistemas contributivos vinculados al empleo registrado legalmente.

En la Argentina, la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en 2009, implica la inclusión en el Sistema de Seguridad Social a los hijos/as menores de 18 años de aquellos trabajadores que se desempeñan en la economía informal, que no tienen una relación salarial registrada y estable, o que no llegan a percibir el salario mínimo vital y móvil. Vinculados a la AUH se encuentra la Asignación por Embarazo y el plan Sumar, que otorga cobertura médica para embarazadas, niños/as, adolescentes y mujeres hasta los 64 años. Para el año 2016, 3,8 millones de sujetos menores de 18 años son receptores de la AUH (Strachnoy, 2017).

Desde una perspectiva antropológica, buscamos comprender qué sucede con las políticas sociales cuando son implementadas en un sector determinado de la sociedad: los/as trabajadores/as agrícolas. Específicamente, este artículo se desprende de una investigación cuyo objetivo general es comprender cómo la AUH se articula con las condiciones de vida y de trabajo de los/as asalariado/as del agro. En este escrito expondremos dos dimensiones particulares que emergen de la problemática analizada: 1) la desarticulación que se genera entre las políticas sociales y las políticas laborales de las que son beneficiarios los/as trabajadores/as agrícolas; y 2) las dificultades y tensiones que se generan entre las condiciones de vida y de trabajo del sector analizado y la condicionalidad de escolarización vinculada a la percepción de la AUH.

Abordamos nuestra investigación mediante una metodología de tipo cualitativo, procurando reconstruir las percepciones de la problemática estudiada a partir de la visión de nuestros sujetos de estudio. El trabajo de campo se realizó entre los años 2015 y 2017, en zonas rurales y periurbanas de las provincias de Misiones y Tucumán. Las técnicas fueron las entrevistas, complementadas con observaciones y registros de conversaciones informales. Entrevistamos a trabajadores/as y otros sujetos que tienen contacto cotidiano con este sector y permiten complementar la información que brindan los/as trabajadores/as (maestros/as, funcionarios/as municipales, etcétera). Para proteger la identidad de los/as entrevistados/as, cambiamos sus nombres y no mencionamos las localidades donde residen.

El análisis de los datos es de tipo comparativo. Como señala Barth (2000), en antropología no tratamos con unidades comparativas ni con objetos delimitados y autoevidentes, como en otras ciencias, sino que lo que entra en el juego comparativo son las descripciones de comportamientos y prácticas de grupos y sujetos que ocupan posiciones homólogas en los espacios sociales donde actúan (Rosato y Quirós, 2004). Es importe aclarar que, a pesar de que la estacionalidad, la precariedad y la informalidad son características del trabajo agrícola, estos fenómenos no se expresan del mismo modo en todos los mercados de trabajo del sector. Dependiendo de la residencia urbana o rural de los/as trabajadores/as, del tipo de producción, de su orientación hacia el mercado interno o de la exportación, del nivel de tecnología de los cultivos, del tipo de articulación con el sector agroindustrial o también la presencia de migración temporaria, se configuran ciclos de empleo de mayor o menor duración y con diferentes niveles de regulación contractual. Estos aspectos se relacionan con las diferencias encontradas en el acceso y utilización de la AUH, así como con las posibilidades reales para cumplir con la condicionalidad de la asistencia escolar.

La existencia de algunas diferencias en los mercados de trabajo agrícolas justifica la selección de las provincias de Tucumán y Misiones. Mientras que la zona de producción de cítricos de Tucumán —en parte, orientada a la exportación— es una de las más importantes del agro provincial y presenta mayor cantidad de trabajo registrado en comparación con otros empleos agrícolas; en Misiones, la principal producción —que es la yerba mate— es uno de los mercados laborales agrarios con más cantidad de empleo sin registrar y con condiciones más precarias de trabajo. Si bien ambos mercados de trabajo comparten características de precariedad, tienen diferentes estructuras productivas y empresariales que configuran diversas situaciones para este colectivo social.

Estructuramos el artículo del siguiente modo: en primer lugar, revisamos el concepto de "política pública" desde la antropología; en segundo lugar, describimos brevemente los mercados laborales agrícolas de Misiones y Tucumán, y las condiciones de vida y de trabajo de los sujetos analizados; en tercer lugar, analizamos los vínculos y tensiones entre la protección social y las políticas laborales de las que son beneficiarios los/as trabajadores/as, por último, nos focalizamos en la relación entre la condicionalidad educativa de la AUH y las condiciones de vida y de trabajo vinculadas al empleo agrícola.

 

Las políticas públicas en clave antropológica

Desde los enfoques positivistas, las políticas públicas son consideradas decisiones formales elaboradas para manejar instrumentalmente "algo que está allí afuera" (Rodríguez Nardelli et al., 2013). En cambio, la antropología aborda las políticas públicas como procesos históricamente situados, involucrados no solo en la producción y reproducción de la vida material de las personas, sino que afectan también los esquemas culturales que orientan las acciones de los sujetos (Grassi, 2003; Danani 2004; Andrenacci y Soladano, 2006), y que, lejos de ser el resultado de un proceso lineal y coherente, son objeto de un proceso sociopolítico, que configura un campo de disputa (Chiara y Di Virgilio, 2009).

