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Intersecciones en antropología

versión On-line ISSN 1850-373X

Intersecciones antropol.  n.6 Olavarría ene./dic. 2005

 

"Somos los que encarnamos la sociedad" Jueces federales y narcotráfico en la frontera Argentina- Paraguay*

Brígida Renoldi

Brígida Renoldi.. Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro). Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana (IFCS-UFRJ - Brasil). Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa (UFF - Brasil). Centro de Antropología Social (IDES - Argentina). Centro de Estudios en Antropología y Derecho (CEDEAD - Argentina). E-mail: brire@hotmail.com

Recibido 30 de Junio 2004. Aceptado 24 de Noviembre 2004

RESUMEN

Comprender los conceptos que organizan el pensamiento y las prácticas de los hombres, desde una perspectiva etnográfica, implica de algún modo pensar la idea de comunidades de pertenencia y referencia en las que se articulan sus miembros cuando comparten un conjunto de valores. Hablar del desempeño de los jueces federales de la ciudad de Posadas es, por lo tanto, describir las categorías y conceptos que conforman los criterios para la toma de decisiones sobre la libertad o la prisión de un individuo que viola una ley, dentro de una organización burocrática y política como es el Estado Nacional en sus diferentes niveles. Tales criterios resultan de relaciones sociales, por eso las decisiones fundadas en ellos no son neutrales ni estrictamente individuales, no reflejan una pura acción racional. Confluyen en estas decisiones los conceptos y valores creados por las diferentes comunidades en las que quienes deciden participan con sentidos determinados de pertenencia, no siempre unívocos ni exentos de conflictos y contradicciones. En este trabajo se describen algunos de los criterios para la toma de decisiones por parte de los jueces federales de un tribunal oral que resuelve casos de narcotráfico en Posadas, ciudad argentina de frontera con Paraguay.

Palabras claves: Justicia Federal; Toma de decisiones; Argentina.

ABSTRACT

From the point of view of an ethnographic perspective, any attempt to understand the categories that organize thoughts and practices of the people implies to take into account the idea of "community" as a point of reference and belonging for the articulation of its members that share a common set of values. In that sense, to talk about the work of Federal judges in the city of Posadas, Misiones, Argentina, is to describe the categories that organize their criteria in taking decisions on the freedom or on the imprisonment of individuals that violate the law, which is done inside a bureaucratic political organization which is the National State. These criteria are influenced by social relations and the decisions taken neither are out of the society in which they originate, nor are them individualistic judgments that only reflect an abstract and pure rational action. I am not saying that these decisions are influenced by univocal and non contradictory values. These values come from different communitarian belongings, sometimes from different spatial and historical contexts. To put it in other words, they do not reflect a "pure" rational action. Instead, they are the consequence of concepts and values created by different communities in which the judges participate with certain feelings of belonging-these feelings are not except of conflicts, ambiguities, and contradictions. In this work, I will describe categories that influence the criteria for the taking of decisions of Federal judges of an Oral Court that solves cases for trafficking in narcotics in Posadas, an Argentinean city at the border with Paraguay.

Keywords: Federal justice; Taking decisions; Argentine.

INTRODUCCIÓN

Comprender las categorías que organizan el pensamiento y las prácticas de los hombres, desde una perspectiva etnográfica, implica de algún modo pensar el concepto de comunidades de pertenencia y referencia en las que se articulan sus miembros cuando comparten un conjunto de valores.1 Hablar del desempeño de los jueces federales de la ciudad de Posadas es describir las categorías que conforman los criterios para la toma de decisiones sobre la libertad o la prisión de un individuo que viola una ley, dentro de una organización burocrática y política como es el Estado Nacional en sus diferentes niveles. Tales criterios resultan de relaciones sociales y las decisiones fundadas en ellos no pasan por sobre ni por fuera de la sociedad, ni son decisiones estrictamente individuales que reflejen una pura acción racional. Confluyen en ellas los valores conformados en comunidades diversas situadas en un tiempo histórico y en un lugar, que generan en los que deciden determinados sentidos de pertenencia, no siempre unívocos ni exentos de conflictos y contradicciones.2

En este trabajo se describen algunas categorías que, en tanto valores, constituyen los criterios para la toma de decisiones por parte de los jueces federales de un tribunal oral que resuelve casos de narcotráfico en Posadas, ciudad argentina de frontera con Paraguay.3 Todo territorio de frontera es una convención geopolítica que delimita la soberanía de dos o más estados nacionales o provincias. En este sentido expresa las particularidades de un espacio social donde los agentes que lo constituyen y que se constituyen en él ocupan posiciones en un orden jerárquico de relaciones (cf. Alvarez 2002; Bourdieu 1997a:160). El territorio de frontera resulta entonces de procesos históricos de relaciones sociales que forman en los jueces diferentes sentidos sobre el tráfico de drogas y sobre sus propias prácticas como miembros del Poder Judicial del Estado Nacional Argentino. Estos sentidos y las tensiones que existen entre el histórico centro del país (Buenos Aires, capital nacional) y el interior (las provincias) se expresan en el proceso de toma de decisiones. Estado, Poder Judicial, Justicia Federal en la frontera, justicia, salud pública, comunidad nacional, son conceptos que los jueces entienden de modo particular por el hecho de habitar ese territorio de frontera constituido por distancias sociales a nivel nacional e internacional (Bourdieu 1997a:162-165).4 Los jueces interpretan la ley para poder aplicarla y es en ese acto que tales distancias se hacen explícitas.

A través de la descripción de cómo se compone el tribunal de jueces federales, cómo conciben su trabajo y la importancia de determinados conceptos en la conformación de criterios para la toma de decisiones, se intenta hacer visible de qué forma los jueces participan de una comunidad política que protege y reinventa ciertos valores definidos por ellos como "de la sociedad" y que ellos remiten al nivel del Estado Nacional. Al mismo tiempo, en el proceso de toma de decisiones se dirime la centralidad de ciertos valores debido a que intervienen criterios no estrictamente jurídicos, creados en la experiencia cotidiana de vivir en una ciudad "de frontera" donde se acentúan y refuerzan diferencias hacia el exterior y hacia el interior del país.

Para entender en qué términos los agentes de la Justicia Federal producen y reproducen valores centrales, como miembros de una elite, es preciso definir primero la noción de centro, para luego entender en qué sentido se conciben como partícipes de lo que ellos llaman 'elite'. El centro, según Shils (1996), es un fenómeno que pertenece antes que a la geografía al orden de los símbolos, valores y creencias que gobiernan la sociedad y que constituye una estructura de actividades, funciones y personas articuladas dentro de una red institucional. Es en esas funciones que los valores y creencias centrales se encarnan y son propuestos (Shils 1996:53-54). Los jueces federales, localizados en la ciudad de Posadas, en el desarrollo de sus prácticas profesionales, participan de ese sistema central de valores que, a la vez que orienta la toma de decisiones, es objeto constante de disputas sobre el sentido de las categorías que lo componen.

Los valores contienen potencialidades críticas y amplitud de variación, propiedades que permiten cambios en los modos de pensamiento. Las variantes de los valores centrales, que remiten a lo que es concebido por la sociedad como sagrado, pueden ir desde la afirmación extrema hasta la negación de esos valores (Shils 1996:55). En el caso de los jueces federales, las potencialidades críticas se observan en lo que piensan sobre la Justicia Federal y el narcotráfico, tanto como en sus concepciones sobre la importancia de trabajar en zona de frontera.

El acto de juzgar sólo puede realizarse en la localización de los valores centrales, es decir, en la práctica situada de los jueces federales como miembros del sistema institucional central. El centro se reproduce y transforma en la toma de decisiones de quienes detentan autoridad. En este proceso se configuran sentidos particulares sobre conceptos vinculados al narcotráfico que en parte se basan en valores centrales, pero a su vez los reformulan a la luz de experiencias que crean valores locales (Renoldi 2003).

Tanto abogados como jueces enfatizan el hecho de trabajar en la Justicia Federal como una particularidad que los diferencia de las justicias provinciales. El término "elite" con el que definen su pertenencia a un universo compartido de reglas específicas, ya sean formales o informales, condujo a pensar el concepto de "comunidad", pues parecía tratarse de relaciones establecidas entre iguales (los mejores) con diferentes status que generan pautas y valores, organizadores de la práctica profesional y dinamizadores de los códigos y leyes.

Entre la literatura sobre el debatido concepto de comunidad se destaca la propuesta de Bailey (1971), quien sostiene que se encuentran comunidades en diferentes lugares con características diversas de asociación, formal o informal. Se refiere a la pequeña política como la política de la vida cotidiana, en la que la reputación es un valor central y en la que las relaciones de amistad y el potencial de influencia sobre las personas son predominantes. El autor entiende que una comunidad puede definirse en el conocimiento y dominio que las personas tienen de ciertas reglas del juego social, por el conjunto común de valores y categorías, por una cultura compartida. Afirma también que está constituida por personas que se interrelacionan y que comparten sentidos sobre el ser y el deber ser. En su concepto de comunidad, la rivalidad y la disidencia son componentes activos; no se trata de la comunidad armónica y perenne. Este concepto evoca a los abogados defensores, fiscales y jueces, porque en el trabajo que realizan de construcción de hechos jurídicos bajo ciertas reglas institucionales y morales, parecen constituir una comunidad en la que se pautan y reproducen valores, no sólo jurídicos. Aquí, comunidad enfatizaría las redes de relaciones que son significativas a partir de las experiencias y de trayectorias.

Los profesionales de la justicia participan de una comunidad jurídica y política a nivel nacional que los integra no sin conflictos ni tensiones.5 Pero existen también otros niveles de integración a partir de los que conforman diferentes sentidos del "ser parte de", y en los que rigen principios variados de filiación.6 De modo que una decisión judicial no sólo se abastece de los valores compartidos por la comunidad jurídica y política, sino que se vale también de los sentidos adquiridos en diversas experiencias y ámbitos, en las distintas comunidades a las que pertenecen y por las que fluyen o circulan. Aunque se perciba físicamente a través de territorios y de humanos que los habitan así como de secretarías, oficinas y ministerios administrados por empleados públicos, una comunidad política no surge del espacio físico ni de la agregación matemática de personas. Al mismo tiempo que no puede existir sin espacios ni personas.

LA JUSTICIA FEDERAL EN ARGENTINA

La Justicia Federal, integrada por jueces que pertenecen al Poder Judicial, y por fiscales y defensores que pertenecen al Ministerio Público, se ocupa de resolver aquellos delitos que atentan contra el Estado, que dañan los valores públicos supuestamente compartidos por la comunidad nacional.7 Hacia 1992 se reformó en Argentina el Código Penal Procesal de la Nación y se incorporaron los juicios orales en la Justicia Federal, dando lugar a un procedimiento mixto que combina el sistema inquisitorial (escrito) con el sistema acusatorio (oral).8 Este cambio permitió que todas las personas procesadas por la ley de estupefacientes pudieran participar en un juicio oral ante un tribunal de jueces, en el que se exponen las versiones sobre el caso. La sentencia, como resultado del juicio, pretende reparar un daño causado. Pues, en términos jurídicos, toda ley existente protege un bien común. Para la ley actual de estupefacientes (23.737) ese bien es la 'salud pública'. La noción de 'salud pública' participa de la naturaleza de lo sagrado, de lo que no debe ser alterado y se presenta para los jueces como un valor central que justifica las tareas en contra de las drogas. Pensada como un estado de completo bienestar físico y mental, la salud pública se remite a un conjunto abstracto de personas sanas, que no padecen enfermedades físicas ni mentales provocadas por las drogas ilegales (Renoldi 2001). Uno de los jueces sostenía en una entrevista que "miles de familias pueden ser destruidas cuando los hijos adolescentes empiezan a drogarse", enfatizando la idea de alteración y ruptura de la armonía social, al mismo tiempo que colocando el énfasis en el poder (diabólico) de la sustancia. La 'salud pública' parece ser vista como la salud de los sanos. Bajo este concepto, el ingreso de marihuana al país, definido como crimen por el código penal, promueve la enfermedad que resulta de la adicción a las drogas ilegales.