Desde los gobiernos, las políticas públicas se presentan como instrumentos generados a partir de un saber experto y técnico, neutral y objetivo. Las poblaciones receptoras de estas políticas se construyen como si fuesen homogéneas a partir del establecimiento de normas universales (Shore y Wright, 1997). En contraste, la antropología resalta la complejidad y lo desordenado de los procesos de formulación de políticas, en particular las maneras ambiguas y, a menudo, disputadas, en que estas son promulgadas y recibidas por la gente, por decirlo de alguna manera, "en el terreno" (Shore, 2010).

Para el caso de la Argentina, desde una perspectiva antropológica, algunos estudios advierten que la implementación de programas sociales no genera una incorporación mecánica de bienes materiales a la vida cotidiana de sus beneficiarios, sino que produce prácticas, aprendizajes y relaciones que pueden implicar procesos de estigmatización, subordinación y clientelización (Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000; Cravino, Fournier, Neufeld y Soldano, 2001).

En un trabajo más actual, Canelo (2016) analiza cómo las "omisiones" de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectan a los/as migrantes bolivianos/as, y da cuenta de que las inacciones gubernamentales también constituyen una decisión con impacto social y, por ello, deben ser analizadas como políticas públicas. Por otra parte, Zenobi (2017), en su análisis de las políticas públicas orientadas a las víctimas de un incendio ocurrido en un local nocturno de Buenos Aires, da cuenta de que estas constituyen "procesos disputados" en los que intervienen un conjunto de actores heterogéneos (Estados, agencias multilaterales, organismos internacionales y actores de la sociedad civil).

 

Trayectorias laborales y condiciones de vida vinculadas al empleo agrícola en Misiones y Tucumán

Si las condiciones de trabajo estructuran las condiciones materiales de vida, no pueden soslayarse ni la temporalidad en el empleo, ni tampoco la informalidad en la que se sustentan. El resultado no solamente impacta en la temporalidad en el acceso al empleo y a los ingresos, sino que además deja "su marca" en la forma en que los/as trabajadores/as y sus familias orientan los recursos materiales sobre los que organizan sus vidas. Aunque el acceso a los recursos es discontinuo, las lógicas de reproducción se desenvuelven en ámbitos que continúan siendo regulados bajo el criterio de la mensualización, por ejemplo, el pago de alquileres y servicios básicos.

La bibliografía da cuenta de múltiples adaptaciones desplegadas en los territorios en los que habitan las/os trabajadoras/es y que buscan sortear la irregularidad de los ingresos (Berger y Mingo, 2011; Blanco, Bardomás y Mingo, 2017). Estas se orientan a cubrir el consumo de productos básicos, como alimentos, y más excepcionalmente, el otorgamiento de créditos "de palabra" para la compra de muebles y electrodomésticos. De este modo, el acceso a bienes y servicios se organiza partiendo de las condiciones que imprimen las características del acceso a los recursos.

Siguiendo a Murmis (1994), el supuesto detrás de la orientación del desarrollo de la agricultura en América Latina hacia producciones modernas, capitalizadas y relacionadas con la exportación resultaría en una mejora en los niveles de ingresos e inclusión social de las/os asalariadas/os agrícolas. Sin embargo, al caracterizar la fuerza de trabajo del sector, el autor señala que los procesos de expansión y capitalización en la región no se orientaron hacia la conformación de un "proletariado moderno", a la vez que los procesos de incorporación de tecnología aumentaron la transitoriedad en lugar de disminuirla. Este fenómeno se relaciona con la mecanización de ciertas tareas, con el aumento del rendimiento por hectárea y con los nuevos requerimientos de los cultivos. Esto último produjo la desestacionalización parcial de los ciclos de empleo, lo que incrementa la cantidad de tareas agrícolas y las distribuye en períodos más extensos a lo largo del año.

En Misiones se produce el 90% de la yerba mate de la Argentina. El proceso de producción tiene distintas fases: la cosecha, momento en que se obtiene la hoja verde; luego, en el secadero, se obtiene la hoja canchada; y finalmente, en el molino, se tritura la hoja. Los/as trabajadores/as aquí analizados están empleados/as en la fase de la cosecha. El grueso de la producción se concentra entre los meses de abril y septiembre, y en verano, se realiza una cosecha menor "la zafriña", que puede durar, como máximo, un mes.

La fuerza de trabajo del cultivo de yerba mate se organizó a partir de un complejo proceso histórico desde la colonia, con la sedentarización de la población guaraní y su explotación laboral. El mercado de trabajo yerbatero históricamente se caracterizó por la pobreza y la extrema vulnerabilidad de sus trabajadores (Rau, 2016).