'Salud pública' alude así a un concepto de 'comunidad nacional' que se define desde una perspectiva ideal de armonía, integración y moralidad compartida por los habitantes de un espacio definido territorial y socialmente. La idea de 'comunidad nacional', planteada en este nivel de abstracción, es construida como ideal de referencia desde un lugar -como espacio físico en el que cosas y personas toman posiciones relacionales y reafirman distancias sociales (Bourdieu 1997a)- que se diferencia de otros lugares, y da en consecuencia un sentido particular a esa idea de 'comunidad nacional'.9

Resguardar a la 'comunidad nacional' de las prácticas y las personas que la ponen en riesgo requiere de un tipo de autoridad bien diferenciada. Los miembros de la Justicia Federal en Misiones afirman esa autoridad al reconocerse como miembros de una "justicia de elite". Al mismo tiempo que se distinguen por trabajar en lugares de frontera territorial. Para entender 'la frontera' como espacio físico es preciso tener en cuenta cómo se dan las relaciones sociales que configuran el espacio social, expresado en ese espacio físico. Se intentará explicitar de qué manera las referencias de los jueces al territorio remiten a relaciones sociales históricas que lo cargan de sentido.

La 'salud colectiva' y la 'territorialidad' son dos cuestiones formalmente muy presentes en la toma de decisiones, pero no son las únicas que inciden en ese proceso. Tales decisiones son el resultado de experiencias y relaciones que no se circunscriben a la institución como entidad cerrada y objetiva. Pitt-Rivers (1971) ha puesto de relieve los intersticios que dan vida a las estructuras de autoridad al mostrar cómo la amistad, en tanto institución informal, se articula con ella. Su trabajo muestra hasta qué punto las relaciones sociales que se dan aparentemente por fuera de las instituciones formales, las componen de manera activa y creativa.

En el apartado que sigue se sitúa a los jueces federales para describir cómo entienden su trabajo. Se observan las reglas que definen sus tareas y los posicionan dentro de la comunidad política y jurídica, en un campo de disputas de sentidos. Se focalizará la descripción en algunos criterios para la toma de decisiones como un resultado cultural que sólo se entiende con referencia a un lugar y a una historia. Las interacciones e integraciones en diferentes niveles de las comunidades de pertenencia producen finalmente las decisiones judiciales.

"Nosotros, los Jueces Federales de Misiones"

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal está ubicado en el centro de la ciudad de Posadas, a 50 m del Ministerio Público (Fiscalía y de Defensoría).10 Ocupa, dentro de un radio de 10 cuadras, un espacio diferenciado respecto de los otros poderes provinciales. La puerta del Tribunal está siempre custodiada por gendarmes, miembros de una fuerza de seguridad nacional muy activa en el territorio argentino.

Se estuvo presente en los tres despachos de los jueces federales del tribunal y todos tienen bibliotecas muy prolijas que exponen libros de leyes y jurisprudencia. Son grandes colecciones forradas en símil cuero con inscripciones en letras doradas. Las paredes están adornadas con armas blancas de colección, fotos de familiares y con presidentes de la corte y de la Nación. Los escritorios superan los 2 m de largo y los sillones de madera son altos y rectos, de estilo clásico. Todo es majestuoso, desde los muebles hasta las lapiceras, trajes, peinados, anillos y pulseras en el caso de la juez. La forma de trato que reciben de sus secretarios es respetuosa y muy formal, cada dos palabras agregan Doctor o Doctora, según el caso, realzando la imagen ya superior de los jueces. Al menos así lo hacen cuando hay personas ajenas a la rutina del tribunal. 11 Sus atuendos y las reverencias que se practican con ellos denotan la autoridad que poseen.

Al principio, visitar las oficinas provocaba la sensación de entrar al Estado. Constitucionalmente, el Estado está formado por tres poderes independientes que se desempeñan en espacios urbanos físicamente diferenciados. Sin embargo, la articulación que existe entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se activa mediante redes dinámicas de comunicación e influencia que trascienden la separación formal y se ligan a otras redes, más allá de las instituciones gubernamentales del estado.12 En la Justicia Federal los jueces de la nación que trabajan en Misiones, a pesar de haber nacido en esa provincia en la mayoría de los casos, no son jueces "de" la provincia, sino que trabajan "en" la provincia de Misiones, proyectando en parte el poder Judicial de la Nación y localizándose a través de redes con los poderes legislativo y ejecutivo provinciales.

El conocimiento sobre las prácticas del Poder Judicial permite entender algo acerca de esas distinciones. A medida que se daba el trato con los jueces y estos eran vistos en las ceremonias de juicios orales, se hacía evidente el rol que desempeñaban como custodia moral de la nación.13 Las formas de conducir el juicio oral, el tono y la formulación de las preguntas, los argumentos de incriminación que tomaban por interlocutor a un sujeto responsable, con iguales derechos que el resto de los ciudadanos, racional antes que razonable, colocaban al acusado como foco de ironías varias veces a lo largo del juicio. Hasta donde se ha podido observar la interacción está pautada en cierta medida por conceptos sobre el acusado que responden a estereotipos de delincuente (mentiroso, calculador, intencionado). Por ejemplo, eran recurrentes las preguntas que acentuaban la intencionalidad en el daño a la salud pública: "usted sabía que existe una ley que prohibe el transporte de drogas, no podría haber ido a trabajar antes de transportar diez kilos de marihuana?" o "sabe que con esa cantidad miles de jóvenes argentinos pueden convertirse en drogadictos?".

Al mismo tiempo se notó en las entrevistas que para los jueces el Estado es visto como una organización paralela a sus funciones. Se decía "el Estado no nos ayuda en nada, acá cada juez armó su despacho con dinero del sueldo", "no hay recursos suficientes y eso atrasa y malogra el trabajo". Los conceptos de 'Estado' y 'gobierno' eran definidos de formas variadas. Por gobierno entendían las prácticas políticas partidarias que lograban dominar las instituciones del Estado. En muchas oportunidades la idea de Estado aparecía subsumida a la de 'gobierno', en una suerte de separación entre la idea de instituciones y de políticas. En el contexto de juicio se reconocían como parte del 'Estado', enfatizando en sus discursos la gravedad del contrabando para el control fiscal y el atentando contra la 'salud pública' de la 'comunidad nacional', argumentos que constitucionalmente están reservados a los fiscales (al menos en los procedimientos acusatorios). Por otro lado, cuando hablaban del 'gobierno' se referían a los políticos, afirmando que a veces un pedido del gobierno podía trastocar el curso de un proceso. También en ocasiones los jueces se reconocían como esa elite que está por sobre o por fuera de tales distinciones, sin reconocerse como parte del 'gobierno' ni del 'Estado'. En cambio, en el término 'nación' se reflejaba de algún modo el aspecto identitario, la idea de comunidad amplia la de pertenencia, de responsabilidad y de participación colectiva de los argentinos. En la idea de 'nación' ellos se incluían con orgullo.

Aunque conforman el 'Estado', cuando hablan de él fuera del juicio lo ven ajeno, no se sienten respaldados más que formalmente.14 Consideran que reciben altos salarios, pero sólo para poder responder sin problemas a todas las formalidades que ellos consideran que la sociedad les exige (buena presencia, imagen pública de majestuosidad, distinción social) y en algunos casos contratar custodia para estar tranquilos y correr menos riesgos físicos, porque "los riesgos psíquicos no los previene nadie", tal como sostuvo enérgicamente una juez federal en una entrevista sobre las particularidades de su trabajo.

Experimentan la sensación de ser personas públicas, de poseer una privacidad restringida, de estar socialmente controladas como representantes y ejecutoras de la justicia. Consideran que su deber es estar al servicio de lo público, de la moral pública, que gira sobre el sentido del bien y de la protección de valores, como la honestidad, la responsabilidad y el respeto. Se presentan como personas con altísimos grados de responsabilidad y como objeto de privilegios y restricciones. No se consideran ciudadanos comunes desde el momento en que tienen la autoridad y el poder de juzgar a otros y, además, desde que creen ser vistos en sus funciones como modelos morales: racionales, justos, neutrales. Es parte de su trabajo explicitarlo cuando hay oportunidad, y sobre todo demostrarlo en sus acciones (propósito que los sitúa activamente en las disputas de poder dentro del campo jurídico).

Los jueces tienen legalmente prohibidas algunas actividades, por ejemplo el juego, la militancia política, la opinión en los medios de comunicación. En una oportunidad una juez decía: "estamos vigilados, como juez no podés hacer nada que te exponga públicamente, porque a los pocos minutos todo el mundo lo sabe y hasta puede costarte el cargo". Llama la atención que en Misiones un componente de sacralidad forma parte de sus autodescripciones: circundados de prohibiciones ellos merecen un respeto superior, al mismo tiempo que se distinguen del resto por el alto compromiso de sus decisiones.15 Dentro del campo del derecho esta visión es reconocida y sostenida por otros profesionales en actos de reverencia, aunque no por ello deja de ser cuestionada como reproductora de valores jerárquicos que legitiman el ejercicio del poder. Un poder que habilita a tratamientos diferenciales de las causas según la posición social del acusado y cuya activación hacia estos fines depende de influencias personales dentro de las redes que dinamizan esas prácticas institucionales.

La preservación de valores centrales que hacen a la autoridad, a la territorialidad y a la moral de una nación, promovida por personas que conforman las elites de gobierno, incluye la capacidad crítica inscripta también dentro de esos valores (Shils 1996). En la práctica ese potencial orienta transformaciones en el proceso de localización tanto en los valores centrales primarios (ligados íntimamente a lo que se considera sagrado) como secundarios (las cualidades propias de quienes ejercen la autoridad).

Si bien los jueces sostienen que la buena reputación que deben construir en sus carreras públicas afecta sus vidas privadas, la reputación está estrechamente vinculada con la vida privada, con las historias de familia, con el status de los apellidos en la ciudad y con las trayectorias personales de quiénes iniciaron esas líneas de apellidos.16 En una de las tantas conversaciones que se estableció con uno de los profesionales de la Justicia Federal, se oyó el siguiente comentario:

Tengo muchos parientes abogados y jueces, que trabajan acá y en Buenos Aires. La primera vez que analicé un expediente fue con mi papá, cuando todavía era muy joven, desde entonces lo ayudé hasta que empecé a trabajar solo, aprendí con él todo lo que el derecho no te enseña. Mi papá era un hombre muy reconocido y muy respetado, nunca nadie pudo decir que hizo alguna vez mal su trabajo.