Según Víctor Rau (2016), la mayoría de los estudios actuales sobre los trabajadores de la yerba mate son realizados en la zona urbana y periurbana de Oberá y tienden a atribuir sus resultados al conjunto de trabajadores/as del sector yerbatero. Es decir, ignoran tanto la existencia de tareferos/as con residencia rural, como la existencia de heterogeneidades locales y zonales dentro de la región yerbatera. A partir de un análisis cuantitativo, este autor afirma que los/as trabajadores/as agrícolas de la zona noroeste (en donde estos residen mayormente en regiones periurbanas) tienen mayores niveles de registro laboral y menores niveles de pobreza (en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas —NBI—) que en la región nordeste, donde los/as trabajadores/as agrícolas residen en zonas rurales. Al mismo tiempo, la mayor parte de las intervenciones estatales se enfocaron sobre las poblaciones urbanas de trabajadores agropecuarios y tienden a reforzar con ello las desigualdades entre residentes urbanos y rurales en términos de acceso a servicios, seguridad social y otros beneficios.

En zonas periurbanas, los/as cosecheros/as de yerba mate incorporan a sus ciclos laborales trabajos temporales y discontinuos en el sector de servicios o de la construcción. En zonas rurales, estos/as trabajadores/as articulan la yerba mate con otros empleos agrícolas, como la cosecha de tabaco (tipo Burley) en los meses de noviembre y febrero y, en menor medida, con la fase de cosecha de la producción forestal. Mientras que en zonas urbanas y periurbanas los/as trabajadores/as pueden emplearse en producciones agrícolas de mayor envergadura, los residentes de zonas rurales suelen emplearse en pequeñas producciones con características "campesinas".

Por otra parte, en el caso de Tucumán, la industria azucarera se desarrolló en su territorio como parte del modelo agroexportador que se consolidaba en la Argentina en el siglo XIX. Hacia mediados de la década de 1960 y como parte del programa del gobierno de facto, el llamado "Operativo Tucumán" se propuso "racionalizar" el complejo azucarero con la intención de diversificar la industria local. Los mecanismos aplicados consistieron en el cierre de los ingenios considerados de menor eficiencia productiva y la regulación de la producción primaria, que se logró expropiando a los pequeños productores de los cupos de producción (Ramírez, 2008). En este contexto, se aplicaron incentivos fiscales para la radicación de nuevas industrias, y se sumó la producción e industrialización del limón a la estructura productiva provincial. Como resultado de estas políticas, entre 1966 y 1975, la superficie dedicada a la caña perdió aproximadamente 50.000 hectáreas, mientras que las plantaciones de cítricos sumaron alrededor de 7000 (Crespo Pazos, 2014). Tucumán alberga uno de los polos productivos limoneros más importantes del mundo. En la década de 1990, este complejo agroindustrial consolidó su perfil exportador, que abarca desde la fruta en fresco hasta sus derivados industriales. Se destaca la alta concentración y verticalización a lo largo de toda la cadena productiva (Crespo Pazos, 2014).

La cosecha de limón se extiende desde abril hasta septiembre, y son julio y agosto los meses de mayor demanda de trabajadoras/as. En la cosecha de limón predominan las contrataciones registradas, que implican que los/as trabajadores/as cuenten con acceso a obra social y salario familiar. Al finalizar la cosecha de limón, el ciclo productivo se articula con la cosecha de arándanos, de participación mayoritariamente femenina. Entre enero y marzo —meses de alta desocupación en el sector—, las/os trabajadoras/es recurren a la migración hacia la provincia de Río Negro para la cosecha de peras y manzanas. Si bien la migración es mayoritariamente masculina, hemos registrado experiencias de mujeres con varias temporadas como migrantes. A partir del testimonio de las/os migrantes se observa que, durante la última década, se redujo la migración de familias completas por las restricciones impuestas por las regulaciones de los lugares de destino migratorio.

Los ciclos de empleo se articulan en la zona con la cosecha de caña de azúcar, tarea considerada "muy pesada" por las/os trabajadoras/es en comparación con el resto; y la cosecha de limón, como una de las "más livianas", dado que las plantas de fruta proveen de sombra y los meses de cosecha no son los más calurosos del año.

En relación con los ciclos de empleo, las mujeres también participan del acondicionamiento y empaque de limón y arándano, pero como estas tareas coexisten temporalmente con la cosecha, se observa poca articulación entre tareas agrícolas y agroindustriales. En sintonía con lo señalado más arriba, estos procesos de industrialización y capitalización del sector no han acompañado la mejora en las condiciones de vida y trabajo de los/as asalariados/as.

 

Tensiones entre políticas de protección social y políticas laborales

En el caso de los/as trabajadore/as agrícolas, las políticas sociales deben comprenderse en relación con las políticas laborales. Desde el año 2003, la Secretaría de Empleo (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) comenzó a ejecutar el Programa Interzafra, con el objetivo de compensar los ingresos de los/as trabajadores/as temporales mediante las transferencias monetarias en los meses de inactividad. Inicialmente, se aplicó a los trabajadores tucumanos de caña de azúcar. En 2009, la asistencia alcanzó a 66.000 trabajadores temporales de las provincias de Tucumán, Salta, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Corrientes y Santa Fe (Neiman, 2011). Los requisitos para la percepción de este programa son: ser mayor de edad y estar registrado en el sistema previsional un mínimo de tres meses y un máximo de nueve meses.