Cualquier delito cometido por un juez es considerado por la ley mucho más grave que el que fuera cometido por otro ciudadano. La contradicción es intolerable porque pone en riesgo la integridad del sistema. Puede suceder que la institución al mismo tiempo que los amenaza con la ley los proteja con algunos privilegios que minimizan la pena o la hacen más confortable. 17 Se busca que esas situaciones trasciendan lo menos posible a nivel público para evitar el descrédito en la institución. Pero cuando trascienden se implementan estrategias para desvincular a la persona del caso o bien aliviar las condenas porque, a pesar de haber roto ciertos principios, siguen siendo considerados miembros de la elite.18

Cuando reflexionan sobre los casos de jueces procesados por incumplimiento de sus deberes públicos o por la comisión de delitos coinciden en que desacreditan profundamente a la institución judicial, provocando el descreimiento y la desconfianza pública. Estas figuras mal reputadas forman parte también del universo en el que ellos se incluyen. Tal como sostiene Bailey (1971), se trata de que los miembros de una comunidad -quienes comparten un conjunto de categorías y un acuerdo sobre las reglas que asocian unas con otras- posean reputación, mala o buena, pero que puedan ser reconocidos en referencia a los valores que se custodian y que se pretende mantener en vigencia.

Si la confianza en la institución se ve amenazada por el mal desempeño de algunos funcionarios, tratan de recuperar la confianza pública por medio de la exaltación de neutralidad y legalidad en las sentencias. Uno de los métodos que utilizan para asegurarse la neutralidad en el juicio es leer solamente la 'radiografía' del caso, resumen que se prepara a los jueces que no presiden el juicio para que sepan en qué consiste el proceso. Esa 'radiografía' a menudo es hecha por los empleados administrativos (ni secretarios, ni prosecretarios), quienes son los primeros en tomar contacto con el caso, tanto en la fiscalía como en la defensoría y en el tribunal. El trabajo de estas personas es sumamente minucioso y son quienes acceden directamente a toda la documentación percibiendo lo que falta y lo que está innecesariamente agregado. También tienen la responsabilidad de que nada se omita ni falte en el momento del juicio oral (son agentes estratégicos por el conocimiento y dominio que tienen de los papeles). Aunque parece una tarea meramente burocrática, se trata de un trabajo de configuración del hecho jurídico de gran compromiso; sólo que es imperceptible tras la autoridad que inviste a las figuras centrales. Por ejemplo, los jueces que formalmente asumen la responsabilidad por esos productos.

Las 'radiografías' son leídas en principio por quienes no presiden el juicio. En opinión de algunos de los magistrados cuanta más información sobre el caso domine el juez previo al debate (juicio oral), mayores son las probabilidades de asistir con un juicio ya establecido. Esta opinión pone en evidencia la tensión existente entre los dos procedimientos, inquisitorial y acusatorio, y muestra también la posición que ocupan los jueces del tribunal en tanto conciliadores entre uno y otro.

Los "otros" de afuera y los "otros" de adentro

En un principio llamó la atención que al menos la mitad de los presos por violación a la ley de estupefacientes fueran extranjeros, principalmente paraguayos, al mismo tiempo que sólo se asistió a un juicio por esa causa a un ciudadano paraguayo, que condensó particularmente algunos de los conceptos que los jueces tienen formados sobre ellos.19 De modo que la mayoría de estos extranjeros negociaba la pena antes de consumar el juicio oral, lo que significa hacerse responsable por el delito (en realidad se trata de asumir la culpa) y desistir de esa instancia de defensa. A esta resolución llegan por iniciativa de los fiscales y defensores y los jueces la aprueban.

Existen ciertos conceptos entre los jueces sobre la condición de 'extranjero' del 'delincuente', en tanto torna más rigurosa la decisión final en relación con la pena. No es lo mismo ser 'argentino' que 'paraguayo' o 'brasileño'. Esto es visible también en el régimen carcelario a través de los tratados internacionales que, en el caso de Paraguay, por ejemplo, no favorecen el retorno del prisionero a su país, a menos que éste pague las multas previstas, tasadas en cuatro veces el valor de la carga de estupefacientes por la que fue imputado. Según las autoridades de la justicia tal distinción no es arbitraria, pues consideran que un delito cometido por un extranjero merece una sanción más severa desde el momento en que la nación argentina les brinda los mismos derechos que garantiza para cualquiera de sus ciudadanos.

Sin embargo, es evidente que la categoría de 'extranjero' sólo adquiere relevancia descriptiva con referencia al país del que se trate. Por este motivo no sucede lo mismo en el caso de los brasileños. Tanto los tratados con Brasil como con otros países, son menos rigurosos en cuanto a la multa prevista para el cumplimiento de la pena en su país de origen. De alguna manera las formas en que se oficializan estos tratados ponen de manifiesto una historia que ha ligado desigualmente a los países en términos económicos y culturales.

La descalificación hacia los ciudadanos paraguayos es notable frente a la valoración del ciudadano brasileño. El ejercicio de los trabajadores de la justicia no escapa al sentido común que sostiene sus prácticas cotidianas en el plano local y que reconoce ciudadanos de primera y ciudadanos de cuarta categoría. Entre estos últimos se consideran los inmigrantes paraguayos, bolivianos y peruanos. La construcción de las diferencias culturales, referidas a la línea imaginaria que define una frontera, responde a esa relación desigual e histórica existente entre los estados nacionales, particularmente activada en los espacios de proximidad física como son las ciudades de frontera internacional.20 Las concepciones y decisiones de quienes trabajan en las instituciones judiciales sintetizan en algún sentido la complejidad de estos procesos.

No sólo las fronteras internacionales permiten ver el posicionamiento de los agentes en el campo jurídico. Las fronteras nacionales también son la expresión de diferencias y disidencias históricas y culturales en la constitución del Estado. Así, la disputa de valores dentro del campo jurídico se traduce en una distinción -que en principio parece sólo geográfica- entre prácticas de la capital y de la provincia. Los sentidos en disputa están directamente ligados a la percepción de la frontera como zona de riesgo y contaminación, a la percepción del territorio como espacio que hay que mantener seguro, que hay que controlar y a la idea de comunidad nacional, armónica, sana y sin conflictos como ideal deseable para el Estado Nacional.21

En la distinción entre capital y provincia, estos jueces conciben sus diferencias con los jueces federales bonaerenses, fundamentalmente "los jueces de abajo", los jueces de instrucción, los que investigan para obtener pruebas que se plasmarán por escrito en un expediente. Los jueces de Misiones sostienen que los de Buenos Aires en general son demasiado "blandos" y que ciertas posiciones garantistas que asumen responden al perfil de juez que ha predominado en Buenos Aires a diferencia de otras provincias.22 Hablando sobre esto un entrevistado de larga trayectoria en la institución sostenía que:

el juez burócrata es colocado para manejar poder y se enloquece!! todos los jueces federales fueron pinches.23 En Buenos Aires empiezan cosiendo24 expedientes y terminan como jueces federales. Ahora, con el Consejo de la Magistratura hace 5 o 6 años que no ascienden a juez. Muchos de los jueces de instrucción federales en las provincias son la definición de Eugenio Zaffaroni, jueces coloniales, de familia. En Córdoba son todos de apellido y son de plata, entonces no son tan cholulos25 y no tienen necesidad de mostrarse, no se deslumbran, cosa que sí hacen los jueces federales de Buenos Aires.26

La tensión planteada entre centro y periferia, remitida más que a lugares geográficos a estilos políticoburocráticos, está organizando parte de la auto-percepción de los jueces. Es cierto que esta distinción no surge con la práctica jurídica, sino que, además de estar condicionada por la historia nacional que centralizó el poder político y económico en Buenos Aires desde principios del siglo XIX -relegando el poder de las provincias-, enfatiza el lugar que ocupa el tribunal de Posadas en el territorio nacional, según los propios jueces, en lo que atañe al ejercicio de la seguridad nacional.27 Por un lado, los jueces de Posadas señalan que la responsabilidad que tienen al trabajar con cuestiones de narcotráfico es mayor que en otras provincias (por el hecho de que la droga ingresa al país por las aduanas y ríos de Misiones). Esta particularidad exige, según ellos, un trabajo profesional de gran autocontrol por tratarse de delitos que pueden ser omitidos a la justicia mediante negociaciones ilícitas. Por otro lado, reconocen que para poder investigar el problema del narcotráfico el principio de territorialidad es una limitación altamente condicionante. En ningún caso se refirieron a 'soberanía' en lugar de 'territorialidad'.

Ya se ha señalado al principio de este trabajo lo que significa la territorialidad para la Justicia Federal. Las consecuencias prácticas que acarrea ese principio jurídico explicitan la forma en que determinados valores centrales son cuestionados y las dificultades para tomar decisiones cuando entran en juego varios niveles de integración social.

La arbitrariedad del territorio

La Justicia Federal de Misiones interviene en todos los casos de violación a la ley de estupefacientes que se dan dentro de los límites territoriales de esa provincia. Cada caso de flagrancia suele ser por transporte de marihuana (sólo a veces cocaína) dentro del país, y en algunas ocasiones por contrabando (pasaje por la frontera). Es decir, que tanto la Policía como la Gendarmería Nacional y el Poder Judicial intervienen en un fragmento de la red del narcotráfico. Los jueces sostienen que la 'evidencia' es el ingreso de la droga a la Argentina desde Paraguay. Pero la limitación está en que las investigaciones federales sólo pueden llegar hasta la frontera con Paraguay. La opinión de un magistrado permite ver el problema de la territorialidad cuando se trata de hacer justicia y la forma significativa en que se construye el peligro como proveniente del Otro lado, un Otro amenazante, un riesgo para Nosotros, que no se puede controlar.

La droga no está acá, está en Paraguay, que es un país inestable política y económicamente, con una democracia hecha a los sopapos. La legislación en el Código Procesal te prohíbe analizar el proceso fuera de tu Constitución y fuera del territorio. Con esto arrancás con la mitad en el olvido, porque no podés investigar en Paraguay, caés en conflicto internacional. El organizador de toda la red está del otro lado, nosotros perseguimos los efectos del delito, pero el delito empieza en Paraguay, en todos los casos, porque acá, en Argentina, no se produce marihuana.

El hecho de "arrancar con la mitad en el olvido" garantiza legalmente la paz internacional. En este caso se observa cómo el tráfico de drogas, para poder ser tratado dentro del territorio nacional y definido como un problema para el Estado, tiene que recortarse tan arbitrariamente como está recortado el territorio. En realidad, para poder juzgar hay que imaginar aquello que es legalmente omitido. En el tráfico de estupefacientes lo olvidado por el procedimiento judicial (o lo que no puede contar en el proceso) es el circuito comercial de las drogas desde su producción y venta en Paraguay. No se trata de una imaginación ficcional, sino de una construcción a través de anécdotas que existen sobre el problema, y que no tienen bases jurídicas, pues no se desarrollan investigaciones judiciales "del otro lado" (aunque sí secretas). Las anécdotas28 componen gran parte de lo que es imaginado, y permiten emitir juicios sobre cadenas de acciones desconocidas que se articulan en la dimensión imaginaria de la que habla Geertz (1994) cuando se refiere a la práctica del derecho como un saber local.