Posteriormente, en diciembre de 2011, se modificó el Régimen de Trabajo Agrario (Ley Nacional 26.727), que incorporó la modalidad de trabajo "permanente discontinuo". Esta contratación significa un cambio en la conceptualización sobre la satisfacción de las necesidades de los empleadores. Esta modalidad denota que los sectores empleadores necesitan cubrir necesidades que son permanentes, entonces, la mano de obra es empleada de forma permanente, pero con carácter discontinuo. Esta reglamentación supone la garantía de estabilidad laboral; el empleador estaría obligado a contratar a los mismos empleados (que se encuentren registrados) en la zafra siguiente y, en caso contrario, debe otorgarles una indemnización por despido. En esta etapa se creó el RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores de la Agricultura), organismo que registró, entre los años 2013 y 2016, 150.000 trabajadores a partir de operativos de fiscalización, otorgó 15.000 coberturas por desempleo, instaló más de 250 centros de alfabetización y desarrolló el programa CUIDAR. Este último promueve la instalación y mejoras de espacios de cuidado, a cargo del empleador, para niñas, niños y adolescentes que no hubieran cumplido la edad escolar, cubriendo la jornada laboral de los/as adultas/os que estuvieren a su cargo (Mingo, 2016).

En el año 2016, el gobierno del presidente Mauricio Macri, mediante el decreto 1014/16, disolvió el RENATEA y restableció el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), dirigido por las patronales agrarias y el sindicato "Unión Argentina de trabajadores rurales y estibadores" (UATRE). Guillermo Neiman (2017) señala que los despidos de personal, el desmantelamiento de los equipos de trabajo y la modificación de los objetivos del organismo conllevan una pérdida de los derechos protectorios que habían adquirido los trabajadores agrícolas.

Aunque en materia de legislación laboral hubo importantes avances, a partir de la modificación del Régimen de Trabajo Agrario, los/as trabajadores/as entrevistados/as señalan que las mejoras de sus condiciones de vida se vinculan fuertemente a la percepción de políticas sociales de transferencia monetaria y no tanto en función de cambios en la esfera del empleo. Mario, de 43 años, trabajador del limón en la provincia de Tucumán, relata:

En realidad, acá la diferencia es que antes había sólo caña más que nada, y ahora la caña quedó atrás y hay más limón, pero sacando eso, no hay muchas diferencias; el trabajo en el campo siempre es duro, lo que sí cambió es el ‘salario’ de los hijos (Entrevista a Mario, Tucumán, octubre de 2015).

En relación con esto, algunos trabajos señalan que en el norte de la Argentina la AUH significó un incremento monetario en los hogares que se tradujo en una reducción del nivel de indigencia (Bergesio, Golovanevsky y Ramírez, 2011; Isla y Vezza, 2014).

En 2017, se aplicaron las Asignaciones Familiares para Trabajadores Temporarios, que les permiten percibir las asignaciones por hijo, por embarazo, por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual, durante todo el año, si registra al menos tres meses de aportes o 90 días de trabajo en los 12 meses anteriores, independientemente del período en el que haya trabajado.

Según la Encuesta sobre Empleo, Protección Social y Condiciones de Trabajo de los Asalariados Agrarios en las provincias de Misiones y Tucumán (Ministerio de Trabajo, Empleo y Serguridad Social de la Nación; 2015) al menos el 40% de los adultos mayores no cuenta con años de aporte al sistema previsional necesarios para jubilarse; la proporción de mujeres en esta misma situación duplica a la de los varones. Con respecto a la AUH, en Misiones, más del 35% de los hogares de trabajadores agrícolas con menores de 18 años percibe AUH. Mientras que, en Tucumán, más del 31% de hogares con menores de 18 años percibe AUH.

Con respecto a la AUH y a la relación con el registro laboral, en el trabajo agrícola, Traglia (2014) argumenta que resulta clave diferenciar los/as trabajadores/as registrados/as que cobran las asignaciones familiares mediante el régimen contributivo, de los/as trabajadores/as no registrados/as que cobran la AUH del régimen no contributivo. Las dificultades surgen en el tiempo que lleva cobrar las prestaciones una vez que se pasa de un régimen a otro. En algunos casos, los/as trabajadores/as optan por trabajar en negro, porque pasar al sistema contributivo implica estar 60 días sin cobrar el beneficio, lo que supone la interrupción de un ingreso significativo regular. Se trata de personas que viven al día y no tienen capacidad de ahorro para amortiguar períodos sin generar ingresos. A esto se suma el hecho de que deben realizar los trámites correspondientes.

De este modo, existe una desarticulación entre las políticas de protección social y las políticas laborales (Traglia, 2014). Al mismo tiempo, en relación con ello, el registro no elimina la precariedad, en tanto que los ingresos son bajos, la seguridad social es parcial y las condiciones laborales siguen siendo precarias (Berger y Mingo, 2011).

Es importante subrayar que los estudios sobre trabajadores/as agrícolas (sobre todo en Misiones) han sido realizados en zonas periurbanas y urbanas, donde trabajar en blanco puede ser una posibilidad; sin embargo, en zonas rurales, aumenta la informalidad laboral vinculada al trabajo en producciones pequeñas. Esto se vio reflejado en los relatos de trabajadores/as agrarios/as residentes en zonas rurales.

Mientras que, en zonas rurales, los/as trabajadores/as directamente no estaban inscriptos legalmente al registro laboral, en zonas periurbanas de Misiones y Tucumán, se generan tensiones entre la protección social del trabajo registrado y la percepción de transferencias monetarias por AUH. Dicho de otro modo, tanto los/as trabajadores/as tucumanos/as como los/as misioneros/as relatan que, para preservar la percepción de ciertas políticas públicas, tienen que poner en práctica estrategias en relación con el registro laboral. En algunas situaciones, las empresas representadas por los intermediarios laborales son conscientes de esta situación y ofrecen abiertamente como opción la posibilidad de estar o no registrados, advirtiendo a los/as trabajadores/as que el registro pone en peligro la percepción de políticas sociales. Estas situaciones, según el relato de los/as entrevistados/as, son más frecuentes en empresas de menor envergadura, aunque en el caso de la provincia de Tucumán existen casos en grandes empresas.

Por otra parte, desde una perspectiva de género, varios estudios analizaron cómo se construye el rol de las mujeres en tanto que beneficiarias de la AUH (Grassi 2009; Goren, 2011; Del Río Fortuna, Gonzáles Martin y País Andrade, 2013). Estos estudios señalan cómo las políticas sociales dirigidas a mujeres pueden generar efectos opuestos pero simultáneos; por un lado, refuerzan el rol tradicional de la mujer como madre, mientras que, por el otro, habilitan espacios de decisión, responsabilidad y poder a partir de los cuales las mujeres se empoderan.

Desde el punto de vista de las mujeres trabajadoras agrícolas, la AUH amplió el margen de maniobra en la toma de decisiones sobre el consumo y, a su vez, refuerza el rol de la mujer como madre. Como relata Ana, de 29 años, tarefera residente de una zona rural en Misiones:

Antes el marido no te daba plata, y una tenía que andar con pañales de tela, ahora yo decido en qué gastar la plata, el gobierno a la mujer da la plata porque es ella la que sabe cómo hay que gastar para beneficiar a los hijos. (Entrevista a Ana, Misiones, julio de 2017)

Al mismo tiempo, Del Río Fortuna et al. (2013) señalan cómo la AUH no promueve espacios laborales y públicos para la inserción de mujeres, sino que las siguen sosteniendo en los tradicionales roles de género. Para nuestro caso de estudio, y en relación con las mujeres trabajadoras agrícolas, la posición de género puede actuar profundizando este desfasaje entre políticas sociales y registro laboral, debido a que estar en "negro" funciona como una estrategia que les permite más flexibilidad horaria para articular trabajo asalariado y trabajo doméstico. Es frecuente en la tarefa (cosecha de yerba mate) encontrar situaciones en las que los cónyuges o los padres de mujeres jóvenes con hijos/as pequeños/as, trabajan registrados, mientras que ellas lo hacen en negro. De esta forma, participan parcialmente de las tareas de cosecha a la vez que perciben menor remuneración, no cuentan con aportes jubilatorios y están desprotegidas en caso de accidentes laborales.

Por otro lado, no cumplir con el mínimo de tres meses de registro laboral implica no acceder al Programa Interzafra. En relación con este programa, la práctica de registrarse o no (cuando es posible optar por alguna de estas dos alternativas) varía en función de la diversidad de situaciones que atraviesan las trabajadoras.

En Tucumán, Mercedes (27 años) madre de tres hijos, argumenta que, frente a la inestabilidad temporal propia del trabajo en la cosecha de arándano, prefiere renunciar a los beneficios de la protección social vinculados al empleo en blanco y arregla con el contratista cómo será formalmente la liquidación del salario. Como el monto percibido es bajo, prefiere que le descuenten lo menos posible, entonces renuncia a la posibilidad de tener obra social. En palabras de la entrevistada:

Ahora no tenemos obra social […] estoy trabajando para una empresa de arándano en donde te hacen un descuento mínimo, si usted se pasa un peso del aporte mínimo, para poder tener obra social, entonces ya no puede cobrar el salario de los chicos. Entonces en tu recibo te ponen una parte en blanco y otra parte trabajás en negro, no podés pasar los 1500. Sí, la mayoría va en negro, […] no es un trabajo seguro tampoco, ni que dure muchos meses. […] Sí, sí, porque yo no puedo ir en blanco, porque dura solo dos meses. (Entrevista a Mercedes, Tucumán octubre de 2015)

Por otro lado, algunos/as entrevistados/as relatan tener que realizar prestaciones laborales para obtener el Plan Interzafra, aunque no existe ninguna normativa legal que exija realizar ningún tipo de tareas para obtener el beneficio. En relación con lo mencionado, Noelia, de 38 años, trabajadora agrícola del limón y del arándano, relata su experiencia: "Para cobrar el Interzafra, te mandan a limpiar la calle, juntar basura, distintos trabajos, si no, no lo cobrás" (Entrevista a Noelia, Tucumán, octubre del 2015).