Estas historias cortas, las anécdotas, tienen poder creador y son públicas, forman parte de los saberes locales. Ocupan un lugar central para imaginar el contexto de los hechos y poder emitir juicios. Principalmente cuando se trata de aspectos sobre los que no hay evidencias como es el caso de la producción y comercio de marihuana fuera del territorio nacional. En estas situaciones es muy importante lo que "se sabe", la información que circula sin autores, los rumores, los chismes, porque son componentes claves del saber local.29 El dominio de la Justicia Federal argentina termina en las fronteras geopolíticas. Que se trate de una limitación formal no quiere decir que exista un desconocimiento real sobre el problema que se juzga, precisamente las anécdotas son una forma de conocimiento no directo a través de narrativas. La reflexión sobre el "olvido" en las investigaciones pone en evidencia la arbitrariedad con la que se definen las fronteras de un territorio y hace emerger, en palabras de los jueces, la complejidad de las relaciones sociales y las redes que no pueden conocerse ni controlarse partiendo de la idea de territorialidad.

A través de las anécdotas se construyen en parte los hechos jurídicos y fundamentan en cierta medida las acciones y decisiones judiciales. Al punto de que algunos jueces, remitiéndose a las anécdotas sobre Paraguay y sobre los paraguayos como si se tratara de evidencias, sostienen que al romper la cadena en el transporte se "combate" el delito de la droga, se "lucha" contra el narcotráfico.30 Las anécdotas que dan cuerpo a los conceptos sobre Paraguay describen al paraguayo como un hombre que cuando trabaja lo hace en el mercado ilegal, que domina a la mujer y la explota económicamente; es el que vestido de blanco, de pies a cabeza, bebe alcohol durante todo el día junto a sus pares. Esta imagen supone también una persona traicionera, en la que no se puede confiar, menos creer en su testimonio o declaración en caso de ser acusado o testigo. Según la opinión de los jueces, que no difiere de otras opiniones generales en la ciudad, el paraguayo siempre intentará sacar provecho a través de la mentira y nadie que se relacione con él saldrá ileso de algún robo o estafa por pequeña que sea.31

Si bien no está permitido legalmente realizar investigaciones en Paraguay se llevan a cabo investigaciones de 'inteligencia'32 promovidas desde la Argentina, pero sólo ofrecen información para orientar los operativos cuando la carga ya ingresó al país, sin que la información obtenida autorice a activar procedimientos judiciales en Paraguay. Un trabajo de mayor compromiso incluiría acciones alineadas en los acuerdos internacionales que, aunque existen con la República de Paraguay, no inciden en las tareas de colaboración internacional de "lucha contra el narcotráfico". En esta lucha o guerra no todos los jueces consideran participar pues se trata de una política particular promovida por los Estados Unidos que supone intereses específicos en relación con el tráfico y con la destrucción del tráfico a través de los productores, comerciantes y consumidores (Malamud Goti 1994b).

Los miembros de la Justicia Federal señalan además los problemas que plantean las diferencias entre las legislaciones en la medida que no permiten establecer una tarea armoniosa transnacional. Expectativa en algún sentido ingenua si se considera que se trata de Estados Nacionales con diferentes intereses en relación con el mercado de las drogas y con configuraciones particulares en que se articulan diferentes sectores de la sociedad.33 Este contexto no es meramente informativo, sino que está operando como trasfondo en las decisiones que derivan en sentencias. Forma parte del sentido común judicial en la provincia de Misiones, sobre todo en quienes exponen las decisiones institucionales.

La justicia argentina, al no poder extender legalmente su competencia al país vecino, limita su trabajo -así lo entienden los jueces- a las acciones que violan la ley 23.737 que son mayoritariamente 'delitos flagrantes'. Un entrevistado que, además de ocupar un puesto clave en la Justicia Federal, fue durante muchos años gendarme en la provincia sostenía:

Los inversores están en otro país y la persona detenida si lo sabe, sabe también que le conviene callarse, porque si habla puede tener problemas. Además, los inversores son personas muy poderosas la mayoría de las veces, y con dinero pueden hacer lo que quieren, desde inventar pruebas a su favor hasta tergiversar totalmente todo y salir ilesos. Los abogados penalistas son caros, muy caros, no firman por menos de 10.000 pesos y se ve que más de una vez aparecen defendiendo a personas que no podrían pagarles lo que cobran. Pero nosotros no podemos ir a indagar quién les paga, eso sería meternos a investigar y no podemos. Ese es el problema del derecho penal garantista. Se balancea en la eterna duda entre libertad y seguridad. Si se quiere llegar a garantizar la seguridad se transforma en totalitario, pero el exceso de garantías del autor del hecho conduce a la inseguridad nacional.

La inseguridad nacional parece ser una preocupación de vieja data que ha ido configurando focos de riesgo y desplazándolos desde el interior (los indios, los anarquistas, los comunistas, los hippies, los estudiantes universitarios, los ladrones) hacia el exterior (los inmigrantes latinoamericanos, los narcotraficantes, los contrabandistas), siempre pretendiendo construir una nación segura, sana y armónica, que pudiera jactarse de ser una comunidad nacional superadora de las diferencias entre las provincias (Oszlak 1982; Sain 2002; Salessi 1992).

Quienes trabajan en las instituciones que velan por la 'seguridad nacional' consideran que "el tráfico de drogas es un tipo de subversión que condensa fuerzas antidemocráticas". Aquí juega un papel muy importante la noción de 'integridad nacional', pues pareciera lograrse y fortalecerse ante un fenómeno de estricto orden transnacional. El narcotráfico, al provocar desorden y atentar contra la nación, genera como consecuencia un fortalecimiento interno a partir de la metáfora de guerra. Conviene no descuidar el poder de estos conceptos cuando se trata de políticas de estado, ya que no son expresiones ingenuas de la lengua (Bourdieu 1996, 1989).34 La lengua oficial, que es la lengua legítima, incluye términos tales como 'integridad nacional', 'seguridad nacional', 'salud colectiva' y 'comunidad nacional' que no son palabras inocentes. 35 Son conjuntos de valores articulados que crean imágenes de homogeneidad dadas como supuestas, que legitiman los sistemas institucionales de autoridad en la configuración del Estado Nacional (las prácticas legítimas) y provocan un efecto minimizador de las diferencias existentes. Ese proceso de homogeneización se produce de manera particular en cada lugar. Al ser utilizados por los jueces los contenidos valorativos de cada expresión traerán consigo una historia que se inscribe junto a otras en un campo de disputas sobre los sentidos de esos términos. Son disputas por poder.

"Nuestras diferencias no amenazan al Tribunal"

El tribunal, compuesto por dos jueces y una juez, no es tan homogéneo en su interior como se podría imaginar tratándose de una instancia que requiere consenso para la toma de decisiones. Entre sus diferencias podría señalar las posturas en relación con la ley de estupefacientes, remitidas a formas de pensar que van más allá de lo que aprendieron en la Facultad de Derecho. Una de estas posturas es que la ley no distingue grados de responsabilidad, lo que hace muy difícil definir una pena cuando la diferencia puede variar entre medio kilogramo y una tonelada de marihuana. Quienes sostienen esta posición son favorables a una reforma de la ley que incluya multas antes que prisión, de modo que se descomprima el sistema carcelario inmerso actualmente en una importante crisis institucional.

Otra de las posturas que marca el campo de disputas se basa en que más allá de la cantidad, existe un daño, ya que el atentado a la salud pública lo producen tanto un kilo como cien: " 'porros'36 de un gramo pueden arruinar la vida de una familia y matar a una generación entera". En opinión del magistrado las penas deben ser altas y recaer con mayor peso en el extranjero que desafía la seguridad nacional. Difiere de su opinión uno de los jueces cuando sostiene que la ley no ha previsto las "circunstancias culturales y accidentes geográficos de la provincia, como el hecho de estar permanentemente expuesta por los ríos que la rodean". En este sentido, propone que el contrabando o transporte de estupefacientes por un extranjero debería penarse con trabajo en planes comunitarios durante el período que se encuentra detenido y luego ser expulsado con prohibición de retorno. Estas diferencias pueden provocar disidencias en cuanto a la pena, cosa que resuelven por medio de la 'composición': votan en secreto los años de condena que cada uno aplicaría y se promedia el resultado. De esta manera, cada vez que los juicios individuales difieren entre ellos, llegan a un resultado común que permite dictar sentencias, pero no se trata de una decisión por consenso (Douglas 1996).

Las posiciones descritas, que podrían entenderse como opuestas en el universo de jueces que se analizan, muestran que aún dentro del tribunal puede haber tendencias divergentes pero que no llegan a afectar su integridad. Al realizarse el mandato de llegar a una sentencia los valores elementales vinculados al Estado y a la nación se actualizan localmente.37

Expresan con orgullo que a escala nacional Misiones ocupa la primera posición en implementación de juicios orales y número de causas resueltas, lo que responde a diferencias de criterios y de funcionamiento con otros tribunales. En varias ocasiones se escucharon comentarios de los jueces que cuestionaban a algunos de sus pares de la provincia de Buenos Aires, señalando las actitudes "blandas" en la aplicación de la ley 23.737. Misiones, además de un enclave importante como lugar de ingreso y paso de drogas, se encuentra en relación con Buenos Aires en la periferia geográfica, a 1100 km de la Capital Federal del país. Por un lado, esto refuerza la responsabilidad que ellos sienten sobre la seguridad nacional, para ellos "no es lo mismo trabajar en capital que trabajar acá, donde hay que controlar quién entra, con qué entra y para qué". Por otro lado, deben adecuar la ley a las situaciones cambiantes en que se presenta el tráfico de drogas (formas mutantes de ocultamiento y transporte), más frecuente que en la zona porteña, debido a las rutas de ingreso de la marihuana. Por esta razón, el hecho de estar en primer lugar en ejecución de juicios coloca a la provincia en el centro, al menos en lo que hace a esta problemática, y rompe de este modo con la dicotomía planteada en términos geográficos y políticos de centro (capital, gobierno, poder) / periferia (provincia, subordinación institucional, obediencia política al poder nacional). En el momento de juzgar los casos de tráfico, los jueces federales de Misiones garantizan, según ellos, la seguridad de la comunidad nacional, a diferencia de otros jueces de Buenos Aires que no perciben la centralidad del narcotráfico por la distancia que existe con la frontera con Paraguay.

En los últimos años, aproximadamente desde 1990, se incrementó el ingreso de marihuana a la Argentina, con él aumentaron los juicios y se desbordaron las cárceles de prisioneros. El impacto que progresivamente provocó tal incremento en la resolución de casos se puede registrar a partir de los montos decrecientes en las penas. Actualmente los jueces no aplican las mismas penas que antes. Hace diez años ingresar con 9 kg de marihuana significaba cumplir la pena máxima de 15 años. Hoy, el transporte de esa cantidad recibe una condena mucho menor. De todos modos, las penas aplicadas por los jueces en Misiones son superiores a las que se aplican en Buenos Aires. Esta diferencia no sólo responde a las tradiciones jurídicas (que sin duda también se definieron en función de particularidades locales), sino que está relacionada con la experiencia de trabajar en lugares muy distintos. Así lo entienden los jueces de Posadas, quienes valoran la frontera como un espacio de gran importancia para la definición del Estado Nacional.