Otra cuestión que complejiza el cobro del Programa Interzafra, especialmente para el caso de Misiones, es que los trámites deben realizarse en Posadas. Los/as trabajadores/as tienen la posibilidad de entregar sus papeles a la gerencia de empleo en su localidad o al sindicatode tareferos para que les gestionen el trámite en Posadas; sin embargo, algunos/as relatan que surgieron problemas con este tipo de modalidad. Por ejemplo, Alfredo de 31 años, (tarefero de una zona periurbana de Oberá, Misiones, entrevistado en octubre del 2017) comenta que los representantes sindicales le cargaron mal el número de Código Único de Identificación Laboral de la Seguridad Social (CUIL). Por lo tanto, tuvo que presentarse personalmente en Posadas, lo que implicó un gasto en traslado que no todos los trabajadores pueden costear. Esta situación es aún más compleja cuando se trata de trabajadores/as que residen en zonas rurales, donde los entrevistados/as mencionan haber logrado tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) con varias dificultades, vinculadas al transporte.

En todos los casos, los/as trabajadores/as se enfrentan a la disyuntiva de optar por trabajar registrados/as con las protecciones sociales y beneficios que ello implica, aunque con remuneraciones bajas y discontinuas a lo largo del año, u optar por las políticas de transferencia monetaria, que implican un ingreso que, aunque es bajo, al menos es regular mensualmente. Una posibilidad es que algunos miembros de los hogares se registren y otros no para poder percibir el Programa Interzafra y la AUH, siempre y cuando la persona perceptora de AUH y la que cobra Interzafra no sean ambos padres de los menores de ese hogar; por ejemplo, puede ser un/a abuelo/a, el cónyuge de la madre (pero no padre de los menores, debido a que es incompatible cobrar AUH y estar registrado) o algún/a hijo/a mayor de edad.

 

Tensiones entre condicionalidades de la AUH y el trabajo agrícola

Mora Straschnoy (2016) analiza las condicionalidades de la AUH desde el enfoque de los derechos. Hay dos tipos de condicionalidades: "blandas" y "duras". Las primeras privilegian el acceso a los servicios de educación y salud por parte de los usuarios por sobre las sanciones. En cambio, la AUH tendría condicionalidades denominadas de tipo "duras", es decir, que implican la suspensión de la transferencia sin mediación cuando no son certificadas en tiempo y forma.

La misma autora señala que en las condicionalidades de tipo duro subyace el supuesto de homo economicus; tienen un efecto punitivo y no resuelven los problemas de acceso a los servicios de salud y educación. En 2016, bajo el mandato del presidente Mauricio Macri, y con fondos del Banco Mundial, se analizó la cuestión de las certificaciones que acreditan dichas condicionalidades, pero no integró en ningún aspecto a los Ministerios de Salud y Educación, por lo tanto, se refuerza el aspecto punitivo. De esta manera, los objetivos formales que plantean a las condicionalidades de la AUH como una forma de combatir la reproducción de la pobreza se disuelven debido a que aquellos sujetos que, por distintas razones, no cumplen con ellas, y no tienen un seguimiento estatal para revertir su situación.

Desde el Estado, el argumento que justifica las condicionalidades se vincula con la ruptura de reproducción del círculo de la pobreza. Los objetivos formales de las transferencias condicionadas son de corto, mediano y largo plazo. Los primeros consisten en la transferencia de ingresos a fin de que las familias superen su situación de pobreza. Los de mediano plazo suponen la asistencia de menores a servicios de salud y educativos que permitan la acumulación de capital humano. Luego, los objetivos a largo plazo radican en que esos menores (gracias a haber acumulado capital humano mediante el acceso a la salud y la educación escolar ligada a la condicionalidad de las políticas de transferencia monetarias) se inserten exitosamente en el mercado laboral, lo que rompería el círculo intergeneracional de la pobreza (Cechini y Madariaga, 2011).

Sin embargo, siguiendo a Shore (2010), las políticas tienen efectos que sobrepasan los diseños e intenciones de sus autores (si en verdad un "autor de políticas" puede ser identificado). Una vez creadas, entran en una compleja red de relaciones con varios agentes, actores e instituciones, estructura que puede a menudo generar consecuencias imprevistas e inesperadas.

En este artículo nos centramos en la condicionalidad de escolarización, y dejamos vacante para futuros estudios la condicionalidad vinculada a la salud. Salvia, Tunion y Poy (2015), desde un análisis cuantitativo, afirman que la AUH tuvo un efecto positivo sobre la escolarización de jóvenes. Dicho impacto ha sido diferencial a favor de poblaciones vulnerables a la exclusión educativa como son los adolescentes varones. Con respecto a la reducción del trabajo infantil, el impacto fue menor, aunque sin dejar de ser positivo. En tal sentido, la AUH parece insuficiente para evitar el trabajo de niños y adolescentes cuando la situación de los hogares es inestable en términos de empleabilidad de sus miembros adultos y en situación de necesidades básicas insatisfechas. Esta circunstancia es frecuente en los hogares de asalariados agrícolas, en las que los ingresos magros y discontinuos del trabajo condicionan la posibilidad de los/as jóvenes de poder dedicarse exclusivamente a completar su escolarización.