Los jueces consideran que las particularidades geográficas y políticas de cada provincia, configuran una percepción también particular del fenómeno del narcotráfico. Aunque pareciera que bajo el término Justicia Federal se englobara una práctica uniforme, que responde a los intereses nacionales antes que provinciales, es perceptible una localización de valores que hace original a la 'Justicia Federal' de cada provincia. Esto no escapa a las diferencias propias del campo jurídico ni a los conflictos desatados en su seno. Diferencias y conflictos que no llegan a disolver el sentido de la Justicia Federal como comunidad política para sus miembros, sino que la conforman.

Cuestiones de justicia

A medida que los jueces ofrecían sus relatos se armó una idea de cuáles eran las cosas valiosas para ellos. Progresivamente se comenzó a entender que la elección por el derecho estuvo inscripta en sus historias familiares. Nacidos entre papeles, libros de leyes y expedientes, los tres jueces federales dan continuidad a una práctica que en parte han aprendido en sus hogares. De la misma manera algunos de ellos transmiten la pasión por su trabajo a sus hijos y entrenan a los futuros trabajadores de la Justicia, ofreciendo las herramientas más importantes que colaboran con la reproducción del campo profesional.38 Entre ellas no sólo se cuentan las técnicas, sino también ideas sobre las tareas que los colocan en el status de controladores, protectores y sanadores de las enfermedades de la sociedad.

La práctica del derecho pareciera ser, al menos en estas historias, un espacio de construcción de sentidos sobre el 'bien' y la 'justicia' en un sentido moral. Esa construcción se da también en el proceso de comparación con otros jueces o abogados que integran el campo jurídico. Según los entrevistados el hecho de compartir formalmente una misma tradición jurídica y principios del derecho no garantiza el sentido compartido de los valores de 'bien' y 'justicia'. Los criterios para sus decisiones no surgen exclusivamente del entrenamiento en el uso de las leyes, sino que responden a un aprendizaje que engloba al derecho como técnica o saber dentro de formas particulares de vida y de puntos de vista locales.

El trabajo de los jueces federales en Misiones se da a partir de la idea de territorio que define el alcance físico de sus poderes. El mismo es pensado como la expresión geográfica del Estado Nacional. Según lo que se ha visto hasta ahora la frontera internacional es un límite real para las prácticas burocráticas sin necesariamente serlo en otros sentidos. El territorio nacional termina en el río, en el puente, en una calle, y del otro lado la autoridad nacional pierde todo valor. Los jueces consideran que por medio de su trabajo reafirman los valores centrales que definen al Estado Nacional y los promueven a través de las 'sentencias' (entendidas como el "resultado justo de procesos contradictorios de acusación y defensa"). Idealmente estos valores tienen que ver con las ideas de libertad responsable, de racionalidad en los actos individuales y de compromiso colectivo con el mantenimiento de un país moralmente sano, sin corrupción ni ilegalidad. Tomar estos valores ideales como orientadores no quiere decir realizarlos. Se trata de un proceso de significación práctica que los hace operativos al mismo tiempo que los transforma.

Coinciden en la idea de que están obligados a aplicar las leyes creadas por el Poder Legislativo. Pero también, al momento de aplicar las leyes a los casos específicos, admiten que las tienen que interpretar a partir del Código Procesal, que en su formulación es bastante ambiguo, ya que trata de regular el "proceder". A diferencia de una fórmula que guía los procedimientos con elementos químicos, el Código Procesal guía acciones en relación con otras acciones -penadas por el Código Penal. Queda claro entonces que los parámetros para la toma de decisiones exceden el marco jurídico, aunque no se divorcian de él sino que lo hacen posible. La interpretación del código desde sus lugares, posiciones y relaciones, permite la aplicación de la ley y de este modo concreta la universalidad de las reglas jurídicas en el territorio nacional (cf. Shils 1996:62).

Para los jueces es muy importante que la imagen pública de la 'Justicia', como entidad que representa los intereses comunes de los argentinos, sea confiable para la sociedad. Uno de los miembros del tribunal afirmaba que:

La pena es un abstracto, es la respuesta que la sociedad le da a un delito. La escala penal es la medida con que la sociedad castiga el delito. Los jueces encarnamos la sociedad, no podemos dar la espalda a la sociedad, la sociedad reclama más mano dura, que los culpables paguen por sus delitos y tenemos la obligación de responder a esta demanda explícita.

Si la Justicia Federal gana la confianza de la sociedad, es decir, si los jueces alcanzan buena reputación a través de sus funciones, aumentan las chances de colaboración y de que el ejercicio de la autoridad se desarrolle con menor conflictividad, precisamente porque la confianza en ellos los inviste de un poder que propicia su autonomía.39 La autoridad suscita así el sentimiento de lo sagrado que, por naturaleza, es autoritario (cf. Shils 1996:56, 62).

Esto se pone en evidencia en situaciones de crisis. Cuando, por ejemplo, públicamente se denuncia a jueces por tráfico de niños, drogas, coimas o enriquecimiento ilícito, el sistema entero se ve amenazado y el peligro envuelve a todos en un efecto metonímico que refuerza, como estrategia de defensa, un amparo mayor en las leyes, una exacerbación de legalismos, un estrechamiento en los criterios para la interpretación de las leyes. Se trata de situaciones críticas que afectan a los valores y creencias de algún modo sacralizadas que gobiernan la sociedad (cf. Herzfeld 1992; Shils 1996).

Por un lado, como respuesta a estas situaciones que consideran excepcionales, los jueces enfatizan los aspectos legales en las decisiones judiciales, provocando un efecto represivo antes que comprensivo o de arbitraje, es decir, reducen la interpretación de la ley al nivel más literal posible.40 En la toma de decisiones se actualizan los valores de 'responsabilidad individual', de 'salud pública', de 'comunidad nacional' y de 'justicia', pero dentro de un proceso de confluencia de valores muy significativos a nivel local, como son la idea de 'territorio', de 'seguridad nacional', de 'frontera'. La interpretación de la ley se da en contextos particulares y el tratamiento de los casos varía de acuerdo a esos contextos. Es ahí que se expresan las disputas en el campo jurídico, donde por medio de la disidencia, aceptación, crítica o adaptación, se afirman y reconfiguran los valores centrales. Cuando los jueces enfatizan las diferencias que existen entre los jueces de frontera y los otros jueces del país, están explicitando en parte esta disputa.

Por otro lado -marcando un poco el contraste con la exacerbación de los legalismos- también reconocen que existen procedimientos más y menos estrictos en términos legales. Esta distinción parte de la idea de los jueces de que su trabajo consiste en "someterse a la ley" para hacer justicia, para descubrir la verdad verdadera. Desde sus perspectivas la 'verdad' se capta y se alcanza por medio de pasos ordenados. La 'verdad' no admite transformaciones a lo largo del proceso, su base está dada por las pruebas, indicios, presunciones y su correcta ligazón para dar cuenta del hecho delictivo. La 'verdad' está allí, esperando ser cautivada por un intérprete hábil. A la 'verdad real' se llega a través del método de la 'sana crítica racional' que permite una interpretación coherente y una organización lógica de los elementos disponibles que reconstruyen el hecho delictivo.41

Pero, "a veces es necesario hacer justicia ilegalmente", como se escuchó decir en una oportunidad, lo que obligó a repensar todo lo que hasta el momento parecía ser un estricto sometimiento a la ley. Esto significa que en ciertas situaciones la ley y el Código Procesal coartan decisiones consideradas como moralmente correctas por los jueces, que sólo pueden tomarse fuera de lo que la ley manda, alterando pruebas o avalando procedimientos ilícitos a lo largo de la investigación. Por ejemplo, puede suceder que en algún expediente falten las órdenes judiciales que autorizaron la concreción de un allanamiento por drogas. La ausencia de este documento invalida todo el procedimiento, ya que se considera una violación a los derechos del ciudadano. Es aquí donde el sentido de 'justicia' se entiende por fuera de los procedimientos formales y permite, tratándose de preservar los valores de 'salud pública' e integridad de la 'comunidad nacional', incorporar documentos de modo informal e ilegal, que permitan viabilizar el proceso.42

La "justicia ilegal" se torna así una vía de solución a través de la construcción de pruebas, de la invención de órdenes de allanamiento, de la composición de pericias, jugando fuera de los procedimientos legales con el propósito de que la ley finalmente se cumpla. Es de público conocimiento que existen mecanismos de particularización de las leyes generales, lo que tal vez no sea tan público es que esos mecanismos forman parte constitutiva de la aplicación de las leyes. En estas concepciones del quehacer profesional se evidencian las características por las que se consideran miembros de una elite, que se percibe con una autoridad superior al Estado del que oficialmente forma parte, con la libertad para desenvolverse por fuera de la 'Justicia' como institución, para trabajar dentro de la 'Justicia' como valor ético. Este sentido ético del valor 'justicia' se configura en la confluencia de las pautas que organizan a la comunidad política y jurídica de pertenencia con las comunidades locales donde se forjaron las tradiciones familiares, y con las experiencias personales localmente adquiridas.

La tensión entre lo que la ley define como imputable y lo que el sentido de justicia de los jueces dicta como condenable no se resuelve fácilmente. Por un lado, para los jueces, respetar la formalidad legal garantiza la permanencia de un método y de una institución. Por otro, puede alterarse el procedimiento en pro de intereses particulares y no de una ética basada en el valor justicia. Pero, dado que esta decisión de alterar los documentos entraría a jugar en contra del orden judicial formal, sería como "estar frente a una misa satánica dirigida por un cura católico", contradictorio en sí mismo.43 "Hay jueces y jueces!" es una frase que han repetido cada vez que las preguntas intentaban profundizar en la cuestión, lo que confirma que no todos los miembros de las instituciones judiciales operan estrictamente bajo los principios que constituyen el derecho (entre ellos igualdad, racionalidad, neutralidad), o en su metáfora entonces, que existe más de un cura católico dirigiendo misas satánicas, presidiendo ceremonias contrarias a su investidura.

Los lazos de lealtad para con la institución están dados por la obediencia a los principios que rigen el trabajo y por los sentimientos que ligan a las personas con una institución en cierto modo sacralizada. Estos dos aspectos deben entenderse en el marco de las reglas normativas y de las reglas pragmáticas. Las primeras ofrecen el límite de las acciones posibles y sustentan el juicio ético sobre éstas. Son guías generales para la conducta. Mientras las reglas pragmáticas permiten precisamente participar del juego aunque no necesariamente con una estricta adhesión a sus reglas explícitas (cf. Bailey 1969:5).

Los términos de la lealtad implican la adhesión a pautas de obediencia y aquellos que no las siguen pueden llegar a ser tratados como "seres contaminantes", en el sentido señalado por Herzfeld (1992) en su análisis de la burocracia de los Estados Nacionales.44 Sin embargo, hablar de pautas o reglas es hablar de prácticas para su seguimiento, de comprensión de las reglas, aunque no necesariamente de su conocimiento explícito.45 La comprensión de las reglas pragmáticas les permite a los profesionales del derecho situarse en el campo jurídico donde desarrollan sus tareas siempre con referencia a las otras comunidades a las que pertenecen.

CONCLUSIONES

Analizar las prácticas institucionales limitándose al registro de las reglas normativas sólo conduciría a una interpretación parcial de sus procesos. Se trata de entender cómo operan las reglas mientras están en uso, lo que supone pensar grupos de pertenencia que establecen tales reglas dentro de un juego. La idea de comunidad resultó una herramienta adecuada y fue trabajada aquí en dos niveles. En primer lugar, como concepto teórico que describe la organización social de la Justicia Federal. En este sentido, la toma de decisiones, no puede ser entendida dependiendo exclusivamente de las reglas y valores centrales que dominan dentro de la comunidad política y jurídica a la que profesionalmente los jueces adscriben. Por el contrario, debe ser pensada como la confluencia de diferentes valores de diversas comunidades de pertenencia y de referencia. Es en ese proceso que los valores centrales, que operan dentro de las instituciones centrales en tanto comunidades políticas, son transformados en la práctica, manteniendo de este modo tensiones y conflictos que actualizan el campo jurídico a nivel nacional. En segundo lugar, la idea de comunidad fue trabajada como categoría nativa, tratando de entender cuáles son los sentidos que se le atribuyen localmente e intentando definir, a través de ellos, cómo se configuran los valores que confluyen en la toma de decisiones.

'Comunidad nacional', en tanto idea presente en los jueces, se articula con la noción de 'salud pública' como bien custodiado por la ley. Se observa que, cuando se habla de delitos contra la ley de estupefacientes, esta noción de 'salud pública' entendida como el completo bienestar físico y mental de un individuo no sólo define un ideal, sino que a través suyo segrega a personas, pues la 'salud' pasa a ser considerada un atributo dado y no construido. Si en función de este concepto se define también la 'comunidad nacional', ni los consumidores de drogas que se entraman en el mercado ilegal, ni los propios comerciantes, pueden ser considerados sus miembros.

La idea de 'territorio' define el alcance de las funciones de los jueces federales al mismo tiempo que limita sus acciones con los países vecinos cuando se trata de tráfico de drogas. Por un lado, la naturalización del 'territorio' como espacio dado que hay que asegurar, acentúa los valores que definen al Estado Nacional como soberano y que los jueces federales de la provincia, en tanto miembros de la Justicia como institución, defienden con argumentos que según ellos los diferencian de otros jueces del país. Por otro lado, lo positivo de defender el 'territorio nacional' se vuelve negativo cuando se piensa el tráfico en la red transnacional y se convierte en un impedimento para la realización de la justicia como valor ético. De esta forma se ven limitados a tratar los casos que llegan a la justicia como si empezaran y terminaran en los eventos de tenencia, contrabando o transporte, a pesar de saber que existe una red internacional a la que ellos no tienen acceso.

No se podría decir que para los jueces el hecho de pertenecer a la Justicia Federal tiene un solo sentido, del mismo modo que no se puede afirmar que categorías como 'estado', 'gobierno' y 'justicia' se definen para ellos como espacios ni como conceptos cerrados. Se incluyen y se excluyen del Estado de acuerdo a los factores que en cada momento están en juego. Tal es el caso cuando, sin ser los representantes del Estado en el juicio oral (mandato que tiene por ley el fiscal), actúan en su defensa y como miembros activos. Del mismo modo que al pensar en cuestiones de recursos y políticas estatales no se sienten representados por el Estado y se posicionan como "elite", como comunidad moral que ejerce el valor ético de justicia para el bien de la sociedad como un todo.

Las decisiones que implican juzgamientos de acciones humanas no pueden ser tomadas como resultado del cumplimiento estricto de los mandatos formales en cada institución porque estos mandatos sólo operan mediante la interpretación situada que se hace de ellos. La toma de decisiones muestra la confluencia de las tradiciones, las instituciones y las prácticas profesionales con las personas que en carne y hueso las constituyen. La institución antecede e instituye a los jueces como tales y en el mismo acto que les otorga autoridad les impone fidelidad en los términos que la componen como institución judicial, de jerarquía, de selectividad y de obediencia a la palabra escrita. Esta fidelidad es la que garantiza la protección de valores centrales que al mismo tiempo se transforman a través de las prácticas profesionales a nivel local.

El Código Penal de la Nación se ofrece como modelo ordenado, no contradictorio, para la clasificación de lo imputable y se plantea como el modelo inaceptable de acción humana en el plano nacional, tipifica las conductas. El Código Procesal Penal guía teóricamente la manera correcta de obrar de los jueces, abogados y fiscales. Pero, estas guías escritas para tal obrar, aunque en su dimensión narrativa parecen coherentes y sin contradicciones, resultan al menos limitadas cuando se trata de tomar decisiones sobre un hecho judiciable como es el tráfico de drogas.

Tanto el 'juicio oral' como el 'expediente' que se construye por escrito en el proceso de instrucción están organizados sobre la base de conocimientos y acciones que escapan en parte a la guía ideal del obrar jurídico (Renoldi 2003, 2004). Responden más a un conocimiento local que a las formas jurídicas, así como a un posicionamiento en el campo jurídico en el que se define lo local en relación con lo nacional en términos de disputas (Geertz 1994). Esta particularidad es una de las propiedades que caracterizan a la institución judicial. Se caería en un error de interpretación si se considerara que se trata de una evidencia de la crisis o de una falla en el funcionamiento institucional. No se trata de un error en el sistema -aún cuando las prácticas respondan cada vez menos a los propios esquemas legales- sino de su propiedad central.

En todos los casos la formulación explícita de las reglas de funcionamiento está sujeta a una interpretación capaz de redefinir las reglas mientras están en uso y sin salirse del juego institucional. En esa articulación de reglas normativas y pragmáticas se produce la localización de los valores centrales -heterogéneamente realizados y a la vez hegemónicos dentro del campo jurídico-, cuando se ponen en práctica en un lugar y a través de acciones específicas. Todas las mediaciones que posibilitan la confluencia de valores (redes sociales, comunidades de pertenencia, tradiciones jurídicas, posiciones) afirman o reducen la distancia social. A través de ellas se construye el poder local en el gobierno nacional, poder que se define dentro de un universo de conflictos y tensiones sobre los sentidos de los fenómenos y sobre las formas de tratarlos políticamente.

Si los miembros de la institución judicial no son "neutrales", no es porque ellos voluntariamente no se lo propongan, sino porque la neutralidad valorativa la anula como institución emisora de juicios, dado que no existen "valores neutrales" ni juicios sin valoraciones, ni tampoco individuos que tomen decisiones aislados de sus redes de pertenencia y de sus comunidades.

Agradecimientos

Quiero agradecer las lecturas que hicieron sobre versiones anteriores Mario Heler, Laura Colabella y Rolando Silla. Gracias a Beatriz Heredia por haber generado la inquietud que me llevó a escribir sobre estas cuestiones. Agradezco también los comentarios de Sofía Tiscornia y Ana Rosato, así como la colaboración de Santiago Alvarez. Mis agradecimientos especiales son para todos los miembros de la Justicia Federal que participaron con interés del trabajo de campo. Arno Vogel y Ana María Gorosito Kramer habitan las entrelíneas de estas descripciones. La investigación de la que forma parte este artículo fue desarrollada con el apoyo financiero de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Universidad Nacional de Misiones a través de una beca otorgada en el marco de un proyecto del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Educativa para la realización del nivel de Maestría en Antropología Social.

NOTAS

* Una versión preliminar de este trabajo fue ofrecida como conferencia en el Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais el 19 de agosto de 2003 en la Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

1 A fin de ajustar el texto al estilo editorial de la revista, he tenido que reemplazar todas las expresiones narrativas en primera persona por la forma impersonal. Quisiera señalar que un relato etnográfico supone una experiencia personal que busca rescatarse a través de la narrativa en primera persona. En este sentido, el uso de la primera persona no es una cuestión de estilo, sino que es la consecuencia de una elección epistemológica y metodológica que forma parte del método etnográfico.

2 Los datos que se trabajan aquí fueron construidos con el método etnográfico en una investigación realizada entre los años 1999 y 2002. El objetivo de esa investigación fue entender cuáles son los criterios de clasificación de personas y conductas que orientan las decisiones de los jueces cuando se trata de juzgar delitos cometidos contra la ley de estupefacientes 23.737. El trabajo de campo consistió en observación de juicios orales y en entrevistas a profesionales de la Justicia Federal, fundamentalmente a los jueces, por tratarse de actores centrales en el proceso judicial. Las descripciones que siguen (sin duda contra los principios de la etnografía) carecen de una contextualización rigurosa de la información y de los actores por razones de seguridad, ya que se trata de un universo pequeño en el que la identidad de las personas debe quedar en el mayor de los resguardos.

3 La idea de distancia social está elaborada en el artículo de Bourdieu (1997b) con referencia a los conceptos de lugar (localización en el espacio físico) y espacio social (estructura de yuxtaposición de posiciones sociales). Si se entiende la distancia como "el intervalo que separa dos puntos del espacio o del tiempo" (Larousse 1984), la distancia social se refiere al intervalo o los intervalos relacionales que separan diferentes estructuras de posiciones sociales.

4 En adelante se utilizará las comillas para las expresiones literales, las cursivas para las categorías teóricas y conceptos, y las comillas simples para aquellas categorías que han sido reconocidas como propias del ámbito que se está describiendo.

5 No se trata de una sociedad política jurídica, tampoco de un grupo ni de una asociación. Sin embargo, tras el "nosotros" reiteradamente enunciado por los jueces, defensores y fiscales, parecen existir algunos referentes comunes, que describen la comunidad.

6 El trabajo de Geertz (1967) sobre la composición de la estructura social en Bali muestra que no es posible llegar a una única estructura que describa o unifique a todas las aldeas. Su análisis muestra, a partir de un concepto dinámico de estructura en transformación, que el espacio físico es excedido por el espacio social. Para el autor, los niveles de integración y de disgregación agrupan o dispersan a las personas en las aldeas. Estos niveles, aunque se reflejan en espacios físicos, son niveles de relaciones sociales (la familia, el templo, la participación en organizaciones). Su interpretación ayuda a pensar los niveles de relaciones en los que se constituyen los jueces.

7 A diferencia de una violación sexual o un robo, que implican directamente individuos y valores privados, lo que se ve dañado por el delito federal es lo público, el Estado. Entre estos delitos se pueden mencionar, por ejemplo, la utilización para fines privados, o malversación, de recursos públicos, el contrabando, los crímenes que cometen extranjeros en el territorio nacional, el tráfico de armas, de drogas, el incorrecto desempeño de una función pública, el terrorismo, los atentados con explosivos, los golpes de Estado, etc.

8 Por vía del inquisitorial se realizan las investigaciones que dan lugar al documento escrito, al expediente. En un segundo momento, toda la información plasmada en ese documento, jerarquizada en pruebas, se confronta en un juicio oral con las versiones del acusado, de los testigos, del fiscal y el defensor. De ese proceso oral, que toma como base el proceso escrito, resulta la sentencia que emiten los jueces.