Melina Morzilli (2014), desde un enfoque cualitativo centrado en la "perspectiva de los actores", detecta la cuestión del ausentismo escolar en la localidad urbana de Berisso, municipio de La Plata; en su estudio advierte cómo esta cuestión no es visibilizada en estudios cuantitativos e informes oficiales. Por otra parte, Gluz y Moyano (2014) analizan las experiencias cotidianas de escolarización para comprender sus vínculos con la AUH y relatan cómo los/as maestros/as y directivos/as y, en menor medida, las familias, reclaman mayor poder de sanción para los/as que no cumplen con la asistencia escolar, lo que da cuenta de cómo aparece en escena una lógica coercitiva a partir de la demanda de ajustar las estrategias de fiscalización. Las viejas desigualdades se superponen con otras de nuevos tipos de "fragmentación escolar", como son: experiencias de fracaso escolar, trayectorias estigmatizadas, condiciones adversas para sostenerse en la escuela.

En el caso de los/as jóvenes de hogares tareferos en zonas rurales de Misiones, el ausentismo se vincula, al menos en parte, con la alta movilidad residencial de las familias, que se van trasladando a distintas localidades rurales en busca de trabajo, lo que dificulta la asistencia regular de los/as niños/as e implica que cambien de escuela frecuentemente. Los/as maestros/as de escuelas rurales denominan a estas como "familias golondrinas" y señalan que, si bien han mejorado la inserción a la escuela, el proceso de aprendizaje de los/as menores se ve afectado en relación con las condiciones de vida y de trabajo. Se trata de familias que cambian su residencia varias veces al año en busca de trabajos en distintos campos para cosechar, y aunque la movilidad puede ser dentro de una misma localidad, la dispersión de escuelas en zonas rurales complica la continuidad en el aprendizaje de los niños y niñas.

El acceso escolar, al menos en el nivel primario, es menos complejo en este sentido para trabajadores/as que residen en zonas periurbanas y urbanas en Tucumán y Misiones, aunque a medida que los/as jóvenes ingresan al secundario se insertan como trabajadores/as agrícolas, y se producen tensiones entre escolaridad y trabajo. El empleo agrícola implica jornadas de hasta 12 horas laborales asociadas a formas de pago a destajo; es trabajo cansador desde el punto del esfuerzo físico y que deja poco margen temporal para que el/la trabajador/a realice otras actividades. La clásica imagen "del varón proveedor" incide en que los jóvenes varones generalmente trabajen a edades más tempranas que las mujeres, y que, en consecuencia, vean afectado más frecuentemente su rendimiento escolar en comparación con el de las mujeres.

A las tensiones vinculadas a la relación entre condicionalidad de escolarización de la AUH y trabajo agrícola, se suma la carga moral que construyen los agentes en torno a la relación escolarización y dinero de origen público-estatal. En Brasil, varios trabajos han abordado la dimensión moral que atraviesan los consumos de sectores beneficiarios de políticas sociales de transferencia monetaria (Barbosa y Campbell, 2013; Eger, 2013; Pereira y Ribeiro, 2013; Pinto, 2013). En líneas generales, estos estudios sugieren que el dinero que es transferido por el Estado hacia poblaciones vulnerables se encuentra cargado por marcas de clase, de género y de generación y, a su vez, está atravesado por sentidos, moralidades y clasificaciones.

Específicamente, para el contexto rural brasileño, Machado y Menasche (2017) analizan cómo las beneficiarias de la "bolsa de familia" son "juzgadas moralmente" por sus prácticas de consumo y vigiladas por los agentes estatales mediante las condicionalidades que se les imponen. Para el caso argentino, Wilkis (2013, 2015), desde la perspectiva de la sociología del dinero, señala cómo el dinero de origen estatal es utilizado para juzgar moralmente los consumos de los sectores vulnerables.

Debemos advertir que ni las asignaciones familiares del sistema contributivo, ni la AUH del sistema no contributivo son estrictamente políticas educativas; tampoco tienen vínculo directo con el Ministerio de Educación. Sin embargo, recae cierta carga moral que impone cuáles son los usos "correctos" e "incorrectos" del dinero proveniente de la AUH. Tanto beneficiarios/as de la AUH, como maestros/as, se refieren al dinero de la AUH como el "dinero escolar" o el "dinero de los/as chico/as", soslayando el hecho que muchas veces los/as menores necesitan cubrir otras necesidades que no están directamente vinculadas a la compra de elementos para la escuela (útiles, guardapolvos, etcétera), como puede ser la alimentación. Toda práctica de consumo que implique el gasto de dinero fuera del ámbito estrictamente escolar es juzgada como incorrecta. Una de las maestras entrevistadas relata al respecto:

Muchas de las familias de los chicos que vienen a esta escuela viven de asignaciones muchos tienen pensiones y a su vez con eso creen que es suficiente, ellos cobran la asignación y nosotros les explicamos que es para la educación de los chicos, pero ellos, con eso come toda la familia, entonces para la educación no tienen nada. […] Cuando vine a esta zona me sorprendió cómo les cuesta a los chicos aprender. (Entrevista a maestra de escuela rural, Misiones, julio de 2017)

En este sentido, las condicionales refuerzan la estigmatización de los colectivos sociales que dependen de políticas sociales para su reproducción social.