9 La 'salud pública' como bien está ligada directamente a las ideas de 'seguridad nacional' y de 'comunidad nacional'. La relación entre el Estado y el pensamiento sanitario que dio lugar a las políticas higienistas propició y difundió valores nacionalistas a principios del siglo pasado, que hicieron de la salud pública un bien preciado que debía protegerse fronteras adentro. Esto llevó a la implementación de políticas de control para la seguridad nacional, la mayoría basadas en la provocación de un sentimiento de pertenencia a una comunidad que poseía los mismos valores y en la definición de las fronteras territoriales como lugares peligrosos por donde los vectores de enfermedades amenazaban con más fuerza (cf. Salessi 1992). Si bien no existen impedimentos para la atención de extranjeros en los servicios públicos de salud de Posadas, siempre se hace referencia al hecho de que un porcentaje importante de recursos son utilizados con población extranjera en su mayoría ilegal.

10 El artículo 120 de la Constitución Nacional contiene la creación del Ministerio Público que "está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación". Fiscalía y defensoría comenzaron a funcionar, a partir de la reforma constitucional de 1994, como organismos independientes del Poder Judicial.

11 Estas imágenes públicas de distinción demuestran poder y en ese acto también lo construyen (cf. Geertz 1994:147-171).

12 En relación con las redes políticas en el ámbito judicial ver Sarrabayrouse (2001, 2004).

13 Aquí se refiere a la moral como la dimensión de construcción de clasificaciones que atribuyen cosas a lugares. Originalmente arbitrarias, estas clasificaciones permiten definir sentidos para distinguir lo aceptable de lo inaceptable. Se trata entonces al campo moral como el nivel de construcción de clasificaciones originalmente arbitrarias que permiten definir sentidos para distinguir lo aceptable de lo inaceptable (cf. Douglas 1973). Toda clasificación participa y compone un orden moral (cf. Hertz 1990).

14 Esta forma de concebirse dentro y fuera según las circunstancias es semejante a la lógica segmentaria que describió Evans-Pritchard (1987) en Los Nuer. Dependiendo de los intereses y las coyunturas las unidades de referencia que incluyen o excluyen varían, lo que muestra que la organización social es flexible, no es estática, así como tampoco son estáticas las categorías de adscripción. Ver también Barth (1969).

15 Lo sagrado es entendido por Durkheim (1982) como un espacio de comunión social que envuelve valores no siempre religiosos. Es una categoría dual, que inspira amor y deseo, y que tiene el poder de generar el deseo por la realización de lo que es socialmente obligatorio. En este sentido, lo sagrado puede ser visto como campo moral.

16 Un análisis etnográfico de la intimidad en relación con la política en la ciudad de Salta fue realizado por Neiburg (2003). Allí el autor muestra la fragilidad de distinciones radicales como, por ejemplo público/privado, y la importancia metodológica de los microanálisis para la comprensión de la política y la cultura en su dimensión temporal.

17 En Argentina no existe "prisión especial" como en Brasil, por ejemplo. Sin embargo, en algunos casos, principalmente si se trata de políticos de renombre o importantes empresarios, existen mecanismos que generan distinciones y privilegios.

18 Esto sucede también con políticos de larga trayectoria o funcionarios de Estado, lo que llama la atención sobre la interdependencia e influencia entre los poderes constitucionalmente propuestos como independientes.

19 Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en el año 2003 sumando condenados y procesados existe un total de 775 presos en Misiones, de los cuales 741 son argentinos, 24 son paraguayos, 9 son brasileños y 1 de un país no especificado. De un total de 181 personas que se encuentran presas por delitos federales, 22 particularmente lo están por violación a la ley de estupefacientes. Para analizar la producción de datos estadísticos ver Misse (1999).

20 En relación con migraciones de países fronterizos a Argentina puede consultarse Benencia y Karasik (1995), Giorgis (1998), Grimson (1999, 2000), Trpin y Vargas (2004), Vargas (2005).

21 Las tensiones que existen entre la provincia de Misiones y la Capital Federal también generan imágenes de mutua contaminación. Pero, al tratarse de un delito que coloca en el centro a la Justicia Federal, esas diferencias hacia adentro si bien no desaparecen, se opacan, principalmente cuando el objeto de delito implica a extranjeros.

22 Esta tradición promueve las máximas garantías para el acusado y surge de una corriente crítica al derecho positivo que sostiene que cuanto más rigurosa es la ley, mayores son las probabilidades de incremento de los delitos.

23 La palabra 'pinche' se usa para referirse a las personas que desarrollan tareas secundarias en ámbitos institucionales de toma de decisiones. En general, el término tiene una connotación negativa que supone intereses de ascenso dentro de esas estructuras y también supone acciones de servilismo con los agentes de las instancias superiores.

24 "Coser expedientes" es una expresión para referirse al trabajo más burocrático y mecánico por el que pasan algunos funcionarios en dirección al ascenso dentro de la institución.

25 'Cholulo' es un adjetivo que se utiliza para referirse a quienes hacen todo lo que tienen a su alcance para relacionarse con personas con poder o celebridades, personas públicamente bien reputadas dentro de la sociedad, con el propósito de obtener beneficios por contigüidad.

26 El entrevistado hace referencia a la idea de jueces burócratas trabajada por Zaffaroni (1992). Ver también Tiscornia (2001) sobre la configuración del lugar del juez.

27 Sobre los modos en que fue hecha la historia de Misiones y sobre su inscripción y su lugar en la constitución de la nación, ver Jaquet (2001).

28 El término anécdota viene del griego: an-ekdidomi, y quiere decir "no editado".

29 Las anécdotas, los rumores y los chismes son formas narrativas que crean expectativas y valores en la vida cotidiana, colaboran en la formación de conceptos y distinciones sobre los miembros de una comunidad. Véase al respecto Elías y Scotson (1965), Fasano (2003), Gluckman (1963), Lienhardt (1975), Van Vleet (2003), Vogel (2003), entre otros.

30 Aunque los agentes de la Justicia Federal en la ciudad de Posadas jamás han afirmado que acuerdan con la política norteamericana que sienta los principios de la 'guerra' contra las drogas, no consiguen imaginar una práctica de control como es la judicial fuera de este discurso englobante. Es así que, a pesar de que algunos jueces y abogados afirman no estar de acuerdo, al momento de desarrollar las actividades cotidianas se encuentran atravesados por la metáfora de la guerra, que define los enemigos al situarlos en combate (ver Malamud Goti 1994a).

31 Acentuándose en lugares de proximidad física, las diferencias culturales, la mayoría de las veces enfatizadas bajo estereotipos estigmatizantes, van reproduciendo distancias sociales que se reflejan en las opiniones y decisiones de los jueces. Posadas es una ciudad donde la inmigración y circulación de paraguayos se fue incrementando en los últimos años, principalmente con las diferencias económicas entre el valor del peso y del guaraní. Los trabajos de Sayad (1995, 2001) con los inmigrantes argelinos en Francia brindan elementos para entender que en las formas de interacción cotidianas se establecen juegos de diferenciación en los que inmigrantes y ciudadanos disputan el poder sobre un espacio físico y de relaciones, realzando las diferencias que son objeto permanente de construcción. En este sentido, no sorprendería a nadie encontrar el estereotipo del "paraguayo" en cualquier esquina de Posadas, precisamente porque el paraguayo pasa a ser visto bajo esos estereotipos, y hasta cierto punto los actúa como estrategia de visibilidad (Goffman 1975, 1995). Lo paraguayo no es producido por el estereotipo, aunque los estereotipos también lo constituyen. Sobre las prácticas comerciales propias de Ciudad del Este (Paraguay) ver Rabossi (2004).

32 Este trabajo de investigación secreta, de 'inteligencia', desarrollado por las fuerzas de seguridad con agentes ocultos puede ser un insumo para los juzgados de instrucción. Puede llevarse a cabo también por agencias internacionales, la DEA por ejemplo. Información de este tipo no forma parte explícita de los expedientes, pero orienta las investigaciones que se desarrollan en la etapa instructoria, que dan cuerpo al expediente como documento escrito de registro del proceso.

33 El caso de Bolivia ha sido analizado por Malamud Goti (1994b). Allí el autor ofrece una descripción que ayuda a entender la trama compleja del mercado de las drogas ilegales, principalmente en su estrecha articulación entre terratenientes, políticos, comerciantes (véase también Moreno Valdivia 1997). Un informe al que se ha tenido acceso titulado "Drug addiction and trafficking in Paraguay: an approach to the problem during the transition" ofrece datos valiosos sobre esta problemática durante el gobierno de Stroessner. Con algunas particularidades, la complejidad del fenómeno no dista demasiado de lo que sucede en Bolivia, en cuanto a los sectores y actores implicados en este comercio.

34 Ver también el artículo de Starr 1992.

35 La expresión "seguridad nacional" remite a la doctrina de seguridad nacional que orientó la persecución de militantes políticos de izquierda en Argentina durante la última dictadura militar. Pensada diacrónicamente, esta expresión conlleva un sentido histórico de guerra (Velásquez Rivera 2002). Dado que el principio de territorialidad es un límite para la acción, sólo resta tomar partido en esa guerra por la seguridad nacional hacia adentro. Es entonces que el blanco de estas políticas lo componen los transportistas, los fraccionadores y los consumidores, porque "los productores" están en otro país y "los inversores" son intocables.

36 'Porros' son cigarrillos de marihuana.

37 Tal vez sea necesario aclarar que los valores no son contenidos ni formas morales que están fuera de las personas y que ellas los toman o los rechazan. Los valores no pueden pensarse si no es a través del uso de categorías de clasificación que los conforman. Al decir entonces "custodian los valores" se refiere en este trabajo a un proceso práctico de uso de categorías que generan sentidos morales sobre los objetos, las acciones, las personas, y los reproducen aún en sus transformaciones. No se refiere, por lo tanto, a un ejercicio de preservación de algo externo, muy por el contrario, es la preservación de sentidos que forman parte de las experiencias sociales de una red de personas, que puede tener un alcance variable.

38 Durante el trabajo de campo se notó que los apellidos de abogados y jueces responden a redes de parentesco que se expanden en el presente y remiten a un entramado del pasado. No se tuvo todavía la oportunidad de profundizar en este aspecto, en términos genealógicos, pero parece significativa la relación analítica que podría establecerse entre parentesco y derecho como profesión.

39 Bourdieu (2000:83) señala que "Cuanto más autónomos son los campos científicos, más escapan a las leyes sociales externas", y esto parece también válido para el campo jurídico, porque si la confianza propicia la autonomía, las decisiones tomadas son vistas como correctas más allá de los reclamos de un sector por la aplicación de mano dura. En una operación metonímica los jueces toman los reclamos de este sector por los reclamos de la sociedad, creando el efecto de "intereses de la comunidad nacional".

40 Dice Bourdieu (1997b): "Las estrategias de oficialización mediante las cuales los agentes manifiestan su reverencia respecto a la creencia oficial del grupo (...) son estrategias de universalización que conceden al grupo lo que exige por encima de todo, es decir una declaración pública de reverencia hacia el grupo y hacia la representación que pretende ofrecer y ofrecerse a sí mismo. La representación mental que el grupo se hace de sí mismo sólo puede perpetuarse en y a través del esfuerzo incesante de representación (teatral) mediante el cual los agentes producen y reproducen, incluso en y a través de la ficción, la apariencia al menos de la conformidad a la verdad ideal del grupo, a su ideal de verdad" (1997b:222).

41 En la common law tradition que rige los procedimientos en Estados Unidos y en Inglaterra, la verdad (el veredicto) es dicha por los pares (el jurado). A diferencia de esa tradición en nuestra civil law tradition la verdad es dicha por los superiores (los jueces del tribunal), por la elite (para usar la categoría nativa de comunidad de pertenencia). Para mayor información ver Merryman (1969).

42 El objeto que se trata de preservar a través de la justicia ilegal es variable y no siempre responde al imperativo de que se cumpla la ley, tal como lo han señalado los jueces. Relaciones de amistad pueden intervenir reorientando el curso del proceso hacia fines específicos.

43 La expresión entre comillas fue la metáfora que utilizó un juez para marcar la contradicción implicada en la decisión de hacer "justicia ilegal".

44 En palabras del autor "The pettier practices of bureaucracy are often as cyclical and even as calendrical as any rite of seasonal passage -doing one's tax returns, for example. Concomitantly, they reaffirm one's required allegiance to a clearly defined code of law while also suggesting the need to placate its local enforcers. Those who disobey get "treated like dirt" (Herzfeld 1992:37-38).

45 Para profundizar sobre estas cuestiones puede consultarse el capítulo "Seguir una regla" de Taylor (1997) pues allí el autor recorre desde la filosofía las corrientes que analizaron el proceso social de seguir las reglas. A partir de los aportes hechos por Heidegger, Wittgenstein y Merleau-Ponty, Taylor (1997) propone una perspectiva dialógica que acentúa el conocimiento práctico de las reglas en lugar de entenderlas como representaciones disponibles a la conciencia y reguladoras de las acciones humanas. En una dirección que confluye con la de Pierre Bourdieu ofrece una interesante reflexión epistemológica útil para pensar también el trabajo antropológico.

REFERENCIAS CITADAS

Alvarez, S. 2002 La distancia en el discurso profesional de la justicia argentina: la representación de la criminalidad en la justicia penal ante la 'nueva ola' de violencia delictiva. En Violencias, delitos y justicias en la Argentina, editado por G. Kessler y C. Gayol, pp. 14-27. Universidad de General Sarmiento, Manantial, Buenos Aires.        [ Links ]

Bailey, F. 1969 A political system. En Stratagems and spoils. A social anthropology of politics, editado por F. Bailey, pp. 71-90. Western Printing Services Ltd., Gran Bretaña.        [ Links ]

Bailey, F. 1971 Gifts and poisons. Basil Blackwell, Oxford.        [ Links ]

Barth, F. 1969 Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura Económica, México.        [ Links ]

Benencia, R. y G. Karasik 1995 Inmigración limítrofe: los bolivianos en Buenos Aires. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.         [ Links ]

Bourdieu, P. 1989 A força do direito. Elementos para uma sociologia do campo jurídico. En O poder simbólico, pp. 64-75. Editorial Difel, Rio de Janeiro.        [ Links ]

Bourdieu, P. 1996 A Economia das trocas lingüísticas. Editorial Edusp, San Pablo.        [ Links ]

Bourdieu, P. 1997a Efeitos de lugar. En A Miséria do Mundo, pp. 107-114. Editorial Vozes, Petrópolis.        [ Links ]

Bourdieu, P. 1997b Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. En Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, pp. 79-95. Editorial Anagrama, Barcelona.        [ Links ]

Bourdieu, P. 2000 Los usos sociales de la ciencia. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires.        [ Links ]

Douglas, M. 1973 Pureza y Peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Editorial Siglo XXI, Madrid.        [ Links ]

Douglas, M. 1996 Cómo piensan las instituciones. Editorial Alianza Universidad, Madrid.        [ Links ]

Durkheim, E. 1982 [1915] Las formas elementales de la vida religiosa. Editorial Akal, Madrid.        [ Links ]

Elias, N. y J. L. Scotson 1965 The Established and the Outsiders. Frank Cass and Co., Londres.        [ Links ]

Evans Pritchard, E. 1987 [1940] Los Nuer. Anagrama, Barcelona.        [ Links ]

Fasano, P. 2003 De boca en boca. Etnografía sobre la productividad social del chisme entre pobres urbanos de Paraná, Entre Ríos. Tesis de Maestría inédita. Programa de Postgrado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, Misiones.        [ Links ]

Geertz, C. 1967 Form and variation in balinese village structure. En Peasant society: a reader, editado por J. M. Potter, M. N. Diaz y G. M. Foster, pp. 255-278. Little Brown & Company, Boston.        [ Links ]

Geertz, C. 1994 [1983] Conocimiento Local. Editorial Paidós, Barcelona.        [ Links ]

Giorgis, M. 1998 "Y hasta los santos se trajeron..." La fiesta de la virgen de Urkupiña en el boliviano gran Córdoba. Tesis de Maestría inédita. Programa de Postgrado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, Misiones.        [ Links ]

Goffman, E. 1975 [1959] A representação do eu na vida cotidiana. Editorial Vozes, Petrópolis.        [ Links ]

Goffman, E. 1995 [1963] Estigma. Editorial Amorrortu, Buenos Aires.        [ Links ]

Gluckman, M. 1963 Gossip and Scandal. Current Anthropology 4(3): 307-316.        [ Links ]

Grimson, A. Gluckman, M. 1999 Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en Buenos Aires. Eudeba, Buenos Aires.        [ Links ]

Grimson, A. 2000 Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro. Editorial Ciccus, Buenos Aires.        [ Links ]

Hertz, R. 1990 La muerte y la mano derecha. Editorial Alianza Universidad, Madrid.        [ Links ]

Herzfeld, M. 1992 The Social Production of Indifference. Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy. University of Chicago Press, Chicago.        [ Links ]

Jaquet, H. 2001 En otra historia. Nuevos diálogos entre historiadores y educadores en torno a la construcción y enseñanza de la historia de Misiones. Editorial Universitaria, Posadas, Misiones.        [ Links ]

Larousse, P. 1984 Diccionario de la lengua española. A los cuatro vientos, Buenos Aires.        [ Links ]

Lienhardt, P. 1975 The interpretation of rumour. En Studies in social anthropology, editado por J. H. M. Beattie y R. G. Lienhardt, pp. 175-200. Clarendon Press, Oxford.        [ Links ]

Malamud Goti, J. 1994a El poder desarticulante y los discursos de emergencia, el caso de la guerra contra las drogas. Pena y estado, policía y sociedad democrática 3(3): 129-142.        [ Links ]

Malamud Goti, J. 1994b Humo y espejos. La paradoja de la guerra contra las drogas. Editores del Puerto, Buenos Aires.        [ Links ]

Merryman, J. 1969 The civil law tradition. An introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America. Stanford University Press, California.        [ Links ]

Misse, M. 1999 Malandros, marginais e vagabundos. A acumulação social da violência no Rio de Janeiro. Tesis Doctoral inédita. Instituto Universitário de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.        [ Links ]

Moreno Valdivia, A. 1997 Cárceles y encarcelados. Temas Sociales 15: 55-69. UNSA, La Paz.        [ Links ]

Neiburg, F. 2003 Intimidad y esfera pública política y cultura en el espacio nacional argentino. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, IDES 43(170): 287-303.        [ Links ]

Oszlak, O. 1982 La formación del Estado argentino. Belgrano, Buenos Aires.        [ Links ]

Pitt-Rivers, J. 1971 The People of the Sierra. University of Chicago Press, Londres.        [ Links ]

Rabossi, F. 2004 Dimensões da espacialização das trocas. Pensando desde o comercio de Ciudad del Este. Trabajo presentado en la 24ª Reunião Brasileira de Antropologia, Olinda, Pernambuco. Ms.        [ Links ]

Renoldi, B. 2001 Estar sano es ser persona. El caso de los usuarios de drogas en tratamiento. Cuadernos de Antropología Social 13: 103-119.        [ Links ]

Renoldi, B. 2003 La autoridad de lo escrito: etnografía de un juicio oral por narcotráfico. Tesis de Maestría inédita. Programa de Postgrado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, Misiones.        [ Links ]

Renoldi, B. 2004 Las pruebas del delito: Investigación y procesamiento del tráfico de drogas en la frontera Posadas-Encarnación (Argentina). Revista Avá 6: 90- 108.        [ Links ]

Sain, M. 2002 Nuevos horizontes, nuevos dilemas. Las nuevas amenazas y las fuerzas armadas en la Argentina democrática. Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, IDES 42(166): 611-620.        [ Links ]

Salessi, J. 1992 Médicos, maleantes y maricas. Higiene, criminología y homosexualidad en la construcción de la nación Argentina (Buenos Aires, 1871-1914). Editorial Beatriz Viterbo, Rosario, Argentina.        [ Links ]

Sarrabayrouse, M. J. 2001 Culturas jurídicas locales: entre el igualitarismo y las jerarquías. Cuadernos de Antropología Social 13: 87-99.        [ Links ]

Sarrabayrouse, M. J. 2004 La justicia penal y los universos coexistentes. Reglas universales y relaciones personales. En Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica, compilado por S. Tiscornia. Antropofagia, Buenos Aires.        [ Links ]

Sayad, A. 1995 Um Nanterre algérien, terre de bidonvilles. Editorial Autrement, Paris.        [ Links ]

Sayad, A. 2001 Uma família deslocada. En A miséria do mundo, editado por P. Bourdieu, pp. 312-319. Editorial Vozes, Petrópolis.        [ Links ]

Shils, E. 1996 Centro e Periferia . Editorial Difel, Lisboa.        [ Links ]

Starr, P. 1992 Social categories and claims in the liberal state. En How classification works. Nelson Goodman among the social sciences, editado por M. Douglas y D. Hull, pp. 154-179. Edinburgh University Press, Edinburgo.        [ Links ]

Taylor, Ch. 1997 Argumentos filosóficos. Editorial Paidós, Barcelona.        [ Links ]

Tiscornia, S. 2001 La configuración del lugar del juez en los procedimientos penales: entre inquisidores y cortesanos. Trabajo presentado en la IV Reunión de Antropólogos del MERCOSUR. Curitiba, Brasil. Ms.        [ Links ]

Trpin, V. y P. Vargas 2004 Migrantes y trabajadores en la Argentina: la identidad como recurso. Trabajo presentado en el II Congreso Nacional de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires. Ms.        [ Links ]

Van Vleet, K. 2003 Partial theories: on gossip, envy and ethnography in the Andes. Ethnography 4(4): 491- 519.        [ Links ]

Vargas, P. 2005 Bolivianos, paraguayos y argentinos en la obra. Identidades étnico-nacionales entre los trabajadores de la construcción. Antropofagia, Buenos Aires. En prensa.        [ Links ]

Velásquez Rivera, E. 2002 Historia de la doctrina de la seguridad nacional. Convergencia 27: 11-39. convergencia.uaemex.mx/rev27/27pdf/Edgar.pdf.        [ Links ]

Vogel, A. 2003 Sobre la narrativa etnográfica y los antropólogos. Revista Avá 4: 6-15.        [ Links ]

Zaffaroni, E. 1992 El sistema Penal Argentino. Ad Hoc, Buenos Aires.        [ Links ]

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