Las generaciones mayores de padres y abuelos que también han sido trabajadores agrícolas, muchas veces no han podido siquiera completar el nivel primario de escolarización, y argumentan que, en la actualidad, los/as jóvenes tienen más posibilidades que las que tuvieron ellos. Este es el caso de Angélica, de 47 años, trabajadora agrícola del arándano en Tucumán, que relata:

Antes era tan difícil ir a la escuela, no existía la posibilidad, ahora con el plan de los hijos y todas las facilidades, el que no va a la escuela es porque no quiere […] yo pienso que hay chicos que le gusta la vida fácil, que no son para la escuela. (Entrevista a Angélica, Tucumán, octubre de 2015)

La condicionalidad de la escolarización queda reducida a una cuestión "voluntarista", como si existiese un sujeto libre de condicionamientos estructurales; de esta forma, la responsabilidad de una trayectoria escolar exitosa recae sobre los/as más jóvenes, que "desaprovecharían" los recursos que el Estado les ofrece mediante las políticas de protección social.

 

Conclusiones

Sin lugar a dudas, la AUH incidió de modo positivo con el incremento del ingreso de las familias asalariadas del agro, al tratarse de una población con altos índices de informalidad laboral y con un ingreso discontinuo vinculado a la transitoriedad del empleo agrícola.

Sin embargo, el entrecruzamiento y las tensiones entre las políticas de protección social y las normativas que regulan las condiciones de contratación y de empleo permiten visibilizar la forma en que la sociedad legitima o no determinadas formas de construcción y organización de la vida cotidiana y del sostenimiento material de las familias. El caso de los/as trabajadores/as agrícolas temporarios interpela dicho entrecruzamiento, al mostrar la fragmentación entre políticas de protección social que se suponen universales y las realidades sobre las que se organiza el acceso al empleo y a los ingresos.

La residencia urbana o rural de las/os trabajadoras/es y sus familias, el tipo de regulación que organiza sus contrataciones, las condiciones de trabajo y las formas de remuneración, expresan la complejidad a la hora de compatibilizar el acceso a políticas de protección para no generar incompatibilidades que impacten en la percepción de beneficios asociados con el empleo. Las experiencias de investigación en este campo nos vienen mostrando que son las/os trabajadoras/es y sus familias quienes realizan los esfuerzos de articulación con el objetivo de hacerse de un ingreso mensual lo más estable posible. En este camino, resignan derechos como el acceso a la salud o a los aportes jubilatorios, que terminan por profundizar sus estructurales condiciones de inestabilidad y precarización.

Específicamente, son los trabajadores y trabajadoras residentes de zonas rurales los que encuentran mayores dificultades con respecto a la accesibilidad de políticas sociales y laborales, en parte, debido a problemas de tipo administrativo vinculados al aislamiento geográfico. Asimismo, los/as trabajadores/as de zonas periurbanas, aunque tienen más posibilidades de trabajar registrados, deben poner en juego distintas prácticas con respecto al registro laboral para no perder el ingreso continuo anual que otorga la AUH. Y son las mujeres las que corren con más desventajas a la hora de poner en juego estrategias para preservar ingresos regulares por medio de la renuncia a derechos laborales.

El análisis de estas tensiones expone que la intención de "universalizar" la protección social, en el sentido de otorgar cobertura a toda la población, debe estar acompañada por nuevos enfoques, que tengan en cuenta la diversidad de situaciones según las particularidades de los distintos sectores sociales beneficiarios. Además, es necesario desacoplar las políticas sociales de las normativas de regulación impuestas desde los mercados de trabajo.

Otro aspecto de la AUH que entra en tensión con las condiciones de vida de la población analizada es la condicionalidad de la escolarización. Otra vez son los/as trabajadores/as en zonas rurales los/as que se encuentran con más desventajas a la hora de cumplir esta condicionalidad; en este caso, la movilidad espacial que implica el trabajo agrícola se tensiona con la dispersión geográfica de las escuelas en zonas rurales. También debemos señalar que la etapa del inicio de la escolarización secundaria coincide con el inicio laboral de los jóvenes, con lo cual son los varones los más afectados a la hora de compatibilizar trabajo agrícola y escolaridad.

Además, la condicionalidad de escolarización de la AUH tensiona las relaciones generacionales entre trabajadores agrícolas. Los/as más jóvenes son vistos como privilegiados por la percepción de políticas sociales a las que las generaciones mayores no tuvieron acceso, lo que conlleva a responsabilizar a los/as jóvenes de sus inconvenientes y fracasos a la hora de construir trayectorias educativas, sin tener en cuenta condicionamientos estructurales. Al mismo tiempo, los/as trabajadores/as de zonas periurbanas y rurales son juzgados moralmente por los usos que dan al dinero de origen público-estatal por fuera del ámbito escolar. En definitiva, todas estas situaciones nos invitan a reflexionar críticamente sobre el papel que cumplen las condicionalidades en sectores vulnerables.

 

Financiamiento:

Este artículo se elaboró a partir de los resultados de una investigación financiada por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) en el marco del proyecto N° 2012-2378 denominado "Estudio cuanti-cualitativo de trabajadores temporarios de la agricultura".

 

Agradecimientos:

Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT).

 

Sobre las autoras

Alfonsina Alberti y Elena Mingo Acuña son Doctoras en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.

 

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